Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-00368-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-00368-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-00368-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00368-01
Accionante: Luis Alfonso López Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Tema: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa
por la omisión en el deber de mantenimiento y conservación de vías y redes de
alcantarillado. Aplicación de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva y
determinante de la víctima. Defectos por violación directa de la Constitución,
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia que amparó el derecho
fundamental al debido proceso del señor Luis Alfonso López Ramírez y dejó sin
efecto la providencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en el marco del medio de control de reparación
directa con radicado 76147-33-33-001-2015-00031-01.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionada contra la providencia del 18 de
abril de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la
cual se amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor Luis Alfonso
López Ramírez y se dejó sin efecto la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en el marco del medio de control de reparación
directa iniciado por el accionante contra el municipio de Zarzal y la Sociedad de
Acueducto y Alcantarillado del Valle S.A. ESP (exp. 76147-33-33-001-2015-
00031-01).
II. ANTECEDENTES
El señor Luis Alfonso López Ramírez interpuso acción de tutela contra la
sentencia del 23 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, proferida dentro del proceso de reparación directa con
radicado 76147-33-33-002-2015-00031-01 al considerar que la misma
presuntamente vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia, confianza legítima y seguridad jurídica, al
incurrir supuestamente en las causales de procedibilidad de violación directa de
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la constitución, defecto material o sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento
del precedente judicial.
2.1. Hechos
El 6 de noviembre de 2012, mientras se desplazaba en su silla de ruedas por una
vía pública del barrio la Isabelita del municipio de Zarzal, Valle del Cauca,
desarrollando su actividad como vendedor de lotería, el señor Luis Alfonso López
Ramírez tuvo una caída accidental en una alcantarilla al tropezar con la tapa de
esta, que estaba sin ninguna señalización que advirtiera del posible peligro al que
se exponía.
Como consecuencia de este suceso, el accionante sufrió lesiones de
consideración en su integridad. El señor López Ramírez indicó que tomó esta vía,
al encontrar la acera ocupada y con obstáculos, lo que le impidió el paso normal
por ella.
En razón a lo expuesto, el 3 de febrero de 2015, el señor López Ramírez en uso
del mecanismo de control de reparación directa, presentó demanda ante el
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cartago, contra la Sociedad de
Acueducto y Alcantarillado del Valle S.A. E.S.P.- Acuavalle E.S.P. y el Municipio
de Zarzal, Valle del Cauca, con el fin de que las mismas lo indemnizaran por los
perjuicios sufridos luego del accidente referido, argumentando una falla en el
servicio imputable a estas; pues la primera, omitió señalizar el lugar donde
pudieren estar realizando sus trabajos de mantenimiento y la segunda, estaba en
la obligación de evitar accidentes como el ocurrido, a sus ciudadanos.
El Municipio de Zarzal se opuso a las pretensiones del actor, argumentando que
la revisión, supervisión y monitoreo de las recámaras de alcantarillado era función
de la empresa Acuavalle E.S.P.
La empresa de acueducto accionada por su parte, también se opuso a lo
pretendido, y al respecto manifestó que para el momento de los hechos no estaba
desarrollando labores de mantenimiento en el lugar del accidente y que, en todo
caso, había lugar a declarar la culpa exclusiva de la víctima.
Adicionalmente, llamó en garantía a la empresa Mapfre Seguros Generales de
Colombia S.A., quien a su vez hizo lo propio con las compañías aseguradoras
Allianz Seguros S.A. y La Previsora S.A.
El 26 de febrero de 20191, el juzgado precitado profirió sentencia declarando no
probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima invocada por las
accionadas, ni las demás presentadas en relación de la tasación de perjuicios y
enriquecimiento sin justa causa, condenando a estas y a sus llamadas en
garantía al pago solidario de una indemnización por perjuicios morales, daño a la
salud y lucro cesante al señor López Ramírez, teniendo en cuenta que la empresa
Acuavalle E.S.P. omitió su deber de mantenimiento de la red de alcantarillado y
1 Índice 2 del aplicativo SAMAI. Expediente: 76147-33-33-001-2015-00031-00.
