Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00468-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00468-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00468-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
25 de abril de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00468 01
Accionante: Aeronáutica Civil - Aerocivil
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00468 01
Accionantes: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA
CIVIL - AEROCIVIL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA, SUBSECCION
B
Tesis: La acción de tutela es improcedente por falta de
subsidiariedad cuando el demandante no ha hecho uso
de los mecanismos ordinarios establecidos en la ley para
la defensa de sus derechos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 29 de febrero de 2024, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Quinta.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil)
solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la “doble instancia”,
que estimó vulnerados con ocasión de la sentencia de segunda instancia
del 30 de noviembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que decidió en segunda instancia la demanda de
reparación directa promovida en su contra por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)1.
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Proceso que se identificó con el radicado 25000-23-26-000-2010-00337-01.
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1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, la accionante
manifestó que, en la referida demanda, promovida el 27 de mayo de 2010,
el Ideam solicitó que se le condenara a pagar los servicios de suministro de
información meteorológica prestados con ocasión del “Convenio sobre
meteorología aeronáutica” suscrito el 5 de marzo de 1990, que tenía por
objeto “brindar un servicio técnico y eficiente a los usuarios, compañías
explotadoras y tripulaciones de transporte aéreo en materia de información
meteorológica aeronáutica, de acuerdo con las normas de la Organización
Meteorológica Mundial OMM y de la Organización de la Aviación Civil
Internacional OACI”.
Informó que el proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, Sala de
Descongestión, que dictó sentencia del 19 de marzo de 2015, mediante la
cual declaró probada de oficio la caducidad del medio de control.
Adujo que el Ideam presentó recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia y argumentó que la omisión de la Aerocivil había sido permanente
y continuada por más de 20 años, por lo que la caducidad debía computarse
desde la fecha en la que “cesara el daño”.
Señaló que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante
sentencia de segunda instancia del 30 de noviembre de 2023, revocó el
fallo de primer grado y, en su lugar: (i) teniendo en cuenta que la demanda
fue presentada el 27 de mayo de 2010, con fundamento en el artículo 136,
numeral 8º, del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo
(CCA), declaró la caducidad sólo respecto de los derechos causados antes
del año 2008, (ii) declaró responsable a la Aerocivil por la omisión
administrativa configurada por no haber dispuesto y asignado los recursos
para cubrir el costo de los servicios meteorológicos prestados por el Ideam,
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y (iii) condenó en abstracto a la Aerocivil a pagar al Ideam los perjuicios
patrimoniales causados con tal omisión2.
1.3. El demandante alegó en la tutela que la anterior decisión incurrió en
los siguientes defectos:
1.3.1. Violación directa de la Constitución, porque la autoridad judicial
demandada, al revocar la sentencia de primera instancia, debió devolver el
expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que decidiera
sobre el fondo de la litis en cuanto a las obligaciones respecto de las cuales
se concluyó que no había operado la caducidad, y así garantizar, en relación
con estas, las dos instancias dentro del proceso.
Empero, no lo hizo así, razón por la cual incurrió en vulneración de los
artículos 29 y 31 de la Carta, pues la actora no tuvo la posibilidad de obtener
pronunciamiento en ambas instancias respecto de lo que no fue afectado
por la caducidad.
En otras palabras, la Aerocivil considera que en el proceso ordinario hubo
dos instancias pero apenas aparentes, pues en realidad la controversia
relacionada con las obligaciones a su cargo, por las cuales fue condenada,
se decidió en una sola por parte de la Sección Tercera, Subsección B, del
Conejo de Estado, mediante providencia no susceptible de recursos.
1.3.2. Desconocimiento del precedente, porque no se tuvieron en
cuenta las siguientes decisiones:
1.3.2.1. Consejo de Estado, Sección Primera: (i) sentencia de tutela del 12
de diciembre de 2019, radicado 1001-03-15-000-2019-04183-01, M.P.
