Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00322-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00322-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00322-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
30 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00322 01
Demandante: Olga Isabel Quiñones
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Violación del principio de la non reformatio in
pejus. No se cumple el requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 22 de febrero de 2024, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
La señora Olga Isabel Quiñones, por medio de apoderada, promueve acción de tutela
contra la providencia del 14 de julio de 2023, que dictó el Tribunal Administrativo de
Nariño, mediante la que revocó el fallo del 26 de julio de 2017, proferido por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Pasto.
1.2. Pretensiones
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00322 01
Demandante: Olga Isabel Quiñones
La accionante formula las siguientes súplicas:
PRIMERA- DECLARAR que el […] TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO al proferir
sentencia de [s]egunda [i]nstancia, vulneró al señor(a) OLGA ISABEL QUIÑONES los
derechos fundamentales a: el principio de la [non reformatio in pejus], debido
proceso frente al derecho a la seguridad social y demás [d]erechos
[c]onstitucionales que resulten del estudio y análisis de los [d]erechos
[f]undamentales de la acción.
SEGUND[A] – En consecuencia, DECLARAR que la sentencia de segundo grado
proferida por el […] Tribunal Administrativo-Sala de Decisión del Sistema Oral,
carece de efectos judiciales.
TERCERO- En su lugar, ORDENAR a la corporación judicial demandada para que
realicen los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar sentencia de
[s]egundo [g]rado fundamentada limitándose a [r]esolver el recurso de apelación
parcial interpuesto por la señora OLGA ISABEL QUIÑONES, en su condición de
apelante ÚNICO, de conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política y
artículo 328 del CGP.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la accionante a través de su apoderada señaló los
siguientes:
i) Nació el 7 de junio de 1951, es decir, cumplió cincuenta y cinco años el 7 de junio
de 2006. Prestó sus servicios por más de veinte años como empleada pública en el
Hospital San Andrés de Tumaco del 10 de diciembre de 1976 al 8 de julio de 1981; en
el municipio de Tumaco (Nariño) del 14 de noviembre de 1995 al 21 de diciembre de
2003 y del 1.º de enero de 2004 al 20 de mayo de 2016.
ii) El 7 de marzo de 2016, pidió el reconocimiento de la pensión de jubilación, porque
acreditaba más de 55 años de edad y veinte años de servicio, por tanto, cumplía los
requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG) por medio de la Resolución 469 del 17 de agosto de 2016, negó
su requerimiento.
iii) A través de apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra ese acto, proceso que cursó ante el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Pasto bajo el radicado 52001 33 33 005 2016 00236 00, en el que se dictó sentencia
el 26 de julio de 2017, declarando nula parcialmente la Resolución 469 del 17 de
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Demandante: Olga Isabel Quiñones
agosto de 2016; en consecuencia, condenó a la Nación (Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) a reconocerle la
pensión tomando como ingreso base de liquidación únicamente la asignación básica
con el promedio de los últimos diez años de servicio.
iv) Contra esa decisión interpuso recurso de apelación parcial para que se modificara
el numeral 2 en relación con el ingreso base de liquidación el cual debía ser del 75 %
de los salarios cotizados en el último año de servicios. El 14 de julio de 2023, el Tribunal
Administrativo de Nariño vulnerando el debido proceso y el principio de non reformatio
in pejus revocó la providencia del a quo.
v) Así lo resolvió el Tribunal, porque consideró que no había demostrado el
cumplimiento del requisito de tiempo de servicios previsto en el artículo 1.º de la Ley
33 de 1985, dado que solo se acreditaron 19.18 años de labores, además señaló que
no existían en el plenario pruebas que permitieran dilucidar que para 2015 hubiera
realizado más cotizaciones; por consiguiente, concluyó que no se había logrado
desvirtuar la legalidad del acto demandado.
