Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00326-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00326-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00326-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
7 de marzo de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00326-00
Demandante: Ana Jazmín Rodríguez Rodríguez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00326-00
Demandante: ANA JAZMÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Demandados: COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y
COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL
VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso disciplinario adelantado a
funcionaria judicial en el que se incurrió en supuesto defecto
sustantivo. Requisito general de la relevancia constitucional cuando
se acude como instancia adicional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Ana Jazmín Rodríguez Rodríguez, quien actúa por
conducto de apoderado judicial, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, en la que pide
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad,
trabajo, mínimo vital, dignidad humana y de acceso a la administración de justicia,
los cuales considera vulnerados con las decisiones proferidas en el proceso
disciplinario adelantado en su contra radicado bajo el No. 76001-11-02-000-2015-
02096-00.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante sostuvo que por medio de oficio No. SCJ15-1260-1260 de 21 de
octubre de 2015, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca,
remitió queja disciplinaria en su contra a la entonces Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.
Mencionó que por auto de 28 de enero de 2016 (rad. No. 76001-11-02-000-2015-
02096-00), el mencionado despacho judicial abrió indagación preliminar en su
contra en calidad de Jueza Segunda Penal del Circuito de Buenaventura.
Indicó que a través de providencia de 29 de abril de 2019 se dispuso la apertura
de la investigación disciplinaria, derivada del nombramiento en provisionalidad en
el cargo de citador en su despacho.
Señaló por medio de auto de 30 de octubre de 2020, la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial Seccional del Valle del Cauca formuló pliego de cargos por el
“Presunto desconocimiento del artículo 132 de la Ley 270 de 1996 y del acuerdo PSAA13-
10038 de 2013, por nombrar al señor (…) en encargo, sin el lleno de los requisitos
previstos para el cargo de citador categoría circuito”.
1
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Demandante: Ana Jazmín Rodríguez Rodríguez
Afirmó que mediante sentencia de 26 de agosto de 2022, la Comisión Seccional
de Disciplinaria Judicial del Valle del Cauca le impuso sanción disciplinara de
suspensión en el cargo por el término de un (1) mes e inhabilidad especial por
treinta (30) días, por cuanto encontró probado que se desconoció el requisito de
experiencia relacionada que debía cumplir quien fue designado como citador del
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura, de conformidad con lo
previsto en el artículo 132 numerales 2 y 3 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.
Por último, manifestó que por fallo de 12 de diciembre del año 2023, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial confirmó la decisión de primera instancia.
2. Fundamentos de la acción
La demandante, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, presentó acción
de tutela en defensa de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
igualdad, trabajo, mínimo vital, dignidad humana y de acceso administración de
justicia, los cuales considera vulnerados con las sentencias de 12 de diciembre de
2023 y de 26 de agosto de 2022 proferidas, en ese orden, por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Valle del Cauca.
En primer lugar, hizo referencia a las causales genéricas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, indicando que conforme con el
artículo 5 de la Ley 2591 de 1991, el amparo constitucional procede contra toda
acción u omisión de las autoridades públicas que vulneren o amenacen derechos
fundamentales y puede acudirse a este como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Explicó que las decisiones emitidas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
en un proceso disciplinario tienen naturaleza de providencias judiciales “con la
fuerza y los efectos de que ello derivan, de manera que no pueden ser sometidas
al escrutinio de otra jurisdicción, salvo en sede constitucional y a través de la
acción de tutela”, siempre que se acrediten los requisitos dispuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 y en “sus distintos precedentes
jurisprudenciales sobre tutela contra providencia judicial”.
De otra parte, sostuvo que las actuaciones surtidas en el proceso disciplinario
carecen de fundamentación y “análisis hermenéutico jurídico de los ingredientes que
estructuran la responsabilidad disciplinaria”, pues las autoridades demandadas
realizaron una valoración objetiva del principio de culpabilidad, "situación que a
todas luces está proscrita en el ordenamiento jurídico de nuestro Estado Social y
Democrático de Derecho”, sin efectuar un desarrollo argumentativo sólido que
demostrara que cometió la supuesta falta disciplinaria endilgada y sin que se
probara la afectación del correcto y buen funcionamiento del despacho judicial con
el nombramiento bajo la modalidad de vinculación en provisionalidad temporal en
virtud de la incapacidad del titular del cargo y la necesidad de la prestación del
servicio, lo que vulnera su presunción de inocencia.
