Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00343-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00343-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00343-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
7 de marzo de 2024
Radicación: 11001031500020240034300
Accionante: ROGER LEMUS PALACIOS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00343-00
Accionante: ROGER LEMUS PALACIOS
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN JUDICIAL (CENDOJ) - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – UNIDAD
DE INFORMÁTICA
Tesis: Se niega la acción de tutela por cuanto no se advierte la
vulneración de derechos fundamentales al actor con
ocasión de los datos publicados en la página de consulta
de procesos judiciales de la Rama Judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Roger Lemus
Palacio, actuando en nombre propio, en contra del Consejo Superior de la
Judicatura - Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Informática.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Roger Lemus Palacio, actuando en nombre propio solicitó el
amparo de los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre,
habeas data, inviolabilidad de correspondencia y documentos privados,
presuntamente vulnerados por las entidades accionadas. Como hechos
que antecedieron a la acción de tutela, manifestó que, a pesar de haber
culminado una serie de procesos judiciales que se adelantaron en su
contra, el reporte de aquellos sigue apareciendo en la página de consulta
de procesos de la rama judicial, situación que le ha causado perjuicios en
el ámbito laboral, personal y financiero.
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Accionante: ROGER LEMUS PALACIOS
El accionante aseveró estar de acuerdo con que se debía publicar la
información sobre los procesos judiciales que se adelantaban en su
momento por cada juzgado, con el fin de darle aplicación al principio de
publicidad y al debido proceso establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política. No obstante, reprochó que cuando un proceso
judicial culmina el proceso se archiva, pero el registro en la página web
continúa siendo publicado en las plataformas de búsqueda de actuaciones
judiciales. Adujo que tal situación le ocasiona una mala imagen ante
entidades públicas y privadas, puesto que cuando realizan consultas para
revisar antecedentes judiciales siguen apareciendo procesos ya
archivados.
Manifestó que en la empresa donde trabaja le solicitaron certificados de
antecedentes judiciales y administrativos y al percatarse de los procesos
judiciales publicados en la página de la rama judicial no le permitieron
renovar el contrato laboral, puesto que en criterio de la empresa ello era
demostrativo de mala fe, incluso a pesar de que advirtió que cada proceso
se encontraba en paz y salvo. Indicó que tal decisión que le causó una
afectación económica, laboral, familiar que vulneró sus derechos
constitucionales al mínimo vital y el núcleo familiar.
Los procesos archivados a los que el accionante hizo referencia son los
siguientes:
• Ejecución por sumas de dinero - Proceso 110014300120020018900
• Juzgado 1 Civil Municipal de Bogotá.
• Ejecución por sumas de dinero - Proceso
11001400305020060024500 - Juzgado 50 Civil Municipal de
Bogotá.
• Denuncia Penal - Proceso:11001600001920060037400 - Juzgado 5
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá.
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• Proceso Declarativo por Restitución de Bien Inmueble –
11001400301820130112600 - El Juzgado 18 Civil Municipal de
Bogotá.
• Demanda por motivo de Cesación de efectos civiles de matrimonio
católico - Proceso: 11001311000820040117500 - Juzgado 8 de
Familia de Bogotá.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto admisorio del 2 de febrero de 2024 el despacho
sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Consejo
Superior de la Judicatura, al centro de documentación judicial – CENDOJ
y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de
Informática y comunicar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, para que se pronunciara si lo consideraba pertinente.
2.1.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El apoderado de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso
a las pretensiones de la acción de tutela con base en los siguientes
argumentos:
Explicó que las anotaciones y registros que se encuentran en la página de
la rama judicial, tienen el propósito de informar y hacer conocer a las
partes los estados y actuaciones surtidas en los procesos judiciales y ello
en nada afecta al buen nombre de las personas, por cuanto: i) la rama
judicial no expide certificación alguna de la condición de la persona; ii)
esta información es netamente informativa y consultiva; iii) no se genera
constancia ni acreditación de los antecedentes judiciales o penales de la
persona y, (iv) los registros de la página de la rama judicial no tienen el
alcance de certificar una condición particular de la persona, sino que su
objeto es informar el estado y actuaciones efectuadas en los procesos.
