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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00389-00

Fecha
7 de marzo de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00389-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Roberto Poveda Salazar, por las razones expuestas. 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la sociedad Servigrúas Acosta Ltda. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00389-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

7 de marzo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00389-00
Demandante: Roberto Belarmino Poveda Salazar y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00389-00
Demandante: ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN
A

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – FALTA DE
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA – REQUISITOS
GENERALES DE PROCEDENCIA

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por el señor
Roberto Belarmino Poveda Salazar y la sociedad Servi-Grúas Acosta S.A.S contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con lo establecido
en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Roberto Belarmino Poveda Salazar y la sociedad Servi-Grúas Acosta S.A.S
ejercieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A por considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En
consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

«Conforme a lo expuesto, comedidamente le solicito al señor Juez Constitucional,
conceder el amparo de los derechos fundamentales al Debido Proceso, a la defensa,
previstos en el artículo 29 de la Constitución Política, y los que resultaran violados por la
acción y la omisión de las autoridades aquí accionadas, causándole un perjuicio
irremediable a los actores; en consecuencia, y con miras al restablecimiento de los
derechos amparados, se impartan las siguientes órdenes:

Que se revoque la sentencia de segunda instancia emitida el 4 de julio de 2023 por la
accionada Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, por
incurrir en los defectos señalados con el presente escrito.

Que como consecuencia de lo anterior, se ordene rehacer lo actuado, para que se dicte
una sentencia en la que se acoja los argumentos que se tengan para decretarse la
revocatoria arriba mencionada, o aquellas que se considere eficaces para darle
cumplimento al amparo que se espera sea acogido».

1. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00389-00
Demandante: Roberto Belarmino Poveda Salazar y otro

El 2 de septiembre de 2008, durante la ejecución del contrato de obra pública número
1609 de 2007, suscrito entre Fertécnica S.A y el Invías, mientras se utilizaban para la
instalación de los puntales y las torres del puente de Cajamarca, ocurrió un accidente
que cobró la vida del señor José Guillermo Morales Laverde, mientras se
desempeñaba como operario de obra y se perdieron unas grúas utilizadas para la esa
misma labor.

Los interesados promovieron demandas de reparación directa, contra la Nación –
Ministerio de Transporte, el Invías y las sociedades Fertécnica S.A., Polyuprotec S.A.,
QBE Seguros S.A. y Mundial de Seguros S.A., con el fin de que se declarara la
responsabilidad patrimonial, de un lado [2010-00408], por la muerte del señor José
Guillermo Morales Laverde y, del otro [2010-00621], por la pérdida de la maquinaria.

En lo que aquí interesa, en el proceso con radicado [2010-00621], el señor Marco
Arturo Castiblanco Bravo y la sociedad Servigrúas Acosta Ltda., representada por el
señor Humberto Acosta Guzmán, promovieron medio de control de reparación directa
con el fin de que se les condenara solidaria y patrimonialmente responsables por los
perjuicios irrogados con ocasión de la destrucción de las grúas tipo maquinaria
industrial de su propiedad.

El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 26 de septiembre de 20171,
en relación con el proceso [2010-00621] declaró patrimonialmente responsable a la
Nación – Instituto Nacional de Vías "Invias", Fertécnica S.A., Polyuprotec S.A. y
Proyectos Geotécnicos Ambientales Viales y de Ingeniería PI LTDA, por los hechos en
que se siniestraron las grúas P & H, de propiedad de Marco Arturo Castiblanco Bravo
y Servigruas Acosta LTDA, para lo cual, aplicó el régimen de responsabilidad objetivo,
en el entendido que todos estaban llamados a responder por el riesgo creado en la
actividad peligrosa de la construcción y mantenimiento de obras públicas2.

La parte demandada interpuso recurso de apelación, por considerar que existía falta
de legitimación en la causa por activa por parte de Servigrúas Acosta Ltda. y el señor
Marco Arturo Castiblanco para reclamar la indemnización de perjuicios respecto de las
grúas siniestradas, porque, estos acreditaron ser los arrendadores de las grúas, pero
no, los propietarios, pues, no demostraron la titularidad del dominio.

