RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00493-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00493-01

Fecha
16 de mayo de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00493-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Modificar la sentencia del 21 de marzo de 2024, por la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A «rechazó por improcedente» la acción de tutela, para en su lugar, declarar la falta de legitimación por activa del señor Aníbal Alberto Tamayo Viveros, para 16 Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado del 23 de junio de 2016 C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 73001-23-33-000-2015-00637-01 17 Corte Constitucional, sentencias T-724 de 2004 y T-194 de 2012. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01 promover este mecanismo constitucional, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00493-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

16 de mayo de 2024

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Ricaurte, Cundinamarca, dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00493-01
Demandante: ANÍBAL ALBERTO TAMAYO VIVEROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Modifica,
«rechazo por improcedente» para declarar la falta de
legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 21 de marzo de 2024, por la cual el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A resolvió «rechazar por improcedente, la acción de
tutela».

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 2 de febrero de 2024, el señor Aníbal Alberto
Tamayo Viveros presentó acción de tutela contra el Juzgado Cuarto
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, con la finalidad
de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
confianza legítima y a la defensa del patrimonio público.

La parte actora consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de las sentencias del 31 de agosto de 2018 y 22 de mayo de 2019,
proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima, respectivamente, que accedieron a las pretensiones
de la demanda dentro del proceso de reparación directa identificado con el
radicado 73001-33-33-004-2015-00178-00 acumulado con el 73-001-33-33-008-
2015-00348-00, promovido por los señores Christian Alejandro García Montoya
y otros1 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

1 Revisado el expediente, se advierte que en este proceso los demandantes fueron los señores

Christian Alejandro García Montoya, Saúl Alonso García Quintero, Ana Isabel Montoya Gómez,

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

PRIMERA-. TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales y fundamentales
invocados: derecho al debido proceso, derecho a la confianza legítima y a la protección
del patrimonio público, consagrados en la Constitución Política.

SEGUNDA-. DEJAR sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia emitidas
por el Juzgado Cuarto Administrativo De Ibagué y Tribunal Administrativo de Ibagué,
respectivamente, en el proceso de reparación directa iniciado por el señor Christian
Alejandro García Montoya y otros, en calidad de víctimas.

TERCERA-. Como consecuencia de ello, ORDENAR que se inicien las investigaciones
correspondientes a fin de examinar por qué la autoridad judicial no decretó la nulidad de
lo actuado en el proceso de referencia, a sabiendas que se le comunicó la existencia de
otro litigio de reparación directa iniciado por las mismas víctimas y por los mismos hechos
y circunstancias.

CUARTA-. En caso de hallar una conducta procesal omisiva, INFORMAR a las
autoridades competentes para que inicien las investigaciones y procesos disciplinarios
pertinentes, por la transgresión de los deberes legales en el desempeño de sus
funciones.

QUINTA-. REQUERIR a la entidad demandada, POLICIA NACIONAL – MINISTERIO DE
DEFENSA, para que indique por qué no ejecutó ninguna acción administrativa o legal en
aras de evitar la grave afectación al patrimonio público2.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La Sala advierte como relevantes los siguientes hechos probados, de
conformidad con los documentos aportados al expediente:

Los señores Christian Alejandro García Montoya, Viviana García Montoya,
Trinidad del Socorro García Quintero y Saúl Alonso García Quintero, le
otorgaron poder al tutelante Aníbal Alberto Tamayo Viveros para que los
representara judicialmente y demandara en ejercicio del medio de control de
reparación directa a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional por las lesiones ocasionadas el 1.º de agosto de 2013 al señor
Christian Alejandro, mientras prestaba su servicio militar obligatorio.

La demanda se radicó en Bogotá el 13 de marzo de 2015, fue repartida al
Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral de Bogotá, al que se le asignó el
radicado 11001-33-36-033-2015-00260-00.

El 12 de marzo de 2019 se profirió sentencia de primera instancia, mediante la
cual el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá negó las pretensiones

Viviana García Montoya, María Silenia Gómez de Montoya, Gervacio Heriberto Montoya Gil y
Trinidad del Socorro García Quintero.
2 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

de la demanda.