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el Municipio de Zarzal, el de vigilancia y control con respecto a la prestación
eficiente de este servicio público domiciliario, situaciones con las que se configuró
la falla en el servicio.
La decisión anterior, fue objeto de recurso de apelación por parte de las
accionadas ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del cual, la
empresa Acuavalle, reiteró su tesis de «culpa exclusiva de la víctima» como
eximente de responsabilidad argumentando que el fallo del a quo no estuvo
soportado por otros medios de prueba tales como informes de tránsito, fotos de
la caída y otros y que no había información clara sobre el estado de la vía y su
señalización. Indicó además que, de no acogerse su planteamiento, solicitaba
declarar la concurrencia de culpas y en todo caso, disminuir la tasación de
perjuicios establecidos por el a quo para distribuirlos entre las accionadas.
Por su parte, el Municipio de Zarzal, Valle del Cauca reiteró los planteamientos
de su contestación y manifestó que no era posible que el actor hubiera caído a la
alcantarilla por el diámetro de esta, sin desmentir las lesiones sufridas por este,
pero argumentando que no era probable que se hubieran dado en un sitio como
el indicado. Las aseguradoras llamadas en garantía reafirmaron sus
apreciaciones de la contestación de la demanda.
Mediante sentencia2 del 23 de noviembre de 2023 el Tribunal referido revocó la
decisión del a quo considerando que el daño alegado por el actor le resultaba
imputable a su propia conducta, ya que la víctima contaba con la posibilidad real
y efectiva de evitar la contingencia que a la postre le terminó afectando,
independientemente del deber que pudiere asistirles a los demandados en la
señalización o la reparación de la vía donde ocurrió el accidente, pues el evento
no sucedió en una vía peatonal sino en la de tráfico de vehículos.
Para su decisión, el Tribunal tuvo en cuenta que de acuerdo con el Código
Nacional de Tránsito se exigía que el actor transitara por la acera, o al menos a
un metro de ella, circunstancia que en criterio del ad quem, desatendió el señor
López Ramírez al desplazarse por la mitad de la vía vehicular.
El 263 de enero de 2024 fue interpuesta la acción de tutela de la referencia por
parte del señor Luis Alfonso López Ramírez contra la providencia descrita en el
párrafo precedente por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, confianza
legítima y seguridad jurídica.
2.2. Fundamento jurídico
La parte accionante consideró que en el caso concreto se presentaron las
siguientes causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial:
2 Índice 5 del aplicativo SAMAI, Expediente 76147-33-33-001-2015-00031-01
3 Índice 2 del aplicativo SAMAI
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a) Violación directa de la constitución: Al considerar que la providencia trasgredió
el artículo 2094 superior, cuando desconoció que las autoridades administrativas
incoadas tenían el deber de velar por la correcta prestación de los servicios
públicos domiciliarios en términos de calidad, suficiencia y oportunidad para
garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, máxime cuando se probó que
en el lugar del accidente no había ninguna señal de advertencia que previniera
sobre el peligro que representaba la alcantarilla, endilgándole la culpa
exclusivamente a la víctima, sin el debido soporte jurídico ni fáctico para su
decisión.
b) Defecto material o sustantivo: Teniendo en cuenta que la decisión se basó en
lo establecido por los artículos 55, 56, 57 y 58 Ley 7695 de 2002 que indican el
deber que tienen los peatones de transitar por la acera, circunstancia que para el
caso del actor no era viable teniendo en cuenta que iba en su silla de ruedas y el
espacio de esta se encontraba ocupado por antejardines, escaleras y otros
objetos que impedían su desplazamiento.
