Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00337-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00337-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00337-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00337-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
11 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00337-00
Actor: Tayron Nayib Beayne Sánchez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00337-00
Demandantes: TAYRON NAYIB BEAYNE SÁNCHEZ, SAID BAYNE
SÁNCHEZ, PAOLO ALEXANDER BEAYNE FLÓREZ, AZUECA
PEÑA CHAPARRO Y SAMIR BEAYNE PEÑA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN, SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B Y JUZGADO
VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción ejecutiva en la que se negó
sucesión procesal de nietos. Defectos sustantivo, desconocimiento
del precedente judicial, decisión sin motivación y violación directa de
la Constitución. Requisito de subsidiariedad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Tayron Nayib Beayne Sánchez, Said Bayne Sánchez,
Paolo Alexander Beayne Flórez y Azucena Peña Chaparro -en representación de
su hijo Samir Beayne Peña-, quienes actúan mediante apoderado judicial, contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” y
el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, en la que piden el
amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de
seguridad jurídica, supuestamente vulnerados con los autos de 7 de diciembre de
2022 y 21 de julio de 2023, mediante los cuales se negó la sucesión procesal en el
proceso ejecutivo con radicado No. 2016-00365-00.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Los accionante relataron que el señor Elmer Hernando Beayne Quijano presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la extinta Cajanal, con
el fin de que se reliquidara su pensión de jubilación y que el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Bogotá, en fallo de 25 de enero de 2008 accedió a
las pretensiones.
Afirmaron que mediante Resoluciones Nos. RDP 20410 de 1 de junio de 2009 y
RDP 006190 de 21 de febrero de 2014, la entidad condenada dio cumplimiento al
fallo y reconoció unos intereses moratorios.
Sostuvieron que el señor Elmer Hernando Beayne Quijano presentó demanda
ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00337-00
Actor: Tayron Nayib Beayne Sánchez y otros
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), bajo el
argumento de que no dieron total cumplimiento al fallo de 25 de enero de 2008,
pues se dejaron de cancelar unos intereses moratorios.
Indicaron que el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá en auto
de 28 de octubre de 2016, libró mandamiento de pago “por la suma de
$28.357.687 y por la suma de $11.409.164, respecto a las diferencias que se
señalaron en la demanda”.
Señalaron que el señor Elmer Hernando Bayne Quijano falleció el 6 de mayo de
2021 y su hijo y único heredero, el señor Rafael Hernando Bayne Agudelo murió
el día siguiente.
Afirmaron que el 24 de noviembre de 2022, los señores Said Beayne Sánchez y
Tayron Nayib Beayne Sánchez, quienes son hijos del señor Rafael Hernando
Bayne Agudelo y nietos del señor Elmer Hernando Bayne, radicaron memorial en
el que solicitaron la sucesión procesal en calidad de herederos.
Resaltaron que el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá en
auto de 7 de diciembre de 2022, negó la solicitud de la sucesión procesal, en
razón a que no evidencia masa hereditaria en favor de los señores Said Beayne
Sánchez y Tayron Nayib Beayne Sánchez.
Por último, adujeron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de
reposición y en subsidio de apelación. El Juzgado Veintiuno Administrativo del
Circuito de Bogotá por medio de auto de 21 de julio de 20231, no repuso el
proveído de 7 de diciembre de 2022 con sustento en que no se allegó la prueba
de la calidad de herederos y rechazó por improcedente el recurso de apelación.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica,
supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B” y el Juzgado Veintiuno Administrativo del
Circuito de Bogotá con los autos de 7 de diciembre de 2022 y 21 de julio de 2023,
por medio de los cuales se negó la sucesión procesal en favor de los señores Said
Beayne Sánchez y Tayron Nayib Beayne Sánchez dentro del proceso ejecutivo
que adelantó el señor Elmer Hernando Bayne contra la UGPP.
