Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00422-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Sustancial y procedimental: la autoridad judicial accionada incurrió en los
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00422-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00422-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
17 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00422-01
Accionante: HÉCTOR MARCIAL QUIÑONES QUIJANO
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL–DEFECTOS
SUSTANCIAL Y PROCEDIMENTAL - La autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustancial y procedimental, al abstenerse de tramitar el grado jurisdiccional
de consulta en un proceso disciplinario.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Héctor
Marcial Quiñones Quijano en contra de la sentencia del 15 de marzo de 2024,
proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1.El 30 de enero de 2024 el señor Héctor Marcial Quiñones Quijano, en nombre
propio, presentó acción de tutela en contra de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la defensa, al debido
proceso, a la doble instancia, del acceso a la administración de justicia y al mínimo
vital.
1 Que ingresó para fallo el 15 de mayo de 2024.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00422-01
Accionante: Héctor Marcial Quiñones Quijano
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
Hechos relevantes
2.El Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó la compulsa de
copias en contra de los señores Héctor Marcial Quiñones Quijano y Diego Fernando
Fernández Galvis en la audiencia preparatoria realizada el 15 de enero de 2019,
dentro del proceso 11001600000020180006700 por faltar a los deberes
profesionales en la carencia de idoneidad técnica en la representación del
ciudadano Víctor Hugo Orjuela Bernal.
3.La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá mediante auto del 11 de
marzo de 2019 llevó a cabo la etapa preliminar y el 29 del mismo mes y año ordenó
la apertura de la investigación en contra de los señores Héctor Marcial Quiñones
Quijano y Diego Fernando Fernández Galvis; decisión que nunca fue notificada
según manifiesta el accionante. Además, expresa que el 27 de mayo de 2021 se
dio la audiencia de práctica de pruebas y la de calificación se estableció el 27 de
julio de la misma anualidad; diligencias que tampoco fueron notificadas.
4.Mediante sentencia del 2 de septiembre de 20222 la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá con ponencia de la magistrada Paulina Canosa Suárez
declaró disciplinariamente responsables a los señores Quiñones Quijano y
Fernández Galvis y los sancionó con la suspensión del ejercicio de la profesión del
abogado por el término de 3 años.
5.A través de providencia del 12 de julio de 2023, la Sala de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial corrigió el número de la cédula de ciudadanía del disciplinable
Diego Fernando Fernández Galvis ya que se había digitado de manera errada.
6.El abogado del señor Héctor Marcial Quiñones Quijano presentó recurso de
apelación en el cual solicitó declarar nulidad de todo lo actuado, además de que se
anulara la sentencia sancionatoria y en su lugar se absolviera de los cargos
formulados en su contra3.
2 Junto con la demanda de tutela se encuentra el fallo proferido el 2 septiembre de 2022 por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.
3 Junto con la demanda de tutela se encuentra el recurso de apelación presentado por el abogado
de la parte accionante.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00422-01
Accionante: Héctor Marcial Quiñones Quijano
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
7.El 8 de agosto de 2023 la Comisión Seccional concedió el recurso de apelación
frente al disciplinable Diego Fernando Fernández Galvis y rechazó por
extemporáneo el formulado por el señor Héctor Marcial Quiñones Quijano, con
ocasión a que el 19 de julio de 2023 la secretaría se comunicó telefónicamente con
el señor Quiñones y se le envió copia de la sentencia a otro correo que suministró.
A su vez, el 24 de julio de 2023 el disciplinable otorgó poder a un abogado a quien
se le envió la solicitud del enlace de la actuación el 25 de julio de 2023 y solo hasta
el 27 de del mismo mes y año envió un escrito correspondiente al recurso de
apelación, transcurriendo más de 5 días hábiles para presentar el mismo.
8.Posteriormente, a través de providencia del 22 de noviembre de 2023, la cual fue
notificada el 15 de diciembre de la misma anualidad, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial resolvió abstenerse de conocer el grado jurisdiccional de consulta
toda vez de que el recurso de apelación fue rechazado por extemporáneo4.