1.4. Fundamentos jurídicos
La accionante alega que con la sentencia cuestionada se vulneraron sus derechos al
debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas, al acceso a la administración
de justicia, a la seguridad social integral en conexión con el régimen especial del
magisterio y el principio de la non reformatio in pejus, así mismo, se incurrió en
violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:
i) En el presente asunto existe una vía de hecho por parte de la autoridad
jurisdiccional al obrar sin competencia, porque no se limitó a estudiar la alzada
formulada por la apelante única, sino que procedió a una revisión oficiosa
desconociendo el artículo 328 del Código General del Proceso.
ii) Lo anterior, sin perjuicio de que acreditó que laboró por más de veinte años, así:
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Demandante: Olga Isabel Quiñones
1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 29 de enero de 2024, que ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño como demandados.
Así mismo, se dispuso la notificación al titular del Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Pasto y a la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) como terceros interesados en las resultas de
esta acción, para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de
defensa, rindieran el respectivo informe.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Tribunal Administrativo de Nariño.
1.6.1.1. El magistrado Paulo León España Pantoja se pronunció sobre la tutela
impetrada por la señora Olga Isabel Quiñones, en los siguientes términos:
i) El asunto le correspondió por reparto y presentó proyecto de sentencia, pero no
fue aprobado por la Sala de Decisión, por tal razón, el expediente pasó al despacho
de la magistrada Sandra Lucía Ojeda Insuasty para que elaborara una nueva
ponencia.
ii) Mediante sentencia del 14 de julio de 2023, se emitió providencia de segunda
instancia en la que se decidió revocar el fallo de primer grado y, en su lugar, denegó
las súplicas de la demanda, providencia que suscribió con aclaración de voto.
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Demandante: Olga Isabel Quiñones
1.6.1.2. La magistrada Sandra Lucía Ojeda Insuasty pide desestimar la solicitud de
amparo, al respecto alega lo siguiente:
i) La parte accionante sustenta la solicitud de amparo constitucional en el presunto
desconocimiento del principio de la non reformatio in pejus, porque no obstante fue
apelante única en el proceso con radicado 52001 33 33 005 2016 00236 00, se revocó
la sentencia que profirió el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto, a
través de la cual se había accedido parcialmente a sus pretensiones.
ii) Para adoptar la decisión objeto de cuestionamiento, inicialmente se tuvo en cuenta
que en el asunto era aplicable el aludido principio; sin embargo, se puso de presente
también que, según la jurisprudencia, no es un derecho fundamental absoluto o
ilimitado, al punto que, no era posible mantener un fallo que resultaba ilegal, sobre esa
aseveración se trajeron a colación apartes de la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, el 30 de julio de 2020 dentro del proceso con radicación
47001 23 31 000 2000 00757 01 (35264).
iii) De acuerdo con lo anterior, examinadas las pruebas recaudadas se encontró que
para la fecha en que se solicitó el reconocimiento de la pensión, la accionante no
cumplía con el tiempo de servicios requerido para tal efecto; por tanto, se coligió que
la sentencia del a quo debía revocarse y, en su lugar, negar las pretensiones, habida
cuenta de que no se logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados.
1.6.2. Del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto. La juez Adriana
Inés Bravo Urbano solicita denegar las súplicas de la demanda, por las siguientes
razones:
i) Adelantó el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
de acuerdo con las disposiciones vigentes para la época, las cuales se encuentran
establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
ii) En cada etapa se procuró respetar el debido proceso y el derecho a la defensa de
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Demandante: Olga Isabel Quiñones
las partes, sin vulnerar ninguna garantía constitucional hasta la conclusión de la
instancia.
iii) Ni de los hechos de la tutela ni de las actuaciones procesales se devela actuación
irregular que pusiera en riesgo los derechos fundamentales de la accionante, razón
por la cual se debe ordenar su desvinculación, pues se configura la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que el reproche se enfila
respecto a la decisión que tomó el Tribunal Administrativo de Nariño el 14 de julio de
2023, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda, imponiendo costas a
la parte actora en ambas instancias.
1.6.4. De la Nación (Ministerio de Educación Nacional). El señor Walter Epifanio
Asprilla Cáceres aduce que no se encuentra satisfecho el requisito general de
relevancia constitucional, ya que si bien es cierto la accionante alega la presunta
vulneración del derecho al debido proceso y de algunos principios de naturaleza
constitucional, también lo es que debe cumplir con una carga argumentativa suficiente
que demuestre que el asunto que se discute goza de una marcada importancia
constitucional. Advirtió que le corresponde al extremo activo de la litis probar la
existencia de una eventual transgresión de las garantías fundamentales que invoca.