Oswaldo Giraldo López, en la que se ordenó al juez del proceso ordinario de
2
Providencia visible en el expediente del proceso ordinario en segunda instancia, índice 51 SAMAI, archivo
“29_SENTENCIA(.pdf) NroActua 51”. Enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201000337011
100103
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primera instancia que dictara una nueva providencia que decidiera de fondo
sobre las pretensiones de la demanda; (ii) sentencia del 24 de septiembre
de 2020, radicado 41001-23-31-000-2000-00659-01, M.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, que ordenó a la autoridad judicial de primera
instancia dictar un nuevo fallo que se pronunciara sobre los fundamentos
que no fueron analizados por haberse declarado la caducidad de la acción;
(iii) sentencia del 30 de julio de 2020, radicado 13001-23-31-000-2010-
00212-01, M.P. Oswaldo Giraldo López, en la cual se concluyó que, si la
sentencia de primera fuera inhibitoria, la de segunda no podría resolver de
fondo la controversia, so pena de convertirse en una decisión de única
instancia, y (iv) sentencia del 6 de agosto de 2020, radicado 68001-23-31-
000-2010-00609-01, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, en la que se
consideró que, si bien el juez de primera instancia se había pronunciado
sobre la mayoría de las pretensiones, había omitido decidir respecto del
cargo de caducidad de la facultad sancionatoria, el cual debía ser resuelto
en primera instancia, so pena de convertir la decisión de cierre en una
actuación de única instancia.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 5 de febrero de 2024, el a quo admitió la tutela y
dispuso a vincular como terceros con interés al Ideam, quien actuó en
calidad de demandante en el proceso ordinario, y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.
2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, a través de su secretaría, remitió copia magnética del
proceso de reparación directa.
Además, la magistrada María Cristina Quintero Facundo precisó que la
sentencia de primera instancia, dictada el 19 de marzo de 2015, fue
proferida por la Sala de Descongestión, la cual desapareció con la creación
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de la Subsección C de la Sección Tercera con carácter permanente3, por
lo que no le era posible pronunciarse respecto de las consideraciones que
sustentaron la decisión.
2.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por
intermedio del magistrado ponente del fallo objeto de la acción de tutela,
sostuvo que la providencia y el expediente de la acción de reparación
directa contienen los elementos y los argumentos necesarios para que el
juez constitucional adopte la decisión que en derecho corresponda.
2.4. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – Ideam sostuvo que las pretensiones de la tutela deben
ser desestimadas porque la autoridad judicial no incurrió en los defectos
aludidos ni en vulneración de los derechos invocados por la entidad
accionante.
Alegó que la providencia no incurrió en violación directa de la
Constitución, pues lo cierto es que la Aerocivil pudo haber apelado el fallo
o solicitado su adición o aclaración, y como no lo hizo, mal haría en
sostener que se le vulneró el derecho a la doble instancia.
Manifestó que las providencias invocadas por la parte accionante no
pueden considerarse como precedentes, sino como antecedentes, pues
no comparten similitud fáctica con el sub lite y sus efectos son inter
partes. Además, solo reflejan la posición particular de la Sección Primera
del Consejo de Estado, y no la de toda la corporación.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo del 29 de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Quinta, declaró la improcedencia del amparo por falta del presupuesto de
subsidiariedad, con fundamento en que, para exponer los cargos que
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Mediante Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura.
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pretende hacer valer en este trámite constitucional, la Aerocivil pudo
presentar en sede ordinaria una solicitud de nulidad con fundamento en la
causal establecida en el numeral 2º del artículo 133 del CGP4, pues
considera que se pretermitió íntegramente una instancia judicial.
IV. IMPUGNACIÓN
La Aerocivil impugnó la sentencia de primera instancia y alegó que la causal
de nulidad prevista en el numeral 2º artículo 133 del CGP se presenta
cuando el juez pretermite íntegramente la respectiva instancia, y por tanto
que omita la totalidad de los actos procesales entre el inicio y la terminación
de cada una de las instancias, lo cual no ocurrió en el caso concreto.
Arguyó que incluso en el hipotético caso de que la solicitud de nulidad fuera
procedente, no sería idónea ni eficaz para proteger sus derechos y garantías
constitucionales invocados porque, dado el volumen de ingresos mensuales
de procesos a la Sección Tercera de esta corporación —de lo cual agrega in
cuadro—, la decisión no alcanzará a adoptarse durante la presente
anualidad.