La segunda instancia correspondió a la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado, que, en sentencia del 4 de julio de 2023 revocó la decisión apelada y, en
relación con el proceso [2010-00621]- declaró: (i) la falta de jurisdicción para conocer
de la responsabilidad reclamada respecto de Polyuprotec S.A., Fertécnica S.A., QBE
Seguros S.A. y Mundial de Seguros S.A.; (ii) la nulidad de todo lo actuado en el proceso
73001-23-00-000- 2010-0621-00 por falta de jurisdicción desde la admisión de la
demanda; (iii) la falta de legitimación en la causa por activa del señor Marco Arturo
Castiblanco Bravo y de Servigrúas Acosta Ltda. y, (iv) negó las pretensiones de la
demanda.

En cuanto a la legitimación en la causa por activa señaló que, el señor Marco Arturo
Castiblanco Bravo y la sociedad Servigrúas Acosta Ltda. invocaron en la demanda la
calidad de propietarios respecto de las grúas3, no aportaron la prueba idónea para

1
El proceso se tramitó bajo el radicado 2010-00621-00 y se acumuló con el 2010-00408.
2
Ello, en el entendido que, el hecho dañoso ocurrió en ejecución de un contrato de obra pública, suscrito entre el Invías, en
calidad de contratante y Fertécnica S.A., quien a su vez, subcontrató con la firma Polyuprotec S.A. para el montaje de puntales y
refuerzos del puente.
3
“Grúas P&H de placa GYA -285 modelo 1993, con capacidad para veinte (20) toneladas, color blanco y azul... y P&H con
capacidad para 28 toneladas, respectivamente”.
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acreditar la propiedad del automotor, como lo era, la tarjeta de propiedad del vehículo,
el cual es un documento público que no podía ser sustituido por otro, porque de
acuerdo con el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil se trata de un requisito
ad substantiam actus.

Que, por el contrario, la tarjeta de propiedad de la grúa plenamente identificada en la
demanda, esto es, la P&H de placa GYA -285 modelo 1993, con capacidad para veinte
(20) toneladas, color blanco y azul, estaba en cabeza de la Industria Metalmecánica
del Caribe Ltda. y, en lo atinente a la segunda grúa, no hubo una adecuada y precisa
identificación, dado que no se contó con el número de la placa, el modelo, línea,
número de serial u otro elemento que permitiera caracterizarla y tampoco obró prueba
alguna que permitiera si quiera inferir que alguno de los demandantes era propietario
de esa grúa y las demás pruebas aportadas, tales como comprobantes de egreso y
declaraciones de importación, contenían información que no coincidía con las
toneladas aducidas (28) ni con el nombre de alguno de los dos demandantes (las
declaraciones de importación).

La mencionada decisión fue notificada mediante correo electrónico el 21 de julio de
2023.

2. Argumentos de la tutela

La parte actora indicó que la sentencia del 4 de julio de 2023, proferida por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado incurrió en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto al darle mayor valor a lo formal que a lo material, a su juicio,
en el trámite procesal se demostró la posesión y el usufructo ejecercida sobre las grúas
siniestradas.

Explicó que, a la fecha de ocurrencia de los hechos, no había obligación de inscripción
de maquinaria autopropulsada ante organismo de tránsito como prueba de título, como
tampoco se encontraba habilitado el organismo de registro (RUNT).

Asimismo, señaló que se incurrió en defecto fáctico por indebida valoración de las
pruebas obrantes en el proceso, dado que se encontraba debidamente probada la
identidad de las grúas siniestradas y que ellos tenian la condición de poseedores sobre
las mismas.

Afirmó que, se omitió valorar el testimonio del señor Marco Arturo Castiblanco en el
que estaba claro que la grúa blanca siniestrada, de 20 toneladas, era propiedad suya.
En tanto, la grúa amarilla siniestrada de marca grove era de Humberto Acosta,
representante de Servigruas, además, que se acreditó de forma legítima la forma en
que adquirieron la maquinaria, tal como se evidencia con los certificados de compra,
abonos, declaraciones de importación y aceptación de importación.

