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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00315-00

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00315-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Diego Fernando Fernández Galvis, conforme con la motivación precedente. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-00315-00 Demandante: Diego Fernando Fernández Galvis 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00315-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

18 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00315-00
Demandante: Diego Fernando Fernández Galvis

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-00315-00
Demandante DIEGO FERNANDO FERNÁNDEZ GALVIS
Demandado COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia
de la acción de tutela: la relevancia constitucional. Proceso disciplinario
contra abogado. Defectos fáctico, por decisión sin motivación, por error
inducido y sustantivo.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Diego Fernando Fernández Galvis de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 23 de enero de 20241, el señor Diego Fernando Fernández Galvis interpuso
acción de tutela, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por considerar
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la sentencia
del 22 de noviembre de 2023, proferida en el proceso disciplinario Nro. 11001-11-02-
000-2019-00585-00.

En consecuencia, formuló como pretensión, la siguiente:
“Solicito al señor Juez constitucional a quien por reparto corresponda la presente acción de
tutela, amparar mis derechos fundamentales al debido proceso y conexos y en consecuencia
se ordene la revocatoria de la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo
Nacional de Disciplina Judicial, fechada 22 de noviembre de 2023”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Diego Fernando Fernández Galvis fue contratado para ejercer como
abogado defensor en el proceso penal Nro. 11001600000020180006700 que
cursaba ante el Juez 1º Penal Especializado de Bogotá.

2.2. El mencionado profesional sustituyó poder al abogado Héctor Marcial
Quiñones Quijano, sin embargo, en la audiencia preparatoria se dieron una

1 Tutela radicada inicialmente en el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá y posteriormente
remitida a esta Corporación.
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Demandante: Diego Fernando Fernández Galvis

serie de desaciertos que mostraron que los profesionales no estaban
preparados para la diligencia, por lo que el representante del Ministerio Público
solicitó la nulidad de la diligencia, la remoción de los defensores del actor
Diego Fernando Fernández Galvis y del señor Héctor Marcial Quiñones
Quijano, y solicitó el ejercicio de los poderes correccionales por parte del juez.

Por lo anterior, el Juez 1º Penal Especializado de Bogotá ordenó la compulsa
de copias en contra de los mencionados abogados, por la falta a los deberes
profesionales en la carencia de idoneidad técnica en la representación del
sindicado en el proceso penal seguido en su contra.

2.3. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá conoció en primera
instancia el proceso disciplinario Nro. 11001-11-02-000-2019-00585-00.

Mediante sentencia del 2 de septiembre de 2022 tal autoridad declaró
disciplinariamente responsables a los abogados Diego Fernando Fernández
Galvis y Héctor Marcial Quiñones Quijano y los sancionó a cada uno, con
suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado por el término de 3 años.

Luego de analizado el material probatorio allegado al expediente, la Comisión
Seccional censuró que, como lo advirtió el juez penal en su momento, se
hablara del “escrito de preparatoria” cuando en materia penal se hablaba de
escrito de acusación. Sostuvo textualmente la sentencia:
“A lo largo de la audiencia se puede ver a los ABOGADOS desconcertados, nerviosos, sin
saber a qué se iban a enfrentar y mostrando desconocimiento del procedimiento. No se
observa que estuvieran preparados ni seguros”.

Consideró que la actuación había sido dolosa, en la medida que tal conducta
buscó la dilación del proceso, censuró que el accionante, quien pidió el
aplazamiento de la audiencia preparatoria para preparar la misma, luego
designó al abogado Quiñones Quijano como suplente, para presuntamente
controvertir las pruebas de la Fiscalía, pero contrario a esto, ambos abogados
llegaron a perturbar la audiencia y a interferir en el normal desarrollo de la
actuación judicial al punto de lograr la nulidad de la actuación.

2.4. La anterior decisión se apeló por parte de los sancionados ante la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial que, en sentencia del 22 de noviembre de 2023
<<notificada por correo electrónico el 15 de diciembre de 2023>> resolvió lo
siguiente:

(i) se abstuvo de conocer el grado jurisdiccional de consulta presentado por
el señor Héctor Marcial Quiñones Quijano (uno de los abogados
sancionados),

(ii) absolvió al señor Diego Fernando Fernández Galvis por la falta contenida
en el numeral 1º del artículo 30 de la Ley 1123 de 20072 y,

(iii) confirmó la decisión de primera instancia en relación con la
responsabilidad disciplinaria del señor Fernández Galvis por la falta

2 Artículo 30. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:
1. Intervenir en actuación judicial o administrativa de modo que impida, perturbe o interfiera el normal
desarrollo de las mismas.
(…)
2

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contenida en el artículo 34 literal l) de la citada Ley 1123 de 20073, endilgada
a título de dolo y, en consecuencia, redujo la sanción impuesta a dos
años de suspensión en el ejercicio de la profesión.

