RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00346-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00346-00

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00346-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela que presentó el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00346-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

29 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño

Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

La causal de violación directa de la Constitución/alcance

Derecho Fundamental Invocado: Igualdad

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Eduardo José Dorado contra el
Tribunal Administrativo de Nariño.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 11 de
septiembre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folio 439 del documento denominado “ED_TUTELA(.pdf) NroActua 2”. Archivo

aportado en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

radicación 860013331001202000053-01, vulneró su derecho fundamental
invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de: i) el Oficio núm.
20183112157771: MDN-CGFMCOEJC-SEJEC-JEMGFCOPER-DIPER-1-10 de 6
de noviembre de 2018; y ii) el acto administrativo ficto o presunto derivado del
silencio administrativo del derecho de petición identificado con radicado núm.
P3Y6UU9QS6, por medio de los cuales le negaron el reajuste salarial y
prestacional equivalente a un veinte por ciento, y el reconocimiento y pago de la
prima de actividad.

3.1. Precisó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó el reajuste del
veinte por ciento en su salario, el pago de la prima de actividad, subsidio familiar y
el reajuste de las prestaciones sociales, vacaciones y demás acreencias laborales
que devengó desde su incorporación, hasta el momento en que se incluyeran los
factores que se solicitaban en su asignación mensual y demás prestaciones.

4. Indicó que, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante
sentencia de 29 de septiembre de 2022, resolvió i) “[…] declarar constituido el acto
ficto presunto negativo por falta de contestación del derecho de petición radicado
P3Y6UU9QS6 […]”; y ii) negó las demás pretensiones de la demanda.

5. Manifestó que, el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 26
de mayo de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO. – Confirmar la sentencia que el 29 de septiembre de 2022 profirió el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoó el señor
Eduardo José Dorado Garcés contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército

3

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

Nacional, por las razones que se consignaron en la parte motiva de esta providencia
[…]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Por consiguiente, considera legal la Sala, que el Ejército Nacional hubiera omitido
acrecentar el porcentaje en un sesenta por ciento (60%) respecto del salario mínimo
legal mensual vigente para sufragar la remuneración mensual del Soldado
Profesional, toda vez, que su vinculación no se encontraba dentro de la transición
establecida en los Decretos 1793 y 1794 del 2000. Lo anterior en virtud de que el
señor Eduardo José Dorado Garcés, se vinculó a la institución castrense a partir del
17 de agosto de 2004, por lo que correspondía reconocerle un salario mínimo
mensual pero incrementado únicamente en un cuarenta por ciento (40%).

Significa lo anterior, que cuando la administración liquido (sic) la prestación salarial
no vulneró el derecho que el demandante tenían a ejercer su trabajo en condiciones
de igualdad, ni mucho menos desconoció los principios consagrados en el artículo 53
de la Constitución Nacional, como lo afirma la parte actora, puesto que esa decisión
dependió de la facultad del legislador.

Es indudable que la demandada actuó en debida forma cuando para liquidar el sueldo
básico del demandante adoptó el guarismo del incremento del cuarenta por ciento
(40%) sobre el salario mínimo legal mensual vigente, aplicando la norma que se emitió
para el Soldado Profesional, que para estos efectos es la que contiene el inciso
primero del artículo 1 del enunciado Decreto 1794 de 2000 […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, en criterio de esta Sala y en atención a la unificación
jurisprudencial que sobre el tema se ha decantado, es posible definir que el acto
administrativo demandado no está viciado de nulidad, como quiera que al
demandante le asiste el derecho únicamente a percibir mensualmente un salario
mínimo incrementado en un cuarenta por ciento (40%) de conformidad con la ley y,
en virtud que, como se recalcó, el señor Eduardo José Dorado Garcés se vinculó
como Soldado Profesional a la institución castrense, el 3 de septiembre de 2006 […]”.

[…]
“[…] Teniendo en cuenta lo antes expuesto, palmario es concluir que, de conformidad
con las decisiones adoptadas por el legislador, los Soldados Profesionales tienen su
propio régimen salarial y prestacional, diferente del de los demás miembros de la
fuerza pública, y en el cual no se encuentra contemplada la prima de actividad por la
que se reclama.

Con este sustento, es obligatorio afirmar que los Soldados Profesionales no tienen
derecho a devengar prestaciones sociales diferentes de las que se señalan en el
mencionado Decreto 1794 de 2004, pues si se admite tal situación no sólo se violaría
el principio de inescindibilidad de la ley, sino que también se conculcaría el principio
de libertad de configuración legislativa […]”.

