Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00509-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00509-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00509-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-00509-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
25 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00509-01
Demandante: Ruby Zagarra de Pereira
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Mora judicial – AMPARO.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora Ruby Zagarra de
Pereira en contra de la sentencia proferida el 22 de agosto de 2024, por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 5 de febrero de 2024, la señora Ruby Zagarra de Pereira interpuso demanda
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces, con
el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia.
2.Considera que tales prerrogativas están siendo vulneradas con ocasión de la
mora judicial en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho1
que adelanta junto con otros2 contra la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, con el propósito de obtener el reconocimiento de la
porción de salario mensual equivalente al 30% de la asignación básica mensual.
1 Radicado 47001-23-33-000-2016-00414-00.
2 Martha Eugenia Cifuentes, María Teresa Daza, Alejandro López, Dalmiro Suárez y Ruby Zagarra.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00509-01
Demandante: Ruby Zagarra de Pereira
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
3.
El conocimiento del asunto correspondió a una Sala de Conjueces, en virtud de
la declaratoria de impedimento de los magistrados titulares del Tribunal
Administrativo del Magdalena. La accionante afirmó que luego de 8 años de haberse
presentado la demanda, la cual versa sobre un asunto de derecho, no se ha
proferido sentencia de primera sentencia, en detrimento de sus garantías
constitucionales.
4. Señaló que la Sala de Conjueces accionada no padece el fenómeno de la
congestión judicial como ocurre con los Magistrados titulares, razón por la cual
resulta injustificado, que haya omitido hasta la fecha la expedición de la sentencia
que en derecho corresponde.
B. Sentencia de primera instancia
5.
Mediante sentencia de 22 de agosto de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado negó la solicitud de amparo. Estimó que la presunta demora se encuentra
justificada, pues con ocasión de la pandemia por Covid-19, se presentaron retrasos
hasta tanto se pudo digitalizar el expediente para trabajar en virtualidad. Aunado a
ello, se han realizado reiteradas solicitudes a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial para que allegue los antecedentes administrativos
correspondientes a las reclamaciones adelantadas por la accionante, y tal entidad
no las ha atendido. El último requerimiento se realizó el 30 de julio de 2024.
6.
Estimó que esas situaciones dan cuenta de la actividad de la autoridad judicial y
el trámite oportuno del proceso ordinario.
C. La impugnación
7. La parte accionante sostuvo que el a quo simplemente se dedicó a mencionar
los aspectos procesales, sin razonar en que se encuentra en una relación desigual
respecto al Estado, y en ese escenario la tutela es el mecanismo idóneo para lograr
la garantía de sus derechos.
8. Consideró que en la sentencia de primera instancia se debió fijar un término para
que la autoridad judicial accionada profiriera la sentencia de primera instancia, pues
al negar el amparo se abrió paso a la posibilidad de que la mora injustificada se
prolongue en forma indefinida.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00509-01
Demandante: Ruby Zagarra de Pereira
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
D. Competencia
9.La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19913.
E. Análisis del caso concreto
10. La Sala anticipa que revocará el fallo impugnado, toda vez que la revisión de las
actuaciones surtidas en el marco del proceso ordinario, lleva a concluir que
efectivamente se está en presencia de una mora judicial injustificada, que afecta el
debido proceso de la señora Ruby Zagarra Pereira.
11. En relación con la procedencia de la acción de tutela por mora judicial, esta
Corporación ha señalado que “no toda dilación en proferir una decisión judicial (…)
vulnera derechos fundamentales”4.
12. Para determinar si la autoridad judicial demandada ha incurrido en la misma, y
previo a verificar si tal mora se proyecta como afrenta a un derecho fundamental,
se debe analizar: (i) la complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del
interesado; (iii) la conducta de la autoridad judicial competente; (iv) el análisis global
de procedimiento; y (iv) el turno en el que el expediente pasó al despacho, de
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. En ese
contexto, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela se abre paso por
mora judicial cuando se trate de una dilación injustificada como resultado de la falta
de diligencia en el actuar del funcionario judicial, lo que significa que “no existe mora
judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que ésta debe ser injustificada y estar
probada la negligencia de la autoridad judicial accionada”5.