En primer lugar, la autoridad disciplinaria se refirió al grado jurisdiccional de
consulta presentado por el abogado Héctor Marcial Quiñones Quijano e indicó
que dicha figura no era procedente, al haberse presentado por el disciplinado
recurso de apelación (aunque extemporáneamente), razón por la que no podía
proponerse la consulta al haber agotado el recurso de alzada.

A continuación, pasó a estudiar los argumentos del recurso de apelación
interpuesto por el abogado Diego Fernando Fernández Galvis e indicó que, en
realidad no se trató de un concurso de faltas disciplinarias como lo había
señalado el a quo, sino un aparente concurso, lo que implicaba que debía ser
absuelto en relación con la falta impuesta contenida en el numeral 1º del artículo
30 de la Ley 1123 de 2007.

Sin embargo, argumentó que sí era procedente imputar la falta contenida en
el literal I) del artículo 34 de dicha norma, en la medida que se evidenciaba la
falta de técnica y de preparación para la “audiencia preparatoria” por parte de
los abogados, en este caso concreto del señor Fernández Galvis, apoderado
principal, sin una argumentación seria al requerir testigos de la Fiscalía y sin
sustentar lo que se aportaría al proceso; conductas dolosas que incluso
llevaron a que la audiencia preparatoria debiera declararse nula ante la
solicitud del Ministerio Público que observó la falta de desarrollo y de manejo
de los apoderados en relación con la diligencia que se estaba llevando a cabo.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora consideró que la sentencia del 22 de noviembre de 2023, proferida
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso disciplinario con la
radicación Nro. 11001-11-02-000-2019-00585-00/01, incurrió en los defectos fáctico,
por decisión sin motivación, por error inducido y sustantivo, por las razones que se
exponen a continuación.

3.1. Defecto fáctico. Dijo que en el recurso de apelación solicitó la nulidad de la
actuación ya que no le era posible responder a título de dolo, de acuerdo con
la historia del proceso y que, la primera instancia, había concluido su
responsabilidad disciplinaria a título de dolo tomando como base el actuar de
los abogados que lo antecedieron y que actuaron con posterioridad en el
proceso penal que llevó a la actuación disciplinaria.

En ese sentido, advirtió que el dolo no podía concluirse de la historia del
proceso como lo había hecho el a quo y como lo convalidaba el fallo de
segunda instancia, al ser una maniobra violatoria el debido proceso, lo que
hacía que se estructurara este defecto ya que las afirmaciones hechas por el
juez disciplinario de primera instancia carecían del más mínimo sustento
probatorio al punto de sustentarse en lo que anunció como la “historia del
proceso” y que lo procedente era que el juez de segunda instancia declarara

3 Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:
i) Aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado, o que no pueda atender
diligentemente en razón del exceso de compromisos profesionales.
(…)
3

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la nulidad de la actuación ante la presunta falta de técnica de los raciocinios
de la decisión judicial.

3.2. Defecto por decisión sin motivación y por error inducido. Sostuvo que en el
recurso de apelación se alegó que el a quo había trasgredido las reglas
constitucionales para la construcción de los argumentos que permitieran llegar
a la conclusión de su presunta responsabilidad disciplinaria, que el lenguaje
utilizado por el juez ordinario no era claro, preciso ni concreto como lo exigía
la Ley 270 de 1996 y menos que existiera una justificación suficiente y un nexo
causal entre las hipótesis del a quo y la sanción impuesta y que, nada
manifestó al respecto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la
sentencia cuestionada a través de la presente acción.

En ese sentido, dijo que, si bien en el fallo de segunda instancia había sido
absuelto de la falta contenida en el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 1123
de 2007, también debía serlo de la falta del artículo 28, numeral 8, al no haber
sido sancionado por faltas a la honradez.