[…]

“[…] Por esta razón, el acto administrativo demandado, con el cual se negó reajustar
la partida del subsidio familiar tiene sustento en el Decreto 1161 de 2014, norma
aplicable en este caso, por la fecha en la que se acreditó el derecho, es decir en 2015,

4

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

conforme se evidencia del contenido de la solicitud de reconocimiento del subsidio
familiar y la orden administrativa de personal que datan de esa anualidad. Este es el
motivo por el cual, en este aspecto, el acto administrativo demandado se encuentra
ceñido a derecho, pues la diferencia de trato a la que se refiere el demandante, y que
está contenida en el artículo 1 del Decreto 1162 de 2014 no resulta ser
desproporcionado e inconstitucional ante lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, porque se adecua al fin para el cual el subsidio fue creado, el cual es
coadyuvar económicamente con los trabajadores que poseen menores salarios y, con
ello proteger a su familias […]”.

[…]

“[…] Finalmente, comparte la Sala las consideraciones del Juez de primera instancia
en relación con la configuración del silencio administrativo negativo, ya que de
acuerdo con el material probatorio que se recaudó en el decurso procesal es posible
establecer que, si bien se emitió un escrito de contestación ante la petición que
presentó el señor Eduardo José Dorado Garcés la respuesta no fue suficiente, pues
solamente se absolvió el tema relacionado con el subsidio familiar, pero se dejó de
lado la petición de reconocimiento del veinte por ciento (20%) del salario básico, y el
análisis sobre el reconocimiento y pago de la prima de actividad, por lo cual, se
considera que operó el silencio administrativo negativo porque no se acreditó que
respecto de las señaladas peticiones se hubiera emitido respuesta de fondo […]”.

6. Advirtió que, presentó acción de tutela en contra de la sentencia mencionada
supra, frente a la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 24 de agosto de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por el
señor Eduardo José Dorado Garcés en relación con el cargo de desconocimiento del
principio de congruencia por no superar el requisito de la subsidiaridad.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso
del señor Eduardo José Dorado Garcés.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS NOTIFICAR la sentencia del 26 de mayo de 2023
emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño y ORDENAR que, dentro de los 20 días
siguientes a la notificación de esta providencia, la autoridad judicial accionada profiera
una sentencia de reemplazo dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado No. 8600133310020200005300/01, en la cual atienda los argumentos
expuestos en la parte considerativa del presente fallo […]”.

7. Adujo que, el Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia de reemplazo
el 11 de septiembre de 2023, mediante la cual resolvió:

“[…] PRIMERO. – Revocar la sentencia que el 29 de septiembre de 2022, profirió el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, dentro del proceso que en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoó el señor
Eduardo José Dorado Garcés, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, por las razones que se consignaron en la parte motiva de esta providencia.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

SEGUNDO.- Declarar la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el oficio
No. 20183112157771: MDN-CGFMCOEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 6
de noviembre de 2018 y el acto administrativo ficto o presunto negativo, derivado del
silencio de la administración, respecto de la solicitud que se radicó con el No.
P3Y6UU9QS6 respecto del reconocimiento del subsidio familiar, de conformidad con lo
establecido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, en virtud de las razones
contenidas en la parte considerativa de este fallo.

TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho, condénase a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a reconocer el factor denominado subsidio
familiar a favor del señor Eduardo José Dorado Garcés conforme al artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, desde la fecha en que se consolidó su estatus, es decir, a partir
del día en que se configuró su unión marital de hecho (18 de agosto de 2012), y se
condena a liquidar y pagar de forma indexada las diferencias que por este concepto se
causaron, además de las diferencias que resultan de liquidar las prestaciones sociales
en cuya base se deba reflejar este subsidio. Se descontarán los valores que se pagaron
con base en el subsidio que se creó a través del Decreto 1161 de 2014.

CUARTO.- Declarar prescritas las diferencias salariales y prestacionales que se
causaron antes del 21 de junio de 2014 […]”.

7.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Por consiguiente, considera legal la Sala, que el Ejército Nacional hubiera omitido
acrecentar el porcentaje en un sesenta por ciento (60%) respecto del salario mínimo
legal mensual vigente para sufragar la remuneración mensual del Soldado
Profesional, toda vez, que su vinculación no se encontraba dentro de la transición
establecida en los Decretos 1793 y 1794 del 2000. Lo anterior en virtud de que el
señor Eduardo José Dorado Garcés, se vinculó a la institución castrense a partir del
17 de agosto de 2004, por lo que correspondía reconocerle un salario mínimo
mensual pero incrementado únicamente en un cuarenta por ciento (40%).