Afirmó además que no se podía equiparar su condición a la del artículo 946 de la
precitada ley para las bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos,
pues su condición no se enmarcaba en ninguna de ellas concluyendo que con su
actuar no quebrantó ninguna norma de tránsito. Argumentó también que tampoco
existía una vía peatonal por donde transitar, por lo que su decisión de
desplazarse por la vía principal no fue caprichosa o irresponsable sino producto
de la necesidad de movilizarse.
c) Defecto fáctico: Sostuvo que el Tribunal declaró la culpa exclusiva de la víctima
partiendo en su valoración probatoria solamente de las fotografías aportadas,
asegurando de acuerdo a estas que el actor se desplazaba irresponsablemente
por el centro de la vía, pasando por alto los testimonios de los testigos que
afirmaron que los andenes estaban ocupados, sumado a que la alcantarilla
estaba destapada y sin ninguna señalización, por lo que el actor adujo que el
daño no obedece a que él hubiere tenido un comportamiento negligente o a una
presunta violación de las normas de tránsito imputables al mismo, sino a la
negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de las autoridades
administrativas, que conducen a establecer una falla del servicio por parte de
estas.
4 Constitución Política de Colombia. Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones.
5 Código Nacional de Tránsito.
6 Ley 769 de 2002. Capitulo V. Ciclistas y Motociclistas. Artículo 94. Normas Generales para
bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos. Los conductores de bicicletas,
triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas: Deben
transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y
nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.”(…)”. Negrilla fuera de texto.
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Aseveró también que la decisión está desconociendo de esta forma los artículos
827, y 2098 constitucional, 6º. de la Ley 4899 de 1998 y 22 del Decreto 30210 del
2000 y que, en todo caso, al invisibilizar la omisión de las entidades y atribuirle la
responsabilidad solamente al actor, también estaba desconociendo en su lectura
de las pruebas la posibilidad de una concurrencia de culpas a la luz de lo previsto
por el artículo 2357 del Código Civil.
d) Desconocimiento del precedente: Argumentó que la decisión del Tribunal no
tuvo en cuenta en primer término, la sentencia11 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que resolvió el caso de una persona que iba en su
motocicleta y cayó a una alcantarilla destapada sufriendo lesiones que le
produjeron la pérdida de su ojo derecho. Manifestó que, en la decisión de esta
corporación, no se exoneró de responsabilidad a la entidad estatal demandada,
aunque atendiendo la normatividad vigente, el motociclista debió atender su
obligación de manejar a un (1) metro de distancia de la acera y no por en medio
de la vía como sucedió en su caso. Señaló que, en ese fallo de la corporación, ni
siquiera se concluyó que existiera concurrencia de culpas, a pesar de que no se
probó si el conductor iba en estado de embriaguez.
Por lo anterior, al no citar en su providencia esta decisión, sostuvo el actor que el
Tribunal desconoció el precedente vertical vulnerando así sus derechos
fundamentales a la igualdad, buena fe, seguridad jurídica y confianza legitima
“pues no hay razón ni justificación para que dos casos iguales se fallen en forma
diametralmente opuesta”.
Analizó también que por una divergencia fáctica, podría pensarse que no aplica
el precedente expuesto a su caso, sin embargo, indicó que los hechos
jurídicamente relevantes son muy similares al suyo: i) un daño antijurídico ii)
producto de una alcantarilla destapada e iii) incumplimiento de los deberes de
mantenimiento y señalización a cargo del Estado.
Por otro lado, citó otra sentencia12 de la precitada Sección Tercera, que expuso
un caso en el que fue demandado el municipio de Montenegro por su
responsabilidad con relación a la muerte de un menor que cayó a una alcantarilla
sin tapa ni señalización y el fallecimiento de un familiar de la víctima que pereció
en el intento de salvarlo al inhalar gases tóxicos de la recámara.
7 Constitución Política de Colombia. Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés
particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y
regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.
8 Ibídem.
9 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones."
10 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”
11 Consejo de Estado, Sección Tercera. Rad. 76001-23-31-000-1999-02042-01(30356). M.P.
Carlos Alberto Zambrano Barrera.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera. Rad. 63001-23-31-000-2006-00331-01(39453). M.P.
Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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Destacó que el fallo citado determinó que el municipio tenía el deber de velar por
la señalización de las obras públicas realizadas en las vías y que el
incumplimiento de esta directriz generaba la obligación indemnizatoria por parte
del Estado.
Observó que para el caso del menor fallecido no se cuestionó el hecho de que
no iba acompañado por un adulto, ni que no fuera a un metro de la acera como
lo hizo el Tribunal, por lo que consideró que se incurre en el desconocimiento del
precedente alegado.