Pretensiones
9.Solicita la parte accionante lo siguiente:
“1. Sírvanse Honorables Magistrados, TUTELAR mis derechos
fundamentales a la defensa, al debido proceso, a la doble instancia, al
acceso a la administración de justicia y al mínimo vital vulnerados por LA
COMISIÒN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÀ y LA
COMISIÒN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL.
2. Ordénese, escuchar en declaración a la doctora AZUCENA DEL
CARMEN ROJAS ORTIZ, funcionaria de la sala disciplinaria, subalterna
encargada de realizar la notificación el día 19 de julio de 2023, a mi correo
electrónico: abogadohectormarcialqq@gmail.com, para que certifique el
día, hora y fecha que la sala disciplinaria primera y única vez que me
notificó del proceso disciplinario con radicado 110011102000201900585.
3.Sírvanse Honorables Magistrados, DECLARAR LA NULIDAD DE LO
ACTUADO a partir del inicio del proceso disciplinario con radicado
110011102000201900585 adelantado en contra del suscrito HÉCTOR
MARCIAL QUIÑONES QUIJANO, por transgresión del debido proceso y
del derecho de defensa ante la omisión de notificarme en debida forma a la
dirección física, correo electrónico, teléfono registrados ante el REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS, o a mi correo electrónico actualizado, el
4 Conforme a los hechos alegados en la acción de tutela.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00422-01
Accionante: Héctor Marcial Quiñones Quijano
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
proceso disciplinario adelantado a mis espaldas sin poder ejercer el
derecho de defensa y de contradicción protegidos por la Constitución
Política de Colombia y la Convención Americana de Derechos Humanos.
4. En su defecto, como pretensión subsidiaria sírvanse anular la sentencia
sancionatoria proferida el día 2 de septiembre de 2022, e irregularmente
corregida (10 meses después) mediante auto de 12 de julio de 2023 por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá́ D.C., por acusar
deficiencias de motivación (motivación incompleta) particularmente en lo
referente a la fundamentación de los criterios tenidos en cuenta para
individualizar la sanción.
5. Dejar sin efecto la providencia de fecha 8 de agosto de 2023, notificada
el 10 de agosto de 2023, mediante la cual la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá́ , en el ordinal segundo de la parte resolutiva
decidió́ “Rechazar el recurso de apelación presentado por el suscrito a
través de defensor de confianza, contra la sentencia de 2 de septiembre de
2022, corregida el 12 de julio de 2023”, al considerarlo extemporáneo.
6. Dejar sin efecto la providencia judicial proferida por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial de Bogotá́ , dentro del radicado
11001110200020190058501 de fecha 22 de noviembre de 2023, notificada
el 15 de diciembre de 2023, mediante la cual resuelve “ABSTENERSE de
conocer el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 2 de
septiembre de 2022, corregida el 12 de julio de 2023 por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá́ ”, y se le ORDENE que desate la
consulta en relación con el suscrito HMQQ.
7.Ordénese, tener en cuenta la Sentencia No. T-006/92 Acción de Tutela
Contra Sentencias – “La sentencia que se produzca con violación o
desconocimiento de los derechos fundamentales, tanto de orden sustantivo
como procesal, por no incorporar el mínimo de justicia material exigido por
el ordenamiento constitucional, no puede pretender hacer tránsito a cosa
juzgada. Solo la cosa juzgada que incorpore por lo menos ese mínimo de
justicia puede aspirar a conservar su carácter”.
8. Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación, realice el trámite
pertinente para que se proceda a eliminar la sanción disciplinaria impuesta
al suscrito HMQQ, identificado con cédula de ciudadanía número
87.947.079 de Tumaco - Nariño, en virtud de la sentencia proferida el 2 de
septiembre de 2022, corregida el 12 de julio de 2023, por la COMISIÒN
SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL acatada mediante providencia del
22 de noviembre de 2023 así̀:
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00422-01
Accionante: Héctor Marcial Quiñones Quijano
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
Ponente: JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA Fecha Sentencia: 22-
Nov-2023 Sanción: Pena Accesoria - Destitución e Inhabilidad Dias:0
Meses:0 Años: 3”.