De acuerdo con lo anterior, a su juicio, en este caso resulta necesaria la
intervención urgente del juez de tutela para prevenir el perjuicio
irremediable que se le puede causar, si se tiene en cuenta que de tener que
pagarse la condena impuesta se impactaría negativamente el presupuesto
de inversión de la entidad en el componente de mantenimiento y operación
de las estaciones aeronáuticas, lo que a la postre afectaría las actividades
asociadas a la debida prestación del servicio público esencial de transporte
aéreo.
Luego reiteró la totalidad de los argumentos expuestos en la solicitud de
amparo.
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“(…) 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente
concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.”
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. El Ideam presentó demanda de reparación directa contra la Aerocivil
con la finalidad de obtener el pago de los servicios de suministro de
información meteorológica, prestados en virtud del “Convenio sobre
meteorología aeronáutica” suscrito el 5 de marzo de 1990, de los cuales es
beneficiaria desde el año 1994.
5.2.2. El proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, Sala de
Descongestión, que dictó sentencia el 19 de marzo de 2015, en la cual
declaró la caducidad del medio de control.
5.2.3. La parte demandante apeló el fallo de primera instancia y arguyó que
la omisión en la que había incurrido la Aerocivil era permanente y
continuada por más de 20 años, razón por la cual, para estudiar la
caducidad de la acción, debía tenerse en cuenta la fecha en la que “cesara
el daño”.
5.2.4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante
sentencia del 30 de noviembre de 2023, revocó el fallo de primer grado y,
en su lugar, declaró la caducidad únicamente respecto de las obligaciones
anteriores al 2008 y condenó en abstracto a la Aerocivil a pagar al Ideam
los perjuicios patrimoniales causados por tal omisión.
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5.2.5. La Aerocivil interpuso acción de tutela al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales como consecuencia de la anterior decisión.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. Procedencia de la acción de tutela
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
Con este propósito, la Corte Constitucional definió y unificó de tiempo
atrás los llamados requisitos generales de procedibilidad5, los cuales
deben concurrir en su totalidad, para que resulte viable el estudio de
fondo de la solicitud de amparo, postura que, tiempo después, fue así
mismo acogida por esta corporación6. Tales criterios son los de i) la
relevancia constitucional del asunto planteado, ii) la subsidiariedad,
relacionada con el previo agotamiento de todos los medios de defensa
judicial disponibles, iii) la inmediatez, relativa al oportuno ejercicio de la
acción de amparo dentro de un plazo razonable, iv) la precisa explicación
sobre el efecto determinante del defecto que se aduce, v) la razonable
identificación de los hechos aducidos y su previa invocación dentro del
proceso ordinario precedente, y vi) que no se trate de fallos de tutela.
Una vez constatada la presencia de estos requisitos, la efectiva
prosperidad de la tutela depende de la debida demostración de al menos
una de las causales específicas de procedibilidad definidas en la misma
providencia, las cuales se pueden enmarcar dentro de las siguientes
categorías: a) defecto material o sustantivo; b) violación directa de la
Constitución; c) defecto fáctico; d) defecto procedimental; e) decisión sin
motivación; f) defecto orgánico; g) desconocimiento del precedente, y h)
5 Sentencia C-590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño).
6 Sentencia de unificación de julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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error inducido, o, como mínimo, que en la petición de amparo haga una
exposición suficientemente clara de los hechos y derechos que la
sustenten, de forma tal que el juez constitucional pueda deducir, sin
elucubraciones, cuál es el defecto que la parte actora reprocha de la
providencia.
5.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
De conformidad con lo anterior, el análisis de las acciones de tutela contra
providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial.
5.3.3. El requisito de subsidiariedad
Los artículos 86 de la Constitución Política y 6º, numeral 1º, del Decreto
2591 de 1991 prevén que la tutela es improcedente cuando no se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos
fundamentales. Es allí donde radica la finalidad del requisito de
subsidiariedad, que consiste en impedir que esta acción se convierta en
un mecanismo principal de protección.
