Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00341-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00341-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00341-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00341-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JORGE HERIBERTO MORENO GRANADOS
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO GENERAL DE SUBSIDIARIEDAD, HABIDA CUENTA QUE, EL MEDIO
DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL SE ENCUENTRA EN CURSO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la
sentencia de 29 de febrero de 2024, mediante la cual la SECCIÓN
CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la
solicitud de amparo de la referencia por incumplimiento del requisito
general de la subsidiariedad.
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En adelante la Sección Cuarta
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00341-01
Actor: JORGE HERIBERTO MORENO GRANADOS
I. – ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JORGE HERIBERTO MORENO GRANADOS, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, el cual, estima vulnerado
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER2 al proferir la providencia del 9 de noviembre de 2023,
confirmada en sede de reposición por el auto del 18 de enero de
2024, dictadas dentro del medio de control de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 54001-23-33- 000-
2023-00031-00, acumulados: 54001-23-33-000-2023-00019-00 y
54001-23-33-000- 2023-00030-00.
I.2.- Hechos
Indicó que él y el señor JONNATHAN ALEXANDER CARRILLO, así
como la veeduría ciudadana UFPS, presentaron demandas de
nulidad electoral con el propósito de que se anulara el Acuerdo núm.
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En adelante el Tribunal
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00341-01
Actor: JORGE HERIBERTO MORENO GRANADOS
047 de 2022, mediante el cual el Consejo Superior de la
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER designó a la
señora SANDRA ORTEGA SIERRA como rectora de esa institución.
Afirmó que con el nombramiento de la señora ORTEGA SIERRA, los
miembros del Consejo Superior Universitario transgredieron el
régimen de conflicto de intereses e impedimentos, por lo cual solicitó
como medida cautelar la suspensión del acto administrativo
demandado.
Señaló que la demanda identificada con el número único de
radicación 54001-23-33- 000-2023-00031-00, fue asignada por
reparto al TRIBUNAL y admitida mediante proveído de 17 de febrero
de 2023 y, en esa misma fecha, en providencia separada, se dispuso
correr traslado de la medida cautelar, que fue denegada mediante
auto de 17 de marzo de 2023.
Mencionó que, el 23 de agosto de 2023, se llevó a cabo la audiencia
inicial, en la que, entre otras actuaciones, se decretaron pruebas.
Agregó que, mediante providencia de 9 de noviembre de 2023, la
magistrada sustanciadora resolvió: (i) incorporar formalmente al
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expediente las pruebas documentales aportadas por las partes e
intervinientes, las cuales quedarían a disposición por el término de
cinco días, y (ii) vencido el término para la contradicción de las
pruebas, se debía correr traslado a las partes por el término de diez
días para que presentaran alegatos de conclusión.
Indicó que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
reposición, bajo el argumento de que no se podían dictar dos
decisiones sobre las que procedía recurso, en un solo auto, por lo
que se trataba de un vicio procesal que debía sanearse.
Sostuvo que, mediante auto de 18 de enero de 2024, se dispuso no
reponer el auto recurrido.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, el TRIBUNAL vulneró su derecho
fundamental al debido proceso al proferir la providencia de 9 de
noviembre de 2023, confirmada en sede de reposición mediante auto
de 18 de enero de 2024, lo cual desconoció que el traslado de las
pruebas debía hacerse en un auto interlocutorio independiente del
auto de traslado para alegar de conclusión.
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Alegó que en el recurso que interpuso le advirtió a la magistrada
sustanciadora del proceso que ha participado como coadyuvante de
la parte demandante y otra como demandante en otros procesos de
nulidad electoral, en los cuales se dictó el auto de traslado de pruebas
y el que corría traslado para alegar de conclusión por separado.