Fundamentos de la demanda de tutela
10. La parte accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales por parte
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial al interpretar de manera errónea el material probatorio, además de no
aplicar las normas correspondientes que buscan proteger a todas las personas,
dejando de lado el deber que se tiene para con el ciudadano y la administración de
justicia.
11.Indica que se cumplen los requisitos generales para la interposición de la acción ya
que i) es relevante constitucionalmente; ii) se agotaron los medios de defensa
judicial, pues se interpuso recurso de apelación, sin embargo, este fue declarado
extemporáneo y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió abstenerse de
pronunciarse frente al grado de consulta; iii) se efectúa el requisito de inmediatez
porque las sentencias objeto de la solicitud de amparo se profirieron el 2 de
septiembre de 2022, la cual fue corregida el 12 de julio de 2023 - notificada el 19 de
los mismos mes y año-, el 8 de agosto de 2023 -notificada el 10 de agosto de la
misma anualidad- y el 22 de noviembre de 2023 -notificada el 15 de diciembre de
2023-.
12.Argumenta que se presentó un defecto procedimental absoluto con ocasión a que
la iniciación del proceso disciplinario por parte de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá no se surtió en debida forma, puesto que no se le
notificó ni ubicó durante el proceso para ejercer su derecho a la defensa sino hasta
su finalización mediante una llamada en la que se le informaba que había sido
sancionado, inaplicando el artículo 6 de la ley 1123 de 2007.
13.Sumado a lo anterior se evidencia una irregularidad sustancial en lo correspondiente
a la individualización de la sanción, porque no se logra entender los criterios por los
cuales la Comisión Seccional de Disciplina Judicial determinó su sanción como lo
exige el artículo 46 del “Código Deontológico del Abogado” omitiendo formular
proposiciones y argumentos que demostraran la justificación de la suspensión de 3
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Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
años. Así mismo, transcribió varios de los artículos de la ley 1123 de 2007, la Ley
734 de 2002 y algunos apartes de la CIDH.
14.Arguye que se presenta una nulidad por vicios de garantía debido a que la
representación de los dos abogados fue realizada por la misma defensora de oficio
cuando existían intereses contrapuestos, porque el abogado Diego Fernando
Fernández indicó que creyó en su idoneidad profesional, descargando su
responsabilidad en el accionante. Además de que se presentó un desconocimiento
del precedente, para esto, citó varias sentencias5.
15.En cuanto a la providencia de segunda instancia proferida por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial indica que se encuentra viciado de ilegalidad, además de que
tiene derecho a la doble instancia, a la administración de justicia, al mínimo vital y
hace alusión al precedente jurisprudencial transcribiendo apartes de las sentencias
T-006/92, SU-215 de 2022, SU-128 de 2021, entre otros.
16.Por último, considera que es de suma importancia que la autoridad administrativa
notifique las actuaciones a los afectados para que puedan ejercer el derecho a la
defensa y contradicción.
Trámite en primera instancia
17. Por medio de auto del 2 de febrero de 2024, la Subsección “C” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la tutela de la referencia; ordenó notificar a
la Magistrada Paulina Canosa Suárez de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá y al Magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial como accionados y a Diego Fernando Fernández
Gálvez como tercero interesado en las resultas del proceso. Así mismo negó la
medida provisional solicitada por el accionante.
Intervenciones
18. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial6 solicitó que se denegara la
protección solicitada. Indicó que el 3 de julio de 2019 fue citado para que
5 Mencionó las siguientes sentencias: T-302 de 2008, T-709 de 2010, C-1178/01.
6 La Magistrada Paulina Canosa Suárez.
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compareciera a la audiencia de pruebas y calificación la cual se iba realizar el 10 de
septiembre de 2019, sin embargo, se cambió la fecha para el 8 de julio de 2020 y
fue citado por la secretaría a la dirección “shernero83@hotmail.es” pero no
compareció ni justificó su inasistencia, por esto se ordenó su emplazamiento y se
fijó para el 27 de mayo del 2021, fecha en la que el accionante envió un correo
desde la dirección electrónica que argumenta que no utiliza 7 para solicitar que se
aplazara la audiencia, pero fue denegada.