2.3. Pretensiones
La parte accionante solicitó:
« 1.1. Se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica y acceso a la
administración de justicia. 1.2. Se ordene dejar sin efectos la sentencia del
23 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, dentro del proceso de reparación directa expediente radicado
No. 76147-33-33-002-2015-00031-01, con ponencia del Magistrado Oscar
Valero Nisimblat. 1.3. Se ordene al Magistrado Oscar Valero Nisimblat que
dicte una sentencia de reemplazo en la que dé aplicación a: i) los artículos
82 y 209 de la Constitución Política, ii) 6 de la Ley 489 de 1998, iii) 22 del
Decreto 302 del 2000 y iv) a las sentencias del 29 de enero de 2014,
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente
radicado No. 76001-23-31-000-1999-02042-01(30356), con ponencia del
consejero Carlos Alberto Zambrano Barrera y; del 22 de noviembre de
2017, expediente radicado No. 63001-23-31 000-2006-00331-01(39453),
con ponencia del consejero Jaime Enrique Rodríguez Navas».
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
mediante auto del 30 de enero de 202413, en el que ordenó notificar como
accionado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y como terceros
interesados en el resultado del proceso a al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Cartago, al municipio de Zarzal (Valle del Cauca), a la Sociedad de
Acueducto y Alcantarillado del Valle del Cauca, a Mapfre Seguros Generales de
Colombia S.A., a Allianz Seguros S.A. y a la Previsora S.A. Compañía de Seguros
Generales. Igualmente, se solicitó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código
General del Proceso.
2.4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 14 a través del magistrado
ponente de la decisión, manifestó que la misma debía declararse improcedente
toda vez que carecía del requisito de relevancia constitucional, teniendo en
cuenta que la inconformidad del tutelante frente a la decisión, radicaba en
aspectos meramente legales, que no revisten la relevancia de los derechos
fundamentales.
13 Índice 4 del aplicativo SAMAI.
14 Índice 13 del aplicativo SAMAI.
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Aunado a lo anterior, expuso que su decisión no fue arbitraria sino razonada pues
identificó con claridad la normativa aplicable al caso (principalmente la Ley 769
de 2002, Código Nacional de Tránsito), y en qué medida su contenido vinculaba
al actor, además de valorar las pruebas relevantes y las reglas jurisprudenciales
aplicables al caso, de donde extrajo el régimen de responsabilidad aplicable,
como los deberes de las partes frente al daño alegado y explicó los sustentos
para el análisis de la causa extraña como eximente de responsabilidad.
Afirmó que tampoco incurrió en defecto sustantivo, pues aplicó el precitado
Código al caso del accionante en su calidad de peatón, al darse el evento dañoso
en vía pública, en el entendido de que este debía cumplir con la normatividad al
respecto y no transitar por lugares que le estaba prohibido, lo que en este caso
configuró la causa extraña de culpa exclusiva de la víctima.
Indicó que al argumentar en la acción la concausa, el actor no hizo más que
evidenciar un ánimo de convertir la tutela en una instancia adicional, ya que la
conducta de la víctima fue un factor decisivo en la causación del daño, por lo que
el Tribunal no incurrió en ningún exceso en su aplicación.
Alegó que no incurrió en defecto fáctico alguno, pues realizó una valoración
integral de las pruebas y su conclusión sobre las mismas fue plasmada en su
decisión.
Además de lo anterior, precisó que no desconoció el precedente, sino que por el
contrario se acogió a la línea del Consejo de Estado en torno al tema con relación
a la responsabilidad del Estado por los accidentes viales a partir del régimen
subjetivo de falla en el servicio, que no excluye el análisis de la conducta del
reclamante. Sostuvo que no inobservó las sentencias invocadas por el actor,
solamente que evidenció que en ellas se hizo relación a casos diferentes que no
aplicaban directamente a este caso.
