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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00440-00

Fecha
14 de marzo de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00440-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX y por la Corte Constitucional. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por el señor Sebastián Gallego Ramírez. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00440-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

14 de marzo de 2024

Demandante: Sebastián Gallego Ramírez
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00440-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00440-00
Demandante: SEBASTIÁN GALLEGO RAMÍREZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial - improcedencia por tratarse de
fallo de la misma naturaleza - falta de relevancia constitucional -
subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Sebastián Gallego Ramírez, en nombre propio, radicó acción de tutela con
el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales, los cuales consideró
transgredidos con las decisiones adoptadas por el Juzgado 25 Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el trámite
de la acción de tutela 05001-33-33-025-2023-00359 y por el Juzgado Primero de
Ejecución Civil Municipal de Medellín en el incidente de desacato 05001-43-03-001-
2019-00350-00.

Igualmente, el actor reprochó el actuar del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (en adelante
ICETEX) ante la negativa de financiamiento de la carrera que cursa en la
Universidad CES.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

1. Revisión de los fallos de tutela y pronunciarse al respecto sobre los hechos, por la
omisión del derecho peticionado, La Educación, teniendo en cuenta que el
demandado, ICETEX, no está amparado, ni vinculado directamente en la sentencia
T-235.22 como lo expresa el juzgado primero, y en consecuencia contradicen por
completo al juzgado 25 administrativo y al Tribunal Administrativo en sus fallos que
declaran que este derecho ya se encuentra amparado bajo la sentencia de la Corte
Constitucional.

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2. Solicitar al ICETEX, el financiamiento de la carrera, en base a lo establecido en la
sentencia T-235.221.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que
se adoptará en esta sentencia:

1.3.1. Acción de tutela 05001-43-03-001-2019-00350-00/01

El 1.° de noviembre de 2019, el señor Sebastián Gallego Ramírez radicó una acción
de tutela que correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias de Medellín, bajo el radicado 05001-43-03-001-2019-
00350-00. En ella solicitó que «Se ordene a la Universidad Ces por intermedio de
su Señor Rector o por quien corresponda, reintegrarme a la Universidad al programa
de Química Farmacéutica».

Mediante sentencia de 18 de noviembre de 2019, el Juzgado Primero Civil Municipal
de Ejecución de Sentencias de Medellín negó el amparo constitucional deprecado
por el actor. Esta decisión fue impugnada y el trámite de la segunda instancia fue
asumida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito Judicial de Medellín, autoridad
judicial que en providencia de 16 de enero de 2020 resolvió confirmar el fallo
recurrido.

Este proceso fue seleccionado para revisión por la Corte Constitucional, corporación
que en la sentencia T-235 de 2022 resolvió revocar la sentencia de 16 de enero de
2020, proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito Judicial de Medellín. En su
lugar, tuteló el derecho fundamental a la educación de Sebastián Gallego Ramírez
y dispuso:

TERCERO. ORDENAR a la Universidad CES que autorice el reingreso de Sebastián
Gallego Ramírez al programa de Química Farmacéutica que cursaba en esa
institución de educación superior. Para el efecto, de manera previa, la Universidad
CES deberá iniciar un proceso de diálogo con el fin de determinar: (i) el interés actual
de Sebastián Gallego Ramírez en reingresar a dicho programa académico; (ii) el
estado de salud actual del accionante; (iii) los ajustes razonables que, de conformidad
con la normativa y los lineamientos de política pública referidos en el apartado
número 5 de las consideraciones de esta sentencia, debe implementar la universidad
para garantizar el acceso y la permanencia de Sebastián Gallego Ramírez en dicho
programa académico, teniendo en cuenta su condición de discapacidad, y (iv) la
financiación de los estudios de educación superior de Sebastián Gallego Ramírez
como beneficiario del programa Ser Pilo Paga, de acuerdo con las consideraciones
de esta sentencia.

CUARTO. ORDENAR que la Universidad CES convoque al proceso de diálogo al
que se refiere el resolutivo tercero de esta sentencia a Sebastián Gallego Ramírez,
al Ministerio de Educación Nacional y al Icetex. La Universidad CES deberá iniciar
este proceso de diálogo con las personas e instituciones mencionadas, a más tardar,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta sentencia. Una vez
iniciado dicho proceso de diálogo, de acreditarse el interés de Sebastián Gallego
Ramírez en reingresar al programa de Química Farmacéutica, las partes

1 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

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involucradas deberán definir, en un término no mayor a treinta (30) días, (i) los ajustes
razonables que implementará la Universidad CES para garantizar el acceso y la
permanencia de Sebastián Gallego Ramírez en dicho programa académico, en su
calidad de persona en condición de discapacidad, y (ii) la financiación de los estudios
de educación superior de Sebastián Gallego Ramírez como beneficiario del programa
Ser Pilo Paga, de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia.