1.7. La sentencia que se impugna
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante fallo del 22 de febrero de 2024,
declaró improcedente la acción de tutela, por los siguientes motivos:
i) La parte actora cuenta con otro medio de defensa para la protección de los derechos
invocados, como lo es, el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248
de la Ley 1437 de 2011, el cual constituye un mecanismo de impugnación excepcional
de las sentencias ejecutoriadas, que permite el rompimiento del principio de cosa
juzgada para restablecer tanto el imperio de la justicia como del ordenamiento jurídico
que suelen resultar desconocidos por hechos externos al proceso judicial.
ii) Si bien, en principio, la violación de la non reformatio in pejus no está enlistada como
una de las causales para su procedencia, a partir de los casos estudiados por las Salas
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Especiales de Decisión, así como por las Salas de Sección, se establece la existencia
de una línea jurisprudencial pacífica que permite su ejercicio para la protección del
principio de congruencia y el alegado por la accionante, por la vía de la causal de
«nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación».
iii) Esa circunstancia impide al juez de tutela invadir la competencia del juez del recurso
extraordinario de revisión, porque, de lo contrario, se estaría desconociendo la
naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo. Lo anterior, sin perjuicio de que
se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención del
juez de tutela.
iv) Ahora, no se desconoce que la Corte Constitucional, en Sentencia T-178 de 2023,
tuvo por superado el requisito de subsidiariedad en un asunto en el que también se
alegaba el desconocimiento de la non reformatio in pejus y congruencia, conclusión
que tuvo como fundamento la disparidad de criterios sobre la procedencia del recurso
extraordinario de revisión en las Secciones del Consejo de Estado, cuando actúa como
juez de tutela. En esa providencia se efectuó un análisis detallado respecto de los fallos
de tutela que han abordado el tema y citó seis casos en los que se analizaron de fondo
los cargos de violación de tales principios.
v) Sin embargo, el examen de procedencia del recurso extraordinario de revisión para
la protección de la non reformatio in pejus y congruencia no debe verse desde las
decisiones del juez de tutela, sino a partir de lo resuelto por las Salas Especiales de
Decisión y las Secciones del Consejo de Estado, porque se trata del juez
especializado, que se insiste, acepta su viabilidad cuando se alega su vulneración.
vi) El argumento propuesto por la actora, según el cual la autoridad judicial demandada
incurrió en violación directa de la Constitución por desconocimiento del principio de
non reformatio in pejus deviene improcedente, porque el recurso extraordinario de
revisión es el mecanismo legal, idóneo y eficaz para cuestionar su presunto
quebrantamiento y, se reitera, el cargo formulado encaja en una de sus causales.
vii) De manera que, los argumentos en que la parte actora basó el escrito de tutela,
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consistentes en el desconocimiento del principio de non reformatio in pejus por el
Tribunal Administrativo de Nariño, al analizar en segunda instancia un aspecto que no
fue objeto de controversia por la apelante única y, que lo llevó a desconocer que en el
proceso se acreditó que tenía más de veinte años de servicio en diferentes entidades,
es un asunto que no supera el requisito general de subsidiariedad.
1.8. Impugnación
La accionante impugna la providencia anterior, para que se revoque y, en su lugar, se
aceda a las pretensiones de la solicitud de tutela. Al respecto aduce lo siguiente:
i) El juez de primera instancia desconoce que tiene más de setenta y dos años de
edad, por tanto, es una adulta mayor sujeto de especial protección, máxime cuando
no devenga salario desde la fecha de retiro de la docencia que ocurrió el 20 de mayo
de 2016, además, como el proceso adelantado ante el Juzgado Quinto Administrativo
de Nariño y el Tribunal Administrativo de Nariño ha durado más de siete años, se ha
visto privada del disfrute del ingreso derivado de su labor o de la pensión de jubilación,
que fue reconocida inicialmente y revocada arbitrariamente por la autoridad accionada.
