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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00389-01

Fecha
14 de mayo de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00389-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer la acción de tutela de la referencia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto. Segundo. Revocar el fallo de tutela del 7 de marzo de 2024, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través del cual se declaró improcedente la presente acción de tutela porque no superaba el requisito de relevancia constitucional. Tercero. Denegar el amparo invocado por Roberto Belarmino Poveda Salazar y Servi- Grúas Acosta S.A.S., de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00389-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

14 de mayo de 2024

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00389 01
Demandante: Roberto Belarmino Poveda Salazar y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00389 01
Demandante: Roberto Belarmino Poveda Salazar y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa. Derecho fundamental al debido proceso. Defecto fáctico,
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 7
de marzo de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia, por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Roberto Belarmino Poveda Salazar y la sociedad Servigrúas Acosta Ltda.1,
por conducto de apoderado judicial, promovieron demanda en orden a que se tutelen
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales consideraron
conculcados con la sentencia proferida el 4 de julio de 2023, por el Consejo de Estado,

1 Hoy Servi-Grúas Acosta S.A.S. Servigrúas Acosta Ltda.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00389 01
Demandante: Roberto Belarmino Poveda Salazar y otro

Sección Tercera, Subsección A, dentro del medio de control de reparación directa
73001-23-31-000-2010-00408-022.

Por lo anterior, solicitaron que se deje sin efectos el fallo acusado, y, en su lugar, que
se ordene al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, expedir nuevamente
la sentencia de segunda instancia por la valoración inadecuada de las pruebas
obrantes dentro del expediente, defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

1.1.2. Los hechos

Del escrito de tutela, se extraen como hechos relevantes:

i) El 2 de septiembre de 2008, el señor José Guillermo Morales Laverde, perdió la
vida en la ejecución del contrato de obra pública y, adicionalmente, se perdieron las
grúas utilizadas par a esa labor.

ii) El 9 de agosto de 2010, los familiares de la víctima del accidente3, promovieron
el medio de control de reparación directa en contra de Nación (Ministerio de
Transporte), el Instituto Nacional de Vías4, las sociedades Fertécnica S.A., Polyuprotec
S.A., QBE Seguros S.A. y Mundial de Seguros S.A., en orden a que se declarara la

responsabilidad patrimonial por la muerte del señor José Guillermo Morales Laverde,
proceso identificado con el radicado 2010-00408-00.

iii) El 13 de octubre de 2010, el señor Marco Arturo Castiblanco Bravo y la sociedad
Servigrúas Acosta Ltda.5, promovieron el medio de control de reparación directa, en
contra de la Nación (Ministerio de Transporte), el Instituto Nacional de Vías6, las
sociedades Fertécnica S.A., Polyuprotec S.A., QBE Seguros S.A. y Mundial de Seguros

2 Acumulado con el radicado 73001-23-31-000-2010-00621-01
3
Los señores Ana María Laverde (madre), Telésfero Morales Agray (padre), Víctor Javier y Martha
Helena Duque Laverde, esta última que actúa, también, en representación de su hijo Cristian Camilo
Duque (sobrino).
4 En adelante, Invías.
5
Hoy, Servi-Grúas Acosta S.A.S
6 En adelante, Invías.

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S.A., con el fin de que las declararan responsables patrimonialmente por la pérdida de

las grúas.

iv) El proceso mencionado en el inciso anterior fue acumulado bajo el radicado 2010-
00621-00, con el proceso de reparación directa con radicado 2010-00408-00, que se
inició por parte de los familiares del señor José Guillermo Morales Laverde.

v) El 26 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Tolima dictó sentencia
de primera instancia, en la cual, declaró responsables y condenó en abstracto, por los
hechos en que se siniestraron las grúas P & H, a la Nación (Instituto Nacional de Vías),
Fertécnica S.A., Polyuprotec S.A. y Proyectos Geotécnicos Ambientales Viales y de
Ingenieria PI Ltda.; decisión que fue recurrida por la parte demandada.

