Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00445-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00445-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00445-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00445-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
28 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00445-01
Accionante: JOHN JAIRO ORDOÑEZ SAAVEDRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
– SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende reabrir la
discusión definida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
En cumplimiento del auto del 21 de junio de 2024, mediante el cual no se aceptó el
impedimento manifestado por el Consejero sustanciador de la presente decisión,
corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor John Jairo
Ordoñez Saavedra en contra de la sentencia del 29 de febrero de 2024, mediante
la cual Sección Segunda Subsección B negó la acción de tutela de la referencia1.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 31 de enero de 2024 el señor John Jairo Ordoñez Saavedra, en nombre
propio, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y del principio de
la realidad sobre la forma.
1 Que ingresó para fallo el 20 de mayo de 2024 (índice 3 de Samai).
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
Accionante: John Jairo Ordoñez Saavedra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
Hechos relevantes
2. Con ocasión de las elecciones de autoridades locales realizadas el 25 de octubre
del año 2015 en Granada – Meta, el señor John Jairo Ordoñez Saavedra inscribió
la cédula No. 86.006.666 para participar en los comicios.
3. El 19 de octubre de 2015 a través de notificación por conducta concluyente se
enteró de la Resolución No. 3180 del 24 de septiembre de 2015 proferida por el
Consejo Nacional Electoral, en el que se dejaba sin efecto la inscripción de su
cédula por presunta trashumancia. Motivo de esta decisión, presentó una solicitud
al registrador del Municipio de Granada, que fue resuelta mediante el oficio No. 910-
561 y se anexó copia del aviso.
4. El 20 de octubre de 2015 radicó ante la Registraduría de Granada – Meta un
recurso de reposición dirigido al Consejo Nacional Electoral sin obtener respuesta.
5. De manera posterior, el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución No.
5352 del 21 de octubre de 2015, resolvió los recursos de reposición interpuestos
por algunos ciudadanos contra la Resolución que dejó sin efecto la inscripción de
las cédulas de ciudadanía de distintos Municipios del país. En cuanto al Municipio
de Granada – Meta, ordenó incluir 522 cédulas al censo electoral para la
participación de las elecciones del 25 de octubre de 2015. Sin embargo, en el listado
de las cédulas que se incluyeron no se encontraba la cédula del demandante.
6. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor John Jairo Ordoñez Saavedra solicitó que se declarara la nulidad parcial de
la Resolución No. 3180 del 24 de septiembre de 2015 expedida por el Consejo
Nacional Electoral y se reconociera a su favor la suma de 100 S.M.L.M.V. por no
permitirle votar o elegir en las elecciones de las autoridades locales en el Municipio
de Granada – Meta.
7. Mediante sentencia del 16 de agosto de 2017, el Juzgado Primero Administrativo
de Bogotá D.C. negó las pretensiones de la demanda debido a que la Resolución
No. 333 del 2015 indicaba que el CNE tenía la competencia para iniciar de oficio el
procedimiento investigativo, aunque la queja no cumpliera con los requisitos
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
Accionante: John Jairo Ordoñez Saavedra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
pertinentes, además de que no se vulneró el debido proceso, pues la investigación
se adelantó conforme a la disposición especial de esta misma Resolución. Así
mismo precisó que si bien es cierto la Policía Nacional aportó la información
después de los 5 días que habían sido otorgados por la CNE, una vez finalizado el
trámite del recurso de reposición, el demandante no demostró la vocación de
permanencia en el Municipio.
8. Inconforme con lo anterior, el señor Ordoñez Saavedra recurrió la anterior
decisión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
subsección C que, por medio de proveído del 26 de julio de 2023, confirmó la
sentencia de primera instancia, basándose en i) la facultad oficiosa que tenía la
CNE para iniciar las investigaciones por trashumancia; ii) la notificación de los actos
expedidos por el CNE; y iii) las pruebas que se decretaron en la investigación.
Pretensiones
9. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“PRIMERO: Que sede plena aplicación por el consejo de estado la sentencia
de unificación SU-2015 DE 2022 (sic) proferida por la corte constitucional,
en el cual reglamento los parámetros de (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, cuando exista la indebida
aplicación de normas de rango legal puede derivar en una violación de
derechos fundamentales.
SEGUNDO: Que sede plena aplicación a las sentencias de la sección quinta
del consejo de estado que a continuación se relacionan, donde hace énfasis
como el consejo electoral debe demostrar cuando un electoral no es residente
en el sitio donde piensa sufragar, situación que se vulnero en mi caso en vía
judicial, donde NO se le valoro el material probatorio, ni se aplicó el presente
jurisprudencial así:
✔ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección
Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. l 1001- 03-28-000-2014-
00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
✔ Consejo de Estado, Sección Quinta, folio del 14 de diciembre de
2001, Rad. 25000-23-24-000-2000-0792-0l (2742), M.P. Reinaldo Chavarro
Buriticá
✔ Consejo de Estado, Secci6n Quinta, en sentencia del 14 de
diciembre de 2001, Rad. 23001-23-31-000-2000-3459- 0l (2718), M.P.
