Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00348-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00348-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00348-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
22 de febrero de 2024
Demandante: Horacio López Tovar
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00348-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00348-00
Demandante: HORACIO LÓPEZ TOVAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por falta
de relevancia constitucional. Ausencia de carga argumentativa
ius fundamental y de los defectos alegados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Horacio López Tovar radicó acción de tutela el 25 de enero de 2024 1, con
el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales «al debido proceso, mínimo
vital, vida en condiciones dignas, seguridad social, mantenimiento del poder
adquisitivo de mi pensión, in dubio pro operario, igualdad».
Las mencionadas garantías las consideró transgredidas con la sentencia de 23 de
mayo de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó
el fallo de 3 de diciembre de 2020, proferido por el Juzgado 8.° Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, en el que negó las pretensiones del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, en expediente con radicado 05001-33-33-
008-2019-00011-01 que promovió el accionante contra la Caja de Sueldo de Retiro
de la Policía Nacional (Casur).
1.2. Pretensión
El accionante pidió lo siguiente:
1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital,
vida en condiciones dignas, seguridad social, mantenimiento del poder
adquisitivo de mi pensión, in dubio pro operario, igualdad, y cualquier otro
derecho que considere la Corporación violado.
1
De acuerdo con el aplicativo Samai.
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Demandante: Horacio López Tovar
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00348-00
2. Que se dejen sin valor ni efecto el fallo proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA TERCERA DE ORALIDAD el 25 de
mayo de 2023 en el proceso con Rad. 050013333 008 2019 00011 01.
3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el debido
proceso, el poder adquisitivo de mi asignación de retiro y el mantenimiento de
las condiciones de vida logradas con mi trabajo-vida digna ligados con la
seguridad social, y la aplicación del entendimiento más favorable de las normas
laborales.
4. Se tome cualquier otra medida que la Judicatura estime pertinente para
proteger y restablecer mis derechos fundamentales.2
1.3. Hechos
Las premisas fácticas en las que se justificó la acción constitucional son las
siguientes:
El actor es beneficiario de una asignación de retiro, adquirida a raíz de los servicios
que prestó como agente en la Policía Nacional entre 1970 hasta 1988.
Toda vez que su prestación fue liquidada anualmente de acuerdo con el principio
de oscilación3, solicitó a Casur que, para los años 1997, 1999 y 2002, esta fuera
reajustada de acuerdo con el índice de precios al consumidor, junto con la inclusión
del 100% de la prima de actividad.
Ante la negativa de la administración, acudió a la vía judicial a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que fue conocido por el Juzgado
8.° Administrativo del Circuito Judicial de Medellín con el radicado 05001-33-33-008-
2019-00011-00.
En primera instancia, con sentencia de 3 de diciembre de 2020, se negaron las
pretensiones por cuanto se consideró que lo pretendido por el accionante ya había
sido negado en un proceso anterior 4.
Inconforme con lo resuelto, el accionante presentó recurso de apelación, el cual fue
desatado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en fallo de 23 de mayo de
2023 confirmó la decisión.
Para el efecto, resaltó que, respecto del ajuste con base en el índice de precios al
consumidor, operó la cosa juzgada por el periodo comprendido entre 1997 y el 2004,
y que para lo devengado posteriormente no era posible acceder a lo pretendido, por
cuanto «el reajuste con el IPC sólo debe efectuarse desde la entrada en vigencia
de la Ley 238 de 1995 y hasta la expedición de la Ley 923 de 2004 y del Decreto
4433 del mismo año, cuando el legislador consagró nuevamente el sistema de
2
Transcripción tomada del original incluyendo posibles errores.
3
Metodología de ajuste prestacional que se aplica para los miembros de la fuerza pública, en virtud
de lo dispuesto en la Ley 2 de 1945 y el Decreto 4433 de 2004.
4
Correspondiente al expediente 0500133310222010055300, conocido por el Juzgado 22
Administrativo de Medellín.
2
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oscilación como la manera de incrementar las asignaciones de retiro de la Fuerza
Pública».
En cuanto a la inclusión del 100% de la prima de productividad, resalto que, teniendo
en cuenta que la asignación de retiro se reconoció a partir del 5 de diciembre de
1988, esta debía liquidarse conforme lo preceptuó el Decreto 2063 de 1984, por lo
que no eran aplicables la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 del mismo año, como
lo pretendía el demandante.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En el escrito inicial, el señor López Tovar aseguró que el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución,
desconocimiento del precedente y falta de motivación, con base en las siguientes
afirmaciones:
i) El derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión es de orden
constitucional y debe ser siempre garantizado cuando se advierta su
violación, desconocimiento o no materialización.
ii) Tratándose de prestaciones periódicas la cosa juzgada se relativiza, ya que
la causación de mesadas posteriores a la sentencia constituye nuevos
hechos susceptibles de pronunciamiento judicial.
iii) Las pretensiones y actos administrativos demandados son diferentes a los
del proceso judicial anterior.
iv) El sistema normativo que gobierna mi prestación periódica admite un
entendimiento más favorable al escogido por las accionadas, con lo cual se
transgredió la obligada sujeción al principio in dubio pro operario.
v) Tomar un salario para liquidar la prestación periódica que no coincide con
el realmente devengado por déficit, afecta el poder adquisitivo del derecho
que da como resultado dicha operación, y en consecuencia se afecta en
derecho a una vida digna.
