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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00332-00

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00332-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte 24 Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00 Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00332-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

22 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) mínimo vital, iii)
trabajo y iv) salud

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Nilson Eduardo Hernández
Padilla contra el Tribunal Administrativo del Atlántico.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 21 de abril

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folio 80 del documento denominado “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf)
NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
080013333010202100259-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, a través del Decreto núm. 475 de 4 de diciembre de 2019 fue
vinculado en provisionalidad en una vacante definitiva para ejercer el cargo de
docente del Área Técnica de Cultura Física, Recreación y Deportes en la Institución
Educativa Francisco José de Caldas, y que tomó posesión del cargo mediante Acta
de posesión núm. 215 de 2019.

4. Señaló que, la Secretaría de Educación del Municipio de Soledad – Atlántico,
a través de la Resolución núm. 093 de 10 de mayo de 2021, declaró insubsistente
al actor por no cumplir con “[…] el perfil del cargo docente vinculado […]” y porque
“[…] no existe necesidad del cargo […]”.

5. Advirtió que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Municipio de Soledad – Atlántico, con el fin
de que: i) se declarara la nulidad de la Resolución núm. 093 de 10 de mayo de
2021; y ii) a título de restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro sin solución
de continuidad al cargo como docente de dicha área técnica, como también, el
pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.

6. Adujo que, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla,
mediante sentencia de 28 de octubre de 2022, resolvió acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

7. Manifestó que, el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia
de 21 de abril de 2023, resolvió:

3

Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

“[…] PRIMERO: CONFÍRMASE la decisión proferida por el Juzgado Décimo
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla en providencia del veintiocho (28) de
octubre de 2022, mediante la cual se concedieron parcialmente las súplicas de la
demanda, de conformidad con las argumentaciones expuestas en la parte
considerativa del presente proveído […]”.

7.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Es claro para la Sala como la administración del municipio de Soledad - Atlántico
se ha arrogado atribuciones jurisdiccionales, proscritas de su competencia
constitucional y normativa pues, a través de una “actuación administrativa” concluyó
con la recomendación de terminar la vinculación del aquí accionante, lo cual derivó
en su declaratoria de insubsistencia, lo que implícitamente significó la revocatoria de
su propio acto, cuestionando y fijando un preciso criterio en torno a su supuesta
ilegalidad, desconociendo el reglado procedimiento previsto por el ordenamiento
jurídico para tal efecto.

Ahora, se tiene que la parte actora al argumentar el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión de primera instancia señala que el juzgado de primera instancia
no realizó análisis alguno sobre la pretensión relativa al reintegro sin solución de
continuidad de la (sic) demandante, pese a haber realizado un amplio estudio sobre
la legalidad de los actos acusados, declarando su nulidad correctamente […]”.

[…]

“[…] sobre el particular, como bien lo advirtió el operador judicial de primera
instancia, de acuerdo con el oficio No. 2019-EE-19454 del 28 de noviembre de 2019,
el Director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación
Nacional, indicó que la oficina Asesora de Planeación y Finanzas de dicha cartera,
emitió viabilidad financiera para la planta de cargos temporales en el municipio de
Soledad, por lo que se determinó la necesidad de prorrogar y/o modificar la planta
actual para la vigencia 2020, en 31 cargos temporales que podían ser utilizados por
la administración, para vincular mediante nombramiento a docentes que no cuenten
con derechos de carrera y que se desempeñarán como tutores del Programa Todos
a Aprender. Por lo tanto, el nombramiento que se hizo al actor en efecto le generó a
su favor una situación jurídica particular y concreta, que debía ser respetada por la
administración […]”.

[…]

“[…] así las cosas, es claro para la Sala que el nombramiento temporal de la aquí
accionante, señor Nilson Eduardo Hernández Padilla, en el cargo de docente de área
técnica de CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES, al servicio de la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, contaba con la
viabilidad financiera para la vigencia 2020, financiado con recursos del Sistema
General de Participaciones, para el período que comprende desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Por lo tanto, la decisión del juez de primera instancia de ordenar al municipio de
Soledad – Atlántico, a título de restablecimiento del derecho, reconocer y pagar al
aquí accionante los salarios y prestaciones sociales desde el momento de la
posesión en el cargo, hasta el 31 de diciembre de 2020, negándose el reintegro, es
correcta conforme la anterior argumentación […]”.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] ➢ Tutelar a favor de mi poderdante, el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO
PROCESO, AL MÍNIMO VITAL Y AL TRABAJO. Ya que, estos derechos
consagrados en la Constitución Política en los artículos 25, 29, 53, 334 y en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 23, numeral 1 y 3;
artículo 25, numeral 1; han sido vulnerados por la corporación judicial accionada
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico- Despacho 003- Sala de
Decisión Oral- Sección B.

