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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00403-01

Fecha
19 de julio de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00403-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1 de marzo de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00403-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

19 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00403-01
Accionante: Paola Tatiana Tovar Rúgeles
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C – SALA DUAL
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-00403-01
Accionante: Paola Tatiana Tovar Rúgeles
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E
Referencia: Acción de tutela

Tema: acción de tutela contra providencias judiciales.
Subtema 1: requisitos de procedibilidad.
Subtema 2: suficiencia en la carga argumentativa. relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Dual decide la impugnación que presentó la señora Paola Tatiana Tovar
Rúgeles en contra de la sentencia de tutela del 1 de marzo de 2024, proferida por
la Sección Tercera, Subsección A, de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela

Paola Tatiana Tovar Rúgeles presentó escrito de tutela en el que solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E con la sentencia del 25 de
agosto de 2023 dictada en segunda instancia dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 11001-33-42-
056-2021-00372-00/01.

1.2. Hechos probados del proceso ordinario

1.2.1. Paola Tatiana Tovar Rúgeles, a través de apoderado, formuló demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del Servicio Nacional Aprendizaje - SENA, con la pretensión de obtener la nulidad
del oficio 11-2-2021-030151 del 4 de agosto de 2021 que le negó el reconocimiento
de la relación laboral y el pago de acreencias laborales y prestacionales adeudadas
durante el 28 de febrero de 2012 al 25 de septiembre de 2018. A título de
restablecimiento del derecho, solicitó la declaración de la existencia de la relación
laboral en el periodo mencionado, sin solución de continuidad y el pago de las
acreencias salariales y las prestaciones sociales dejadas de percibir.

1.2.2. El asunto le correspondió, en primera instancia, al Juzgado Cincuenta y Seis
Administrativo de Bogotá que, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2022,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1. La referida autoridad

1 Archivo electrónico nombrado “041SentenciaNul0562021372” en el archivo que contiene el expediente del

proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, ubicado en el índice 8 del expediente digital de
primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 156BDD68C3EA29EC
215AB9CDB1B60482 39DB6BF6823446F3 171A18F35EEB60B1.
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expuso que del acervo probatorio allegado al expediente era posible concluir que la
formalidad contractual estaba acreditada dado que, la relación laboral, cumplía con
los requisitos esenciales, esto es, la ejecución de la actividad de forma personal, la
continuada subordinación respecto de la entidad y una contraprestación periódica
como retribución del servicio.

1.2.3. Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación en el que manifestó su inconformidad con la falta de aplicación de
precedentes judiciales relacionadas con el contrato realidad, pues la autoridad de
primera instancia consideró probados erradamente los elementos de subordinación
y dependencia sin tener en cuenta los relatos de los testigos y la demandante, en
los que quedó claro que esta última firmó otros contratos de forma simultánea con
la entidad demandada y otras instituciones educativas, lo que desvirtúa el elemento
de subordinación y exclusividad.

1.2.4. El recurso le correspondió desatarlo a la Subsección E de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante sentencia del 25 de
agosto de 2023 revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda2.

Como fundamento de su decisión, sostuvo que, a diferencia de lo resuelto por el
juez de primera instancia y de conformidad con las reglas jurisprudenciales
aplicables al asunto3, los tiempos a tener en cuenta en el caso concreto eran
únicamente aquellos establecidos en los contratos de prestación de servicios
aportados al proceso, sus adiciones y prórrogas, respecto del objeto contractual, las
condiciones para su cumplimiento, su valor, plazo de ejecución, entre otros, para
así definir si existió o no una relación laboral simulada y si operó la prescripción
trienal.

De las pruebas allegadas al proceso, determinó que: i) la demandante prestó de
forma personal sus servicios para impartir formación como instructora del 28 de
febrero de 2012 al 24 de septiembre de 2018; ii) en los múltiples contratos de
prestación de servicios fue vinculada para desempeñar funciones de instructor y
fueron pactados los respectivos honorarios; y iii) la prestación de servicios de la
actora fue establecida de forma temporal para impartir formación profesional integral
con una duración en meses y días, por lo que, en el caso concreto debía acreditarse
la intensidad horaria (42.5 horas semanales) fijada en el Decreto 249 del 28 de
enero de 2004 para establecer el requisito de subordinación.