En primer lugar, se refirieron a los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en los casos en los que se reproche la constitucionalidad de una
providencia judicial, y afirmó que “el presente asunto es de relevancia constitucional,
toda vez que se trata de atacar una providencia judicial por desconocimiento del
precedente constitucional, y en la que se advierte la posible vulneración de derechos
fundamentales como derechos adquiridos y expectativas legitimas, principio de seguridad
jurídica, favorabilidad laboral e inescindibilidad de la ley y debido proceso.”.
Luego, indicaron que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
“material absoluto, desconocimiento del precedente, decisión sin motivación
y violación directa de la Constitución”, pues no accedió a la sucesión procesal
solicitada de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 del Código General del
Proceso.
1
La notificación se surtió el 24 de julio de 2023 y la acción de tutela se instauró el 24 de enero de 2024.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00337-00
Actor: Tayron Nayib Beayne Sánchez y otros
Señalaron que “lo anterior por cuanto que, no se puede ignorar que la sucesión
procesal fue presentada por los señores TAYRON NAYIB BEAYNE SANCHEZ y
SAID BAYNE SANCHEZ, que sí posterior a su admisión, existían personas las
cuales se consideraran beneficiarios, la ley los faculta para que se hiciesen parte
dentro del proceso, ya que la vulneración aquí ahondada, es la negativa del
juzgado en proceder con el reconocimiento de la sucesión procesal, cuando quiera
que se cumplen los requisitos estipulados por la ley, para que ampliamente se
practique. Significa lo anterior que el despacho pudo haber reconocido el derecho
a las personas que actuaron en tal solicitud del reconocimiento procesal, dejando
la posibilidad de que se hicieran parte las 2 personas que no pudieron concurrir en
la fecha a reclamar este reconocimiento de ley”.
Sostuvieron que no se tuvo en consideración la normativa aplicable al caso ni la
Carta Circular de 2023, en la que se establece que “los depósitos a los que se
refiere el artículo 2.1.15.1.1 del Decreto 2555 de 2010, la sección de ahorros, en
cuentas corrientes, en cualquier otro depósito y en dineros representados en
certificados de depósito a término y en cheques de gerencia, las cuales podrán
entregarse directamente al cónyuge sobreviviente, compañero o compañera
permanente, herederos o a uno u otros conjuntamente, sin necesidad de juicio de
sucesión, hasta ochenta y dos millones quinientos quince mil trescientos noventa y
dos pesos ($ 82.515.392) moneda corriente”. Por consiguiente, como la liquidación
del crédito ($20.438.759) no sobrepasa los valores fijados, se debió reconocer la
sucesión procesal.
Finalmente, expresaron que se desconocieron las sentencias de 6 de mayo de
2022 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la T-374 de
20142 de la Corte Constitucional y la decisión proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado en el proceso con radicado No. “11001 0324 000 2015 00337
00”, relacionadas con la figura de la sucesión procesal.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló las siguientes:
“1. AMPARAR los derechos de, EL DERECHO PROCESAL Y EL DEBIDO PROCESO, LA
IGUALDAD PROCESAL, EL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, LOS
DERECHOS ADQUIRIDOS, Y LA SEGURIDAD JURÍDICA de los Señores TAYRON NAYIB
BEAYNE SANCHEZ, SAID BAYNE SANCHEZ, PAOLO ALEXANDER BEAYNE FLOREZ, y
el menor SAMIR BEAYNE PEÑA Representado por su madre, la señora AZUCENA PEÑA
CHAPARRO.
2. ORDENAR al El JUZGADO (21) VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÀ – SECCIÒN SEGUNDA, en amparo a los derechos enunciados, revocar las
providencias de fecha 07 de diciembre de 2022, notificado el día 09 de diciembre de 2022, y
el auto del 21 de julio de 2023, notificado el 24 de julio de 2023 y, en consecuencia, se
confirme la decisión de seguir adelante con la ejecución.
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí
tutelados”.
4. Pruebas relevantes
Los accionantes aportaron copia digital de los autos de 7 de diciembre de 2022 y
21 de julio de 2023 proferidos por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito
de Bogotá en el proceso ejecutivo que radicó el señor Elmer Hernando Beayne
Quijano contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP.