Afirmó que la autoridad judicial accionada hizo caso omiso de su
advertencia, consistente en que “[…] las decisiones unificadas del
último inciso del artículo 277 del proceso electoral del CPACA no son
las únicas de ser unificadas en un solo auto […]”, por lo cual admitir
la argumentación expuesta en las providencias controvertidas
constituía la destrucción del Estado Social del derecho.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de su
derecho fundamental al debido proceso invocado ut supra en los
siguientes términos:
“[…] Pretendo que el señor Juez Constitucional, ampare mi
derecho fundamental al debido proceso conculcado por la
magistrada MARIA JOSEFINA IBARRA RODRIGUEZ del Tribunal
Administrativo del Norte de Santander siendo el suscrito
accionante parte Procesal en la demanda de NULIDAD
ELECTORAL con radicado 54001-23-33-000-2023-00031-00 y
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se le ordene a la magistrada expedir dos autos interlocutorios
independientes uno para el traslado de las pruebas y cuando
quede ejecutoriado este auto, proceder a expedir otro auto para
alegar de conclusión […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo, porque no cumplía los requisitos generales y específicos
para su procedencia.
Solicitó que en caso de estudiarse de fondo el caso, se denegaran las
pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que, dada la
naturaleza del proceso electoral, se ha privilegiado su trámite en aras
de garantizar que sea célere y oportuno, pese a las particularidades
del asunto, en las que se han presentado dificultades para el
desarrollo normal, debido a la continua presentación de recursos,
quejas, impedimentos y recusaciones por parte del hoy tutelante.
Puso de presente que las decisiones acusadas estaban ajustadas a
derecho y no resultaban vulneradoras de ningún derecho
fundamental.
I.6.- Intervinientes
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I.6.1.- La Universidad Francisco de Paula Santander solicitó
declarar improcedente la solicitud de amparo, toda vez que el actor
no explicó en qué modo se vulneró su derecho al debido proceso
como consecuencia de la providencia que cuestiona y, además, el
actor pudo promover un incidente de nulidad procesal si consideraba
que se estaba omitiendo una oportunidad procesal.
I.6.2.- El señor Albeiro Bohórquez Manrique sostuvo que la
providencia acusada no permitía establecer en qué momento
quedaba ejecutoriada la decisión de traslado de pruebas y desde qué
momento iniciaba el término para presentar alegatos de conclusión
y, además, que tampoco se podía desconocer el abundante material
probatorio que obra en el expediente digital, por lo que el término de
cinco días que se concedió para su contradicción no era equiparable
con los quince días establecidos en el artículo 181 del CPACA para su
recaudo.
I.6.3.- El señor Carlos Alberto Bolívar Corredor solicitó que se
amparara el derecho fundamental al debido proceso del actor, toda
vez que la decisión acusada lo vulneró, pues la etapa procesal de
recaudo o traslado de pruebas para su tacha de falsedad, objeción o
contradicción debía dictarse en un solo auto y hasta que el mismo no
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quedara ejecutoriado no podía dictarse otra providencia, por tratarse
de decisiones interlocutorias, sobre las que procedió recurso de
reposición.
I.6.4.- El señor Mohamed Hadi Dahan Makansi manifestó que se
adhería a los argumentos de la acción de tutela, pues lo cierto era
que la autoridad judicial demandada debió dar traslado de las
pruebas a las partes en un solo auto, teniendo en cuenta que el
material probatorio obrante en el proceso era numeroso y los cinco
días otorgados para la contradicción probatoria resultaba
insuficientes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 29 de febrero de 2024, la SECCIÓN CUARTA
declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia por
incumplimiento del requisito general de subsidiariedad.
Para tal efecto, destacó que, incumple el requisito general de la
subsidiariedad, toda vez que el actor cuestiona una providencia
judicial que se dictó en un proceso que aún se encuentra en trámite
y, por ende, la actuación del juez de tutela se encuentra restringida.
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Afirmó que la decisión objeto de reproche en la presente solicitud de
amparo consistente en correr traslado de las pruebas, así como de
alegatos de conclusión, no derivó en la vulneración de derechos
fundamentales y, por ende, no tuvo la virtualidad de causar un
perjuicio irremediable, que exija la intervención excepcional del juez
de tutela.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó
que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en
el escrito introductorio.