Sin embargo, indicó que la demandante no allegó las pruebas pertinentes para
determinar el cumplimiento de la intensidad horaria semanal, ya que de los
documentos y testimonios aportados, no se podía acreditar con certeza una
continua subordinación y/o dependencia, pues ni siquiera logró probar que prestó
sus servicios en las condiciones exigidas a los instructores de planta respecto de la
intensidad horaria, en tanto la labor desempeñada no fue continua y tampoco
acreditó que recibiera órdenes de un superior inmediato de tal forma que se
comprometiera su autonomía como contratista.

Finalmente, concluyó que en el asunto objeto de la controversia, no se habían
probado los requisitos establecidos por la jurisprudencia para acreditar una relación

2 Archivo electrónico nombrado “058_SENTENCIA” en el archivo que contiene el expediente del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, ubicado en el índice 8 del expediente digital de primera
instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 156BDD68C3EA29EC 215AB9CDB1B60482
39DB6BF6823446F3 171A18F35EEB60B1.
3 Corte Constitucional, sentencia SU-448 del 22 de agosto de 2016. Consejo de Estado en sentencia de

unificación del 25 de agosto de 2016 y sentencia 025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021.
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laboral entre las partes, por lo que, era viable revocar la decisión de primera
instancia y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

1.3.1. La accionante solicitó al juez constitucional4: i) conceder el amparo de sus
derechos fundamentales y ii) “la revocación de la sentencia proferida por el Tribunal
y en su lugar, se reconozca la verdadera naturaleza de la relación laboral de la
accionante y las consecuencias de la sentencia de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado”5.

1.3.2. La señora Tovar Rúgeles manifestó que la decisión del Tribunal fue
sustentada en una sentencia del Consejo de Estado que no se ajusta a los principios
constitucionales ni debía ser aplicada al asunto.

Luego, afirmó que el Tribunal desconoció el principio de la primacía de la realidad
sobre las formas al sustentar la decisión respecto de la falta de cumplimiento de la
intensidad horaria, sin considerar la verdadera naturaleza de la relación laboral ni
los principios constitucionales que protegen al trabajador. Al respecto citó
textualmente varios apartes de algunas sentencias del Consejo de Estado que no
identificó.

Agregó que, la autoridad cuestionada no tuvo en cuenta el principio de favorabilidad
al desestimar los elementos esenciales de una relación laboral y no interpretar de
manera favorable los derechos del trabajador, y citó algunos apartes de sentencias
dictadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional6.

Finalmente, adujo que el Tribunal no dio cumplimento al principio de primacía del
derecho sustancial sobre el formal al no darle prioridad a sus derechos
fundamentales en el asunto, lo que, le ocasionó un grave perjuicio al ver afectados
sus ingresos.

1.4. Trámite de tutela de primera instancia e intervenciones

1.4.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto
del 31 de enero de 20247, admitió la acción en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, vinculó como tercero con interés
al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, solicitó al Juzgado Cincuenta y Seis
de Bogotá copia del expediente ordinario con radicado 1001-33- 42-056-2021-
00372-01, decretó como pruebas los documentos aportados al escrito de tutela y
suspendió los términos hasta que se diera cumplimiento a lo ordenado.

1.4.2. El Juzgado Cincuenta y Seis de Bogotá remitió el expediente digital del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho8, sin embargo no se

4 Folio 6 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela ubicado en el índice 2 del expediente de tutela

de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 893415065494C4DF
75CFC6EB1E3CBFAF 695468D1871CB3E9 FD82EB57DCF02DBC.
5 Ibidem. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto

original.
6 Corte Constitucional, sentencia T-730 de 2014.
7 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 4 del aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 42895A87EC8A758C AD089CC710A71BB2 0C0C1985F187CE28
C9AC123B82426850.
8 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 8 del

aplicativo SAMAI, identificados con certificados AA1C7CD797AD300D C3DE3A113280D602
024B8EF1D6653D97 984FFED65045AC5E y 156BDD68C3EA29EC 215AB9CDB1B60482
39DB6BF6823446F3 171A18F35EEB60B1.
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pronunció respecto al acaso concreto. El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
guardó silencio.

