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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00442-00

Fecha
17 de julio de 2024
Consejero ponente
Conjuez María Teresa Palacio Jaramillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00442-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. Rechazar por improcedente la tutela formulada por el Señor Christian Camilo Carvajalino. SEGUNDO. Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo prevé el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada, envíese al día siguiente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00442-00

Consejero ponente: Conjuez María Teresa Palacio Jaramillo

17 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SALA DE CONJUECES

CONSEJERO PONENTE: MARÍA TERESA PALACIO JARAMILLO

Bogotá, D.C., 17 de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001- 03- 15000- 2024- 00442- 00
Accionante: CHRISTIAN CAMILO CARVAJALINO DE LEÓN
Accionados: SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO y la SALA
DIECIOCHO ESPECIAL DE DECISIÓN DE PERDIDA
DE INVESTIDURA
Asunto: Sentencia Tutela

Procede la Sala de Conjueces1 a resolver la acción de tutela instaurada por el señor
Christian Camilo Carvajalino en contra de la Sala 18 Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura y la Sala Plena del Consejo de Estado.

I. SOLICITUD

El señor Christian Camilo Carvajalino solicitó el amparo de su derecho fundamental
al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 28 de abril de
2022, proferida por la Sala 18 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, y a
la sentencia del 18 de octubre de 2023, proferida por la Sala Plena del Consejo de
Estado.

II. HECHOS

1.- El 31 de enero de 2024, el señor Christian Camilo Carvajalino, actuando en
nombre propio, presentó acción de tutela en contra de la Sala 18 Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura y la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- El Accionante acude ante el juez de tutela solicitando el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso por considerar que el mismo fue “(…) conculcado

1
En atención a la manifestación de impedimento del 12 de febrero de 2024, se procedió al sorteo de
conjueces, diligencia realizada virtualmente el 19 de febrero de 2024. La ponencia le correspondió a la
Doctora María Teresa Palacio Jaramillo, acompañada de los doctores Daniel Posse Velásquez y Jesús
Marino Ospina Mena.

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por la SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO Y la SALA DIECIOCHO
ESPECIAL DE DECISIÓN DE PERDIDA DE INVESTIDURA, en los fallos de primera
y segunda instancia proferidos dentro del proceso de PERDIDA DE INVESTIDURA
presentado por el suscrito en contra del representante a las curules de paz
circunscripción- LUIS RAMIRO RICARDO BUELVAS radicado
11001031500020220292600.”.

3.- El señor Christian Camilo Carvajalino manifestó en su escrito de tutela que, tanto
la Sala 18 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura como la Sala Plena del
Consejo de Estado, vulneraron su derecho fundamental al debido proceso al
haberse abstenido de estudiar y decidir sobre las causales especiales de perdida
de investidura presentadas en su escrito. En efecto, el señor Carvajalino sustenta
la Acción Constitucional en los siguientes hechos:

“1. El 31 de mayo de 2022, radiqué solicitud de pérdida de investidura en
contra de LUIS RAMIRO RICARDO BUELVAS representante a la cámara por
CTREP-8, invocando la prohibición contenida en el paragrafo (SIC) cuarto del
artículo 5 transitorio del acto legislativo 02 de 2021 y el decreto 1207 de 2021,
textualmente así lo plasmé en la solicitud:

“(…) La causal invocada para la configuración de la pérdida de investidura es
la señalada en el acto legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, artículo 5
transitorio en su paragrafo (sic) 4 transitorio que reza: “(…) Parágrafo 4°. El
Gobierno nacional reglamentará las sanciones de quienes habiendo sido
elegidos en alguna de las circunscripciones transitorias ele (SIC) Paz no
cumplan con los requisitos y reglas establecidas en el presente acto legislativo.
Para la reglamentación de las sanciones, el Gobierno nacional deberá tener
en cuenta el inciso segundo del artículo 134 de la Constitución Política. (…)”

Y el artículo 14 del decreto 1207 del 5 de octubre de 2021 esto es: “(…)
Quienes sean elegidos como representantes a la cámara por una
Circunscripción Transitoria Especial de Paz sin el cumplimiento de los
requisitos y las reglas establecidas en el acto legislativo 02 de 2021 y en el
presente decreto (…)”

“2. El 15 de julio de 2022 el Magistrado Ponente Oswaldo Giraldo Resuelve
acumular otra solicitud de pérdida investidura radicada en contra el mismo
(SIC) representante, sin embargo, el señor TAFUR solicitante de la nueva

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acción, se ampara en una causal ORDINARIA y no ESPECIAL como invocaba
el suscrito, siendo por la naturaleza de las mismas dos causales totalmente
distintas.”