También señaló que incurrió en defecto por desconocimiento del precedente
judicial, en el que el Consejo de Estado ha reconocido que al poseedor pueden
indemnizársele los perjuicios causados en un determinado bien, al margen de que la
calidad que haya invocado en la demanda hubiera sido la de propietario.

Finalmente expresaron que se incurrió en defecto por violación directa de la
Constitución en la medida en que a su juicio existe una restricción desproporcionada
de los derechos fundamentales previstos en los siguientes artículos constitucionales:
1, 2, 13, 29, 58, 83, 90, 228 y 229.

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3. Trámite previo

Mediante auto del 30 de enero de 2024, se admitió la acción de tutela, en nombre del
señor Roberto Berlarmino Poveda Salazar y de la sociedad Servi-Grúas Acosta S.A.S,
se ordenó notificar a las partes, al Tribunal Administrativo del Tolima, a la Nación –
Ministerio de Transporte-Instituto Nacional de Vías-, a la sociedad Fertécnica S.A.,., a
los señores Ana María Laverde, Telésforo Morales Agray, Víctor Javier Morales
Laverde, Martha Helena Duque Laverde en nombre propio y en representación de
Cristian Camilo Duque, la sociedad Grúas Marco A Castiblanco, a Polyuprotec S.A.,
QBE Seguros S.A., Mundial de Seguros S.A, a Mapfre Seguros Generales de
Colombia S.A., a Proyectos Geotécnicos Ambientales Viales y de Ingeniería S.A., al
señor Jesús Ángel Viña y a Liberty Seguros S.A. y a PI S.A.S., como terceros
interesados en los resultados del proceso, a quienes se les remitió copia de la
demanda.

4. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por intermedio del ponente
de la decisión objeto de debate, informó que la solicitud de amparo no tiene vocación
de prosperidad, pues el asunto carece de relevancia constitucional, en tanto que el
fallo cuestionado se fundó en la valoración de las pruebas legalmente allegadas al
proceso, en los lineamientos jurisprudenciales aplicables al caso y en el estricto apego
a las garantías sustanciales y procesales que informan el debido proceso.

Expresó que los actores solicitaron la declaratoria de responsabilidad del INVIAS y la
consecuente indemnización de perjuicios por la pérdida de unas gruas, legitimándose
en la demanda como “propietarios”.

Así, los perjuicios solicitados los hicieron consistir en: (i) el daño emergente, por el
valor de los bienes muebles destruidos -grúas- y, (ii) el lucro cesante, por las ganancias
que dejaron de recibir dada la imposibilidad de disponer de la maquinaria como
propietarios; de ahí que haya sido la misma parte actora la que fijó el alcance del
petitum, sin que resultara viable que, en sus alegaciones finales invocaran una nueva
calidad como “poseedores o usufructuarios” de los bienes, para hacerse acreedores
de esos perjuicios, pues reconocer una indemnización en una calidad distinta a la
solicitada en la demanda implicaría una fallo extra petita.

Explicó que, no es posible acoger el argumento de los actores, según el cual, las
demandadas nunca refutaron la posesión de la maquinaria, precisamente porque su
defensa se centró en desvirtuar la calidad de propietarios que fue la que se invocó
inicialmente, razón por la que la decisión del caso va en consonancia con el derecho
al debido proceso de las partes y, en especial, el de contradicción y defensa del
extremo pasivo.

En razón de lo anterior, adujo que lo procedente era que los ahora actores acreditaran
la propiedad de la maquinaria de construcción que sufrió pérdida total con la
correspondiente tarjeta de propiedad, conforme con los requisitos legales establecidos
en la Ley 1005 de 2006, documento público que no puede ser sustituido por otro, como
lo prescribe el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que se trata de
un requisito ad substantiam actus y así lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo
de Estado.

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Conforme con lo expuesto, concluyó que la finalidad de los actores es reabrir un debate
finalizado por el juez natural de la causa, lo cual trasgrede el objeto de la acción de
tutela que busca la protección de derechos fundamentales sin que de modo alguno se
pueda convertir en una instancia adicional de los procesos ordinarios.

5. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Tolima guardó silencio.