1.4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E9, a través del magistrado ponente de la decisión objeto de tutela,
expresó que en la providencia controvertida fueron expuestos con claridad los
argumentos por los que revocó la decisión de primera instancia, por lo que, la
solicitud de amparo carecía de los requisitos generales y especiales de procedencia,
dado que la parte accionante omitió precisar el defecto que, a su juicio, se configuró
y solo expuso argumentos encaminados a manifestar su inconformidad con la
decisión, como si la acción constitucional se tratara de un recurso de apelación o
una tercera instancia.

1.5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 1 de
marzo de 202410, declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, en tanto, consideró que la accionante no
cumplió con la carga argumentativa para justificar de forma suficiente la vulneración
de sus derechos fundamentales ni expuso una causal específica de procedibilidad.

Explicó que la tutelante se limitó a afirmar que se configuraban las causales de
procedibilidad de la acción porque la autoridad cuestionada desconoció los
principios de primacía de la realidad sobre las formas y de favorabilidad, sustentó
su decisión en la falta de cumplimiento de la intensidad horaria y no consideró la
naturaleza de la relación laboral, argumentos que, en todo caso, no son suficientes
para analizar la configuración de un defecto en los términos dispuestos por la Corte
Constitucional para la acción de tutela contra providencias judiciales.

1.6. Impugnación y trámite de segunda instancia

1.6.1. La parte accionante presentó escrito de impugnación11 en el que manifestó
su inconformidad con la decisión del 1 de marzo de 2024. Sostuvo que, contrario a
lo que afirmó el juez constitucional de primera instancia, su solicitud cumple con la
carga argumentativa necesaria para estudiar el asunto y citó textualmente varios
apartes del escrito de tutela en los que se refirió al desconocimiento del principio de
realidad sobre las formas y expuso apartes de providencias del Consejo de Estado
al respecto. Explicó que, conforme a lo citado:

“[…] la argumentación dada en la demanda de tutela es profunda, clara, precisa,
estableciendo las consideraciones jurídicas constitucionales y legales, con los
cuales se explica al juez constitucional, con razones válidas y fundamentadas las
circunstancias de hecho y de derecho sobre las cuales se sustenta la inconformidad
con la providencia judicial, y en ningún momento como se indicó en el fallo, hubo
una falencia argumentativa”12.
9 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 9 del

aplicativo SAMAI, identificados con certificados 5CE591D8E338DB50 80BD5AA215FC303A
F4A495CB6F655D9F 2320250C2E910CB6 y E97C02DFE85A6252 B2A0899FFC12D2F2
77D89F4F9FB4C457 F607E93254D3921B.
10 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 13 del aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 55772692CEAB590D 181068BCF383895A 3FC79642270485E6
1B11045E4938C518.
11 Archivo electrónico ubicado en el índice 16 del expediente digital de tutela de primera instancia, en el aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 01A3BAD3F2CE8233 127C194D43D30D86 53C5C311070C35A3
2121E016B018B742.
12 Página 4 del archivo electrónico ubicado en el índice 16 del expediente digital de tutela de primera instancia,

en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 01A3BAD3F2CE8233 127C194D43D30D86
53C5C311070C35A3 2121E016B018B742. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y
énfasis forman parte del texto original.
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Luego, expuso que la providencia objeto de tutela vulneró su derecho fundamental
al debido proceso e insistió en que la autoridad cuestionada no tuvo en cuenta el
principio de primacía del derecho sustancial, y que, en todo caso, el principio de
autonomía e independencia judicial no es absoluto. Al respecto, citó apartes de la
sentencia T-268 de 2010 dictada por la Corte Constitucional.

1.6.2. En segunda instancia, el asunto le correspondió, por reparto, al despacho del
magistrado ponente, que el 3 de mayo de 202413 y dentro del término previsto en el
Decreto 2591 de 1991, registró proyecto de fallo para ser discutido por la Sala en
sesión convocada para el 10 de mayo siguiente.

Sin embargo, el magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó su impedimento
para conocer el caso, el 16 de mayo de 202414, por estimar configurado el supuesto
contenido en el numeral 6° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal15, por
la siguiente razón16:

“(…) considero que me encuentro incurso en la causal en cita, en tanto se observa
que mientras fungí como Consejero encargado del Despacho del cual actualmente
es titular el Consejero Fernando Alexei Pardo Flórez, tuve conocimiento en primera
instancia del presente trámite de tutela y me correspondió ser el ponente de la
providencia que fue impugnada.”17.