La Corte Constitucional ha manifestado que el medio judicial por
excelencia para la preservación de los derechos es el proceso7. Por
consiguiente, la acción de tutela no puede ser utilizada como una
herramienta sustitutiva de los mecanismos ordinarios de defensa, salvo
que éstos no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la petición de amparo se ejerza
como un medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
7
Sentencia C–543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
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Siendo así, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado
debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su
disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
5.3.4. Caso concreto
Corresponde a la Sala analizar si es procedente decidir de fondo la acción
de tutela instaurada por la Aerocivil con ocasión de la sentencia del 30 de
noviembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.
Es pertinente recordar que la decisión atacada revocó el fallo del 19 de
marzo de 2015, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, Sala de Descongestión, que había
declarado probada de oficio la caducidad del medio de control de
reparación directa. La providencia que aquí se cuestiona, a su vez,
consideró configurada la caducidad únicamente respecto de los derechos
causados antes del 2008 y condenó a la Aerocivil a pagar al Ideam los
perjuicios patrimoniales reclamados a partir de ese año.
A juicio de la demandante, la anterior providencia incurrió en violación de
su derecho fundamental al debido proceso como consecuencia de la
infracción al principio de doble instancia, toda vez que, en lo que respecta
propiamente a las obligaciones reclamadas por el Ideam, el asunto fue
decidido en una única instancia, quedando la actora imposibilitada para
impugnar la decisión que se adoptó sobre el fondo del asunto.
En este contexto, la Sala considera que al a quo le asistió la razón al
concluir que el debate propuesto por la Aerocivil en la tutela corresponde
a la causal de nulidad establecida en el numeral 2° del artículo 133 del
CGP8, pues gira en torno a la falta de adelantamiento de las actuaciones
8
“Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
(…)
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procesales que habría tenido que surtir el asunto en una nueva instancia
en la que la actora hubiera podido controvertir las conclusiones a las que
se llegó en relación con su responsabilidad por las omisiones
administrativas que le fueron endilgadas en el proceso de reparación
directa y con el deber de pagar las obligaciones derivadas del “Convenio
sobre meteorología aeronáutica” suscrito el 5 de marzo de 1990.
Ahora bien, en la impugnación, la demandante alega que el anterior
mecanismo ordinario no resulta idóneo ni eficaz porque el pago de la
condena impuesta impactaría negativamente el presupuesto de inversión
en el componente de mantenimiento y operación de las estaciones
aeronáuticas, lo que afectaría la debida prestación del servicio público
esencial de transporte aéreo. Y, por lo tanto, aduce que en el sub lite se
hace necesaria la intervención urgente del juez de tutela para prevenir el
perjuicio irremediable.
Sin embargo, la Sala advierte que la accionante, más allá de hacer alusión
al número de procesos que recibe mensualmente la autoridad judicial
demandada —lo que, a su juicio, impediría que la solicitud de nulidad
fuera tramitada dentro del presente año—, no aportó ninguna prueba que
acredite la alegada afectación de las finanzas de la entidad, que se
ocasionaría por el eventual pago de la condena.
De hecho, la Sala advierte que el fallo objeto de tutela impuso a la
Aerocivil una condena en abstracto, en los términos del artículo 172 del
CCA, que está sujeta a liquidación mediante trámite incidental. Y,
además, la entidad contará con los plazos para el pago y para la
ejecutividad de la condena, consagrados en la normativa aplicable.
Siendo así, la Sala concluye que en el sub judice no se encuentra
configurado el perjuicio irremediable, que es indispensable para la
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido
o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
(…)”.
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procedibilidad de la acción de tutela cuando la accionante cuenta con un
mecanismo ordinario de defensa.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado,
que declaró improcedente la tutela al constatar la ausencia del requisito
de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de febrero de 2024, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró la improcedencia
del amparo por falta del presupuesto de subsidiariedad.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
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Accionante: Aeronáutica Civil - Aerocivil
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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