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De otra parte, señaló que mediante el Acuerdo 1591 de 2002 se adoptó
el Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental
(Justicia XXI) el cual, conforme se indica en el artículo primero, “será
suministrado e implementado por la Unidad de Informática de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, responsable de su mantenimiento
técnico y actualizaciones, las cuales requerirán de la previa autorización
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.
Igualmente, destacó que el numeral 7 del artículo 2 de Acuerdo PSAA11-
9109 DE 20111 impone al CENDOJ la función de “administrar las
publicaciones que los administradores secundarios no tengan permisos
para realizar, esto incluye fijación, actualización o eliminación de
información, teniendo presente los lineamientos de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura si se trata de información de
carácter sensible”.
Explicó que los administradores secundarios (despachos judiciales),
deberán responder por la calidad y presentación oportuna de los
contenidos y otros documentos que se incorporan en el portal web de la
rama judicial y, por lo tanto, señaló que son los despachos judiciales
quienes tienen la competencia funcional para ocultar la información que
solicita el accionante se elimine. Con todo, explicó que la eliminación de
dicha información no es procedente al ser de especial importancia para
los despachos y para la misma rama judicial, de manera que lo que
eventualmente procedería sería el ocultamiento al público en general de
la información que reporta los procesos en los que se vio involucrado el
accionante.
En ese sentido, adujo que la información que se encuentra en la Base de
Datos de los Sistemas de Información rama judicial tiene como función
dar publicidad sobre el estado de los procesos judiciales a través de la
página web2. Explicó que esa información se alimenta diariamente por
1
“Por medio del cual se deroga el Acuerdo No.1445 de 2002 y se reglamenta la administración de las
publicaciones del portal Web de la Rama Judicial”.
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cada despacho judicial, lo cual a su vez constituye la base de datos
histórica de gestión respecto de los procesos radicados a nivel nacional.
De ahí deriva la importancia de que se encuentre actualizada con el
registro de todos los procesos, tanto los vigentes como archivados, con el
fin de llevar un control y seguimiento de ellos, facilitando trámites que a
diario solicitan los ciudadanos.
De otra parte, señaló que en el presente caso no existía prueba alguna
que acreditara el perjuicio irremediable manifestado por el actor y finalizó
solicitando la desvinculación por falta de legitimación en la causa por
activa, dado que considera que no tiene la competencia funcional para
borrar u ocultar datos o la información que registren los despachos
judiciales.
2.1.2. Centro de Documentación Judicial - CENDOJ del Consejo
Superior de la Judicatura
La apoderada del Centro de Documentación Judicial - CENDOJ señaló que
no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del accionante en
atención a que la información publicada en el sistema de Consulta de
Procesos Nacional Unificada (CPNU) – de la página web de la rama
judicial, es un reflejo de lo incluido directamente por los despachos
judiciales. Para el caso que refiere el accionante, obedece al registro
realizado directamente por los Juzgados 1 Civil Municipal de Bogotá,
Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, Juzgado 5 Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá, Juzgado 18 Civil Municipal de Bogotá
y Juzgado 8 de Familia de Bogotá.
Explicó que, de conformidad con el Acuerdo PSAA11-9109 de 2011 la
responsabilidad de publicar, ocultar o borrar datos de la web es de las
diferentes dependencias de la rama Judicial y de la Unidad de
Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de
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Administración Judicial, como administradora del Sistema de Información
de Procesos Justicia XXI.
Finalizó solicitando su desvinculación de la presente acción de tutela en
la medida que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por
el accionante, toda vez que no adelantó los procesos judiciales, ni realizó
el registro de las actuaciones procesales en el sistema.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. El señor Roger Lemus Palacio, tiene registros en la página de
consulta de procesos judiciales de la rama judicial, correspondientes a
actuaciones adelantadas en los siguientes despachos: Juzgados 1 Civil
Municipal de Bogotá, Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, Juzgado 5
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, Juzgado 18 Civil
Municipal de Bogotá y Juzgado 8 de Familia de Bogotá.
3.2.2. Según manifestación del accionante los registros de los procesos
judiciales en los despachos citados en precedencia, le han ocasionado
problemas laborares en atención a que, al constatar la existencia de
dichos registros, los empleadores le han negado la renovación de
contratos laborales.