vi) El 4 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
revocó la decisión adoptada por el Tribunal con respecto al proceso identificado con
radicado 2010-00621-00, por considerar que señor Marco Arturo Castiblanco Bravo y
Servigrúas Acosta Ltda., carecían de legitimación en la causa por activa y, como
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de los accionantes, el fallo del 4 de julio de 2023, proferido por la Sección
Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, se enmarca en:

i) Defecto Fáctico, por la indebida valoración de las pruebas, debido a que al
analizarlas en su integridad, se podía establecer en primer lugar, la delimitación e
identidad de las grúas siniestradas; en segundo lugar, la legitimación en la causa de
los hoy accionantes, por cuanto presentaron el medio de control como propietarios,
poseedores o usufructuarios de la maquinaria y, en tercer lugar, la responsabilidad
extracontractual que le asistía a la directora del Instituto Nacional de Vías, sobre la
obra del puente Ibagué – Cajamarca.

ii) Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por la inexistencia de la
obligación de inscribir la maquinaria ante el organismo de tránsito.

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iii) Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado, en el que se ha señalado en materia de construcción y reparación de obras
públicas, donde se entrañe un riesgo, que el título de imputación que debe abordarse
es el objetivo de riesgo excepcional.7

iv) Defecto por violación directa de la Constitución, por existir de una restricción
desproporcionada de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 2,
13, 29, 58, 83, 90, 228 y 229 superiores.

1.2. Actuación procesal

El 30 de enero de 2024, la Sección Cuarta de esta colegiatura admitió la solicitud de
amparo. En consecuencia, ordenó (i) notificar, a los demandantes y al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A y; adicionalmente, al Tribunal Administrativo
del Tolima; la Nación (Ministerio de transporte, Instituto Nacional de Vías); a las
sociedades Fertécnica S. A., Grúas Marco A Castiblanco, Polyuprotec S.A., Compañía
Mundial de Seguros S.A., QBE Seguros S.A., Mapfre Seguros Generales de Colombia
S.A., Proyectos Geotécnicos Ambientales Viales y de Ingeniería S.A.; a los señores Ana

María Laverde, Telésforo Morales Agray, Víctor Javier Morales Laverde, Martha
Helena Duque Laverde en nombre propio y en representación de Cristian Camilo
Duque; al señor Jesús Ángel Viña y a Liberty Seguros S.A. y, a PI S.A.S, como terceros
interesados; (ii) notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; (iii)
informar al demandado y a los terceros con interés, para que en el término de dos (2)
días rindieran informe sobre los hechos objeto de la acción; (iv) oficiar a la Secretaria
de la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, para que en cuarenta y
ocho (48) horas allegara copia del expediente de reparación directa 2010-00408-02;
(v) suspendió los términos de la acción de tutela hasta que se allegue copia del
expediente solicitado; y (vi) reconoció personería al abogado de la parte actora.

1.3. Contestación de la demanda

7 Ver: «Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Becerra,

sentencia del 10 de febrero de 2016, exp. 38092; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
C.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth, sentencia del 26 de junio de 2014, exp. 27.283; Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de julio de 2020, C.P. Dr. Guillermo Sánchez Luque
(…) exp. 43.490.

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1.3.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

A través del magistrado José Roberto Sáchica Méndez, la mencionada corporación
judicial solicitó declarar que el mecanismo constitucional es improcedente, pues no
satisface el requisito general de la relevancia constitucional. Precisó que el fallo
cuestionado se fundó en la valoración de las pruebas allegadas al proceso y, señaló,
que el objetivo de los tutelantes es reabrir un debate ya concluido por el juez natural.

1.3.2. Ministerio de Trasporte

La referida entidad, a través de apoderada, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, bajo el argumento de que la sentencia cuestionada por vía de tutela está
fundamentada en la Constitución y en el estudio razonable de los hechos, las pruebas,
la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso; razón por la cual, no vulnera los
derechos fundamentales invocados por los accionantes.

1.3.3. Libertry Seguros S.A.

El apoderado de Libertry Seguros S.A., Roberto Alberto Artunduaga Castro, solicitó
denegar la solicitud de amparo con fundamento en que, no cumple con los requisitos
generales y específicos establecidos en la sentencia C-590 de 2005, toda vez que, la
acción de tutela no puede presentarse de manera arbitraria y caprichosa, sino que
debe fundarse en el debate o controversia que amenace ciertamente derechos
fundamentales.