2
M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00337-00
Actor: Tayron Nayib Beayne Sánchez y otros
5. Trámite procesal
Por auto de 30 de enero de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora
requirió al apoderado para que allegara poder especial que lo acreditara como tal,
así como el documento que demuestre que el menor Samir Beayne Peña es hijo
de la señora Azucena Peña Chaparro.
Luego de que se cumpliera con el requerimiento, en auto de 20 de febrero de 2024
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales
demandadas, así como a la UGPP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 167579 a 167583
de 21 de febrero de 2024, con el fin de notificar a las partes3.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “B”
En escrito de 22 de febrero de 2024, el magistrado de la corporación judicial
informó que la solicitud de amparo se presentó contra de las decisiones adoptadas
por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, en las cuales se
negó una sucesión procesal y se negaron unos recursos incoados en contra de
dicho auto.
Sostuvo que dentro del proceso ejecutivo el tribunal conoció y resolvió una
actuación relativa a una modificación en la liquidación del crédito aprobado por el
a quo, empero, esta no fue objeto de la acción de tutela.
Por último, manifestó que se aduce que opera la falta de legitimación en la causa
por pasiva en el presente asunto, asimismo, se expone que el accionante no agotó
todos los medios procesales, pues ante la negativa de la reposición y apelación,
procede el recurso de queja.
6.2. Respuesta del Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá
En escrito de 23 de febrero de 2024, la juez titular del despacho pidió que se
negaran las pretensiones de la solicitud de amparo, en razón a que no se
vulneraron derechos fundamentales a los demandantes.
Afirmó que los valores reconocidos en este proceso ejecutivo por concepto de
intereses moratorios, constituyen un derecho universal denominado herencia, el
cual debe singularizarse a favor de quienes acrediten la calidad de herederos, a
través del procedimiento correspondiente y que se encuentra señalado en las
normas civiles, por lo que no es procedente decidir discrecionalmente en qué
casos se exige el proceso de sucesión para efectos de proceder al reconocimiento
del pago a herederos, pues son lineamientos de orden legal, que exigen la
transformación de ese derecho universal en derechos singulares a través de la
partición y adjudicación de la herencia, para de esta forma constituir el derecho de
propiedad a favor de los herederos.
3
La parte accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a
las siguientes direcciones de correo electrónico: acopresbogota@gmail.com,
rmemorialessec02sbtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co; scs02sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co,
agencia@defensajuridica.gov.co; notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co,
admin21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co y defensajudicial@ugpp.gov.co.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00337-00
Actor: Tayron Nayib Beayne Sánchez y otros
Agregó que para reconocerlos como herederos dentro de este proceso a los
señores Said Beayne Sánchez, Tayron Nayib Beayne Sánchez (nietos) y demás
intervinientes, es requisito indispensable la escritura pública o sentencia de
sucesión del señor Elmer Hernando Beayne Quijano, que contenga la respectiva
hijuela, en donde se haga mención al pago por concepto de intereses moratorios
ejecutados en este proceso y el respectivo porcentaje que le corresponde a cada
uno de los herederos.
Sostuvo que la sucesión o escritura pública es un trámite exclusivo del
beneficiario, no le es dable a la parte actora endilgar responsabilidad y alegar una
presunta vulneración de derechos fundamentales por parte de esta instancia
judicial y alegar su propia culpa a efectos de obtener un provecho mayor en
cuanto al cumplimiento de una sentencia judicial.
Finalmente, aseguró que la última providencia dictada dentro del proceso ejecutivo
No. 11001-33-35-021-2016-00365-00, en donde fue parte demandante el señor
Elmer Hernando Beayne Quijano, tan solo se reprochó mediante la solicitud de
amparo algo más de siete meses después, lo que desconoce el requisito de la
inmediatez.
6.3. Respuesta de la UGPP
En oficio de 23 de febrero de 2024, la subdirectora de la Oficina de Defensa
Judicial Pensional solicitó que desvinculara a la entidad, en razón a que no ostenta
legitimación en la causa por pasiva.
