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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00341-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00341-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00341-01 Actor: JORGE HERIBERTO MORENO GRANADOS

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00341-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00341-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JORGE HERIBERTO MORENO GRANADOS

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO GENERAL DE SUBSIDIARIEDAD, HABIDA CUENTA QUE, EL MEDIO
DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL SE ENCUENTRA EN CURSO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 29 de febrero de 2024, mediante la cual la SECCIÓN

CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la

solicitud de amparo de la referencia por incumplimiento del requisito

general de la subsidiariedad.

1
En adelante la Sección Cuarta

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00341-01
Actor: JORGE HERIBERTO MORENO GRANADOS

I. – ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JORGE HERIBERTO MORENO GRANADOS, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental al debido proceso, el cual, estima vulnerado

por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE

SANTANDER2 al proferir la providencia del 9 de noviembre de 2023,

confirmada en sede de reposición por el auto del 18 de enero de

2024, dictadas dentro del medio de control de nulidad electoral

identificado con el número único de radicación 54001-23-33- 000-

2023-00031-00, acumulados: 54001-23-33-000-2023-00019-00 y

54001-23-33-000- 2023-00030-00.

I.2.- Hechos

Indicó que él y el señor JONNATHAN ALEXANDER CARRILLO, así

como la veeduría ciudadana UFPS, presentaron demandas de

nulidad electoral con el propósito de que se anulara el Acuerdo núm.

2
En adelante el Tribunal

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047 de 2022, mediante el cual el Consejo Superior de la

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER designó a la

señora SANDRA ORTEGA SIERRA como rectora de esa institución.

Afirmó que con el nombramiento de la señora ORTEGA SIERRA, los

miembros del Consejo Superior Universitario transgredieron el

régimen de conflicto de intereses e impedimentos, por lo cual solicitó

como medida cautelar la suspensión del acto administrativo

demandado.

Señaló que la demanda identificada con el número único de

radicación 54001-23-33- 000-2023-00031-00, fue asignada por

reparto al TRIBUNAL y admitida mediante proveído de 17 de febrero

de 2023 y, en esa misma fecha, en providencia separada, se dispuso

correr traslado de la medida cautelar, que fue denegada mediante

auto de 17 de marzo de 2023.

Mencionó que, el 23 de agosto de 2023, se llevó a cabo la audiencia

inicial, en la que, entre otras actuaciones, se decretaron pruebas.

Agregó que, mediante providencia de 9 de noviembre de 2023, la

magistrada sustanciadora resolvió: (i) incorporar formalmente al

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expediente las pruebas documentales aportadas por las partes e

intervinientes, las cuales quedarían a disposición por el término de

cinco días, y (ii) vencido el término para la contradicción de las

pruebas, se debía correr traslado a las partes por el término de diez

días para que presentaran alegatos de conclusión.

Indicó que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de

reposición, bajo el argumento de que no se podían dictar dos

decisiones sobre las que procedía recurso, en un solo auto, por lo

que se trataba de un vicio procesal que debía sanearse.

Sostuvo que, mediante auto de 18 de enero de 2024, se dispuso no

reponer el auto recurrido.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, el TRIBUNAL vulneró su derecho

fundamental al debido proceso al proferir la providencia de 9 de

noviembre de 2023, confirmada en sede de reposición mediante auto

de 18 de enero de 2024, lo cual desconoció que el traslado de las

pruebas debía hacerse en un auto interlocutorio independiente del

auto de traslado para alegar de conclusión.

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Alegó que en el recurso que interpuso le advirtió a la magistrada

sustanciadora del proceso que ha participado como coadyuvante de

la parte demandante y otra como demandante en otros procesos de

nulidad electoral, en los cuales se dictó el auto de traslado de pruebas

y el que corría traslado para alegar de conclusión por separado.