Inconforme con lo resuelto, los demandantes apelaron a través de su
apoderado Aníbal Alberto Tamayo Viveros, recurso que fue desatado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que
en fallo del 4 de julio de 2019, revocó la decisión de primera instancia, para en
su lugar, declarar administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, condenándola al pago por daños en la
salud solo al demandante señor Christian Alejandro García Montoya,
equivalente a 80 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esa providencia.

En la ciudad de Ibagué los señores Christian Alejandro García Montoya, Saúl
Alonso García Quintero, Ana Isabel Montoya Gómez, Viviana García Montoya,
María Silenia Gómez de Montoya, y Gervacio Heriberto Montoya Gil, otorgaron
poder a la abogada María Sonia Giraldo Gómez para que demandara en
reparación directa a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, para obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios patrimoniales
y extrapatrimoniales con ocasión de las lesiones sufridas el 1º de agosto de
2013 por Christian Alejandro García Montoya, mientras se desempeñaba como
auxiliar regular al servicio de la Policía Nacional.

La demanda fue radicada el 27 de abril de 2015 en la ciudad de Ibagué,
repartida al Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué, asignándole radicado
73001-33-33-004-2015-00178-00.

Posteriormente la señora Trinidad del Socorro García Quintero, otorgó poder a
la abogada María Sonia Giraldo Gómez para que demandara en reparación
directa a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional por las
lesiones sufridas por el señor Christian Alejandro García Montoya, demanda
que se radicó el 24 de agosto de 2015 y correspondió al Juzgado Octavo
Administrativo de Ibagué, con radicado 73001-33-33-008-2015-00348-00.

Por auto del 5 de octubre de 2015 el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué
acumuló el proceso 73001-33-33-008-2015-00348-00 al expediente 73001-33-
33-004-2015-00178-00.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué, profirió sentencia de primera
instancia del 31 de agosto de 2018, en la que dispuso:

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de CULPA DE LA VÍCTIMA DE
MANERA PARCIAL, atendiendo a la concurrencia de culpas expuesta en este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL es patrimonial y administrativamente responsable delos perjuicios sufridos por
los demandantes, con ocasión de las lesiones sufridas por el joven CHRISTIAN
ALEJANDRO GARCÍA MONTOYA, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICÍA NACIONAL a pagar los perjuicios extrapatrimoniales y patrimoniales ocasionados
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

a los demandantes como consecuencia de las lesiones sufridas por el joven CHRISTIAN
ALEJANDRO GARCÍA MONTOYA.

[...]

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. [...].

La decisión anterior fue objeto de apelación por las partes, recurso que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 22 de mayo
de 2019, que dispuso:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia de fecha 31 de agosto del
2018, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué,
dentro del proceso promovido por Christian Alejandro García Montoya y otros contra la
NACIÓN – Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional, que accedió parcialmente a
las súplicas de la demanda, el cual quedará de la siguiente manera:

«PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de culpa de la víctima impetrada por la
Nación – Ministerio de Defensas – Policía Nacional».

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas en esta instancia a la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional, impóngase el 5% de lo concedido a cada uno de los integrantes de la
parte demandante que resultaron beneficiarios de esta decisión como agencia en derecho.
[...].

El 7 de febrero de 2020 el señor Saúl Alonso García Quintero, como parte
demandante en el proceso 73001-33-33-004-2015-00178-00 solicitó
declaratoria de nulidad en forma oficiosa, toda vez que informó que habían
demandado en Bogotá el 13 de marzo de 2015 a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, por las lesiones sufridas por Christian
Alejandro García Montoya, que correspondió al Juzgado Treinta y Tres
Administrativo de Bogotá, con radicado 11001-33-36-033-2015-00260-00,
proceso que culminó a favor de sus intereses con sentencia del 4 de julio de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, que quedó ejecutoriada el 15 de julio de la misma
anualidad; en ese orden adujo que se presentaba la figura de la cosa juzgada.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué el 19 de abril de 2020 declaró
infundada la solicitud de nulidad al advertir que en el proceso con radicado
73001-33-33-004-2015-00178-00/73001-33-33-008-2015-00348-00 a cargo de
ese despacho, se profirió primero sentencia de primera instancia el 31 de
agosto de 2018, modificada por el Tribunal Administrativo del Tolima el 22 de
mayo de 2019 que cobró firmeza el 29 de mayo de la misma anualidad,
mientras que en el expediente 11001-33-365-033-2015-00260-00 del Juzgado
Treinta y Tres Administrativo de Bogotá, se dictó sentencia de primer grado el
12 de marzo de 2019 que fue revocada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B el 4 de julio de 2019,
ejecutoriada el 15 del mismo mes y año.