1.3.4. Zurich Colombia Seguros S.A

Héctor Mauricio Medina Casas, ponderado de la sociedad, solicitó declara
improcedente el presente medio de amparo constitucional, en primer lugar, por no
cumplir con los requisitos especiales para su procedencia, debido a que este carece
de relevancia constitucional y, en segundo lugar, porque no se configuran ninguno de
los defectos invocados por el accionante.

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Argumentó, que, en principio, el accionante delimitó el problema jurídico, en determinar
si existía o no falta de legitimación en la causa por activa; no obstante, en el desarrollo
del amparo, lo que se observó es un recuento del proceso contencioso en el que se
expone los motivos por los cuales debió resolverse el recurso de apelación en favor
de ellos.

1.3.5. Polyuprotec S.A.

Por intermedio de apoderado, la sociedad anónima Polyuprotec, solicitó declarar
improcedente el medio de amparo constitucional, toda vez que, en el proceso quedó
demostrado que no existía legitimación en la causa por activa de los accionantes y,
adicionalmente, porque la decisión tomada por el Consejo de Estado, se fundamentó
en la jurisprudencia de esta misma corporación, la cual determinó que, la prueba
idónea para acreditar la propiedad del automotor era la tarjeta de propiedad del
vehículo.

1.3.6. Otras actuaciones

El consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta encontrarse inmerso en
la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, comoquiera que sostiene una relación de amistad íntima de
muchos años con las magistradas María Adriana Marín y Marta Nubia Velásquez Rico,
quienes suscribieron la decisión objeto de cuestionamiento.

1.4. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 7 de marzo de 2024,
declaró la falta de legitimación en la causa por activa del señor Roberto Poveda
Salazar y la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la Servigrúas Acosta
Ltda., al estimar que la demanda no superaba el requisito de relevancia constitucional.

1.5. Impugnación

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El apoderado de la parte actora impugnó la decisión de primera instancia por los
siguientes motivos:

i) El argumento de que el sub lite no tiene relevancia constitucional, cierra la
posibilidad de los accionantes de acudir a la jurisdicción y desconoce flagrantemente
la responsabilidad a cargo de la entidad pública, por cuanto, más allá de las
consecuencias económicas, lo que se presenta en el caso concreto, es la
inobservancia de principios y postulados constitucionales.

ii) La decisión transgrede el artículo 83 de la Constitución y el principio de
confianza legítima, debido a que los accionantes acudieron a la jurisdicción y probaron
de manera suficiente, con la convicción de tener derecho a ser resarcidos por la
entidad pública y personas jurídicas de derecho privado, por los daños sufridos.

iii) Igualmente, señaló que, se transgreden las disposiciones constitucionales de
los artículos 1.º, 2.º, 13, 58 y 90; por cuanto, i) la decisión no observó el deber de
protección a la vida, honrar y bienes de los demandantes; ii) se establece un trato
desigualdad de quienes, aun cuando no se consideren propietarios, demostraron su
condición de poseedores y/o usufructuarios; iii) la carta magna protege los derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, en el cual están los poseedores legales,
usufructuarios y demás legitimados para solicitar la reparación de un daño y; iv) por
tomar el asunto como competencia de los jueces ordinarios sin tener en cuenta la
cláusula de responsabilidad.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20198, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso

8Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Cuarta de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

El consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta encontrarse inmerso en
la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, comoquiera que sostiene una relación de amistad íntima de
muchos años con las magistradas María Adriana Marín y Marta Nubia Velásquez Rico,
quienes suscribieron la decisión objeto de cuestionamiento.

El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad
moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que pueden
comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte, constituye una garantía de
imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los juicios que emite
en los casos puestos a su conocimiento.

Ahora bien, las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter de
taxativas y de aplicación restrictiva, son una excepción al cumplimiento de la función
jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas, y no pueden ampliarse
discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.

En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código
de Procedimiento Penal por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, el cual
prevé lo siguiente:

Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario,
si fuere el caso.

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Conforme con los anteriores lineamientos, para que sea posible que el juez
constitucional se aparte del conocimiento de determinado asunto, debe producirse la
manifestación por parte del propio funcionario judicial, esto es, por la vía del
impedimento, con fundamento en las causales establecidas en el Código de
Procedimiento Penal.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional9 ha especificado que el atributo de
imparcialidad de los funcionarios judiciales forma parte del debido proceso y, por ende,
el régimen de impedimentos y recusaciones tiene como fundamento el artículo 29 de
la Constitución, en cuanto deben procurar la protección de tal garantía constitucional.