La sociedad POLYUPROTEC S.A indicó que existe falta de legitimación en la causa
por activa del señor Roberto Belarmino Poveda Salazar en la medida en que acudió a
la acción de tutela en presunta condición de cesionario del señor Marco Arturo
Castiblanco Bravo dentro del proceso de reparación directa con radicado número
730012331000-2010-00408-02, adelantado por este y por la sociedad Servigruas
Acosta LTDA. contra la Nación, Ministerio de Transporte y otros, condición que no es
cierta dado que no probó que se tenga en su poder contrato de cesión de derechos
litigiosos.

Precisó que, si bien, en su momento se manifestó ante el Tribunal Administrativo del
Tolima la mencionada cesión, lo cierto es que la Magistrada Ponente del Tribunal puso
en conocimiento de los demandados y de los llamados en garantía esa información
para que en el término de ejecutoria se pronunciaran conforme lo dispone el párrafo
3° del artículo 68 del Código General del Proceso; esto es, para que manifestaran
expresamente si aceptaban la sustitución en el proceso del demandante Marco Arturo
Castiblanco Bravo por el adquirente del derecho litigioso Roberto Belarmino Poveda
Salazar, sin embargo, ninguno de los demandados, ni de los llamados en garantía,
manifestó expresamente su aceptación de la sustitución en el proceso del demandante
Marco Arturo Castiblanco Bravo por el adquirente del derecho litigioso Roberto
Belarmino Poveda Salazar.

En razón de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Tolima, en vez de reconocer a
este como cesionario de aquel y, consecuentemente, como demandante en su lugar o
en su remplazo, lo tuvo como su litisconsorte. Es decir que en la presente solicitud de
amparo no podría intervenir de manera individual y directa en ausencia del señor
Marco Arturo Castiblanco Bravo, puesto que, si no lo sustituyó en el proceso de
reparación directa, ni ocupó allí su lugar como parte demandante, tampoco lo puede
hacer en la acción de tutela de la referencia.

Asimismo, explicó que la falta de legitimación en la causa por activa fue advertida en
el proceso 2010-00621 desde las excepciones de mérito propuestas por la sociedad
PI LTDA. y se reiteró, con detalle, en el alegato de conclusión presentado en el trámite
procesal.

Adujo que en el proceso ordinario se debatió la titularidad de los vehículos siniestrados
en la medida en que no se aportó el documento idóneo para demostrar la propiedad,
pues, incluso de las pruebas allegadas se evidenció que quien figura como propietario
de uno de los vehículos es la empresa Industria Metalmecánica del Caribe, empresa
que en todo caso no es parte del proceso.

Expuso que los demandantes en el proceso [2010-00621] no demostraron su condición
de propietarios de las grúas y ahora no pueden hacer uso de la solicitud de amparo
para cambiar la causa petendi, pues, esto implicaría la violación del derecho de
defensa de los demandados y de los llamados en garantía en el mismo proceso, dado
que ese debate sobre la posesión no se dio en el proceso.
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Finalmente explicó que, más allá de las consecuencias económicas del asunto, la
solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional, porque no
hubo inobservancia de principios y postulados constitucionales.

Por su parte, Liberty Seguros S.A indicó que no le asiste razón al tutelante, dado que
la sentencia objeto de debate se encuentra ajustada a derecho, pues, de las pruebas
aportadas al proceso se logró concluir que no estaba probada la titularidad de las grúas
siniestradas y, en esa medida, lo procedente era declarar la falta de legitimación en la
causa por activa, tal como sucedió.

Solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

Finalmente, la sociedad Zúrich Colombia Seguros S.A manifestó que la acción de
tutela es improcedente por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
dado que no es clara y con su ejercicio los demandantes pretenden reabrir asuntos ya
debatidos ante el juez natural.

Explicó que la decisión adoptada por el Consejo de Estado no es arbitraria y, por el
contrario, se ajusta a derecho, en la medida que existe una amplia y razonada
justificación para declarar no solo la falta de legitimación en la causa por activa, sino
también la falta de competencia.

Adujo que, contrario a lo expuesto por el demandante, si hubo una adecuada
interpretación normativa, aún considerando las advertencias relacionadas con la no
obligatoriedad del registro de las grúas en el Registro Nacional Automotor.

