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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00442-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00442-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 7 de marzo de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces que declaró la improcedencia de la acción de tutela. En su lugar, Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por Christian Camilo Carvajalino de León, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00442-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00442-01
Accionante: Christian Camilo Carvajalino de León
Accionados: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión n.° 18

Tema: Tutela contra providencia judicial. Análisis de los defectos
procedimental absoluto, fáctico, desconocimiento de precedente
y violación directa a la Constitución.

Decisión: Revocar la decisión de primera instancia que rechazó por
improcedente la acción de tutela para, en su lugar, negar el
amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 7 de marzo
de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces
por medio de la cual rechazó por improcedente la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

El accionante presentó una demanda de pérdida de investidura en contra del
señor Luis Ramiro Ricardo Buelvas representante a la cámara por CTREP-8, con
fundamento en el parágrafo del artículo 5.° transitorio del Acto Legislativo 02 de
2021 y el Decreto 1207 de 2021.

El proceso por reparto correspondió al Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión n.° 18, dependencia judicial que, a través de la sentencia del 28 de abril
de 2023 negó las pretensiones de la demanda porque la causal de pérdida de
investidura que había sido establecida en el artículo 14 del Decreto 1207 de 2021
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Además, concluyó que no se configuró la causal de inhabilidad del numeral 3.º
del artículo 179 de la C.P., en la medida que no se acreditó que el contrato
celebrado por el congresista debiera ejecutarse en la circunscripción para la cual
fue elegido.

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Acción De Tutela
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Accionante: Christian Camilo Carvajalino de León

En sede de apelación, la Sala Plena del Consejo de Estado mediante sentencia
del 18 de octubre de 2023 confirmó la anterior decisión.

2.2. Fundamento jurídico

La parte accionante señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto procedimental absoluto porque actuó al margen de lo preceptuado en
el artículo 3.° de la Ley 1881 de 2018, en la medida que presentó la demanda el
30 de mayo de 2022, el fallo de primera instancia se profirió el 28 de abril de 2023
y la decisión de segunda instancia se dictó el 18 de octubre de 2023, esto es, 16
meses «desde la presentación».

Asimismo, alegó un defecto fáctico por indebida valoración del material
probatorio allegado al proceso «al ampararse en el solo certificado, la mínima
expedición de este para concluir que se acredita la calidad exigida, además de
hablar de un ofensivo cumplimiento material que contrasta con el tipo de registro
que realiza el congresista».

Por otra parte, manifestó que la decisión objeto de cuestionamiento adolece de
un desconocimiento del precedente contenido en las sentencias C-903 de
2008, C-451 de 2015 y C-393 del 2019.

Por último, estimó que se incurrió en la violación de la Constitución porque se
rechazó el estudio de la causal contemplada en el numeral 3º del artículo 179 y
en el artículo 183 de la Constitución Política de Colombia. Asimismo, teniendo en
cuenta que aplicó de forma retroactiva los parámetros contemplados en la
sentencia C-302 de 2023 que declaró la inexequibilidad del decreto 1207 de
2021.

2.3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)

1. Que se conceda la tutela al derecho de DEBIDO PROCESO del señor
CRISTIAN CAMILO CARVAJALINO DE LEON, conculcado por la
SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO Y la SALA DIECIOCHO
ESPECIAL DE DECISION DE PÉRIDA DE INVESTIDURA, en los
fallos de primera y segunda instancia proferidos dentro del proceso de
PERDIDA DE INVESTIDURA presentado por el suscrito en contra del
representante a las curules de paz.

2. Que en consecuencia de lo anterior se deje sin efectos la decisión de
segunda instancia proferida el 18 de octubre de 2023 por SALA
PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO y el fallo de primera instancia de
28 de abril de 2023 proferido por la SALA DIECIOCHO ESPECIAL DE
DECISION DE PÉRIDA DE INVESTIDURA emitidos dentro del
proceso de PERDIDA DE INVESTIDURA presentado por el suscrito
en contra del representante a las curules de paz circunscripción-8
LUIS RAMIRO RICARDO BUELVAS radicado
11001031500020220292600.

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3. Que se ordene rehacer la actuación del del proceso de PERDIDA DE
INVESTIDURA presentado por el suscrito en contra del representante
a las curules de paz circunscripción-8 LUIS RAMIRO RICARDO
BUELVAS radicado 11001031500020220292600, desde la decisión
de primera instancia teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas en esta decisión de tutela.»

2.4. Trámite procesal

La acción de tutela de la referencia correspondió por reparto a la Subsección A,
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dependencia que manifestó
encontrarse impedida para conocer del asunto, con fundamento en el numeral 6.º
del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. Por lo tanto, la Sala de Conjueces de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de auto del 7 de marzo de 2024,
lo declaró fundado.