QUINTO. ORDENAR que la Universidad CES remita al Juzgado Primero de
Ejecución Civil Municipal de Medellín un informe de la implementación de las
medidas adoptadas en cumplimiento de esta sentencia, dentro de los tres (3) meses
siguientes a su notificación, para lo de su competencia.

El 28 de noviembre de 2022, el accionante solicitó la apertura del respectivo
incidente de desacato ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Medellín, autoridad judicial que mediante auto de 9 de diciembre de
2022 resolvió cerrar el trámite incidental en contra del rector de la Universidad CES,
al encontrar que la autoridad accionada: (i) autorizó el reintegro del tutelante al
programa de Química Farmacéutica, (i) le brindó la información suficiente para el
acompañamiento por parte de Bienestar Institucional y de la IPS CES Sabaneta, (iii)
adelantó los diálogos pertinentes con el ICETEX para el sostenimiento económico
en el programa que cursa, «sin que mediara solución por parte de dicha entidad»,
e (iv) inició el proceso de matrícula para el 23 de enero de 2023.

En cuanto a los reproches formulados contra el ICETEX, explicó lo que se transcribe
a continuación:

Ahora bien, observa este Despacho que respecto a la financiación de los estudios de
educación superior del señor SEBASTIAN, pese a que la Universidad accionada
adelantó los diálogos pertinentes con el ICETEX, en relación a los giros pendientes
y aunque el Despacho ordenó oficiarles con el fin de obtener información sobre los
mismos. Lo cierto es, que continua sin esclarecerse la situación financiera del
accionante respecto a la reactivación del programa “ser pilo paga”, teniendo en
cuenta, que la “Junta Directiva” a la que hace alusión dicha entidad (ICETEX)
continua sin reunirse.

No obstante lo anterior, no puede endilgarse a la UNIVERSIDAD CES, ni mucho
menos a este Despacho, por cuanto es un hecho nuevo y sobreviniente que
sobrepasa la orbita del presente incidente de desacato, en tanto que, la entidad
accionada realizó las gestiones que estuvieron a su alcance para cumplir con lo
ordenado, además que, en la sentencia de tutela no media orden que deba ser
cumplida por parte del ICETEX.

Posteriormente, ante una segunda solicitud de incidente de desacato, el Juzgado
Primero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín expidió el auto de
26 de septiembre de 2023 en el que se abstuvo de imponer sanción al rector de la
Universidad CES, al considerar que para esa fecha el actor se encontraba
estudiando en la institución educativa y que se le ofreció un plan de financiamiento
que debía asumir con recursos propios, comoquiera que «ya se agotaron los
recursos al que pertenece el accionante de SER PILO PAGA».

1.3.2. Acción de tutela 05001-33-33-025-2023-00359-00/01

El actor interpuso otra acción de tutela, esta vez contra el ICETEX, con el fin de que
se le brindara una alternativa a la línea de créditos condonables para financiar sus

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estudios en Química Farmacéutica en la Universidad CES, dada su calidad de
persona en condición de discapacidad, y para que no se le otorgaran los giros de la
matricula por semestre, sino por créditos. Ello, de conformidad con lo ordenado en
la sentencia T-235 de 2022 de la Corte Constitucional.

El trámite del proceso le correspondió por reparto al Juzgado 25 Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, bajo el radicado 05001-33-33-025-2023-00359-00.
Así, mediante sentencia de 11 de septiembre de 2023, la mencionada autoridad
judicial resolvió lo siguiente:

DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del amparo constitucional solicitado por el señor
SEBASTIÁN GALLEGO RAMÍREZ, dado que el asunto objeto de la presente acción
fue resuelto de manera previa por la Corte Constitucional en sentencia de revisión de
tutela T-235 de 2022 del 29 de junio de 2022.

Segundo. TUTELAR la garantía fundamental de petición prevista en el artículo 23
de la Constitución Política a favor del señor SEBASTIÁN GALLEGO RAMÍREZ.