Manifestó que la acción de tutela resulta improcedente frente a la UGPP, pues la
pretensión de la parte accionante se dirigió contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” y el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Bogotá, que son los competentes para pronunciarse
sobre los hechos y argumentos manifestados por los accionantes, lo que permite
concluir la inexistencia del nexo causal entre el hecho y la violación de derecho
contra la UGPP.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa
La UGPP solicitó que se desvincularan de la acción de tutela, por configurarse la
falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, se debe precisar que la acción de tutela, consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por acción u
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos en que
así se autoriza.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00337-00
Actor: Tayron Nayib Beayne Sánchez y otros
Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales
la informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los
sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo
constitucional. No obstante, se hace exigible como requisito indispensable,
además de la legitimación e interés del actor de acuerdo como lo estipula el
artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, la persona o entidad contra quien se dirige
la solicitud de amparo, de la siguiente manera:
“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente
violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción
se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud”.
Por lo anterior, la Sala advierte que se negará la solicitud de desvinculación
formulada por la UGPP, toda vez que esta entidad es parte dentro del proceso
ejecutivo en el que se dictaron las providencias objetadas.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Veintiuno Administrativo del
Circuito de Bogotá con los autos de 7 de diciembre de 2022 y 21 de julio de 2023,
por medio de los cuales se negó la sucesión procesal elevada por los accionantes
en el proceso ejecutivo que inició el señor Elmer Hernando Beayne Quijano contra
la UGPP, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia, así como al principio de seguridad
jurídica, y si incurrió en los defectos i) sustantivo, por la indebida aplicación del
artículo 68 del Código General del Proceso y ii) por desconocimiento del
precedente judicial, pues se desatendieron las sentencias de 6 de mayo de 2022
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la T-374 de 2014 de
la Corte Constitucional y la decisión proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado proferida en el proceso con radicado No. “11001 0324 000 2015 00337
00”, relacionadas con la figura de la sucesión procesal.
4. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se
cuestionan providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00337-00
Actor: Tayron Nayib Beayne Sánchez y otros
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros
mecanismos jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del
actor.
En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de
4
2022 , la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado
de manera alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o
especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para
solicitar la protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial,
“pues el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de
órganos de la rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento
se activa a partir de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que
5
buscan garantizar la corrección de las providencias judiciales” .
Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha
precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse
al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional
para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en
6
el ordenamiento jurídico .
En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue
la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
7
amparo de dichas garantías dentro del proceso .
Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia
adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
8
aquellos diseñados por el Legislador” .
Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
4
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
6
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P Carlos Bernal
Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
7
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
8
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00337-00
Actor: Tayron Nayib Beayne Sánchez y otros
encuentran debidamente resueltos”.
En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más
exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que
“asegura que el recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más
dentro del trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás
diseñados por el legislador o, como un instrumento para solucionar errores u
omisiones de las partes en los procesos ordinarios”9.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Los señores Tayron Nayib Beayne Sánchez, Said Bayne Sánchez, Paolo
Alexander Beayne Flórez y Azucena Peña Chaparro, quien actúa en
representación de su hijo Samir Beayne Peña, en ejercicio de la acción de tutela,
manifiestan que el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, con
los autos de 7 de diciembre de 2022 y 21 de julio de 2023, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, así como al principio de seguridad jurídica, pues incurrió en los defectos i)
sustantivo, por la indebida aplicación del artículo 68 del Código General del
Proceso y ii) por desconocimiento del precedente judicial, pues se
desatendieron las sentencias de 6 de mayo de 2022 de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, T-374 de 2014 de la Corte Constitucional y la
decisión proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado proferida en el
proceso con radicado No. “11001 0324 000 2015 00337 00”, relacionadas con la
figura de la sucesión procesal.