13. Descendiendo al caso concreto, se encuentra que6: (i) el 20 de octubre de 2016
la señora Ruby Zagarra de Pereira radicó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho; (ii) el 10 y 21 de noviembre siguiente los magistrados presentaron
impedimentos para conocer el proceso; (iii) el 9 de marzo de 2017 el Consejo de
Estado decidió tales impedimentos, en el sentido de aceptarlos; (iv) el 18 de
septiembre siguiente se hizo el sorteo de los conjueces y se designó como ponente
3 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado: Expediente 11001-03-15-
000-2020-04601-00. M.P. Milton Chaves García.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 18 de febrero de
2009, exp. 25000-23-15-000-2008-01246-01 (AC), M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
6 Información obtenida del expediente allegado en préstamo.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00509-01
Demandante: Ruby Zagarra de Pereira
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
a la conjuez Alicia Esther Navarro Yepes; (v) el 30 de octubre se inadmitió la
demanda; (vi) el 20 de marzo de 2018 se admitió la demanda; (vii) el 12 de junio
siguiente se contestó la demanda; (viii) el 5 de septiembre se corrió traslado de las
excepciones; (ix) el 5 de marzo de 2019 se vincularon litisconsortes necesarios; (x)
entre mayo y agosto de 2019 los litisconsortes contestaron la demanda, se corrió
traslado de las excepciones y hubo pronunciamiento de la demandante frente a las
mismas; (xi) el 9 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual
se le solicitó como prueba a la autoridad demandada los antecedentes
administrativos que tuviera en su poder de la actuación objeto del proceso; (xii) el 6
de febrero de 2020 se le requirió al representante de la demandada para que
cumpliera la carga impuesta en el audiencia inicial; (xiii) el 18 de febrero de 2020 se
aceptó la renuncia de la prueba pericial, se le requirió de nuevo a la autoridad
demandada para que allegara los antecedentes administrativos solicitados en la
audiencia inicial, se prescindió de la audiencia de pruebas y se ordenó la
presentación de los alegatos de conclusión; (xiv) el 2 y 4 de marzo de 2020 las
partes presentaron alegatos; (xv) el 10 de mayo de 2022 se realizó un sorteo de
conjuez, con ocasión de la renuncia de uno de los miembros de la Sala que conocía
del asunto; y, (xvi) el 30 de julio de 2024 se requirió por última vez la parte
demandada para que allegara en el término perentorio de 3 días, los antecedentes
administrativos.
14. La conjuez Alicia Esther Navarro Yepes, en su contestación, presentó un informe
de actuaciones que coincide con el anterior, a partir del cual sostiene que la falta de
pronunciamiento en el asunto está justificada. Puso de presente las siguientes
situaciones: (i) para el 2020 sobrevino la emergencia sanitaria por Covid-19 que
impidió adelantar actividades presenciales hasta que el Tribunal digitalizó el
expediente; (ii) para el año 2022 habían sido asignado a los conjueces un promedio
de 400 procesos, aspecto que sumado a sus actividades profesionales, así como la
falta de personal de apoyo y de alertas, le impidieron continuar con el trámite del
proceso; (iii) a finales de 2023 se creó un juzgado de descongestión al cual “se
remitieron los expedientes que venían conociéndose como Juez Ad-Hoc”; y (iv) la
entidad accionada no ha allegado los antecedentes administrativos, y ello ha
impedido dictar sentencia. Finalmente, señaló que se debe declarar la carencia de
objeto por hecho superado, por cuanto el proceso fue impulsado a través del auto
de 30 de julio de 2024.
