Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00313-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00313-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00313-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
6 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00313-01
Demandante: NUBIA PATRICIA FAJARDO HENAO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
La Sala decide la impugnación presentada por el demandante contra la sentencia
proferida el 15 de febrero de 2024 por la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 23 de enero de 20241, la señora Nubia Patricia Fajardo Henao, por medio de
apoderada, ejerció acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección E, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda, Subsección B,
del Consejo de Estado, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados
por la expedición de las providencias del 30 de abril de 2020 y 5 de octubre de
2023, proferidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 25000- 23-42-000-2017-05116-00. Formuló las siguientes
pretensiones (se transcriben textualmente):
1Se advierte que, el 19 de marzo de 2024, el proceso ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00313-01
Demandante: Nubia Patricia Fajardo Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
PRIMERA. - Se ampare en favor de la señora NUBIA PATRICIA FAJARDO
HENAO , sus derechos fundamentales al debido proceso, su derecho al
mínimo vital, derecho a la integridad de la seguridad social en lo pensional,
derecho a la igualdad de tratamiento ante la ley, el acceso a la administración
de justicia, y demás connotaciones referidas en el artículo 53 superior.
SEGUNDA. - Se declare sin efectos jurídicos las sentencias emitidas por el
CONSEJO DE ESTADO – SECCION SEGUNDA – SUBSECCION B., el día 5
de octubre de 2023, expedida con ocasión del trámite de segunda instancia
dentro del proceso ordinario, medio de control de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, identificado con el radicado
2500023420002017-05116-01.
TERCERA.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene al accionado, emitir
una nueva sentencia que incluya dentro de su motivación la garantía efectiva
de aplicar para la demandante EN SU INTEGRIDAD el régimen prestacional y
pensional establecido en el Titulo VI del Decreto 1214/90 y demás normas
que lo modifique y adicionen, tal como lo dispuso el parágrafo del artículo 89
del decreto 1301/94, el artículo 55 de la ley 352/97 y el numeral 4 del artículo
3 del decreto 3062/97, confrontando con la realidad probatoria que se extrae
del folio 9-10 y su reverso del expediente.
CUARTA: Se dé aplicación al reiterado precedente judicial fijado por el H.
Consejo de Estado en casos con supuestos de hecho y de derecho similares
al reclamado por la aquí accionante; y en caso de que el Tribunal se aparte
de él, exponga en la parte motiva de la sentencia la relación de motivos y
razones que lo llevan a no aplicar las decisiones judiciales ya tomadas con
anterioridad por jueces de igual y superior jerarquía.
QUINTA: Que el CONSEJO DE ESTADO – SECCION SEGUNDA –
SUBSECCION B, al momento de resolver nuevamente el recurso de
apelación, efectué adecuadamente la verificación objetiva en los argumentos
expuestos, a la luz de las normas constitucionales, principalmente el artículo
13, 53 superiores y tratados internacionales debidamente ratificados, cuya
motivación se suplica, quedé incluida en la providencia.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos:
Desde el 2 de agosto de 1988, la actora se vinculó al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y posteriormente fue incorporada a la Dirección General de
Sanidad Militar, entidad en la que laboró hasta el 27 de enero de 2009.
Por sus servicios, la entidad le reconoció la pensión de jubilación, sin embargo, la
accionante consideró que no se calculó el monto correctamente y, por lo tanto, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó
que la prestación se reliquide con la inclusión de las partidas computables
señaladas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, en especial, las primas de
servicios y actividad.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00313-01
Demandante: Nubia Patricia Fajardo Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
conoció la demanda y negó las prensiones con sentencia del 30 de abril de 2020.
Apelada la decisión, se confirmó por la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado, mediante providencia del 5 de octubre de 2023.
1.3. Argumentos de la tutela
Luego de referirse al cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, la apoderada de la actora señaló
que la sentencia cuestionada incurrió en los siguientes defectos:
Material o sustantivo. El Tribunal accionado se abstuvo de aplicar el parágrafo
del artículo 89 del Decreto 1301 de 1994, replicado en el artículo 55 de la Ley 352
de 1997, y el numeral 4 del artículo 3 del decreto 3062, según los cuales, los
derechos prestacionales adquiridos por la actora deben respetarse, porque se
vinculó con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993.
En ese orden, según su criterio, la normativa que debe aplicarse en materia
prestacional, en su integridad, es el título VI del decreto 1214 de 1990 y, por
consiguiente, la pensión de jubilación debe liquidarse computando los factores
señalados en el artículo 102 de ese estatuto, en especial la prima de actividad en
cuantía del 49.5% adicional y la prima de servicios.