Reinaldo Chavarro Buritic6. 3)
✔ Consejo de Estado, Secci6n Quinta, sentencia del 16 de enero de
2003, Rad. 70001-23-31-000-2001-0048-01 (3051), M.P. Álvaro González
Murcia.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
Accionante: John Jairo Ordoñez Saavedra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
✔ Consejo de Estado, Secci6n Quinta, folio del 11 de junio de 2009,
Rad. 20001-23-31-000-2007- 00239-01, M.P. Mauricio Torres Cuervo
✔ Consejo de Estado, Secci6n Quinta, sentencia del 9 de febrero de
2017, Rad. l 1001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez
TERCERO: Con base a lo anterior concederme la tutela, amparando mis
derechos fundamentales del debido proceso (falta de valoración probatoria e
indebida valoración de la prueba, vulneración al principio de la justicia rogada y
desconocimiento jurisprudencial), derecho a la Igualdad, primacía de la realidad
sobre las formalidades
CUARTO: Dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia del 26 de julio de
2023 dentro del proceso 11001-33-34-001-2016-0011800/-02 proferida por la
sección primera - subsección “C” del tribunal administrativo de
Cundinamarca en la sentencia de segundas mediante el cual confirmo la
sentencia de primera instancia emanada por el juzgado 1 administrativo del
circuito judicial de Bogotá, donde negó las pretensiones de la demanda
QUINTO: Como fruto a lo anterior y en garantía de proteger mis derechos
fundamentales ordenar a la sección Primera subsección “C” del tribunal
administrativo de Cundinamarca para que expida una nueva sentencia en el
proceso de Nulidad y Restablecimiento al Derecho Nª 11001-33-34-001-2016-
0011800/-02 donde se respete el precedente jurisprudencial y sobre todo se
valore debidamente el material probatorio, y como consecuencia se aceda a las
pretensiones de la demanda, especialmente que haga énfasis al daño
constitucional que me causo el consejo nacional electoral”. (sic)
Fundamentos de la demanda de tutela
10. En primer lugar, la parte accionante indicó que el a quo no valoró la totalidad de
las pruebas practicadas, que dan cuenta de la falta de notificación de los autos
expedidos por el Consejo Nacional Electoral. En cambio, sí tuvo en cuenta la
Resolución No. 0333 de 2015, cuando lo cierto es que fue creada para el proceso
electoral del 2014, por tanto, no tenía extensión para las elecciones locales del año
2015.
11. Por otro lado aduce que, una vez iniciada la investigación en su contra por
trashumancia, se puede evidenciar que tenía hasta el 2 de octubre de 2015 para
practicar las pruebas y finalizar la actuación administrativa, sin embargo, el
comandante de la policía nacional de Granada – Meta mediante oficio del 1° de
octubre de 2015 allegó la planilla de verificación de su residencia, la cual el CNE no
tuvo en cuenta para proferir la Resolución No. 3180 de 2015.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
Accionante: John Jairo Ordoñez Saavedra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
12. Mencionó que la queja No. 2151 – 2/15 hace énfasis únicamente a las
irregularidades que se presentaban con las cédulas del Municipio de Aguas Claras
y Cunaguaro, pero en ningún momento se hizo alusión a las que estaban inscritas
en Granada – Meta, es decir que esta investigación debió realizarse únicamente a
ese Municipio.
13. Precisó que se ocasionaron perjuicios con la Resolución No. 3180 del 24 de
septiembre de 2015 y por eso solicitó una indemnización, al existir “un daño
constitucional, daño moral, pérdida de oportunidad o chance la cual se compone de
i) certeza respecto de la existencia de una legítima oportunidad; ii) la imposibilidad
concluyente de obtener el provecho iii) la víctima se encuentra en una situación
potencialmente alta para pretender la consecución del resultado esperado”. Por eso
en la solicitud de amparo se busca que se tenga en cuenta las pruebas
documentales aportadas en el proceso ordinario, los hechos y fundamentos de
derecho de la demanda, los alegatos de conclusión y el recurso de apelación.
14. Sostiene que el Tribunal accionado no tomó en consideración el salvamento de
voto presentado por la Magistrada Ángela Hernández Sandoval en la investigación
realizada dentro del radicado 20150000002151-2/2015, demostrando que se
desconocen algunas de las sentencias o salvamentos de votos proferidos por los
jueces o magistrados y que no se tienen como documento de prueba.
15. Manifiesta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta
las pruebas documentales del i) Registro Civil de Matrimonio, ii) Notificación por
conducta concluyente, iii) Notificación de aviso de la Resolución No. 3180 de 2015,
iv) Cámara de Comercio de la Asociación de Policías en uso de buen retiro, v)
Constancias de Asociación de Policías. Además, se vulneró el derecho a la defensa
y al debido proceso, pues, existen varios pronunciamientos del Consejo de Estado
en el que señala la residencia electoral donde se debe verificar2.
2 Transcribió apartes de algunas sentencias: “14 de marzo de 2019, IO0l-03-28-000-2018-00049-00.
Actor: Jaime Alberto Ortega Álvarez. Demandado: Consejo Nacional Electoral. C.P. Roció́ Araujo;
sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 110Ol-03-28-000-2014-00I12-00, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; 9 de febrero de 2017, Rad. l 1001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez” (sic), entre otros.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
Accionante: John Jairo Ordoñez Saavedra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
16. Arguyó que, el Consejo de Estado en sentencia del 9 de febrero del 2017,
estableció que, para que se desvirtuara la presunción de residencia electoral, se
debía probar de forma concurrente y simultánea que el aparente trashumante, “no
es morador del respectivo Municipio” en las diferentes circunstancias que se
pudieren ejercer. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no desvirtuó la
presunción de su residencia electoral, por lo que no era justo anular su inscripción
de la cédula.