3.3. Defecto sustantivo. Señaló que en la sentencia de primera instancia se hizo la
siguiente afirmación: “dijo que si alguien debía ser sancionado disciplinariamente
era él”, pero que no se hizo referencia al momento exacto en que
supuestamente la realizó, que no estaba obligado a auto incriminarse y
declarar contra sí mismo conforme con el artículo 33 de la Constitución Política
y que, nunca dijo que hubiera cometido una falta a título de dolo.

De otro lado, manifestó que si bien se dio por enterado a tiempo de la sentencia
de primera instancia y procedió a recurrirla en apelación obteniendo
absolución por uno de los cargos y una re dosificación de la sanción impuesta,
también lo era que contaba con que su abogada apelara y pudiera desde su
óptica plantear nuevos argumentos que le hubieran dado mejores expectativas
de resultado al momento de emitirse la sentencia de segunda instancia, todo
lo cual se pasó por alto por parte de la autoridad judicial accionada quien no
se percató ni se pronunció por la ausencia de su apoderada y las eventuales
consecuencias procesales.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 30 de enero de 2024 el despacho ponente admitió la presente
acción, ordenó la notificación a las partes accionante y accionada y dispuso
vincular como tercero con interés al Juzgado 1º Penal Especializado de
Bogotá, al señor Héctor Marcial Quiñones Quijano y a la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá.

4.2. Estando el asunto para dictar sentencia, el despacho sustanciador mediante
auto del 26 de febrero de 2024 ordenó la notificación a la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá quien había sido vinculada como tercero con
interés al presente asunto desde el auto admisorio, sin que se observara que
se hubiera hecho la misma.

4.3. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se pronunció e indicó que no
se cumplían los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, al
observar que el accionante alegaba unos defectos y una supuesta falta de
motivación sin un argumento concreto que permitiera evidenciar que la

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decisión de segunda instancia hubiera incurrido en alguno de ellos y que se
hubiera puesto de presente en el recurso de apelación interpuesto.

Hizo un recuento de las razones por las que se le imputó la conducta a título
de dolo al cumplir ciertos presupuestos para su determinación. Además, dijo
que la decisión estuvo suficientemente motivada y que, en ningún momento
se consideró como una falta a la honradez sino a la lealtad con su cliente quien
esperaba la defensa integral y acorde, que al hacer una verificación de las
pruebas se encontró que en el desarrollo de la audiencia preparatoria tampoco
probó como se indicó en la sentencia cuestionada, que estuviera capacitado o
que quisiera optar por remover del encargo al defensor suplente que designó
en representación del procesado, con lo que se trasgredía el mencionado
deber y se materializaba la falta disciplinaria.

También se refirió a la inexistencia de un presunto error inducido, en la medida
que la decisión era acorde con el pliego de cargos y que la sanción y su
dosificación eran adecuadas.

Finalmente, en relación con la manifestación que hizo el mismo accionante,
dijo que sí se mencionó en la sentencia, pero no se entendió como auto
incriminación sino como una frase para hacer ver que la defensa no había sido
idónea y que demostraba que no tenía preparado ningún argumento válido que
permitiera comprender que se encontraba capacitado para el encargo
profesional.

Así, concluyó que debía declararse improcedente la acción de tutela al buscar
una instancia adicional y, de hacerse estudio de fondo, pidió se negaran las
pretensiones de la demanda de tutela.

4.4. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, rindió informe en
el que se refirió a la defensa técnica y anunció que conforme con el artículo 76
del Código General del Proceso, la renuncia no pone término al poder, de
manera que tenía defensora hasta tanto no fuera aceptada su solicitud de
relevo y dijo que, como el actor apeló se garantizó plenamente la segunda
instancia. Sostuvo que desconocía lo decidido por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial ya que el expediente no había regresado a la seccional y,
pidió se negara la presente acción de tutela.

4.5. El señor Héctor Marcial Quiñones Quijano, presentó escrito de intervención,
en el que, de un lado, pidió que se declarara la nulidad de todo lo actuado
dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra por ausencia de
notificación en debida forma al correo electrónico, dirección física y teléfono
que obraban en el registro nacional de abogados; y del otro, se refirió a su
inconformidad por no haberse tenido en cuenta el recurso de apelación
presentado contra la decisión disciplinaria de primera instancia. Agregó que es
un padre de familia con 3 hijos y que, con la sanción disciplinaria que se le
impuso, se afectaba su derecho al mínimo vital.

En su escrito, dijo sumarse a la acción de tutela de la referencia. Sin embargo,
estructura su intervención como si se tratara de una acción de tutela con sus
propios argumentos y pretensiones de amparo.