Señaló que la autoridad accionada unió dos providencias judiciales
en un solo auto interlocutorio fechado 9 noviembre de 2023,
desconociendo que cada providencia debía darse a conocer en auto
separado, ya que cada auto debía quedar plenamente ejecutoriado
tres días después de notificado, por tratarse de providencias dictadas
por fuera de audiencia, quebrantando con ello lo dispuesto en el
artículo 302 del Código General del Proceso en su inciso tercero.
Alegó que se debía ordenar el amparo de sus derechos para evitar
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que se cometiera un “insalvable error judicial”, comoquiera que en la
providencia cuestionada no se precisó el término de su ejecutoria
como normalmente lo hacen los operadores judiciales, pues se omitió
incluir lo siguiente: “[…] UNA VEZ EJECUTORIADA LA PRESENTE
PROVIDENCIA INGRESESE EL EXPEDIENTE AL DESPACHO PARA
PROVEER LO QUE CORRESPONDA […]”.
Afirmó que la providencia cuestionada desconoció el precedente
jurisprudencial contenido en la sentencia de tutela identificada con el
número único de radicación 11001-03-15-000-2016-00994-00,
dictado por la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado
y de las sentencias de la Corte Constitucional T-599 de 2013, T-961
de 2004, T-538 de 1994.
Sostuvo que sí resulta procedente la intervención del juez
constitucional en la acción de tutela de la referencia, ya que se
dictaron dos providencias, en un solo auto interlocutorio, que tenían
un término de ejecutoria de tres días cada una, omitiendo que la
ejecutoria de ambas es de seis días, lo cual se constituye en evidente
violación al debido proceso y ha causado perjuicios irremediables al
no tener certeza las partes de cuando quedarían ejecutoriadas las
dos providencias contenidas en el auto cuestionado.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
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la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes
a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
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procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
Caso concreto
En el caso concreto, la Sala advierte que la acción de tutela de la
referencia fue promovida por el actor con el fin de obtener el amparo
de su derecho fundamental al debido proceso, el cual, estima
vulnerado por el TRIBUNAL al proferir la providencia de 9 de
noviembre de 2023, confirmada en sede de reposición a través del
auto de 18 de enero de 2024, mediante el cual corrió traslado de la
incorporación de pruebas documentales y, determinó que vencido el
término para la contradicción de esas pruebas, se corriera traslado
por el término de diez días para presentar alegatos de conclusión, en
el proceso de nulidad electoral identificado con el número único de
radicación 54001-23-33-000-2023-00031-00 y acumulados.
La acción de tutela fue conocida en primera instancia por la SECCIÓN
CUARTA que, mediante sentencia de 29 de febrero de 2024, declaró
improcedente la solicitud de amparo de la referencia por
incumplimiento del requisito general de subsidiariedad.
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El actor presentó escrito en el que señaló que impugnaba la decisión
proferida en primera instancia, reiterando los fundamentos jurídicos
plasmados en el escrito introductorio, conforme a los cuales, a su
juicio, se había desconocido que la decisión que corría traslado para
incorporar las pruebas documentales y la de dar traslado para alegar
de conclusión debían ser dictadas por separado y, así correr un
término independiente para cada una, resaltando que se debían
amparar sus derechos para evitar un perjuicio irremediable y que se
cometiera un “insalvable error judicial”, comoquiera que en la
providencia cuestionada se omitió incluir lo siguiente: “[…] UNA VEZ
EJECUTORIADA LA PRESENTE PROVIDENCIA INGRESESE EL
EXPEDIENTE AL DESPACHO PARA PROVEER LO QUE CORRESPONDA
[…]”.