Significa lo anterior, que cuando la administración liquido (sic) la prestación salarial
no vulneró el derecho que el demandante tenían a ejercer su trabajo en condiciones
de igualdad, ni mucho menos desconoció los principios consagrados en el artículo 53
de la Constitución Nacional, como lo afirma la parte actora, puesto que esa decisión
dependió de la facultad del legislador […]”.
[…]

“[…] Con este sustento, es obligatorio afirmar que los Soldados Profesionales no
tienen derecho a devengar prestaciones sociales diferentes de las que se señalan en
el mencionado Decreto 1794 de 2004, pues si se admite tal situación no sólo se
violaría el principio de inescindibilidad de la ley, sino que también se conculcaría el
principio de libertad de configuración legislativa.

En este orden de ideas, la prima de actividad (consagrada en el artículo 842 del
Decreto 1211 de 1990, modificado por el artículo 303 del Decreto 737 de 2009)
prevista para los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, no se puede
reconocer a los Soldados Profesionales de la misma institución. Lo anterior, considera
la Sala, no constituye vulneración alguna del derecho a la igualdad, puesto que los

2 ARTICULO 84. PRIMA DE ACTIVIDAD. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio

activo, tendrán derecho a una prima mensual de actividad que ser (sic) equivalente al treinta y tres por ciento
(33%) del respectivo sueldo básico.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

soldados no tienen el mismo nivel jerárquico, ni desempeñan las mismas funciones
que los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares […]”.

[…]

“[…] De conformidad con la normatividad y la jurisprudencia que se analizaron, estima
la Sala que el señor demandante, como soldado profesional activo, no tiene derecho
a que se le pague la prima de actividad, como quiera que esa prestación no está
contemplada en el régimen prestacional que se debe aplicar para su cargo,
circunstancia que, a partir de la decisión del legislativo, permite concluir que no se
está vulnerando el derecho a la igualdad.

Por último, se encuentra acreditado que el subsidio familiar se liquidó a favor del actor
en un veinte por ciento (20%), según lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1161 de
2014 (Archivo digital No. 32 F. 4), porque adquirió el derecho conforme a los requisitos
legales, a través de la orden administrativa de personal OAP 2054 del 30 de
septiembre de 2015 que se expidió tras acreditar la existencia de su unión marital de
hecho. De estos sucesos se extrae que, en efecto y según se desprende de la prueba
que se allegó al proceso, el señor Dorado Garcés cumplió con el requisito que le
permitía constituirse en acreedor del subsidio familiar en vigencia del Decreto 1161
de 2014, por lo que, inicialmente, el acto administrativo demandado goza de respaldo
legal en su expedición.

Sin embargo, cabe traer a colación lo que el H. Consejo de Estado resolvió mediante
providencia del 8 de junio de 2017, dentro del expediente radicado con el No. 11001-
03-25-000-2010-00065-00, en la cual declaró “(…) con efectos ex tunc la nulidad total
del Decreto 3770 de 2009 por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000 y se dictan otras disposiciones (…)”, lo que permite la aplicación, en el presente
caso del Decreto 1794 de 2000 […]”.

[…]

“[…] Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que, al configurarse
los supuestos de hecho previstos en el Decreto 1794 de 2000, previo a la entrada en
vigencia del Decreto 1161 del 2014, esto es, especialmente con la configuración de
la unión marital de hecho (18 de agosto de 2012), existe fundamento legal para
ordenar el reajuste del subsidio familiar que percibe el demandante, en los términos
del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por lo cual que se impone revocar la decisión
de primera instancia para acceder a las pretensiones de la demanda en este punto
específico.

Estos razonamientos sirven de base para declarar la nulidad parcial del acto
enjuiciado, cuyo restablecimiento incluirá la orden de que la prestación se liquide
conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, desde cuando se configuró el
derecho, es decir, a partir del 18 de agosto de 2012 (fecha en la que se estableció la
unión marital de hecho), con el pago de las diferencias entre lo reconocido por la
entidad como subsidio familiar y lo que se debía pagar, debidamente actualizado.

Sin embargo, frente al caso, es necesario aplicar el fenómeno de la prescripción,
previsto en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.

Al respecto, se reitera que, mediante sentencia judicial del 8 de junio de 2017, se
declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 del 2009, situación que
generó el restablecimiento de la norma que había sido derogado, esto es el Decreto
1794 de 2000, desde el momento de su derogatoria […]”.

7

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

[…]

“[…] Debe precisar la Sala en este punto, que es a partir de la decisión judicial
(sentencia del 8 de junio de 2017 proferida por el H. Consejo de Estado) con la cual
se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, que el demandante tuvo una
expectativa real respecto del reconocimiento y pago del subsidio familiar conforme al
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por cuanto solamente hasta ese momento esa
norma cobró nuevamente vigencia, luego de haber sido derogada.

