Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00386-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00386-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00386-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
1 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., primero (1º) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se pretende utilizar la tutela como instancia adicional del proceso
de origen.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, en adelante UGPP, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y el Juzgado 47 Administrativo de Bogotá.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 26 de enero del año en curso1, la UGPP interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, y el
Juzgado 47 Administrativo de Bogotá, por considerar vulnerado su derecho al
debido proceso. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben
textualmente):
PRINCIPALES:
Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la
UGPP, vulnerados por el JUZGADO 47 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, al ordenar
1 Se advierte que, el 15 de febrero de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
reconocer y pagar pensión de sobrevivientes en favor del señor CARLOS
ALFONSO GONZÁLEZ GRILLO quien no tiene derecho a la misma.
Segundo. Consecuentemente:
a.- DEJAR sin efectos las decisiones contenidas en las sentencias del 09 de
febrero de 2023 y 21 de septiembre de 2023 emitidas por el JUZGADO 47
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B, dentro del proceso contencioso No.
11001334204720190049000 por la flagrante vía de hecho y el abuso palmario
del derecho en que incurrieron los estrados judiciales al reconocer
erradamente la pensión de sobrevivientes a favor del señor CARLOS
ALFONSO GONZÁLEZ GRILLO quien no reunió los requisitos fijados por el
artículo 13 de la ley 797 de 2003 y reiterados en la sentencia C-515 de 2019
para ser beneficiario de esa prestación.
b.- ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B que proceda a dictar nueva sentencia
ajustada a derecho, revocando la decisión del 09 de febrero de 2023 proferida
por el JUZGADO 47 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ y como consecuencia niegue las pretensiones solicitadas por el
señor CARLOS ALFONSO GONZÁLEZ GRILLO dentro del proceso
contencioso del N° 11001334204720190049000, por encontrar que no tenía
derecho a reconocimiento pensional de sobrevivencia alguno.
ACCESORIAS:
En caso de que esa H. Magistratura determine que en este caso procede otro
medio de defensa judicial solicitamos:
Primero. AMPARAR de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO 47 ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, al ordenar
reconocer la pensión de sobrevivientes a favor del señor CARLOS ALFONSO
GONZÁLEZ GRILLO quien no tiene derecho a la misma.
Segundo. Consecuentemente a lo anterior SUSPENDER el cumplimiento de
las sentencias del 09 de febrero de 2023 y 21 de septiembre de 2023
proferidas por el JUZGADO 47 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B dentro de la acción contenciosa N°
del 2019-00490 para evitar la configuración de un perjuicio irremediable al
Erario equivalente al pago de más de $432.910.260M/cte, entre mesadas
pensionales, retroactivos e indexación, que se ordenan cancelar a favor del
señor CARLOS ALFONSO GONZÁLEZ GRILLO, mientras se resuelve la
actuación judicial que esa H. Corporación determine debemos iniciar para
controvertir la legalidad de las órdenes impartidas en las sentencias
controvertidas.
Como medida provisional solicitó:
Conforme a las situaciones graves que se ponen de presente ante su
Despacho, solicitamos se SUSPENDA la ejecución de las sentencias del 09
de febrero de 2023 y 21 de septiembre de 2023, mientras se resuelve esta
acción constitucional de amparo en aras de evitar la configuración de un
perjuicio que se generará con el pago por concepto de mesadas pensionales,
retroactivo e indexación que equivale a la suma aproximada de $432.910.260
M/cte en favor del señor Carlos Alfonso González, poniendo en peligro el
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
erario ya que de encontrar procedente la configuración de los defectos aquí
enlistados y la procedencia de esta tutela para dejar sin efectos las órdenes
censuradas, generará que cualquier pago que se haga no podrá ser
recuperado en virtud del principio de buena fe que amparará al señor
CARLOS ALFONSO pero que irá en contra del Sistema Pensional que
estamos buscando proteger con esta acción tutelar.
1.2. Hechos
Narró que mediante la Resolución No. 1897 del 12 de diciembre de 1990,
CAPRECOM reconoció una pensión de jubilación a favor de la señora María
Amanda Martínez Rodríguez, la cual fue reliquidada en virtud de la Resolución
0291 del 20 de marzo de 1991.
La señora María Amanda Martínez Rodríguez falleció el 13 de septiembre de
2010 y, en consecuencia, el señor Carlos Alfonso González Grillo solicitó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, invocando la calidad de cónyuge
supérstite. CAPRECOM negó la prestación mediante la Resolución No. 003661
del 21 de febrero de 2011, razón por la cual, el reclamante ejerció el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho correspondiente.
En primera instancia, el conocimiento del proceso correspondió al Juzgado 47
Administrativo de Bogotá, que accedió a las pretensiones mediante sentencia del
9 de febrero de 2023. Una vez apelada la decisión por la UGPP, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, la confirmó.
1.3. Argumentos de la tutela
Manifestó que la tutela cumple con los requisitos generales de procedencia de
relevancia constitucional y subsidiariedad. Frente a este último, sostuvo que previo
a acudir a la acción constitucional agotó todos los medios de defensa judicial
disponibles, porque se surtieron las dos instancias del proceso ordinario; y
adicionalmente, estima que, de conformidad con lo establecido en la sentencia SU
427 de 2016, la UGPP puede acudir a la acción de tutela como mecanismo
principal para dejar sin efecto las decisiones judiciales censuradas, dado que
afectan el erario y de ello, se deriva claramente el perjuicio irremediable.
