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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00334-01

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00334-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 19 de febrero de 2024 proferida la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00334-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00334-01
Accionante: Eugenio Arrechea Caicedo y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia. Cumplimiento del requisito de inmediatez.

Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia que determinó que no se
cumplió con el requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 19 de
febrero de 2024 proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado mediante la cual rechazó por improcedente la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

Los señores Eugenio Arrechea Caicedo, Brayan Arrechea Moroy, Jairo Antonio
Arrechea Caicedo, Aura Eugenia Arrechea Caicedo y María Isabel Ortiz Caicedo
interpusieron acción de tutela contra la sentencia proferida el 20 de junio de 2023
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso de
reparación directa adelantado contra la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, que se siguió bajo
el radicado 76001-23-31-000-2012-00115-01.

2.1. Hechos

El señor Eugenio Arrechea Caicedo fue capturado el 20 de mayo de 2008
mientras se dirigía hacia Buenaventura en un taxi en el que transportaba veinte
envases de una sustancia denominada Muriatón, que dentro de sus compuestos
contiene ácido clorhídrico, motivo por el cual fue capturado y se le impuso medida
de aseguramiento.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00334-01
Accionante: Eugenio Arrechea Caicedo y otros

El 14 de abril de 2009 fue condenado a una pena de 96 meses de prisión, al pago
de la suma equivalente a $2.666,66 salarios mínimos y accesoriamente se le
impuso la inhabilidad para ejercer cargos públicos por un lapso igual al de la pena
de prisión.

El 2 de octubre de 2009 el Tribunal Superior de Cali revocó la decisión de primera
instancia y en su lugar absolvió al señor Arrechea Caicedo en aplicación del
principio de in dubio pro reo.

Por esta razón inició un proceso de reparación directa por la privación injusta de
su libertad, que fue conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo
del Valle del cauca, que en sentencia del 26 de marzo de 2015 accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.

La Rama Judicial apeló la anterior decisión, y mediante sentencia del 20 de junio
de 2023 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A revocó la decisión
de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.

2.2. Fundamento jurídico

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado del señor Eugenio
Arrechea invocó la configuración de un defecto fáctico por la valoración arbitraria
de las pruebas del proceso.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«1.Solicito a su Señoría que mediante la presente Acción de Tutela se
Ampare los Derechos Fundamentales de: El debido proceso; en razón a
Defecto factico, al considerar que los Elementos en Material Probatorio y
Evidencias Físicas, que existían en el momento de la solicitud de medida
de aseguramiento presentada por la fiscalía, podían servir para imponer la
medida privativa de la libertad, cuando desde la Genesis la Fiscalía asumió
Solicitar la Medida De restringir la Libertad del Señor EUGENIO
ARRECHEA CAICEDO solo a partir de presentar un equivocado análisis
preliminar de la sustancia hallada en el vehículo conducido por el sindicado
EUGENIO ARRECHEA CAICEDO, pues omitió determinar su densidad,
aspecto necesario para establecer si su transporte era restringido sumado
ello al Desconocimiento del Precedente Jurisprudencial; a la Igualdad;
acceso a la Administración de justicia entre otros, por incurrir el
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A, en su
decisión de REVOCAR la Sentencia del TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA SALA DE
DESCONGESTION. Radicado: 76001-23-31-000-2012-00115-00, en
Defecto Factico y Material en Razón a la Violación de los Precedentes
Jurisprudenciales, al igual que la aplicación del Bloque de
Constitucionalidad, desconociendo desde luego parámetros establecidos

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00334-01
Accionante: Eugenio Arrechea Caicedo y otros

en la Convencionalidad en virtud a Tratados ratificados por el Estado
Colombiano;