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3.2.3. El señor Roger Lemus Palacio, interpuso la presente acción de
tutela por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
intimidad, al buen nombre, habeas data, inviolabilidad de
correspondencia y documentos privados, por el Consejo Superior de la
Judicatura - Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Informática.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1 Cuestión previa
La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el
Centro de Documentación Judicial - CENDOJ del Consejo Superior de la
Judicatura solicitaron que se les desvinculara del presente asunto,
alegando su falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de
30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa
por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en
la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como
en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin
vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
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Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla,
la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en
ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que
provoque la violación de los derechos fundamentales de las
personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce
que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse
la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta
cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige
el daño […]” (Destacado de la Sala).
En el presente caso, teniendo en cuenta que la acción de tutela está
dirigida a que sean eliminados los registros de los procesos judiciales que
aparecen en la página web de la rama judicial, en los cuales se encuentre
relacionado el aquí accionante, la Sala advierte que a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y al Centro de Documentación Judicial
CENDOJ del Consejo Superior de la Judicatura le asiste interés en el
asunto, toda vez que dichas autoridades son las encargadas principales
de la administración de la página web de la Rama Judicial, de su
mantenimiento técnico y actualizaciones, y por ende de la información
que reposa en el link de consulta de procesos. Ello, conforme las funciones
atribuidas en Acuerdo 1591 de 2002 y en el Acuerdo PSAA11-9109 de
2011. Por tal razón, no se aceptará la solicitud de desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
3.3.2. Dilucidado lo anterior, la Sala procederá a pronunciase frente al
caso concreto para lo cual se deberá determinar si la permanencia de
reportes públicos en la página web de la rama judicial sobre procesos
judiciales en los que intervino el accionante, los cuales se encuentran
finalizados y archivados, vulnera sus derechos fundamentales a la
intimidad, el buen nombre y el habeas data.
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3.3.2.1. Los derechos al buen nombre y al habeas data
El artículo 15 de la Constitución Política garantiza el derecho al buen
nombre en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho a
su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe
respetarlos y hacerlos respetar (…)”.
Concretamente, la Corte Constitucional ha definido el derecho al buen
nombre como “la reputación, o el concepto que de una persona tienen los
demás” y “la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad
humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la
colectividad que le conocen y le tratan”3. En ese sentido, constituye “uno
de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social, y un factor
intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida
tanto por el Estado, como por la sociedad”4.
Este derecho puede ser vulnerado tanto por las autoridades públicas como
por particulares, siempre que se divulgue información falsa o errónea, lo
que conlleva a que la reputación o el concepto que se tiene de la persona
se distorsione, afectando también su dignidad humana. Al respecto, la
Corte Constitucional ha sostenido que:
“el derecho al buen nombre debe ser objeto de protección constitucional cuando
se divulgan públicamente hechos falsos, tergiversados o tendenciosos sobre una
persona, con lo cual se busca socavar su prestigio o desdibujar su imagen, por
consiguiente, para constatar una eventual vulneración al buen nombre es preciso
examinar el contenido de la información, y evaluar si es falsa o parcializada o si
adjudica a determinadas personas actividades deshonrosas que le son ajenas. Para
el mismo efecto resulta imprescindible establecer si las expresiones cuestionadas
corresponden al ejercicio de la libertad de información o se inscriben en el ámbito
de la libertad de opinión”5.
Por su parte, el derecho al habeas data encuentra su regulación
constitucional en el mencionado artículo 15 de la Constitución Política el
3
Ver entre otras, Corte Constitucional, Sentencias T-977 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-405
de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T- 634 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, T-050de 2016 M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-117/18 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
4
Ver entre otras Corte Constitucional, Sentencias T-977 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-022
de 2017 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
5
Corte Constitucional, Sentencia T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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cual, conforme el cual las personas tienen derecho a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos
de datos y en archivos de entidades públicas y privadas6.
Sobre el habeas data la Corte Constitucional ha señalado7:
“El contenido del habeas data se manifiesta por tres facultades concretas (…): a)
El derecho a conocer las informaciones que a [las personas] se refieren; b) El
derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, agregándoles
los hechos nuevos; c) El derecho a rectificar las informaciones que no correspondan
a la verdad.”