En cuanto a los requisitos especiales de procedencia, invocó los siguientes
defectos:
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Defecto material: en los fallos cuestionados se interpretó de manera errónea la
norma que fundamentó la decisión, esto es el artículo 13 de la ley 797 de 2003,
habida consideración de que dicho precepto exige que el cónyuge reclamante
haya hecho vida marital con la causante no menos de 5 años anteriores al
fallecimiento, requisito que no cumple el señor Carlos Alfonso González Grillo,
toda vez que, en el plenario se demostró que la pareja no vivía en el mismo techo,
y además, disolvieron la sociedad conyugal desde el 5 de septiembre de 1989.
Como la situación fáctica del reclamante no se ajusta a los supuestos de la norma
que se aplica, es claro que la autoridad judicial la interpretó erróneamente y en
consecuencia, concedió la pensión sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Aunado a lo anterior, consideró que las providencias censuradas no tuvieron en
cuenta las sentencias que han definido el alcance de la situación analizada con
efectos erga omnes, por ejemplo la sentencia C-155 de 2019 en la que se declaró
la exequibilidad de la expresión «con la cual existe la sociedad conyugal vigente»,
contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que
modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, de lo cual, se colige sin duda
alguna, que para que el cónyuge supérstite pueda acceder a la pensión de
sobrevivientes, requiere tener vigente la sociedad conyugal, es decir, no haberla
disuelto, y además acreditar los 5 años de convivencia en cualquier tiempo. En
esta misma línea se expresó la Corte Constitucional en las sentencias T-090 de
2016, T-266 de 2017, T-076 de 2018, SU 108 de 2020 y T-409 de 2018; la Corte
Suprema de Justicia en sentencia SL 1130 de 22 de marzo de 2022.
Defecto fáctico: en este caso, se concreta en la dimensión negativa, por
valoración defectuosa del material probatorio, toda vez que las autoridades
judiciales accionadas no consideraron la Escritura Pública No. 2307 del 05 de
septiembre de 1989 aportada al proceso, la cual, da cuenta de la disolución y
liquidación de la sociedad conyugal entre el señor González Grillo y la causante
María Amanda Martínez.
Tampoco tuvieron en cuenta el interrogatorio de parte del señor Carlos Alfonso
González Grillo, dado que él mismo afirmó que disolvieron la sociedad conyugal
con la causante y no convivieron durante los 5 años inmediatamente anteriores al
fallecimiento.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Desconocimiento del precedente jurisprudencial: las providencias reprochadas
desatendieron lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C- 515 de
2019, en relación a la exigencia de tener la sociedad conyugal vigente, para que el
cónyuge supérstite, separado de hecho, acceda a la pensión de sobrevivientes,
habida cuenta de que, en este caso, concedieron la prestación a favor del señor
González Grillo encontrándose demostrado con suficiencia que no cumplía con
ese requisito.
Violación directa a la Constitución: las autoridades judiciales demandadas
desconocieron lo consagrado en los artículos 13, 29 y 243 de la Constitución, en la
medida en que concedieron un derecho prestacional sin el lleno de las exigencias
legales, con lo cual, contribuyen al deterioro del erario.
En concepto de la accionante, todo lo anterior, desemboca en el abuso palmario
del derecho, que habilita el uso de la acción constitucional impetrada, máxime si
se tiene en cuenta que el cumplimiento de los fallos censurados ocasiona el pago
aproximado de $432.910.260 M/CTE, por concepto de retroactivo, lo cual, sin
duda, afecta el patrimonio público y desconoce el principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 6 de febrero de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
su notificación a los magistrados que integran la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juez 47 Administrativo
de Bogotá, como parte demandada, y, como tercero con interés, al señor Carlos
Alfonso González Grillo, toda vez que intervino como demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 -33-42-047-201 9-
00490-00/01. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y se negó la medida provisional solicitada en la
demanda.
2.1. El magistrado ponente de la providencia censurada proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca insistió en
que la decisión se tomó teniendo en cuenta las pruebas documentales, que
permitieron llegar a las conclusiones expuestas con claridad en la sentencia
censurada, las cuales transcribió.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Señaló que «(…) contrario a lo señalado por la parte actora, los argumentos
descritos en la sentencia de segunda instancia no fueron producto de una
valoración inadecuada o mucho menos inventados por la Corporación, sino que
obedecieron precisamente a una verificación concienzuda de las documentales y
las declaraciones que fueron recibidas en el curso del proceso que permitieron
dilucidar en debida forma los hechos».
Agregó que el argumento esgrimido por la tutelante, según el cual la pareja tenía
disuelta la sociedad conyugal, fue abordado en la providencia cuestionada, para
concluir que pese a ello, se probó que con posterioridad tuvieron vida de pareja
hasta los últimos días de vida de la causante, demostrando que existió la ayuda y
el apoyo mutuo, moral y económico, especialmente, considerando que la señora
María Amanda Martínez padecía de una enfermedad terminal y fue el señor
González Grillo, quien la asistió, la cuidó y la apoyó en el proceso médico hasta el
último día de vida.
Con fundamento en lo anterior, solicitó que se niegue la tutela.
2.2. El titular del Juzgado 47 Administrativo de Bogotá afirmó que «(…) la tutela
se torna improcedente, en la medida en que la sentencia proferida el 9 de febrero
de 2023, proferida por el Juzgado 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, se
ajustó al marco legal y jurisprudencial aplicable al caso, y se fundó en los
fundamentos fácticos planteados por el extremo activo del litigio en su texto
introductorio y las probanzas arrimadas al plenario, que fueron válidamente
incorporadas y valoradas según las reglas de la sana crítica».
Agregó que la inconformidad expresada por la parte actora fue abordada de fondo
en la sentencia censurada, y que, al no encontrarse de acuerdo, la UGPP tuvo la
oportunidad de interponer el recurso de alzada, el cual fue decidido por la
autoridad judicial competente.