“3. Mediante sentencia de 28 de abril 2023 la accionada Sala de Decisión 18
del Consejo de Estado, profiere sentencia negando las pretensiones de mi
solicitud, argumentando por una parte que las causales de inhabilidad del
artículo 179 constitucional básicamente NO son requisitos para ser
representante a la Cámara, y que de los otros 3 hechos que se exponían como
constitutivos de la causal, solo el que hace alusión a la calidad de víctima era
susceptible de estudio para efectos de la investidura, pues los otros era (sic)
simples consignas de una resolución de la registraduría. En efecto así lo hizo,
solo estudió de fondo respecto a mi solicitud, lo atinente a la no acreditación
de dicha calidad, concluyendo básicamente que el certificado que emite la
UNIDAD DE VICTIMA es infalible, y constituye plena prueba para la CTREP,
ademas (SIC) la expresión “víctimas del conflicto armado” es intemporal, en
alguna interpretación siempre habrá víctimas del conflicto armado interno.”

“Así mismo la SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO mediante
providencia de 18 de octubre de la presente anualidad y en consecuencia del
recurso de apelación que presenté en contra la decisión antes referenciada,
confirmaron (sic) la decisión de primera instancia, igualmente se abstienen de
hacer un estudio jurídicamente formidable de los hechos que plasmé como
constitutivos de la causal, pues desafortunadamente para mí, la Corte
Constitucional mediante sentencia C-302 de 2023 declaró la inexequibilidad
del decreto 1207 de 2021, así que por más de la ya acostumbrada diligencia,
predisposición, y voluntad que tuviere esta Sala de proferir como órgano de
cierre de lo contencioso administrativo sendas Jurisprudencias, esta decisión
los deja de alguna forma de manos atadas, pues no podrían aplicar una norma
que salió del ordenamiento jurídico, por ello ¿para qué? hacer un estudio del
fondo del asunto.”

4.- Con fundamento en ello, sostuvo el accionante que las sentencias censuradas
incurrieron en un defecto procedimental absoluto, por cuanto las autoridades
judiciales, en primera instancia y segunda instancia, actuaron al margen del
procedimiento establecido en el artículo 3º de la Ley 1881, que señala:

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“ARTÍCULO 3o. La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura
dispondrá de un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados a partir
de la fecha de la presentación de la solicitud en la Secretaría General de la
Corporación, para dictar la sentencia de primera instancia. La Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo dispondrá de un plazo igual para decidir el
recurso de apelación.”

5.- Arguye el señor Christian Camilo Carvajalino que la solicitud de pérdida de
investidura iniciada por él, “(…) fue radicada el 30 de mayo de 2021, el fallo de
primera instancia se profiere el 28 de abril de 2022 y la segunda instancia el 18 de
octubre del mismo año, es decir 16 meses, despues (SIC) desde la presentación.”

6.- Por otra parte, estima el Accionante que la Sala 18 Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura incurrió en defecto factico y en desconocimiento del
precedente judicial al “(…) ampararse en el solo certificado, la mínima expedición
de este para concluir que se acredita la calidad exigida, además (SIC) de hablar de
un ofensivo cumplimiento material que contrasta con el tipo de registro que realiza
el congresista, a su vez el desconocimiento de toda la jurisprudencia que a reseñado
respecto a estos temas, alguna de las cuales he citado, amén de la violación directa
del acto legislativo que tiene sus ejes axiales en el acuerdo de la habana que
también hacer parte de nuestra constitución, y que ademas (SIC) de lo anterior, dejo
claro que el aspirante debía acreditarse como VICTIMA DEL CONFLICTO
INTERNO, que terminó en 2016, no tiene sentido ni lógico, ni legal ni Constitucional,
que luego que se termine un conflicto, naciendo compromisos en su consecuencia,
sigan denominándose o existiendo víctimas de la disputa que se le puso fin,
quedando plenamente demostrada una via (SIC) de hecho en contravía de la
Constitución por parte de la accionada.”