Los consejeros Jorge Iván Duque Gutiérrez y Rafael Francisco Suárez Vargas
manifestaron encontrarse impedidos para conocer en segunda instancia de la
acción de tutela instaurada por el señor Christian Camilo Carvajalino de León,
razón por la que el despacho sustanciador después de convocar la Sala de
Conjueces1, a través de proveído del 20 de noviembre de 2024 aceptó la
manifestación de impedimento.

2.5. Intervenciones

2.5.1. La Sala Dieciocho Especial de Decisión del Consejo de Estado solicitó
que se rechace por improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional, teniendo en cuenta que lo que pretende el accionante
con la interposición es reabrir el debate que ya fue zanjado por el juez natural.

Asimismo, manifestó que no cumple subsidiariedad, toda vez que a la luz de lo
establecido en el artículo 242 del CPACA, el actor pudo interponer recurso de
reposición en contra de la decisión a la que alude, medio judicial idóneo y eficaz
que tenía a su disposición y no utilizó, según se verificó en el acta y grabación de
la diligencia en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de
pérdida de investidura. Aunado a que tampoco probó la existencia de un perjuicio
irremediable.

Por lo anterior, solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela por
no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

2.5.2. No se rindieron más informes.

2.6. Sentencia impugnada

1
Auto del 1.° de octubre de 2024

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Accionante: Christian Camilo Carvajalino de León

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces, a través de sentencia
del 17 de julio de 2024 rechazó por improcedente la acción de tutela por falta del
requisito de relevancia constitucional.

Lo anterior, al considerar que la parte actora solo pretendía reabrir el debate para
obtener un pronunciamiento favorable a sus pretensiones, en la medida que la
discusión planteada no giraba en torno al alcance u aplicación de un derecho
fundamental.

Máxime cuando no expuso las razones por las que considera que se afectó de
manera desproporcionada el núcleo esencial de su derecho fundamental, con
ocasión de la expedición de las sentencias objeto de cuestionamiento.

2.7. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión. Sin embargo, la Sala advierte que en el
escrito no expuso los motivos de inconformidad con la decisión de primera
instancia.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Sala Plena del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 18
de octubre de 2023, incurrió en un defecto procedimental absoluto, fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política.

3.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos en los que se fundamentan
las pretensiones están debidamente enunciados, así como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados están plenamente individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

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3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada, teniendo
en cuenta la que decisión se notificó el 26 de octubre de 2023 y la acción de tutela
se presentó el 31 de enero de 2024.

3.3.1.4. Contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver sí es
de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer
una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos
fáctico, procedimental absoluto, desconocimiento de precedente y violación
directa a la Constitución en que presuntamente incurrió la autoridad judicial
accionada.

En cuanto a este requisito, la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de
reglas que dan a entender cuándo un asunto tiene una marcada importancia.

Al respecto, se precisa que de los argumentos expuestos en el escrito de tutela
se puede advertir una argumentación con la carga de suficiencia para considerar
que puede haberse vulnerado los derechos fundamentales del accionante, al
aplicar una interpretación de las disposiciones invocadas que se aleja de la
racionalidad, una valoración probatoria caprichosa, un trámite procesal alejado
de las normas que rigen el debido proceso.

Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se realizará el estudio de fondo de la acción de tutela en cuestión, a efectos
de identificar si se incurrió en la vulneración de derechos fundamentales alegada.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional2 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa 3, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.

2 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,

T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
3
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

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b. Una dimensión positiva4, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios»5.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez
que ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el caso
concreto

A pesar de que en el escrito de tutela se invocó un defecto fáctico, lo cierto es
que la parte accionante no argumentó de qué manera la autoridad judicial
accionada incurrió en la referida causal específica de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial, pues solo se limitó a señalar una indebida
valoración del material probatorio allegado al proceso «al ampararse en el solo
certificado (…) además de hablar de un ofensivo cumplimiento material que
contrasta con el tipo de registro que realiza el congresista (…)» pero no expuso
las razones.

Es decir, no precisó qué pruebas relevantes no fueron decretadas, o de las
practicadas cuales fueron valoradas de forma caprichosa o arbitraria.

Por lo tanto, la Sala considera que la decisión objeto de cuestionamiento no
adolece de un defecto fáctico, en cuanto no se argumentó de qué manera la
autoridad judicial valoró de forma caprichosa el material probatorio, u omitió por
completo su estudio.

3.5. El defecto procedimental por absoluto como causal de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial

Al respecto, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la autoridad que
ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del
procedimiento judicial establecido6. La jurisprudencia constitucional ha precisado

4 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
5
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
6
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.