2.3. El señor Carlos Alfonso González Grillo no intervino en esta oportunidad.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se reúna esta
exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende,
vulneraron los derechos fundamentales invocados por la UGPP.
2. Análisis de la Sala
2.1. El requisito general de relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 2014 2, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de
tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
2
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UGPP
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
3. Caso concreto y solución del problema jurídico
De entrada, la Sala advierte que la presente tutela deviene improcedente porque
no cumple con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la entidad
accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los
derechos fundamentales en una instancia adicional del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
En efecto, tanto en el proceso ordinario como en la acción de tutela la referencia la
UGPP planteó que, el señor Carlos Alfonso González Grillo no acredita los
requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para ser beneficiario
de la pensión que en vida percibió la señora María Amanda Martínez Rodríguez,
toda vez que, no acreditó la convivencia con la causante durante los cinco años
inmediatamente anteriores a su fallecimiento, y no tenía sociedad conyugal
vigente con ella, pues se disolvió mediante escritura pública No. 2307 del 05 de
septiembre de 1989.
Ahora bien, en el fallo del 9 de febrero de 2023, proferido por el Juzgado 47
Administrativo de Bogotá, después de realizar un análisis fáctico y jurisprudencial
en el que se refirió puntualmente a los argumentos esgrimidos por la UGPP, la
autoridad judicial demandada concluyó que el señor González Grillo sí acredita
3
Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UGPP
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para acceder a
reconocimiento de la sustitución pensional. En la providencia se lee:
A través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor CARLOS ALFONSO GONZÁLEZ GRILLO, pretende se declare la
nulidad de la Resolución 0366 de 21 de febrero de 2011, expedida por la
liquidada CAPRECOM, por medio de la cual le negó el reconocimiento y
pago de una pensión de sobreviviente, en calidad de cónyuge supérstite de
la fallecida señora MARIA AMANDA MARTINEZ RODRÍGUEZ; como
consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicita
se ordene a la accionada el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente, a partir del día siguiente del fallecimiento de la señora MARIA
AMANDA MARTINEZ RODRÍGUEZ, con los ajustes de ley.
En la contestación de la demanda, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, se opuso a las pretensiones, al manifestar que el demandante no
cumple con los requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, como quiera que“(…) frente a las pruebas
presentadas y las investigaciones realizadas por esta Entidad, se establece
que la señora AMANDA MARTÍNEZ VDA DE BRICEÑO, no convivía, ni
hacía vida marital con el señor CARLOS ALFONSO GONZÁLEZ GRILLO, al
momento de su muerte. (...)”.
Sobre la norma que autoriza el reconocimiento de la sustitución pensional se
tiene que el artículo 46 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12
de la Ley 797 de 2003, estipula que, entre otros, tendrán derecho a la
pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del pensionado
por vejez o invalidez que fallezca.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 ibídem, la prestación será
reconocida en forma vitalicia al (la) cónyuge, compañero (a) permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento
del causante, tuviere 30 o más años de edad. Asimismo, el beneficiario debe
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte
y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con
anterioridad a la muerte.
El aparte subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C-1094 de 2003, Magistrado Ponente, Dr. Jaime Córdoba Triviño,
al sostener que en ejercicio de libertad de configuración el legislador
consideró que la finalidad de exigir el tiempo de convivencia antes del
fallecimiento del pensionado, radica en evitar que se den uniones de última
hora con el único objetivo de aprovechar el beneficio prestacional.
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte también ha explicado que la convivencia
no significa, per se, vivir bajo el mismo techo, para la Corporación “el
concepto de convivencia o vida marital, para efectos de determinar el
derecho a la pensión de sobrevivientes del cónyuge o compañera o
compañero permanente del afiliado o del pensionado fallecido, esta Sala de
la Corte ha proclamado que esa convivencia no desaparece cuando los
esposos o compañeros permanentes no pueden vivir bajo el mismo techo
por circunstancias particulares originadas en el trabajo, la salud, la fuerza
mayor, etc., que no impidan ni signifiquen la pérdida de la comunidad de
vida ni la vocación de la vida en común, pues lo que interesa para que esa
convivencia exista es que en realidad se mantengan, el afecto, el auxilio
mutuo, el apoyo económico, y el acompañamiento espiritual, característico
de la vida en pareja.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UGPP
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En este sentido, cuando una pareja de esposos o compañeros permanentes,
por razones justificadas ha dejado de vivir bajo el mismo techo, pero,
continúa prestándose auxilio, apoyo mutuo, cuidado y afecto, se considera
que mantiene su vida marital y convivencia efectiva.
(…)
Establecido que el señor CARLOS ALFONSO GONZÁLEZ GRILLO es
beneficiario pensional de la señora MARIA AMANDA MARTINEZ
RODRÍGUEZ (QEPD); que no se demostró que existiera otra persona o
personas con igual o mejor derecho, este Despacho entrará a valorar si se
demuestran los requisitos de vida marital y convivencia efectiva durante los
cinco (5) años anteriores al fallecimiento.
(…)
Para el Despacho, los hechos relacionados con el tiempo en que los testigos
afirman conocer a los señores CARLOS ALFONSO GONZÁLEZ GRILLO y
MARIA AMANDA MARTINEZ RODRÍGUEZ (QEPD), se integran con la
fecha en la que el demandante y su esposa fallecida compraron la casa de
Flandes, dado que según escritura pública No. 159 del 18 de marzo de
200852, de la Notaría Única del Circulo de Flandes, Tolima, el inmueble,
correspondiente a la casa No, 4 de la manzana 1 C, tercera etapa del
conjunto residencial Parques de Alejandría, ubicado en el municipio de
Flandes, Tolima, fue adquirido el 15 de agosto de 1998.