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4.6. El Juzgado 1º Penal Especializado de Bogotá, remitió correo electrónico en
el que manifestó que la actuación se encontraba ante la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá para resolver recurso de apelación. Allegó enlace
de acceso a las diligencias penales llevadas a cabo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

4
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

3.1. En primer término, advierte la Sala que el señor Héctor Marcial Quiñones
Quijano, vinculado al presente trámite constitucional en calidad de tercero con
interés, en su escrito de intervención manifestó que se “sumaba” a la acción
de tutela de la referencia, para lo cual, presenta una serie de argumentos
propios de su situación fáctica concreta.

Al respecto, la Sala destaca que si bien el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991
señala que “quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra
quien se hubiere hecho la solicitud” esa participación no le permite formular
pretensiones propias de amparo a sus derechos fundamentales, pues como lo
ha señalado la Corte Constitucional8: “(i) la participación del coadyuvante debe
estar acorde con las posiciones y pretensiones presentadas por el accionante o el
accionado en el trámite de tutela, es decir, no puede formular pretensiones propias
de amparo a sus derechos fundamentales; (ii) la coadyuvancia puede ser llevada a
cabo hasta antes de que se expida la sentencia que finalice el proceso de tutela, es
decir, hasta antes de la sentencia de única, de segunda instancia o de revisión ante
la Corte Constitucional, según sea el caso”.

En ese sentido, si bien manifestó sumarse a lo pretendido por el actor Diego
Fernando Fernández Galvis, su escrito no puede será tenido como una
coadyuvancia, en primer lugar, porque su citación al presente trámite se hizo
en calidad de tercero con interés; y adicionalmente, porque el citado promovió
acción de tutela para solicitar el amparo de sus derechos, como se logró
constatar en aplicativo SAMAI, la cual, se encuentra en trámite en el despacho
del doctor Nicolás Yepes Corrales, con la radicación Nro. 11001-03-15-000-
2024-00422-009.

3.2. Precisado lo anterior, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por
tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la
Sala establecer si la solicitud de amparo cumple a cabalidad con los requisitos
generales de procedibilidad, en concreto el de la relevancia constitucional.

De superar dicho análisis, la Sala determinará si al proferir la providencia del
22 de noviembre de 2023, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial en el proceso disciplinario con la radicación Nro. 11001-11-02-000-
2019-00585-00 /01, incurrió en los defectos fáctico, por decisión sin
motivación, por error inducido y sustantivo, propuestos por la parte actora.

4. Requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

8 Auto 401 del 28 de octubre de 2020.
9 De acuerdo con la consulta efectuada en SAMAI, se registró proyecto de fallo el 5 de marzo de 2024.
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Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»10. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural11.

10 Ibidem.
11 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración
del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos
fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo
proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar,
modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable
los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción,
tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos»12.

De otra parte, la relevancia constitucional también supone que la tutela no se
emplee para adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de
plantearse ante el juez de la causa, ni para insistir en las inconformidades ya
resueltas en el proceso ordinario. Por consiguiente, el juez debe verificar que la
parte actora no introduzca cargos nuevos no expuestos ante el fallador natural.

5. No se cumple con la relevancia constitucional en el caso concreto

5.1. En el caso puesto a consideración de la Sala, se advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la
medida que la parte actora busca que la acción de tutela se convierta en una
instancia adicional.

De la revisión hecha a las decisiones proferidas en sede ordinaria, es posible
establecer que tanto en primera como en segunda instancia se declaró
responsable disciplinariamente al accionante, aun cuando en segunda
instancia se hubiera modificado la norma sobre la que se sustentó la sanción
y se hubiera atenuado la pena de 3 a 2 años y que, los argumentos que
presenta en el escrito de tutela guardan identidad con los del escrito de
apelación, veamos:

5.2. Se advierte que los argumentos propuestos por la parte actora en el recurso
de apelación presentado contra la decisión emitida en primera instancia por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, coincide con los
fundamentos del escrito de tutela, veamos:
5.2.1. Sostuvo que el procesado recuperó su libertad luego de algo más de un año
en que había dejado de ser su defensor, de manera que no podía indicarse ni
probarse que se hubiera obtenido un beneficio con ocasión de sus actuaciones
y de la presunta dilación al proceso que se le atribuía, razón por la que no
podía responder por los actos de los demás abogados que estuvieron al frente
del proceso y que no podía atribuirse en consecuencia, su responsabilidad a
título de dolo.