16.3. Revisado el asunto, la Sala Dual de la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, mediante auto del 24 de mayo de 202418, declaró fundado
el impedimento manifestado por el magistrado del magistrado Nicolás Yepes
Corrales para conocer del presente trámite constitucional, y lo declaró apartado del
conocimiento del trámite de la referencia.

Luego del trámite de notificaciones, el expediente regresó al Despacho del
magistrado ponente el 11 de julio siguiente, para dictar fallo19.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala Dual es competente para decidir la impugnación, atendiendo a lo previsto
en los artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
13 Actuación registrada en el índice 4 del expediente digital de tutela de segunda instancia en el aplicativo

SAMAÍ.
14 Archivo electrónico ubicado en el índice 5 del expediente digital de tutela de segunda instancia en el aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 49208F75D3B1FA77 E25E313155F11D9C AE09E5D4F100E645
0BC7B280FA9D68E6.
15 “Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del

proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar”.
16 Página 2 del archivo electrónico ubicado en el índice 5 del expediente digital de tutela de segunda instancia

en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 49208F75D3B1FA77 E25E313155F11D9C
AE09E5D4F100E645 0BC7B280FA9D68E6.
17 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
18 Archivo electrónico ubicado en el índice 8 del expediente digital de tutela de segunda instancia en el aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 36FC16A0F023460E 4C2E651667BD17F4 5C8473084069A12C
85F6E7EF2772E82E.
19 Archivo electrónico ubicado en el índice 12 del expediente digital de tutela de segunda instancia en el

aplicativo SAMAI, identificado con certificado C9B8DD2696587F19 398443266C3D6F0D
89B168AA75728943 F66DBBF0993CED82.
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solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general20 para, luego, en caso de resultar
superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos del defecto enunciado por la
accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
la accionante es la titular de los derechos que afirmó fueron vulnerados, en su
condición de demandante dentro del proceso ordinario objeto de estudio.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, está
legitimado por pasiva, dado que, como juez del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, profirió la providencia objeto de tutela.

2.2.3. Los requisitos establecidos en el Decreto 2591 de 199121, permiten que la
acción de tutela como mecanismo de protección constitucional sea presentada con
un margen de informalidad, tanto en el escrito de solicitud de amparo como en su
despliegue argumentativo, sin embargo, en las acciones de tutela contra
providencias judiciales, exigen una carga argumentativa más sólida, pues de
prosperar el amparo se afectaría el principio de cosa juzgada de la sentencia o el
auto cuya revisión se pretende en sede de tutela.

Así, la carga argumentativa implica un ejercicio de concreción que, primeramente,
se cumple a partir del requisito de que la parte actora presente con suficiencia y
claridad el cuestionamiento que endilga a la providencia que considera vulneradora
de sus derechos fundamentales. Luego, este debe tener la suficiente relevancia
constitucional para transcender de la discusión litigiosa propia del proceso ordinario,
a un asunto que, por referirse a una posible amenaza o vulneración de un derecho
fundamental, haga procedente la intervención del juez de tutela. Intervención que
debe ser subsidiaria22 y excepcional, pues, en todo caso, las providencias son
proferidas en un proceso judicial que cuenta con los mecanismos de defensa de los
derechos fundamentales, y que, una vez en firme, goza de presunción de
constitucionalidad y de legalidad.

En ese contexto, el requisito de relevancia constitucional exige que los argumentos
de la solicitud de amparo estén dirigidos a exponer las razones por las que el
cuestionamiento a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende

20 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar

en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos
generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen
de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a
la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la
persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general,
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de
tutela.
21 Artículo 14 íbidem: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii) identificación del

accionante y autoridad demandada; iii) declaración juramentada de no haber impuesto otra acción por los
mismos hechos y derechos.
22 El artículo 86 de la Constitución establece:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
[…]
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria23, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional
concreto24. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas
que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar las ya
expuestas en este, toda vez que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, “la
función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional” 25.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad26; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales27.