Asimismo, se constata que los señores CARLOS ALFONSO GONZÁLEZ
GRILLO y MARIA AMANDA MARTINEZ RODRÍGUEZ (QEPD), vivieron en
esa propiedad, dado que la administración del conjunto expedía paz y salvos
a nombre de los dos, por cuotas de administración.
Ahora bien, de la contestación de la demanda se extrae que la entidad en
juicio afirma que al demandante le fue negada la sustitución pensional, como
quiera que en varios documentos relaciona como dirección de residencia
una diferente a la pensionada fallecida e, informó haberse separado de la
señora MARÍA AMANDA en más de una oportunidad.
Sobre esa información el Despacho encontró que, en efecto, en versión libre
y espontánea rendida por el demandante ante la oficina del Grupo de
Seguridad de la Subdirección de Prestaciones Económicas de CAPRECOM,
el 06 de diciembre de 2010, afirmó que conoció a la señora María Amanda
Martínez Rodríguez (Q.E.P.D.), en el año 1977, en TELECOM. En el año
1981 se casaron y se fueron a vivir al barrio Capellanía en Fontibón, a la
carrera 89 No. 32-16, hasta el año 1990, cuando se disgustaron y se
separaron. En el año 1994 volvieron a vivir juntos; en 1998 se fueron a vivir
a Flandes Tolima, hasta el año 2004, cuando se devolvieron a Bogotá y se
separaron nuevamente, por lo que la señora María Amanda se devolvió a su
casa en Capellanía y él se fue a vivir con sus hijos en la Carrera 104 No. 32-
25, barrio la Giralda de Fontibón.
(…)
Al evaluar lo relatado por el demandante, el Despacho evidenció que el
señor CARLOS ALFONSO GONZÁLEZ GRILLO contaba con detalle los
acontecimientos de cambio de casa, trato con los hijos, fechas,
enfermedad, nombres de médicos, clínicas en las que fue atendida y
hospitalizada la causante, y que esos hechos corresponden a los dichos en
el año 2010 cuando inició el trámite pensional y, varios de ellos se
relacionan con los manifestados por los testigos que comparecieron al
proceso.
Asimismo, se constató que fue el demandante el que se encargó del
sepelio de la señora MARÍA AMANDA y que juntos tramitaron un crédito
para compra de vivienda.
(…)
De la evaluación detallada de las pruebas, para el Despacho se cumplen
con los criterios exigidos por la norma y la Corte Constitucional para
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
establecer que entre los señores CARLOS ALFONSO GONZÁLEZ
GRILLO y MARIA AMANDA MARTINEZ RODRÍGUEZ (Q.E.P.D.), existió
una vida marital en común y convivencia y, aunque se presentaron
interrupciones en la última, como quiera de se evidenció que los esposos
residieron en direcciones distintas, ello no desacredita el apoyo y ayuda
mutua entre los esposos, máxime al establecerse que la señora MARÍA
AMANDA padecía una enfermedad catastrófica y que la única persona que
velaba por su cuidado y salud era su esposo, quien día tras día, la
acompañaba, cuidaba y alentaba y, ese comportamiento demuestra del
afecto que existía entre la pareja.
El anterior juicio, el cual está basado en la sana crítica de las pruebas,
determina que se cumplen los presupuestos para que la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP, reconozca en favor del señor CARLOS ALFONSO GONZÁLEZ
GRILLO, la sustitución de la pensión que devengaba la señora MARIA
AMANDA MARTINEZ RODRÍGUEZ (Q.E.P.D.). (…)
Contra la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación, basado en
razones que posteriormente reprodujo y amplió en el escrito de tutela, ante la
decisión del Tribunal demandado de desestimarlo. En el siguiente cuadro se
cotejarán los argumentos expuestos en el mencionado recurso de alzada y las
razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fin de ilustrar de mejor
manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como instancia
adicional:
Argumentos presentados en el proceso Argumentos de la demanda de tutela
ordinario (recurso de apelación)
En consideración a lo expuesto El artículo 13 de la ley 797 de 2003 de
anteriormente y la normatividad transcrita forma taxativa regula el reconocimiento de
se puede determinar que el señor la pensión de sobrevivientes en forma
CARLOS ALFONSO GONZÁLEZ GRILLO vitalicia a favor del cónyuge y/o
no cumple con los requisitos para ser Compañera (o) permanente mayor de 30
beneficiario de la pensión de años que acredite “que estuvo haciendo
sobrevivientes con ocasión del vida marital con él o la causante hasta su
fallecimiento del señor MARÍA AMANDA muerte y haya convivido con el fallecido
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (q.e.p.d.), y por (a) no menos de cinco (5) años continuos
lo tanto, la pretensiones de la demanda con anterioridad a su muerte”, así mismo
debieron ser negadas. regula el reconocimiento de la pensión
sobrevivientes en favor del cónyuge pero
Ahora bien, es importante resaltar que del solo en casos de separación de hecho y
análisis de las pruebas y sobre el tema en en el que no se trate de convivencia
particular de la convivencia ininterrumpida simultánea, sin embargo exige que se
del demandante con la causante, que presente compañera(o) permanente que
según lo dispone la ley, no debe ser acredite los 5 años de convivencia
inferior a 5 años continuos con inmediatamente anteriores al fallecimiento
anterioridad a la muerte del causante, del causante, con el (la) que se
debe entenderse que la convivencia reconocerá en proporción al tiempo de
adicional a la demostración del mismo convivencia, más no refiere que ese
techo y habitar junto con el otro, debe derecho le asista al cónyuge con sociedad
demostrarse un apoyo espiritual, moral, conyugal disuelta o que se haya
afecto, compañía, auxilio y la dependencia presentado solo a reclamar el derecho.