Por lo anterior, la Sala tomará la fecha de radicación de la segunda petición para
contabilizar el término de la prescripción cuatrienal previsto en el artículo 174 del
Decreto 1211 de 1990, lo que significa que las diferencias que resultan del
reconocimiento del subsidio familiar según esta providencia, causadas con
anterioridad al 21 de junio de 2014 se encuentran prescritas según la norma que antes
se citó.

Por este motivo se accederá a las pretensiones de reajuste de la partida del subsidio
familiar, en los términos a los que en forma precedente se hizo relación.

Finalmente, comparte la Sala las consideraciones del señor Juez de primera instancia
en relación con la configuración del silencio administrativo negativo, ya que de
acuerdo con el material probatorio que se recaudó en el decurso procesal es posible
establecer que, si bien se emitió un escrito de contestación respecto de la petición
que presentó el señor Eduardo José Dorado Garcés la respuesta no fue suficiente,
pues solamente se absolvió el tema relacionado con el subsidio familiar, pero se dejó
de lado el reconocimiento del veinte por ciento (20%) del salario básico, y el análisis
sobre el reconocimiento y pago de la prima de actividad, por lo cual, se considera que
operó el silencio administrativo negativo porque no se acreditó que respecto de las
señaladas peticiones se hubiera emitido respuesta de fondo. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. PRIMER GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS: RELACIONADAS
CON LA VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN.

1.1. Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, se estructura la causal especifica de procedibilidad de tutela
contra providencias judiciales, denomina VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN, específicamente la VIOLACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL
DE LA IGUALDAD.

1.2. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura
porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada,
realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante
frente al trato que le dio al señor JOHN JAIRO MAYORGA VALBUENA.

8

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

1.3. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura
porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada,
realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante
frente al trato que le dio al señor JARLEDY MORENO SERMA.

1.4. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura
porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada,
realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante
frente al trato que le dio al señor ÁLVARO CASTILLO MATEUS.

1.5. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura
porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada,
realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante
frente al trato que le dio al señor JOSÉ CASTRO PEÑA.

1.6. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura
porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada,
realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante
frente al trato que le dio al señor DURABIO ANTONIO SOTO TORRES.

1.7. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura
porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada,
realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante
frente al trato que le dio al señor ROBIN MEZA FLOREZ.

1.8. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura
porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada,
realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante
frente al trato que le dio al señor JHON ARLEY TRUJILLO NOGUERA.

1.9. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura
porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada,
realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante
frente al trato que le dio al señor WILSON ANTONIO VILLADA.

1.10. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura
porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada,
realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante
frente al trato que le dio al señor MARIO ANDRÉS GUTIÉRREZ ARAGÓN.

1.11. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura
porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada,
realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante
frente al trato que le dio al señor YAMIL ENRIQUE YANES ORTEGA.

1.12. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura
porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada,
realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante
frente al trato que le dio al señor JONATHAN RUIZ ZOLANO.

1.13. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura
porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada,
realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante
frente al trato que le dio al señor ERNESTO GUTIERREZ.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

1.14. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura
porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada,
realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante
frente al trato que le dio al señor GUSTAVO HERNÁN MORENO LANCHERO.

1.15. Que, como consecuencia de lo anterior, declare que el trato dado a mi
poderdante, por parte del tutelado, es trato discriminatorio, y que el mismo está
proscrito por el artículo 13 de la Constitución Política, lo que conlleva a que es
estructure la causal especifica de procedibilidad de tutela contra providencias
judiciales, denomina VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, en la sentencia
aquí cuestionada.

1.16. Como consecuencia de lo anterior, se declare que Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, con la expedición de la sentencia aquí cuestionada vulneró el
DERECHO FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD de mi poderdante.

2. SEGUNDO GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS, CONSECUTIVAS
DE LAS ANTERIORES:

2.1. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, le ruego encarecidamente
al Honorable Despacho, que proceda a dejar, PARCIALMENTE (únicamente lo
relacionado con la prescripción del reajuste del subsidio de familia) sin efectos, LA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Pasto, once (11) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023) Restablecimiento del derecho 2020 - 00053 (12275) Eduardo José Dorado
Garcés Vs. Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Mocoa APELACION SENTENCIA Magistrada Ponente:
Beatriz Isabel Melodelgado Pabón..