También ha sostenido que la imparcialidad judicial, debe ser considerada desde la
propia administración de justicia, pues solo así se garantizaría que las actuaciones en
esta sede «estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y
moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública (art. 209
C.P.)».10

La Corte Constitucional ha explicado claramente la definición del atributo de
imparcialidad: «esta se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la
ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien
administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la
honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la
sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la
vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial».11

En el presente caso, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta su
impedimento para conocer de la acción de tutela y, para tal efecto, invoca la causal
contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que
establece lo siguiente:

Art. 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:

9
Sentencia C-496 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa.
10 Ibidem.
11
Sentencia 365 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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[…]

5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.

[…]

Lo anterior, al sostener una relación de amistad íntima de muchos años con las
magistradas María Adriana Marín y Marta Nubia Velásquez Rico, quienes suscribieron
la decisión objeto de la litis, esto es, la sentencia del 4 de julio de 2023, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso de
reparación directa con radicación 73001 23 31 000 2010 00408 02.

En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, puesto que,
una vez confrontada la causal invocada con la razón que expuso el magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez, es dable colegir que la discusión que llegue a darse en la acción
de tutela puede comprometer la decisión del consejero.

Así las cosas, se le separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura
de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de
justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 4 de julio de 2023,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso
de reparación directa 73001 23 31 000 2010 00408 02, acumulado bajo el radicado
2010 00621 01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción
de la referida providencia se vulneró el derecho fundamental al debido proceso.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

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La jurisprudencia constitucional12 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C 590 de
2005,13 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

12 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
13Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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2.4. Hechos probados

i) El 2 de septiembre de 2008, durante la ejecución del contrato de obra pública,
suscrito entre Fertécnica S.A y el Instituto Nacional de Vías; el señor José Guillermo
Morales Laverde, quien se desempeñaba como operario de montaje de estructuras de
refuerzo para el puente de Cajamarca, perdió la vida y, adicionalmente, se perdieron
las grúas utilizadas par a esa labor.

ii) El 13 de octubre de 2010, el señor Marco Arturo Castiblanco Bravo 14 y la sociedad
Servigrúas Acosta Ltda.15, promovieron el medio de control de reparación directa, en
contra de la Nación (Ministerio de Transporte), el Instituto Nacional de Vías16, las
sociedades Fertécnica S.A., Polyuprotec S.A., QBE Seguros S.A. y Mundial de Seguros
S.A., con el fin de que las declararan responsables patrimonialmente por la pérdida de

las grúas.17

iii) El 26 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Tolima dictó sentencia
de primera instancia, en la cual, declaró responsables y condenó en abstracto, por los
hechos en que se siniestraron las grúas P & H, a la Nación (Instituto Nacional de Vías),
Fertécnica S.A., Polyuprotec S.A. y Proyectos Geotécnicos Ambientales Viales y de
Ingenieria PI Ltda.; decisión que fue recurrida por la parte demandada.

iv) El 4 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, revocó
la decisión adoptada por el Tribunal y, con respecto al proceso identificado con
radicado 2010-00621-00, declaró i) la falta de jurisdicción y competencia para conocer
de la responsabilidad reclamada respecto de Polyuprotec S.A., Fertécnica S.A., QBE
Seguros S.A. y Mundial de Seguros; ii) la nulidad de todo lo actuado desde la admisión
de la demanda y; iii) la falta de legitimación en la causa por activa del señor Marco
Arturo Castiblanco Bravo y de Servigrúas Acosta Ltda. y, en consecuencia, negó las
pretensiones de la demanda.

14 Cedente del hoy accionante Roberto Belarmino Poveda Salazar
15 Hoy Servi-Grúas Acosta S.A.S.
16 En adelante, Invías.
17
Acumulado bajo el radicado 2010-00621-00.

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2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.5.1. Estudio de procedibilidad de la acción

i) «Se cumple el requisito de relevancia constitucional». La Sala considera que en el
caso concurre el requisito de relevancia constitucional para analizar la presunta
vulneración del derecho fundamental invocado, por a) presunto desconocimiento
desconocimiento del precedente y b) violación directa de la Constitución, eventos que
de hallarse acreditados conducirían a encontrar lesionados los intereses de la parte
actora.