económica que existía entre los cónyuges.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En el caso en particular, quedó Así las cosas, el reconocimiento a la
demostrado que el demandante no pensión de sobrevivientes otorgado por las
convivió los últimos cinco años de vida con autoridades judiciales accionadas a favor
la causante, tal cual lo exige la ley, toda del señor CARLOS ALFONSO
vez que el mismo demandante indicó que GONZÁLEZ GRILLO, resulta errado en
convivió durante un año y cuatro meses. tanto no reúne el requisito legal de los 5
años de convivencia inmediatamente
Adicionalmente, el demandante no ha anteriores al fallecimiento de la causante,
probado que reúne los requisitos previstos requisito que es taxativo y no permite
en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, flexibilizarse ya que de hacerlo (i)
como quiera que: i) no se encuentra cónyuges o compañeras (o) permanentes
vigente su matrimonio ii) exite una en la misma situación fáctica se
disolución de la sociedad conyugal, iii) la presentarán a reclamar pensiones de
de cujus falleció en un domicilio diferente sobrevivientes invocando el derecho a la
al del accionante, iii) no probó la igualdad lo que a su vez (ii) implica que se
dependencia económica, iv) el podría causar a una afectación económica
demandante actualmente percibe una a grande escala perturbando así la
pensión de vejez por parte de mi sostenibilidad financiera del estado.
representada.
Además, resalta que la
jurisprudencia enseña que es la efectiva Ahora bien, tampoco se puede comparar
convivencia el requisito esencial para este caso al del cónyuge con separación
acceder a una pensión de sobrevivientes, de hecho, quien independientemente de
el que se insiste no prueba la parte no haber hecho vida marital con la
demandante. causante los últimos 5 años anteriores al
fallecimiento de la misma puede reclamar
Finalmente, no se encuentran legalmente la pensión de sobrevivientes,
demostrados los elementos que definían acreditando (i) 5 años de convivencia en
esa convivencia entre el demandante y la cualquier tiempo (ii) inexistencia de
de cujus, es decir, el acompañamiento convivencia simultanea (iii) acreditando
espiritual, moral y económico, y el deber que “existe la sociedad conyugal vigente”
de apoyo y auxilio mutuo. (iv) que se haya presentado compañera(o)
permanente con convivencia durante los 5
Así las cosas, de conformidad con el años anteriores al fallecimiento de la
análisis de las pruebas del proceso, se causante, en ese orden de ideas el Señor
concluye que el señor CARLOS CARLOS ALFONSO GONZÁLEZ GRILLO
ALFONSO GONZÁLEZ GRILLO, no logró no puede ser tomado tampoco como un
demostrar el requisito de la convivencia en cónyuge con separación de hecho ya que,
los términos de la ley 707 de 2003 y por lo la sociedad conyugal con la señora María
tanto, en cabeza de él, por lo tanto NO Amanda Martínez fue disuelta y liquidada
surge el derecho a ser la beneficiario de la a través de escritura pública N° 2307 de
pensión de sobrevivientes con ocasión del fecha 05 septiembre de 1989, lo que
fallecimiento de la señora AMANDA evidencia al Juez constitucional que este
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (q.e.p.d.). requisito legal no se encuentra acreditado,
a su vez por cuanto no podría optar por
En ese orden de ideas, el demandante no este tipo de prestación que se reconoce
demostró de forma alguna que hubiese proporcional al tiempo de convivencia, en
convivido con el causante por el tiempo tanto es el único solicitante y como
requerido y de manera continua e consecuencia de ello tampoco se reuniría
ininterrumpida durante los últimos 5 años el requisito legal de que se haya
anteriores a la fecha del fallecimiento del presentado compañero permanente sin
causante, lo cual reafirma la legalidad de convivencia simultanea que acredite los 5
los actos administrativos expedidos. años de convivencia anteriores al
fallecimiento de la causante, con quien se
pueda dividir proporcionalmente al tiempo
de convivencia la prestación.
(…)
Lo anterior línea jurisprudencial permite
evidenciar a su Despacho que la Corte
Constitucional ha mantenido una posición
reiterada, pacífica y uniforme respecto de
la interpretación dada al artículo 13 de la
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Ley 797 de 2003 que modificó los artículos
47 y 74 de la Ley 100 de 1993,
protegiendo a aquel cónyuge que se
encuentra separado de hecho, pero que
cuenta con unión conyugal y la sociedad
conyugal vigente, precisamente porque
ese vínculo no se ha disuelto, permitiendo
que dicho cónyuge acredite la convivencia
con el causante durante 5 años, en
cualquier tiempo, y de esta forma le sea
asignada una cuota parte de la mesada
resultante de la sustitución pensional, que
se dividirá entre este y el(la) compañero(a)
permanente en proporción al tiempo de la
convivencia de cada uno con el causante,
siempre y cuando este último, es decir
el(la) compañero(a), acredite la
convivencia durante los cinco años
inmediatos al fallecimiento, situación en la
que no se enmarca el señor CARLOS
ALFONSO GONZÁLEZ GRILLO quien en
primera medida, era el único solicitante de
la prestación por lo que no podía
aplicársele los requisitos para acceder a
una cuota parte de la prestación, ni
tampoco acreditó el requisito de contar
con sociedad conyugal vigente.