No obstante, ordenó que se expidiera copia de las sentencias de primera y
segunda instancia dentro del proceso tramitado por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Ibagué, con las constancias de ejecutoria, y se remitieran al

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá, al Ministerio de Defensa
Nacional y a la Policía Nacional para su conocimiento y fines pertinentes.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora considera vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, a la confianza legítima y a la grave afectación al patrimonio público,
toda vez que ya existía en Bogotá un proceso en curso por los mismos hechos
y circunstancias en el momento en el que la demanda fue presentada en el
municipio de Ibagué.

En ese sentido, indicó que tanto el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué
como el Tribunal Administrativo del Tolima «han transgredido la norma
constitucional al no garantizar la seguridad jurídica del Estado derivando en un
posible detrimento en contra del patrimonio de este».

Aseveró que las autoridades judiciales accionadas «procedieron aun
conociendo que las actuaciones procesales realizadas por este apoderado
fueron llevadas a cabo con antelación y de manera diligente, actuando con
profesionalismo y ética».

Destacó que este mecanismo constitucional es idóneo cuando se entienden
violentados los derechos fundamentales al debido proceso y a la protección del
patrimonio público, como lo indica la jurisprudencia3, al señalar que es
primordial que, dentro del ejercicio de sus funciones, el juez de tutela garantice
que no se vulnere el patrimonio público del Estado ni se atente contra principios
inherentes al debido proceso como es el de la cosa juzgada.

Mencionó que el juez de tutela debe obrar conforme a los principios del juez
natural y de legalidad, ordenando que se decrete la nulidad de lo actuado, pues
tanto el Juez Administrativo de Ibagué como el Tribunal Administrativo del
Tolima, tenían conocimiento – previa petición realizada por las víctimas –, de la
solicitud de nulidad por existir sentencia condenatoria en proceso de reparación
directa, en la cual se perseguía el mismo hecho dañoso y el cual culminó con
anterioridad al presente asunto tutelado.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 9 de febrero de 2024 el magistrado ponente de la Subsección
A de la Sección Segunda de esta corporación admitió la demanda y dispuso
notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Tolima y
al Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué.

3El apoderado en el escrito de demanda refirió sentencias de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, sin indicar fecha ni número de radicado.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

A su vez, ordenó notificar al Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
como demandados en el medio de control de reparación directa con radicados
73001-33-33-004-2015-00178-00 [01] y 11001-33-36-033-2015-00260-00.

De otra parte, vinculó como terceros con interés en las resultas de este proceso
a los señores Ana Isabel Montoya Gómez, Cristian Alejandro García Montoya,
Gervacio Heriberto Montoya Gil, María Silena Gómez De Montoya, María Sonia
Giraldo, Saúl Alonso García Quintero, Trinidad del Socorro García Quintero y
Viviana García Montoya, quienes fungieron como demandantes en el medio de
control de reparación directa que se tramitó con el radicado 73001-33-33-004-
2015-00178-00 [01].

1.6. Contestaciones

1.6.1. Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué

La juez manifestó que, en efecto, el proceso de reparación directa con radicado
73001-33-33-004-2015-00178-00 promovido por Christian Alejandro García
Montoya, Saúl Alonso García Quintero, Ana Isabel Montoya Gómez, Viviana
García Montoya, María Silenia Gómez de Montoya, y Gervasio Montoya, a
través de la apoderada judicial María Sonia Gómez Giraldo, en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, fue radicado el 27 de abril de
2015.

Precisó que, ese juzgado en auto del 5 de octubre de 2015, acumuló el proceso
de reparación directa con radicado No. 73001-33-33-008-2015-00348-00,
promovido por los mismos hechos por parte de la señora Trinidad del Socorro
García Quintero y del cual venía conociendo el Juzgado 8° Administrativo Oral
del Circuito de Ibagué.

