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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00348-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00348-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39 Número único de radicación: 110010315000-2024-00348-01 Actor: HORACIO LÓPEZ TOVAR TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-00348-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00348-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: HORACIO LÓPEZ TOVAR

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. LA ACCIÓN DE
TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL
DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. DE UNA PARTE, SE REABRE EL
DEBATE QUE FUE RESUELTO DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y, DE OTRA, CARECE DE CARGA
ARGUMENTATIVA RESPECTO DE LOS DEFECTOS ALEGADOS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL MÍNIMO
VITAL, A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, A LA SEGURIDAD
SOCIAL Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 22 de febrero de 2024, proferida en primera instancia

por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró

improcedente la acción de tutela por falta del requisito general de la

1
En adelante SECCIÓN QUINTA.

2

Número único de radicación: 110010315000-2024-00348-01
Actor: HORACIO LÓPEZ TOVAR

relevancia constitucional.

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor HORACIO LÓPEZ TOVAR, actuando en nombre propio, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la vida en

condiciones dignas, a la seguridad social, a la igualdad y al principio

del in dubio pro operario, los cuales estima vulnerados por el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA2 al proferir la

sentencia de 23 de mayo de 2023 dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 05001-33-33-008-2019-00011-01.

I.2.- Hechos

Indicó que prestó sus servicios a la Policía Nacional en el grado

2
En adelante el TRIBUNAL.

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Actor: HORACIO LÓPEZ TOVAR

Agente, por 19 años y 10 días, por lo que le fue concedida asignación

de retiro, conforme con el Decreto 2063 de 24 de agosto de 19843.

Manifestó que le fue incluida una prima de actividad del 15%, pese a

que de acuerdo con la hoja de servicios dicha prima antes de retirarse

era del 45% del sueldo básico.

Precisó que, en los años 1997, 1999 y 2002 el aumento a la

asignación de retiro fue inferior al aumento del IPC del año anterior,

lo que influyó en un valor de todas las mesadas futuras.

Comentó que solicitó ante la administración el reajuste de la

asignación de retiro de acuerdo con el índice de precios al

consumidor, así como la inclusión del 100% de la prima de actividad,

petición que fue denegada, razón por la que promovió el medio de

control de nulidad y restablecimiento contra la Caja de Sueldo de

Retiro de la Policía – CASUR, a la cual le fue asignado el número único

de radicación 2019-00011-00.

Agregó que la primera instancia correspondió por reparto al Juzgado

3
Por el cual se reorganiza la carrera de Agentes de la Policía Nacional.

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Actor: HORACIO LÓPEZ TOVAR

Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que, en

sentencia de 3 de diciembre de 2020, denegó las pretensiones al

estimar que ello ya había sido negado en un proceso anterior4.

Refirió que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, que fue desatado por el TRIBUNAL que, en providencia

de 23 de mayo de 2023, confirmó la decisión del a quo, al considerar

que respecto al reajuste con base en el IPC operó la cosa juzgada

por el período comprendido entre 1997 y el 2004 y que para lo

devengado posteriormente no era posible acceder a lo pretendido;

además, en cuanto a la inclusión del 100% de la prima de

productividad, estimó que, comoquiera que la asignación de retiro se

reconoció a partir del 5 de diciembre de 1988, esta debía liquidarse

conforme lo dispuesto en el Decreto 2063 de 1984, no siendo

aplicables la Ley 923 de 30 de diciembre 20045 y el Decreto 4433 de

31 de diciembre de 20046.

4
Identificado con el número único de radicación 05001-33-31-022-2010-00553-00 y conocido por el
Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín.

5
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública
de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.

6
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública

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Actor: HORACIO LÓPEZ TOVAR

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la solicitud de amparo cumple con los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela,

especialmente, con el requisito de la relevancia constitucional, toda

vez que se reclama el amparo constitucional por violación de los

derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la vida

en condiciones dignas, a la seguridad social a la igualdad, al principio

in dubio pro operario y al mantenimiento del poder adquisitivo de su

pensión.