7.- Por último, el Señor Christian Camilo Carvajalino afirma que tanto la Sala 18
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura como la Sala Plena del Consejo de
Estado incurrieron en violación directa de la Constitución, al haberse rechazado el
estudio de la causal descrita en el numeral 3º del artículo 179 y en el artículo 183
de la Constitución Política de Colombia y al haberse aplicado de forma retroactiva
el fallo C-302 de 2023 que declaró la inexequibilidad del decreto 1207 de 2021.

III. PRETENSIONES

La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

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1. Que se conceda la tutela al derecho de DEBIDO PROCESO del señor
CRISTIAN CAMILO CARVAJALINO DE LEON, conculcado por la SALA
PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO Y la SALA DIECIOCHO ESPECIAL DE
DECISION DE PÉRIDA DE INVESTIDURA, en los fallos de primera y
segunda instancia proferidos dentro del proceso de PERDIDA DE
INVESTIDURA presentado por el suscrito en contra del representante a las
curules de paz.

2. Que en consecuencia de lo anterior se deje sin efectos la decisión de
segunda instancia proferida el 18 de octubre de 2023 por SALA PLENA DEL
CONSEJO DE ESTADO y el fallo de primera instancia de 28 de abril de 2023
proferido por la SALA DIECIOCHO ESPECIAL DE DECISION DE PÉRIDA
DE INVESTIDURA emitidos dentro del proceso de PERDIDA DE
INVESTIDURA presentado por el suscrito en contra del representante a las
curules de paz circunscripción-8 LUIS RAMIRO RICARDO BUELVAS
radicado 11001031500020220292600.

3. Que se ordene rehacer la actuación del del proceso de PERDIDA DE
INVESTIDURA presentado por el suscrito en contra del representante a las
curules de paz circunscripción-8 LUIS RAMIRO RICARDO BUELVAS
radicado 11001031500020220292600, desde la decisión de primera
instancia teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta decisión
de tutela.

IV. INTERVENCIONES

En el trámite de la tutela, se recibieron las siguientes intervenciones:

8. – El doctor Oswaldo Giraldo López, en su calidad de consejero ponente de la
Sala 18 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, presentó contestación a la
acción de tutela en los siguientes términos:

“(…) 3. Al respecto, de manera respetuosa solicito a su despacho, y por su
conducto a la Sala de Conjueces designada de la Sección Tercera de la
Corporación declarar improcedente la petición de amparo por no cumplir con los
requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, teniendo en cuenta lo
siguiente:

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(…)

3.2. En la sentencia proferida el 28 de abril de 20233 por la Sala Dieciocho
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura de esta Corporación, se denegó
la desinvestidura del Representante a la Cámara Luis Ramiro Ricardo Buelvas,
luego de examinar las pruebas aportadas por las partes, con fundamento en la
cuales se concluyó que las causales invocadas no estaban configuradas.

(…)

3.4. Frente al cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional
para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
resalta que, a partir de la sentencia C – 590 de 2005 este ha sido desarrollado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de
2019 se explicó que persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

(…)

Así mismo, en la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que
la tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a
la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128
de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos
de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial” (…)”. [Se destaca].

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En el presente caso, las inconformidades expuestas en el escrito de amparo
están encaminadas, por una parte, a controvertir la valoración que el juez
natural de la causa hizo sobre el acervo probatorio, porque el accionante alega
que la decisión de primera instancia “(…) [c]arece de soporte probatorio (…)”,
que no procedía “(…) decidir con base en el certificado de la unidad, un
documento que acredita todo lo contrario a lo que concluye sin soporte alguno
(…)”, y que no se valoró “(…) la expedición extemporánea del certificado de
existencia y representación de la asociación NARAR (sic) PARA VIVIR (…)”.