“Para que exista una vulneración del derecho al habeas data, la información
contenida en el archivo debe haber sido recogida de manera ilegal, sin el
consentimiento del titular del dato (i), ser errónea (ii) o recaer sobre aspectos
íntimos de la vida de su titular no susceptibles de ser conocidos públicamente. (iii)”
El derecho al habeas data es, entonces, un derecho claramente diferenciado del
derecho a la intimidad, cuyo núcleo esencial está integrado por el derecho a la
autodeterminación informativa que implica, como lo reconoce el artículo 15 de la
Carta Fundamental, la facultad que tienen todas las personas de “conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.”
Es entonces evidente que el derecho al habeas data es una garantía
constitucional autónoma e independiente del buen nombre. Su afectación
está directamente relacionada con la vulneración del derecho a la dignidad
humana, como sucede con el buen nombre, por lo que resulta necesario
que la información que se publica sobre las personas sea veraz y conforme
con la realidad.
Asimismo, la Corte Constitucional ha definido el derecho al hábeas data
como la facultad que tiene el titular de información personal de exigir a
las administradoras de bases de datos el acceso, la inclusión, la exclusión,
la corrección, la adición, la actualización, la certificación de la información
y la posibilidad de limitar su divulgación, publicación o cesión8.
6
Ver al respecto las Sentencias del Consejo de Estado del 22 de marzo de 2018. M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio. Rad. 25000-23-37-000-2017-01765-01, 4 de abril de 2017. M.P. César Palomino Cortés. Rad. 05001-
23-33-000-2017-00160-01, del 18 de octubre de 2018. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Rad. 13001-23-
33-000-2018-00226-01, del 3 de octubre de 2019. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Rad. 17001-23-33-000-
2019-00384-01, del 16 de agosto de 2017. M.P. César Palomino Cortés. Rad. 25000-23-36-000-2017-01067-
01 en relación con el derecho al habeas data.
7
Sentencia T-552/97 M.P Vladimiro Naranjo Mesa
8
Sentencia T-729 de 2002.
10
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Adicionalmente, la Corte estableció que el ámbito de aplicación del
derecho fundamental al hábeas data depende del entorno en el cual se
desarrollan los procesos de administración de bases de datos personales.
En consecuencia, el contexto material de dicho derecho está integrado
por “el objeto o la actividad de las entidades administradoras de bases de
datos, las regulaciones internas, los mecanismos técnicos para la
recopilación, procesamiento, almacenamiento, seguridad y divulgación de
los datos personales y la reglamentación sobre usuario de los servicios de
las administradoras de las bases de datos”9.
3.3.2.2. Base de datos de la página web de la Rama Judicial y el
sistema «Nueva Consulta de Procesos Nacional Unificada»
Con relación a la base de datos de la página web de la rama judicial es
importante señalar que la misma no tiene una finalidad distinta a la de
contener un registro de las actuaciones que fueron adelantadas por las
respectivas autoridades judiciales dentro de las acciones legales que se
encuentran instituidas para las diferentes jurisdicciones. Por lo tanto, no
sería posible afirmar que los datos contenidos en dicha base puedan
constituir algún tipo de verificación frente a la existencia o no de
antecedentes penales, fiscales o disciplinarios de una determinada
persona, pues dicha función es propia de las bases de datos de la Policía
Nacional, Contraloría General de la República y Procuraduría General de
la Nación, respectivamente.
En ese orden, dada la especificidad del registro que se plasma en la base
de datos de procesos judiciales, para acceder a la información se requiere
que el consultante conozca, no solamente los datos de la persona, esto
es, su nombre y apellidos o número de cédula, sino que, además, es
necesario saber qué autoridad judicial se encargó́ de adelantar la acción
correspondiente. En consecuencia, ese tipo de almacenamiento escapa de
9
Corte Constitucional, Sentencia T-729 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
11
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lo que podría catalogarse como “de consulta generalizada”10, pues es
preferencialmente de conocimiento de los servidores judiciales, para el
adecuado desarrollo de sus funciones.
Ahora bien, dentro de la página de consulta de procesos judiciales de la
rama judicial no existe ningún tipo de link que dé cuenta de los
antecedentes penales, fiscales o disciplinarios de las personas, puesto que
únicamente permite constatar información respecto a las diferentes
actuaciones en los procesos judiciales que se han tramitado en la
judicatura, la que se presenta de forma sistemática y cronológica, sin
ningún otro fin que el de servir de soporte para una mejor gestión de los
procesos administrativos y judiciales.