Tercero. ORDENAR en consecuencia al Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX,
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación
de la presente providencia dé respuesta de fondo y de manera congruente con lo
solicitado a la petición formulada por la parte actora el 18 de agosto de 2023, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Lo anterior, al considerar que en la sentencia T-235 de 2022, la Corte Constitucional
dispuso directamente lo pretendido por el tutelante, esto es, adoptar medidas
encaminadas a garantizar el acceso y permanencia del actor en el programa
académico de Química Farmacéutica en la Universidad CES, entre otras, a través
de la financiación de los estudios de educación superior como beneficiario del
programa Ser Pilo Paga.

En consecuencia, le explicó al demandante que debía acudir al incidente de
desacato dentro del proceso 2019-00359, ante el Juzgado Primero de Ejecución
Civil Municipal de Medellín, por ser el juzgado de primera instancia.

Contra esta decisión se interpuso la respectiva impugnación que fue asumida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, corporación que en sentencia de 6 de octubre
de 2023 confirmó la decisión del a quo, al señalar que «la tutela se torna
improcedente como quiera que la solicitud de protección se encuentra amparada
previamente por el fallo proferido por la Corte Constitucional en sentencia de
revisión».

El accionante solicitó en dos ocasiones la apertura del trámite incidental ante el
presunto incumplimiento de los fallos de tutela. No obstante, mediante autos de 12
y 18 de septiembre de 2023, el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín se abstuvo de iniciar el incidente, comoquiera que no se había cumplido el
término de las 48 horas otorgadas para dar respuesta al accionante.

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Mediante auto de 18 de diciembre de 20232, la Sala de Selección de Tutelas Doce
de la Corte Constitucional seleccionó para revisión el expediente T-9.821.040, que
corresponde3 a la acción de tutela identificada con el radicado 05001-33-33-025-
2023-00359-00, tramitada por el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, con los siguientes criterios de
selección:

Objetivos: asunto novedoso y necesidad de pronunciarse sobre una determinada
línea jurisprudencial.

Subjetivo: necesidad de materializar un enfoque diferencial.

Finalmente, a través del auto de 12 de febrero de 2024, el magistrado sustanciador
de la Corte Constitucional, doctor Antonio José Lizarazo Ocampo, «[e]n atención a
las particularidades del caso y a la estrecha relación entre la Sentencia T-235 de
2022» resolvió vincular a terceros con interés en el asunto, requerir informes y
ordenar la práctica de pruebas.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El señor Sebastián Gallego Ramírez, en su escrito inicial, indicó lo que se transcribe
a continuación:

Amablemente me comunico con el Consejo de Estado para solicitar, como máximo
órgano jurisdiccional, el fallo de una tutela en los tribunales administrativos, los cuales
no dieron una solución al problema jurídico interpuesto. En los fallos de tutela, fallan
que el derecho peticionado ya está amparado por la sentencia de la Corte
Constitucional T-235-22, sin embargo, a la entidad demandada no la vinculan dentro
del fallo de la Corte, por lo que no quiere cumplir con lo demandado, y fue razón por
la cual se interpuso la acción de tutela. En el juzgado que lleva la sentencia de la
Corte Constitucional, también explican en un memorial que no se pueden interponer
desacatos ante el Icetex al no estar vinculado. Por tal motivo requiero de su
colaboración en este trámite judicial. Anexo sentencia de primera instancia de la
tutela contra el icetex, sentencia de segunda instancia, sentencia de la Corte
Constitucional y memorial del juzgado que lleva el proceso de la Corte donde expone
que el icetex no está vinculado.

Igualmente, ante el requerimiento realizado mediante el auto de 2 de febrero de
2024, el actor, entre otras cosas, manifestó que las acciones u omisiones que
reprochaba a través de esta acción constitucional eran las siguientes:

El Tribunal Administrativo de Antioquia al omitir lo proferido por el Juzgado Primero
donde aclara que el ICETEX no esta vinculado a la sentencia de la H. Corte
Constitucional T-235.22 y fallar improcedente el amparo constitucional y confirmar lo
estipulado por el juzgado 25 administrativo de Medellín.

2 Consulta realizada en la página web https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/
3 Consulta realizada en el enlace
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_codigo&date3
=2019-01-01&date4=2024-03-
07&radi=Radicados&palabra=T9821040&radi=radicados&todos=%25

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1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 2 de febrero de 2024, el despacho requirió al señor Gallego
Ramírez, so pena de rechazo, para que corrigiera su solicitud informando de manera
clara y congruente quién o quiénes eran las entidades accionadas, cuáles eran los
hechos u omisiones que les atribuía, qué justificaba la presente acción de tutela, así
como las respectivas pretensiones de amparo.