De otra parte, sostuvo que, si bien las autoridades accionadas estudiaron las
normas aplicables al caso, lo cierto es que no las valoraron correctamente, toda
vez que concluyeron que las primas solicitadas fueron incluidas en la asignación
básica cuando la actora se incorporó al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
Asimismo, pese a que en las providencias cuestionadas se reconoció que la
accionante se vinculó al servicio desde el 2 de agosto de 1988, no se garantizaron
sus derechos adquiridos, sino que, por el contrario, se varió el régimen
prestacional que le es aplicable, por cuanto se dirimió la controversia bajo el
amparo del artículo 56 de la Ley 352 de 1997.
Desconocimiento del precedente: las providencias censuradas no dieron
aplicación al fallo de tutela de segunda instancia dictado por el Consejo de Estado
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00313-01
Demandante: Nubia Patricia Fajardo Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
el 29 de agosto de 2018 en el proceso 11001-03- 15-000-2017-02995-0, con
ponencia del magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez.
Tampoco acogieron la tesis señalada en las sentencias de tutela proferidas por el
Consejo de Estado el 30 de marzo de 2017, actora: Blanca Cecilia Avendaño
Moreno, expediente 11001-03-15-000-2017-00473-00; y el 4 de abril de 2017,
actora: Flor Ángela Caro Torres emitida en el proceso 11001-03-15-000-2017-
00615-00.
Todas ellas proferidas en casos idénticos al de la accionante, en los que el juez
constitucional determinó que se debe aplicar el artículo 55 de la Ley 352 de 1997
(no el 56), a fin de proteger los derechos adquiridos de los servidores vinculados
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. Ello, en concordancia con lo
señalado en el artículo 279 ibidem, que excluyó de su aplicación al personal
amparado por el Decreto 1214 de 1990.
Violación directa a la Constitución. Con las sentencias censuradas las
autoridades judiciales accionadas vulneraron el preámbulo de la Constitución y los
derechos consagrados en los artículos 13, 19, 53 y 58, entre otros.
Igualmente, desconocieron los tratados internacionales, verbigracia, el artículo 26
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador» y los Convenios
95, 100 y 111 de la OIT, toda vez que dejaron de aplicar la situación mas favorable
a la accionante.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 26 de enero de 2024, el despacho sustanciador admitió la
solicitud de amparo y ordenó que aquel se notificara a los demandados y a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional, como tercera con interés. Asimismo, se
ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. No obstante ser notificadas en debida forma, las autoridades judiciales
accionadas, y la entidad vinculada no intervinieron en esta oportunidad.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00313-01
Demandante: Nubia Patricia Fajardo Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
3. Fallo Impugnado
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante providencia
del 15 de febrero de 2024, señaló que en el presente asunto se cumplen la
totalidad de los requisitos generales de procedibilidad para discutir providencias
judiciales.
Sin embargo, negó el amparo porque determinó que la sentencia del 5 de octubre
de 2023, se profirió de conformidad con los parámetros establecido en la
sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019, según la cual, la
demandante tiene derecho al régimen prestacional del personal civil del Ministerio
de Defensa y Policía Nacional, es decir, el Decreto 1214 de 1990 que ella alega
como desconocido, siempre y cuando los factores que se incluyan al momento de
la liquidación sean los efectivamente cotizados y dispuestos en la ley.
Bajo ese contexto dilucidó que, el juez de la causa sí estableció que la actora tenía
derecho a que su pensión se liquidara con los emolumentos enlistados en el
artículo 102 del decreto en mención, pero no ordenó el cómputo de los factores
por ella reclamados, porque conforme al material probatorio verificó que no los
devengó el en año anterior al retiro.
En consideración de lo anterior, descartó que las providencias objeto de reproche
estuvieran viciadas de los defectos invocados.
4. Impugnación
La apoderada de la señora Fajardo Henao insistió en que las sentencias
censuradas incurren en defecto material, por las razones esbozadas en la
demanda.
Además, señala que en el expediente se demostró que, en el último año de
vinculación, la actora devengó la prima de servicios, y que aun así, no fue tenida
en cuenta en la decisión de segunda instancia.