De igual manera se puede establecer que el aplicativo que refleja las
actuaciones adelantadas por las diferentes autoridades judiciales cumple
con la finalidad de dar publicidad y facilitar la consulta de usuarios tanto
internos como externos de la administración de justicia, en seguimiento
de los fines previstos en el artículo 228 superior y lo dispuesto en los
artículos 2° y 7° de la Ley 1712 de 2014, que regulan la transparencia y
el derecho de acceso a la información pública nacional. Al respecto, ha
señalado la jurisprudencia constitucional que:
“(...) los sistemas de computarización de la información tienen por objeto
racionalizar el acceso directo a los expedientes. De ahí que, su existencia le
facilita a la administración de justicia el cumplimiento eficiente de sus funciones,
en particular el deber de dar publicidad a sus actos. Ello se resalta en el artículo
95 de la Ley 270 de 1996, en el que se proporciona a la Rama Judicial de
herramientas tecnológicas”11.
Con base en todo lo anterior se tiene que el ámbito de protección del
derecho al habeas data no es de cualquier tipo de información que se
relacione con una persona, porque su ejercicio es inviable jurídicamente
en relación con la información que no esté́ contenida en una base de datos
o que no tenga el carácter personal, lo que equivale a pública.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-020 de 2014 M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
11
ibidem
12
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De lo descrito se puede concluir que la información contenida en el portal
web de la rama judicial, per se, no causa agravios al titular de lo allí
reportado cuando los datos que se le requieren los consigna sin previsión
ni restricción ninguna. Ello, por cuanto dicha información no es de fácil
acceso al público en general, registra breves reseñas de actuaciones
litigiosas, no da cuenta de antecedentes penales, fiscales o disciplinarios
y está destinada para el buen desarrollo de las funciones ejercidas por los
servidores judiciales.
Correlativamente, se tiene que el instrumento denominado «Nueva
Consulta de Procesos Nacional Unificada» corresponde a una herramienta
tecnológica cuyo dominio es del Consejo Superior de la Judicatura,
diseñada para facilitar a los usuarios de la administración de justicia la
visualización de asuntos litigios o no litigiosos. Su propósito se encamina
a brindar a la ciudadanía en general una consulta de procesos integrada,
única, de fácil acceso, confiable y segura, que asegure el cumplimiento
de los principios que aseguran su confiabilidad y transparencia en el
tratamiento restringido de la información.
Sobre las políticas de privacidad de la información registrada, el Centro
de Documentación Judicial - CENDOJ advierte lo siguiente:
“La Consulta de Procesos Nacional Unificada garantiza el acceso a la información
de los procesos judiciales y las personas vinculadas a los mismos, no se permite
el acceso indiscriminado a datos personales protegidos por el derecho de habeas
data.
Principios generales que se acogen para garantizar la protección de los datos
personales: dentro del compromiso legal y corporativo para garantizar la
confidencialidad de la información personal, se establecen como principios
generales para el tratamiento de la información, en desarrollo de los ya presentes
en la Ley 1581 del 2012 y el capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015, y demás
normas aplicables, los siguientes:
Principio de legalidad: no habrá tratamiento de información personal sin observar
las reglas establecidas en la normatividad vigente.
Principio de finalidad: la incorporación de datos a las bases físicas o digitales
deberá obedecer a una finalidad legítima, la cual será oportunamente informada
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Accionante: ROGER LEMUS PALACIOS
al titular en la cláusula de autorización para el tratamiento y en la política de
privacidad.
Principio de libertad: se realizará tratamiento de datos personales cuando se
cuente con la autorización o cuando por norma exista una facultad para hacerlo,
en los términos del art. 3° literal a) y 6° literal a) de la Ley 1581 del 2012, así
como la sección II del capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015.
Principio de veracidad y calidad: se propenderán porque la información sea veraz
y se encuentre actualizada, para lo cual se dispondrá de medios eficientes para
la actualización y rectificación de los datos personales en los caos que aplique.
Principio de transparencia: dentro de los mecanismos que se establezcan para el
ejercicio de los derechos de los titulares de la información personal, se
garantizará al titular, así como a los terceros autorizados por este, el acceso a la
información sobre datos personales que le conciernan.