Lo anterior, comoquiera que no se evidenciaba una secuencia lógica en el relato del
actor que permitiera identificar cuál era la situación puntual y actual que suscitaba
la petición de amparo constitucional, en especial, porque la exposición de los
hechos era incompleta.

Luego, en providencia de 19 de febrero de 2024, el magistrado ponente admitió la
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, el Juzgado 25
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, el Juzgado Primero de Ejecución
Civil Municipal de Medellín y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX, como autoridades
accionadas.

Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de
1991, vinculó como terceros con interés al Juzgado Noveno del Circuito de Oralidad
de Medellín, a la Universidad CES, al Ministerio de Educación Nacional y a la Corte
Constitucional.

Finalmente, requirió a las Secretarías del Tribunal Administrativo de Antioquia y del
Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín para que, quien lo
tuviera, remitiera de manera inmediata copia digital del expediente que contiene la
acción de tutela identificada con el número de radicado 05001-33-33-025-2023-
00359. Así mismo, al Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal de Medellín le
pidió el expediente que contiene el incidente de desacato 05001-43-03-001-2019-
00350-00.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia

Allegó el enlace de consulta del expediente identificado con el radicado 05001-33-
33-025-2023-00359.

1.6.2. Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín

Adjuntó el enlace de consulta del incidente de desacato con el radicado 05001-43-
03-001-2019-00350-00.

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1.6.3. Juzgado Noveno Civil del Circuito Judicial de Medellín

La titular del despacho judicial solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales del actor.
Al respecto, precisó:

En atención a la acción de tutela de la referencia, admitida el pasado 19 de febrero y
notificada el jueves 22 siguiente, considera este Despacho que no ha emprendido
conductas que conlleven vulneración de derechos fundamentales al accionante, dado
que, el fallo que en segunda instancia emitió este Despacho el 16 de enero de 2020,
dentro de la acción constitucional con radicado 050014303001201900350-01, que
formuló el aquí accionante en contra de la Universidad CES, fue revocado por la
Corte Constitucional en sede de revisión, a través de la sentencia T-235 de 2022 y,
en su lugar, tuteló el derecho fundamental a la educación del promotor de resguardo.
A la fecha no se ha conocido (actuaciones posteriores) incidentes en consulta, que
deban ser revisados por esta célula judicial.

1.6.4. Corte Constitucional

El presidente de la corporación solicitó desvincular a la Corte Constitucional de la
acción de tutela, por no ser la llamada a responder por las vulneraciones o
amenazas alegadas por el señor Sebastián Gallego Ramírez.

Sobre los hechos del proceso, explicó que el accionante presentó una acción de
tutela contra el ICETEX con el fin de obtener el financiamiento de su carrera
profesional, a la cual le correspondió el radicado 05001-33-33-025-2023-00359-00.

Indicó que el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín profirió
sentencia de primera instancia el 11 de septiembre de 2023, a través de la cual
declaró improcedente el amparo, por considerar que la pretensión del accionante
se resolvió en la sentencia T-235 de 2022. Esta decisión fue confirmada el 6 de
octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Comentó que tal expediente fue seleccionado mediante el auto de 18 de noviembre
de 2023, por la Sala Doce de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional y que
este se repartió al despacho del magistrado Antonio José Lizarazo, autoridad judicial
que el 12 de febrero de 2024, profirió un auto de pruebas y vinculación dentro del
proceso.

Explicó que, en principio, el proceso deberá ser decidido por la Corte antes del 2 de
mayo de 2024, sin embargo, puso de presente que la presente acción de tutela es
improcedente, porque «i) se trata de una acción de tutela contra acción de tutela
que no cumple con los presupuestos excepcionales para validar su procedencia y
ii) porque las decisiones que el accionante pretende se dejen sin efecto en la
actualidad son objeto de revisión por la Corte Constitucional».

Por último, consideró que los señalados de causar las conductas vulneradoras son
el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 25 Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín.

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1.6.5. Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín

La titular del despacho explicó que le correspondió por reparto una acción de tutela
interpuesta por el señor Sebastián Gallego Ramírez, en la cual se dieron los
siguientes supuestos:

• Que actor reingresó a la Universidad CES en el periodo 2023-01, conforme
a la orden dada en la Sentencia T-235 de 2022 de la Corte Constitucional,
pero que al quedarse sin los giros otorgado por el programa Ser Pilo Paga,
le solicitó a la entidad que le aplicara una alternativa adecuada a sus
condiciones especiales. No obstante, tal petición fue denegada.