Reiteró que su súplica no se encamina a obtener una doble inclusión de las
partidas computables previstas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990,
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00313-01
Demandante: Nubia Patricia Fajardo Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
porque hay que tener en cuenta que con posterioridad al Decreto 171 de 1996, se
expidió la Ley 352 de 1997, que en su artículo 55 garantizó la permanencia del
Decreto 1214 de 990, para aquellos servidores vinculados antes de la Ley 100 de
1993.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar
a confirmar, revocar o modificar el fallo del 15 de febrero de 2024, proferido por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante el cual se negó
la tutela interpuesta por la señora Nubia Patricia Fajardo Henao. Para el efecto, lo
primero que la Sala deberá determinar es si se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial
el de relevancia constitucional. Si se cumplen, se establecerá si las autoridades
accionadas, al proferir las sentencias del 30 de abril de 2020 y 5 de octubre de
2023, incurrieron en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución alegados por la parte actora.
2. Análisis de la Sala
2.1. De la relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 20142, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de
tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
2
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00313-01
Demandante: Nubia Patricia Fajardo Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
● Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque
no supera el requisito de relevancia constitucional, habida consideración de que la
accionante busca revivir la controversia planteada en sede ordinaria y convertir
este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una
instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
De los argumentos expuestos por la parte actora para sustentar los defectos que
alude como requisitos específicos, se colige, sin duda, que su inconformidad
radica en que la autoridad accionada negó la reliquidación de su pensión con la
inclusión de las primas de actividad y de servicios.
Según la demandante, como se vinculó al servicio con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, su pensión se debe liquidar con las partidas
3
Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00313-01
Demandante: Nubia Patricia Fajardo Henao
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
establecidas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, incluidos los factores
reclamados, los cuales, según su sentir, pese a lo establecido en el Decreto 171
de 1996, no fueron incorporados a la asignación básica.
En ese orden, los argumentos esgrimidos por el tutelante coinciden con los
expuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales
fueron atendidos por el juez natural de la causa en la providencia objeto de
reproche, proferida en primera instancia el 30 de abril de 2020.
En efecto, en la sentencia censurada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, señaló:
6. CASO CONCRETO
En el presente asunto, la señora Nubla Patricia Fajardo Henao además de la
nulidad de la resolución que le reconoció pensión de jubilación y del oficio
que negó su reliquidación, solicita que esa prestación sea reajustada
teniendo en cuenta las partidas computables previstas en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990, pues considera que fue vinculado como personal civil
de Ministerio de Defensa antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993 y en esa medida, su situación prestacional no debió modificarse.
La entidad demandada se opone a lo solicitado por el demandante, en el
sentido de señalar que la pensión de jubilación fue liquidada teniendo en
cuenta las partidas contenidas en la hoja de servicios y en consecuencia,
resulta improcedente la inclusión de otro emolumento no previsto en dicho
documento.
A efectos de resolver el problema jurídico, la sala precisa que en relación
con el régimen prestacional del personal civil del sector salud del Ministerio
de Defensa, se debe tener la fecha de vinculación, pues en razón a esa
circunstancia, le son aplicables las siguientes normas:
• Al personal civil vinculado al Ministerio de Defensa — Despacho del
Ministro, Secretaría General y comandos de las Fuerzas Militares — con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1° de
abril de 1994, le son aplicables las disposiciones previstas en el Titulo VI del
Decreto 1214 de 1990.
• A los empleados públicos vinculados después del 1° de junio de 1994 al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y que posteriormente fueron
incorporados a la planta de personal del Ministerio de Defensa del sector
salud — Dirección de Sanidad Militar—, le son aplicables las disposiciones
contenidas en la Ley 100 de 1993, pues así lo previó el artículo 89 del
Decreto 1301 de 1994, así como también el 55 de la Ley 352 de 1997,
ratificado por el Decreto Reglamentario 3062 de 1997 — art. 3—.
En virtud de lo anterior, se encuentra acreditado que la demandante prestó
sus servicios en el sector salud del Ministerio de Defensa como i)
Especialista Jefe, desde el 2 de agosto de 1988 ii) Profesional Universitario
3020-13, de la planta de personal del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares a partir del 1° de marzo de 1996, y iii) en la Dirección de Sanidad,
desde el 15 de enero de 1998, donde tuvo como último cargo el de
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00313-01
Demandante: Nubia Patricia Fajardo Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Profesional Universitario 2044-10. Le fue reconocida pensión de jubilación
mediante Resolución 1498 de 21 de mayo de 2009 con efectividad a partir
del 7 de enero de 2009.