Mencionó que la Corte Constitucional en sentencia C-948 de 2002 “ha indicado que
sí bien es el incumplimiento del deber funcional lo que orienta la determinación de la
antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. No es
únicamente el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria,
sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial
de dicho deber” por lo que consideró que “el que se atente contra el buen
funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la
antijuridicidad de la conducta”.
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Expuso que “el haberse nombrado al servidor en mención sin que el mismo haya
contado con los dos (2) años de experiencia relacionada, como lo estatuye el Acuerdo No.
PSAA13-10038 de 2013, esto no afectó los principios que fundamentan el correcto
funcionamiento de la administración de justicia, principios que son: la eficacia, eficiencia y
celeridad, mismos que están consagrados en el artículo 209 superior de nuestra carta
magna”.
Insistió que las autoridades judiciales demandantes no tuvieron en cuenta los
argumentos presentados que desvirtuaban la supuesta conducta endilgada, pues,
en su concepto, debieron realizar un test de ponderación entre el deber funcional
de nombrar a una persona en el cargo de citador con los requisitos dispuestos en
el Acuerdo No. PSAA13-10038 de 2013 y que la prestación eficiente y eficaz del
servicio público de administración de justicia se viera afectada al no efectuar las
notificaciones y citaciones de las partes e intervinientes en el proceso penal, como
los procesados que están recluidos en establecimientos penitenciarios o en
detención domiciliaria, así como las notificaciones de las actuaciones de las
acciones de tutela.
Manifestó que las decisiones acusadas incurrieron en defecto sustantivo porque
se inaplicó la Constitución Política y las normas que establecen que era válido el
nombramiento que hizo para suplir las vacancias temporales del citador titular del
cargo, quien se encontraba incapacitado, pues la persona designada tenía los
conocimientos y las destrezas suficientes para desarrollar la función pública
porque se encontraba cursando cuarto semestre en investigación judicial, estaba
desarrollando sus prácticas específicas en el cargo de citador en el despacho
donde fue nombrado y había realizado las pasantías en el Establecimiento
Penitenciario de Buenaventura (INPEC). Además, desarrolló las labores de
manera eficiente y eficaz, pues el despacho judicial obtuvo estadísticas
satisfactorias en su rendimiento.
Señaló que para el nombramiento equiparó la formación académica por la
experiencia relacionada que exigía el Acuerdo PSAA13-10038 de 2013, teniendo
en cuenta “la equivalencia de estudio por experiencia, la confianza que se tuvo en el
servidor público y la alta carga laboral que presentaba el despacho, dado que citar de
forma indebida a una de las partes en los procesos o en las acciones constitucionales
podría generar nulidades y maniobras dilatorias injustificadas”.
Explicó que el juicio de adecuación de la tipicidad implica verificar que la conducta
examinada se ajuste a los elementos de una descripción típica y el juicio de
valoración de la licitud supone un análisis acerca “de si la conducta objeto de estudio
afecta el deber funcional sin justificación alguna, adicionando una calificación en torno a la
sustancialidad, es decir, a la relevancia de la falta no solo frente a la ley, sino de cara a
los principios que guían e instruyen la función pública contenidos en la Constitución
Política artículo 209, así como en la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo artículo 3º, y en la Ley 489 de 1998”, para
indicar que las autoridades demandas omitieron realizar el estudio de dichos
juicios.
Expresó que el empleado contaba con 21 años de edad por lo que en garantía de
los derechos fundamentales “tenía el deber de aplicar el principio de integración
de la ley en sentido formal y material frente a los requisitos señalados en el
Acuerdo PSAA13-10038 de 2013”, dado que el acuerdo contraría el artículo 196
de la Ley 1955 de 2019, relacionado con el principio de igualdad de oportunidad y
acceso al empleo público de la población joven del país y la sentencia a la
sentencia C-050 de 2021, que realizó el control constitucional de dicha
disposición.
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Por último, destacó que en el proceso hubo inexistencia de la conducta
disciplinaria dado que no se configuraron los principios de ilicitud sustancial y
culpabilidad.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
• “TUTELAR a favor de mi representada Dra. ANA JAZMIN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
Juez Segunda Penal del Circuito de Buenaventura del Departamento del Valle del
Cauca, los derechos fundamentales al Debido Proceso, Igualdad, dignidad humana,
mínimo vital y Acceso a la Administración de Justicia, ORDENÁNDO INVALIDAR o
NULITAR, todo el proceso disciplinario adelantado en su contra bajo el radicado 76-
001-11-02-000-2015-02096-00, a partir del auto de APERTURA DE INVESTIGACIÓN.