Sostuvo que tiene razón la autoridad judicial demandada al cuestionar la propiedad de
los vehículos sobre los que se reclaman perjuicios, comoquiera que no obraron
pruebas suficientes que demostraran el título y el modo, tal y como lo contempla el
Código de Comercio.

Sumado a ello, señaló que debe tenerse presente que, la falta de legitimación se
fundamentó en que, por una parte, si se encontró acreditada la propiedad de una de
las grúas, la cual no coincidía con la de los demandantes, aspecto que deja en
evidencia la falta de legitimación de estos, más aún, cuando los actores acuden al
proceso manifestando la calidad de propietarios para reclamar los perjuicios
ocasionados.

Por otra parte, precisó que, al valorar las pruebas se concluyó que la documentación
allegada no coincide en una mínima parte con respecto a las pocas características
aducidas del automotor, así como tampoco, frente a los demandantes.

En razón de lo anterior, concluyó que no se observan errores en el trámite del proceso,
ni se constituye una violación a los derechos invocados, ya que existió un análisis
probatorio que llevó a este órgano de cierre a tomar una decisión ajustada en derecho.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
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situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional4, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales5 y específicas6 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Conforme con lo expuesto en la solicitud de amparo, la Sala deberá analizar:

i) si el señor Roberto Poveda y la sociedad Servi-Gruas Acosta S.A.S están
legitimados en la causa por activa para ejercer la acción de tutela, al estimar
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso por parte del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, con la sentencia proferida al interior del
medio de control de reparación directa con radicado 73001-23-31-000-2010-
00621-02,

ii) en caso de superar el referido presupuesto procesal, la Sala determinará si
los cargos propuestos cumplen con el requisito de relevancia constitucional y,
solo en el evento en que se logre superar el requisito de procedencia y los
demás requisitos generales, descenderá con el estudio de la configuración de
los defectos alegados por la parte actora.

4
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
5
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y,
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
6
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Legitimación en la causa por activa en la acción de tutela

Los artículos 86 de la Constitución Política7 y 108 del Decreto 2591 de 1991 establecen
que la acción de tutela puede ejercerla la persona que considere que se le han
vulnerado o amenazado derechos fundamentales, sin perjuicio de la representación
legal o judicial o de la agencia oficiosa, que permiten acudir ante el juez de tutela para
representar o agenciar derechos ajenos. Por supuesto que en esos casos debe
acreditarse la calidad en la que se actúa.

Frente a la falta de legitimación en la causa por activa en acciones de tutela, la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente9:

«Esta Corporación ha señalado que, no obstante, la informalidad que se predica de la
acción de tutela, la misma debe cumplir con unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de ellos se encuentra el de legitimación por activa o titularidad para promoverla.

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla general,
solamente el titular de un derecho fundamental se encuentra habilitado para
solicitar el amparo constitucional del mismo, bien sea que lo haga en forma directa
o por intermedio de su representante o apoderado.

Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser
promovida por cualquiera persona cuando sus derechos constitucionales fundamentales
resulten vulnerados o amenazados, ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien
actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las prescripciones del artículo 10 del
decreto 2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen sus derechos
fundamentales puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por medio de
representante. En esta disposición también se contempló́ la posibilidad de la agencia de
derechos ajenos, de tal forma que, en aquellos eventos en que el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa, podrá́ un tercero presentar
acción de tutela en su nombre.

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en
la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la
Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite
cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los
presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los
procesos de tutela».
(resalta la Sala).

En resumen, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela puede ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado
titulado con poder judicial o mandato expreso) o, (iv) a través de agente oficioso
(cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover su propia defensa).
Asimismo, dicha norma señala que tanto el Defensor del Pueblo como los personeros
municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.

7
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
8
Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
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T-552 de 2006.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00389-00
Demandante: Roberto Belarmino Poveda Salazar y otro

i) De la legitimación en la causa por activa en el caso concreto

En el presente asunto, el señor Roberto Poveda Salazar sustenta la vulneración
alegada en el hecho de que en el trámite del medio de control de reparación directa
con radicado 73001-23-31-000-2010-00621-02, presuntamente, resultó afectado por
haberse declarado la falta de legitimación en la causa por activa del señor Marco Arturo
Castiblanco Bravo, en la medida en que, afirma que este último le cedió los derechos
litigiosos frente al resultado del medio de control.