Luego entonces, como quiera que la demandante se vinculó como
Especialista Jefe desde el 2 de agosto de 1988, esto es, con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es claro que su situación
prestacional, se rige conforme lo consagrado en el Título VI del Decreto
1214 de 1990, pues así lo señaló el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación de 12 de diciembre de 201923, cuando en relación con el
personal del sector salud del Ministerio de Defensa fijó como regla que "En
materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del
Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la
vigencia de a Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto
1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen".
Bajo esa premisa, la entidad demandada reconoció la pensión de jubilación
a la demandante una vez acreditó 20 años de servicios y a su vez,
determinó el monto de la prestación en un 75% del último salario
devengado, que correspondía al sueldo básico y la doceava parte de la
prima de navidad, sin embargo, en esta oportunidad la parte actora pretende
que se le incluyan todas las partidas computables previstas en el artículo
102 del Decreto 1214 de 1990.
Frente a ese punto, debe señalarse que si bien, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990 la pensión de jubilación para el
personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa se liquida con el
último salario, lo cierto es que para su estimación se deben tener en cuenta
las partidas expresamente señaladas en el artículo 102, las cuales
corresponden al sueldo básico, prima de servicio, prima de alimentación,
prima de actividad, subsidio familiar, auxilio de transporte y duodécima parte
de la prima de navidad.
Ahora bien, según certificación visible a folios 9 — 10, la demandante tuvo
como último salario devengado, el sueldo básico, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación especial de
recreación y prima de navidad y en esa medida aplicando el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990, la entidad demandada en la Resolución No. 1498 de
21 de mayo de 2009 tuvo en cuenta el sueldo básico y la prima de navidad
en una doceava parte (fls. 2 — 3).
En ese orden de ideas, considera la sala que la entidad demandada acató
en debida forma el régimen prestacional aplicable a la demandante —Título
VI del Decreto 1214 de 1990—, pues en razón al último salario devengado y
las partidas que dispone el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 para
liquidar la pensión, los únicos emolumentos a tener en cuenta eran la
asignación básica y la prima de navidad en una doceava parte. Razón por la
cual, no le asiste derecho a la reliquidación pretendida en esta oportunidad.
Conviene precisar, que si bien podría pensarse en la inclusión de la prima
de servicios, lo cierto es que la remuneración a que hace referencia el literal
b) del artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, es la contenida en el artículo
46 de esa previsión, la cual prevé su reconocimiento una vez se cumplan 15
años de servicios y su monto se estima en un 10% aumentado en un 1% por
cada año que sobrepase los 1524, prestación que difiere en modo de pago y
cuantía, con la percibida por la actora, pues esa se determina en un 15% de
la asignación básica mensual, los incrementos de remuneración a que se
refieren los artículos 49 y 97 del Decreto-ley 1042 de 1978 o normas que lo
modifiquen, gastos de representación, auxilios de alimentación y de
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00313-01
Demandante: Nubia Patricia Fajardo Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
transporte, y bonificación por servicios prestados —art. 55 y 56 del Decreto
2701 de 1988—.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que aceptar lo pretendido por la
parte actora, generaría una doble inclusión de las partidas computables
previstas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, habida cuenta que
según lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 171 de 1996, al momento de
incorporarse al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares tales emolumentos
hicieron parte del sueldo básico. (…)
Por tanto, no le asiste razón a la demandante a que la prima de actividad
sea incluida en la asignación básica, habida cuenta que según el valor
reconocido, dicha prestación se entiende incluida en la remuneración
mensual.
Luego entonces, habrá de señalarse que la entidad demandada en el acto
de reconocimiento de la pensión de jubilación dio cumplimiento a las
disposiciones que regularon la situación de la demandante, habida cuenta
que aplicó el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990, esto es, lo atinente al
tiempo requerido para tener derecho a esa prestación —20 años de
servicios — y al momento de liquidar dicha prestación, tuvo en cuenta lo
devengado con anterioridad a su retiro del servicio, que en todo caso, a
voces del artículo 4° del Decreto 171 de 1996, traía incluida en su
asignación básica, las remuneraciones del Decreto 1214 de 1990.
Contra la anterior decisión la accionante interpuso el recurso de apelación,
insistiendo en que tiene derecho a que su pensión se reliquide con la inclusión de
las primas de servicios y actividad, toda vez que por haberse vinculado con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se encuentra amparada
por el régimen prestacional previsto en el título VI del Decreto 1214 de 1990.
Agregó que, fue con ocasión a la variación normativa que la entidad accionada
dejó de pagar a la actora los rubros correspondientes por primas de actividad y
servicios, con lo cual, en su sentir, solo se evidencia el irrespeto a sus derechos
adquiridos.