Ahora bien, los accionados fundamentan
su decisión de reconocer la prestación de
sobrevivientes en el entendido de
consideran que la separación fue
justificada en razón a los problemas que
tenían con los hijos de la causante señora
MARÍA AMANDA MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ, lo que si bien puede
tomarse como una causa para la
separación de cuerpos, no puede dejarse
de lado que en este caso en específico no
solo se dio una separación de cuerpos
sino que se existe una sociedad conyugal
disuelta y liquidada, lo que impide
legalmente el reconocimiento pensional
por no enmarcarse esta situación en las
contempladas en el artículo 13 de la ley
797 de 2003 para reconocer la pensión de
sobrevivientes.
(…)
Como se puede apreciar en esos eventos
hubo simplemente separación de
cuerpos3 , figura jurídica que no disuelve
el matrimonio, pero sí la comunidad de
vida de los casados; en este caso en
particular, el vínculo matrimonial que
existió entre los contrayentes se disolvió y
liquidó de forma legal y no por las vías de
hecho el día 05 de septiembre de 1989,
esto es, 21 años y 05 días antes del
fallecimiento de la causante; quiere decir
lo anterior, que hasta ese día perduraron y
por ende se extinguieron las obligaciones
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Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
de los cónyuges Rafael Ochoa y Nubia
Gómez de vivir juntos, de procrear y de
auxiliarse mutuamente.
(…)
Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de
apelación y las propuestas en la solicitud de amparo, se evidencia que los
argumentos alegados en la tutela fueron invocados para continuar con el debate
jurídico que ya fue decidido por la autoridad judicial, consistente en que desde la
óptica particular de la parte accionante no se debió reconocer la pensión de
sobrevivientes a favor del señor González Grillo, porque no cumple los requisitos
exigidos en la normativa aplicable, entre ellos el tiempo mínimo de convivencia
con la causante, que es de cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
Aunado a lo anterior, la Sala observa con claridad que, en la sentencia del 21 de
septiembre de 2023, la Sección Segunda, Subsección B, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se pronunció de fondo sobre esos argumentos,
así (transcripción textual):
Establecidos los anteriores hechos, advierte la Corporación que, conforme lo
señaló el Juez de la primera instancia, el señor CARLOS ALFONSO
GONZÁLEZ GRILLO cumple con los requisitos para acceder a la sustitución
pensional en calidad de cónyuge supérstite de la señora MARÍA AMANDA
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, como pasa a exponerse:
Si bien durante la investigación administrativa que se llevó a cabo por parte
de CAPRECOM en el año 2010, a efectos de reconocer la sustitución
pensional reclamada por el señor GONZÁLEZ GRILLO, se determinó que la
pareja para la fecha de fallecimiento de la señora MARÍA AMANDA no
convivían, lo cierto es que, de las pruebas que obran en el plenario y de las
declaraciones que fueron recibidas en el curso del proceso, la Sala logra
establecer que esa convivencia si se comprobó.
Lo anterior si se tiene en cuenta que, de acuerdo al mismo relato del señor
CARLOS ALFONSO en audiencia y de la versión libre que rindiera en el
mes de diciembre de 2010, se logra identificar que, desde la fecha en que se
casaron, la pareja tuvo inconvenientes en cuanto a su convivencia, esto es
vivir bajo el mismo techo de manera constante, permanente y diaria, y que
esto obedeció a problemas que se presentaban con los hijos de los
cónyuges, pues se recuerda que, cuando se casaron eran viudos y que cada
uno tenía sus propios hijos.
No obstante lo anterior, también se logró determinar que, pese a estos
problemas la pareja opto siempre por continuar con su relación, y es por
esto que convivieron juntos en la ciudad de Villavicencio, luego en la ciudad
de Bogotá en el barrio de Fontibón, fecha en la cual la señora MARÍA
AMANDA se fue a vivir con sus hijos al Barrio de Mazurén, lugar donde el
demandante permanecía de manera constante cuidándola debido a su
estado de salud, que según los relatos obedecían a una fractura que
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
padeció en uno de sus brazos, para finalmente irse a vivir a la ciudad de
Flandes en la casa ubicada en el conjunto residencial Parques de
Alejandría, lugar donde pasaron sus últimos años.
En este punto, ha de detenerse la Sala, en tanto fue el interregno de tiempo
en el que convivieron y que refuta la UGPP no se acreditó la convivencia,
desconociendo las declaraciones extra proceso que rindieron las señoras
CARMEN DEYSI PÉREZ ROMERO y LUZ MARINA ARIAS DE CASIMILAS,
las cuales fueron debidamente ratificadas en el curso del proceso, incluso
aclarando las dudas que tenía la apoderada de la entidad, en cuanto a las
fechas o el tiempo que tenían las deponentes de conocer a la pareja; en las
que claramente se indicó que por ser vecinos en la casa ubicada en Flandes
Tolima, podían dar fe de la relación de pareja que tenían los esposos, de
ayuda mutua, apoyo y compañía, por al menos 20 años.
De otro lado, y con los testimonios de los señores BLANCA CECILIA
AGUIRRE CASTIBLANCO y EDGAR LUIS MONTAÑA COLLAZOS, se logró
ratificar esta información, pues los señores en mención también eran
vecinos de la pareja y pueden dar fe de la convivencia de la pareja en los
últimos años de vida de la causante, al menos desde el año 2000 que
adquirieron la casa en el conjunto residencial Parques de Alejandría y donde
la señora MARÍA AMANDA pasara sus últimos años y los peores momentos
de su enfermedad.
Se debe aclarar que, los declarantes hacen mención del conocimiento que
tienen de la pareja desde hace más de 20 años, en atención a que, si bien la
señora MARÍA AMANDA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ falleció en el mes de
septiembre de 2010, las declaraciones se recibieron en el año de 2021, y
teniendo en cuenta que la casa en Flandes Tolima la adquirieron en el año
2000 aproximadamente, coinciden las fechas descritas por los testigos.