2. FRUTO de lo Anterior, solicito al Honorable Juez Constitucional dejar sin
efecto la Sentencia de fecha 20 de Junio de 2023, Expedida por el
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A, y que a su
vez Revoco la Sentencia de Primera Instancia y negó las Pretensiones
inicialmente Concedidas, Magistrado Ponente Dr. MARTA NUBIA
VELÁSQUEZ RICO Radicado No. 76001-23-31-000-2012-00115-01. 3.
Que se Ordene al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN A, que en un término prudencial profiera una nueva
sentencia, dicha sentencia deberá garantizar los Derechos fundamentales
invocados por mi poderdante señor EUGENIO ARRECHEA CAICEDO Y
OTROS, esto es: El debido proceso; defecto factico, al considerar
erróneamente que existían elementos con vocación probatoria para que la
Fiscalía solicitara y el Juez impusiera la medida privativa de la libertad,
cuando en realidad existían elementos incriminantes y no incriminantes, y
por ende lo que aflora es la duda, razón suficiente para que la Fiscalía
desistiera de acusar en este caso; Desconocimiento del Precedente
Jurisprudencial, a la Igualdad, acceso a la Administración de justicia entre
otros». (Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado mediante auto del 26 de enero de 2024, a través del cual le
ordenó notificar a la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado como
accionada y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de
Descongestión, al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Rama Judicial y a la
Fiscalía General de la Nación, como terceros interesados en el resultado del
proceso.

2.3.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.

2.3.2. La Fiscalía General de la Nación pidió que se niegue el amparo, pues no
se demostró la configuración de los defectos alegados por los accionantes.

2.3.3. El Ministerio del Interior exigió su desvinculación de la presente acción de
tutela, toda vez que no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes.

2.3.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, remitió el expediente de
reparación directa.

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2.5. Sentencia Impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del
19 de febrero de 2024, rechazó por improcedente la acción de tutela porque no
se acreditó el cumplimiento del requisito de la inmediatez, puesto que la sentencia
del 20 de junio de 2023, fue notificada mediante edicto fijado el 14 de julio de
2023 y desfijado el 18 de julio siguiente, mientras que la acción de tutela se radicó
el 24 de enero de 2024, esto es, cuando habían transcurrido más de 6 meses.

2.6. Impugnación

La parte accionante impugnó la anterior decisión, para lo cual argumentó que si
bien es cierto se superó el lapso de 6 meses que se ha establecido como un
término razonable para interponer la acción de tutela, este no es un término de
caducidad, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU 332 de
2019, por lo que resultaba procedente analizar el cumplimiento de requisitos
generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección considera que el
problema jurídico se circunscribe a establecer, en primer lugar, si la acción de
tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, particularmente el
de ser interpuesta en un plazo razonable.

En caso de que se supere este análisis será preciso analizar si se configuró la
causal específica de procedibilidad de tutela contra providencia judicial de
defecto fáctico.

3.3. Cuestión previa

El consejero Jorge Iván Duque manifestó encontrarse incurso en la causal de
impedimento1 consagrada en el numeral 5.º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, que reza: «5. Que exista amistad íntima o enemistad grave
entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario

1 Índice 22 del aplicativo SAMAI.

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judicial», toda vez que sostiene una amistad entrañable con la magistrada María
Adriana Marín.

En este orden de ideas, la Sala de Subsección declarará fundado el impedimento
para conocer del presente asunto, en consideración a que la afirmación señalada
por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez se ajusta al presupuesto fijado en el
dispositivo mencionado.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de

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Acción de Tutela
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quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.5. Del requisito de inmediatez

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la
tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable,
respecto de lo cual ha señalado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría
una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación2, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable3»; «da vigencia al principio de seguridad
jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra
ella»4; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo
constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la
agencia de los derechos5».

Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del amparo
constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo
razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz
de derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.

En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente»6.

Por su parte, la Corte Constitucional hizo las siguientes precisiones respecto del
requisito de la inmediatez:

«La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la inmediatez es una
exigencia jurisprudencial que reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial
vulnerador de los derechos fundamentales, que puede explicarse de la
siguiente forma: es improcedente la acción de tutela contra actuaciones
judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es

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irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad
judicial por vía de la acción de tutela.