➢ Como consecuencia de la decisión anterior, ordenar a la accionada, que emita
decisión en la cual se reintegre al accionante en el cargo al que fue nombrado y
debidamente posicionado por el alcalde del municipio de Soledad a través de la
Secretaría de Educación del municipio.

➢ Así mismo, ordenar a la accionada, pronunciarse sobre el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir desde la expedición del acto administrativo
que declara insubsistente al accionante, la Resolución No. 093 de 10 de mayo de
2021, hasta el momento de su reintegro.

➢ Tutelar a favor de mi poderdante, el DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD,
consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política, que ha sido vulnerado por la
corporación judicial accionada Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Atlántico- Despacho 003- Sala de Decisión Oral- Sección B. […]”.

9. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló lo siguiente:

“[…] La presente acción de tutela no se circunscribe a un mero debate de legalidad,
puesto que, se observa que el magistrado accionado incurrió en un yerro al
interpretar que mi mandante estaba adscrito al programa del Ministerio de Educación
Nacional y por tanto sólo podía trabajar en el año lectivo 2020; situación la cual, le
impide disfrutar o gozar de su derecho al trabajo, y como consecuencia de ello,
también se ha visto afectado su derecho al mínimo vital, para tener una vida digna,
y su derecho a la salud, porque los hechos descritos le ha causado ansiedad y
depresión, ya que no ha podido solucionar su situación laboral y poder generar
ingresos para él y su familia […]”.

[…]

“[…] Así mismo, también se ha visto vulnerado su derecho al debido proceso, al no
ser debidamente estudiado el último recurso al cuál podía acudir, por interpretarse
errónea y arbitrariamente la evidencia presentada y omitir que el accionante fue
nombrado en provisionalidad y que no mencionó en ningún momento que está
adscrito al programa del Ministerio de Educación Nacional Todos a Aprender; por
tanto, su vigencia laboral no es exclusiva al año 2020, así que, tiene derecho a que
se le reintegre laboralmente porque no ha concurrido ninguna causal para terminar
el nombramiento en provisionalidad.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

Además, se observa que el magistrado accionado no aprecio la verdadera
naturaleza jurídica del nombramiento de mi apoderado y lo que conlleva consigo un
nombramiento en provisionalidad y la normativa dispuesta para terminar el mismo;
así como tampoco hubo congruencia entre lo pedido y lo fallado por el magistrado,
teniendo en cuenta que se pronunció sobre una supuesta situación laboral de mi
prohijado que es completamente diferente al nombramiento en provisionalidad y
omitió dictar en su providencia lo referente al reintegro, que hace parte del
restablecimiento del derecho solicitado. Lo anterior se constituye como una actividad
arbitraria y violatoria del derecho al debido proceso por parte del magistrado
accionado, partiendo de lo establecido por la sentencia T- 105/2023, la cual indica
que las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho iniciadas ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se rigen por la formalidad y por la regla
de la justicia rogada. Por su parte, la acción de tutela se rige, en contraposición, por
el principio de informalidad y permite la adopción de fallos extra y ultra petita […]”.

[…]

“[…] Se observa que la parte accionada incurrió en los siguientes defectos
específicos, a saber, defecto fáctico y error inducido […]”.

[…]

“[…] Entonces, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error
en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión…”
(T590/2009). Y de la situación descrita en los párrafos anteriores se observa que, la
autoridad judicial accionada, por no estudiar debidamente el nombramiento en
provisionalidad de mi mandante, afecto (sic) ostensible y directamente en la decisión
que compete a su reintegro, elemento indispensable que surge ante la consecuencia
de haber anulado el acto administrativo controvertido que lo declara insubsistente
para el cargo, puesto que, esto indica que las cosas vuelven al estado previo a la
actuación ilegal de la administración […]”.