2.5. Sentencia Impugnada
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 18 de abril de
2024, amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor Luis Alfonso
López Ramírez y dejó sin efecto la sentencia de 23 de noviembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el marco del medio
de control de reparación directa iniciado por el señor Luis Alfonso López Ramírez
contra el municipio Zarzal y la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado del Valle
S.A. ESP (exp. No. 76147-33-33-001-2015-00031-01) ordenándole además
proferir una sentencia de reemplazo en el proceso de reparación directa
referenciado, acorde con su decisión.
Luego de verificados y cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la
acción, la Sección Cuarta del Consejo de Estado argumentó que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración probatoria.
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En ese entendido expuso que, si bien es cierto a través de pruebas como las
testimoniales, el ad quem tuvo certeza de las lesiones que sufrió la víctima y las
causas que generaron la misma, también la tuvo con respecto al deber de las
entidades accionadas de señalizar o reparar la vía donde ocurrió el accidente.
Sin embargo, de manera inadecuada, concluyó que la culpa recaía
exclusivamente en la víctima, constituyendo así un eximente de responsabilidad
para las accionadas que raya en la arbitrariedad.
Precisó que no desconoce la importancia del principio constitucional de
autonomía judicial, pero encuentra que el límite al mismo se encuentra cuando la
decisión judicial riñe abiertamente con el derecho fundamental al debido proceso,
como sucedió en este caso, donde la valoración probatoria no se realizó de
manera equilibrada.
Para respaldar su decisión, se fundamentó en la jurisprudencia15 de la Sección
Tercera de esta corporación que establece que para que se configure la culpa
exclusiva de la víctima se requiere que “el comportamiento de la persona
lesionada o afectada sea decisivo, determinante y exclusivo en la producción del
daño”.
Aunado a ello manifestó que, de acuerdo con otra de las providencias16 de la
Sección citada:
«para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la
responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la
víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es
decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar
catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al
demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar,
aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la
participación de la víctima».
En síntesis, manifestó que el Tribunal incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, toda vez que arribó a una conclusión de culpa exclusiva de
la víctima, que no se desprende de los testimonios y fotografías aportados al
proceso. Además de ello, a pesar de evidenciar otros factores de responsabilidad
del Estado que pudieron contribuir a la producción del daño, parece no haberlos
incluido en su análisis, al imputarle toda la responsabilidad al accionante.
En ese orden de ideas, resolvió:
«Primero.- AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso del señor
Luis Alfonso López Ramírez, quien actúa en nombre propio. En
consecuencia,
Segundo.- DÉJASE SIN EFECTO la sentencia de 23 de noviembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el marco del
medio de control de reparación directa iniciado por el señor Luis Alfonso
López Ramírez contra el municipio Zarzal y la Sociedad de Acueducto y
15 Sentencia del 13 de agosto de 2008. Radicación número: 76001-23-31-000-1996-02334-01
(17042).
16 Radicación número: 05001-23-31-000-2012-00690-01 (54121).
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Accionante: Luis Alfonso López Ramírez
Alcantarillado del Valle S.A. ESP (exp. No. (sic) 76147-33-33-001-2015-
00031-01).
Tercero.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que
dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera una sentencia de reemplazo en el proceso de reparación directa
radicado con el No. (sic) 76147-33-33-001-2015-00031-01, de conformidad
con las consideraciones precisadas en esta decisión».
2.6. Impugnación
Respecto de la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado se
presentaron las siguientes impugnaciones:
El apoderado de las aseguradoras Allianz Seguros S.A. y Mapfre Seguros
Generales de Colombia S.A., solicitó revocar el fallo de primera instancia pues
en su criterio no existió defecto fáctico en dimensión positiva en la decisión
tomada por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca teniendo en
cuenta que este no dio por ciertos hechos sin que existieran pruebas de ellos y
que por el contrario realizó una apreciación de estas en su conjunto, sin guiarse
solamente por los testimonios que soportaron la existencia del accidente y las
fotografías de la alcantarilla sin tapa, sino que analizó la situación de manera
integral, estableciendo así que el señor López Ramírez fue imprudente al infringir
las normas que tenía el deber de cumplir como peatón al transitar por en medio
de la vía, lo que llevó a que se generara el daño.