• Que, con fundamento en lo anterior, el tutelante solicitó que «1) se le brindara
la alternativa de Línea Especial de Créditos Condonables para Personas en
Condición de Discapacidad. 2) que no se limitara ni condicionara para la
permanencia en la modalidad del crédito, teniendo en cuenta la sentencia
emitida por la Corte Constitucional. 3) Se le garantizara permanencia y
estabilidad en sus estudios. 4) y finalmente que los giros de matrícula no se
realizaran por semestre sino por la cantidad de créditos o materias
efectivamente matriculadas, ya que por su condición de discapacidad no le
es posible inscribir un semestre convencional».

• Que lo pretendido por el accionante en la acción de tutela que conoció su
despacho era que se le otorgara el subsidio del programa Ser Pilo Paga, el
cual fue abordado en la sentencia de revisión de la Corte Constitucional, que
determinó que la Universidad CES debía adoptar medidas encaminadas a
garantizar el acceso y permanencia del tutelante en el programa académico
de Química Farmacéutica.

• Que en la sentencia de tutela de primera instancia de 11 de septiembre de
2023 están todos los argumentos de hecho y de derecho que sustentan la
posición del juzgado, los cuales fueron confirmados en segundo grado por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la sentencia de 6 de octubre
de 2023.

En consecuencia, consideró que los derechos invocados por el actor se encuentran
protegidos por la sentencia de revisión proferida por la Corte Constitucional y que,
por lo tanto, la acción de tutela no debe ser instituida como tercera instancia o como
una herramienta para modificar decisiones judiciales que hicieron tránsito a cosa
juzgada.

1.6.6. Sebastián Gallego Ramírez

El actor aportó unos documentos4 que se encuentran visibles en el folio 28 de
Samai.

4 Entre ellos, allegó el auto de 12 de febrero de 2024, dictado por la Corte Constitucional en el trámite

de revisión del expediente T-9.821.040, el oficio de 26 de febrero de 2024, que comunica a las partes
el contenido del auto de 12 de febrero de 2024 y las pruebas que han sido allegadas por las partes
al trámite de revisión del mencionado expediente.

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1.6.7. Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior Mariano Ospina Pérez - ICETEX

El apoderado de la entidad pidió que se deniegue el amparo solicitado por el actor
y que se ordené la desvinculación de la entidad que representa del presente trámite
constitucional.

En primer lugar, hizo el siguiente recuento cronológico sobre las acciones de tutela
interpuestas por el señor Sebastián Gallego Ramírez:

• Que el accionante interpuso la primera acción que le correspondió el radicado
2019-00350, la cual fue seleccionada por la Corte Constitucional para
revisión, trámite que culminó con la sentencia T-235 de 2022.

• Que se solicitó el respectivo trámite incidental ante el Juzgado 1.° Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín, autoridad judicial que en
auto de 26 de septiembre de 2023 resolvió abstenerse de interponer sanción
al rector de la Universidad CES y determinar que el ICETEX no tenía
competencia para dar cumplimiento a las decisiones de la Corte
Constitucional.
• Que en agosto de 2023, el señor Gallego Ramírez presentó una segunda
acción constitucional que correspondió por reparto al Juzgado 25
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín bajo el radicado 2023-00359.

• Que en sentencia de primera instancia el mencionado juzgado amparó el
derecho fundamental del accionante y le ordenó al ICETEX que diera una
respuesta de fondo y congruente con lo solicitado a la petición formulada el
18 de agosto de 2023. Esta decisión fue confirmada por la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, el 6 de octubre de 2023.

• Que en la actualidad la acción de tutela 2023-00359 fue seleccionada para
revisión por la Corte Constitucional y se encuentra pendiente de la decisión
definitiva que adopte dicha corporación.

Consideró que el ICETEX no tiene competencia para modificar las decisiones
adoptadas por los órganos judiciales que hoy reprocha la parte accionante, máxime
cuando a la fecha están siendo analizadas por la Corte Constitucional en sede de
revisión, lo cual conlleva a que este trámite deba ser declarado improcedente.

Sobre el estado del actor en el programa Ser Pilo Paga, informó que «[e]l joven
SEBASTIAN GALLEGO RAMIREZ, identificado con documento de identidad
1152215053, se encuentra APROBADO SUJETO VERIFICACION REQUISITOS
desde el día 19 de enero de 2015 y LEGALIZADO IES el día 21 de enero 2015, con
estado actual para el periodo 2024-1 RETIRO DEL CREDITO POR TERMINACION
DE MATERIAS» y que «se le han realizado 10 desembolsos por concepto de
matrícula […] Y, 10 desembolsos por concepto de sostenimiento».

