Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00512-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00512-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00512-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
29 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00512-00
Accionante: MARÍA LUCELLY GALVIS CASTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se niegan las pretensiones de la acción de amparo. La
autoridad judicial accionada no incurrió en mora judicial.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora María Lucelly Galvis
Castro contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora María Lucelly Galvis Castro solicitó el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal
Administrativo de Risaralda, con ocasión de la presunta mora judicial en la resolución
del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia de 30
de marzo de 2022, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Pereira, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 66001-33-33-007-2021-00122-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que es beneficiaria de la pensión reconocida, con anterioridad al 1.º de
enero de 1997, al señor Gerardo Antonio Castillo Yepes (q.e.p.d.), por parte de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL.
2.2. Indicó
que el 25 de abril de 2016, le solicitó a CREMIL el reajuste de la
asignación de retiro de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor – IPC,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: María Lucelly Galvis Castro
al considerar que “[…] el valor económico inicialmente recibido no corresponde
con la totalidad de los montos que genera la correcta reliquidación de la
asignación de retiro […]”.
2.3. Refirió que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de Oficio núm.
211 – consecutivo núm. 2016.32405 de 16 de mayo de 2016, le respondió que no
accedía a su solicitud.
2.4. Precisó que, en razón a lo anterior, radicó el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 66001-33-33-007-2021-00122-00 contra la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares, con el propósito de obtener la nulidad de la
Resolución núm. 7698 del 20 de noviembre de 2013 y del Oficio núm. 211
Consecutivo núm. 2016-32405 de 16 de mayo de 2016, por los cuales “[…] se
liquidó en sede administrativa al señor Gerardo Antonio Castillo Yepes (Q.E.P.D.)
y la señora María Lucelly Galvis Castro, el reajuste anual de la asignación de retiro
inicialmente reconocida al señor Gerardo Antonio Castillo Yepes (Q.E.P.D.)
aplicando la variación porcentual del IPC para el período comprendido entre el 01
de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2004 […]”.
2.5. Señaló que la demanda le correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Pereira, autoridad judicial que mediante sentencia de 30 de marzo de
2022 negó las pretensiones de la demanda.
2.6. Manifestó que contra la decisión mencionada presentó recurso de apelación, el
cual fue admitido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, a través del auto de
10 de junio de 2022.
2.7. Agregó que el 26 de agosto de 2022 el expediente ingresó al despacho para
que se profiriera la respectiva decisión de segunda instancia, pero que, a la fecha,
luego de “año y medio”, no ha habido un pronunciamiento por parte de la autoridad
judicial accionada.
2.8. Sostuvo que el 2 de marzo de 2023 radicó ante el despacho judicial accionado
solicitud de impulso procesal.
que, si bien por la congestión judicial debe “tener paciencia”, lo
2.9. Puntualizó
cierto es que su caso no es un asunto complejo y es un sujeto de especial
protección, por lo que se amerita una pronta solución dentro de los términos
procesales.
2.10. Afirmó
que con la presunta mora judicial en la que ha incurrido el Tribunal
Administrativo de Risaralda está afectando gravemente su derecho fundamental al
debido proceso, además que la demora en la toma de una decisión de fondo
puede ocasionar que la reliquidación tardía de la asignación de retiro resulte
nugatoria e inefectiva.
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Accionante: María Lucelly Galvis Castro
2.11. Señalóque en las sentencias T-006 de 19921 y T-283 de 20132, la Corte
Constitucional indicó que en garantía del derecho fundamental al debido proceso
las autoridades judiciales debían solucionar de manera célere los asuntos a su
cargo.
2.12. Resaltó que el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos
consagra el principio de tutela judicial efectiva, por el cual todas las personas
tienen derecho a presentar recursos y acciones para proteger sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución Política, la ley o la misma
convención.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1) CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales del DEBIDO
PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS Y A CONTAR CON
RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES EFECTIVAS Y EFICACES, que me
han sido vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
por no haber proferido a la fecha actual la sentencia de segunda instancia
dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
tramitado bajo el Radicado N° 66001-33-33-007-2021-00122-01 y por la falta
de pronunciamiento alguno (afirmativo o negativo) frente a la solicitud de
impulso procesal presentada el día 02 de Marzo de 2023 dentro del trámite de
dicho proceso.
2) Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA que dentro del término de quince (15)
días siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera sentencia de
segunda instancia por medio de la cual resuelva de fondo el recurso de
apelación interpuesto por la señora MARIA (sic) LUCELLY GALVIS CASTRO
dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
distinguido con el Radicado N° 66001-33-33-007-2021-00122-01 […]”.
(Negrilla original del texto)
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 9 de febrero de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso a la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares - CREMIL y al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Pereira.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:
1
Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Exp. T-221, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 12 de mayo de 1992.
2
Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión de Tutelas. Exp. T- 3.567.368, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; 16 de
mayo de 2013.
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Accionante: María Lucelly Galvis Castro
5.1. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, a través de apoderada
judicial, manifestó que no está de acuerdo con que la accionante utilice la acción
de tutela para alterar el curso normal de la justicia, en este caso de un proceso
que se encuentra aún en trámite, por lo que no se presentan los elementos
necesarios para que se configure un perjuicio irremediable.
5.2. Agregó que la accionante ha contado en cada una de las etapas con los
respectivos medios judiciales de defensa, por lo que tampoco puede afirmar que
se la ha desconocido su derecho fundamental al debido proceso.
5.3. Finalmente, solicitó que
de acuerdo con el ordenamiento jurídico se declare
improcedente la presente acción de tutela.
5.4. La Juez Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira señaló que no tiene
incidencia en los hechos objeto de la tutela, en razón a que lo pretendido por la
parte accionante es que el Tribunal Administrativo de Risaralda profiera decisión
de segunda instancia.