• Se declare la respectiva nulidad de la actuación disciplinaria, esto declarando nulo todo
lo actuado desde el auto que dio apertura a la investigación disciplinaria, el pliego de
cargos, los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia.
• Solicito se decrete la práctica del testimonio de la señora Juez Disciplinada.
• Solicitamos dar aplicación del precepto normativo dispuesto en el artículo 73 de la Ley
734 de 2002, esto relacionado en la terminación del proceso disciplinario que se dio
apertura en contra de mi defendida.
• Subsidiariamente, solicito se de aplicación a lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto
2591 lde 1991, decretando en el auto admisorio de tutela decretar medida provisional
que disponga la suspensión de los efectos de los fallos disciplinarios hasta tanto se
dicte fallo definitivo en sede tutela”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digital del expediente del proceso disciplinario adelantado contra la
Jueza Segunda Penal del Circuito de Buenaventura con radicado No. 76001-11-
02-000-2015-02096-01.
5. Trámite procesal
Inicialmente la demanda fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, que por auto de 18 de enero de 2024 dispuso remitir el
expediente al Consejo de Estado en virtud de las reglas administrativas de reparto
establecidas en el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, en tanto la accionante
acude en su condición de Jueza Segunda Penal del Circuito de Buenaventura.
Por auto de 30 de enero de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda y ordenó notificar al accionante, a las autoridades judiciales
accionadas y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
De igual modo, negó la medida provisional solicitada por cuanto de lo manifestado
en el escrito de tutela y el material probatorio allegado con la demanda, no se
encontró acreditada la necesidad, gravedad y urgencia de la adopción de la
medida provisional porque no se observó de manera preliminar un riesgo
inminente de afectación a los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante que ameritara la intervención necesaria y urgente del juez de tutela
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 159628 a 135931,
de 1 de febrero de 204, con el fin de notificar a las partes1.
1
La notificación fue enviada a los correos arodrigrod@cendoj.ramajudicial.gov.co, doctordeavila@gmail.com,
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co, presidencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co,
correspondencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co y ssdisvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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Demandante: Ana Jazmín Rodríguez Rodríguez
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Comisión Seccional de Disciplina del Valle del Cauca
El magistrado ponente de la decisión objetada solicitó que se declare la
improcedencia de la acción, por cuanto no se vulneraron los derechos
fundamentales alegados como desconocidos.
En primer lugar, señaló que gran parte de las circunstancias fácticas y jurídicas
que se argumentaron en el escrito de tutela fueron objeto de estudio en la
sentencia de 26 de agosto de 2022, porque a partir de la valoración y estudio de
las explicaciones rendidas por la actora y la totalidad de pruebas allegadas al
proceso disciplinario, concluyó que existió falta disciplinaria al nombrar a una
persona en el cargo de citador en provisionalidad, sin el cumplimiento de los
requisitos previstos en el Acuerdo No. PSAA13-10038 de 2013.
Afirmó que la accionante acude a la acción de tutela con la pretensión de revivir el
debate probatorio realizado en las dos instancias del proceso ordinario, sin que
demuestre la configuración de algún defecto sustancial o la vulneración de
derechos fundamentales, máxime si se tiene en cuenta que los fallos acusados
gozan de presunción de acierto y legalidad y se profirieron en el marco de los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial.
Sobre el reproche en torno al presunto cumplimiento de los requisitos para
efectuar el nombramiento en el cargo de citador, afirmó que la demandante
además de estimar que no se hizo el análisis de la ilicitud sustancial, presentó
alegaciones que fueron planteadas y estudiadas en las dos instancias del trámite
judicial, por lo que aseveró que se remite a lo argumentado en las decisiones
cuestionadas.
Por último, mencionó que no es posible remitir el proceso disciplinario con
radicado No. 2015-02096, porque no ha regresado de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.
6.2. Respuesta de la Comisión Nacional de Disciplinaria Judicial
La magistrada ponente de la sentencia cuestionada pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela porque carece del requisito de relevancia
constitucional, ya que la demandante acude a este mecanismo como una tercera
instancia de debate del proceso sancionatorio.