En segunda instancia, en la sentencia del 5 de octubre de 2023, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, apoyado en la jurisprudencia de
unificación también acogida por el a quo, al analizar el caso concreto, expuso:
2.3. Caso concreto.
La parte actora pidió que se condene a la entidad demandada a reliquidar y
pagar la pensión de jubilación con la inclusión de los emolumentos de prima
de servicios y actividad, de conformidad con lo normado en el Decreto 1214
de 1990.
El a quo negó las súplicas de la demanda al considerar que, la demandante
tuvo como último salario devengado el “sueldo básico, bonificación por
servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación
especial de recreación y prima de navidad”, y en esa medida aplicando el
artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 la entidad demandada por Resolución
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00313-01
Demandante: Nubia Patricia Fajardo Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
1498 de 21 de mayo de 2009 tuvo en cuenta el “sueldo básico y la prima de
navidad en una doceava parte”; por lo que, consideró que la entidad
demandada acató en debida forma el régimen prestacional aplicable a la
señora Fajardo Henao en razón al último salario devengado.
Inconforme la actora adujo que frente a la reliquidación de la pensión de
jubilación con la inclusión de la prima de actividad y de servicios “fue toda
esta variación normativa a partir de la ley 100/93, la que impidió que mi
cliente CONTINUARA DEVENGANDO LA PRIMA DE ACTIVIDAD en los
términos del decreto 1214/90, pues efectivamente su REGIMEN SALARIAL
cambió para ser el de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
Ahora bien, de los medios de prueba avizorados en el plenario se tiene que
Nubia Patricia Fajardo Henao: (i) se posesionó el 2 de agosto de 1988 en el
cargo de Especialista Jefe al servicio del Ejercito Nacional; (ii) el 1 de marzo
de 1996 tomó posesión del cargo de Profesional Universitario 3020-13 en el
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares; (iii) el 15 de enero de 1998 se
posesionó en el cargo de Profesional Universitario Grado 3020-13 en el
Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar; (iv)
que el último cargo que ocupó fue el de Profesional Universitario Código
2044 Grado 10 de la Dirección General de Sanidad Militar al Servicio del
Ejercito Nacional hasta el 7 de enero de 2009; (v) el Ministerio de Defensa
Nacional por Resolución 1498 de 2009 le reconoció pensión de jubilación a
partir del 7 de enero de 2009, con fundamento en el artículo 98 del Decreto
1214 de 1990 con la inclusión de los factores salariales de “sueldo básico y
1/12 prima de navidad”; y (vi) el 27 de marzo de 2017 solicitó de la
demandada la reliquidación de su prestación conforme a lo previsto en el
artículo 102 del Decreto ley 1214 de 1990; la cual fue negada con el Oficio
OFI17-27819 MDNSGDAGPSAP de 7 de abril de 2017.
Puestas, así las cosas, en aplicación del precedente jurisprudencial trazado
por esta Sección Segunda en la sentencia de unificación del 12 de diciembre
de 2.019, en materia prestacional, la demandante tenía derecho a que se le
aplicara lo dispuesto en el Decreto 1214 de 1.990, por medio del cual se
estableció el régimen prestacional del personal civil del Ministerio de
Defensa y la Policía Nacional, y que, en punto de las partidas a incluirse en
la liquidación pensional, señaló que serían las siguientes: (…)
Empero, se observa que según certificación de 3 de mayo de 2017 la actora
percibió las siguientes partidas computables durante su último año de labor:
“sueldo básico, bonificación por servicios prestados, prima de servicios,
prima de vacaciones, bonificación especial de recreación y prima de
navidad”.
En este orden de ideas; y si bien es cierto, que de conformidad con el
análisis normativo y la jurisprudencia de unificación explicada, Nubia Patricia
Fajardo Henao tiene derecho a que la pensión se le liquide de conformidad
con los emolumentos anunciados en el artículo 102 del Decreto 1214;
también lo es, que del cotejo realizado entre lo previsto en esta norma; con
los factores devengados por ella en el último año26 , y aquellos que se le
incluyeron en la resolución de reconocimiento pensional, la Sala concluye
que no se debe acceder a ordenar la reliquidación; dado que, por
Resolución 1498 de 2009 la entidad demandada reconoció la pensión de
jubilación con la inclusión del “sueldo básico y 1/12 prima de navidad”; pues
la actora no devengó en el último año los factores de los cuales ruega su
amparo.