Aseveró que resultaba procedente la reliquidación de su asignación

de retiro, pues si bien la aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de

1993 y la Ley 238 de 1995 en el incremento anual de las prestaciones

periódicas fue posible hasta la vigencia del Decreto 4433 de 2004,

los incrementos por debajo del aumento del IPC afectan las mesadas

subsiguientes, de tal forma que se debieron reliquidar dichos

aumentos para el período comprendido entre 1995 y 2004.

Afirmó que el reducir los factores salariales al momento de la

liquidación de la prestación periódica, y que además la fórmula de

liquidación implique también una reducción de lo percibido como

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salario, al concederse solo una fracción, afecta de manera grave su

poder adquisitivo de la prestación que se liquida de esa manera.

Pues, el devengaba como salario en estado activo valores superiores

a los que se computan para liquidar la prestación periódica, es decir,

se le toma una partida salarial inferior a la real para liquidar la

pensión o asignación de retiro.

Así las cosas, expuso que la autoridad judicial accionada incurrió en

los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y

desconocimiento del precedente, los cuales desarrolló

argumentando que:

• El derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de la

pensión es un derecho de orden constitucional, por lo que debe

estar siempre garantizado.

• Tratándose de prestaciones periódicas la cosa juzgada es

relativa, comoquiera que la causación de mesadas anteriores a

la sentencia constituye nuevos hechos susceptibles de

pronunciamiento judicial.

• Las pretensiones y actos administrativos demandados son

diferentes a los del proceso judicial anterior.

• El sistema normativo que gobierna su prestación económica

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Actor: HORACIO LÓPEZ TOVAR

admite un entendimiento más favorable al acogido por la

autoridad judicial accionada.

• Tomar un salario para liquidar la prestación periódica que no

coincide con el realmente devengado por déficit, afecta el

poder adquisitivo del derecho que da como resultado dicha

operación, y en consecuencia afecta el derecho a una vida

digna.

Para lo anterior, trajo a colación las siguientes providencias dictadas

por el Consejo de Estado, referentes al derecho a mantener el poder

adquisitivo de las pensiones y la cosa juzgada en materia de

prestaciones periódicas:

• Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A, Auto del 18 de mayo de

2018, identificado con el número único de radicación 05001-

23-33-000-2017-00277-01(3952-17), C.P. Rafael Francisco

Suárez Vargas.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 29 de enero

de 2018, identificado con el número único de radicación

11001-03-15-000-2017-03024-00, C.P. William Hernández

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Actor: HORACIO LÓPEZ TOVAR

Gómez.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 11 de

septiembre de 2017, identificado con el número único de

radicación 11001-03-15-000-2017-01921-00, C.P. Gabriel

Valbuena Hernández.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo,

Sección Quinta, Sentencia del 16 de agosto de 2018,

identificado con el número único de radicación 11001-03-

15-000-2017-02122-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 07 de

diciembre de 2017, identificado con el número único de

radicación 11001-03-25-000-2014-00403-00 (1287-14)

C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A, Auto del 18 de mayo de

2018, identificado con el número único de radicación 05001-

23-33-000-2017-00277-01(3952-17), C.P. Rafael Francisco

Suárez Vargas.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo,

Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 07 de

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Actor: HORACIO LÓPEZ TOVAR

noviembre de 2019, identificado con el número único de

radicación 11001-03-15-000-2019-02886-01(AC), C.P.

Marta Nubia Velásquez Rico.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo,

Sección Quinta, Sentencia del 16 de agosto de 2018,

identificado con el número único de radicación 11001-03-

15-000-2017-02122-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 07 de

diciembre de 2017, identificado con el número único de

radicación 11001-03-25-000- 2014-00403-00(1287-14)

C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A, Auto del 13 de mayo de

2015, identificado con el número único de radicación 25000-

23-42-000-2012-01645-01(0932-2014), C.P. Gerardo

Arenas Monsalve.

• Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta.

Sentencia del 28 de noviembre de 2018 identificado con el

número único de radicación 11001-03-15-000-2018-02898-

00. CP. Stella Jeannete Carvajal Castro.

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Por lo anterior, destacó que no existe justificación alguna para que

se le de un trato diferenciado con otro personal de idéntico grado,

con cargas iguales, que cumplieron funciones y tuvieron

responsabilidades análogas, por el solo momento de la consolidación

del derecho.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende lo

siguiente:

“[…] 1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido
proceso, mínimo vital, vida en condiciones dignas, seguridad social,
mantenimiento del poder adquisitivo de mi pensión, in dubio pro
operario, igualdad, y cualquier otro derecho que considere la
Corporación violado.

2. Que se dejen sin valor ni efecto el fallo proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA TERCERA DE ORALIDAD el
25 de mayo de 2023 en el proceso con Rad. 050013333 008 2019
00011 01.

3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el
debido proceso, el poder adquisitivo de mi asignación de retiro y el
mantenimiento de las condiciones de vida logradas con mi trabajo-
vida digna ligados con la seguridad social, y la aplicación del
entendimiento más favorable de las normas laborales.

4. Se tome cualquier otra medida que la Judicatura estime
pertinente para proteger y restablecer mis derechos fundamentales
[…]”.

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL sostuvo que la sentencia cuestionada contiene

los argumentos de hecho y de derecho en los que se sustenta la

decisión objeto de tutela.

I.5.2.- El JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE MEDELLÍN destacó que, conforme a lo expuesto en

el escrito de tutela, no existe extremo alguno que describa acción u

omisión por parte de ese despacho judicial que amenace o ponga en

riesgo los derechos fundamentales invocados.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN QUINTA de esta Corporación, mediante sentencia de

22 de febrero de 2024, declaró improcedente la acción de tutela de

la referencia por falta del requisito general de relevancia

constitucional.

Indicó que, verificados los argumentos del escrito de tutela,

corresponden a las mismas manifestaciones que se realizaron en el

recurso presentado contra la sentencia proferida por el Juzgado

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Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.

Explicó que, aun cuando el actor aseguró que el TRIBUNAL incurrió

en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y

desconocimiento del precedente, no desarrolló ninguno de estos

defectos, en el sentido que no explicó de qué manera se incurrió en

ellos, o por qué la decisión de la autoridad accionada incurrió en

arbitrariedades o análisis irrazonables que afectan sus derechos

fundamentales.

Refirió que, pese a que citó varias sentencias del Consejo de Estado,

se trató de extractos descontextualizados, huérfanos de una línea

conceptual ius fundamental que permita al juez desarrollar,

interpretar o aplicar la carta Política respecto al caso concreto y,

mucho menos, de los cuales pueda predicarse que guardan similitud

fáctica o jurídica con lo demandado en el medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho en cuestión.

Así las cosas, destacó que la intención del actor es convertir la acción

de tutela en una tercera instancia, con la cual pretende que el juez

constitucional invada la órbita del juez natural que resolvió la

controversia y desconozca su autonomía judicial.

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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia

indicando que, contrario a lo advertido por el a quo el asunto si

reviste relevancia constitucional, pues se reprocha que la autoridad

judicial accionada no protegió su derecho al mantenimiento del poder

adquisitivo de la pensión.

Refirió que los jueces avalaron que se le impida el reajuste de la

asignación de retiro devengada, pese a que ha sido inferior al IPC,

tal como quedó demostrado en el proceso, lo que constituye un

desconocimiento directo de la Constitución Política y de la

jurisprudencia dispuesta para el asunto.