Adujo también a que el Tribunal no desconoció las garantías fundamentales de
las partes y que su decisión no fue caprichosa o arbitraria, sino que atendió a la
sana crítica y que por esta razón determinó que en el caso concreto existió una
culpa exclusiva de la víctima, como eximente de responsabilidad para las
accionadas, porque estando señalizado o no, el hueco de la alcantarilla, su
ubicación sobre la mitad de la calzada no variaría.
Afirmó que el accionante se expuso a un daño más grave que pudo ser causado
por un vehículo, al ser esta zona establecida para los mismos y que este ha
debido transitar por la acera o por una zona cercana a ella como lo sostuvo el
Tribunal, razones por las que el señor López Ramírez era responsable del
accidente acaecido por su actuar imprudente.
Asimismo, sostuvo que no existía ninguna evidencia de que los andenes
estuvieran ocupados para transitar por ellos, ni prueba de que la comunidad
hubiera advertido sobre la situación de la alcantarilla.
La Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. -E.S.P.
con sigla Acuavalle17 S.A. E.S.P. solicitó revocar la sentencia y declarar como
improcedente la acción presentada por no acreditarse en la misma los requisitos
de relevancia constitucional pues afirmó que el actor buscaba generar una nueva
instancia judicial, omitiendo que en su criterio violó las “normas de tránsito que
establecen las formas de transitar para una persona en condición de
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discapacidad”, razón por la cual existía una culpa exclusiva del actor, ya que no
actúo como una persona al menos en “condiciones normales”, hubiera actuado.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección considera que el
problema jurídico se circunscribe a establecer si en el caso concreto se supera
el requisito de la relevancia constitucional, y si la respuesta es positiva, es
menester determinar si en la providencia del 23 de noviembre de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el marco del medio de
control de reparación directa con radicado núm. 76147-33-33-001-2015-00031-
01, se incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, en la violación directa de la
Constitución Política o en el desconocimiento del precedente.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
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dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.3.2. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
3.3.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no habían transcurrido
más de 6 meses desde la expedición de la providencia cuestionada, esto es, 23
de noviembre de 2023.
3.3.4. El asunto por resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
como consecuencia del desconocimiento de precedente judicial en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial cuestionada, aunado a la existencia
de un supuesto defecto sustantivo y fáctico en la providencia y a una violación
directa de la Constitución Política.
En el presente caso las aseguradoras involucradas y el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, trataron de desvirtuar la relevancia constitucional del asunto,
aludiendo en sus argumentos que la controversia era simplemente de orden legal
y que solo pretendía la reapertura un debate judicial ya superado; sin embargo,
el sustento de sus planteamientos no logra superar el hecho de que se evidencia
que la decisión puede entrañar un riesgo evidente para los derechos
fundamentales del accionante, puesto que no solo se trata de la forma en la que
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se debe interpretar la normativa relativa a la circulación en las vías públicas, sino
la relación de estas con sujetos de especial protección.
Al respecto, se advierte que la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de
reglas que dan a entender cuándo una controversia tiene relevancia
constitucional. Así, en la sentencia SU 215 de 2022 se determinó que se cumple
con este requisito en los siguientes eventos: «(i) que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente,
cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta
corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales»4.
En ese entendido, para el caso concreto, como muy bien lo advirtió en su
aclaración de voto18 la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello de la Sección
Cuarta de esta corporación, el juez está en el deber de materializar las
disposiciones legales y constitucionales de las personas en situación de
vulnerabilidad, como es el caso de quienes padecen una condición de
discapacidad.
En ese orden de ideas, es preciso entrar a analizar las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial invocadas por el
accionante.
3.4. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante.
En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que
a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive
desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la
jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la
regla de la doctrina probable.
La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición19, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
18 Índice 35, Aplicativo SAMAI
19 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.
Respecto del precedente vertical20, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta
conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es
vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que
exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada,
que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la
autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión
judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima,
que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las
decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por
razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de
coherencia a su interior21.
Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso22. De esta forma, la Corte
Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe
ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».
Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en
el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica
de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos,
quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia
judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni
20 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
21 Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez
Caballero.
22 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún
género de discriminación23.
Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un
juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones
sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual.
De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación
objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las
decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga
de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando
a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección
decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación
del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento
en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente24.
En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera
excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen
manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas
la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a
la Ley.
3.4.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente en el caso
concreto
En el presente caso, se advierte que el mismo accionante dio cuenta de
diferencias sustanciales entre las situaciones fácticas analizadas en las
providencias que cita como desconocidas, con la sentencia objeto de la acción
de tutela.
En ese sentido, es preciso poner de presente que la ratio decidendi en los casos
citados y en el evento que se juzga difiere, y es preciso señalar que en ninguno
de los pronunciamientos se establecieron reglas inmodificables relativas a
accidentes de tránsito en los que haya existido problemas de señalización.
23 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
24 En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente
importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de
extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibidem.
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En la providencia del 29 de enero de 201425 se trató un asunto correspondiente
a un accidente de un motociclista que cayó a una alcantarilla sin señalización, y
al respecto vale la pena poner de presente que el sustento de la providencia
objeto de tutela se sustentó en el incumplimiento de la normativa relativa (aspecto
sobre el que se regresará más adelante). A la circulación por las vías públicas
que impide transitar por la mitad de una calzada.
En la providencia referida, adicionalmente, existió otra particular, consistente en
que la comunidad advirtió la falta de señalización al municipio, lo cual no sucedió
en el caso concreto.
Ahora bien, al verificar la segunda providencia26 citada por el accionante,
tampoco se trató de una persona en silla de ruedas, que haya tenido un accidente
como consecuencia de una alcantarilla abierta sin señalización.
Por tal razón, se llega a la conclusión de que en el caso concreto no se configuró
la causal específica de procedibilidad de desconocimiento del precedente.
Ahora bien, la parte accionante sostuvo que adicionalmente, en el caso concreto
se configuraron las causales específicas de procedibilidad de violación directa de
la Constitución Política, defecto sustantivo y defecto fáctico, las cuales serán
analizadas en su conjunto después de una explicación general acerca de los
requisitos para que se configuren, porque están íntimamente ligadas en la
solución del caso objeto de estudio.
3.5.1. La violación directa de la Constitución Política como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial
En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
«Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre otros
eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho
defecto se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional
en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una
interpretación claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite su
declaración por alguna de las partes en el proceso.
Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe
señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
25 Sentencia del 29 de enero de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
expediente radicado 76001-23-31-000-1999-02042-01(30356), consejero ponente: Carlos Alberto
Zambrano Barrera.
26 Sentencia del 22 de noviembre de 2017, expediente radicado 63001-23-31 000-2006-00331-
01(39453), consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen
mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y,
en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción
de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados”»27.
3.5.2 El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»28.
En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
27 Corte Constitucional, sentencia SU 873 de 13 de noviembre de 2014, magistrada ponente:
María Victoria Calle Correa.
28 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
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Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»29.
Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presenta un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoce las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoce la
normativa aplicable o porque se desconoce una sentencia con efectos erga
omnes.
3.5.3. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional1 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa2, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva3, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
29 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
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Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios»4.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez
que ordinariamente conoce de un asunto.
3.6. Análisis de la configuración de las causales específicas de
procedibilidad de violación directa de la Constitución Política, defecto
sustantivo y defecto fáctico
En el caso concreto, contrario a lo manifestado por quienes impugnaron la
sentencia de tutela de primera instancia, se encuentran configuradas las
causales de procedibilidad de violación directa de la Constitución, defecto
sustantivo y defecto fáctico.
Para comenzar, es importante poner de presente que hay violación directa de la
Constitución Política cuando el juez se abstiene de aplicar una excepción de
inconstitucionalidad a un caso concreto. En el evento que se juzga, era evidente
que el señor López Ramírez es una persona en especiales condiciones de
vulnerabilidad, al que no se le deben aplicar las normas contenidas en el Código
Nacional de Tránsito sobre circulación en la calzada vehicular, no solo por
encontrarse en situación de discapacidad, sino porque es evidente que en el
municipio no están dadas las condiciones para que se pueda desplazar de forma
segura en las aceras.