5.2.2. También se refirió a la deficiente motivación que, en su criterio, tuvo la
sentencia apelada sin que se cumpliera como lo exigía la Ley 270 de 1996 y
menos que existiera una justificación suficiente y un nexo causal entre las
hipótesis del a quo y la sanción impuesta.

12 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Diego Fernando Fernández Galvis

5.2.3. Consideró que no podía considerarse la conducta dolosa conforme con la
historia del proceso, que no estaba obligado a auto incriminarse y declarar
contra sí mismo conforme con el artículo 33 de la Constitución Política y que,
no era sancionado por falta contra la honradez.

5.3. En el escrito de tutela, la parte actora presentó idénticos argumentos, pero
anunciados desde la presunta configuración de los defectos fáctico, por
decisión sin motivación, por error inducido y sustantivo:
5.3.1. Sostuvo que no era posible responder a título de dolo de acuerdo con la
historia del proceso y que, la primera instancia, había concluido su
responsabilidad disciplinaria a título de dolo tomando como base el actuar de
los abogados que lo antecedieron y que actuaron con posterioridad en el
proceso penal que llevó a la actuación disciplinaria.

5.3.2. Manifestó que el dolo no podía concluirse de la historia del proceso como lo
había hecho el a quo y como lo convalidaba el fallo de segunda instancia, al
ser una maniobra violatoria el debido proceso.

5.3.3. Señaló que en el recurso de apelación se alegó que el a quo había trasgredido
las reglas constitucionales para la construcción de los argumentos que
permitieran llegar a la conclusión de su presunta responsabilidad disciplinaria,
que el lenguaje utilizado por el juez ordinario no era claro, preciso ni concreto
como lo exigía la Ley 270 de 1996 y menos que existiera una justificación
suficiente y un nexo causal entre las hipótesis del a quo y la sanción impuesta
y que, nada manifestó al respecto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
en la sentencia cuestionada a través de la presente acción.

5.3.4. Dijo que, si bien en el fallo de segunda instancia había sido absuelto de la falta
contenida en el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, también
debía serlo de la falta del artículo 28, numeral 8, al no haber sido sancionado
por faltas a la honradez.

5.3.5. Precisó que no estaba obligado a auto incriminarse y declarar contra sí mismo
conforme con el artículo 33 de la Constitución Política y que, nunca dijo que
hubiera cometido una falta a título de dolo.

5.4. La decisión del 22 de noviembre de 2023 proferida por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, con el propósito de resolver el problema jurídico, luego
de hacer un recuento de las pruebas legal y oportunamente allegadas al
proceso, presentó las siguientes consideraciones de cara al caso concreto:
“Refiere el disciplinable FERNÁNDEZ GALVIS, que su responsabilidad disciplinaria a título de
dolo no puede ser concluida y mucho menos puede ser sancionado con base en meras
conjeturas o especulaciones que sobre el actuar de terceras personas se haga; premisa que
no podría inferir en el elemento subjetivo, pues en la audiencia instalada el día 10 de octubre
de 2018, solicitó el aplazamiento del inicio de la etapa preparatoria, para el estudio del proceso
penal, lo que no se demostró en el desarrollo de la audiencia siguiente, con lo que se obtiene
la premeditación que originó la falta de lealtad con el acusado Víctor Hugo Orjuela Bernal.
De modo que, se evidencia que el defensor principal debió intervenir a rescatar la defensa,
pero se mantuvo en observar que el juez requiriera al suplente en varias oportunidades y tenía
el conocimiento de estar obrando mal y la voluntad de seguir haciéndolo. Su intervención fue
sin más, una puesta en escena para hacer un simulacro de defensa, sin ninguna preparación
ni respeto con su cliente ni con la administración de justicia, habida cuenta que se incorporan
elementos subjetivos de índole volitivo y cognitivo, lo que conlleva a establecer que aceptar
un encargo si estar capacitado, satisface el saber y querer que exige el dolo.
En ese sentido, se entiende por dolo en materia disciplinaria, la conciencia de la realización
de un comportamiento típico, por lo que el análisis que se hizo, consistió en verificar que el