Sostuvo que la jurisprudencia citada no es descontextualizada, ni

difusa, sino que, por el contrario, toda trata sobre casos donde se

privilegió la protección al mantenimiento del poder adquisitivo de la

pensión, en casos análogos al presente.

Sumado a lo anterior, puso de presente que la Corte Constitucional

en diversos pronunciamientos se pronunció sobre la importancia del

poder adquisitivo de las pensiones por su íntima relación con el

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mínimo vital de las personas de la tercera edad y el imperativo deber

de los jueces de protegerlo y restaurarlo.

Por último, solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su

lugar, se acceda al amparo solicitado.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

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Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en

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la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

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judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la

providencia de 23 de mayo de 2023, proferida por el TRIBUNAL,

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a través de la cual confirmo la decisión del a quo de denegar las

pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2019-00011-01.

El disenso de la parte actora tiene origen en la negativa de CASUR

de reajustarle la asignación de retiro, de acuerdo al IPC para los años

1997, 1999 y 2002, así como la inclusión del 100% de la prima de

actividad que devengaba cuando prestó sus servicios como Agente a

la Policía Nacional.

A juicio del actor, el TRIBUNAL incurrió en los defectos

sustantivo, violación directa de la Constitución y

desconocimiento del precedente, al proferir la providencia

cuestionada.

En el curso de la primera instancia la SECCIÓN QUINTA de esta

Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo por falta del

requisito general de la relevancia constitucional, al establecer que la

discusión planteada por el actor ya fue puesta de presente en el

proceso ordinario y resuelta por la autoridad judicial accionada.

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En la impugnación, el actor indicó que, contrario a lo advertido por

el a quo, si se cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, pues los argumentos propuestos son constitutivos de

la violación de sus derechos fundamentales invocados al no proteger

el mantenimiento del poder adquisitivo de su pensión, sin que lo

pretendido sea crear una tercera instancia en el proceso ordinario.

Aseveró el actor que la jurisprudencia citada no es

descontextualizada, ni difusa, sino que, por el contrario, toda trata

sobre casos donde se privilegió la protección al mantenimiento del

poder adquisitivo de la pensión, en casos análogos al presente, por

lo que reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que

debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo

cual, en primer lugar se debe estudiar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, ii) determinar si el TRIBUNAL vulneró los derechos

fundamentales invocados dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2019-00011-01.

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Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».8

7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente

[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos

[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

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tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

que el actor propone, además de implicar la reapertura de un litigio

que ya fue resuelto en sede ordinaria, recae sobre un asunto de

carácter meramente legal.

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En efecto, la divergencia surge de un aspecto netamente legal porque

se deriva del alcance retroactivo que la actora pretende se dé al

porcentaje en el que debe ser incluida la prima de actividad y el

reajuste del IPC para los años 1997, 1999 y 2002 en la asignación

de retiro como exmiembro de la POLICÍA NACIONAL, así como la

cosa juzgada que encontró probada el TRIBUNAL.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, en la medida en que su solución deriva de la

interpretación de normas, fue resuelto por el TRIBUNAL, así:

“[…] 2.3. Sobre el reajuste con base en el I.P.C.

La Ley 100 de 1993, artículo 279, literal a) excluyó de su
aplicación, entre otros, a los miembros de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional; por tanto, el reajuste de las pensiones
no se efectuaba teniendo en cuenta la variación porcentual del
índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el
año inmediatamente anterior como lo establecía el artículo 14
íd., sino mediante el sistema de oscilación de las asignaciones
de los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en
actividad, previstos en los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990.

Posteriormente la Ley 238 de 1995 adicionó el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993, en la que señaló: […]
Es claro que el legislador permitió el reconocimiento de los
beneficios contemplados bajo los artículos 14 y 142 de la Ley
100 también a los pensionados cobijados por regímenes de
excepción que en un primer momento se habían visto excluidos
en forma expresa de los correspondientes derechos.