2.2. Como consecuencia de lo anterior, le ruego al Honorable Despacho que ordene
al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia en la cual se
abstenga de aplicar la prescripción del derecho, como quiera que “existía un
impedimento legal que no permitía exigir el reconocimiento” y “el derecho a
devengarlos surgió a partir de los efectos ex tunc de la sentencia que declaró la
nulidad” del decreto 3770 de 2009.

2.3. Se ordene a la entidad que se haga el reconocimiento y pago del subsidio de
familia desde el 18 DE AGOSTO DE 2012, fecha en la que inicio la unión marital de
hecho […]”.3

8.1. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en la causal de “[…] violación directa de la constitución […]”, lo cual
desarrolló en el marco de un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, de conformidad con el cual concluyó que se le vulneró su derecho
fundamental a la igualdad, porque a su juicio, el Tribunal, al haber “[…] proced[ido]
al reconocimiento del derecho del reajuste del subsidio de familia con prescripción
a un sujeto, mientras que a otros en igualdad de condiciones fácticas se les

3 Transcripción literal del texto.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

reconoce el reajuste sin prescripción, no es una medida idónea que garantice el fin
constitucional para el que ha sido creado el subsidio de familia […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 31 de enero de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Nariño; y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo de Nariño solicitó negar el amparo de tutela. Para
tal efecto, manifestó lo siguiente:

“[…] No obstante, es preciso advertir que las sentencias que se emiten por otros
tribunales, a los que se refiere el apoderado, no son jurisprudencia obligatoria, ni
constituyen precedente.

La decisión se adoptó en forma unánime por la Sala, por cuanto se emitió conforme
con el contenido de lo probado, la ley y la jurisprudencia.

Jurídicamente no es posible que ahora, vía tutela, la parte actora pretenda deducir
consecuencias favorables que no pudo obtener en el proceso ordinario, con
desconocimiento de la ley y la jurisprudencia, tal como puede constatarse de la
lectura del fallo a través del cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

En este caso, a todas luces la acción de tutela, resulta improcedente por su carácter
residual, según lo previsto en el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991
[…]”.

11. El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicitó negar la solicitud
de tutela, por las siguientes razones:

“[…] Previo a emitir pronunciamiento sobre la presente acción constitucional, sea
oportuno informar que se encuentra en trámite un recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia presentado ante la decisión adoptada por la segunda
instancia – Tribunal Administrativo de Nariño – Despacho Quinto – dentro del
presente asunto; por considerar que la decisión adoptada vulnera el precedente de

11

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

unificación de jurisprudencia emitido por el Honorable Consejo de Estado; en cuanto
la calidad y la temporalidad de vinculación del demandante a la entidad, así como el
reconocimiento efectuado en cuanto al subsidio familiar, no lo hacen sujeto de los
reconocimientos efectuados, considerando que de conformidad con los
presupuestos contenidos en los precedentes de unificación de jurisprudencia, no hay
lugar a ello […]”.

[…]

“[…] En esa medida, debe considerarse la improcedencia, por cuanto, la figura de la
prescripción es una figura de derecho público y su aplicación corresponde
inexorablemente al paso de los años. Ello sin dejar de lado que, en el presente
asunto, no le asiste derecho al tutelante, en ninguno de los aspectos.

En esa medida importante, reiterar que la figura de la prescripción, de acuerdo a la
evolución de su análisis es preciso señalar de su aplicación como excepción que
puede ser reconocida de oficio como en efecto sucede. Pues no puede pretenderse
que se aplique el tiempo a partir la (sic) promulgación de las decisiones de
unificación, cuando precisamente el derecho señala que es a partir de las peticiones
particulares y concretas […]”.

[…]

“[…] Sobre la vulneración al derecho de igualdad, debe considerarse que la
vulneración se predica de los iguales, y la génesis de este asunto desde el momento
de radicado el proceso ordinario, es que la calidad del accionante es la de SOLDADO
PROFESIONAL, vinculado en vigencia del DECRETO 1793 Y 1794 DE 2000. Con
lo cual se resalta que en ningún momento ostento (sic) la calidad de SOLDADO
VOLUNTARIO, por lo cual el régimen laboral aplicable, es lo contenido en los
decretos referenciados.