[…]

“[…] La interpretación arbitraria mencionada anteriormente no tiene lugar sin el
pronunciamiento del juez a quo, el cual, en primera instancia, establece una relación
inexistente entre el accionante y el programa del Ministerio de Educación Nacional;
y por ello, se configura un error inducido, partiendo del hecho de que el error en la
interpretación lo trasmite el juez de primera instancia, el Juzgado Décimo
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla […]”.

[…]

“[…] De lo previamente citado es necesario connotar que dentro del núcleo esencial
del derecho al trabajo se encuentra la facultad para desarrollar la labor remunerada
a la que se ha de dedicar una persona, respecto a esto, es menester mencionar que
mi mandante le fue negada esta facultad desde un inicio, porque, desde que fue
nombrado y posesionado, al dirigirse a ocupar el cargo de docente, no le impartieron
las cargas académicas que ello implica, y con ocasión de la sentencia controvertida,
tampoco lo ha podido ejercer, ya que omitieron pronunciarse debidamente sobre su
derecho al reintegro, lo que, en suma, le ha impedido el goce de su derecho
fundamental al trabajo de forma injustificada […]”.

[…]

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Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

“[…] Lo anteriormente mencionado destaca la importancia del mínimo vital, porque
es el que permite la financiación o el acceso a la alimentación, vivienda, servicios
públicos, mediante la porción de ingresos que tiene todo trabajador; para el caso de
mi mandante, él no cuenta con esa porción de ingreso, mucho menos su familia, a
la cual, no ha podido encargarse de proveer sus necesidades. La satisfacción del
mínimo vital también implica el desarrollo del proyecto de vida, para que el individuo
pueda tener una vida digna en sociedad, y a mi poderdante y a su familia se le ha
impedido el goce de una vida digna, puesto que, se le ha obstaculizado el libre
disfrute de su derecho al trabajo, y consigo, el bienestar que provee el mínimo vital,
necesario, para su sustento diario […]”.

[…]

“[…] De lo ya expresado, cabe destacar que la accionada con su actuar no ha
contribuido, conforme a los hechos ocurridos, que mi poderdante tenga el más alto
nivel posible de salud mental, puesto que, ante la frustración de no poder trabajar
por causas ajenas a su voluntad y generar ingresos para él y su familia le ha
generado ansiedad y depresión que ya han sido diagnosticadas; por tanto, se ve
reflejado una flagrante vulneración de su derecho a la salud ante la imposibilidad de
disfrute del mismo […]”.

Actuación

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 29 de enero de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Atlántico; y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, al Juzgado
Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y al Municipio de Soledad – Atlántico, concediéndoles el
término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

11. El Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó i) declarar la improcedencia
de la acción de tutela, o ii) negar la solicitud de amparo, al considerar que:

“[…] De acuerdo con la relación fáctica expuesta en la demanda, puede concluirse
que, en cuanto al defecto que se achaca por el accionante en la tutela al fallo proferido
en segunda instancia por esta corporación, sus censuras resultan inadmisibles por no
ser este el escenario natural para tal debate, ya que en modo alguno puede pretender
convertir esta acción constitucional en una tercera instancia, pues lo que se pretende
en sede de tutela es que el H. Consejo de Estado emita un juicio jurídico, más no
constitucional, del asunto materia de discusión en el medio de control antes
identificado, lo cual resultaría contrario a la naturaleza propia de esta acción
constitucional […]”.

[…]

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Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

“[…] 1. El suscrito Magistrado manifiesta, que la decisión proferida por esta
Corporación y atacada por vía constitucional no transgrede ningún precedente
judicial, tampoco se incurrió en ningún defecto para la procedibilidad de la acción de
tutela contra sentencia judicial, ni por causales genéricas, ni específicas. Contrario
sensu, se fundamentó en la línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente a la
estabilidad del empleado vinculado con carácter provisional y su retiro,
principalmente, por las siguientes sentencias: T 326 de 2014, SU 917 de 2010, T-136
de 2019, T-1022 de 2008, T-007 de 2008 […]”.

12. El Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla solicitó
i) declarar la improcedencia de la acción de tutela, o en su defecto, i) negar las
pretensiones de la solicitud de amparo, por las siguientes razones:

“[…] Así las cosas, no puede pretender el accionante cuestionar hoy por vía de tutela,
la decisión judicial de este Despacho, que se encuentra confirmada y debidamente
ejecutoriada y con efectos de cosa juzgada, pues en ese momento el análisis
normativo y jurisprudencial llevó al juez de primera instancia a negar las pretensiones
de la demanda, tesis que fue sometida a control en sede de apelación frente al
superior, quien en virtud de su interpretación confirmó la decisión emitida por este
Despacho Judicial, razón por la cual no es dable que el accionante, pretenda convertir
la acción de tutela en una tercera instancia de pronunciamiento frente a trámites
ordinarios, que como en el caso presente, ha estado revestido de la totalidad de las
garantías para las partes […]”.

