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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00457-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00457-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones formuladas por el señor Carlos Andrés Hormechea Marrero, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Instar al magistrado ponente el medio de control de nulidad con radicado Nro. 11001-03-24-000-2013-00608-00, en los términos anunciados en la parte motiva de esta decisión. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00457-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

21 de marzo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00457-00
Demandante: Carlos Andrés Hormechea Marrero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-00457-00
Demandante CARLOS ANDRÉS HORMECHEA MARRERO
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas Acción de tutela. Mora judicial. Tardanza en proferir sentencia en medio
de control de nulidad.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Carlos Andrés Hormechea Marrero de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 31 de enero de 20241, el señor Carlos Andrés Hormechea Marrero instauró acción
de tutela, en nombre propio, contra el Consejo de Estado, Sección Primera, por
considerar vulnerado su derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: TUTELAR mi Derecho Fundamental de ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA.
SEGUNDO: Que se ordene al accionado que en el término 48 horas dar trámite al recurso
de apelación resolviendo la controversia».

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Índice 2 en Samai.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00457-00
Demandante: Carlos Andrés Hormechea Marrero

2.1. En el año 2013, los señores Carlos Andrés Hormechea Marrero y Diana Milena
Bacca Duarte interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad por inconstitucionalidad contra el Ministerio de Agricultura, el Ministerio
de Interior y la Presidencia de la República, por diversos reparos frente a los
artículos 10, 11, 12 y 14 del Decreto 747 de 6 de mayo de 1992 «Por el cual se
dictan medidas policivas con el fin de prevenir las invasiones en predios rurales que están
ocasionando la alteración del orden público interno en algunos departamentos».

Del asunto conoció el Consejo de Estado, Sección Primera, bajo el radicado
Nro. 11001-03-24-000-2013-00608-00.

2.2. El 20 de mayo de 2015 se admitió la demanda y se adecuó el asunto al medio
de control de nulidad, el 12 de abril de 2019 se realizó la audiencia inicial, el
28 de junio de 2022 el asunto ingresó al despacho ponente para fallo.

3. Fundamentos de la acción

El tutelante manifestó que la autoridad accionada vulneró su derecho fundamental
al acceso a la administración de justicia, porque aún no ha proferido sentencia, a
pesar de que han transcurrido 11 años desde la radicación de la demanda y 19
meses desde que el asunto ingresó para fallo al despacho. Circunstancia que
calificó como un incumplimiento de los términos procesales consagrados en el
artículo 184 de la Ley 1437 de 2011.

Finalmente, transcribió jurisprudencia sobre el alcance del derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 2 de febrero de 2024, el despacho ponente admitió la acción
de tutela interpuesta por el señor Carlos Andrés Hormechea Marrero contra el
Consejo de Estado, Sección Primera, despacho del magistrado Oswaldo
Giraldo López; dispuso notificar en calidad de terceros al Ministerio de
Agricultura, al Ministerio de Interior, a la Presidencia de la República y a la
señora Diana Milena Bacca Duarte, quien también actuó como demandante
en el medio de control; y dispuso efectuar las notificaciones pertinentes.

4.2. El magistrado Oswaldo Giraldo López, integrante de la Sección Primera del
Consejo de Estado, tras un recuento de las actuaciones surtidas en el medio
de control, sostuvo que según el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 «es obligatorio
para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado
los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los
casos de sentencia anticipada o de prelación legal».

2

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Demandante: Carlos Andrés Hormechea Marrero