Ahora, y de la misma declaración efectuada por el señor CARLOS
ALFONSO, se observa que las hijas de la causante compraron una casa en
la ciudad de Girardot en el conjunto residencial Madeira, donde llegaron a
convivir con la pareja en los últimos días de vida de la señora MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ, esto para que estuviera más cerca de los especialistas que la
atendían debido al cáncer que padecía.
De lo hasta aquí evidenciado, puede concluir la Sala que si bien la
convivencia de la pareja no se dio de manera habitual, es decir de manera
diaria, constante y permanente desde la fecha en que los señores CARLOS
ALFONSO GONZÁLEZ GRILLO y MARÍA AMANDA MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ contrajeron nupcias, lo cierto es que, queda en evidencia que,
durante los últimos años de vida si permanecieron juntos bajo el mismo
techo, y que fue el demandante quien cuidó la enfermedad de su esposa,
acompañándola y brindándole todo su apoyo.
Así mismo, se reitera que, los interregnos de tiempo que tal vez no
durmieron en la misma casa de habitación fueron producto de diferencias no
entre la pareja, sino con los hijos de cada uno de ellos, situación que
entiende la Corporación debían sobrellevar de manera pacífica, atendiendo
al rol de padres que cada uno ejercía respecto de sus hijos, pero que este
hecho nunca impidió que los esposos continuaran desarrollando su vida de
pareja.
Ahora, ha de indicar la Sala que el hecho de la disolución de la sociedad
conyugal entre la pareja, no evidencia que se hubieran separado o que no
tuvieran la intención de continuar con su relación, pues como se evidenció
hasta el día de la muerte de la causante, el señor CARLOS ALFONSO
permaneció a su lado cuidándola, apoyándola y ejerciendo su rol como
esposo ante la enfermedad que padecía la señora MARTÍNEZ
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UGPP
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
RODRÍGUEZ; lo que si se observa es que, la pareja manejaba sus finanzas
de manera separada, y esto, se infiere, pudo obedecer a la misma situación
con sus hijos, pues al no ser los hijos del matrimonio, debían como padres
organizar el tema financiero.
Hecho este que se ratifica con la venta que para el año 2008, la señora
MARÍA AMANDA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ le hiciera al señor CARLOS
ALFONSO, esto del 50% de la casa que era de propiedad de la pareja
ubicada en Flandes Tolima; lo que permite entrever o identificar que aun
cuando eran esposos, sus bienes y demás finanzas eras manejados de
manera individual desde la fecha en que liquidaron su sociedad conyugal.
En este punto, y respecto a la liquidación de la sociedad conyugal en los
casos en que se solicita la sustitución pensional, el H. Consejo de Estado en
sentencia del 22 de octubre de 2020, con ponencia del Consejero Gabriel
Valbuena Hernández, proferida dentro del expediente No. 4055-19, ha
señalado:
«(..) 63. Así las cosas, se verifica que no existe norma que consagre el
acto de liquidación y disolución de la sociedad conyugal, como causal
para la pérdida del derecho a la sustitución pensional, puesto que «el
reconocimiento del derecho a la sustitución pensional está sujeto a una
comprobación material de la situación afectiva y de convivencia en que
vivía el trabajador pensionado fallecido, al momento de su muerte, con
respecto a su cónyuge o a su compañera permanente, para efectos de
definir acerca de la titularidad de ese derecho.»
64. Al respecto, esta Corporación señaló que «[…] pese a la separación
de cuerpos y/o el divorcio, si el vínculo afectivo y moral entre la pareja
subsistió con todos los deberes y obligaciones derivados del mismo, la
cónyuge tendría derecho a la sustitución pensional pues no se pueden
desconocer las circunstancias de hecho que rodean el caso para ligarse
netamente a la disolución formal del vínculo matrimonial existente entre la
pareja […]».
65. Además, tratándose de la comprobación de la convivencia al
momento del fallecimiento del cónyuge, esta Corporación resaltó la
posición de la Corte Suprema de Justicia que expuso lo siguiente: «Es
cierto, como se afirma en el cargo, que al precisar el concepto de
convivencia o de vida marital, para efectos de determinar el derecho a la
pensión de sobrevivientes del cónyuge o compañera o compañero
permanente del afiliado o del pensionado fallecido, esta Sala de la Corte
ha proclamado que esa convivencia no desaparece cuando los esposos o
compañeros permanentes no pueden vivir bajo el mismo techo por
circunstancias particulares originadas en el trabajo, la salud, la fuerza
mayor, etc., que no impidan ni signifiquen la pérdida de la comunidad de
vida ni la vocación de la vida en común, pues lo que interesa para que
esa convivencia exista es que en realidad se mantengan, el afecto, el
auxilio mutuo, el apoyo económico, y el acompañamiento espiritual,
característicos de la vida en pareja.»
66. En efecto, la demostración de la convivencia efectiva hasta la muerte
del cónyuge, será el factor determinante al momento de definir si procede
el reconocimiento de la sustitución pensional en favor del cónyuge
supérstite. (…)”-Se resalta y subraya por fuera del texto original».
Debe destacar la Sala el hecho de que el señor GONZÁLEZ GRILLO tenía a
su esposa incluida en el auxilio funerario que adquirió con la empresa de
servicios exequiales los Olivos, siendo esta quien traslado el cuerpo de la
señora MARÍA AMANDA hasta la ciudad de Bogotá para sus exequias. Así
mismo, se observa que CAPRECOM mediante Resolución No. 2410 del 24
de noviembre de 2010, ordenó el reconocimiento y pago de un auxilio
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Demandante: UGPP
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
funerario en favor del demandante, con ocasión del fallecimiento de su
esposa, por valor de $2.575.000.