Al respecto, lo primero que conviene decir es que, el señor Roberto Poveda Salazar
no aportó alguna prueba donde se evidencie que cuenta con un contrato de cesión de
derechos litigiosos que lo habilite para presentar la presente acción de tutela, para
cuestionar, justamente, que en el proceso ordinario se declaró la falta de legitimación
en la causa por activa del señor Marco Arturo Castiblanco Bravo.

A pesar de que el señor Roberto Poveda señaló que fue reconocida la cesión de
derechos en el trámite procesal de primera instancia del medio de control de reparación
directa acá cuestionado, no demostró esa circunstancia.

En ese sentido, dado que, respecto de quien se declaró la falta de legitimación en la
causa por activa en la sentencia del 4 de julio de 2023, fue frente al señor Marco Arturo
Castiblanco Bravo, el señor Poveda Salazar no puede acudir a reclamar la vulneración
alegada.

A juicio de la Sala, el interés directo en la situación descrita en la demanda de tutela
recaería exclusivamente en el señor Castiblanco Bravo pues fue quien resultó
desvinculado del proceso de reparación directa y en consecuencia eventualmente,
sería la persona que directamente pudo verse afectada con la decisión.

Ahora bien, en relación con la sociedad Sevi-Grúas Acosta S.A.S la Sala considera
que le asiste legitimación en la causa por activa para cuestionar la sentencia del 4 de
julio de 2023, porque, fue quien concurrió como demandante en el proceso de
reparación directa que se cuestiona por esta vía, por medio del representante legal.

Conforme lo expuesto, queda resuelto el primer punto planteado en el problema
jurídico, esto es, el señor Poveda Salazar carece de legitimación en la causa por activa
para efecto de interponer la acción de tutela en nombre y le asiste legitimación a la
sociedad Sevi-Grúas Acosta S.A.S.

En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa del
señor Roberto Poveda y procede a adelantar el estudio de procedencia de la solicitud
de amparo presentada por la sociedad Sevi-Grúas Acosta S.A.S, por las razones
expuestas.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

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Demandante: Roberto Belarmino Poveda Salazar y otro

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 11. Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

ii) Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que, en el presente caso, la acción de tutela no satisface el requisito
general de relevancia constitucional porque se emplea para proponer nuevos
argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario, lo cual hace
improcedente la solicitud de amparo, como se pasa a explicar.

Como se indicó en precedencia, la acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

10
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
Ibidem.
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Demandante: Roberto Belarmino Poveda Salazar y otro

En el presente caso, la parte actora sustentó su inconformidad en que, a su juicio, en
el medio de control no había lugar a concluir que carecía de legitimación en la causa
por activa para reclamar los perjuicios causados con ocasión de la destrucción de las
grúas, tipo maquinaria industrial, que, adujo eran de su propiedad, pues si bien, no
demostró la titularidad del dominio, dentro del proceso obraban pruebas en las que se
evidenciaba que era el poseedor del automotor y, en consecuencia, ejercía el usufructo
de la grúa siniestrada.

Al respecto, la Sala evidencia que la sociedad Servigrúas Acosta Ltda al interponer la
demanda solicitó reconocimieno de los perjuicios causados por el siniestro de la grúa
en calidad de propietario, al respecto puntualmente señaló:

«El día 2 de septiembre de 2008, en el puente de Cajamarca ocurrió un accidente en el cual se
vieron involucradas tanto la grúa de maquinaria industrial autopropulsada con capacidad para
veinte (20) toneladas, propiedad del señor MARCO ARTURO CASTIBLANCO BLANCO, como la
grúa de maquinaria industrial autopropulsada con capacidad para veintiocho (28) toneladas, de
propiedad de SERVIGRÚAS ACOSTA LTDA., las cuales quedaron totalmente destruidas».

Es decir, al momento de demandar la sociedad demandante alegó que había lugar al
reconocimiento de perjuicios por la destrucción del vehículo automotor de su
propiedad.