Afirmó que el 31 de agosto de 2018 se profirió sentencia de primera instancia,
condenando en abstracto a la parte demandada.

Indicó que en sentencia de segunda instancia el Tribunal Administrativo del
Tolima, el 22 de mayo de 2019 modificó el numeral primero de la decisión de
primer grado, para declarar no probada la excepción de culpa exclusiva de la
víctima y confirmó en todo lo demás.

Señaló que la parte demandante promovió incidente de liquidación de condena
en abstracto que fue admitida el 8 de octubre de 2019.

Resaltó que en el trámite de ese incidente, el 7 de febrero de 2020, uno de los
demandantes el señor Saúl Alonso García Quintero, actuando directamente, sin
su apoderada, solicitó la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio
inclusive, con el argumento de que ante el Juzgado 33 Administrativo Oral de
Bogotá cursaba un proceso igual al adelantado por ese despacho, identificado
con el radicado No. 11001-33-36-033-2015-0026000, el cual, culminó con
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

sentencia favorable para la parte actora, de fecha 04 de julio de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Señaló que, en proveído del 19 de abril de 2019, se estudió y decidió en debida
forma el incidente de nulidad planteado por el señor Saúl Alonso García
Quintero, y se declaró infundada la solicitud de nulidad alegada, al advertir que
las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso
73001-33-33-004-2015-00178-00, del 31 de agosto de 2018 y 22 de mayo de
2019, fueron proferidas con anterioridad a las decisiones dictadas en el
expediente 11001-33-36-033-2015-00260-00 por tanto correspondía al Juzgado
Treinta y Tres Administrativo de Bogotá definir sobre la configuración de la
cosa juzgada propuesta.

Finalmente, afirmó que se evidenció que tanto el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo de Bogotá como el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía
Nacional, en calidad de parte demandada, fueron enteradas de la solicitud
presentada en el proceso que cursó en ese despacho y de la decisión adoptada
al respecto, con el fin que ellos como interesados y responsables, tomaran las
medidas pertinentes al respecto, sin que por lo tanto, se haya incurrido en
vulneración de derecho fundamental alguno como lo alega el señor Aníbal
Alberto Tamayo Riveros.

1.6.2. El Tribunal del Tolima y los terceros interesados, esto es, el Ministerio de
Defensa Nacional, la Policía Nacional) y los señores Ana Isabel Montoya
Gómez, Christian Alejandro García Montoya, Gervacio Heriberto Montoya Gil,
María Silena Gómez de Montoya, María Sonia Giraldo Gómez, Saúl Alfonso
García Quintero, Trinidad del Socorro García Quintero y Viviana García
Montoya, guardaron silencio, pese a que fueron debidamente notificados.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 21 de marzo de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A resolvió «rechazar por improcedente, la acción de
tutela interpuesta por el señor Aníbal Alberto Tamayo Viveros» toda vez que no
le asiste el derecho para reclamar la protección de los derechos invocados en
razón a su falta de legitimación en la causa por activa.

Indicó que, la parte actora no cumple con el requisito previsto en el artículo 10
del Decreto 2591 de 1991, que exige demostrar la legitimidad o interés de quien
acude a la acción de tutela, en procura de que se protejan derechos
fundamentales ante el constreñimiento o quebrantamiento de estos y tampoco
lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional, en el sentido de que cuando se
trata de censurar providencias judiciales por violación al debido proceso «la
legitimación en la causa por activa […] se configura por la participación en el
proceso judicial de la causa y por el grado de afectación que la decisión en
comento le genere».

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

Sostuvo la autoridad judicial que se acreditó que el medio de control de
reparación directa que adelantó el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima actuaron como demandantes: Christian
Alejandro García Montoya, Trinidad del Socorro García Quintero, María Silenia
Gómez de Montoya, Gervacio Heriberto Montoya Gil, Saúl Alonso García
Quintero, Viviana García Montoya y Ana Isabel Montoya Gómez, representados
judicialmente por la abogada María Sonia Giraldo Gómez, y como demandada,
la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, sin que el aquí
tutelante actuara a ningún título dentro de ese proceso ordinario.