17. Expone que, se evidencia una desproporcionalidad del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca al momento de valorar las pruebas documentales, basado en un
formalismo procesal y dejando a un lado lo material, cuando ésta alude garantías
sustanciales. Por esto se presenta un defecto fáctico, toda vez de que, aún
existiendo pruebas que demostraban su residencia en el Municipio de Granada
Meta, se estableció una interpretación diferente a la realidad de los hechos.
18. Por último, en cuanto a la vulneración del precedente jurisprudencial, es claro
que el Tribunal accionado desconoció varios de los pronunciamientos de la Sección
Quinta del Consejo de Estado como se puede observar en las pretensiones de la
demanda, por los cuales se hace énfasis en como el Consejo Nacional Electoral
debe demostrar que el sufragante no reside en el lugar que quiere participar.
Trámite en primera instancia
19. A través de auto del 6 de febrero de 2024, la Sección Segunda – Subsección B
admitió la tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Primera – Subsección C y al Juzgado 1° Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá D.C. como accionados, así mismo, al Consejo Nacional
Electoral como tercero interesado en las resultas del proceso. Además, requirió a
los accionados para que allegaran copia digital del expediente del proceso 11001-
33-34-001-2016-00118-00.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
Accionante: John Jairo Ordoñez Saavedra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
Intervenciones
20. El Consejo Nacional Electoral3 se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
con ocasión a que, no se ha vulnerado ni puesto en peligro los derechos invocados
por la parte accionante. Precisó que, la acción de tutela carece del requisito de
relevancia constitucional, pues las inconformidades planteadas no contienen una
carga argumentativa necesaria que den cuenta de las razones del porque el asunto
requiere que se analice en la sede de tutela, ya que no basta con enunciar o
transcribir artículos de la Constitución Política para cumplir con el mencionado
requisito
De lo anterior, puede deducir que lo que se busca el accionante es una instancia
adicional para obtener la interpretación y valoración de las pruebas arrimadas al
proceso, en la forma que le parece “correcta” de que se analice.
21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C indicó que, las razones de hecho y de derecho que motivaron la
decisión se encuentran contenidas en el fallo objeto de cuestionamientos4.
22. El Juzgado 1° Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá
D.C. solicitó que se desvincule de la acción de tutela, con ocasión de que el
despacho realizó todos los trámites previstos en la norma, hasta proferir la sentencia
del 16 de agosto de 2017, valorando los argumentos y medios probatorios allegados
al proceso , teniendo en cuenta que “i) el Consejo Nacional Electoral, si tiene
facultad oficiosa para investigar trashumancia de votantes; ii) el derecho al debido
proceso no se vulneró por ausencia de notificación, por cuanto la resolución 333 de
2015 indicaba la forma de notificación de ese tipo de actos; iii) Que el actor, en vía
administrativa y dentro de la oportunidad procesal, no logró demostrar su vocación
de permanencia en el municipio de Granada Meta y iv) No se accedió́ a reconocer
indemnización por perjuicios solicitada para él y su familia, por la pérdida de
3 Cabe advertir que, si bien en la sentencia de primera instancia se indicó que el CNE no contestó la
tutela, se puede dar cuenta de que si fue enviada tal contestación.
4 Así mismo, indicó que el expediente, fue devuelto al Juzgado 1° Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá D.C.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
Accionante: John Jairo Ordoñez Saavedra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
oportunidad. Lo anterior en consonancia con la negativa de declarar nula de
resolución No 3180 de 29 de septiembre de 2015”.
La sentencia de primera instancia
23. La Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, mediante
sentencia emitida el 29 de febrero de 2024, negó el amparo solicitado. Constató que
se dio cumplimiento a los requisitos generales de procedibilidad toda vez de que i)
hay relevancia constitucional, porque el defecto alegado puede llevar consigo una
violación de los derechos fundamentales; ii) No existen medios ordinarios y/o
extraordinarios de defensa judicial con los cuales el accionante pueda lograr la
protección de los derechos invocados más allá de las dos instancias dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; iii) se da el requisito de
inmediatez porque la sentencia cuestionada se notificó el 31 de julio de 2023 y la
acción de tutela se presentó el 31 de enero de 2024, es decir dentro de un término
razonable y iv) se plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que
se vulneraron sus derechos fundamentales.
24. En cuanto a las causales específicas de procedibilidad, adujo que no se
presenta un defecto fáctico debido a que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca una vez realizó el análisis del material probatorio allegado determinó
que el Consejo Nacional Electoral tenía la potestad de realizar una investigación
oficiosa. Sumado a que, determinó que, si la Policía Nacional realizó una visita al
accionante, no se dejó anotación de que vivía en el Municipio. Por esto, la planilla
de verificación fue radicada ante el Consejo Nacional Electoral cuando se había
terminado la etapa probatoria y se había decidido el proceso.