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00440-00

Además, explicó que la financiación del crédito condonable por parte del Ministerio
de Educación Nacional se garantiza por un tiempo equivalente al número de
periodos del programa académico en el cual el estudiante haya sido legalizado. Por
lo tanto, en el caso concreto, expuso que al garantizarse la financiación del número
de periodos del programa al cual Sebastián Gallego Ramírez legalizó su beneficio,
es decir 10 semestres, el ICETEX lo ingresó en el estado de retiro por terminación
de materias.

Por último, puso de presente lo siguiente:

Teniendo en cuenta las condiciones del caso puesto en consideración, el ICETEX, a
pesar de haber garantizado la financiación del número de períodos del programa
académico en el cual se encuentra inscrito en la universidad el joven SEBASTIAN
GALLEGO RAMIREZ, procederá a convocar a Comité Técnico de Ser Pilo Paga para
el día 29 de febrero de 2024, a fin de presentar nuevamente la orden emitida por la
Corte Constitucional en Sentencia T–235-22 para que esta instancia evalué la
posibilidad de contar con los recursos que permitan garantizar la terminación de los
estudios del accionante, entendiendo que el fondo no va abrir más convocatorias y
que esta solicitud está por fuera de lo establecido por el Reglamento Operativo.

1.6.8. Ministerio de Educación Nacional

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica pidió que se declare improcedente la acción
de tutela.

En relación con los hechos de la demanda, informó que Sebastián Gallego Ramírez
fue legalizado en el programa Ser Pilo Paga desde el 21 de enero de 2015, se le
aprobaron y adjudicaron 10 periodos académicos y que a la fecha tiene estado de
retiro por terminación de materias.

De otro lado, consideró que la acción de tutela no tiene la relevancia constitucional
requerida para la intervención del juez constitucional, dado que solo menciona la
vulneración de sus derechos fundamentales, pero no asume una carga
argumentativa mayor que demuestre la amenaza de sus garantías.

Puso de presente que el actor no probó si existe la eventual transgresión de sus
derechos con la expedición de la providencia expedida por el juez natural de la
causa, cuando tenía la carga de hacerlo, por lo cual la acción de tutela se torna
improcedente.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Sebastián Gallego Ramírez, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.

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2.2. Cuestión previa

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
Mariano Ospina Pérez – ICETEX y la Corte Constitucional solicitaron que se les
desvinculara de la presente acción constitucional al considerar que carecen de
legitimación en la causa por pasiva.

Estas peticiones serán denegadas, toda vez que el accionante reprochó el actuar
del ICETEX ante la negativa en acceder a una solicitud de financiamiento de la
carrera que cursa en la Universidad CES, por lo que de superarse los requisitos de
procedencia de la acción de tutela sería necesario que se estudiara la presunta
vulneración de sus garantías constitucionales ante el accionar de esta entidad. En
cuanto a la Corte Constitucional, la sala también encuentra necesaria su
vinculación, toda vez que en la actualidad está tramitando la revisión de unas
sentencias que el actor está reprochando a través de este mecanismo de amparo.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a esta sección determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por el accionante por parte
del Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y del Tribunal
Administrativo de Antioquia en el trámite de la acción de tutela 05001-33-33-025-
2023-00359 y por el Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal de Medellín en
el incidente de desacato 05001-43-03-001-2019-00350-00. Igualmente, ante el
actuar del ICETEX por la solicitud de financiamiento de la carrera que elevó el
tutelante.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el incidente de
desacato; (iii) estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad de la acción de
tutela de la referencia, y de encontrarlos superados, (iv) el análisis del caso
concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.

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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato9

Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de desacato
corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las decisiones que
se adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción de tutela, cuando se
pretenda obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la
siguiente manera:

[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en
el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte
ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre
verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que,
por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que
pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela debe tenerse presente que
durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio
decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que
sirve como fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de
una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en
todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin
consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un
asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada […]10.

De manera que, el desacato es incidental por ser un instrumento sancionatorio de
creación legal, cuyo procedimiento se surte previa petición de la parte interesada y
requiere un análisis de la responsabilidad subjetiva.

Es así como, mientras el cumplimiento implica un análisis objetivo, el incidente de
desacato va más allá y estudia la responsabilidad subjetiva del funcionario
encargado de cumplir el fallo, esto es, las razones que lo llevan a omitir el deber de
atender la orden judicial.