Por las razones anteriores advirtió la ausencia del presupuesto procesal de
legitimación en la causa por activa del demandante, por lo que no tiene derecho
a reclamar la protección de los derechos invocados.

1.8. Impugnación

La parte actora con memorial enviado vía electrónica el 11 de abril de 2024
impugnó el fallo de primera instancia, el cual fue notificado vía electrónica el 8
del mismo mes y año, por los siguientes motivos:

Reiteró que, la regla jurisprudencial ha señalado que uno de los presupuestos
para que se configure la legitimación en la causa por activa se da cuando se
demuestra que se tiene un “interés directo y particular en la providencia y/o
proceso pretendido en revisión”, en ese orden indicó que le asiste interés
directo y concreto, porque «fui quien representé a las víctimas dentro del
proceso y quien acudió – por primera vez – mediante mecanismos judiciales a
iniciar el proceso de reparación directa [...] además de presentar la petición de
cobro ante la entidad dado las facultades otorgadas en el mandato».

Mencionó que dentro del proceso figuran unas cuentas de cobro adicionales en
procesos de igual naturaleza jurídica, lo cual no ha permitido el cobro pertinente
afectando tanto a las víctimas directas como a él. En ese orden, el Consejo de
Estado no puede justificarse en que en la actuación realizada no hay un interés
particular por parte del accionante, máxime cuando ya se había puesto en
conocimiento del Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué y del Tribunal
Administrativo del Tolima, que existía una cuenta de cobro presentada ante la
entidad con fundamento en sentencia con los mismos demandantes y entidad
demandada.

Destacó que lo pretendido no es controvertir la sentencia que quedó
ejecutoriada primero, ni en qué momento quedó en firme, sino que el proceso
de reparación directa, que él tramitó como apoderado judicial de las víctimas
fue el primero; por tanto, su cuenta de cobro fue la primera en el tiempo con los
requisitos legales.

Resaltó que considera que posee legitimidad para actuar dentro en la tutela de
la referencia, en la medida en que representó judicialmente a los demandantes
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

del proceso de reparación directa que el demandó, que resultan ser los mismos,
en el expediente con radicado 73001-33-33-004-2015-00178-00/73001-33-33-
008-2015-00348-00 conocido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Ibagué, del Tribunal Administrativo del Tolima en el que se pide dejar sin
efectos las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas por estas
autoridades judiciales.

Sostuvo que no se puede desconocer que, frente a la protección del derecho
fundamental al debido proceso invocado, se desprende además la búsqueda de
la protección del patrimonio de la Nación. Al respecto, refirió la sentencia de la
Corte Constitucional T-610 de 2015, para señalar que:

[...] el juez de tutela está en la obligación de actuar con vocación de protección del
patrimonio que envuelva interés público, es decir, aunque se trate de controversias
económicas, la intervención del juez de amparo en estas circunstancias puede justificarse y
se encontraría legitimada ante la afectación de intereses públicos que las tales
vulneraciones a los derechos fundamentales puedan ocasionar. En otras palabras, el juez
de tutela no puede excluir, prima facie, el estudio de aquellas controversias económicas
que revistan una afectación del patrimonio público [...].

Indicó que en el mismo sentido el Consejo de Estado4, ha precisado al respecto
lo siguiente:

Pues, no se puede pasar por alto que la protección constitucional invocada se ejerció con
el fin de evitar el doble pago a favor de una persona que ejerció dos veces el mismo medio
de control con fundamento en el mismo hecho dañoso y para reclamar los mismos
perjuicios, es decir, los morales. Actuación que además de desconocer los postulados de la
buena fe y la probidad procesal por parte de quien obró como demandante y las
apoderadas judiciales, resultan lesivos del patrimonio público y, por ende, del interés
general.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
decisión impugnada en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991 5,
el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de
esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.