19.Argumentó que en razón a que estaba representado por su defensora de oficio la
cual se precisó que era únicamente para el accionante, se realizó la audiencia. En
aras de continuar con el proceso, siempre se le realizaron las notificaciones
correspondientes e incluso para el 13 de julio de 2023 se descargó el certificado
actualizado del Registro Nacional de Abogados y aparecía como correo electrónico
el anteriormente mencionado8 esto con el fin de indicarle que se había corregido el
fallo de primera instancia y solo hasta llamada que se le realizó el 19 de julio de
2023 fue cuando suministró un nuevo correo abogadohectormarcialqq@gmail.com.
20.Sin embargo, el abogado Diego Fernando Fernández Gálvez el 17 de julio de 2023
confirmó el recibido de la notificación e interpuso recurso de apelación, el cual se
concedió mediante auto del 8 de agosto de 2023, mismo en el que se advirtió que
el accionante había sido notificado. Ahora bien, como su nueva dirección nunca
figuró en el expediente, se notificó a la dirección que legalmente se le había enviado
desde inicio del proceso.
21.Indicó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial era quien determinaba si era
procedente o no la consulta como juez de segunda instancia y en caso de no ser
así, regresar el proceso para que se concediera la apelación. Sin embargo, ninguna
decisión ha llegado a esa Comisión por lo que desconoce los demás hechos
argumentados por el abogado accionante.
22.La Comisión Nacional de Disciplina Judicial9 indicó que la acción no cumple con
los requisitos generales de procedencia de la tutela, pues no argumentó de manera
concreta la falta de motivación y desconocimiento de los precedentes
7 Hay una captura de pantalla como prueba de ello.
8 Su correo era: abogadohectormarcialqq@gmail.com.
9 El Magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla.
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Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
jurisprudenciales por las que esa Corporación debió desplegar un control
disciplinario y realizar el grado jurisdiccional de consulta o que de manera oficiosa
tuviera la competencia para pronunciarse en la revisión de una sentencia que fue
apelada de manera extemporánea.
23.Argumentó que si bien se remitió a esa Corporación para el estudio pertinente, esto
no determinaba la procedibilidad de una actuación procesal, ni conocer de fondo
conforme a las condiciones específicas del grado de consulta más en específico el
artículo 112 de la ley 270 de 1996 en concordancia con el numeral 1° del artículo
59 de la ley 1123 de 2007, más aún, si el interviniente radicaba recurso de apelación
y este no se concedía o se rechazaba porque se presentó de manera
extemporánea, posición que se ha avalado por parte de la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado10.
24.Con base a lo anterior, estimó que no se cumplían con los preceptos normativos
para que la Comisión procediera a estudiar el grado jurisdiccional de consulta,
porque se había corroborado que la decisión proferida el 8 de agosto de 2023 por
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, el disciplinable Héctor
Marcial Quiñones Quijano presentó escrito de apelación el 27 de julio de 2023,
cuando el término máximo para interponerlo era el 25 de ese mes y año, por tanto
se dispuso rechazar por extemporáneo.
25.Arguyó que se presenta una inexistencia de la violación al debido proceso porque
durante todo el proceso disciplinario, se remitieron las notificaciones a la única
dirección manifestada por el disciplinable en el proceso penal, como a las aportadas
por el Registro Nacional de Abogados e incluso si existía una solicitud de
suspensión de la audiencia de pruebas el 27 de mayo de 2021 elevada por el señor
10 Mencionó algunas sentencias como: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia
de tutela de primera instancia del 24 de febrero de 2022, radicado nro. 11001-02-30-000-2021-
02146-00, STC2035-22, M.P. Francisco Ternera Barrios; Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, sentencia de tutela de segunda instancia del 19 de enero de 2023, radicado nro.