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Ver postura de la Sala en la providencia de 24 de septiembre de 2020, expediente No. 11001-03-

15-000-2020-03234-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
10 Corte Constitucional, sentencia T - 482 de 2013.

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En todo caso, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro de un
trámite incidental por no acatar una orden judicial es una violación sistemática de la
Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales del
Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez constitucional
es hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección.

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que «[…] [e]s el desacato un ejercicio
del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel
es una responsabilidad subjetiva […]»11 en tal sentido, se prohíbe la responsabilidad
objetiva, en tanto que para sancionar por el incumplimiento de una orden judicial es
necesario que esta sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o
culposamente del agente.

La mencionada Corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo siguiente:

[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser
coherentes con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las pruebas
que pretenda hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa
incidental porque de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que ésta no
puede ser utilizada como un remedio procesal ante la desidia o negligencia del
interesado […]12.

El parámetro que se debe tener en cuenta para sancionar, lo establece la orden
impartida, esto es, debe existir certeza acerca de la conducta esperada y la forma
específica en que esta debe materializarse y esa orden es la que el juez debe
verificar de manera rigurosa.

Por tanto, durante el trámite incidental de desacato debe garantizarse al funcionario
el derecho al debido proceso en todas las actuaciones, por lo que de advertirse una
conducta positiva por parte del mismo, de la cual pueda inferirse que ha obrado de
buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la orden judicial, no hay lugar
a la imposición de sanciones13.

Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una tutela
contra providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato se encuentra
limitado a establecer:

i) Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo proferida,

ii) si se respetó el debido proceso de las partes y,

11 Sentencia T-763 de 1998.
12 Sentencia T-343 de 5 de mayo de 2011.
13 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-939 de 2005 ha considerado: «…Conforme a

la naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de éste debe estar soportada
por la garantía del debido proceso respecto de cada uno de los disciplinados y precedida por la
comprobación probatoria de cada uno de sus elementos, es decir, el incumplimiento de la orden y la
responsabilidad subjetiva de cada uno de sus destinatarios. De no reunirse cualquiera de los
presupuestos mencionados, conforme al reglamento que rige la acción de tutela y la jurisprudencia
de esta Corporación, no será posible impartir sanción alguna, pero si ello llegare a ocurrir, procederá
el examen de las decisiones a partir de los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales».

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iii) si la sanción impuesta, de ser el caso, resulta arbitraria, sin que con ello se
pueda reabrir el debate de fondo ni cambiar la protección concedida o el alcance y
contenido de aquella.

2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Agotamiento de todos los medios de defensa judicial

En el presente caso, pese a que el escrito de tutela del actor era confuso, el
despacho sustanciador resolvió admitir la acción con el fin de dar efectividad a los
principios que rigen este trámite, entre otros, el de prevalencia del derecho
sustancial y el de celeridad.

En su demanda, el señor Sebastián Gallego Ramírez únicamente realizó un
recuento sobre los hechos relacionados con los trámites de las acciones de tutela
05001-33-33-025-2023-00359 y 05001-43-03-001-2019-00350-00 y señaló que en
estos procesos no se le otorgó una solución a su problema, pues únicamente se
limitaron a afirmar que en la sentencia T-235 de 2022 su derecho fue amparado,
pero que al iniciar el trámite incidental se niegan a vincular al ICETEX por no ser
parte en el proceso.

Por lo tanto, en aplicación de los poderes interpretativos de que goza el juez
constitucional, en el auto admisorio el despacho sustanciador entendió que lo
pretendido por el actor era la revisión de las decisiones adoptadas por el Juzgado
25 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en el trámite de la acción de tutela 05001-33-33-025-2023-00359 y por el
Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal de Medellín en el incidente de
desacato 05001-43-03-001-2019-00350-00; así como el financiamiento por parte
del ICETEX de la carrera que cursa el actor en la Universidad CES.

Al respecto, es importante poner de presente que en la actualidad la Corte
Constitucional se encuentra estudiando la acción de tutela 05001-33-33-025-2023-
00359-00/01 que presentó el accionante contra el ICETEX.

Recuérdese que a través de esa acción constitucional se cuestionó «la presunta
vulneración del derecho a la educación de una persona en situación de
discapacidad. Esto, debido a la negativa del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - ICETEX- de
otorgar alternativas de financiación que le permitan su continuidad y permanencia
en el programa de Química Farmacéutica que cursa en la Universidad CES desde
el año 2015, y que es financiado bajo la modalidad de crédito educativo en el
programa Ser Pilo Paga»14.