Ahora bien, se debe precisar que, en un primer momento, la solicitud de amparo
constitucional se admitió respecto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
pues del escrito de tutela existían dudas frente a las autoridades judiciales
demandadas. Sin embargo, con los informes allegados en el curso del trámite
constitucional, se constató que los reproches planteados por la parte actora se
limitaron a las decisiones proferidas por el Juzgado Veintiuno Administrativo del
Circuito de Bogotá, razón por la cual el estudio se realizará únicamente respecto
de esta última autoridad judicial.
5.2. Previo al estudio de los cargos planteados en la acción de tutela, la Sala
advierte que declarará su improcedencia, en razón a que no se cumple con el
requisito de la subsidiariedad. Por consiguiente, realizará una breve reseña de las
actuaciones relevantes en el curso del proceso ejecutivo, en el que se dictaron las
providencias objeto de reproche constitucional.
El señor Elmer Hernando Beayne Quijano presentó demanda ejecutiva contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, en la que pidió que se
librara mandamiento de pago por $28.357.687 y $11.409.162, ambas sumas por
conceptos de intereses moratorios derivados del cumplimiento de la sentencia de
25 de enero de 2008 dictada por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito
de Bogotá, en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
adelantó contra la extinta Cajanal, en el que se ordenó la reliquidación de la
pensión de jubilación.
El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá en auto de 28 de
octubre de 2016, libró mandamiento de pago por las sumas solicitadas en la
demanda ejecutiva.
9
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00337-00
Actor: Tayron Nayib Beayne Sánchez y otros
Luego de que se aprobara la liquidación del crédito, los señores Said Beayne
Sánchez y Tayron Nayib Beayne Sánchez solicitaron que fuesen reconocidos
como sucesores procesales en calidad de herederos del señor Elmer Hernando
Beayne Quijano, quien falleció el 7 de mayo de 2021, pues son hijos del señor
Rafael Hernando Beyne Agudelo (falleció el 6 de mayo de 2021), quien a su vez
era hijo del señor Elmer.
Lo anterior, con sustento en que “ante el fallecimiento de una de las partes del
proceso, quien lo suceda en el derecho debatido tiene la facultad de vincularse al
litigio y ocupar su lugar en la relación jurídico procesal, a partir de lo cual será
cobijado por los efectos de la sentencia aun cuando no concurra al proceso,
siempre que cumpla con los requisitos de ley, esto es que acredite a través de los
medios probatorios idóneos tanto la ocurrencia del fallecimiento como la condición
de heredero o sucesor respecto de quien era parte del proceso”.
El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá en auto de 7 de
diciembre de 2022, negó la solicitud de sucesión procesal, bajo el argumento de
que “lo idóneo para que los señores SAID BEAYNE SÁNCHEZ (NIETO) y
TAYRON NAYIB BEAYNE SÁNCHEZ (NIETO), acudan a este proceso con el fin
de reclamar derechos creados a favor del causante con anterioridad a su deceso,
es iniciar el trámite sucesoral respectivo, en el cual, se deberá incluir los derechos
económicos contenidos en este proceso que hoy se reclaman. Adicionalmente la
sucesión procesal a que se refiere el artículo 68 del C.G.P., hace alusión al
litigante fallecido, o cuando este es declarado ausente o en interdicción, mas no a
los herederos del causante que fallezca en el curso del proceso, lo mismo ocurre
con el artículo 70 Ibidem. En esta medida será negada la petición presentada el
24 de noviembre de 2022”.
Los accionantes interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación
contra la anterior decisión, al considerar que no tiene sentido imponerles la carga
de adelantar una sucesión ante notaria, donde lo único que se incluiría como
masa hereditaria son los dineros que se persiguen con el proceso ejecutivo.
Finalmente, el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá en el
proveído de 21 de julio de 2023, no repuso el auto de 7 de diciembre de 2022 y
rechazó por improcedente el recurso de apelación, con sustento en lo siguiente:
“Este Despacho no repondrá la decisión que antecede teniendo en cuenta que lo
discutido por el extinto señor ELMER HERNANDO BEYNE, en su momento, fue
decidido por las sentencias que constituyen el título ejecutivo objeto de recaudo y las
cuales se presentaron a ejecución a través de este proceso ejecutivo. En virtud a ello,
pasamos de un derecho litigioso definido por el proceso ordinario, a dilucidar el
cumplimiento del mismo a través del proceso ejecutivo, es decir se discuten unos
derechos económicos ya constituidos a favor del causante con anterioridad a su
deceso.