25. Razón por la cual y conforme al material probatorio, no se demostró que el
Consejo Nacional Electoral hubiera actuado de manera arbitraria, por el contrario,
actuó acorde con las facultades que establece la Constitución Política de iniciar
investigaciones de manera oficiosa. Además de que, el accionante no precisó
cuáles fueron las pruebas que no se valoraron por el Tribunal acusado ni advirtió
por qué se valoraron de manera inadecuada.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
Accionante: John Jairo Ordoñez Saavedra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
26. En lo relacionado al desconocimiento del precedente judicial, tampoco le asiste
razón al accionante, pues, las sentencias citadas, no versan de manera precisa con
el problema jurídico de este caso, así como tampoco establecen alguna subregla
del derecho frente a los procesos de trashumancia y los requisitos que debe
implementar el CNE para desvirtuar la presunción de residencia electora.
Denotando que, no todos los pronunciamientos de las altas cortes se deben
entender como criterio unificador, ya que el simple hecho de que exista una similitud
fáctica o jurídica con un caso específico que pueda ser aplicado no significa que sea
una obligación del operador jurídico de realizarlo de esa manera y no quiere decir
que se desconoció el precedente.
La impugnación
27. La parte actora impugnó la decisión, reiterando algunos de los argumentos
expuestos en la demanda de tutela. También, indicó que el A quo desconoció que
la carga de la prueba de la verificación de la residencia de los electores se encuentra
a cargo del Consejo Nacional Electoral, sin embargo, ellos tampoco demostraron
que se encontraba radicado en otro lugar.
28. Por otro lado, si se demostró la vulneración al debido proceso y al derecho a la
defensa, pues, el Consejo Nacional Electoral no tuvo en cuenta que cualquier
ciudadano o extranjero puede cambiar de residencia en cualquier momento ya sea
por motivo laboral, familiar, enfermedad, entre otros.
29. Expuso que el auto del 17 de septiembre de 2015 que decretó las pruebas de
visitar los residentes de Granada – Meta, dispuso un término de 5 días a las
entidades para que se verificara la dirección de residencia reportada cuando se
realizó la inscripción de la cédula, y si bien se sabe que cualquier auto tiene 3 días
después de ser notificado para que quede en firme, quiere decir que el plazo
culminaría hasta el 25 de septiembre de 2015 pero la Resolución del Consejo
Nacional Electoral lo declaró trashumante el 24 de septiembre de 2015, un día antes
de que se allegaran las pruebas decretadas por el CNE.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
Accionante: John Jairo Ordoñez Saavedra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
30. Concluyó que, el fallador de primera instancia en la tutela da a entender que no
existe un valor jurídico de las sentencias mencionadas de la Sección Quinta del
Consejo de Estado por no ser de unificación.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
31. La Subsección modificará el fallo impugnado, por cuanto considera que la
acción de tutela carece de relevancia constitucional.
32. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces5.
33. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber6: i) Que el actor cumpla su carga
argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de
estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
34. Revisada la demanda, se evidencia que el señor John Jairo Ordoñez Saavedra,
acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir el debate jurídico y probatorio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
número de radicado 11001-33-34-001-2016-00118-00 que promovió en contra del
5 Sentencia T–422 de 2018.
6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
Accionante: John Jairo Ordoñez Saavedra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C y el
Juzgado 1° Administrativo Oral del Circuito de Bogotá D.C., cuando lo cierto es que,
el mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una
instancia adicional del proceso ordinario ni extraordinario.
35. La Sala observa que el accionante busca que el juez de tutela realice un nuevo
examen de las pruebas presentadas durante el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Específicamente solicita que se declare la nulidad parcial de la
Resolución No. 3180 del 24 de septiembre de 2015 expedida por el Consejo Nacional
Electoral y se le reconozca a favor la suma de 100 S.M.L.M.V por no permitirle votar
o elegir en la elección de las autoridades locales en el Municipio de Granada – Meta.
Así mismo, se concluya que el acto administrativo que dio origen a la investigación
adolece de falsa motivación porque no tenía esa potestad respecto del Municipio de
Granada – Meta ya que la queja se refería a otro Municipio, sumado a que se vulneró
el debido proceso porque la accionada no tuvo en cuenta la inspección que realizó
la Policía Nacional por el que se confirmaba que el accionante si residía en ese
Municipio y que los actos administrativos expedidos por el CNE debían ser
notificados personalmente y no por aviso.
36. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los
aspectos definidos por el juez natural de la causa, que en la presente acción se
plantearon algunos argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de
apelación contra la providencia del 16 de agosto de 2017, mediante la cual el
Juzgado 1° Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. negó las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
37. Así lo expuso en el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del
16 de agosto de 2017, en el que manifestó (transcripción literal):
“1. Quiero sustentar mi recurso basándome de que el a quo no valoro la totalidad
de las prueba aportadas en el proceso, teniendo en cuenta que los hechos
décimo octavo y noveno de la demanda se hizo alusión a la falta de notificación
de los auto 2 y 17 de septiembre de 2015 expedidos por el consejo nacional
electoral, donde su artículo tercero del auto 2 de septiembre del 2015, sostiene;
(…)
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
Accionante: John Jairo Ordoñez Saavedra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
En vista a lo anterior, la resolución es muy clara en sostener cuales eran los
municipios que se les iniciaría una las investigaciones de oficio por
trashumancia, y al observar la resolución 1604 de 2015, se puede concluir que
el municipio de Granada Meta no se encuentra relacionado en la presente
resolución (1604 de 2015), por tal motivo, el concejo nacional electoral no podía
iniciar una investigación de oficio por trashumancia al municipio de Granada
meta con base a esa resolución,
Desde ese punto de vista y al observar la Resolución 3180 del 24 septiembre
de 2015, se puede observar una falsa motivación en el acto administrativo, ya
que esta se basó́ en la resolución 1604 de 2015 para iniciar una investigación
de oficio por trashumancia, resolución que no tenía competencia para adelantar
el proceso N° 201500000002151-2 del 2015, y de esta manera se configura el
acto administrativo ilegal, ya que vulnera la Resolución 0333 del 2015.