Así las cosas, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste
en determinar si el presente caso carece del requisito de
subsidiariedad, tal como lo consideró el a quo, o si, por el contrario,
la accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de la subsidiariedad
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El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
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No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que le asistió razón
al juez de primer grado al afirmar que la presente acción de tutela es
improcedente toda vez que, el proceso de nulidad electoral se
encuentra en curso, comoquiera que se corrió traslado de la
incorporación de las pruebas documentales y, vencido el término
para la contradicción de las mismas se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión, término que ya feneció y en la actualidad
dichas actuaciones están siendo objeto de análisis por parte del
TRIBUNAL.
Resulta oportuno precisar que, en lo referente al requisito de la
3 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.
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subsidiariedad, la Corte Constitucional ha establecido que cuando el
proceso aún se encuentra en trámite, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no
constituye -salvo que se esté ante la posible configuración de un
perjuicio irremediable- un mecanismo alternativo o paralelo para
resolver problemas jurídicos que deben ser decididos al interior del
proceso ordinario, incluso, si el mismo ya culminó, pues se deben
interponer y agotar los medios de defensa que se encuentran
previstos en el ordenamiento jurídico para tal fin.
No obstante, pese a que existan otros medios de defensa, la Corte
Constitucional ha determinado que existen dos excepciones que
justifican la procedibilidad de la acción de tutela cuando el proceso
aún se encuentra en trámite4, esto es: (i) cuando el medio de defensa
judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no
es idóneo y eficaz y, (ii) existiendo, la intervención del juez
constitucional sea necesaria para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable, evento en el cual procederá de manera
transitoria.
La idoneidad se refiere a la aptitud material del mecanismo judicial
4
Sentencia T-662 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
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para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo
que ocurre cuando el medio de defensa se acompasa con el contenido
del derecho, mientras que la eficacia hace alusión al hecho que el
mecanismo esté diseñado de forma tal que brinde de manera
oportuna e integral una protección al derecho amenazado o
vulnerado.
Aunado a lo anterior, la Sala conviene en mencionar que el alcance
excepcional y restrictivo de la acción de tutela surge, precisamente,
de la necesidad de preservar los principios constitucionales de los
que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la seguridad
jurídica, la garantía de la independencia y autonomía de los jueces y
el sometimiento general de los conflictos a las competencias
judiciales ordinarias.
En ese sentido, la procedencia excepcional de la tutela contra
providencias judiciales, “parte del equilibrio adecuado que debe
existir, entre el respeto a los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, por un lado, y la prevalencia y eficacia
de los derechos fundamentales, por el otro, para disponer sobre su
protección, cuando éstos han resultado ilegítimamente afectados con
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una decisión judicial5”.
Ahora bien, con el fin de analizar si en el presente caso se configura
la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo
dispuesto por la Corte Constitucional6 que, frente al tema, ha
sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”
(Resaltado fuera del texto).
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable en el presente asunto, pues
para que proceda el amparo constitucional como mecanismo
5
Corte Constitucional, sentencia T-217 de 2010
6
Corte Constitucional, sentencia T-641 de 2014
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transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, este
debe ser actual y las medidas que se requieran para conjurarlo han
de ser urgentes; no basta cualquier perjuicio, se requiere que sea
grave, lo que equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona; y la urgencia y
la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad.
Adicionalmente, resulta oportuno recordar que el juez de tutela actúa
cuando advierte una irregularidad procesal o sustancial de tal
magnitud que coarta un derecho fundamental o garantía con la que
cuentan las partes, que tiene una incidencia directa en la decisión,
situación que aquí no se demostró.
Así las cosas, la presente acción de tutela es improcedente por
carencia del requisito general de subsidiariedad, toda vez que
la acción de tutela no procede contra providencias judiciales cuando
el asunto está en trámite, tal y como ocurre en el presente asunto,
lo que impide que este mecanismo constitucional suplante la
competencia del juez natural del asunto.
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En las condiciones anotadas, la Sala concluye que se debe confirmar
la sentencia impugnada que declaró improcedente el amparo
solicitado por no cumplirse el requisito general de la subsidiariedad,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de abril de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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