Por tanto, desde la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 y
hasta la expedición de la Ley 923 de 2004 y del Decreto 4433
del mismo año, se debe reajustar la asignación de retiro con

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fundamento en el índice de precios al consumidor –IPC- que
certifique el DANE, toda vez que mediante la Ley 923 de 2004 el
legislador consagró nuevamente el sistema de oscilación como
la manera de incrementar las asignaciones de retiro de la Fuerza
Pública.

[…]

La posición respecto al reajuste de las asignaciones de retiro de
los miembros de la fuerza pública con base en el IPC durante los
períodos comprendidos entre el año de 1997 a 2004, se ha
mantenido vigente, y en pronunciamiento del 28 de septiembre
de 2017 el Consejo de Estado reitera la tesis expuesta. En
síntesis, desde la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 y
hasta la expedición de la Ley 923 de 2004 y del Decreto 4433
del mismo año, se debe reajustar la asignación de retiro con
fundamento en el índice de precios al consumidor –IPC- que
certifique el DANE, en cuanto sea más favorable.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial Prima de Actividad

La Prima de Actividad fue creada inicialmente a favor del
personal activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
como un incentivo por la prestación del servicio y posteriormente
fue extendida al personal retirado en razón del tiempo servido.
2.4.1. Tomando como referencia la fecha de retiro del actor, el
05 de diciembre de 1988, la normatividad vigente en relación
con la prima de actividad era el Decreto 2063 de 1984 cuyo
artículo 99 estableció:

[…]

2.4.2. El Decreto 1213 de 1990 en su art 102 introdujo una
modificación al porcentaje de la prima de actividad reconocida a
los agentes de policía cuyo retiro o separación se efectúe con
posterioridad al 24 de agosto de 1984, así: a) Para agentes con
menos de veinte (20) años, el 15% del sueldo básico, b) Para
agentes entre veinte (20) y veinticinco (25) años de servicio el
veinte por ciento (20%) y veinticinco (25) años de servicio, el
veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico. Precepto aplicado
a este caso dada la fecha de retiro del actor.

2.4.3. El régimen pensional de los Agentes de la Policía Nacional
y otros miembros de la Fuerza Pública, se modificó con el
Decreto 2070 de 2003, y consagraba la prima de actividad como
partida computable a la asignación de retiro; sin embargo, éste
fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en

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sentencia C-432-04 de 6 de mayo de 2004; por tanto, continuó
vigente el Decreto 1213 de 1990.

Posteriormente, entró en vigencia la Ley 923 de 2004 y el
Decreto 4433 de 2004, “Por medio del cual se fija el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública”, los cuales modificaron el régimen pensional de los
miembros de la fuerza pública, incluidos los agentes de Policía
Nacional, así:

[…]

2.4.4 Así las cosas, el Decreto 4433 de 2004, consagró la prima
de actividad como partida para tener en cuenta en la liquidación
de la asignación de retiro, no diferenció para su reconocimiento
al personal activo del retirado de la Policía Nacional, por tanto,
quienes reunieran los requisitos para el reconocimiento
pensional con posterioridad al 31 de diciembre de 2004,
devengarían la prima de actividad en la misma proporción de
quienes se encuentren en servicio activo, en aplicación del
principio de oscilación, que establece “Las asignaciones de retiro
y las pensiones se incrementarán en el mismo porcentaje en que
se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado”.

La Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004 no tienen efectos
retroactivos y no consagraron una regulación especial para el
reconocimiento de la prima de actividad frente al personal
retirado; por tanto, las asignaciones de retiro reconocidas en
vigencia del Decreto 2063 de 1984 deben incluir la prima de
actividad, así:

[…]

3.1.1. La cosa juzgada en materia pensional.

El beneficiario de una pensión puede solicitar la reliquidación de
esa prestación cuantas veces quiera, pues si bien la sentencia
que decide una petición en tal sentido tiene fuerza de cosa
juzgada, una vez queda ejecutoriada, con la causación de
mesadas posteriores se configuran nuevos hechos que permiten
presentar una nueva solicitud de reliquidación y eventualmente
acceder al control jurisdiccional.