Fue con ocasión a la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la Nación –
Instituto Nacional de Vías, Fertécnica S.A., Polyuprotec S.A y Proyectos Geotécnicos
Ambientales y Viales y de Ingeniería Ltda., que, la parte condenada presentó recurso
de apelación, en el que expuso como argumento de oposición que los demandantes
no tenían la calidad de propietarios de la maquinaria destruida -hecho respecto del cual
alegaron la responsabilidad patrimonial deprecada-.

En esa medida, del análisis de las pruebas que obraban en el expediente y que
sustentaban la situación fáctica del caso, fue que la autoridad judicial demandada
estableció que procedía el cargo propuesto en el recurso de apelación y declaró la falta
de legitimación en la causa por activa, al considerar que, en efecto, la titularidad del
derecho del dominio sobre los mencionados automotores no se probó.

La Sala se permite transcribir la motivación de la decisión cuestionada por parte de la
autoridad judicial demandada, en la que analizó el material probatorio aportado al
proceso, con fundamento en la cual declaró la falta de legitimación en la causa por
activa de los demandantes del proceso [2010-00621]:

«(…) de acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la prueba
idónea para acreditar la propiedad de un automotor es la tarjeta de propiedad del
vehículo (dentro de los cuales se encuentran incluidos los vehículos de maquinaria
pesada), documento público que no puede ser sustituidos por otro, como lo prescribe el
artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que se trata de un requisito ad
substantiam actus.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, concluye la Sala que en este caso
no se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, habida cuenta de que
la tarjeta de propiedad de la grúa plenamente identificada en la demanda, esta es, la
P&H de placa GYA -285 modelo 1993, con capacidad para veinte (20) toneladas, color
blanco y azul, da cuenta que su propietario es Industria Metalmecánica del Caribe Ltda.
y, en lo atinente a la segunda grúa, además de que no hubo una adecuada y precisa
identificación que permitiera delimitarla plenamente, pues en el escrito inicial se le
identificó como “P&H con capacidad para 28 toneladas” (se echa de menos el número
de la placa, el modelo, línea, número de serial u otro elemento que permitiera
caracterizarla), tampoco obra prueba alguna que permita si quiera inferir que alguno de
los demandantes era propietario de esa grúa, en tanto que los comprobantes de egreso
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y las declaraciones de importación que obran en el expediente, al margen de que no son
pruebas conducentes para acreditar la propiedad sobre una máquina de construcción
autopropulsada (en los términos que la definió la parte actora), la información en ellas
plasmada no coincide con las toneladas aducidas (28) ni con el nombre de ninguno de
los dos demandantes (las declaraciones de importación).

Así las cosas, la carencia de titularidad de la propiedad del bien respecto del cual se
predica el daño, contraviene, en el sub examine, el principio de interés para pedir y el de
la legitimación en la causa (legitimatio ad causum), según el cual, quien formula
peticiones en el proceso debe tener interés legítimo, serio y actual en la declaración que
se persigue, por cuanto existen peticiones que sólo corresponde hacerlas a ciertas
personas y frente o contra otras determinadas. En este punto, se destaca que los
perjuicios solicitados por los demandantes, esto es: (i) el daño emergente, por el valor
de los vehículos destruidos y (ii) el lucro cesante, por las ganancias que dejaron de recibir
dada la imposibilidad de disponer de ellas como propietarios y, teniendo en cuenta la
calidad que aducen para solicitar tales perjuicios hace que sea inviable un
pronunciamiento de fondo.»

Justamente, en atención a la anterior motivación es que, mediante el ejercicio de la
presente acción, la parte actora propone nuevos argumentos, dirigidos a demostrar,
ya no la condición de propietario de la grúa, respecto de la que persiguió la reparación
patrimonial deprecada, sino la mera condición de poseedor.