11001-02-30-000-2022-01408-01, STC129-2023, M.P. Hilda González Neira; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección A, sentencia de tutela de primera
instancia, radicado nro. 110010315000202300034 00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección C, sentencia de
tutela de segunda instancia, radicado nro. 11001-03-15-000-2023-00034-01, M.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera,
Subsección C, sentencia de tutela de segunda instancia, radicado nro. 11001-03-15-000-2023-
00034-01, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Cuarta, Sección Cuarta, sentencia de tutela de primera instancia, radicado
nro. 11001-03-15-000-2023-03380-00, M.P. Wilson Ramos Girón, entre otras.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00422-01
Accionante: Héctor Marcial Quiñones Quijano
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
Quiñones Quijano da cuenta de que estaba enterado desde el inicio y no fue
sorprendido como lo afirma ahora.
26.Respecto a que se escuche la declaración de una funcionaria de la sala Disciplinaria
quien era la encargada de realizar la notificación el 19 de julio de 2023 a su correo,
agregó que la acción de tutela no es el mecanismo para invocar tal solicitud.
Además de que presentaron nuevos argumentos en lo relacionado a su defensora
de oficio, cuando lo cierto es que, en la audiencia de pruebas del 27 de mayo de
2021 el a quo dispuso desplazar a la abogada María Alejandra Guzmán Cuervo
como defensora del otro disciplinado permaneciendo la designación únicamente del
aquí accionado y se ordenó por auto que se le designara un nuevo defensor al señor
Fernández Galvis, denotando que la finalidad de este argumento, lo que busca es
obtener un nuevo pronunciamiento y constituir una tercera instancia, por tanto
solicitó que se denegara el amparo deprecado.
27.El señor Diego Fernando Fernández Galvis pese a estar debidamente notificado,
no intervino.
La sentencia de primera instancia
28.La Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de
sentencia del 15 de marzo de 2024, declaró improcedente el amparo solicitado
porque consideró que si bien alegó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
debió analizar la sentencia del 2 de septiembre de 2022, no se justificó en debida
forma y lo que busca es revivir el análisis jurídico por el cual se abstuvo de resolver
el grado de consulta, pues en criterio del accionado, esto procede cuando no se
interpone recurso de apelación, pero no cuando se formula de manera
extemporánea o no se sustenta tal como ocurrió en el presente caso.
29.En cuanto a los cargos atinentes a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá, si bien el accionante alega que no fue notificado en debida forma y que la
providencia que lo sancionó no se justificó adecuadamente, estos se podían alegar
a través de una recurso de apelación, sin embargo, no se presentó de manera
oportuna.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00422-01
Accionante: Héctor Marcial Quiñones Quijano
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
30.Para concluir, si bien alegaba que el fallo dictado el 2 de septiembre de 2022 se
radicó por fuera del plazo legal, pudo acudir al recurso de queja regulado en los
artículo 117 y 118 de la Ley 734 de 2002, hoy 136 y 137 de la Ley 1952 de 2019,
que procede en contra del auto que rechaza el recurso de apelación.
La impugnación
31.Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación mediante
escrito en el cual reiteró algunos de los argumentos expuestos en la demanda de
tutela.
32.Sin embargo, indicó que, si bien el correo fue enviado el 19 de julio de 2023 como
lo argumenta la misma providencia que declaró extemporáneo el recurso, la
notificación se entenderá surtida dos días hábiles después, es decir el lunes 24 de
julio de 2024, debido a que el jueves 20 era festivo, por tanto, al interponerse el 27
del mismo mes y año da cuenta de que fue sustentado en término.
33.Precisó que el Juez de tutela no tuvo en cuenta que i) no fue notificado en debida
forma; ii) la sentencia del 2 de septiembre de 2022 no se motivó correctamente; iii)
existe una nulidad respecto de que la misma abogada representó a los dos
investigados y iv) se desconoció la sentencia T-302 de 2008 en lo referente a la
motivación de sentencias y agregó que por la declaratoria de la extemporaneidad
del recurso de apelación tiene relación con la alegación principal sobre la nulidad
del proceso disciplinario por indebida notificación.
II. CONSIDERACIONES
34.La Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela posee amplias
facultades para establecer el problema jurídico a resolver, lo que incluye las
posibilidades de interpretar la demanda y proteger derechos no invocados por el
accionante. Los principios de informalidad, prevalencia del derecho sustancial,
supremacía de la Constitución Política y efectividad de los derechos fundamentales
justifican las reglas mencionadas11.