15. A partir del anterior recuento procesal y lo informado por la conjuez ponente, la
Subsección presenta las siguientes razones que la llevan a discrepar de lo expuesto
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00509-01
Demandante: Ruby Zagarra de Pereira
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
en la sentencia de primera instancia, y considerar que se configuró una mora judicial
injustificada:
(i). Existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial: Desde la presentación de
alegatos, en marzo de 2020, el proceso está en su última etapa7 y a la fecha
no se ha proferido sentencia, excediendo no solo el término fijado legalmente
para ello8 sino aquel que razonablemente se espera de una sala de conjueces;
se constata que no existe información en el expediente que dé cuenta que
esa Sala o la ponente acrediten una situación particular demostrativa de un
volumen de trabajo que les impida atender el encargo que voluntariamente
aceptaron.
(ii). No existe un motivo razonable que justifique la dilación: Las dificultades
derivadas de las medidas adoptadas con ocasión de la pandemia por Covid-
19 pueden justificar la tardanza en el trámite durante el año 2020, pero no
excusan lo acaecido en los años subsiguientes; y, como se expondrá, no es
de recibo lo indicado respecto a los antecedentes administrativos.
(iii). La tardanza es imputable a la autoridad judicial: Es cierto que la entidad
demandada no ha remitido dichos antecedentes, pero la autoridad judicial no
puede excusar su mora en ese incumplimiento, pues no ha obrado con
diligencia en el recaudo de esa prueba, tal y como se explicará en las líneas
siguientes.
(iv). La mora judicial afecta el derecho al debido proceso de la accionante: No se
ha resuelto en forma definitiva la controversia, y la razón de ello no tiene que
ver con problemas estructurales de la administración de justicia, sino con un
trámite inadecuado por parte de la sala de conjueces.
16. Si la conjuez ponente estimó que los antecedentes administrativos constituyen
una prueba indispensable para proferir sentencia, no tiene justificación que el
proceso hubiere ingresado a despacho para fallo hace más de 3 años, y sólo hasta
ahora advierta que no cuenta con esa información.
7 Artículo 179 (numeral 3) de la Ley 1437 de 2011.
8 Artículo 182 (numeral 3) de la Ley 1437 de 2011.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00509-01
Demandante: Ruby Zagarra de Pereira
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
17. En el auto de 18 de febrero de 2020, que corrió traslado para alegar, se requirió
por cuarta vez9 a la demandada para que aportara esa prueba. Lo que se esperaba
era que la ponente verificara en un término razonable, si se había cumplido dicho
requerimiento, pero no fue así. Sólo con ocasión de la tutela advirtió esa situación y
profirió el auto de 30 de julio de 2024 requiriendo “por última vez” a la parte
demandada.
18. Para la Sala, esta providencia no contribuyó a superar la mora judicial y con su
expedición se pretendió evidenciar un impulso procesal, que resultó ser meramente
formal. Ello se hace evidente si se tiene en cuenta que, a pesar de que se
concedieron sólo 3 días para cumplir el requerimiento, ya han transcurrido más de
2 meses desde la notificación de tal auto, y en SAMAI no se registra ninguna otra
actuación: no obra respuesta de la autoridad demandada, ni una decisión de la
ponente con ocasión a ese silencio.
19. Los administradores de justicia tienen a su disposición poderes correccionales,
cuyo ejercicio se extraña en el proceso ordinario objeto de censura. Puntualmente,
el artículo 44 (numeral 3) del Código General del Proceso consagra la posibilidad
de sancionar a quienes sin justa causa incumplan las órdenes judiciales, y regula el
procedimiento que se debe seguir para tales efectos.
20. En tal sentido, aunque el incumplimiento al requerimiento judicial puede ser
atribuible a la entidad demandada en el proceso ordinario, la mora judicial es
imputable a la conjuez ponente, pues no ha sido diligente en el manejo de esta
situación, en la medida en que: (i) no ha hecho el seguimiento correspondiente a
sus órdenes; (ii) mantuvo el proceso a despacho para fallo por más de 3 años sin
insistir en el recaudo de la prueba; (iii) a pesar del evidente incumplimiento de
requerimientos previos -hasta la fecha suman 5-, ha omitido ejercer los poderes
correccionales que tiene a su disposición; y, (iv) su respuesta a la problemática
planteada en la tutela no ha sido efectiva, de manera que no ha impulsado el
proceso.