Afirmó que la autoridad judicial accionada hizo caso omiso de su

advertencia, consistente en que “[…] las decisiones unificadas del

último inciso del artículo 277 del proceso electoral del CPACA no son

las únicas de ser unificadas en un solo auto […]”, por lo cual admitir

la argumentación expuesta en las providencias controvertidas

constituía la destrucción del Estado Social del derecho.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de su

derecho fundamental al debido proceso invocado ut supra en los

siguientes términos:

“[…] Pretendo que el señor Juez Constitucional, ampare mi
derecho fundamental al debido proceso conculcado por la
magistrada MARIA JOSEFINA IBARRA RODRIGUEZ del Tribunal
Administrativo del Norte de Santander siendo el suscrito
accionante parte Procesal en la demanda de NULIDAD
ELECTORAL con radicado 54001-23-33-000-2023-00031-00 y

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se le ordene a la magistrada expedir dos autos interlocutorios
independientes uno para el traslado de las pruebas y cuando
quede ejecutoriado este auto, proceder a expedir otro auto para
alegar de conclusión […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la solicitud de

amparo, porque no cumplía los requisitos generales y específicos

para su procedencia.

Solicitó que en caso de estudiarse de fondo el caso, se denegaran las

pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que, dada la

naturaleza del proceso electoral, se ha privilegiado su trámite en aras

de garantizar que sea célere y oportuno, pese a las particularidades

del asunto, en las que se han presentado dificultades para el

desarrollo normal, debido a la continua presentación de recursos,

quejas, impedimentos y recusaciones por parte del hoy tutelante.

Puso de presente que las decisiones acusadas estaban ajustadas a

derecho y no resultaban vulneradoras de ningún derecho

fundamental.

I.6.- Intervinientes

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I.6.1.- La Universidad Francisco de Paula Santander solicitó

declarar improcedente la solicitud de amparo, toda vez que el actor

no explicó en qué modo se vulneró su derecho al debido proceso

como consecuencia de la providencia que cuestiona y, además, el

actor pudo promover un incidente de nulidad procesal si consideraba

que se estaba omitiendo una oportunidad procesal.

I.6.2.- El señor Albeiro Bohórquez Manrique sostuvo que la

providencia acusada no permitía establecer en qué momento

quedaba ejecutoriada la decisión de traslado de pruebas y desde qué

momento iniciaba el término para presentar alegatos de conclusión

y, además, que tampoco se podía desconocer el abundante material

probatorio que obra en el expediente digital, por lo que el término de

cinco días que se concedió para su contradicción no era equiparable

con los quince días establecidos en el artículo 181 del CPACA para su

recaudo.

I.6.3.- El señor Carlos Alberto Bolívar Corredor solicitó que se

amparara el derecho fundamental al debido proceso del actor, toda

vez que la decisión acusada lo vulneró, pues la etapa procesal de

recaudo o traslado de pruebas para su tacha de falsedad, objeción o

contradicción debía dictarse en un solo auto y hasta que el mismo no

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quedara ejecutoriado no podía dictarse otra providencia, por tratarse

de decisiones interlocutorias, sobre las que procedió recurso de

reposición.

I.6.4.- El señor Mohamed Hadi Dahan Makansi manifestó que se

adhería a los argumentos de la acción de tutela, pues lo cierto era

que la autoridad judicial demandada debió dar traslado de las

pruebas a las partes en un solo auto, teniendo en cuenta que el

material probatorio obrante en el proceso era numeroso y los cinco

días otorgados para la contradicción probatoria resultaba

insuficientes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 29 de febrero de 2024, la SECCIÓN CUARTA

declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia por

incumplimiento del requisito general de subsidiariedad.

Para tal efecto, destacó que, incumple el requisito general de la

subsidiariedad, toda vez que el actor cuestiona una providencia

judicial que se dictó en un proceso que aún se encuentra en trámite

y, por ende, la actuación del juez de tutela se encuentra restringida.

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Afirmó que la decisión objeto de reproche en la presente solicitud de

amparo consistente en correr traslado de las pruebas, así como de

alegatos de conclusión, no derivó en la vulneración de derechos

fundamentales y, por ende, no tuvo la virtualidad de causar un

perjuicio irremediable, que exija la intervención excepcional del juez

de tutela.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó

que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en

el escrito introductorio.