Para respaldar lo anterior, citó varios extractos jurisprudenciales relativos al derecho
a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y la cosa juzgada en materia de
prestaciones periódicas, que identificó así:
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Auto del 18 de mayo de 2018, Exp. 05001-23-33-000-2017-
00277-01(3952-17), Consejero Ponente RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
VARGAS
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 29 de enero de 2018, Exp. 11001-03-15-000-2017-
03024-00, Consejero Ponente WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 11 de septiembre de 2017, Exp. 11001-03-15-000-
2017-01921-00, Consejero Ponente GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
3
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Demandante: Horacio López Tovar
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00348-00
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia del 16 de agosto de 2018, Exp. 11001-03-15-000-2017-02122-01,
Consejera Ponente ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 07 de diciembre de 2017, Exp. 11001-03-25-000-
2014-00403-00(1287-14) y otros, Consejero Ponente RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Auto del 18 de mayo de 2018, Exp. 05001-23-33-000-2017-
00277-01(3952-17), Consejero Ponente RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
VARGAS
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, Sentencia del 07 de noviembre de 2019, Exp. 11001-03-15-000-
2019-02886-01(AC), Consejera Ponente MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia del 16 de agosto de 2018, Exp. 11001-03-15-000-2017-02122-01,
Consejera Ponente ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 07 de diciembre de 2017, Exp. 11001-03-25-000-
2014-00403-00(1287-14) y otros, Consejero Ponente RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Auto del 13 de mayo de 2015, Exp. 25000-23-42-000-2012-
01645-01 (0932-2014), Consejero Ponente GERARDO ARENAS MONSALVE
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 28 de
noviembre de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02898-00. CP. Stella Jeannete
Carvajal Castro.
Afirmó que el proceso radicado ante el Juzgado 8.° Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín contenía pretensiones y actos administrativos distintos a los
que habían sido discutidos previamente, por lo que no se concretaban las
identidades de causa y objeto frente al expediente donde había sido resuelta
previamente su solicitud de reliquidación pensional.
Luego de recalcar en la imprescriptibilidad del derecho a la reliquidación, ahondo en
consideraciones relativas a que las pensiones que se causaron antes de la entrada
en vigencia de las normas expedidas en el 2004, deban favorecerse de los
postulados legales que les resultaran más favorables.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 29 de enero de 2023, el magistrado sustanciador admitió la
solicitud de amparo y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, y se
le otorgó el término de dos días para que rindiera el informe de que trata el artículo
19 del Decreto 2591 de 1991.
Como terceros con interés, vinculó al Juzgado 8.° Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín y a Casur para que, si lo consideraban pertinente, se manifestaran en
el presente trámite.
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1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones.
1.6.1. Juzgado 8.° Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
El titular de este despacho afirmó que en la solicitud de tutela no se presentaba
ningún señalamiento frente a lo actuado de su parte, por lo que se manifestó estar
presto a acatar lo que se resuelva en el mecanismo constitucional.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad
La magistrada ponente de la providencia atacada, se limitó a señalar que en la
sentencia en cuestión se encuentran los argumentos de hecho y de derecho que la
sustentan.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Horacio López Tovar contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales del señor Horacio López Tovar con ocasión de la providencia de 23
de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia por medio de
la cual se confirmó el fallo que negó el reconocimiento de un reajuste prestacional a
su favor.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de
procedibilidad adjetiva, y, de superarse, (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema 6.
5
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.4.1. En lo que concierne al requisito de la relevancia constitucional, debe
tenerse en cuenta que en la sentencia SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional
refirió que las finalidades de esta exigencia son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal9. (Énfasis de la Sala)
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 10; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional.”11
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
7
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Sentencia SU-573 de 2019.
10
Sentencia SU-103 de 2022.
11
Sentencia SU-103 de 2022.
6
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Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”12 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”13
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto14, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal15. (Resaltado de la Sala)
A su vez, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación
de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado
ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual
se manifestó que los accionantes deben explicar los defectos 16 en los que incurrió
la decisión atacada.
Ahora bien, para este caso se tiene que la parte actora consideró que la autoridad
accionada vulneró sus garantías fundamentales por cuanto, a su juicio, las normas
que le resultaban favorables para la reliquidación pensional debían ser aplicadas a
su caso, al margen de que estas fueran posteriores a la consolidación del derecho
y de que ya se hubiera proferido una sentencia desestimatoria en un proceso
anterior.
Sobre el particular, se tiene que, verificados los argumentos de la demanda,
corresponden a las mismas manifestaciones que se realizaron en el recurso
presentado contra la sentencia proferida por el Juzgado 8.° Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín.
En ese sentido, el actor aseguró que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución, desconocimiento del
precedente y falta de motivación; no obstante, no desarrolló ninguno de estos
defectos, en el sentido que no explicó de qué manera se incurrió en ellos, o por qué
la decisión de la autoridad accionada incurrió en arbitrariedades o análisis
irrazonables que afectaran sus derechos fundamentales.
12
Sentencia SU-103 de 2022.
13
Sentencia SU-128 de 2021.
14
Sentencia SU-573 de 2019.
15
Ibid.
16
Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
7
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Nótese que, aunque citó varias sentencias de esta corporación, se trató de extractos
descontextualizados, huérfanos de una línea conceptual ius fundamental que
permita al juez desarrollar, interpretar o aplicar la carta política respecto al caso
concreto y, mucho menos, de los cuales pueda predicarse que guardan similitud
fáctica y jurídica con lo demandado en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en cuestión.
Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los
argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del
trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo las consideraciones de dicho
extremo procesal frente a la interpretación o aplicación de las normas o a la
apreciación de las pruebas del proceso contencioso expuestos en la solicitud de
amparo, sin el adecuado contraste de un indebido e irracional estudio por parte de
la autoridad judicial; atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
En ese orden de ideas, resulta claro que la intención del señor Horacio López Tovar
es convertir la acción de amparo en una tercera instancia, con la cual pretende que
el juez constitucional invada la órbita del juez natural que resolvió la controversia y
desconozca su autonomía judicial.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Horacio López Tovar contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.»
9
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