Y se hace alusión, esa situación particular de calidad del tutelante, por cuanto las
pretensiones incoadas con el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho, es pretender el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%,
considerando que al cumplir las mismas funciones que los Soldados Voluntarios,
tiene el derecho al reconocimiento de mencionada diferencia salarial. Seguidamente
demanda el reconocimiento de la Prima de Actividad considerando que cumple
iguales funciones que el personal de Oficiales y Suboficiales del Ejército Nacional.
Dejando de lado la prerrogativa que esboza el artículo 1 del Decreto 1793 de 2000.
Y la última de las pretensiones concierne al reconocimiento y pago del Subsidio
Familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Dejando de lado
que el reconocimiento del Subsidio al Accionante se realizó en vigencia del Decreto
1161 de 2014. Frente a lo cual, debería analizarse una circunstancia particular, y es
que, si se pretende la plena aplicación del art. 11 del Decreto 1794 de 2000, ese
reconocimiento del Subsidio Familiar será sobre por el tiempo que permanezca en
actividad, pues el Decreto 1794 de 2000 no considera el Subsidio Familiar como
factor salarial para la liquidación de la Asignación de Retiro. Situación que si prevé
el Decreto 1161 de 2014 […]”.

[…]

“[…] Y en cuanto a la unificación de subsidio familiar, es claro que en relación con
las situaciones de reconocimiento consolidadas en vigencia del marco jurídico previo
a la expedición de la sentencia, es claro que ya obra una situación jurídica definida.
Porque si otra cosa se ordenara, y considerando que la aplicación normativa no
podría ser particular sino total, pues al momento del retiro del accionante, el Subsidio

12

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

Familiar no será tenido como factor salarial para la liquidación de la ASIGNACION
DE RETIRO […]”.

12. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa allegó copia digital
del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
860013331001202000053-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

15. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal
Administrativo de Nariño, al proferir la sentencia de 11 de septiembre de 2023, en el
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación
860013331001202000053-01, incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de la
Constitución, lo que a su juicio desconoció su derecho fundamental a la igualdad.

16. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) la causal de violación directa de la
Constitución; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad; vii) análisis del caso concreto, y finalmente viii) las conclusiones de la
Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

18. Esta Sección8 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

20. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”9.

21. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

15

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos
parámetros.

23. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

25. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

26. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:

26.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración del derecho fundamental del actor a
la igualdad.

26.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la

10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

16

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

posible afectación del derecho fundamental invocado supra, y además, ii) el actor
cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las
cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente.

26.3. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal
de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales12, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

26.4. Cumplió con el requisito general de procedibilidad de inmediatez13.

26.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos
invocados14.
26.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;

26.7. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

12
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
13 Puesto que la sentencia de 11 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño se

notificó el 26 de septiembre de 2023 (dos días siguientes al envío del mensaje de datos que se realizó el 22
de septiembre de 2023), mientras que la tutela se interpuso el 25 de enero de 2024, es decir, se presentó
antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia cuestionada.
14 Al respecto, la Sala precisa que, si bien el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional informó que

“[…] se encuentra en trámite un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado ante la
decisión adoptada por la segunda instancia – Tribunal Administrativo de Nariño – Despacho Quinto – dentro
del presente asunto […]”, revisado Samai se advierte que, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante providencia de 1.° de febrero de 2024, resolvió “[…] Rechazar de plano el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por La Nación- Ministerio de Defensa Nacional-
Ejercito Nacional contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Nariño proferida el
11 de septiembre de 2023 […]”.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

26.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

27. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

28. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189615 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201116;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200117; C-816 de
201118; C-179 de 201619; y T-102 de 201420.

29. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”21 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.

15 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
16 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de

Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
17 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
18 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
19 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
21 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

30. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional22, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

31. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria23, la regla del respeto del precedente no
es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente
a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a
resolver una situación concreta.

32. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala24, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser
tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que
se fundamenta el ordenamiento jurídico.
33. En efecto, la Sala25 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de
la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las

22 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
23 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de

2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
25 ibídem.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial26”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.

34. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: i) la Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, fijan reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

35. En lo que respecta a la causal de violación directa de la Constitución, se
tiene que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este se
predica cuando la afectación se deriva de una interpretación legal inconstitucional
o por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la
autoridad judicial. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:

“[…] La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso
interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la
atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y,
por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones
judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza una
interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y
también cuando se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un
caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales
[…]”27.
36. En ese orden de ideas, la causal de violación directa de la Constitución, se
estructura cuando la afectación se deriva de una i) interpretación de las normas
jurídicas contrarias a la Constitución, ii) por la omisión en aplicar la excepción de
inconstitucionalidad y iii) cuando la autoridad judicial desconoce los postulados de
la Carta Política de 1991.

26 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez

y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
27 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

37. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

38. Atendiendo a que la Corte Constitucional28 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso concreto

39. El actor, a través de apoderado29, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 11 de

28 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
29 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folio 439 del documento denominado “ED_TUTELA(.pdf) NroActua 2”. Archivo

aportado en forma digital.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

septiembre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 860013331001202000053-01, vulneró su derecho fundamental
invocado supra.

40. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

41. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

42.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 860013331001202000053-01.