ii) Por las anteriores circunstancias es procedente la acción, porque existe un
perjuicio irremediable, pues de lo contrario significaría la dilatación de un litigio que la
llevaría a la «indigencia», ya que desde su desvinculación no percibe salario.
iii) Existe una violación directa de la Constitución Política, por parte del Tribunal
Administrativo de Nariño al desatender el principio de la non reformatio in pejus
instituido en el artículo 31 de la Constitución Política; por consiguiente, se incurre en
una vía de hecho por parte de la autoridad jurisdiccional al obrar sin competencia,
porque no se limitó a estudiar el recurso formulado por la apelante única, sino que
procedió a una revisión oficiosa desconociendo el artículo 328 del Código General del
Proceso, sin perjuicio de que demostró que laboró por más de veinte años, como lo
acreditó en el escrito de demanda.
2. Consideraciones de la Sala
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Demandante: Olga Isabel Quiñones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Cuarta de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora
Olga Isabel Quiñones contra la sentencia del 14 de julio de 2023, que profirió el
Tribunal Administrativo del Nariño, Sala Segunda de Decisión, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 52001 33 33 005 2016 00236
00 [01].
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Demandante: Olga Isabel Quiñones
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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Demandante: Olga Isabel Quiñones
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que, para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 4 de octubre de 2016, la señora Olga Isabel Quiñones, por medio de
apoderado, interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) para que se declarara nula la Resolución 469
del 17 de agosto de 2016, mediante la cual se le negó el reconocimiento de la pensión
de vejez según lo previsto en la Ley 100 de 1993.6
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
6 Índices 11 y 14, del expediente electrónico.
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Demandante: Olga Isabel Quiñones
2.4.2. El 26 de julio de 2017, el Juzgado Quinto Oral Administrativo del Circuito de
Pasto profirió fallo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 52001 33 33 005 2016 00236 00, en el que resolvió lo siguiente:7
PRIMERO.- Declarar la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la
[R]esolución No. 489 del 17 de [a]gosto de 2016, notificada personalmente el 24
de [a]gosto de 2016, suscrita por el señor [secretario de educación del municipio]
de Tumaco, a través de la cual se niega el reconocimiento y pago de una pensión
de vejez a favor [del] señor (a): OLGA ISABEL QUIÑONES.
SEGUNDO.- Como consecuencia de dicha nulidad, a título de restablecimiento del
derecho, se condena a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a ordenar y reconocer la pensión
de vejez a favor de la señora OLGA ISABEL QUIÑONES, tomando como base para la
determinación del IBL únicamente la asignación básica con el promedio de los
últimos diez (10) años de servicios.
TERCERO.- Las sumas resultantes se indexarán aplicando para ello la siguiente
fórmula […]
CUARTO.- DENEGAR las restantes pretensiones de la demanda, de conformidad con
la parte considerativa del presente fallo.
QUINTO.- Condenar en costas a la parte demandada. Liquídense por Secretaría
según lo previsto en el artículo 365 y 366 del Código General de Proceso,
incluyendo las agencias en derecho en cuantía equivalente al 2 % de las
pretensiones acogidas en la sentencia.
[…]
2.4.3. El 14 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo del Nariño al desatar el recurso
de apelación interpuesto por la parte actora, decidió lo siguiente:8
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de primera instancia de fecha 26 de julio de 2017,
proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto, conforme a lo
motivado.
SEGUNDO.- DENEGAR las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta lo
indicado en la presente providencia.
TERCERO.- Condenar en costas de primera y segunda instancia a la parte
demandante en favor de la parte demandada, conforme a la parte motiva de esta
providencia. Se liquidarán por secretaría de primera instancia en los términos de
los artículos 365 y 366 del C.G.P.
[…]
7 Índices 11 y 14, del expediente electrónico.
8 Índice 11 y 14, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00322 01
Demandante: Olga Isabel Quiñones
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
La señora Olga Isabel Quiñones aduce que el Tribunal Administrativo de Nariño
vulneró sus derechos al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas, al
acceso a la administración de justicia y a la seguridad social integral en conexión con
el régimen especial del magisterio, al revocar la sentencia que accedió a sus
pretensiones y, en consecuencia ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985, así mismo, incurrió en violación
directa de la Constitución en cuanto desconoció el principio de la non reformatio in
pejus, porque no tuvo en cuenta que actuó como apelante única.