Señaló que la autoridad accionada unió dos providencias judiciales

en un solo auto interlocutorio fechado 9 noviembre de 2023,

desconociendo que cada providencia debía darse a conocer en auto

separado, ya que cada auto debía quedar plenamente ejecutoriado

tres días después de notificado, por tratarse de providencias dictadas

por fuera de audiencia, quebrantando con ello lo dispuesto en el

artículo 302 del Código General del Proceso en su inciso tercero.

Alegó que se debía ordenar el amparo de sus derechos para evitar

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que se cometiera un “insalvable error judicial”, comoquiera que en la

providencia cuestionada no se precisó el término de su ejecutoria

como normalmente lo hacen los operadores judiciales, pues se omitió

incluir lo siguiente: “[…] UNA VEZ EJECUTORIADA LA PRESENTE

PROVIDENCIA INGRESESE EL EXPEDIENTE AL DESPACHO PARA

PROVEER LO QUE CORRESPONDA […]”.

Afirmó que la providencia cuestionada desconoció el precedente

jurisprudencial contenido en la sentencia de tutela identificada con el

número único de radicación 11001-03-15-000-2016-00994-00,

dictado por la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado

y de las sentencias de la Corte Constitucional T-599 de 2013, T-961

de 2004, T-538 de 1994.

Sostuvo que sí resulta procedente la intervención del juez

constitucional en la acción de tutela de la referencia, ya que se

dictaron dos providencias, en un solo auto interlocutorio, que tenían

un término de ejecutoria de tres días cada una, omitiendo que la

ejecutoria de ambas es de seis días, lo cual se constituye en evidente

violación al debido proceso y ha causado perjuicios irremediables al

no tener certeza las partes de cuando quedarían ejecutoriadas las

dos providencias contenidas en el auto cuestionado.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de

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la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes
a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela

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procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

Caso concreto

En el caso concreto, la Sala advierte que la acción de tutela de la

referencia fue promovida por el actor con el fin de obtener el amparo

de su derecho fundamental al debido proceso, el cual, estima

vulnerado por el TRIBUNAL al proferir la providencia de 9 de

noviembre de 2023, confirmada en sede de reposición a través del

auto de 18 de enero de 2024, mediante el cual corrió traslado de la

incorporación de pruebas documentales y, determinó que vencido el

término para la contradicción de esas pruebas, se corriera traslado

por el término de diez días para presentar alegatos de conclusión, en

el proceso de nulidad electoral identificado con el número único de

radicación 54001-23-33-000-2023-00031-00 y acumulados.

La acción de tutela fue conocida en primera instancia por la SECCIÓN

CUARTA que, mediante sentencia de 29 de febrero de 2024, declaró

improcedente la solicitud de amparo de la referencia por

incumplimiento del requisito general de subsidiariedad.

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El actor presentó escrito en el que señaló que impugnaba la decisión

proferida en primera instancia, reiterando los fundamentos jurídicos

plasmados en el escrito introductorio, conforme a los cuales, a su

juicio, se había desconocido que la decisión que corría traslado para

incorporar las pruebas documentales y la de dar traslado para alegar

de conclusión debían ser dictadas por separado y, así correr un

término independiente para cada una, resaltando que se debían

amparar sus derechos para evitar un perjuicio irremediable y que se

cometiera un “insalvable error judicial”, comoquiera que en la

providencia cuestionada se omitió incluir lo siguiente: “[…] UNA VEZ

EJECUTORIADA LA PRESENTE PROVIDENCIA INGRESESE EL

EXPEDIENTE AL DESPACHO PARA PROVEER LO QUE CORRESPONDA

[…]”.

Así las cosas, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste

en determinar si el presente caso carece del requisito de

subsidiariedad, tal como lo consideró el a quo, o si, por el contrario,

la accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de la subsidiariedad

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El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

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No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que le asistió razón

al juez de primer grado al afirmar que la presente acción de tutela es

improcedente toda vez que, el proceso de nulidad electoral se

encuentra en curso, comoquiera que se corrió traslado de la

incorporación de las pruebas documentales y, vencido el término

para la contradicción de las mismas se corrió traslado a las partes

para alegar de conclusión, término que ya feneció y en la actualidad

dichas actuaciones están siendo objeto de análisis por parte del

TRIBUNAL.