De la misma manera en el proceso N° 201500000002151-2 del 2015, se
evidencia un auto que soporta que el municipio de Granada (M), inicio una
investigación por oficio así́
AUTO
(2 de septiembre de 2016)
Por medio del cual se inicia DE OFICIO el trámite administrativo tendiente a
verificar la inscripción de cedulas de ciudadanía en el Municipio de GRANADA
(META), dando cumplimiento a la Resolución N° 0333 Y 1604 de 2015 del
consejo Nacional Electoral
Con lo antes expuesto estoy demostrando que la investigación de trashumancia
adelantada al municipio de Granada (M), fue mediante un auto, auto que no
estuvo amparado bajo una resolución que le diera vida jurídica a la investigación
de oficio, en el proceso N° 201500000002151-2 del 2015 del consejo nacional
electoral.
Así́ las cosas, estoy demostrando que el consejo Nacional Electoral NO permitió́
mi derecho al sufragio y de esta manera vulnero la constitución Nacional en los
artículos 2,6,13,18,40, 258, 260, 93, así́ como las disposiciones internacionales
de la OEA (artículo 3) pacto internacional de derechos civiles y políticos (artículo
25) y para ello traigo a colación el pronunciamiento de la corte constitucional en
Sentencia T-232/14 Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB, del nueve (9) de abril de dos mil catorce (2014), el cual sostiene:
(…)
El a quo sostuvo que el consejo nacional electoral notifico de acuerdo al
procedimiento previsto en la resolución 0333 de 2015, donde se indica, las
etapas, términos y forma de notificación dentro de dicho trámite, de cara a esta
manifestación quiero manifestar que la entidad demanda reconoce al contestar
la demanda de los hechos del numeral 25, que el Gobierno Nacional mediante
decreto 1294 del 17 de junio de 2015 expedido por el Ministerio del interior,
dispuso
12
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
Accionante: John Jairo Ordoñez Saavedra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
(…)
Desde ese punto de vista, se puede concluir que la resolución 0333 de 2015 fue
creada para el proceso electoral del 2014, y de esta manera no tenía extensión
para las elecciones locales del año 2015.
Así́ las cosas es importante aclarar que la resolución 3180 de 2015 del Consejo
Nacional Electoral, es de carácter particular, ya que su pronunciamiento está
enfocado individualmente, los intereses del consejo Nacional electoral es dejar
sin efectos las cedulas escritas en el municipio de Granada (M) a unos
ciudadanos, y de esta manera pone fin a una actuación adnmistrativa(sic)
individual, y para ello quiero traer a colación la sentencia de la corte
Constitucional C-620/04, Magistrado Ponente Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA,
del treinta (30) de junio de dos mil cuatro (2004), el cual sostuvo:
(…)
4. El a quo sostuvo que el periodo probatorio en el proceso N°
201500000002151-2 del 2015 que tuvo la entidad demanda no era posible
garantizar los medios de probanza que permitiera aclarar la residencia de 200
personas objeto de la investigación (folio 520/R), de cara a esta manifestación,
quiero exponer lo siguiente:
a) Que el consejo nacional electoral mediante auto 17 de septiembre de 2015,
decreto pruebas por practicar, entre ellas comisiono la policía nacional para que
fuera y verificara mi domicilio
b) La policía nacional verifica y confirma que el suscrito reside en el municipio
de Granada meta, el cual presento su informe el 1 de octubre de 2015, 24 días
antes que se realizaran las elecciones locales del municipio de Granada meta,
c) La registraduría de Granada Meta, el 14 de agosto de 2015 mediante oficio
910-365 remite la queja ante el consejo nacional electoral, siendo radicada el
21 de agosto de 2015, tiempo suficiente para adelantar la investigación y
garantizarme el debido proceso.
(…)
Con lo antes expuesto y teniendo como base inicial el auto emitido por el
consejo nacional electoral del 2 de septiembre de 2015 donde inicia la
investigación en mi contra por trashumancia, con esto se puede evidenciar que
el CNE tenía hasta el 2 de octubre de 2015 para recibir el material probatorio y
anexarlo al proceso, en mi caso, el señor comandante de la policía nacional de
Granada meta mediante oficio de fecha 1 de octubre de 2015 allega planillas de
verificación de mi residencia, planillas que aparecen en el proceso pero el
consejo nacional electoral no las tuvo en cuenta en la resolución 3180 de 2015
(…)
13
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
Con la norma antes expuesta, es importante mirar la queja radica por el señor
Registrador del municipio de Granada (M), el cual hace énfasis a las
inscripciones irregulares de la cedulas de las inspecciones de AGUAS CLARAS
Y CANAGUARO, según queja N° 2151 – 2/15, y en ningún momento la queja
hizo alusión a las cedulas inscriptas en el municipio de Granada (M), por tal
motivo la investigación debió́ realizarse a las inspecciones de aguas claras y
cunaguaro, tal como lo sostiene el literal d del artículo quinto de la resolución
0333 del 2015 emanado por el CNE. Situación que confirma la misma
Resolución 3180 del 24 de septiembre de 2015, en su Resuelve en su artículo
tercero así́”
38. Esta Corporación estima que dichos aspectos que fueron analizados y definidos
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C,
en la sentencia objeto de tutela, cuya transcripción literal permite evidenciar:
3.4. Análisis de la Sala.
22. Para resolver el recurso, se seguirá́ el siguiente derrotero argumental: i) la
facultad oficiosa del CNE para iniciar investigaciones por trashumancia; ii) la
notificación de los actos expedidos por el CNE; y iii) las pruebas decretadas en
la investigación.