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que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto
procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto7.

En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de
justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido
legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a
un trámite completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o
ii) omite[n] etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente,
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso” 8 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en
todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o
su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión
de fondo y la violación a los derechos fundamentales”9 […]».

Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un
error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa
con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa
ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que
no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado
la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por
la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se
vulneren derechos fundamentales10.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto procedimental
absoluto en el caso concreto

La parte actora alegó la configuración de un defecto procedimental absoluto,
pues considera que la autoridad judicial accionada actuó al margen de lo
preceptuado en el artículo 3.° de la Ley 1881 de 2018, en la medida que presentó
la demanda el 30 de mayo de 2022, el fallo de primera instancia se profirió el 28
de abril de 2023 y la decisión de segunda instancia se dictó el 18 de octubre de
2023, esto es, 16 meses «desde la presentación.»

Sin embargo, consultado el aplicativo SAMAI11 se observa que la demanda si
bien fue repartida el 31 de mayo de 2022 y se admitió al día siguiente, lo cierto
es que dentro del mismo se surtieron una serie de actuaciones procesales que
impidieron proferir sentencia de primera instancia en los términos que establece

7
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
8
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
10
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-
770 de 2014.
Página
11
consultada en el link
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el artículo 3.° de la Ley 1881 de 2018.

En ese sentido, se observa que la decisión de primera instancia se profirió solo
hasta el 28 de abril de 2023 y de segundo grado el 18 de octubre del mismo año,
circunstancia que no puede ser atribuible a las autoridades judiciales, teniendo
en cuenta que el proceso de pérdida de investidura no se rige exclusivamente
por la Ley 1881 de 2018 sino por el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y de forma subsidiaria el Código General del
Proceso.

Por lo expuesto, esta Sala no observa, de entrada, una actuación grosera o
caprichosa que hubiera propiciado el quebranto de los derechos fundamentales
del accionante, porque se surtieron las etapas procesales contempladas en el
ordenamiento jurídico en procura de salvaguardar el debido proceso, razón por
la que la Sala considera que la decisión objeto de cuestionamiento no adolece
de un defecto procedimental absoluto.

3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante.

En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que
a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive
desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la
jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la
regla de la doctrina probable.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición12, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.

Respecto del precedente vertical13, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta
conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es
vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que

12 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
13
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.

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exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada,
que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la
autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión
judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima,
que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las
decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por
razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de
coherencia a su interior14.

Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso 15. De esta forma, la Corte
Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe
ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en
el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica
de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos,
quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia
judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni
inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún
género de discriminación16.

Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un
juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones
sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual.

14 Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.
15 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
16
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación
objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las
decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga
de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando
a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección
decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación
del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento
en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente17.

En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera
excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen
manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas
la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a
la Ley.

3.6.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente en el caso
concreto

La parte accionante, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento de los parámetros fijados en las sentencias C-903 de 2008, C-
451 de 2015 y C-393 del 2019.

Sobre el particular, la autoridad judicial en la decisión objeto de cuestionamiento
señaló lo siguiente:

«(…) 10.- La Sala confirmará la decisión de negar la pérdida de investidura
del congresista convocado porque:

10.1.- La causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 14 del
Decreto 1207 de 2021, por el incumplimiento de requisitos para la elección
de representantes a la Cámara por las CITREP, fue declarada inexequible
por la Corte Constitucional en la sentencia C-302 del 9 de agosto de 2023,
razón por la cual no es procedente el análisis del primer cargo. Para la fecha
en que se profiere esta sentencia, la norma que establecía la sanción de
pérdida de investidura con base en la cual se fundamentó este cargo
desapareció del ordenamiento jurídico. Por esta razón, la Sala no puede
pronunciarse sobre tal consecuencia jurídica. Adicionalmente, ello violaría el
artículo 29 de la C.P.7 De este modo se acata lo previsto en el numeral 1238
de la citada sentencia relativa a su efecto en el tiempo, pues se aplica en un
juzgamiento realizado con posterioridad a su expedición. Y en este punto se
itera que el objeto limitado y preciso de este fallo es pronunciarse sobre una
sanción (la pérdida de investidura) consagrada en una norma que fue
declarada inexequible por la Corte Constitucional, en decisión obligatoria
que hace tránsito a cosa juzgada conforme con lo dispuesto en el artículo
243 de la C.P.

17
En materia Contencioso Administrativo el reconocimiento del precedente como fuente importante de
estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de extensión de la
jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.