Adicionalmente, manifestó que a su cargo se encuentran asignados 1433
procesos vigentes, 1096 ordinarios iniciados en vigencia de la Ley 1437 de
2011, 161 ordinarios iniciados con el Código Contencioso Administrativo y 175
acciones especiales, frente a las que se avanza en el estudio y trámite
conforme a su reparto e ingreso.
Destacó que las acciones especiales por expresa disposición de la ley tienen
trámite preferente. Así el Decreto 2591 de 1991 dispone en su artículo 29 que
las solicitudes de tutela se resolverán dentro de los 10 días siguientes a su
presentación, al Despacho se encuentran asignadas 59. Frente a las acciones
populares, sostuvo que el artículo 6º de la Ley 472 de 1998 establece que
estas se tramitan de manera preferente a las demás que conozca el juez,
excepto al recurso de habeas corpus y a la acción de tutela, e indicó que al
Despacho se encuentran repartidas 113.
Sostuvo que teniendo en cuenta la alta carga de procesos, estudia y tramita
los asuntos conforme a las reglas de prioridad, de fecha de entrada y a los
turnos asignados. De manera que los expedientes se clasifican entre aquellos
procesos que por disposición legal tienen prioridad y los ordinarios. En este
último grupo de procesos se encuentra el promovido por el tutelante.
Por lo expuesto, concluyó que la eventual demora en el proceso del accionante
atiende a la excepcional carga laboral del Despacho, es decir, está justificada.
En consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la demanda.
4.3. El Ministerio de Interior sostuvo que carece de legitimación material en la
causa por pasiva, porque los hechos propuestos por el accionante suponen
actuaciones efectuadas ante la Rama Judicial. Asimismo, indicó que la tutela
interpuesta es improcedente, pues no existe vulneración de derechos
fundamentales alguna.
Por lo tanto, solicitó su desvinculación del trámite de tutela.
4.4. El Ministerio de Agricultura, la Presidencia de la República y la señora
Diana Milena Bacca Duarte, accionante en el medio de control, guardaron
silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
3

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Demandante: Carlos Andrés Hormechea Marrero

para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si el
Consejo de Estado, Sección Primera incurrió en mora judicial injustificada, debido a
que aún no ha proferido sentencia, en el medio de control de nulidad Nro. 11001-
03-24-000-2013-00608-00.

3. La mora judicial injustificada

3.1. Como lo establece el artículo 29 de la Constitución, el derecho fundamental al
debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas,
y al momento de determinar su alcance, la norma señala que toda persona
tiene derecho a «un debido proceso público sin dilaciones injustificadas».

La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del
derecho al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se
configura cuando: «(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora
desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del
asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el
análisis global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la
demora»2.

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el solo incumplimiento de un
término establecido en la ley no basta para considerar vulnerado el derecho al
debido proceso, sino que debe comprobarse que tal dilación es injustificada.

3.2. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que quien interpone una
acción judicial o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a
que se le resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo,
se ha insistido en que dadas las condiciones que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a
negligencia3. Debe decirse, entonces, que la mora judicial corresponde al

2 Sentencia T-297 de 2006 proferida por la Corte Constitucional.
3 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Radicado: 11001-03-15-000-2014-01444-00.
4

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Demandante: Carlos Andrés Hormechea Marrero

incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios
judiciales para la tramitación o decisión de los procesos a su cargo.

Por lo anterior, al juez de tutela le corresponde valorar en cada caso si la
conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y negligente,
pues existen causas imprevisibles y externas; esto es, circunstancias objetivas
que impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar
alguna decisión, como lo son la excesiva carga laboral o la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas. Circunstancias que no
pueden ser atribuibles a los funcionarios judiciales.

De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se
incumplen los términos judiciales no se debe al actuar de los funcionarios, sino
a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial. Por lo tanto, en
el evento en que exista una justificación que explique la tardanza o cuando
esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial injustificada y
en consecuencia no se habrán vulnerado los derechos fundamentales de
quien acudió a la justicia4.

Sobre el particular, en la Sentencia T-366 de 2005, la Corte Constitucional
señaló que «la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria
vulneración de los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación ha
de ser injustificada, como lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mora judicial
obedece a circunstancias objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del fallador, mal
podría la Corte Constitucional acceder a las pretensiones de una tutela en ese sentido,
sin analizar con sumo cuidado las razones de la mora judicial que se alega».

En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto,
sin que exista motivación para justificar la demora en que incurrió. Es decir,
que al juez de tutela le corresponde realizar una valoración de los aspectos
objetivos y subjetivos que rodean la tardanza.