Por consiguiente, se revocará la sentencia del 7 de marzo de 2024, proferida por la
Sección Cuarta de esta colegiatura y, de encontrarse satisfechas las demás exigencias
de procedencia, se analizarán los defectos especiales invocados por la parte actora.

ii) «Se presentó con inmediatez», toda vez que la acción de tutela se interpuso dentro
de un término razonable18, que no supera los 6 meses después de la ejecutoria de la
sentencia de la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, proferida el 4
de julio de 2023, dentro del proceso 73001-23-31-000-2010-00408-0219.

iii) «Se cumple con el requisito de subsidiariedad», ya que de los hechos y argumentos
narrados no se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión
previstas en el artículo 250 del CPACA.

iv) «Se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se
alegó vulneración, en tanto la parte actora narró de manera clara los hechos sujetos a
examen, los derechos que estima vulnerados y, de las inconformidades planteadas,
puede advertirse la controversia de los defectos fáctico, procedimental por exceso de
ritual manifiesto, por desconocimiento de precedente jurisprudencial y por violación
directa de la Constitución.

18 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de

2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
19
Acumulado con el 73001-23-31-000-2010-00621-01

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v) «No se cuestionó una sentencia de tutela», sino la proferida dentro de un proceso
de reparación directa.

2.5.2. Decisión sobre los defectos invocados

En atención a los defectos deprecados por los accionantes, está Subsección,
procederá a resolverlos de la siguiente manera:

2.5.2.1. Defecto fáctico

En el presente caso, la parte actora precisó que en el sub lite, i) no se les dio el debido
alcance a las pruebas obrantes dentro del proceso, con las cuales se puede concluir
la delimitación e identidad de las grúas y la responsabilidad extracontractual del
Instituto Nacional de Vías; y ii) la legitimación en la causa por activa en condición de
propietarios, poseedores o usufructuarios.

Al respecto, para la Sala es conveniente precisar que tales razonamientos constituyen
un reparo de instancia y, por tanto, demuestran la inconformidad de la accionante con
relación a la manera en la que la Sección Tercera, Subsección A, de esta colegiatura
valoró el acervo probatorio, toda vez que en la sentencia cuestionada se realizó un
análisis concentrado y, sí se tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el
plenario.

Pues bien, la Sección Tercera de esta corporación, fundamentó su decisión en el
artículo 922 del Código de Comercio, la Ley 769 de 200220, la Ley 1005 de 200621 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado y, determinó que «la prueba idónea para
acreditar la propiedad de un automotor es la tarjeta de propiedad del vehículo (dentro
de los cuales se encuentran incluidos los vehículos de maquinaria pesada 22),
documento público que no puede ser sustituido por otro23, como lo prescribe el artículo

20 Código Nacional de Tránsito Terrestre
21
Modifica y adicional el Código Nacional de Tránsito Terrestre
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009, expediente 16.837. C.P.

Mauricio Fajardo
Gómez.
23 Ibidem

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265 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que se trata de un requisito ad
substantiam actus», prueba que no fue presentada por los accionantes ante el juez
natural y, adicionalmente, en el material probatorio no existe un elemento que permita
concluir que alguno de los demandantes era propietario de las grúas, pues la
información de los comprobantes de egreso y de las declaraciones de importación
(pruebas que no son conducentes para acreditar la propiedad), no coincide con el
nombre de ninguno de los demandantes y tampoco con las toneladas aducidas para
identificarlas o delimitarlas.

Conforme con lo anterior, se observa que la carencia de material probatorio que
acreditara la propiedad de las maquinarias, fue lo que originó la falta de legitimación
en la causa por activa, que impuso la denegatoria de lo pretendido.

2.5.2.2. Defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto

Los accionante formulan este cargo con ocasión a que, en el año 2008, no existía la
obligación de la inscripción de la maquinaria autopropulsada ante el organismo de
tránsito, como prueba de titularidad del bien; no estaba habilitado el organismo de
registro RUNT24 y, dentro del proceso, se demostró la condición de poseedor y
usufructuario de los accionantes.