Pues bien, se ha referido por la jurisprudencia del Consejo de Estado que el principio
de congruencia en las providencias se advierte desconocido cuando se incurre en lo
que la doctrina ha llamado: i) fallo «ultra petita», que consiste en reconocer un mayor
derecho que el invocado por el demandante; ii) fallo «extra petita», cuando se reconoce
un derecho que no ha sido reclamado o se efectúa por una causa diferente o deducida
de hechos no alegados; y c) fallo «minus petita», cuando se omite el pronunciamiento
sobre una de las pretensiones.9
No obstante, también ha señalado que el recurso extraordinario de revisión, en virtud
del numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), que prevé como causal de revisión la nulidad
originada en la sentencia, es procedente para cuestionar vicios de incongruencia, por
traducirse, esta circunstancia, en una vulneración del derecho fundamental al debido
proceso,10 ello, por cuanto la falta de congruencia de la sentencia «exige, de una parte,
que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva, lo que se denomina
congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga sea concordante con
lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición,
denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha
marcado la controversia en el proceso».11
9 Sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 20 de febrero de 2020, radicación 11001 03 15 000 2019 03861 01.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25,
sentencia del 28 de junio de 2021, radicación: 11001 03 15 000 2020 03697 00; sentencia del 20 de
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00322 01
Demandante: Olga Isabel Quiñones
De esta forma, se advierte que, dado el carácter subsidiario y residual de la acción de
tutela, no es la llamada, en principio, a dar solución al asunto de marras, ya que, dentro
de la instancia ordinaria, el legislador ha dispuesto de las herramientas adecuadas
para que el interesado pueda hacer valer sus derechos fundamentales. Así lo ha
referido, además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en forma reiterada
ha sostenido que cuando se alega la falta de congruencia de la sentencia, el recurso
extraordinario de revisión resulta idóneo y efectivo,12 a excepción de que la parte
actora argumente y justifique el por qué el medio de defensa judicial no provee una
protección integral en el asunto o se evidencie por parte del juzgador alguna
circunstancia que advierta la falta de eficacia e idoneidad del medio judicial para
contrarrestar la presunta violación de los derechos fundamentales.13
Sin embargo, de acuerdo con lo que se desprende del escrito de la acción de tutela se
logró establecer que, en el asunto sub judice, la accionante no expuso ningún
argumento tendiente a demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, y si bien
en esta instancia aduce que en razón de su edad es un sujeto de especial protección
e igualmente que no percibe ningún ingreso desde su desvinculación del servicio
docente el 20 de mayo de 2016, sobre este aspecto no allegó ni pidió pruebas para
demostrar su dicho; por consiguiente, no se evidencia en el asunto un menoscabo que
haga urgente e impostergable el amparo de los derechos fundamentales que permita
al juez constitucional pretermitir la subsidiariedad de la acción de tutela con el fin de
encontrar superado este requisito.
Por tanto, lo que procede entonces es poner a instancia del juez ordinario las
inconformidades narradas en esta acción constitucional, a efectos de que sea este el
que evalúe las circunstancias particulares de la accionante y determine si hay lugar a
conceder lo solicitado.
En tal sentido, se concluye que en la presente acción de tutela se configura la causal
de improcedencia contenida en el numeral 1 del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991,
que corresponde a la «existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales al
alcance».
agosto de 2021, radicación: 11001 03 15 000 2020 02925 00; sentencia del 31 de enero de 2022,
radicación: 11001 03 15 000 2020 03065 00.
12 Sentencia SU-157 de 2022.
13 Ibidem.
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00322 01
Demandante: Olga Isabel Quiñones
3. Conclusión
La Sala concluye que en el presente caso no se satisface el requisito de
subsidiariedad, en consecuencia, procederá a confirmar la sentencia de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud
de tutela impetrada por la señora Olga Isabel Quiñones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 22 de febrero de 2024, que dictó el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por la señora Olga Isabel Quiñones, conforme a la parte considerativa que
antecede.
Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Aclaración de voto Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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