Solución del caso concreto

Análisis del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

43. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente:

22

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

“[…] En el presente asunto, alega que el demandante es víctima de un trato
discriminatorio por parte del Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, pues a
TRECE soldados profesionales que se encuentran en las mimas condiciones fácticas
como jurídicas se les reconoció el reajuste del subsidio de familia sin aplicar la
prescripción y ordenó como restablecimiento del derecho, el reconocimiento del
subsidio de familia desde la fecha del inicio de la respectiva unión marital de hecho,
o desde la celebración del matrimonio; situación que no ocurrió con el demandante,
sin que haya mediado una causa objetiva de discriminación.

Si bien es cierto en esta oportunidad existe diferencia entre los distritos judiciales del
tribunal, ambos de departamentos diferentes, también es cierto que la organización
de la rama judicial es entendida como una sola a lo largo y ancho del país. La misma
organización del estado en general no establece excepción alguna para la aplicación
diferente de la ley en Bogotá o en la Ciudad de Pasto. La aplicación de la Ley en
Colombia, salvo norma en contrario que para el caso concreto no existe, debe ser en
igualdad de condiciones para las personas que se encuentran en las mimas (sic)
condiciones fácticas […]”.

[…]

“[…] Del anterior cuadro, evidencia el Honorable Despacho que los sujetos
comparados, son soldados profesionales, tienen uniones maritales de hecho que
fueron constituidas ANTES del 23 de junio de 2014 y que fueron declaradas
DESPUÉS del 23 de junio de 2014; devengan el subsidio de familia con base en el
Decreto 1161 del 2014; la totalidad de los sujetos pidieron el reajuste del subsidio de
familia con base en el artículo 11 del derecho 1794 del 2000, todos presentaron
derecho de petición ante la entidad a fin de que se le reconociera el reajuste del
subsidio de familia con posterioridad al mes de junio de 2017 y antes de agosto del
año 2021 esto para evitar que operara el fenómeno de la prescripción de los cuatros
años siguientes a la fecha en que quedó en firme la sentencia Radicado: 11001-03-
25-000-2010-00065-00 Número interno: 0686-2010 Bogotá, D.C., ocho (8) de junio
de dos mil diecisiete (2017). MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO
CORTÉS; Sin embargo, para los demás sujetos se les reconoció el reajuste sin la
prescripción de las mesadas, mientras que para mi poderdante el reajuste se realizó
con prescripción, sin existir causa alguna que justifique el trato desigual como se verá
a continuación […]”.

[…]

“[…] Entonces, desde el plano de la Constitución, la presente situación no amerita un
trato diferencial, entre otras cosas, porque todos los sujetos presentaron el derecho
de petición con posterioridad al mes de junio de 2017 y antes de agosto del año 2021
esto para evitar que operara el fenómeno de la prescripción de los cuatros años
siguientes a la fecha en que quedó en firme la sentencia Radicado: 11001-03-25-000-
2010-00065-00 Número interno: 0686-2010 Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil
diecisiete (2017). MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS […]”.

[…]

“[…] La respuesta debe decirse desde ya, no hay una justificación constitucional que
amerite el trato diferente que recibe mi poderdante por parte del Honorable Tribunal
Administrativo, máxime si se tiene en cuenta, que dentro de los expedientes no está
acreditada la capacidad económica de los demandantes que les impida a unos la
“SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL GRUPO FAMILIAR” y por
tal razón tengan la necesidad de recibir el subsidio de familia; mientras que a mi
poderdante, dicha capacidad económica, le permita la “SATISFACCIÓN DE LAS

23

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

NECESIDADES BÁSICAS DEL GRUPO FAMILIAR” sin el emolumento que contiene
el subsidio de familia […]”.

44. Para tal efecto, el actor hizo referencia al desconocimiento de las siguientes
providencias, en relación con las cuales, a su juicio, hay identidad fáctica y jurídica
con su caso:

“[…] SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E
SISTEMA ORAL Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintidós (2022)
MAGISTRADA PONENTE: DRA. PATRICIA VICTORIA MANJARRÉS BRAVO
SENTENCIA No. 173 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO REFERENCIA: 110013335015 2020-00183-01 […]”.

[…]

“[…] SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “C”
Bogotá D.C., cinco (05) de octubre de dos mil veintidós (2022) Ponente: AMPARO
OVIEDO PINTO R E F E R E N C I A S: Expediente: 11001-33-35-028-2020-00021-
01 […]”.