Esta corporación ha expresado que el mencionado defecto se origina cuando el juez
actúa completamente al margen del procedimiento establecido25, al respecto, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-636 de 2015, manifestó:

“El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en el cual incurre una autoridad
judicial cuando con sus actuaciones y decisiones desconoce el derecho de los
ciudadanos de acceder a la administración de justicia y su obligación de dar prevalencia
al derecho sustancial. Tal defecto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía,
sus actuaciones devienen en una denegación de justicia, bien sea por (i) aplicar
disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en
un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y
que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para
las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un

24
Registro Único Nacional de Tránsito.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela - Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

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rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.”26

Con relación a este defecto, la Sala considera razonable la decisión enjuiciada en
tanto que, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso27, establece que
incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen.

En palabras de la Corte Constitucional la carga de la prueba «le corresponde a las
partes, quienes deben acreditar los hechos que invocan a su favor y que sirven de
base para sus pretensiones. Este deber, conocido bajo el aforismo [onus probandi]
exige la realización de ciertas actuaciones procesales en interés propio, como la
demostración de la ocurrencia de un hecho o el suministro de los medios de pruebas
que respalden suficientemente la hipótesis jurídica defendida. De ahí que, de no
realizarse tales actuaciones, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, el
resultado evidente sea la denegación de las pretensiones, la preclusión de las
oportunidades y la pérdida de los derechos».28

Por las razones expuestas, se concluye que la providencia censurada no está viciada
de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al considerar que el juez no se
apartó o inaplicó el marco jurídico ajustado al caso, o falló con base en una norma de
naturaleza procedimental distinta a la que regula el caso concreto.

2.5.2.3. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial y por
violación directa de la Constitución

26 Corte Constitucional, sentencia SU-636 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa, SV Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub).
27 Artículo 167. Carga de la prueba: Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas

que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.// No obstante, según las particularidades del caso,
el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la
parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los
hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía
con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas
especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado
de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares.// Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá
a las reglas de contradicción previstas en este código.// Los hechos notorios y las afirmaciones o
negaciones indefinidas no requieren prueba.
28 Corte Constitucional, sentencia T-074 del 02.03.2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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La parte actora indicó, que en el caso sub examine se configuran el defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial y por violación directa de la
Constitución, primero, porque en materia de construcción y reparación de obras
públicas donde se entraña un riesgo, el título de imputación de responsabilidad que
debe abordarse es el objetivo de riesgo excepcional y, segundo, por existir una
restricción desproporcionada de los derechos fundamentales consagrados en los
artículos 1, 2 , 13, 29, 58, 83, 90, 228 y 229 de la Constitución.

Sobre este particular, es dable mencionar para claridad del asunto que, dentro del
proceso cuestionado, se declaró la falta de legitimación en la causa por activa del
señor Marco Arturo Castiblanco Bravo29 y de Servigrúas Acosta Ltda., por no
demostrar la calidad de propietarios que les daría el interés legítimo, serio y, actual
para actuar; y, adicionalmente, ser resarcidos por el daño deprecado; por esta razón,
cualquier análisis con respecto a los elementos de la responsabilidad y la vulneración
de derechos fundamentales se torna prescindible, pues no existe una relación
sustancial entre las partes del proceso y el interés del litigio.

Así las cosas, los defectos invocados por la parte actora no prosperan.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que, a pesar de que el asunto sub
examine sí tiene relevancia constitucional, no se configuran los defectos puestos a
consideración por los accionantes, contra la sentencia del 4 de julio de 2023, expedida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

Por consiguiente, se revocará el fallo de tutela del 7 de marzo de 2024, proferido por
la Sección Cuarta de esta colegiatura y denegará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

29
Cedente del hoy accionante Roberto Belarmino Poveda Salazar.

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FALLA:

Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor Jorge
Iván Duque Gutiérrez para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia,
separarlo del conocimiento del asunto.

Segundo. Revocar el fallo de tutela del 7 de marzo de 2024, proferido por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, a través del cual se declaró improcedente la presente
acción de tutela porque no superaba el requisito de relevancia constitucional.

Tercero. Denegar el amparo invocado por Roberto Belarmino Poveda Salazar y Servi-
Grúas Acosta S.A.S., de acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Con impedimento

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
ACVF

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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