21. Esas situaciones han derivado en la vulneración a la garantía fundamental al
debido proceso de la señora Ruby Zagarra de Pereira, pues no se ha adoptado una
decisión de fondo en la controversia judicial que suscitó, por razones que no tienen
9 El primer requerimiento se hizo en el auto admisorio de la demanda -20 de marzo de 2018-, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 175 (parágrafo 1) de la Ley 1437 de 2011, el segundo en la audiencia inicial que
tuvo lugar el 9 de diciembre de 2019 y los otros 2 en autos de 6 y 18 de febrero de 2020.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00509-01
Demandante: Ruby Zagarra de Pereira
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
que ver con problemas estructurales de la administración de justicia. Solo después
de estar el proceso para fallo durante varios años, la conjuez ponente advierte que
la discusión probatoria aún no concluía y que por cuenta de un incumplimiento de
la entidad demandada, no es posible decidir de fondo, sin adoptar oportunamente
las medidas correccionales pertinentes. De ahí que se considere que hay lugar a
conceder el amparo.
22. Ahora, si bien lo que se espera es que cuanto antes se profiera sentencia, ello
sólo será posible si previamente se imparten órdenes orientadas a superar la
situación descrita en precedencia.
23.
Así, bajo el presupuesto de que aún no se cuenta con una prueba que en criterio
del juez natural es indispensable para fallar, se ordenará a la conjuez ponente que,
si aún no lo ha hecho -y continúa la omisión-, en el término de 48 horas ejerza sus
poderes correccionales e inicie el trámite sancionatorio a que haya lugar para que
la autoridad accionada cumpla la orden de aportar los antecedentes administrativos
requeridos. Recibida esa prueba, y agotados los trámites que se estimen necesarios
para garantizar el derecho de contradicción y defensa, el proceso deberá ingresar
de inmediato al despacho, para que dentro de los veinte (20) días siguientes la
conjuez ponente elabore la respectiva ponencia de decisión y la ponga a
consideración de la Sala de Conjueces, para lo de su cargo. En cualquier caso, la
Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Magdalena deberá proferir
sentencia en el término máximo de cuatro (4) meses contados a partir de la
notificación de esta providencia.
24.
Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de 22 de agosto de 2024 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, para en su lugar conceder el amparo
del derecho fundamental al debido proceso de la señora Ruby Zagarra de Pereira,
en los términos antes expuestos.
25.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 22 de agosto de 2024 por el
Consejo de Estado – Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente providencia. En su lugar AMPARAR el derecho fundamental al
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00509-01
Demandante: Ruby Zagarra de Pereira
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
debido proceso de la señora Ruby Zagarra de Pereira. En consecuencia,
ORDENAR a la Conjuez ponente Alicia Navarro Yepes para que, si aún no lo ha
hecho -y continúa la omisión-, en el término de 48 horas ejerza sus poderes
correccionales en el proceso 47-001-2333-000-2016-00414-00 e inicie el trámite
sancionatorio a que haya lugar, para que la autoridad demandada cumpla la orden
de aportar los antecedentes administrativos requeridos. Recibida esa prueba, y
agotados los trámites que se estimen necesarios para garantizar el derecho de
contradicción y defensa, el proceso deberá ingresar de inmediato al despacho, para
que dentro de los veinte (20) días siguientes la conjuez Navarro Yepes elabore la
respectiva ponencia de decisión y la ponga a consideración de la Sala de
Conjueces, para lo de su cargo. En cualquier caso, la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo del Magdalena deberá proferir sentencia en el término
máximo de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
10 VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.