2.4.1. Paola Tatiana Tovar Rúgeles solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, pues consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, en la sentencia objeto de tutela, no tuvo en cuenta los
principios de la realidad sobre las formas y de favorabilidad, así como los
pronunciamientos jurisprudenciales que al respecto han proferido el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional, esto para estimar la verdadera naturaleza de la
relación laboral en el caso concreto.

Para ello, la accionante puso de presente su inconformidad con la negativa para
reconocer acreencias laborales y de orden prestacional con base en la supuesta
falta de consideración de los principios de la realidad sobre las formas y de

23 Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia constitucional
inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte Constitucional en las sentencias
T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
24 Sentencia C-590 de 2005. Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión
cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas,
podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando
el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en
normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es
víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
25 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
26 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610

de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-
931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
27 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede

reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
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favorabilidad, así como los pronunciamientos jurisprudenciales de las referidas
Corporaciones.

De lo expuesto, la Sala encuentra que el presente asunto carece de una explicación
suficiente y razonada de los hechos en que se funda el amparo deprecado, ya que
en su escrito la parte accionante se limitó a enunciar sentencias que en sede
constitucional y contenciosa administrativa han analizado los principios de
favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas, para afirmar que en la
providencia que cuestionó, el tribunal las desconoció.

Así las cosas, la solicitud de amparo se torna improcedente por falta de carga
argumentativa, en la medida en que, en los términos de la Corte Constitucional la
configuración de un desconocimiento del precedente28 exige que la accionante
vincule la falta de aplicación de una regla jurisprudencial con la violación de una
garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia el por qué
el precedente con identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de qué forma
la inobservancia de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectaron sus
garantías fundamentales.

En contraste, se reitera, la accionante se limitó a enunciar las providencias que a su
juicio estaban relacionadas con el tema objeto de estudio, sin explicar cómo tenían
similitud, eran aplicable al caso concreto y en ese orden, si tal falta inobservancia,
afectó sus garantías fundamentales

Aunado a lo anterior, es importante referir, tal y como la Corte Constitucional lo ha
consignado en distintos pronunciamientos, que el juicio que realiza el juez de tutela
cuando revisa una providencia judicial, es de validez y no de corrección29 de la
misma, lo que se opone a que se use indebidamente como una instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación normativa, de
manera tal que prime la interpretación que el accionante le da a su derecho y
obtenga una mejor solución a su caso, desconociendo la estructura de la
administración de justicia y los principios de independencia y autonomía judicial.

En suma, lo hasta aquí expuesto, impide que el juez de tutela realice un examen de
fondo por incumplimiento de los requisitos generales de relevancia constitucional y
explicación suficiente de los hechos y argumentos de la solicitud de amparo.

Así las cosas, en consonancia con lo hasta aquí expuesto, la acción de tutela
incoada por Paola Tatiana Tovar Rúgeles en contra de la providencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
resulta improcedente por incumplimiento de los presupuestos generales de
relevancia constitucional y carga argumentativa. Por consiguiente, la Sala
confirmará la sentencia del 1 de marzo de 2024, proferida por la Subsección A de

28 Corte ha indicado que este “se configura cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias emitidos

[sic] por los tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por ellos mismos (precedente horizontal) al
momento de resolver asuntos que presentan una situación fáctica similar a los decididos en aquellas
providencias, sin exponer las razones jurídicas que justifiquen el cambio de jurisprudencia” 28 y que “no obstante,
el precedente no constituye una obligatoriedad absoluta, pues en razón del principio de la autonomía judicial, el
juez puede apartarse de aquellos, siempre y cuando presente (i) de forma explícita las razones por las cuales
se separa de aquellos, y (ii) demuestre con suficiencia que su interpretación aporta un mejor desarrollo a los
derechos y principios constitucionales” (Corte Constitucional, sentencia T-342 de 2016).Por tanto, la invocación
de un precedente está determinado por la especialidad, de manera que sea el órgano de cierre que defina los
criterios y reglas aplicables en casos semejantes o, en el caso del precedente horizontal, los órganos judiciales
deben resolver los asuntos que conocen a partir de un criterio de igualdad.
29 T-689 de 2013.

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la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud
de amparo, por las razones aquí expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sala Dual, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1 de marzo de 2024 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, declaró
improcedente la solicitud de amparo, por las razones aquí expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Impedido

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DSR

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