Por lo anterior, los señores SAID BEAYNE SÁNCHEZ (NIETO) y TAYRON NAYIB
BEAYNE SÁNCHEZ (NIETO), para reclamar derechos creados a favor del causante
con anterioridad a su deceso, deben acudir al trámite sucesoral respectivo, en el cual,
se deberá incluir los derechos económicos contenidos en este proceso que hoy se
reclaman. Adicionalmente la sucesión procesal a que se refiere el artículo 68 del
C.G.P., hace alusión al litigante fallecido, o cuando este es declarado ausente o en
interdicción, mas no a los herederos del causante que fallezca en el curso del proceso
ejecutivo o cuando existen derechos económicos ya constituidos, lo mismo ocurre en el
artículo 70 Ibídem. En esta medida será negada la petición presentada el 24 de
noviembre de 2022.
Frente al recurso de apelación presentado por la parte ejecutante, el mismo será
rechazado por improcedente, por no encontrarse enlistado en el artículo 243 del
C.P.A.C.A”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00337-00
Actor: Tayron Nayib Beayne Sánchez y otros
De lo anterior, se observa que la autoridad judicial accionada consideró que si los
accionantes pretendían reclamar los derechos reconocidos con anterioridad al
fallecimiento de su difunto abuelo, debían acudir a un trámite sucesoral junto con
los demás herederos, en el cual se debía incluir los derechos económicos
contenidos en el proceso ejecutivo, además que lo dispuesto en el artículo 68 del
Código General del Proceso se refiere al litigante fallecido, mas no a los
herederos del causante que fallezca en el curso del proceso ejecutivo o cuando
ya existen derechos económicos constituidos.
5.3. Descendiendo al caso concreto, se observa que los demandantes no
cumplieron con el requisito de subsidiariedad, pues contaban con otro mecanismo
de defensa judicial y el cual no se agotó previamente a la radicación de la acción
de tutela.
En efecto, se observa que los demandantes presentaron recursos de reposición y
en subsidio de apelación contra la providencia que negó la sucesión procesal, y
que, si bien, el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá por medio
de auto de 21 de julio de 2023 no repuso el proveído de 7 de diciembre de 2022,
lo cierto es que el de apelación lo rechazó por improcedente, siendo esta última
decisión susceptible de recurso de queja.
En consecuencia, se debe recordar que la Corte Constitucional ha señalado
respecto del carácter subsidiario de la acción de tutela contra providencias
judiciales que no es el medio llamado a reemplazar los procesos ordinarios o
especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos
ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes.
Se debe tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad entraña tres supuestos
que llevan a la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
los cuales son: a) cuando el asunto está en trámite; b) cuando no se hayan
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y c) cuando se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico.
En este sentido, los demandantes contaban con un recurso ordinario del que
pudieron hacer uso para atacar la providencia que rechazó por improcedente el
recurso de apelación que interpuso en el proceso ejecutivo que originó la
controversia, circunstancia que torna improcedente la solicitud de amparo, en
tanto la acción de tutela no puede erigirse como un medio sustitutivo de los
medios previstos en el ordenamiento jurídico en los procesos que se adelanten
ante los jueces de la República.
Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela,
habida cuenta de que la misma no cumple con el requisito de procedencia de la
subsidiariedad.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por la UGPP.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00337-00
Actor: Tayron Nayib Beayne Sánchez y otros
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por los
señores Tayron Nayib Beayne Sánchez, Said Bayne Sánchez, Paolo Alexander
Beayne Flórez y Azucena Peña Chaparro -en representación de su hijo Samir
Beayne Peña-, quienes actúan por conducto de apoderado judicial, contra el
Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones aquí
expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.