Por lo expuesto y si bien en la investigación administrativa se arribó a la
conclusión de que la pareja no convivía para la fecha en que la señora
MARÍA AMANDA falleció, teniendo en cuenta que reportaban diferentes
direcciones como de habitación y que los hijos manifestaron que no vivían
juntos, lo cierto es que, las pruebas que reposan en el plenario y las que
fueron recaudadas, dan cuenta de que los esposos siempre estuvieron
juntos y que el señor CARLOS ALFONSO siempre fue quien veló por la
integridad física, emocional, sentimental de su esposa, apoyándola en los
momentos más críticos de su enfermedad, hasta la fecha de su muerte.
Así mismo, observa la Sala que, el hecho de que se reportaran direcciones
diferentes era precisamente por las condiciones que se demostraron en su
convivencia, esto por los problemas con sus hijos, en especial con las hijas
de la señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ quienes nunca aceptaron al
demandante porque creían que reemplazaría a su papá, y tal vez fue por
este hecho que ellas mismas, afirmaron en la referida investigación que la
pareja no convivía, situación esta que, quedó descartada con las probanzas
recaudas en este proceso.
Aunado a lo anterior, ha de advertirse que la jurisprudencia que considera la
Sala aplicable, en especial la emitida por la H. Corte Constitucional, avalada
por el órgano de cierre de nuestra jurisdicción, en cuanto al requisito de la
convivencia ha introducido varias reglas, y aun cuando ha existido
separación entre los esposos, pero no se ha efectuado divorcio o cesación
de los efectos civiles de este, lo que evidencia que, lo que en últimas se
busca es precisamente la protección de esa persona que con la muerte del
causante quedó desamparada, en tanto, este último velaba por su integridad
física y emocional, como ocurre en este caso.
(…)
Visto lo anterior, para la Sala es claro que la presente solicitud de amparo deviene
en improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso
10013342047-2019-00490-00/01, en torno a si el señor Carlos Alfonso González
Grillo tiene derecho a percibir la pensión que en vida devengó la señora María
Amanda Martínez, lo cual fue analizado y decidido razonablemente en las
providencias aquí cuestionadas, en las que se concluyó que cumple con las
exigencias de ley para sustituir a la causante.
A esto se suma que las autoridades accionadas citaron varios pronunciamientos
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, para respaldar la tesis que
acogieron, según la cual con la pensión de sobreviviente se busca la protección de
esa persona que con la muerte del causante quedó desamparada, en tanto que
este último velaba por su integridad física y emocional. Así las cosas, en este
caso, pese a que no existió convivencia continua de la pareja, por razones que
fueron ajenas a su voluntad, se demostró que durante los últimos años de vida de
la causante sí permanecieron juntos bajo el mismo techo, y que fue el demandante
quien la cuidó en la enfermedad, acompañándola y brindándole todo su apoyo.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UGPP
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Asimismo, se observa que en las providencias de primera y segunda instancia se
resolvieron los argumentos elevados por la parte actora referentes a la no
convivencia permanente de la pareja (en especial los 5 años anteriores al
fallecimiento de la causante) y a la disolución de la sociedad conyugal, de cara a
la jurisprudencia vigente y aplicable a estos casos en los que se discute el derecho
del cónyuge supérstite a percibir la pensión de sobrevivientes.
En criterio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de fundamento a las
decisiones censuradas resultan razonables y no merecen reproche alguno desde
el punto de vista constitucional. El hecho de que la parte demandante no las
comparta, no significa que por ese motivo las autoridades judiciales accionadas
hubieran incurrido en los vicios alegados, ni habilita al juez constitucional para
reabrir el debate, convirtiendo la acción de tutela en una instancia adicional.
En suma, la solicitud de amparo no satisface el requisito general de relevancia
constitucional, porque busca revivir la discusión planteada en el proceso ordinario,
y, en gracia de discusión, tampoco superaría el requisito de subsidiariedad, habida
consideración de que, para controvertir las sentencias censuradas, la UGPP tiene
a su alcance el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la causal
prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA 4, para lo cual todavía se
encuentra en tiempo, teniendo en cuenta que, conforme con el artículo 251
ejusdem, debe presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En complemento de lo anterior, y a fin de responder el alegato de la UGPP, no
está de más señalar, que la Sala descarta un posible abuso palmario del derecho,
que habilite el estudio de fondo por parte del juez constitucional, dado que los
supuestos de hecho que estructuran el presente caso no se identifican con los
señalados por la Corte Constitucional como aquellos eventos en los que se está
frente a esa figura, más aún si se considera que las condiciones establecidas por
esa corporación para que ello se presente5 hacen referencia a situaciones en las
4
ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…)
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
5 «Ahora, para determinar el abuso del derecho, la Corte ha señalado que se presenta, entre otros
supuestos, cuando: (i) se evidencia un incremento pensional significativo en los últimos
años de servicios, que escapa del sendero ordinario de la carrera pensional del beneficiario y
que conduce a que su pensión no guarde ninguna relación o correspondencia con los aportes que
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00386-00
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
que se controvierte el reconocimiento del derecho pensional o su reliquidación, y
no como en este caso, en el que se discute la sustitución del mismo, en razón a
que la prestación ya estaba en cabeza de la causante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la
UGPP, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que
aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
aspx.
acumuló en su vida laboral, y/o (ii) que el aumento sea consecuencia de una vinculación
precaria en un cargo con ingresos salariales superiores como, por ejemplo, las suplencias en
el caso de los congresistas, el encargo como magistrados y la asignación en cargos
provisionales». Sentencia T-334 de 202, reiterativa de la tesis acogida en la sentencia SU-631 de
2017.
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