3.4.1. La facultad oficiosa del CNE para iniciar investigaciones por
trashumancia.
23. El recurrente argumentó que la Resolución 1604 de 2015 dio inició a la
investigación únicamente respecto de los municipios allí́ mencionados, entre los
cuales no está́ el municipio de Granada, y que por ello el CNE no tenía
competencia para investigar lo relativo a este; y que la Resolución 3180 de
11
2015 adolece de falsa motivación, por cuanto dijo fundarse en aquella.
24. En el plenario está demostrado que en la Resolución 1604 del 25 de julio de
201512, se expuso como uno de sus fundamentos que era «necesario asumir
de oficio las investigaciones por trashumancia electoral en aquellos municipios
respecto de los cuales se han presentado denuncias ciudadanas o traslado de
las mismas por parte de otras entidades del Estado, así́ las quejas no cumplan
con las exigencias previstas en la Resolución 0333 de 2015». Y, ciertamente,
en la parte resolutiva se asumió́ de oficio la investigación. Así́, pues, cualquier
supuesta irregularidad en la formulación de las quejas resulta intrascendente en
sede de análisis de la legalidad de la actuación conducente al acto acusado.
25. Y si bien es cierto que en la Resolución 1604 no se mencionó́ el Municipio
de Granada, no lo es menos que el 14 de agosto de 2015, el Registrador
Municipal del Estado Civil remitió́ al CNE queja presentada por el señor Carlos
Fredy Calvo Hernández13, quien informó «sobre una posible trashumancia en
las inspecciones de AGUAS CLARAS y CANAGUARO (...)» que hacen parte
14,
del Municipio de Granada , y que precisamente en atención a esta, la
demandada expidió́ el auto de 2 de septiembre de 2015, por el cual se asumió́
de oficio la investigación; obsérvese:
14
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
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– Sección Primera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
1.1. Por Resolución No. 1604 de 2015, se decidió́ asumir de oficio la investigación
por posible inscripción irregular de cedulas de ciudadanía por contravención a lo
dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, en todos los municipios
respecto de los cuales se han recibido solicitudes o quejas por presunta
inscripción irregular, aun cuando no cumplan con los requisitos señalados en el
artículo 5o de la Resolución No. 333 de 2015.
26. Entonces, y en contra de lo sostenido en la alzada, no encuentra la Sala que
haya falsa motivación en el acto administrativo acusado, pues atendió́ las
circunstancias fácticas y jurídicas pertinentes para iniciar de oficio la
investigación: la queja presentada y la Resolución 333 de 2015, que le otorgó
la facultad de investigar oficiosamente la existencia de trashumancia en aras de
proteger el escenario electoral. Y es que no era posible «dar espera a los
términos y plazos comunes del trámite administrativo ordinario, en cuanto a los
plazos perentorios del calendario electoral se verían superados, haciendo inane
la medida de ineficacia del registro irregular (...)»15.
27. Por tanto no ha lugar la impugnación por esta vía, pues la investigación se
abrió́ -de oficio- en todos los municipios en que se hubiese denunciado
presuntas irregularidades en la inscripción de cédulas. Lejos de desconocerse
el marco normativo de imperativa referencia, esta decisión lo honró al poner en
acto tales disposiciones de manera que se garantizará la finalidad que las
sustenta, que no es otra que controlar los muy nocivos efectos de la irregular
inscripción de votantes.
28. Y por este mismo camino estimativo, se concluye que el CNE sí tenía
competencia para adelantar la investigación de trashumancia en el Municipio
de Granada.
29. Tampoco encuentra la Sala asidero jurídico que sustentar pueda el reparo
basado en la afirmación de que «la resolución 0333 de 2015 fue creada para el
proceso electoral del 2014, y de esta manera no tenía extensión para las
elecciones locales del año 2015». En efecto, yerra abiertamente el actor al
suponer que el artículo transitorio de esa resolución limitaba su vigencia a las
elecciones de 2014. No: lo que se hace allí́ es habilitar la aplicación de esa
normatividad al trámite de quejas presentadas con ocasión del proceso electoral
de 2014, aún no resueltas. Tan clara es la cuestión que en el artículo
inmediatamente siguiente se dispuso que la resolución regiría a partir del 7 de
abril de 2015, de manera que resulta incontestable que para los comicios de
2015 sí era aplicable.
30. En lo que toca con argumento relativo a que la queja se presentó́
únicamente por las inscripciones irregulares en «las inspecciones de AGUAS
CLARAS Y CANAGUARO» y no en el Municipio de Granada, basta decir
(además de que aquellas son parte de este), que como ya se dejó́ sentado la
investigación se abrió́ oficiosamente y su alcance se extendió́ a todos los
municipios en que se pudiera presumir la existencia de irregulares inscripciones.