4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 13 de mayo de 2021, M.P. Milton Chaves

García, exp. 11001-03-15-000-2020-0016-01.
5 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

Por tanto, corresponde a la Sala determinar si el señor Aníbal Alberto Tamayo
viveros cuenta con la legitimación en la causa por activa, de ser así, sí se
cumple con el requisito de la relevancia constitucional y los demás
presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De encontrarse cumplidos, se analizará si con las
providencias del 31 de agosto de 2018 y 22 de mayo de 2019 proferidas por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del
Tolima, respectivamente, se incurre en la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte demandante.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20126, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

[...] si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.7

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los fijados hasta el
momento jurisprudencialmente. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
6 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -

Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
7 Ibídem.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.8

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Legitimación en la causa por activa

El señor Aníbal Alberto Tamayo Viveros, consideró que sus garantías
constitucionales resultaron vulneradas con las providencias del 31 de agosto de
2018 y 22 de mayo de 2019 dictadas por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral
de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente, en el medio
de control de reparación directa con radicado 73001-33-33-004-2015-00178-00
/73001-33-33-008-2015-00348-00.

En lo particular, resulta del caso referenciar lo siguiente:

[...] se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la
causa[...] La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el
demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata
de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la
notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga
la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado
de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión,
resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio
de la demanda.

8 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de

2004 y C-590 de 2005.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las
personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente
de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas…

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal
existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado
legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda
y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de
demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los
sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de
defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión
entre las partes y los hechos constitutivos del litigio…

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de
legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del
proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no
tener conexión con los hechos que motivaron el litigio…

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no
necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente
es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la
instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes
relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación
material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte
demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que
aquella realiza …”9

Adicionalmente, el artículo 10 del decreto 2591 de 1991 dispone:

«ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.

[...]».

Al igual, el artículo 1° ibidem dispone que «[...] toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señale este Decreto»10.

De conformidad con la norma transcrita, cualquier persona puede agenciar los
derechos ajenos, siempre y cuando, se cumplan los siguientes presupuestos: i)

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Bogotá, D.C.,

febrero cuatro (04) de dos mil diez (2010). Magistrado ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
Radicación número: 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720). Actor: Ulises Manuel Julio
Franco y otros. Demandado: Municipio de Santiago de Tolú y otros.
10“Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia

C-018 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez.”

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

La existencia de una manifestación del agente oficioso en el sentido que actúa
como tal, ii) el titular del derecho fundamental efectivamente debe no estar en
condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa y iii) siempre
que sea posible, debe existir ratificación oportuna del referido titular del derecho
respecto de los hechos y pretensiones de la acción11.

En lo atinente a la interposición de la acción de tutela por parte del agente
oficioso, la Corte Constitucional12, ha establecido que dicha calidad debe
expresarse en la solicitud de amparo y asimismo, debe probarse al menos
sumariamente.

La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 200313, manifestó que la
acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas
las personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona
afectada, quien podrá interponerla directamente o por quien actúe en su
nombre.

De manera que no se «[...] requiere ser abogado, ni tener conocimientos
jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es decir, la Constitución y la ley no
exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción. Inclusive, no es
requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que
la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el
solicitante no sepa escribir o sea menor de edad[...]»14.

A su vez, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia T-552 de 2006,
consideró:

[...] La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación
en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades15, a partir de las normas de la
Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite
cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los
presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los
procesos de tutela. (Subraya fuera de texto)

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio
directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales (caso
de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado
debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el
poder especial para el caso, o en su defecto el poder general respectivo, y (iv) la del
ejercicio por medio de agente oficioso[...].

11 Corte Constitucional, sentencia T – 213 de 2002.
12 Sentencias T – 503 de 1998, T – 242 de 2003 y T – 503 de 2003.
13 M.P. Jaime Córdoba Triviño
14“Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo

14 del Decreto 2591 de 1991.”
15“Ver sentencia T-531 de 2002, M.P, Eduardo Montealegre Lynett.”

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

2.5. Caso concreto

Corresponde a la Sala establecer si en el sub judice se configura la legitimación
en la causa por activa, que permita un pronunciamiento de fondo sobre los
hechos y las pretensiones de la tutela de la referencia.

En principio, es claro que toda persona es titular de derechos fundamentales,
pero para la procedencia de la acción de tutela debe establecerse la
circunstancia que faculta al sujeto de derechos a presentar el recurso de
amparo constitucional, lo que implica, acreditar la condición de titular de la
relación jurídica material que da lugar al proceso.