Por otra parte, el amparo se encaminó a cuestionar la interpretación que el juez
competente hizo respecto de las normas aplicables, ya que el actor sustenta su
inconformidad en “(…) la mala interpretación y aplicación del acto legislativo 02
de 2021 sino la del acuerdo de la habana mismo (…)”, y que el Acto Legislativo
02 de 2021 y el Decreto 1207 de 2021 “(…) en ningún momento excluyen del
término ‘requisito generales’ la inhabilidades descritas en el 179 constitucional,
que señalan quien NO puede ser congresista, contrario a lo que dice la Sala
(…)”; así mismo, manifestó que “(…) otro argumento que utilizó la Sala para
rechazar (…) fue la autonomía de la causal descrita en el numeral 3 del artículo
179, que al estar preceptuada en el 183 de la Constituci[ó]n, (…) debía invocar
esta y no la causal especial CTREP (…)”.

En este sentido, se estima que la acción de tutela está siendo empleada para
controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez natural, así como la
interpretación de las disposiciones aplicadas en las sentencias cuestionadas y
lo que pretende es reabrir el debate, por lo que acorde con la jurisprudencia
constitucional aludida en precedencia, la tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional.

(…)

Con fundamento en lo anterior, se solicita declarar improcedente el amparo
solicitado, por no cumplirse los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.”

9.- La Sala Plena del Consejo de Estado, por intermedio del magistrado ponente de
la sentencia objeto de tutela, presentó el informe solicitado en los siguientes
términos: «[…] [c]on todo respeto me permito manifestar que no participaré en la

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acción de tutela de la referencia como parte ni como tercero y acataré estrictamente
las disposiciones que se adopten en ella.”

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia de la Sala

10.- Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de
2021.

5.2. Problemas jurídicos

11.- De acuerdo con la situación fáctica planteada por el accionante, corresponde
a esta Sala establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así,
determinar:

b) Si la sentencia de 28 de abril de 2022, proferida por la Sala 18 Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura, y la sentencia del 18 de octubre de 2023,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, vulneraron el derecho
fundamental invocado por la parte accionante.

12.- Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

5.3. Caso concreto

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Como es sabido, la Constitución Política, en su artículo 862, consagra a la acción
de tutela como aquel mecanismo del cual goza toda persona para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando considere
que los mismos han sido vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad.

Enmarcándose el presente análisis en una acción de tutela contra providencias
judiciales, no puede dejarse de lado la postura reiterada y uniforme que han
asumido la Corte Constitucional3 y el Consejo de Estado4, de admitir su procedencia
excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad
(exigencias generales) y los requisitos o causales específicas de procedencia
(defectos)5.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual
se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra
decisiones judiciales, fijó los presupuestos o requisitos generales y especiales que
permiten su procedencia 6, así:
2
ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se
abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión
3
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000,
T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001
de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004,
T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061
de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012,
T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T-
941 de 2014 y T-059 de 2015.
4
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-
2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
5
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
6
En la misma línea, el Consejo de Estado en Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2014, con
ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias
judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural

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Requisitos generales: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia
constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que
cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez; (iv) no se
argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara los
hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) La
providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de
tutela.

Los requisitos de procedibilidad deben ser exigidos en su totalidad, pues, de no
acreditarse la existencia de alguno de ellos, impide al juez de tutea el estudio de
fondo de la acción.

Causales específicas: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
de competencia; b) Defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad
judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente
para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el
evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g)
Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución
Política.

Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión
cuestionada.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez de tutela es llamado a conocer
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la cual se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde analizar si en el caso concreto objeto
de análisis, se configura uno o varios de los defectos especiales ya mencionados,
permitiéndole de esta manera “(…) dejar sin efecto o modular la decisión”7.

7
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio
González Cuervo.