Estos cargos, pues, no prosperan.
3.4.2. La notificación de los actos expedidos por el CNE.
15
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Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
31. La parte demandante sostuvo que los autos del 2 y 17 de septiembre de
2015 ordenaron su notificación mediante aviso fijado por 5 días en un lugar
visible al público y en el exterior de la Registraduría Municipal de Granada, y
que el a quo desconoció́ que esta institución certificó que no existían
notificaciones de tal índole en sus archivos.
32. En el expediente está demostrado que en los autos proferidos por el CNE
16
se ordenó́ : i) en el del 2 de septiembre de 2015: «NOTIFICAR (...) a los
ciudadanos residentes en el municipio de Granada (Meta) mediante AVISO
fijado por cinco (5) días en lugar visible al público y en el exterior de la
Registraduría Municipal del Estado Civil de GRANADA (META) (...)»; y ii) en el
17
del 17 de septiembre de 2017: se decretó́ las visitas, se comisionó a distintas
autoridades para que las realizaran, y se ordenó́ comunicar a la Registraduría,
pero nada más. En ambas decisiones se consignó́ que «no [procedía] recurso
alguno, por ser de trámite».
33. Nótese que la orden de publicación del aviso únicamente se plasmó́ en la
decisión del 2 de septiembre de 2015. Según información suministrada por el
Registrador de Granada al demandante, «no se encontró́ copia de los Avisos
de Notificación de los Autos correspondiente a la Resoluciones (sic.) 0333 y
18.
1604 del2015 (sic.), del Consejo Nacional Electoral», Esa autoridad procedió́
a correr traslado al CNE informando que se había solicitado los «Autos del 2 y
17de (sic.) septiembre de 2015 (...)».
34. Es decir: que no es cierto que se hubiese notificado la inexistencia de avisos
referentes a los actos de 2 y 17 de septiembre, que es el aserto en que se basa
este cargo de impugnación, pues discurre por la vía de señalar que el fallo
impugnado no tuvo en cuenta tal certificación.
35. De otra parte sostuvo el recurrente que la Resolución 3180 de 2015 es acto
de naturaleza particular que debía notificarse personalmente, de acuerdo con
el CPACA.
36. Pues bien: el Decreto 1294 del 17 de junio de 201519 estableció́ que el CNE
«(...) tomará la decisión que corresponda, la cual será́ notificada de conformidad
con las normas legales pertinentes» y el artículo undécimo de la Resolución 333
de 2015 (vigente para la época de los hechos) consagró lo siguiente:
ARTÍCULO UNDÉCIMO. DECISIÓN Y NOTIFICACIÓN: (...)
La resolución se notificará de conformidad con el artículo 70 de la Ley 1437 de
2011. En todos los eventos el registrador distrital o municipal fijará en lugar
público de su despacho copia de la parte resolutiva por el término de cinco (5)
días calendario.
37. A su turno el artículo 70 del CPACA dispone que «los actos de inscripción
realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se
entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación»,
20
norma sobre la cual el Consejo de Estado se pronunció́ al examinar la
16
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legalidad de la Resolución 333 de 2015, en el sentido de que «no se requiere
indefectiblemente de la notificación personal, cuando es el propio legislador
quien ha impuesto una modalidad de enteramiento diferente y, de otra, que
tampoco se genera una violación normativa constitucional o legal cuando dentro
de un trámite y de cara a un acto registral, no se determina que la notificación
sea personal». Más adelante, la Alta Corporación sostuvo:
Ello se refuerza incluso con la parte final del artículo 70 del CPACA invocado en
las resoluciones 300 de 2015, 333 de 2015 y 2857 de 2018, que a la letra indica
que en materia de actos registrales al titular del derecho se le comunica por
cualquier medio idóneo, cuando la inscripción la hubiere solicitado una entidad o
personal distinta a aquel, lo que resulta evidencia que la notificación personal no
es a forma de enteramiento única e indefectible como lo pretende la parte actora.
Así́ las cosas, en los artículos 13 de la Resolución 0215 de 2007, 11 de las
Resoluciones 300 y 333 de 2015 y de la 2857 de 2018, luego de un procedimiento
que inicia de oficio o a solicitud de parte, mediante fijación de un aviso informativo
para los ciudadanos sobre la existencia de la solicitud para dejar sin efecto la
inscripción de la cédula, decreto, recaudo y periodo probatorio y la decisión
definitiva, se impone notificar la resolución a través de la anotación en el registro
público correspondiente, esto es, el censo electoral, con la posibilidad de
recurrirla en vía de reposición.
38. En suma, en los procesos adelantados oficiosamente por el Consejo
Nacional Electoral no es imprescindible la notificación personal de cada una de
las personas eventualmente concernidas, pues así́ no lo establece la norma
especial. Además se observa que el acto enjuiciado (Resolución 3180 de 2015)
impartió́ las órdenes que prevé́ la disposición aplicable:
ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente Resolución a la Registraduría
Municipal de GRANADA – META para que NOTIFIQUE a las personas
relacionadas en el artículo precedente de este proveído.
PARÁGRAFO 1: NOTIFICAR la presente Resolución conforme a lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo undécimo de la Resolución No. 0333 de 2015
proferida por el Consejo Nacional Electoral, concordante con el artículo 70 de la
ley 1437 de 2011.