Mencionó que en las decisiones cuestionadas se abordó con suficiencia la
responsabilidad subjetiva que se derivó del nombramiento en provisionalidad en el
cargo de citador del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura a una
persona que no cumplía con el requisito de experiencia relacionada estipulado en
el Acuerdo PSAA13-10038 de 2013.
Sostuvo que contrario a lo alegado por la actora se configuraron los tres
elementos de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios judiciales, los
cuales fueron ponderados y motivados por la jurisdicción, por lo que consideró que
la acción de tutela se está usando como una tercera instancia con el fin de que se
evite la aplicación de la sanción disciplinaria impuesta.
Mencionó que los alegatos planteados en el proceso disciplinario y en el amparo
constitucional con los cuales la accionante pretende justificar la falta disciplinaria
con la necesidad de garantizar el servicio fueron resueltos con una debida
motivación, garantizando el debido proceso de la accionante, por lo que insistió
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Demandante: Ana Jazmín Rodríguez Rodríguez
por lo que darle curso a una nueva revisión de la actuación disciplinaria es reabrir
un debate que ya se encuentra agotado.
Por último, remitió el link habilitado para la consulta digital del proceso No. 76001-
11-02-000-2015-02096-01, a lo que se agrega que no se pronunció sobre los
hechos y las pretensiones de la acción de tutela.
7. Memorial allegado por la actora
La demandante solicitó que se vincule al Consejo Superior de la Judicatura como
litisconsorte necesario, al considerar que tiene competencia para reglamentar
mediante acuerdos los requisitos de los cargos en los despachos judiciales.
Mencionó que pide la vinculación “a fin de que conceptúe a partir de la hoja de vida del
empleado allegada al expediente disciplinario y las normas del primer empleo para los
jóvenes menores de 28 años de edad, sobre las equivalencias de requisitos, experiencia
relacionada”, porque “como le faltaba experiencia tuve en cuenta sus estudios y las
prácticas que había desarrollado de manera específica en el cargo de citador por el cual
fue nombrado en una incapacidad, por necesidad del servicio en el juzgado, pues por la
alta carga laboral y la complejidad de los casos en el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Buenaventura, consideré que se trataba de una persona idónea para desarrollar sus
funciones”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa
La accionante solicitó que se vinculara al Consejo Superior de la Judicatura como
litisconsorte necesario, al considerar que esa entidad tiene competencia para
reglamentar mediante acuerdos los requisitos de los cargos en los despachos
judiciales.
Refirió que pide la vinculación para que se conceptúe sobre la hoja de vida del
empleado que nombró en provisionalidad en el cargo de citador en el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Buenaventura, “con las normas de primer empleo
para los jóvenes menores de 28 años de edad”, con el fin de que se revisen las
equivalencias de requisitos de la experiencia relacionada.
Conforme con el artículo 61 del Código General del Proceso, norma aplicables en
sede de tutela por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, el
litisconsorte necesario procede “[c]uando el proceso verse sobre relaciones o actos
jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de
resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de
las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la
demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez,
en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes
falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia
dispuestos para el demandado. En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse
la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a
petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y
concederá a los citados el mismo término para que comparezcan”.
6
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Demandante: Ana Jazmín Rodríguez Rodríguez
La Corte Constitucional ha señalado que el litisconsorcio necesario se manifiesta
“cuando la relación de derecho sustancial sobre la cual ha de pronunciarse el juez está
integrada por una pluralidad de sujetos, bien sean activos o pasivos, en forma tal que no
es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos
individualmente considerados existan, sino que se presenta como una sola, única e
indivisible, respecto al conjunto de tales sujetos. En consecuencia, un pronunciamiento
del juez con alcance sobre la totalidad de la relación no puede producirse con la
intervención única de alguno o algunos de los unidos por aquélla, sino, necesariamente,
con la de todos y, solo así, queda correcta e íntegramente constituida, desde el punto de
vista subjetivo, la relación jurídico procesal, pudiendo el juez, en tal momento, hacer el
pronunciamiento de fondo solicitado” .
2
En ese sentido, el litisconsorte necesario se presenta cuando se deben integrar
todos los sujetos procesarles respecto de los cuales puede tener efectos una
decisión.
En el asunto bajo examen, la Sala estima que no es procedente la vinculación del
Consejo Superior de la Judicatura a este trámite constitucional, por cuanto el
debate se circunscribe a analizar, eventualmente, la constitucionalidad de las
decisiones judiciales proferidas en el marco de un proceso disciplinario, de allí que
no resulte necesario para el debate contar con algún concepto o pronunciamiento
sobre equivalencias para efectuar un nombramiento en provisionalidad en un
despacho judicial.