En la Sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional precisó que la mora
judicial injustificada, se presenta cuando (i) existe un incumplimiento objetivo
del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación y
(iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de
los deberes del funcionario judicial.

4 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.
5

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Y para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable, la alta corte señaló que
se deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto;
(ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el
trámite.

3.3. Por otro lado, se ha reiterado que, aunque exista demora en la resolución de
los casos, el turno en el que los expedientes pasaron al despacho para fallo
debe ser respetado. Esta posición es reflejo del artículo 18 de la Ley 446 de
19985 que prevé:
«Artículo 18. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo
orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda
alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal».

Esta regla, entonces, busca impedir que el juez adelante procesos según su
arbitrio sobre otros que estaban antes en el Despacho. De no ser así, se
vulneraría el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la administración
de justicia en condiciones de igualdad6.

A pesar de lo anterior, la propia Corte Constitucional ha admitido que
excepcionalmente se varíe dicho orden de decisión y se dé prelación a ciertos
procesos, en situaciones particulares7: básicamente cuando la mora judicial
justificada pueda poner en grave riesgo los derechos fundamentales de los
usuarios de la administración de justicia y siempre que exista una relación
directa entre las condiciones particulares del afectado y la resolución que
espera de la administración de justicia8.

Así pues, en los casos de mora judicial justificada excepcionalmente hay lugar
a alterar el sistema de turnos establecido al interior de cada despacho judicial.
Posibilidad que, además de resultar extraordinaria, se restringe al
cumplimiento de las condiciones dispuestas por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

4. Análisis del caso

4.1. Con base en lo anterior, la Sala considera que la autoridad judicial accionada
no incurrió en mora judicial injustificada, puesto que existen motivos objetivos
5 En concordancia con el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de
2009.
6 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Radicado: 11001-03-15-000-2014-01444-00 y Corte Constitucional. Sentencia T-945A de 2008.
7 Corte Constitucional. Sentencias T-708 de 2006, T-1069 de 2012, T-315 de 2017 y T-320 de 2017.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-945A de 2008.
6

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y razonables que explican la dilación que ha existido en el asunto. Al respecto,
la autoridad judicial accionada informó que tiene un inventario de 1433 casos
vigentes, dentro de los cuales 59 son acciones de tutela y 113 acciones
populares, las cuales tienen un trámite preferente por expresa disposición
legal. En criterio de la Sala, entonces, la autoridad judicial accionada tiene una
carga de expedientes suficiente que explica por qué el asunto aún no ha sido
resuelto de fondo, entre los cuales existe un conjunto que, por disposición
legal, debe ser resuelto con prelación a los demás asuntos.

Como se explicó previamente, la situación de congestión judicial por regla
general no es imputable a los funcionarios judiciales, sino a las dificultades
prácticas que debe afrontar la Rama Judicial y a condiciones exógenas a los
jueces, como el alto número de demandas que diariamente se presentan, a la
complejidad de los asuntos que allí se deciden y al número servidores
judiciales, entre otros factores. De hecho, en la Sentencia de Unificación SU-
179 de 2021 la Corte Constitucional aseveró que «El incumplimiento de términos
previstos en normas procesales a causa de la congestión judicial, en tanto se basa en
una situación estructural y objetiva, no comporta una violación al derecho al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia».

Por lo tanto, aunque ha transcurrido un año y siete meses desde que el asunto
ingresó el despacho para fallo hasta la fecha de interposición de la tutela, la
Sala considera que en el caso no se cumplen los supuestos que configuran la
mora judicial injustificada. Y esto responde, como ya se indicó, a la existencia
de circunstancias objetivas que explican por qué aún no se ha proferido
sentencia, como lo son la carga laboral del despacho y los obstáculos y
congestión que aquejan a la Rama Judicial.

En consecuencia, no podría asegurarse que el magistrado a cargo del caso ha
actuado con negligencia o retardo deliberado y, en ese sentido, la dilación no
obedece a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes del juez
de la causa.