11 Sentencia Su-222 de 2016 (MP. María Victoria Calle Correa).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00422-01
Accionante: Héctor Marcial Quiñones Quijano
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Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
35. En esta oportunidad, la Sala observa que la acción de tutela cuestiona varias
providencias judiciales proferidas por las Comisiones Seccional y Nacional de
Disciplina Judicial. En concreto, pretende que sean dejadas sin efectos tanto la
providencia de primera instancia que sancionó al actor con la suspensión del
ejercicio de la profesión del abogado por el término de 3 años, como la decisión que
rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primer grado; también
cuestiona la decisión mediante la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
se abstuvo de conocer el grado jurisdiccional de consulta contra el fallo
sancionatorio proferido en contra del actor, sea dejada sin efectos por considerarla
violatoria a sus derechos fundamentales.
36. En aplicación del precedente emanado de esta Sala, el estudio que se efectuará
en este caso se circunscribirá exclusivamente a la providencia en virtud de la cual
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se abstuvo de desatar el grado
jurisdiccional de consulta, por cuanto el reproche constitucional efectuado por la
parte actora, en criterio de la Sala, tiene vocación de prosperidad.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
37. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la
providencia censurada es del 22 de noviembre de 2023 y la solicitud de amparo se
interpuso el 30 de enero de 2024, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la
notificación.
38. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que este
requisito también está acreditado, por cuanto la procedencia del grado jurisdiccional
de consulta opera, por mandato de la ley, en los casos cuando a través de
sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos
disciplinarios que conocen en primera instancia las comisiones seccionales de
disciplina judicial y no fueren apeladas, serán consultadas cuando fueren
desfavorables a los procesados.
39. De la relevancia constitucional: para la Sala, la cuestión que aquí se discute tiene
relevancia constitucional, en tanto que el grado jurisdiccional que habilita al superior
funcional para revisar la legalidad de algunas providencias tiene un vínculo especial
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00422-01
Accionante: Héctor Marcial Quiñones Quijano
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
con el debido proceso y el derecho de defensa, que debe surtirse cuando la decisión
es de linaje sancionatorio y no es apelada por la parte afectada.
40.La parte accionante indicó los hechos que sustentan la solicitud de amparo y
evidenció de manera clara la forma en que se configuró la vulneración de derechos
alegados. Además, el hecho de que la solicitud de amparo sea concreta en la
explicación de su vulneración, no significa que esta carece de sustentación. Así lo
ha indicado la Corte Constitucional en la sentencia SU-062 de 202312.
Requisitos específicos de procedencia alegados por la parte actora.
41.La parte accionante alega que la Comisión Nacional de Disciplina judicial debió dar
trámite al grado jurisdiccional de consulta de la sentencia del 2 de septiembre de
2022, toda vez que la sanción proferida en contra del señor Héctor Marcial Quiñones
Quijano era consultable, por cuanto el recurso de apelación se interpuso de manera
extemporánea.
42.Pues bien, la Sala considera que se encuentra probada la violación del derecho
fundamental al debido proceso, dado que, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial realizó una lectura restrictiva de los presupuestos que habilitan el ejercicio
de grado jurisdiccional de consulta, transgrediendo la garantía constitucional de la
doble instancia, porque no es posible descartar en un mismo proceso disciplinario
el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta, ya que si no se
diligencia uno tendría que operar el segundo.
43. Dentro del proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2023-03380-0113
proferido por esta Sala el 2 de octubre de 2023, en el que los supuestos fácticos
esgrimidos tienen similitud con los que ahora son objeto de debate, específicamente
en lo relacionado a la procedencia del grado de consulta cuando se declara desierto
o extemporáneo el recurso de apelación, se concluyó lo siguiente:
12[i] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico.
[ii] El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental. [iii] La tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales
13 M.P José Roberto Sáchica Méndez. Criterio reiterado en sentencia de tutela del 6 de mayo de
2024, radicado 11001-03-15-000-2024-00413-01, M.P. María Adriana Marín.