14 Ver auto de 12 de febrero de 2024, de la Corte Constitucional en el trámite del expediente T-

9.821.040.

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De igual forma, se advierte que en ese expediente dicha corporación solicitó al
Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín que
remitiera las solicitudes de incidente de desacato, las decisiones adoptadas frente
a dichas solicitudes y los informes de cumplimiento de la sentencia T-235 de 2022,
dada la estrecha relación con ese trámite constitucional.

En consecuencia, se considera que en este caso no se encuentra superado el
requisito de agotamiento de todos los medios de defensa judicial, comoquiera que
la sala entiende que los derechos del actor se encuentran garantizados por la
revisión que está efectuando la Corte Constitucional, con fundamento en numeral
9.° del artículo 241 de la Constitución Política, dado que allí no solo se están
analizando las providencias dictadas en el proceso 05001-33-33-025-2023-00359-
00/01, sino que también se solicitaron los trámites incidentales adelantados en el
expediente 05001-43-03-001-2019-00350-00 por el Juzgado Primero de Ejecución
Civil Municipal de Medellín.

2.6.2. Mecanismo constitucional contra sentencia de tutela

De igual manera, la sala encuentra que en el presente caso la solicitud de amparo
tampoco cumple con el requisito de procedibilidad adjetiva consistente en que «no
se trate de tutela contra decisión de tutela».

Ello, en atención a que la parte actora busca a través de la presente acción
constitucional que se examine el contenido de las decisiones adoptadas por el
Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en las providencias aceptadas en el trámite de la acción
de tutela 05001-33-33-025-2023-00359-00/01.

Sobre el punto, debe recordarse que la acción de tutela no es procedente para
controvertir decisiones adoptadas por un juez de tutela, «por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de
manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a
un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva,
se tornan definitivas»15.

En este orden de ideas, la sala recuerda que es inaceptable que las decisiones del
juez de tutela puedan discutirse a través de otra acción de la misma naturaleza,
pues con ello se afectarían los principios de seguridad y coherencia del
ordenamiento jurídico.

Así, teniendo en cuenta que los argumentos planteados por la actora en su líbelo
no coinciden con alguno de los supuestos previstos por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-627 de 201516, según la cual, la solicitud de amparo constitucional
es procedente de manera excepcionalísima cuando se ataca una sentencia de tutela
solo en los siguientes casos:

15 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.

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Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República
[diferente a la Corte Constitucional] la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales,
(i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

Atendiendo a que no se presentan de manera concomitante las anteriores
situaciones que permita el estudio de fondo del amparo deprecado, la sala declarará
improcedente la presenta acción de tutela por no superar el requisito adjetivo
consistente en «que no se trate de tutela contra decisión de tutela».

Ello, aunado al hecho puesto en conocimiento en líneas previas, consistente en que
la Corte Constitucional en la actualidad se encuentra revisando la reprochada acción
de tutela 05001-33-33-025-2023-00359-00/01.

2.7. Subsidiariedad

Finalmente, el actor solicitó que se le ordene al ICETEX el financiamiento de la
carrera que cursa en la Universidad CES, con base en lo establecido en la sentencia
T-235.22.

Al respecto, es importante reiterar que esta pretensión ya fue elevada en la acción
de tutela 05001-33-33-025-2023-00359-00/01, que conoció el Juzgado 25
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, y que a la fecha está estudiando la Corte Constitucional, circunstancia
que torna improcedente el estudio de fondo de esta petición, comoquiera que el
actor tiene en este momento un medio de defensa judicial idóneo para reprochar el
actuar del ICETEX, como lo es, el proceso de revisión que a la fecha se encuentra
en etapa de pruebas.

En consecuencia, la sala declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto
de esta solicitud, por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad.

2.8. Conclusión

En atención a los argumentos expuestos, resulta evidente que en el asunto
analizado no es factible la mediación del juez constitucional, por tanto, habrá de
declararse la improcedencia del trámite de la referencia por no cumplirse con los
requisitos de agotamiento de todos los medios de defensa judicial y que «no se trate
de tutela contra decisión de tutela», por los argumentos expuestos en este proveído.
Así mismo, por el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad de cara a la
pretensión tendiente a que se le ordene al ICETEX el financiamiento de la carrera
que cursa el actor en la Universidad CES.

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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina
Pérez – ICETEX y por la Corte Constitucional.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por el
señor Sebastián Gallego Ramírez.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link hhttps://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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