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5.3.1. Del requisito general atinente a la relevancia constitucional.

En lo que atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que
el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental8 y no, como se observa del escrito presentado por el accionante,
cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal que deberán
ser definidos por otras jurisdicciones9.

Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista: (i) la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o, en otras palabras, el núcleo esencial
de los derechos fundamentales y (ii) se descarte el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces10.

Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación11 ha sostenido que:

“(…) La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera
instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por
la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

8
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado
Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
9
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29
de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
10
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
11
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión
tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional (…).”

No pierde de vista esta Sala de Conjueces que la Corte Constitucional en la
sentencia SU – 215 de 202212 precisó, en relación con el alcance del requisito de la
relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“(…) [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental.

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la

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Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas
contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos
arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la
Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se
advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la
protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida
pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales.
(…)”

De acuerdo con la jurisprudencia en cita, es posible concluir que no basta con que
la parte actora invoque el texto constitucional o enuncie de manera simple la
supuesta vulneración de uno o varios derechos fundamentales por parte de la
autoridad accionada, sino que, el accionante ostenta la carga explicar y fundamentar
al juez, desde la óptica de la protección que la Constitución Política ofrece a estos
bienes jurídicos superiores, la violación de su derecho fundamental.

Resumidos los argumentos de la presente acción de amparo, la Sala debe indicar
que en cumplimiento del precedente contenido en la sentencia de unificación SU –
215 de 2022, proferida por la Corte Constitucional, la sola mención de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto son insuficientes para tener por acreditado el cumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional.

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Visto lo anterior, se advierte que, como se señaló con antelación la Corte
Constitucional, a través de la sentencia de unificación SU – 215 de 2022, indicó que
la simple enunciación de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación
de dicha afectación con la configuración de un defecto son insuficientes para tener
por acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional. A juicio
del máximo Tribunal de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión:
(i) tenga la «entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental»; (ii) que el alcance de la
controversia «no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas», y, (iii) que en
el escrito de tutela se «justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales».

Descendiendo al caso sub examine, la Sala advierte que el Señor Christian Camilo
Carvajalino aduce, como fundamento de la violación de su derecho fundamental al
debido proceso, que los fallos judiciales carecen de fundamento probatorio y
cuestiona la interpretación que hizo el juez competente respecto de las normas
aplicables a la materia, lo cual, a juicio de esta Sala, solo pretende reabrir el debate
al controvertir el análisis probatorio realizado en primera y segunda instancia y al
procurar que se interprete la normatividad en la forma en la cual le es conveniente.

Así las cosas, esta Sala de Conjueces, siguiendo el precedente precisado, emitido
por la Corte en la sentencia SU-215 de 2022, considera que los argumentos citados
por el accionante carecen de relevancia constitucional, pues la discusión planteada
no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental. En
este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte actora aduce que fue
desconocido su derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que no existe
un desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las que el señor
Carvajalino considera que se afectó en forma desproporcionada el núcleo
esencial de su derecho fundamental, con ocasión de la expedición de las
sentencias demandadas.

Adicionalmente, debe reiterarse que los argumentos que fundamentan la presente
acción de amparo, más que girar en torno a la presunta vulneración del núcleo
esencial del derecho fundamental al debido proceso, son una reiteración de los
argumentos discutidos y analizados al interior del proceso de perdida de investidura.

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De conformidad con lo expuesto, la Sala no encuentra cumplido el requisito general
de relevancia constitucional, por lo tanto, considera innecesario revisar el resto de
los requisitos, y por lo tanto se declarará la improcedencia de la acción de tutela.
En mérito de lo señalado, esta Sala de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley:

RESUELVE

PRIMERO. Rechazar por improcedente la tutela formulada por el Señor Christian
Camilo Carvajalino.

SEGUNDO. Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo prevé el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada, envíese al día siguiente el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

MARÍA TERESA PALACIO JARAMILLO
Conjuez Ponente

DANIEL POSSE VELÁSQUEZ
Conjuez

JESÚS MARINO OSPINA MENA
Conjuez

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