13. El Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar improcedente la acción
de tutela, al afirmar que:

“[…] Al respecto, este ministerio sostiene la tesis de que la providencia judicial
atacada no puede ser excluida del ordenamiento jurídico por la vía de la tutela puesto
que pretender que el Consejo de Estado resuelva de fondo la cuestión que le
competía a la jurisdicción natural, desconocería su independencia y autonomía
judicial, así como la presunción de acierto y legalidad que acompaña la providencia.

El descontento de la parte accionante respecto de la decisión que no reconoció sus
pretensiones no puede servir de base para abrir la puerta a que la jurisdicción
constitucional actúe en reemplazo del juez natural de la causa […]”.

14. El Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla allegó el
expediente digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 080013333010202100259-01.

15. El Municipio de Soledad - Atlántico guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

18. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto,
es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional.

19. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al mínimo vital; v); marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al trabajo vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la salud; procediendo posteriormente a vii) resolver el caso concreto,
adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

21. Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.

8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

Acerca del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

27. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201410, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [14].

10 Ut supra página 6.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15].
Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de
aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente
cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por
ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al
debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor
legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [16].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).

[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

28. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado18:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”19

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”20
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

29. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales,
y esa presunta afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal y
económico, ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una

18 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
20 Ibidem.

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carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se
demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal
adicional.

30. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202221 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda

21 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

31. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y

22 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital

33. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los
convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que,
siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

34. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho23:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de los
ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus
necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los
servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya
titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor
fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el efectivo
goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto salvaguarda
de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El reconocimiento del
derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el concepto de dignidad humana,
pues es claro que la carencia de las condiciones materiales mínimas necesarias para
garantizar la subsistencia del individuo, comporta la negación de la dignidad que le es
inherente. Igualmente, este derecho se proyecta en otros derechos fundamentales
como la vida (Art. 11 C.P.), la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad
social (Art. 48 C.P.). De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de
las garantías de mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

23 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo

35. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas […]”.

36. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente24:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho y
como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho al
trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad jurídica;
un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a través de
él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su perfeccionamiento.
Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir dignamente, pues es con
el trabajo que se proporciona los medios indispensables para su congrua subsistencia
y además desarrolla su potencial creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al
trabajo es la actividad que lo pone en contacto productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja en
la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de protección
subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el ejercicio legislativo
(artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la responsabilidad del Estado en la
promoción de políticas de pleno empleo (artículo 334) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud

37. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201525 sobre el derecho
fundamental a la salud.

38. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional26, ha definido este
derecho como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad
orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de

24 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
25 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y
funcional de su ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de
oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de
integralidad.

Análisis del caso concreto

39. El actor, a través de apoderado27, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 21 de abril
de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
080013333010202100259-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

40. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

41. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

43. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

27 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folio 80 del documento denominado “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf)
NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

único de radicación 080013333010202100259-01.

Solución del caso concreto

44. Analizado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala considera
que el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de aquellos que la
jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional,
toda vez que, tanto en la i) solicitud de la acción de tutela, como en el ii) respectivo
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida
por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, el 28 de
octubre de 2022, el actor reiteró los argumentos jurídicos, utilizando el mecanismo
de amparo como una tercera instancia. En ese orden de ideas, se evidencia que el
actor plantea una afectación de derechos fundamentales que tiene su origen en
últimas en un debate estrictamente normativo, el cual ya fue expuesto dentro del
proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y fue
decidido por el juez natural de la causa, tal como se observa en la siguiente tabla:

ACCIÓN DE TUTELA28 RECURSO DE APELACIÓN29
“[…] De lo cual se deduce que, todo proceso “[…] Pues bien, al ser declarados nulos los
contencioso de anulación se garantiza el actos acusados a través de los que se declaró
principio de legalidad, el funcionamiento del insubsistente del cargo docente al
Estado Social de Derecho y salvaguarda la demandante, la consecuencia jurídica
integridad jurídica; además, tiene efecto erga directa y lógica de tal determinación, es el
omnes y en el caso de mi poderdante, reintegro sin solución de continuidad al
concurre la nulidad del acto que lo declara cargo que estaba ocupando al servicio de
insubsistente para el cargo, lo que tiene efecto la demandada, debido a que se restituye la
para todos. Así mismo, se indica que, situación al estado anterior a la expedición
independientemente de que el de dichos actos, además, teniendo en cuenta
restablecimiento del derecho sea de una que el demandante se encontraba vinculado al
situación particular, el juez constitucional debe cargo docente en provisionalidad en una
estudiarlo para preservar el funcionamiento vacante definitiva, resulta materialmente
del Estado Social de Derecho y proteger la procedente el reintegro teniendo en cuenta
integridad jurídica no sólo de mi mandante que: i) el cargo del que fue despojado
sino, de toda persona que acuda al medio de ilegalmente mi prohijado se encuentra en
control de nulidad y restablecimiento del vacancia definitiva y, ii) el cargo no ha sido
derecho para que en la providencia de dicho provisto a través del concurso de méritos, no
proceso sea juzgado conforme a las reglas de existiendo empleados de carrera con
derecho establecidas y reconocidas expectativa respecto de dicho empleo […]”.
constitucionalmente para este medio; por
ejemplo, la restitución de la situación del […]
demandante a su estado original […]”.
“[…] Entonces, teniendo en cuenta los
[…] parámetros jurisprudenciales citados
anteriormente, se reafirma el argumento de
“[…] La corporación judicial accionada al que la consecuencia jurídica lógica y directa,
estudiar la prueba llegó a una conclusión por de la declaratoria de nulidad de los actos que

28 Transcripción literal del texto.
29 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

completo equivocada, puesto que, al analizar desvinculan a un empleado público, es el
los elementos probatorios aportados con la reintegro al cargo que venía desempeñando
demanda deduce finalmente que mi sin solución de continuidad, respetando los
prohijado no tiene derecho al reintegro, demás derechos producto de la relación
bajo una interpretación completamente laboral interrumpida indebidamente, por lo
arbitraria, a saber, que el señor Nilson tanto, al haber sido declarada la nulidad de los
Hernández hacía parte del programa Todos a actos acusados que concretaron la
Aprender antes mencionado y por ello su desvinculación de la demandante, es
vinculación laboral como docente sólo tenía procedente que se ordene su reintegro sin
vigencia para el año 2020; lo que conlleva a solución de continuidad al cargo que venía
una flagrante irregularidad en el juicio ocupando, por encontrarse probado dentro
valorativo de la prueba, porque, sin esa del proceso, que este se encuentra vacante,
valoración errónea que se le dio a las pruebas hechos respecto de los cuales el juzgado de
aportadas, no habría sustento fáctico ni primer grado no realizó análisis alguno, lo que
normativo por el cual negar el reintegro laboral, sustenta lo pedido para que sea adicionada la
como consecuencia de haber declarado nulo sentencia de primer grado, en el sentido de
el acto administrativo que declara incluir la condena donde se ordene el reintegro
insubsistente a mi mandante; sobre todo, de la demandante, sin solución de continuidad,
teniendo en cuenta que a mi prohijado se le en el cargo de docente de área técnica al que
deben de aplicar los efectos que conlleva el se encontraba vinculada […]”.
poseer un nombramiento en provisionalidad
legal y vigente, más no un nombramiento […]
temporal, conforme a la evidencia allegada al
proceso correspondiente a la copia del “[…] Tal como se expuso en precedencia, la
Decreto mediante el cual lo nombran en declaratoria de nulidad de los actos acusados
provisionalidad y el acta de posesión, que concretaron el retiro del servicio de mi
emanadas por la Secretaría de Educación de prohijada de manera ilegal, trae consigo el
Soledad […]”. hecho de que se restituya la situación en
que se encontraba esta hasta la expedición
[…] del acto ilegal anulado, es decir, como si
estos actos nunca hubiesen nacido a la
“[…] Y de la situación descrita en los párrafos vida jurídica […]”.
anteriores se observa que, la autoridad
judicial accionada, por no estudiar […]
debidamente el nombramiento en
provisionalidad de mi mandante, afecto “[…] Bajo tal afirmación se deja en claro que la
ostensible y directamente en la decisión decisión de anular los actos que retiran del
que compete a su reintegro, elemento servicio a un empleado en provisionalidad,
indispensable que surge ante la significa que se restituye a la situación anterior
consecuencia de haber anulado el acto a la expedición de estos actos, garantizando
administrativo controvertido que lo declara sus derechos laborales tal como si nunca se
insubsistente para el cargo, puesto que, hubiese suspendido su actividad y vínculo-
esto indica que las cosas vuelven al estado nombramiento y acta de posesión- con la
previo a la actuación ilegal de la entidad estatal […]”. (Resaltado por la Sala)
administración […]”.