La Sala se permite transcribir los argumentos en que la sociedad demandante sustentó
la presente solicitud de amparo para señalar que sí hay lugar al reconocimiento de
perjuicios, porque, según dijo, al margen de su titularidad, tenía la calidad de poseedor
de la grúa y gozaba de su usufructo, puntualmente indicó:

«(…) la legitimación en la causa por activa de mis mandantes, ora en su condición de
propietarios, poseedores o usufructuarios, desconocida con juicio contra evidente por la
Corporación accionada. Soportada en:

Es múltiple la evidencia de actos de señor y dueño, conocidos y aceptados públicamente por
las demandadas, en relación con MARCO ARTURO CASTIBLANCO y SERVIGRUAS,
representada por HUMBERTO ACOSTA. Itérese primero la forma legítima en que ambos
adquieren la maquinaria, conforme se evidencia con los certificados de compra, abonos,
declaraciones de importación, aceptación de importación y demás relacionados en acápite
anterior. Aunado a lo anterior se denotan diversos actos jurídicos desplegados entre mis
mandantes y los demás intervinientes de este proceso, quienes los tenían por dueños de las
grúas (…)

Así las cosas, poniendo de presente sólo una parte de los elementos de convicción, en el
plenario quedó suficientemente demostrado que se ejercieron actos de señor y dueño por parte
de mis mandantes y en relación con las grúas, con plena observancia de quien los contrató
directamente (POLYUPROTEC S.A.) pero también con la anuencia de FERTÉCNICA y con el
conocimiento de INVIAS. Además, en el proceso se insistió en la condición de propietario y/o
poseedor, por lo que desconocer probada esta última condición sería totalmente contraevidente
con el acontecer de los hechos y con la conducta procesal de todos los intervinientes, que de
ninguna forma refutaron la posesión de la maquinaria autopropulsada. La prueba de dicha
condición se erige así, en la legitimación en la causa por activa para reclamar los perjuicios
irrogados.

(…)
Así, existe línea jurisprudencial, como también se acotará al abordar el defecto por
desconocimiento del precedente, por la que el Consejo de Estado ha reconocido que al
poseedor pueden indemnizársele los perjuicios causados en un determinado bien, al margen
de que la calidad que haya invocado en la demanda hubiera sido la de propietario.

Ahora bien, se torna imperioso colegir que la condición de poseedores se demostró
fehacientemente con las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el plenario, como
también se comprueba su condición de usufructuarios de las grúas siniestradas; por lo que,
teniendo en cuenta la ausencia de reglamentación que existía en cuanto al registro de

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maquinaria autopropulsada, la inexistencia para entonces del Registro único de tránsito RUNT
(que no había entrado en funcionamiento), teniendo en cuenta además la normativa sobre
maquinaria autopropulsada y las normas que facultan al acreedor de un daño, distinto al
propietario, reclamar un perjuicio y teniendo en cuenta la jurisprudencia detallada que orienta a
los Jueces acoger el título de poseedor o usufructuario cuando se encuentre probado, la
Subsección A de la Sección Tercera incurrió en un notable defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, al exigir una tarifa legal que no ha sido establecida como tal para los
damnificados que acrediten un daño legítimo. (…)”

De lo anterior, resulta evidente que los argumentos que la parte actora propone en
este escenario constitucional no fueron propuestos en el marco del medio de control,
a pesar de que era esa la oportunidad procesal para señalar en qué calidad intervenía
en el trámite procesal para el reconocimiento de perjuicios, esto es, en calidad de
propietario o poseedor, pues aunque afirma que no existe diferencia entre estos, lo
cierto es que la sentencia objeto de debate quedó claro que la titularidad de los
perjuicios reclamados recae en quien demuestra con la tarjeta de propiedad el dominio
de los vehículos automotores.

En esa medida, es claro que la actora no puede acudir al ejercicio de la acción de
tutela para agregar o mejorar argumentos que debió exponer ante los jueces que
conocieron del proceso ordinario, puntualmente, no puede hacer uso de ella para
insistir en que, al margen de que sea propietario o poseedora, hay lugar a que le sean
reconocidos los perjuicios endilgados.

Dado que la solicitud de amparo de la referencia no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, no es procedente hacer pronunciamiento de fondo sobre los
defectos procedimental absoluto, fáctico, por violación directa de la constitución y
desconocimiento del precedente judicial alegados por actora y, en esa medida, se
declarará improcedente la acción de tutela interpuesta por la sociedad Servigrúas
Acosta Ltda.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Roberto Poveda
Salazar, por las razones expuestas.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la sociedad Servigrúas
Acosta Ltda.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

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La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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