[…]

Así las cosas, puede decirse que se presenta cosa juzgada
respecto al incremento del IPC entre el año 1997 y el año 2004,

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pero no respecto de la solicitud radicada el 21 de septiembre de
2018, para que la Policía Nacional reconociera y pagara el
reajuste de la asignación de retiro para los años 1997 a la fecha
con fundamento en el índice de precios al consumidor –IPC- (fl
32), que se resolvió de manera desfavorable (fl. 33) mediante
Oficio E-01524-201819826 Id 361674 del 26 de septiembre de
2018.

Sin embargo, de una vez se dirá que tal pretensión no está
llamada a prosperar, pues el reajuste con el IPC sólo debe
efectuarse desde la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995
y hasta la expedición de la Ley 923 de 2004 y del Decreto 4433
del mismo año, cuando el legislador consagró nuevamente el
sistema de oscilación como la manera de incrementar las
asignaciones de retiro de la Fuerza Pública. Por lo anterior, no
resulta procedente ordenar la reliquidación de la asignación de
retiro para el año 2005 a la fecha, con fundamento en el índice
de precios al consumidor –IPC-.

[…]

3.2. Reliquidación de la asignación de retiro con el 100%
de la prima de actividad.

El señor HORACIO LOPEZ TOVAR estuvo vinculado a la Policía
Nacional, por espacio de 19 años, 00 meses y 10 días (Fls. 22),
hasta el 5 de diciembre de 1988 (fls. 21), cuando CASUR le
reconoció Asignación de Retiro mediante Resolución No. 2383
del 11 de junio de 1990 con el 66% de las partidas computables,
incluido el 15% de la prima de actividad, a partir del 5 de
diciembre de 1988 (fls. 23).

Atendiendo a la fecha de reconocimiento pensional (5 de
diciembre de 1988), al actor le resulta aplicable el artículo 99 del
Decreto 2063 de 1984, que prescribe respecto al porcentaje de
la prima de actividad a reconocer, que, “A los Agentes que se
retiren o sean retirados del servicio activo a partir de la vigencia
del presente decreto, para efectos de asignación de retiro,
pensión y demás prestaciones sociales, la prima de actividad se
les computará de la siguiente forma:

Para Agentes con menos de veinte (20) años de servicio, el
quince por ciento (15%) del sueldo básico.”. (Subrayas Propias)

Este porcentaje le fue reconocido al señor LOPEZ TOVAR según
se constata en la liquidación de la asignación de retiro obrante
en el expediente, al incluir la prima de actividad en un 15% (folio

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22), de donde se deduce que la prestación fue reconocida
conforme al porcentaje legal. Acorde con lo expuesto en el marco
normativo y jurisprudencial, no acompaña la razón al recurrente
al solicitar que se aplique la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433,
en atención al principio de igualdad y favorabilidad.

Así las cosas, la Sala CONFIRMARÁ en este ítem, la sentencia
impugnada, por las razones antes expuestas.

[…]”.

De las transcripciones en cita la Sala advierte que el TRIBUNAL del

análisis hecho de la temporalidad de la Ley 923 y el Decreto 4433 de

2004, logró concluir con base en lo señalado de forma expresa en

estas disposiciones y las directrices fijadas por la Corte Constitucional

y el Consejo de Estado, que dichas normas no eran aplicables en la

liquidación de la asignación de retiro de titularidad del actor, porque

no regían al momento en que se consolidó la prestación (1988), sin

que pudiese dárseles efectos retroactivos.