Así las cosas, se negará la solicitud de vinculación del Consejo Superior de la
Judicatura formulada por la demandante.
3. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, trabajo, mínimo
vital, dignidad humana y de acceso administración de justicia de la actora, con las
sentencias de 12 de diciembre de 2023 y 26 de agosto de 2022, respectivamente,
proferidas dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra por medio del
cual fue sancionada disciplinariamente con suspensión del cargo por el término de
un (1) mes e inhabilidad especial por treinta (30) días, por infringir el numeral 1°
del artículo 153 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, por efectuar un nombramiento
de citador del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura, sin que
cumpliera la totalidad de los requisitos, en concreto, con la experiencia
relacionada.
De manera previa, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, en tanto se trata de un presupuesto
objetivo de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, como
quiera que se evidencian similitudes con los argumentos planteados en el proceso
disciplinario.
4. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones3.
2
Corte Constitucional A156A de 2013.
3
Sentencia de 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Ana Jazmín Rodríguez Rodríguez
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
4
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
5
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01 M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
6
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. La señora Ana Jazmín Rodríguez Rodríguez, quien actúa por conducto de
apoderado judicial, ejerció acción de tutela por considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, trabajo, mínimo vital,
dignidad humana y de acceso administración de justicia con las sentencias de 12
de diciembre del año 2023 y 26 de agosto de 2022, proferidas por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Valle del Cauca, respectivamente, mediante las cuales se le impuso una sanción
disciplinara de suspensión del cargo por el término de un (1) mes e inhabilidad
especial por treinta (30) días.
Sostuvo que las autoridades judiciales demandantes no tuvieron en cuenta los
argumentos presentados que desvirtuaban la supuesta conducta endilgada, pues,
en su concepto, debieron realizar un “test de ponderación entre la colisión de deberes
funcionales que estuvieron en juego en la investigación disciplinaria que se llevó a cabo
en contra de mi defendida, es decir, a mi juicio y raciocinio el operador disciplinario debió
realizar un juicio de ponderación entre los deberes funcionales, esto referido al deber
funcional de nombrar al señor (…) con el lleno de requisitos dispuestos en el Acuerdo No.
PSAA13-10038 de 2013 o permitir que la prestación eficiente y eficaz del servicio público
de administración de justicia se viera menguada, dado que el no llevar a cabo la labor de
notificación y citación de las partes e intervinientes en el proceso penal, (procesados,
fiscales, defensores ministerio público, víctimas, testigos, peritos y demás), así mismo
de los procesados que están recluidos en el Establecimiento Penitenciario del Inpec, en el
Centro transitorio Carcelario de Marte, los que se encuentran el detención domiciliaria en
los distintos sectores del puerto de Buenaventura, y las notificaciones de las decisiones
constitucionales de tutela, tanto en primera como segunda instancia que tramita el
despacho del Juzgado Segundo (2) Penal del Circuito de Buenaventura, bajo la dirección
de la Dra. Ana Jazmín Rodríguez Rodríguez, todo esto con el fin constitucional y legal del
desarrollo de las audiencias y diligencias judiciales orales enmarcadas en el sistema
penal oral acusatorio”.
Sostuvo que en los fallos acusados se incurrió en defecto sustantivo, porque se
inaplicó la Constitución Política y las normas que establecen que era válido el
nombramiento que hizo para suplir las vacancias temporales del citador titular del
cargo, quien se encontraba incapacitado, pues la persona designada tenía los
conocimientos y las destrezas suficientes para desarrollar la función pública
porque se encontraba cursando cuarto semestre en investigación judicial, estaba
desarrollando sus prácticas específicas en el cargo de citador en el despacho
donde fue nombrado y había realizado las pasantías en el Establecimiento
Penitenciario de Buenaventura (INPEC). Además, realizó las labores de manera
eficiente y eficaz, pues el despacho judicial obtuvo estadísticas satisfactorias en su
rendimiento.
De igual forma, señaló que para el nombramiento equiparó la formación
académica por la experiencia relacionada que exigía el Acuerdo PSAA13-10038
de 2013, teniendo en cuenta “la equivalencia de estudio por experiencia, la confianza
que se tuvo en el servidor público y la alta carga laboral que presentaba el despacho,
dado que citar de forma indebida a una de las partes en los procesos o en las acciones
constitucionales podría generar nulidades y maniobras dilatorias injustificadas”.