PARÁGRAFO 2: FIJAR en lugar público del despacho de la Registraduría
Municipal de GRANADA – META, copia de la parte resolutiva por el terminó de
cinco (5) días calendario.
39. Las directrices de este acto fueron cumplidas a cabalidad, comoquiera que
el registrador municipal del estado civil de Granada publicó el aviso de la
21
Resolución 3180 de 2015 desde el 2 hasta el 6 de octubre de 2015 y contra
la decisión los afectados presentaron el recurso de reposición, como en el caso
del actor. Este cargo de apelación tampoco prospera.
3.4.3. Las pruebas decretadas en la investigación.
40. Cuestionó por este aspecto el recurrente que el fallo omitiera que el CNE
pudo, 24 días antes de las elecciones, verificar que él sí residía en el Municipio
de Granada. Y que, no obstante, las pruebas aportadas en ese sentido no
17
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fueron tenidas en cuenta al expedir la decisión definitiva. Agregó que el artículo
décimo de la Resolución 333 de 2015 estableció́ un periodo probatorio de 30
días que, en el caso concreto, se vencía el 2 de octubre de 2015 y que la prueba
producto de la comisión se aportó́ el día anterior.
41. En el expediente está probado que i) el 14 de agosto de 2015, Carlos Fredy
Calvo Hernández informó «sobre una posible trashumancia en las inspecciones
22
de AGUAS CLARAS y CANAGUARO» ; ii) el CNE tuvo conocimiento de esta
queja el 21 de agosto siguiente cuando fue remitida por el registrador municipal
del estado23; iii) el 2 de septiembre de 2015 inició de oficio la investigación y
decretó unas pruebas (cruce de información con otras bases de datos);24 y iv)
el 17 del mismo mes y año decretó otras, tales como las visitas a las direcciones
registradas por los ciudadanos (incluido el demandante) al momento de la
inscripción de las cédulas y para ello se comisionó a la Estación de Policía de
Granada «a fin de determinar la existencia de vínculos con el municipio; para el
efecto, el [Comandante] (...) se [desplazaría] a las direcciones registradas y
[determinaría] si el ciudadano habita, labora, ejerce actividades comerciales u
otra clase de actividades, de lo que dejará constancia en acta que [sería]
firmada por el servidor público y la persona que atiende la diligencia»25.
42. El artículo decimo de la Resolución 333 de 2015 consagró que el periodo
probatorio «[podría26] ser de hasta treinta (30) días calendario contados a partir
de la fecha del auto inicial». La norma utiliza el verbo «poder» que significa
27
«tener expedita la facultad o potencia de hacer algo» y la preposición
«hasta» que comprende el «limite final de una trayectoria en el espacio o en el
28
tiempo» ; es decir que el agotamiento de todo el periodo otorgado es -como
lo señaló́ el agente del Ministerio Público- una facultad de la autoridad. En el
caso concreto resulta evidente que la demandada estimó innecesario consumir
el periodo completo, y tras 22 días (el 24 de septiembre) expidió́ la resolución
que canceló la inscripción de las cédulas.
43. Ahora bien: el informe de la Policía Nacional solo se adujo al proceso el 6
29
de octubre de 2015 . A este documento se adjuntó́ i) un informe en el que se
anotaron los nombres de las personas que fueron visitadas (sin que se
encuentre el demandante) y también se informó́ que «en el plazo asignado para
la actividad [no fue] posible alcanzar la meta de verificación entregada debido a
que durante la semana se [presentaron] diferentes situaciones de orden público
y seguridad ciudadana que atrasaron el trabajo planeado, logrando un 45% de
30
verificación del total de direcciones asignadas (...)» ; y ii) una planilla de
«verificación de residencia» en la que consta el nombre, la cédula del señor
Jhon Jairo Ordóñez Saavedra y una firma; sin embargo, no se dejó́ la
observación de que sí vivía en la residencia reportada ni de su ocupación, como
31
sí se hizo con los demás ciudadanos . En todo caso, como se advirtió́ , esta
respuesta fue radicada ante el CNE el 6 de octubre de 2015 cuando ya había
fenecido la etapa probatoria y se había decidido el proceso.
39. La confrontación de estas afirmaciones con la transcripción efectuada de la
sentencia de segunda instancia, permite colegir que dichos aspectos fueron objeto
18
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
Accionante: John Jairo Ordoñez Saavedra
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de estudio por el Tribunal accionado, lo que conllevó a que se confirmara la sentencia
de primera instancia en la que se negaron las pretensiones de la demanda del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
40. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, porque el objeto de la demanda es continuar con el
debate propuesto en el recurso de apelación, lo cual escapa de la órbita de
intervención del juez constitucional, toda vez que la decisión acusada se sustenta en
los principios de autonomía judicial y la seguridad jurídica.
41. En consecuencia, se reitera en esta oportunidad que la acción de tutela contra
providencias judiciales “es concebida como un ‘juicio de validez’ y no como un ‘juicio
de corrección’ del fallo cuestionado7, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la controversia” 8.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 29 de febrero de 2024 por la
Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado. En su lugar dispone:
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor John Jairo
Ordóñez Saavedra, por las razones expuestas en las consideraciones que
anteceden.
7 Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) indicó:
“(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en
la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una
labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia
judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos
fundamentales’. Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina
Pardo Schlesinger)”.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00445-01
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Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
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Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
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VF
20
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