Sobre el tema debatido, en Sentencia T-165 de 2021 la Corte Constitucional
indicó que solamente se presenta mora judicial injustificada cuando: «(i) es fruto
de un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique la tardanza como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la misma es imputable a la falta
de cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial» (Negrillas
propias). Elementos que no se configuran en el caso bajo estudio pues, como
se indicó previamente, en el asunto sí existen razones objetivas que explican
la tardanza en proferir la sentencia y no se trata de un asunto en el cual la
dilación obedezca al abandono o descuido del magistrado ponente.
7

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A lo anterior se suma que la mora se reputa de la falta de sentencia. Por
tratarse, entonces, de la decisión de fondo y no de un mero asunto de trámite,
no podría concluirse, sin más, que la complejidad del asunto es menor.

4.2. Por otra parte, tampoco se advirtió una situación que amerite la modificación
excepcional del sistema de turnos judicial, como lo es la condición de sujetos
de especial protección constitucional o un grado de vulnerabilidad altísimo que
convierta el respeto del turno en una carga imposible de soportar.

Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que sujetos de especial
protección constitucional gozan de una protección preferencial, como
materialización del principio de igualdad, según el cual «hay que tratar igual a lo
igual y desigual a lo desigual». En virtud de esta premisa es deber del Estado «no
consagrar un igualitarismo jurídico entre quienes se hallan en diversidad de
condiciones fácticas, es decir, la obligación de crear un sistema jurídico diferente
para quienes se encuentran en desigualdad en los amplios y complejos campos de la
vida política, económica, social y cultural» (Negrillas propias).

En consecuencia, es obligación del Estado, y por ende del juez constitucional,
«detenerse en las diferencias que de hecho existen entre las personas», para así
adoptar decisiones que tengan en consideración las circunstancias que
padecen ciertos grupos poblacionales. Diferenciación que responde a la
premisa de igualdad material según la cual debe tratarse igual a los iguales y
diferente a los diferentes. Esto en razón a que en el estado social de derecho
el postulado clásico de igualdad formal ante la ley trasciende. Por ende, bajo
esta óptica de la igualdad, es necesaria la adopción de medidas que
garanticen un punto de partida equitativo entre los ciudadanos.

Justamente, en escenarios que involucre sujetos de especial protección
constitucional o en los que se advierta una trasgresión de derechos
fundamentales de bulto, la alteración del sistema de turnos procede. Y esto
responde a que en casos límite la tardanza compromete los derechos
fundamentales de los usuarios de la administración de justicia. En estos casos,
sin embargo, debe acreditarse que se trata de una situación real, comprobada
y grave que hace inminente la necesidad de priorizar el fallo.

Aspectos que en el caso no se configuran, no solo por no involucrar derechos
fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, sino porque al
tratarse de un asunto enmarcado en el medio de control de simple nulidad no
existe, de acuerdo con los elementos de convicción allegados al plenario, una
afectación directa y particular del tutelante.

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Con todo, pese a encontrarse justificada la tardanza en la tramitación del
medio de control de nulidad con radicado Nro. 11001-03-24-000-2013-00608-
00, como se explicó en precedencia, la Sala no pasa por alto el tiempo
transcurrido desde la presentación de la demanda, que supera los 11 años, y
por tal motivo, instará al magistrado ponente de la Sección Primera del
Consejo de Estado, para que le imparta celeridad al proceso y, de ser posible,
lo decida con prontitud.

5. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la autoridad judicial accionada
no ha transgredido el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia
del accionante, ya que se encuentra justificada la mora judicial advertida en el
trámite del medio de control de nulidad Nro. 11001-03-24-000-2013-00608-00.

En consecuencia, se negarán las pretensiones formuladas en la acción de tutela
objeto de estudio.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones formuladas por el señor Carlos Andrés Hormechea
Marrero, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Instar al magistrado ponente el medio de control de nulidad con radicado Nro.
11001-03-24-000-2013-00608-00, en los términos anunciados en la parte motiva
de esta decisión.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

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Demandante: Carlos Andrés Hormechea Marrero

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

10

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