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Por último, afirmó que las autoridades judiciales desconocieron que no se
analizaron los principios de ilicitud sustancial y culpabilidad, porque no se
configuró una conducta disciplinaria.
5.2. La Sala anticipa que declarara la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con
la intención de dar continuidad al debate legal superado en ambas instancias del
proceso disciplinario, relacionado con el nombramiento en provisionalidad en el
cargo de citador del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura sin
que este cumpliera con la totalidad de requisitos, en concreto con el de
experiencia relacionada estipulado en el Acuerdo PSAA13-10038 de 2013.
Por sentencia de 26 de agosto de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Valle del Cauca sancionó con suspensión por el término de un (1) mes
e inhabilidad especial por treinta (30) días a la demandante en su condición de
Jueza Segunda Penal del Circuito de Buenaventura, por incurrir en la infracción al
deber funcional previsto en el artículo 153 numeral 1° de la Ley Estatutaria 270 de
1996, del artículo 132 numerales 2° y 3° ibídem y del Acuerdo No. PSAA13-10038
de 2013, “falta calificada como grave a título de dolo”, con sustento en lo
siguiente:
“(…) la funcionaria desconoció las formas de provisión de cargos en la Rama Judicial, por
cuanto los nombramientos en encargo, deben cumplir con tres características: i.) Que la
necesidad del servicio lo exijan, ii.) que se realizan por un mes prorrogable hasta por un
periodo igual, y iii.) el encargo se efectúa a funcionario o empleado que se desempeñe
en propiedad.
En este asunto, el joven Juan Carlos Montaño, no se desempeñaba en ningún otro cargo
al interior del Despacho en propiedad, y la incapacidad, es decir la vacancia temporal,
superó el término de un mes con su respectiva prórroga, por lo que se hacía evidente,
que la única forma posible de provisión del cargo a la que podía acudir la disciplinable en
el marco de la ley estatutaria, era el de provisionalidad.
Sin embargo, la disciplinable desde la concepción misma de los actos administrativos,
acuñó en forma genérica y sin mayor argumentación, el término de necesidad del
servicio, para designar al señor Montaño Rodríguez, bajo la figura del encargo, tratando
de justificar con ello, la insuficiencia del empleado, frente al requisito de experiencia
exigido.
Así pues, para esta Corporación la conducta desplegada, fue consciente y voluntaria,
dado que pretendió la disciplinable, desde la consumación del primer acto administrativo,
justificar su conducta en la necesidad del servicio, empero, no resulta lógico, ni atendible,
que una Juez de la República, desconozca los postulados de la Ley 270 de 1996, así
como los límites y facultades que le otorga la norma en su calidad de nominadora.
Aunado a que como ya se dijo, la Dirección Seccional de Administración Judicial,
mediante oficio No. 15-4240 del 11 de septiembre de 201541, la puso sobre aviso,
respecto de la carencia del requisito de experiencia, pero la encartada persistió en su
intención de desatender su deber funcional, emitiendo dos resoluciones más, esto es, la
013 del 13 de octubre de 2015, y la 014 del 29 de octubre de esa anualidad”.
La parte actora apeló la anterior decisión, con base en las razones que a
continuación se exponen:
“La Sala de instancia menosprecia la motivación que exhibió la Juez ahora disciplinada en
las resoluciones de nombramiento del señor (…) relacionadas con la necesidad del servicio
y afirma que la misma no justifica de ninguna manera el desacato que se le imputa, sin
tener en cuenta la alta carga laboral del juzgado que se demostró con las estadísticas
allegadas la importancia de la labor de la citada duraría en el juzgado donde las
notificaciones para aquellos años -2015- se hacían de forma personal y directa a los sujetos
procesales (no por correo electrónico), al igual que las órdenes que se enviaban a la cárcel
para la concesión de beneficios o las citaciones de quienes como testigos debían concurrir
al juicio tal como lo dijeron, quienes bajo la gravedad de juramento, aportaron los que
conocieron de los hechos aquí investigados.
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Dicha labor, como es apenas obvio, no admite suspensiones o retardos, a menos que se
quiera menoscabar la eficacia de la administración de justicia, y tal fue así que la misma
Juez que, evidenciando la merma de capacidad laboral del citador en propiedad, lo instó a
la incapacidad para lograr, a través de otra persona, satisfacer, como era su deseo, una
administración de justicia ágil y oportuna, que no admitía, en las condiciones narradas por
los testigos, elaborar un proceso de selección de personal idóneo que satisfacer a todos y
cada uno de los requisitos del Acuerdo.