Sumado a que, la prima de actividad no será incluida en la asignación
básica; ya que, según el valor reconocido tal factor se encuentra incluido en
la remuneración mensual; tal y como lo dijo el Tribunal. Suerte que también
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00313-01
Demandante: Nubia Patricia Fajardo Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
corre la prima de servicios; por lo que, la Sala considera que los actos
demandados se ajustan a derecho; y en tal sentido la sentencia apelada se
confirma.
De lo anterior se desprende que las autoridades accionadas resolvieron a fondo la
controversia planteada por la accionante en sede ordinaria. En primer lugar,
explicaron que conforme al precedente establecido en la sentencia de unificación
proferida por el Consejo de Estado el 12 de diciembre de 2019, en materia
prestacional, a los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa
Nacional, vinculados antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les aplica en
su integridad el Decreto 1214 de 1990, y por lo tanto, en principio la accionante
tendría derecho a que su pensión se liquide computando el sueldo básico, la
prima de servicios, la prima de alimentación, la prima de actividad, el subsidio
familiar, el auxilio de transporte y la duodécima parte de la prima de navidad
(Artículo 102 D. 1214/90).
No obstante, según lo expuesto en las sentencias censuradas, la accionante no
demostró que en el último año de servicios haya devengado, por separado, las
partidas denominadas primas de servicio y de actividad, por cuanto, por
disposición del cambio normativo, aquellas fueron incorporadas a la asignación
básica, de modo que, de los emolumentos señalados en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990, la actora únicamente probó que en el periodo de
liquidación (año anterior al retiro), percibió el sueldo básico y la prima de navidad
(que se incluye en su duodécima parte).
En ese orden, las autoridades accionadas tanto en primera como en segunda
instancia, descartaron que los factores reclamados por la señora Nubia Patricia
Fajardo Henao, tengan que ser computados para liquidar su pensión, porque
independientemente de la discusión sobre el régimen aplicable, que fue zanjada
por esta Corporación en la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019,
y frente al cual finalmente no hay disputa, porque las partes coinciden en que los
emolumentos a incluir son los contenidos en el artículo 102 del Decreto 1214, lo
cierto es que, en el último año de vinculación, la actora no devengó las primas de
actividad y de servicios, porque dichos valores se incluyeron en su salario cuando
fue incorporada al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, en virtud de lo
señalado en el artículo 4° del Decreto 171 de 1996. Por ello, es que el Tribunal
accionado indicó que acceder a las pretensiones de la actora, implica que se haga
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00313-01
Demandante: Nubia Patricia Fajardo Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
un doble cómputo de esos factores, tesis que avaló el superior, como se destaca
en la providencia transcrita.
Nótese que, aunque en la demanda de tutela la actora señala que las autoridades
judiciales accionadas no valoraron correctamente las normas aplicables, porque
concluyeron que las primas solicitadas fueron incluidas en la asignación básica
cuando la actora se incorporó al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, dado
que en su sentir, eso no sucedió, en el recurso de apelación interpuesto en sede
ordinaria, reconoció que así fue, e incluso adujo que con ello, se vulneraron sus
derechos adquiridos. En todo caso, no explicó con suficiencia por qué considera
que las partidas no fueron incorporadas en la asignación básica, como lo
interpretaron las demandadas, bajo la orientación de la sentencia de unificación
del 12 de diciembre de 2019.
Así las cosas, se establece, sin esfuerzo alguno, que lo que existe en el presente
caso es una discrepancia de criterio de la parte actora con la providencia
censurada, diferencia que fue resuelta en primera y segunda instancia por el juez
natural del proceso, de conformidad con las reglas señaladas en la sentencia de
unificación existente sobre la materia, y que, en sentir de la Sala, no constituye
razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela intervenga.
Además, para la Sala, los argumentos expuestos por las autoridades accionadas
son razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista
constitucional, el hecho de que la parte actora no los comparta, no habilita al juez
de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente y
con suficiente motivación, por lo que este mecanismo de estirpe constitucional no
puede convertirse en el único y preferido medio de la parte que pierde el pleito u
obtiene una decisión contraria a sus intereses.
De conformidad con lo anterior, la Sala modificará la decisión de primera instancia,
puesto que se verificó la improcedencia de la tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, como se viene de explicar.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00313-01
Demandante: Nubia Patricia Fajardo Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
F A L L A:
Modificar la sentencia del 15 de febrero 2024, dictada por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela, por lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y
firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e
integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR
que aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidado
r.aspx
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