12
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00422-01
Accionante: Héctor Marcial Quiñones Quijano
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
Sobre el grado jurisdiccional de consulta, el artículo 31 constitucional dispone
que: <<Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las
excepciones que consagre la ley. >>. En cuanto a la aplicación de este
mecanismo en los procesos disciplinarios, como el que se inició a la señora
Santos Vega, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de
Administración de Justicia) incorpora un parágrafo, según el cual: <<las
sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los
procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los Consejos
Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas cuando
fueren desfavorables a los procesados. >>.
La Corte Constitucional, en sentencia C-424 de 2015, puntualizó los
antecedentes normativos de esta institución procesal y a partir de un breve
recuento jurisprudencial delimitó el alcance de la misma, así como su fin, y los
rasgos que la caracterizan. Ello lo hizo en los siguientes términos: (…)
Esa misma corporación judicial indicó que la consulta es un mecanismo ope
legis, esto es que opera por ministerio de la ley, para suplir la inactividad de la
parte que resulta desfavorecida con una decisión judicial, y su consagración en
los distintos estatutos procesales que la incorporan, atiende generalmente a
razones de interés público o se orienta a proteger a la parte más débil14. Estas
precisiones fueron incorporadas en las sentencias C-055 de 1995 y T-389 de
2006.
Puntualmente, en esta última decisión, el tribunal constitucional abordó un
asunto similar al caso que nos ocupa, pero con algunos matices que no impiden
traer a colación las conclusiones a las que se arribó en aquella ocasión, sobre
este instituto procesal. En esa oportunidad, la presunta violación de derechos
tuvo lugar en el marco de un proceso laboral, en el cual la autoridad judicial
accionada se abstuvo de tramitar el grado jurisdiccional de consulta, bajo el
argumento de que el recurso de apelación fue presentado, pero no sustentado
oportunamente. La Corte consideró que:
<<(…) la autoridad judicial mediante la providencia por medio de la cual se negó
a tramitar el grado jurisdiccional de consulta, el cual es procedente por ser la
sentencia de primera instancia adversa a las pretensiones del trabajador,
desconoce las normas aplicables al caso, al realizar una interpretación
contraria a los derechos fundamentales de los trabajadores y del derecho al
acceso a la administración de justicia.
Si bien los derechos fundamentales invocados por el actor no se vulneran con
la declaratoria de desierta del recurso apelación por no concurrir los
presupuestos legales para su trámite, la decisión judicial en relación con la cual
se denegó el grado jurisdiccional de consulta es irrazonable y, en consecuencia
tal decisión constituye una violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia al interpretar de manera
restrictiva una norma (defecto sustantivo), y como consecuencia de ella,
apartarse por completo del procedimiento fijado por la ley para el proceso
respectivo (defecto procedimental)>>.
(…)
La Sala advierte que amparada en las potestades interpretativas que otorga la
autonomía judicial, la referida autoridad realizó una lectura restrictiva de los
presupuestos que habilitan el ejercicio del grado jurisdiccional de consulta,
traspasando el límite de la razonabilidad, llegando a un punto en que se
14 Corte Constitucional. Sentencias C-055 de 1995 y T-389 de 2006.
13
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00422-01
Accionante: Héctor Marcial Quiñones Quijano
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
desnaturalizó la institución procesal y de forma consecuente se quebrantó la
garantía constitucional de la doble instancia.
Ello es así, si se tiene en cuenta que el ejercicio hermenéutico adelantado en
la providencia censurada, conllevó a que la autoridad judicial a partir de la
necesidad de verificar los presupuestos procesales, se abrogara la potestad de
hacer inoperante una garantía procesal de carácter constitucional, pues, so
pretexto de comprobar que estuviesen dados los requisitos para que operara
el grado jurisdiccional de consulta, concluyó que se podía prescindir del mismo
aún cuando el A quo rechazó el recurso de apelación, por extemporáneo. Dicho
de otra forma, negó efectos impugnativos al recurso de apelación por no haber
sido presentado en tiempo, pero a la vez a esa misma circunstancia le confirió
efectos para hacer nugatoria la garantía del derecho a la consulta como fórmula
procesal protectora y garante de sentencias limitativas de derechos cuando
quiera que ellas no sean llevadas a una segunda instancia por voluntad del
sujeto afectado.