En efecto, la autoridad judicial accionada destacó que, atendiendo la

fecha de reconocimiento pensional, al actor le es aplicable el artículo

99 del Decreto 2063 de 1984, que dispone respecto al porcentaje de

la prima de actividad que los Agentes retirados del servicio a partir

de la vigencia de esa norma, para efectos de la asignación de retiro,

se les computará así: “Para Agentes con menos de veinte (20) años

de servicio, el quince por ciento (15%) del sueldo básico”, de tal

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forma que la prestación reconocida se hizo conforme al porcentaje

legal.

De otra parte, en cuanto a la alegada cosa juzgada, el TRIBUNAL

fue claro en advertir que se configuró respecto del incremento del

IPC entre los años 1997 a 2004, pues se presentó identidad de

hechos, pretensiones y partes con el proceso seguido ante el Juzgado

Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, en una oportunidad

pasada, diferente a la solicitud radicada el 21 de septiembre de 2018.

Sin embargo, al analizar esta última solicitud de reajuste de la

asignación de retiro, la autoridad judicial accionada resolvió que

dicha pretensión no estaba llamada a prosperar, toda vez que el

reajuste con el IPC debía efectuarse desde la entrada en vigencia de

la Ley 238 de 1995 y hasta la expedición de la Ley 923 de 2004 y del

Decreto 4433 de 2004, cuando el legislador dispuso nuevamente el

sistema de oscilación como manera de incrementar las asignaciones

de retiro, de tal forma que no resultaba procedente ordenar la

reliquidación para el año 2005 a la fecha, con fundamento en el IPC.

Lo anterior pone en evidencia que el TRIBUNAL fundamentó su

decisión de forma admisible y razonable y, en particular, que lo

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pretendido por el actor con la presente acción de tutela es cuestionar

esa determinación como si este mecanismo se tratase de un recurso

o instancia adicional al proceso ordinario sin que, en todo caso, se

vislumbre que la autoridad accionada pudo haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial.

La Sala reitera que la tutela contra providencias judiciales implica un

juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, lo

que excluye el estudio de situaciones como las planteadas por el

actor, al no advertirse una actuación abiertamente arbitraria por

parte de la autoridad accionada.

Sumado a lo anterior, el actor alegó que el TRIBUNAL incurrió en

los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y

desconocimiento del precedente judicial, sin especificar en qué forma

se incurrió en dichos yerros.

En efecto, la Sala destaca que tampoco se cumple con la carga

argumentativa que fundamenta la acción de tutela, habida cuenta

que el actor se limitó a enlistar las sentencias presuntamente

desconocidas, sin mayor detalle ni argumentación que permitiera

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entrar a analizar dichos defectos, pues no especificó de forma alguna

la regla de decisión que fue desatendida ni identificó la relación

fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo resuelto en esas

oportunidades y la controversia del presente asunto.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del

defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sala17 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]” (Destacado fuera de texto).

En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el

requisito general de la relevancia constitucional, no solo porque la

parte actora no cumplió con el mínimo de carga argumentativa, sino

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

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en particular, porque pretende que en sede de tutela se estudien las

razones y fundamentos de la demanda de reparación directa que dio

lugar a la providencia cuestionada, lo que torna la acción de tutela

improcedente, pues este mecanismo no está instituido para ser

ejercido como una instancia adicional a las establecidas por el

legislador en los procesos ordinarios.

Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la

providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que

fueron adoptados a partir del alcance dado a las fuentes jurídicas

aplicables al caso y a un análisis de las particularidades fácticas del

mismo.

Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,

al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la decisión sea

arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la

que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto

sometido a su consideración.

Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes

acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de

verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en

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reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de

la providencia de 9 de febrero de 201718, en la que se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201819, en la que se

sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no

18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

19
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión

judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia

adicional para exponer aspectos que fueron resueltos de forma

admisible por el TRIBUNAL, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

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debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, comoquiera que el a quo declaró improcedente la

acción de tutela de la referencia por falta del requisito general de

relevancia constitucional, la Sala confirmará el fallo impugnado,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de abril de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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