En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra
providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo
contrario la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela
queda en entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o
violación del derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo
constitucional con anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un
excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación
constitucional contra una providencia judicial, puede afectar además el
principio de seguridad jurídica; de tal manera que la inmediatez sea
claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.

Además de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que, tratándose de la verificación de la inmediatez en tutela contra
providencias judiciales, su examen debe ser más exigente respecto a la
actualidad en la vulneración de los derechos fundamentales, pues como
consecuencia de la acción de tutela podría dejar sin efecto una decisión
judicial. En ese sentido, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
la carga de la argumentación en cabeza del demandante aumenta de
manera proporcional a la distancia temporal que existe entre la
presentación de la acción de tutela y el momento en que se consideró
vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación, el paso del
tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los
efectos de la sentencia.

A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional, en aras de
determinar que no existe una tardanza injustificada o irrazonable al
momento de acudir a la acción de tutela, ha evaluado dicho periodo a
partir de las siguientes reglas:

(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

En el estudio de la inmediatez, la Corte Constitucional ha entrado
racionalizar el debate en torno al tiempo de presentación de la acción de
tutela y los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada de las
providencias que han sido objeto de acción de tutela. En ese sentido, en
el estudio de procedibilidad, la Corte Constitucional ha tenido, entre otros
elementos de juicio anteriormente reseñados, la calidad de la parte
accionante de la tutela y la vulneración actual de los derechos
fundamentales alegados».

Como se colige de la jurisprudencia transcrita el examen respecto del
cumplimiento del requisito de inmediatez contra providencias judiciales debe ser
más estricto.

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3.5.1. Análisis del requisito de la inmediatez en el caso concreto
En el caso concreto se observa que la sentencia del 20 de junio de 2023 fue
notificada mediante edicto fijado el 14 de julio de 2023 y desfijado el 18 de julio
siguiente, mientras que la acción de tutela se radicó el 24 de enero de 2024, esto
es, cuando habían transcurrido más de 6 meses desde su ejecutoria.

Al respecto, es pertinente señalar que la parte accionante manifestó que el
término jurisprudencial de seis meses para interponer la acción de tutela
establecido como plazo razonable no equivale a uno de caducidad, argumento
que la Sala comparte.

Sin embargo, con base en la jurisprudencia constitucional, se advierte que la
carga de la argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera
proporcional a la distancia temporal que existe entre la presentación de la acción
de tutela y el momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en
ausencia de justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las
decisiones judiciales y consolida los efectos de la sentencia2.

En la acción de tutela objeto de estudio no se expuso ningún argumento que
justifique la tardanza en la interposición del amparo, por lo que es importante
reiterar que el juez constitucional parte de la presunción que si se está ante una
vulneración de derechos fundamentales, que requiere medidas urgentes,
inaplazables e inmediatas el titular del derecho afectado debe procurar su
protección lo antes posible; contrario sensu, la demora excesiva e injustificada
para controvertir una decisión judicial pone en tela de juicio la urgente necesidad
de la protección constitucional que se puede obtener vía acción de tutela y, antes
bien, revela una afectación al principio de seguridad jurídica en caso de existir un
derecho reconocido a una contraparte procesal.

En ese sentido, es preciso resaltar que la acción de tutelas contra providencia
judicial tiene un carácter excepcional y por esta razón el análisis del requisito de
inmediatez es más estricto.

Debe ponerse de presente que a partir de la solicitud de amparo, no se llega a la
conclusión de que el asunto revistiera una complejidad especial que ameritara la
extensión del término establecido jurisprudencialmente para efectos de dar por
satisfecho el requisito de la inmediatez.

Por lo anterior, encuentra la Sala que en el presente asunto no se cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, razón por la cual se rechazará por improcedente el asunto planteado
por el señor Eugenio Arrechea Caicedo.

2 Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012. Asimismo, pueden verse las sentencias T-491

de 2009 y T-189 de 2009.

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Acción de Tutela
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Accionante: Eugenio Arrechea Caicedo y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 19 de febrero de 2024
proferida la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado que declaró
la improcedencia de la acción de tutela.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con impedimento fundado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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