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sujeto disciplinable conocía el deber que debía cumplir y la determinación de la voluntad como
causa de su inobservancia, hecho esto y verificado, podría afirmarse el dolo.
(…)
Señala que, en la sentencia se afirmó que el recurrente manifestó “Dijo que si alguien debía ser
sancionado disciplinariamente era él” sin que se indicara el momento ni el minuto de esa supuesta
afirmación y no hizo parte del debate jurídico, por lo tanto tenerla en cuenta en el contenido
de la motivación de la sentencia es una clara violación del artículo 33 de la constitución política,
en conexidad con el derecho al debido proceso constitucional artículo 29 ibidem que
expresamente protege el derecho a no declarar contra sí mismo.
Enunciado que, si bien se trascribió, en nada soportó la declaratoria de responsabilidad del
investigado, habida cuenta que el artículo 121 del Código de Procedimiento Penal, establece
la dirección de la defensa en el proceso penal, enunciando que: “El defensor que haya sido
designado como principal dirigirá la defensa, pudiendo incluso seleccionar otro abogado que lo
acompañe como defensor suplente, previa información al juez y autorización del imputado. Este defensor
suplente actuará bajo la responsabilidad del principal y podrá ser removido libremente durante el
proceso”.
Además, al escuchar la audiencia preparatoria se establece la falta de preparación para asumir
la defensa, pues no se dijo claramente cuáles eran los elementos materiales probatorios y
evidencia física en defensa de su cliente, que permitieran cumplir con los elementos de una
correcta defensa durante el desarrollo de la diligencia. Lo que bien pudo organizar en los
meses otorgados por el Juez de Conocimiento, antes de la reanudación la audiencia aplazada,
sin haber hecho la gestión de capacitarse o enterarse cómo debía intervenir en la audiencia
en debida forma, leer jurisprudencia, lo que conllevó a la pérdida de tiempo y a la anulación
de la diligencia.
(…)”.

5.5. De manera que, del recuento anterior es posible concluir que el juez natural
resolvió los puntos que presentó el accionante al juez natural en el recurso de
apelación en relación con estos aspectos, con razones y argumentos que
llevaron a concluir que en efecto, se evidenciaba una falta de preparación para
asumir la defensa que le había sido encomendada lo que implicaba que la
conducta era dolosa al aceptar un encargo para defender al procesado sin
estar capacitado para ello, sumado a que si bien manifestó que no estaba
obligado a declarar contra sí mismo se trataba de un enunciado que no había
soportado y que, en todo caso, conforme con lo dispuesto en el artículo 121
del Código de Procedimiento Penal, el defensor que hubiere sido designado
como principal, podía designar otro abogado suplente quien actuaría bajo la
responsabilidad del principal.
Ahora bien, quiere la Sala precisar igualmente que, si bien se lee en el recurso
de apelación que consideró la existencia de una nulidad, en realidad se trató
del sustento del recurso de apelación, aspecto frente al que tampoco omitió
pronunciarse el juez de instancia de cierre, pues especificó que el proceso no
estaba afectado por nulidad alguna y que se habilitaba el estudio de los
fundamentos presentados en el recurso, con los argumentos presentados en
precedencia, resueltos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se dijo concretamente frente al punto, lo siguiente:
“Inicialmente se identifica que, revisado el trámite procesal, no se evidencia la existencia de
nulidad alguna, encontrando que la primera instancia preservó y cumplió con los postulados
procesales aplicables al trámite disciplinario, con lo cual garantizó los derechos de audiencia,
contradicción y defensa, sin que se encuentre reproche al respecto”.

En este sentido y hechas estas precisiones, lo que pretende la parte
accionante es que la acción de tutela se convierta en una nueva posibilidad

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para plantear los argumentos resueltos de manera suficiente por el juez
natural, buscando que este mecanismo constitucional se convierta en una
instancia adicional, lo que escapa a la competencia del juez constitucional que
está en clave de garantizar los derechos fundamentales y que, sea de paso
decir, no se advierten desconocidos con la providencia que se cuestiona.
5.6. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela
contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores
razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación
sostenida por la parte tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y
propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma
una vulneración de derechos fundamentales.
De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que
de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.

5.7. En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad.

Es por esta razón que, al no evidenciarse el cumplimiento de uno de los
requisitos de procedencia de tutela contra providencia judicial, en este caso el
de la relevancia constitucional, no es posible verificar aspectos relacionados
con el fondo del asunto, razón por la que la Sala declarará la improcedencia
de la acción.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Diego
Fernando Fernández Galvis, conforme con la motivación precedente.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
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4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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