La Sala encuentra que el señor Aníbal Alberto Tamayo Viveros, no allegó el
documento que lo acredite como apoderado judicial de los señores Christian
Alejandro García Montoya, Saúl Alonso García Quintero, Ana Isabel Montoya
Gómez, Viviana García Montoya, María Silenia Gómez de Montoya, Gervacio
Heriberto Montoya Gil y Trinidad del Socorro García Quintero, para actuar en el
trámite constitucional de la referencia; ni intervino como parte en el proceso de
reparación directa en el que se cuestionan las providencias demandadas.

En este orden, es claro que el señor Tamayo Viveros, carece de legitimación en
la causa por activa, pues no cuenta con facultad para demandar las
providencias acusadas, esto es, las sentencias del 31 de agosto de 2018 y 22
de mayo de 2019 proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué y
el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del medio de control de reparación
directa con radicado 73001-33-33-004-2015-00178-00/73001-33-33-008-2015-
00348-00, ni de manera directa ni como agente oficioso de los demandantes en
este proceso.

La Sala considera necesario aclarar que quien tiene legitimación por activa, en
la acción de tutela, es el titular de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 la
acción puede ser presentada (i) por el titular de las garantías constitucionales;
(ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia
oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones
de promover su defensa.

No obstante, en el caso de actuar a través de abogado, el profesional en
derecho debe contar con el respectivo poder que lo acredite como apoderado
judicial del titular de los derechos fundamentales cuya protección se solicita.

Adicionalmente, la Sala encuentra que en el sub judice tampoco se configura la
agencia oficiosa, por cuanto no se indicaron los motivos por los cuales los
demandantes del proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-004-
2015-00178-00 / 73001-33-33-008-2015-00348-00, estén en imposibilidad de
promover por ellos mismos la acción constitucional.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

Para que sea admisible la figura de la agencia oficiosa, debe estar debidamente
comprobado que el agenciado no se encuentra en condiciones de asumir la
defensa de sus propios derechos, requisito que es desarrollo de la Carta
Política en relación con el respeto a la autonomía personal, previsto en el
artículo 16.16

De conformidad con lo expuesto, la Sala modificará la sentencia de primera
instancia que «rechazó por improcedente» la acción de tutela para, en su lugar,
declarar la falta de legitimación en la causa por activa de actor para que se deje
sin efectos las sentencias del 31 de agosto de 2018 y 22 de mayo de 2019
proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima, dentro del medio de control de reparación directa con
radicado 73001-33-33-004-2015-00178-00/73001-33-33-008-2015-00348-00.

Al respecto, resulta del caso precisar que, pese a que una de las
características de la acción de tutela es la informalidad, la legitimación por
activa o titularidad para promoverla es condición de procedibilidad de la
demanda17, pues la carencia de tal presupuesto enerva la posibilidad de una
decisión de fondo en el caso concreto.

En consecuencia, se encuentra que quien presentó la solicitud de amparo
carece de legitimación en la causa por activa, en razón a que no intervino en el
proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-004-2015-00178-
00/73001-33-33-008-2015-00348-00 en el cual se profirieron las providencias
del 31 de agosto de 2018 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué y 22
de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Tolima, y que pretende a
través de este mecanismo de defensa se dejen sin efecto.

En cuanto a las pretensiones tercera, cuarta y quinta, se le recuerda a la parte
actora que puede ejercer las correspondientes actuaciones que considere
pertinentes.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Modificar la sentencia del 21 de marzo de 2024, por la cual el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A «rechazó por
improcedente» la acción de tutela, para en su lugar, declarar la falta de
legitimación por activa del señor Aníbal Alberto Tamayo Viveros, para

16
Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado del 23 de junio de 2016 C.P. Rocío Araújo Oñate.
Rad. 73001-23-33-000-2015-00637-01
17 Corte Constitucional, sentencias T-724 de 2004 y T-194 de 2012.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Aníbal Alberto Tamayo Viveros
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00493-01

promover este mecanismo constitucional, conforme con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.