Resulta oportuno precisar que, en lo referente al requisito de la

3 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

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subsidiariedad, la Corte Constitucional ha establecido que cuando el

proceso aún se encuentra en trámite, la intervención del juez

constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no

constituye -salvo que se esté ante la posible configuración de un

perjuicio irremediable- un mecanismo alternativo o paralelo para

resolver problemas jurídicos que deben ser decididos al interior del

proceso ordinario, incluso, si el mismo ya culminó, pues se deben

interponer y agotar los medios de defensa que se encuentran

previstos en el ordenamiento jurídico para tal fin.

No obstante, pese a que existan otros medios de defensa, la Corte

Constitucional ha determinado que existen dos excepciones que

justifican la procedibilidad de la acción de tutela cuando el proceso

aún se encuentra en trámite4, esto es: (i) cuando el medio de defensa

judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no

es idóneo y eficaz y, (ii) existiendo, la intervención del juez

constitucional sea necesaria para evitar la consumación de un

perjuicio irremediable, evento en el cual procederá de manera

transitoria.

La idoneidad se refiere a la aptitud material del mecanismo judicial

4
Sentencia T-662 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

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para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo

que ocurre cuando el medio de defensa se acompasa con el contenido

del derecho, mientras que la eficacia hace alusión al hecho que el

mecanismo esté diseñado de forma tal que brinde de manera

oportuna e integral una protección al derecho amenazado o

vulnerado.

Aunado a lo anterior, la Sala conviene en mencionar que el alcance

excepcional y restrictivo de la acción de tutela surge, precisamente,

de la necesidad de preservar los principios constitucionales de los

que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la seguridad

jurídica, la garantía de la independencia y autonomía de los jueces y

el sometimiento general de los conflictos a las competencias

judiciales ordinarias.

En ese sentido, la procedencia excepcional de la tutela contra

providencias judiciales, “parte del equilibrio adecuado que debe

existir, entre el respeto a los principios constitucionales de seguridad

jurídica y autonomía judicial, por un lado, y la prevalencia y eficacia

de los derechos fundamentales, por el otro, para disponer sobre su

protección, cuando éstos han resultado ilegítimamente afectados con

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una decisión judicial5”.

Ahora bien, con el fin de analizar si en el presente caso se configura

la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la

acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo

dispuesto por la Corte Constitucional6 que, frente al tema, ha

sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”
(Resaltado fuera del texto).

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable en el presente asunto, pues

para que proceda el amparo constitucional como mecanismo

5
Corte Constitucional, sentencia T-217 de 2010
6
Corte Constitucional, sentencia T-641 de 2014

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transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, este

debe ser actual y las medidas que se requieran para conjurarlo han

de ser urgentes; no basta cualquier perjuicio, se requiere que sea

grave, lo que equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo

material o moral en el haber jurídico de la persona; y la urgencia y

la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,

debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social

justo en toda su integridad.

Adicionalmente, resulta oportuno recordar que el juez de tutela actúa

cuando advierte una irregularidad procesal o sustancial de tal

magnitud que coarta un derecho fundamental o garantía con la que

cuentan las partes, que tiene una incidencia directa en la decisión,

situación que aquí no se demostró.

Así las cosas, la presente acción de tutela es improcedente por

carencia del requisito general de subsidiariedad, toda vez que

la acción de tutela no procede contra providencias judiciales cuando

el asunto está en trámite, tal y como ocurre en el presente asunto,

lo que impide que este mecanismo constitucional suplante la

competencia del juez natural del asunto.

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En las condiciones anotadas, la Sala concluye que se debe confirmar

la sentencia impugnada que declaró improcedente el amparo

solicitado por no cumplirse el requisito general de la subsidiariedad,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de abril de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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