En ese sentido, cobra relevancia la aclaración de voto de una de las magistradas
que conformaron la sala que dictó la sentencia de primera instancia, que dio
cuenta que la jurisprudencia constitucional30 ha sido enfática en la necesidad de
abordar estos casos con enfoque diferencial31, lo que le hubiera permitido en el
asunto «flexibilizar la valoración probatoria, invertir la carga de la prueba o acudir
a la prueba indiciaria para resolver la controversia».
Adicionalmente, ello entraña en sí mismo un defecto sustantivo, pues es
irracional la interpretación de la normativa, para adicionalmente considerar que
el desconocimiento de la Ley 769 de 2002 da lugar a que se configure la eximente
de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, y lo es porque en el caso
concreto no bastaba con referirse a las disposiciones sobre circulación en las
calzadas vehiculares para derivar de ello la eximente de responsabilidad, pues
30 Sentencia T-397 de 2004, magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
31 Corte Constitucional. Sentencia T-481 de 2020, magistrado ponente: Antonio José Lizarazo
Ocampo.
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se dejaron de lado las dificultades que puede entrañar la circulación de personas
en situación de discapacidad, sin ninguna consideración al respecto.
Por otra parte, esta Sala concluye que la decisión tomada por el Tribunal adoleció
también de un defecto fáctico, teniendo en cuenta que a pesar de que a través
de pruebas como las fotográficas, testimoniales32 y documentales, el Tribunal
tuvo certeza de las lesiones que sufrió la víctima y las causas que generaron la
misma, también la tuvo con respecto al deber de las entidades accionadas de
señalizar o reparar la vía donde ocurrió el accidente; pero de manera poco
afortunada, concluyó que la culpa recaía exclusivamente en la víctima,
constituyendo así un eximente de responsabilidad para las accionadas que
puede rayar en la arbitrariedad33, sin siquiera entrar a analizar el alcance de la
responsabilidad del municipio en la producción del daño.
Es pertinente advertir que, como lo sostuvo la aclaración de voto presentada, no
todos los jueces pueden fallar a favor de las personas en condición de
discapacidad por el simple hecho de tenerla, ni a través de esta decisión se
pretende intervenir indebidamente en la autonomía judicial, pues ello alteraría el
equilibrio procesal y vulneraría a las demás partes del proceso; sin embargo, en
el caso concreto, está demostrado que el principio constitucional de igualdad34
en la valoración probatoria, no se materializó en la realidad, pues se le dio
preponderancia solamente a de una de las partes, en este caso a la previsión
que debió tener la víctima, relevando al Estado de sus funciones lo que
demuestra una interpretación irracional tanto de la normativa como del acervo
probatorio.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que hay lugar a confirmar la sentencia
de primera instancia del 18 de abril de 2024 proferida la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
32 Sentencia del 23 de noviembre de 2023. Exp. 76147-33-33-001-2015-00031-01. Pág.18-
33 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. “-Actualmente
no ‘(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad
sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes
sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda
en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que
esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias
facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica
del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por
el respeto a la Constitución. - Corte Constitucional, Sentencia T-774 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa).-Negrilla fuera de texto.
34 Constitución Política de Colombia. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”. Negrilla fuera de texto.
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00368-01
Accionante: Luis Alfonso López Ramírez
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 18 de abril de 2024
proferida la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que amparó el derecho
fundamental al debido proceso del señor Luis Alfonso López Ramírez y que dejó
sin efecto la sentencia de 23 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en el marco del medio de control de reparación
directa iniciado por el señor Luis Alfonso López Ramírez contra el municipio
Zarzal y la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado del Valle S.A. ESP (exp.
76147-33-33-001-2015-00031-01).
Segundo: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que dentro de
los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una
sentencia de reemplazo en el proceso de reparación directa radicado con el
76147-33-33-001-2015-00031-01, de conformidad con las consideraciones
precisadas en esta decisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Ausente con permiso
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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