(…)
Se desprende de las manifestaciones de la disciplina, que la designación del señor (…) hoy
en el cargo de citador del Juzgado Segundo Penal del Circuito, hoy para suplir la vacante
transitoria surgida por las incapacidades del titular, tuvo como causa la necesidad de
satisfacer, sin interrupción, el servicio de administrar justicia, pues las funciones atribuidas
al cargo no podían suspenderse, sin causar desmedro en la misma en tanto a través de ella
se cumplían las citaciones a las audiencias y las demás diligencias del juzgado. Que no
reparó más que en la identidad del eventual reemplazo, qué conocía de antaño por haber
realizado las prácticas en la misma dependencia.
(…)
La exigibilidad como presupuesto de culpabilidad no puede fincarse, únicamente, en la
norma, caso en el cual estaríamos aplicando responsabilidad objetiva proscrita en nuestro
ordenamiento disciplinario, la exigibilidad es una consideración personal del autor, por ello
el deber aparece intrínsecamente relacionado con el “poder obrar” hoy cuando alguien está
obligado a obrar en determinado sentido, hoy para su responsabilidad disciplinaria, es
necesario que haya “podido” actuar en el sentido debido, hoy según las circunstancias de
autodeterminación.
(…)
Ahora bien, se dedujo DOLOSO su comportamiento, presumiéndose un conocimiento
previo de la norma, pero sin consideración alguna a la conciencia del proceder antijurídico
que resulta ser presupuesto indispensable para la dicha forma de culpabilidad, pues es lo
cierto que el DOLO debe probarse y tal demostración requiere de elementos idóneos
recogidos a lo largo de la investigación que digan, sin hesitación alguna, de un obrar
malicioso o malintencionado encaminado tecnológicamente a menoscabar la función y,
además que la disciplinada se disponga de manera voluntaria a ello, en virtud de su
autodeterminación libre sin coacción y de ello sí que no existe constancia en esta
investigación”.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en fallo de 12 de diciembre de 2023,
confirmó la sentencia de primera instancia, porque encontró probado que la
accionante en calidad de Jueza Segunda Penal del Circuito de Buenaventura
realizó un nombramiento y posesión del cargo del citador en el despacho, sin que
cumpliera los requisitos para desempeñarlo. La decisión tuvo por sustento:
“La provisión de los empleos judiciales en la Rama Judicial se encuentra regulada por los
Acuerdos expedidos por el hoy Consejo Superior de la Judicatura, entre ellos el Acuerdo
No. PSAA13-10038 de 2013 del 7 de noviembre de 2013 proferido por la entonces Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, así como por la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, que en suma contemplaron en concreto que a los nominadores
les es exigible la verificación del cumplimiento de los requisitos para los cargos que estén
bajo se dirección, así como el deber de abstenerse de permitir que quien no cumpla con los
mismos pueda desempeñar el empleo judicial reglado, luego el nombrar a personas que no
cumplen con los requisitos que dispuso el legislador y la máxima autoridad administrativa
del poder judicial implica afectar no solo la administración de justicia sino el Estado social
de derecho, pues las leyes están hechas para cumplirlas y su inobservancia atentan
directamente contra la legitimidad del Estado, en tanto se generan privilegios que no son
dables de otorgar por el simple hecho de la discrecionalidad, arbitrariedad y capricho del
nominador.
Si se miran bien los argumentos esgrimidos por la defensa de la encartada, todos y cada
uno de ellos quisieron hacer gala de la probidad del nombrado como si aquello fuese un
argumento válido para desconocer normas de orden público que no le son dables de
soslayar a ningún nominador y menos a un operador justicia, quien indudablemente tiene el
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deber de cumplir la Constitución y la ley como exigencia ineludible en el desarrollo de sus
funciones.