[…]

“[…] SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “C”
en Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós (2022) Numero de
proceso: 11001334205620190040901 […]”.
[…]

“[…] SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA proferida por el Honorable HONORABLE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUB-
SECCIÓN “D” Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
MAGISTRADO PONENTE: Dr. CERVELEÓN PADILLA LINARES PROCESO No.:
11001-33-42-051-2020-00296-01 […]”.

[…]

“[…] SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION SEGUNDA – SUBSECCION
“A” Bogotá D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Magistrada
Ponente: Dra. CARMEN ALICIA RENGIFO SANGUINO: Expediente: 25307-33-33-
001-2021-00042-01 […]”.

[…]

“[…] SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E
SISTEMA ORAL Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
MAGISTRADA PONENTE: DRA. PATRICIA VICTORIA MANJARRÉS BRAVO
SENTENCIA No. 014 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO REFERENCIA: 1100133350008 2020-00265-01 […]”.

24

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

[…]

“[…] SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “E”
MAGISTRADO PONENTE: JAIME ALBERTO GALEANO GARZÓN Bogotá D.C.,
veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Expediente: 11001-33-35-015-
2020-00044-01 […]”.

[…]

“[…] SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E
SISTEMA ORAL Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintidós
(2022) MAGISTRADA PONENTE: DRA. PATRICIA VICTORIA MANJARRÉS BRAVO
SENTENCIA No. 196 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO REFERENCIA: 110013342 051 2020 00284 01 […]”.

[…]

“[…] SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION “C”
MAGISTRADO PONENTE: DR. SAMUEL JOSÉ RAMÍREZ POVEDA. Bogotá D.C.,
veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023). R E F E R E N C I A: JUICIO No.
:11001-33-35-011-2020-00189-01 […]”.

[…]

“[…] SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN
“D” MAGISTRADO PONENTE: Dr. ISRAEL SOLER PEDROZA Bogotá D.C., trece
(13) de julio dos mil veintitrés (2023) Expediente: 11001-33-42-051-2020-00214-01
[…]”.

[…]

“[…] SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B”
Magistrado ponente: Luis Gilberto Ortegón Ortegón Bogotá, D.C. veinticuatro (24) de
agosto de dos mil veintitrés (2023) Expediente: 11001-33-35-017-2020-00327-01
[…]”.

[…]

“[…] SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA proferida por el Honorable Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “E” Magistrado
ponente Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de
dos mil veintitrés (2023) Expediente: 11001-33-42-051-2020-00281-01 […]”.

[…]
“[…] SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA proferida por el Honorable Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección F Magistrada
Ponente: Dra. Patricia Salamanca Gallo Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de
dos mil veintitrés (2023) Demandado : Gustavo Hernán Moreno Lanchero Demandado
: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Expediente :
253073333002-2021-00154-01 Medio : Nulidad y Restablecimiento del Derecho […]”.

25

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

45. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar
la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia
anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que
esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso
y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente 30.

46. Sin embargo, previamente a abordar el estudio expuesto supra, la Sala debe
determinar si las providencias que adujo el actor constituyen un precedente judicial
o se trata de un antecedente jurisprudencial.

47. De conformidad con los reparos propuestos por el actor, la Sala advierte que
se debe negar la acción de tutela, en la medida en que los criterios
jurisprudenciales emanados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
constituyen antecedentes jurisprudenciales31, teniendo en cuenta que solo las
sentencias que profieren los órganos de cierre como lo es el Consejo de Estado se
constituyen en precedente judicial al fijar reglas y sub reglas jurisprudenciales que
deben ser tenidas en cuenta por los demás operadores judiciales.

48. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que el Tribunal
accionado tampoco incurrió en la causal de violación directa de la Constitución,
toda vez que no hubo un trato discriminatorio frente al actor por lo que no se le
vulneró su derecho fundamental a la igualdad.

49. En ese orden de ideas, para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió
en la causal de violación directa de la Constitución, toda vez que al resolver el caso
concreto lo hizo de manera razonable, sin que se evidencie un trato desigual frente
a supuestos fácticos y jurídicos similares.

30 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.

Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
31 Así mismo, se resaltan algunos pronunciamientos que han sostenido la misma tesis, entre ellos: Consejo de

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1 de diciembre de 2016; C.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201601285-01; Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2018; C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, radicación número: 110010315000201801525-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de junio de 2019, C.P Carlos Enrique Moreno Rubio,
radicación número: 110010315000201901850-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 25 de julio de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201903062-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 24 de octubre de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201903307-01.

26

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

Conclusiones de la Sala

50. Con fundamento en lo anterior, la Sala negará la acción de tutela que presentó
el actor contra la autoridad judicial accionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela que presentó el actor contra la autoridad
judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

27

Núm. único de radicación: 110010315000202400346-00
Actor: Eduardo José Dorado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.