Principio de acceso y circulación restringida: se comprometen a garantizar que
únicamente personas autorizadas podrán acceder a la información personal.
Asimismo, su circulación se limitará al ejercicio de las finalidades autorizadas por
el usuario o por la normatividad.
Principio de seguridad: se adelantarán todas las medidas técnicas,
administrativas y humanas para garantizar que la información personal,
almacenada en bases de datos físicas o digitales, no circule o personas no
autorizadas accedan a ella.
Principio de confidencialidad: todas las personas que intervengan en el
tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están
obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de
finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento,
pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello
corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley y en los
términos de la misma.”12
3.3.2.3. El caso concreto
En el asunto que se examina, el señor Roger Lemus Palacio pretende que
las autoridades accionadas eliminen el registro de los procesos judiciales
en los cuales el hizo parte, por cuanto los mismos ya se encuentran
terminados y archivados. Ello, por cuanto considera que mantener el
registro en la página web de la rama judicial compromete sus derechos
fundamentales al habeas data y buen nombre y aduce que le ha afectado
su vida en el ámbito laboral y familiar.
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https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-documentacion-judicial/politicas-de-privacidad-y-
condiciones-de-uso
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Accionante: ROGER LEMUS PALACIOS
Ahora bien, la Sala advierte que conforme como lo manifiesta el
accionante, en la página de consulta de procesos de la rama judicial se
evidencia la existencia de distintos trámites judiciales en los cuales el aquí
accionante hizo parte, los cuales a la fecha se encuentran terminados y
archivados.
No obstante, de revisión de los procesos judiciales en los cuales figura el
accionante se advierte que los datos allí registrados no reflejan
información sensible, datos falsos o reportes negativos. Por el contrario,
los reportes solo aluden a un historial de actuaciones, coherente con las
obligaciones de los administradores de dichos almacenamientos y de los
despachos judiciales en donde cursaron dichos procesos, que cumple las
exigencias que impone el tratamiento de los datos que requiere la
autoridad pública para la recopilación, almacenamiento y su clasificación,
con fines exclusivamente institucionales y bajo los principios que
determina la ley.
En ese orden no se observa por esta Sala que con el actuar de las
accionadas en el presente proceso se comprometan los derechos
fundamentales que el actor demanda.
En ese sentido, valga destacar que, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, ordenar la reserva los nombres reales de los accionantes
o intervinientes de una actuación judicial plantea un conflicto entre el
derecho a la intimidad de aquellos y el principio de publicidad propio de
los procesos judiciales. Por esa razón, únicamente hay lugar a suprimir
información personal cuando la información "(i) comprende aspectos
íntimos de la persona, o (ii) su contenido puede generar el deterioro
innecesario de la imagen del solicitante frente así mismo o a la sociedad,
es decir, cuando la sentencia tiene un impacto para la intimidad, la honra
o el buen nombre de una persona.”13.
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Corte Constitucional Auto 259-19 Magistrada Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER
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Con todo, ninguno de los supuestos enunciados se verifica en el asunto
bajo estudio, de manera que no hay razones para sostener que la
información que aparece en las bases de datos de la Rama Judicial
relacionada con el accionante vulnere los derechos a la intimidad, honra,
habeas data o a su buen nombre, pues se trata de procesos en los que
mismo accionante actuó como parte procesal.
A lo anterior se agrega que el accionante no allegó al presente tramite
constitucional prueba alguna que corrobore la afectación de los derechos
que invoca, ni que demuestre la correlación directa entre la imposibilidad
de acceder a la renovación de su contrato de trabajo y la existencia de
las anotaciones en la base de datos de la rama judicial. Finalmente,
tampoco se advierte que el señor Lemus Palacio haya acreditado una
condición de especial protección o la existencia de un perjuicio
irremediable que dé lugar a la adopción de medidas diferenciales.
3.4. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que los registros de
procesos judiciales que involucran al señor Roger Lemus Palacio que
reposan en la página de la rama judicial no vulneran los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y en consecuencia denegará
el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y el Centro de Documentación Judicial
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Accionante: ROGER LEMUS PALACIOS
• CENDOJ del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las
consideraciones expuestas.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado por el señor Roger Lemus
Palacio, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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