[…]

“[…] Y hay que destacar, que dichos requisitos
se cumplen en el presente amparo deprecado
porque la decisión judicial de la corporación
judicial accionada está basada en la
apreciación de un hecho inexistente, lo que
produce como consecuencia la violación del
derecho al debido proceso de mi prohijado,
porque, no le permite tener una decisión
adecuada completamente a derecho y por ello
sólo se accede parcialmente a sus
pretensiones quitándole el derecho adquirido
por el nombramiento, posesión y declaración
de nulidad del acto que lo declara

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Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

insubsistente, de reintegrarse
laboralmente […]”. (Resaltado por la Sala)

45. En ese orden de ideas, para la Sala en el caso sub examine, no se acredita
el cumplimiento del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional,
toda vez que, como ya se indicó, el actor tanto en su escrito de tutela, como en su
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida
por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, el 28 de
octubre de 2022, reiteró los argumentos jurídicos, utilizando el mecanismo de
amparo como una tercera instancia, esto es, que en el caso concreto se le
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo
y a la salud como consecuencia de que, la autoridad judicial accionada no reintegró
al actor al cargo que venía desempeñando, “[…] cuando, tiene derecho de forma
subsecuente por haberse declarado nulo el acto administrativo que lo declara
insubsistente […].

46. Además, la Sala debe hacer énfasis, que dichos argumentos jurídicos se
tuvieron en cuenta en la respectiva providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, el 21 de abril de 2023, por lo que la acción de tutela no
puede convertirse en una tercera instancia para reabrir controversias jurídicas que
fueron debidamente estudiadas y debatidas al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

47. Como quedó expuesto, el actor plantea una afectación de los derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo y a la salud que tiene
su origen en últimas en un debate estrictamente normativo, el cual ya fue expuesto
dentro del proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional. Al respecto, la
Corte Constitucional30 ha considerado:

“[…] Tampoco entrará la Sala, pues no es la vía de protección ius fundamental más
respetuosa de los principios de independencia y autonomía judicial de la que hoy

30 Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 11 de julio 2018, M.P Carlos Bernal Pulido.

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dispone, a determinar cuál de las tesis jurisprudenciales esgrimidas es la que más se
ajusta a la Constitución y los derechos fundamentales.

Y no lo hará porque esa tarea corresponde, en primerísima medida, como ya fue
expresado líneas arriba, al juez civil ordinario, en este caso, a la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá. Es esa autoridad la que está llamada a analizar los
aspectos de relevancia constitucional que se aprecian en el debate puesto sobre la
mesa y, si es del caso, aplicar directamente la Constitución. Y es, por supuesto, en
armonía con esa misma condición, que debe decidir el litigio promovido por la
representación judicial de la señora Mariela Caballero […]”.

48. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de la relevancia constitucional. A juicio del máximo
Tribunal de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la
“[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

49. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte
en la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por el actor no
gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo
que se agrega que el actor no justificó el motivo por el cual dicha decisión constituye
una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

50. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien el actor aduce que fueron
desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al
trabajo y a la salud lo cierto es que no existe una mayor explicación acerca de las
razones por las cuales se afectó, en forma desproporcionada, el núcleo esencial de
los derechos fundamentales del actor con ocasión de la sentencia de 21 de abril de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

51. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

52. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, se reintegre al actor al cargo de docente del Área
Técnica de Cultura Física, Recreación y Deportes en la Institución Educativa
Francisco José de Caldas sin que de esta discusión se pueda evidenciar una clara
trascendencia o relevancia constitucional.

53. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
el actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, al
mínimo vital, al trabajo y a la salud, esa presunta afectación tiene su origen en un
debate estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

54. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela que presentó el actor contra la autoridad judicial accionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó el
actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte

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Núm. único de radicación: 110010315000202400332-00
Actor: Nilson Eduardo Hernández Padilla

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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