En segundo término, también se quiso justificar en el sancionatorio que la necesidad del
nombramiento se sustentó en el querer de la nominadora de darle oportunidad a los jóvenes
del puerto de Buenaventura y aunque aquello resulte loable, lo cierto es que respecto de
ese territorio en particular, el legislador y tampoco la autoridad administrativa de la Rama
Judicial establecieron requisito privilegiante alguno en favor de los nativos del referido
municipio, como se ha hecho por ejemplo en el caso de los funcionarios judiciales y
empleados que desempeñen sus labores en el archipiélago de San Andrés y Providencia,
luego esos criterios puramente arbitrarios y discrecionales atentan contra el principio de
igualdad y mérito que guía el acceso a los cargos de la administración pública, entre ellos
los de la Rama Judicial, con lo que salta evidente que la decisión arbitraria y caprichosa no
solo afectó la administración de justicia sino que nada justificó la decisión dolosa de
aparatarse de la exigencia contemplada para nombrar a cualquier ciudadano en el cargo de
citador del Juzgado 2° Penal del Circuito de Buenaventura.
En consecuencia salta evidente que la ilicitud sustancial fue de tal entidad que no se
incurrió en la conducta censurada por una única vez sino que fueron cuatro oportunidades
en las que la Juez deliberadamente y en franco desconocimiento de la ley decidió hacer
caso omiso a las normas de orden público que sabía debía cumplir, y caprichosa y
arbitrariamente le otorgó al señor Montaño Rodríguez la posibilidad de cumplir labores para
las que no cumplía con los requisitos, así como devengar salarios por el desempeño de un
cargo que se le debió permitir a quien en efecto cumpliera con lo requerido para el cargo de
citador del juzgado de categoría circuito y no a quien en efecto en cuatro oportunidades se
le entregó”.
5.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que si bien la accionante
aduce que se incurre en un defecto sustantivo, lo cierto es que el reproche
formulado está encaminado a indicar que no se analizaron los elementos que
configuran la falta disciplinaria (ilicitud sustancial y culpabilidad) porque el
nombramiento del citador del Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Buenaventura obedeció a la necesidad de prestar un buen servicio para suplir la
vacante del cargo, argumento que carece de relevancia constitucional para ser
estudiado por el juez de tutela, toda vez que fueron aspectos que se estudiaron el
curso del proceso disciplinario en sus dos instancias, en las que se concluyó que
la demandante incurrió a título de dolo en una falta disciplinaria.
En efecto, la Sala advierte que las autoridades judiciales demandadas estudiaron
las pruebas allegadas al proceso, se pronunciaron sobre la conducta realizada por
la demandante y concluyeron que se cometió una conducta típica e ilícita al
nombrar a una persona en el cargo de citador del Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Buenaventura, sin que cumpliera con el requisito de experiencia
exigido en el Acuerdo PSAA13- 10038 de 2013.
Cuestión diferente es que la actora al no estar de acuerdo con las decisiones del
proceso disciplinario presentara acción de tutela a partir de valoraciones o
consideraciones subjetivas con el fin de que se dicte una providencia acorde a sus
pretensiones, lo que conllevaría una incertidumbre inconveniente que
comprometería la seguridad jurídica y el valor de la cosa juzgada de las decisiones
judiciales y, a su vez, evidenciaría el hecho de que el mecanismo constitucional se
está utilizando como una instancia adicional, lo que desconoce el requisito de la
relevancia constitucional.
Lo anterior permite evidenciar que los reproches presentados en el proceso
disciplinario, coinciden con los alegados presentados en el escrito de tutela, por lo
que es claro que la intención de la accionante es utilizar la solicitud de amparo
como una instancia adicional insistiendo en el mismo debate litigioso relacionado
con el nombramiento del citador en el Juzgado Segundo Penal de Circuito de
Buenaventura, sin que se cumpliera la totalidad de los requisitos para desempeñar
el cargo, en concreto, el de experiencia relacionada.
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Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20197, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”8 (Negrilla y
resalta de la Sala)
En la sentencia SU-215 de 20229, recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe
limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los derechos fundamentales y
no a problemas de carácter legal”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la actora acudió a la acción de tutela
con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al
debido proceso, defensa, igualdad, trabajo, mínimo vital, dignidad humana y de
acceso administración de justicia, en este caso, a la manera de una instancia
adicional, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de impugnación
presentado en el marco de la acción disciplinaria relacionados con el
nombramiento en provisionalidad en el cargo de citador del Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Buenaventura, sin que este cumpliera con el requisito de
experiencia estipulado en el Acuerdo PSAA13- 10038 de 2013.
Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por
no cumplir el presupuesto de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGASE la solicitud de vinculación del Consejo Superior de la
Judicatura formulada por la parte actora.
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Ana Jazmín Rodríguez Rodríguez, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, por las razones
aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
7
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
8
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
9
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Demandante: Ana Jazmín Rodríguez Rodríguez
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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