En este punto, la Sala pone de presente, que desde la perspectiva
constitucional y en clave de protección de las garantías procesales
fundamentales, no es posible descartar en un mismo proceso disciplinario, y a
la vez, el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta, pues el
legislador estatutario dispuso que en ausencia del primero opera el segundo,
toda vez que cuando se impone una sanción la doble instancia debe operar sin
sujeción al grado de diligencia o interés del disciplinado. En tal sentido, la lógica
supletiva de la consulta, coloca al operador judicial de segunda instancia ante
un silogismo disyuntivo, en cuya virtud procede o el recurso o la consulta. Sin
que sea aceptable que se niegue la procedencia de uno, en este caso del
recurso de apelación, y a su vez se pretenda negar también la procedencia del
otro, la consulta, pero basado en un supuesto contrario frente al cual se adoptó
la primera decisión referida. (…)
44. De acuerdo con lo anterior, la consulta es un grado jurisdiccional que suple la falta
de apelación cuando una decisión es desfavorable al procesado, resaltando su
propósito de proteger a la parte más débil y asegurar el acceso a la justicia. Por lo
tanto, el grado jurisdiccional de consulta no debe ser negado cuando se presenta
de manera extemporánea un recurso de apelación.
45.En el caso concreto, se verifica que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se
abstuvo de conocer el mencionado grado jurisdiccional en contra de la sentencia
proferida el 2 de septiembre de 2022, corregida el 12 de julio de 2023 por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá D.C., en relación al abogado
Héctor Marcial Quiñones Quijano, por cuanto consideró que dicho control judicial
opera siempre y cuando exista un silencio total dentro de la oportunidad legal para
radicar el recurso de apelación.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00422-01
Accionante: Héctor Marcial Quiñones Quijano
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
46. Con base en lo anterior, la Sala concluye que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial incurrió en un exceso ritual manifiesto, porque aplicó de manera restrictiva
los presupuestos que habilitan el ejercicio del grado jurisdiccional de consulta,
trasgrediendo la garantía constitucional de la doble instancia, además de acoger
una interpretación contraria a los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, al
inhibirse de conocer el grado jurisdiccional de consulta, puesto que como lo indica
el artículo 112 de la Ley 270 de 199615 este es obligatorio cuando la sentencia de
primera instancia fue de carácter sancionatorio o desfavorable a los procesados.
47. Por lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera instancia en la que se
declaró que no satisface el requisito de relevancia constitucional y, en su lugar,
amparará el derecho fundamental al debido proceso invocado por la parte
accionante.
48. En consecuencia, dejará sin efectos la providencia del 22 de noviembre de 2023
proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que, en el término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se
sirva proferir una nueva decisión en la que conozca en grado jurisdiccional de
consulta el fallo sancionatorio de primera instancia proferido el 2 de septiembre de
2022 y corregida el 12 de julio de 2023 por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá, en el marco del proceso disciplinario 11001-11-02-000-2019-
00585-01, seguido contra el señor Héctor Marcial Quiñones Quijano.
49. Respecto a los demás reparos formulados en la demanda de tutela, la Sala estima
que el proceso disciplinario es el escenario idóneo para analizar no solo la legalidad
de la actuación judicial, sino también las eventuales deficiencias que, según el actor,
recaen en la sanción que le fue impuesta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
15 ARTÍCULO 112. FUNCIONES DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura: (...) PARÁGRAFO 1o. Las sentencias u otras providencias que pongan fin
de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los Consejos
Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas cuando fueren
desfavorables a los procesados.” (Subrayado fuera de texto)
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00422-01
Accionante: Héctor Marcial Quiñones Quijano
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de marzo de 2024, proferida por la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Héctor
Marcial Quiñones Quijano.
TERCERO: dejar sin efectos la providencia del 22 de noviembre de 2023, proferida
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que, en el término de treinta
(30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, dicte una
nueva decisión que acoja las bases procesales sobre la admisibilidad del grado
jurisdiccional de consulta, fijadas en el presente proveído.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
QUINTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.
VF
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