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10.2.- No se demostró el elemento espacial de la causal 3ª del artículo 179
de la C.P. relativo al lugar de ejecución del contrato, que fue la razón por la
cual se rechazaron las pretensiones de la demanda en la sentencia de
primera instancia; los demandantes no cumplieron la carga de acreditar ese
presupuesto y la Sala no comparte los argumentos expuestos en la
apelación dirigidos a desvirtuar esta consideración.

11.- El numeral tercero del artículo 179 de la Constitución Política que
establece la causal de pérdida de investidura invocada en la demanda
dispone que no podrán ser congresistas <quienes hayan intervenido en
gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de
contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido
representantes legales de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha
de la elección>. En relación con el elemento territorial de la inhabilidad, el
artículo 179 de la Constitución Política dispone que <las inhabilidades
previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan
lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección>
12.- En consecuencia, para la configuración de la referida inhabilidad, los
solicitantes tenían la carga de acreditar que el contrato celebrado por el
congresista convocado con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación se debía ejecutar en los siguientes municipios que conforman la
CITREP 8, según el Acto Legislativo 02 de 2021: <Municipios del
departamento de Bolívar: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María
La Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano. Municipios de
Sucre: Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre
y Toluviejo>. La Sala comparte la precisión hecha en la sentencia de primera
instancia relativa a que, conforme con el citado acto legislativo la <totalidad
del departamento de Sucre no conforma la Circunscripción Especial de Paz
No. 8 por la que resultó elegido el congresista.

13.- Con los documentos allegados como medio de prueba al expediente no
se acreditó que el contrato de prestación de servicios celebrado por el
congresista convocado debiera ejecutarse en la circunscripción territorial
para la cual fue elegido, que es la correspondiente a los referidos municipios
de los departamentos de Bolívar y Sucre.
(…)»

Sobre el particular, la Subsección no encuentra configurado el desconocimiento
de precedente judicial contenido en las sentencias C-903 de 2008, C-451 de 2015
y C-393 del 2019, puesto que, no es factible entender que la decisión objeto de
cuestionamiento corresponde a una decisión arbitraria o caprichosa, pues se
advierte que se encuentra sustentada en el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional aplicable al asunto bajo estudio, y en ese orden de ideas, se
observa un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la que
llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de derechos
fundamentales, ya que la argumentación cumple con la carga mínima de
razonabilidad.

Al respecto, se considera que la decisión objeto de cuestionamiento contiene una
carga argumentativa suficiente y razonable en la que se observaron las pautas
jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional, por lo que no es dable
considerarla como constitutiva de desconocimiento del precedente, pues, por el
contrario, corresponde al ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces,
conforme se deduce del contenido normativo de los principios constitucionales

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de autonomía e independencia judicial, razón por la que dicho reparto no tiene
vocación de prosperidad.

3.7. Violación directa de la Constitución Política

La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto que
se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política según
el cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.»18

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este defecto se
configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius fundamental
necesario para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: “(a) en la solución del
caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución19”20.

Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica de
procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a una
disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de la
excepción de inconstitucionalidad21.

3.7.1. Análisis de la presunta violación a la Constitución Política

La parte accionante alegó la violación directa de la Constitución Política porque,
a su juicio, se rechazó el estudio de la causal contemplada en el numeral 3º del
artículo 179 y en el artículo 183 de la Constitución Política de Colombia.
Asimismo, teniendo en cuenta que aplicó de forma retroactiva los parámetros
contemplados en la sentencia C-302 de 2023 que declaró la inexequibilidad del
decreto 1207 de 2021.

No obstante, esta Sala considera que la providencia cuestionada en esta sede
contiene una carga argumentativa suficiente y razonable que condujo a negar las
pretensiones relacionadas con la demanda de perdida de envestidura, sin que
dicha negativa pueda calificarse como violatoria de derechos fundamentales, en
tanto no se trata de una decisión irreflexiva o arbitraria sino, por el contrario,
sustentada de manera suficiente en la posición jurisprudencial vigente aplicado
al caso concreto, que debe ser respetada en virtud de los principios de autonomía
e independencia judicial.

18
SU-336 de 2017, Corte Constitucional
19
Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y
T-809 de 2010.
20
Sentencia T-369 de 2015.
21
Sentencia SU-198 de 2013.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 7 de marzo de 2024
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces que
declaró la improcedencia de la acción de tutela. En su lugar,

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por Christian
Camilo Carvajalino de León, de acuerdo con los argumentos expuestos en la
parte motiva de la presente providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CARLOS MARIO ISAZA SERRANO CARLOS JOSÉ MANSILLA JAÚREGUI
Conjuez Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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