5.5. Por lo anterior, aseguró que carece de legitimación en la causa por pasiva,
para responder por la presunta vulneración que alega la señora María Lucelly
Castro, por lo que solicitó su desvinculación en el presente proceso constitucional.
5.6. El Tribunal Administrativo de Risaralda informó, a través del magistrado a
cargo del recurso objeto de tutela, que si bien la última actuación fue la admisión
del recurso de apelación el 10 de junio de 2022, y que el 26 de agosto de 2022 el
expediente ingresó al despacho para decisión, también lo es que al interior de ese
Despacho se manejan turnos para fallo y que al asunto objeto de la presente
tutela está en el turno número 14.
5.7. Explicó que el trámite que se le ha dado al proceso con radicado núm. 66001-
33-33-007-2021-00122-00 ha sido respetando los turnos procesales internos de
acuerdo con los procesos de mayor antigüedad y, dándole prioridad a los asuntos
constitucionales.
5.8. Igualmente, referenció que el actual magistrado sustanciador tomó posesión de
ese cargo el 16 de diciembre de 2022, momento desde el cual ha tramitado 143
acciones constitucionales.
5.9. Aseguró que el retardo aducido a ese despacho no se debe a una omisión o
“desidia”, sino a la carga laboral y a la capacidad de respuesta que tiene el
despacho de acuerdo con los asuntos que tiene a su cargo.
5.10. Finalmente, puntualizó que la accionante cuenta con una pensión reconocida,
por lo que es claro que no se encuentra a la espera del reconocimiento de un
derecho para su sostenimiento mínimo, por lo que se evidencia que está
utilizando la acción de tutela como un mecanismo para impulsar el proceso.
5
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Accionante: María Lucelly Galvis Castro
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20196.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que
se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Pereira.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067 señaló lo siguiente:
«[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]». (Negrilla fuera del texto)
9. Así las cosas, teniendo en cuenta que el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Pereira profirió la decisión de primera instancia dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la presente tutela, la Sala
considera que a esa autoridad judicial sí le asiste el interés jurídico para ser
vinculada en esta acción constitucional, razón por la cual se denegará la solicitud
de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Accionante: María Lucelly Galvis Castro
VI.3. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho
fundamental al debido proceso invocado por la accionante al,
presuntamente, haber incurrido en mora judicial por no resolver el recurso
de apelación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 66001-33-33-007-2021-00122-00.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) los presupuestos para que se configure la mora judicial en
el interior de los procesos judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso
concreto.
VI.4. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior
de los procesos judiciales
12. La Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un “[…] fenómeno
multicausal y estructural […]”8, que se presenta en razón al “[…] alto número de
procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión
judicial […]”9.
13. En atención al sistemático incumplimiento de los términos procesales, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las circunstancias en las
que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en
determinados eventos la mora judicial vulnera gravemente “[…] los derechos
fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]”.10
14. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-186 de 28 de marzo
de 201711 precisó lo siguiente:
“[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales
ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el
carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora
lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que
implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global
8
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. sentencia T-186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; 28 de marzo
de 2017.
9
Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. T-2302967. Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 9 de
diciembre de 2010.
10
Ibidem.
11
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. acumulados T-5896866 y T-5915213, M.P. María Victoria Calle
Correa; 28 de marzo de 2017.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00512-00
Accionante: María Lucelly Galvis Castro
del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la
demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el
detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, concluyendo que:
(…)
[L]a mora judicial se justifica cuando:
-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,
-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles
e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario no ha sido
diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus
deberes.”12
13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora
judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el
reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno,
contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia
cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que
ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente
cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara
la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio,
consistente en la alteración del turno era, excepcional (…).
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena
de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201613, destacó que el
derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre
en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe
un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo
razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la
falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario
judicial […]”. (Negrilla fuera del texto)
15. De acuerdo con lo transcrito, para que se estructure una violación del debido
proceso y al acceso a la administración de justicia por la falta de resolución
oportuna del asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial resulta
imprescindible analizar: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial
de la respectiva dependencia; (ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del
12
“En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la
autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada”.
13
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8
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Accionante: María Lucelly Galvis Castro
cargo; (iii) la complejidad del caso sometido a decisión judicial, y (iv) el
cumplimiento por las partes de sus deberes de impulso procesal14.
VI.5. El caso concreto
16. La señora María Lucelly Galvis Castro solicitó el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal
Administrativo de Risaralda, con ocasión de la presunta mora judicial en la resolución
del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia de 30
de marzo de 2022, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Pereira, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 66001-33-33-007-2021-00122-00.
17. Se debe precisar que, la accionante en su escrito de tutela señaló que se
vulneró su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que el Tribunal
Administrativo de Risaralda “[…] no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la
solicitud de impulso procesal, como tampoco ha proferido la sentencia de segunda
instancia en la cual se decida el recurso de apelación interpuesto […]”.
18. Retomando lo señalado en el acápite VIII.4. de esta providencia, se pone de
relieve que para la configuración de una mora judicial se requiere que se
estructure un elemento objetivo, consistente en el incumplimiento o vencimiento
del término judicial, y un elemento subjetivo, consistente en la “[…] falta de
diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
19. Ahora bien, con el propósito de determinar si en el trámite del proceso con
radicado núm. 66001-33-33-007-2021-00122-00 se cumplieron los elementos
subjetivo y objetivo de la mora judicial, la Sala estima necesario referirse a las
diferentes actuaciones que se han surtido en el curso del medio de control, las
cuales según la información que obra en el aplicativo web SAMAI son las
siguientes:
i) El proceso núm. 66001-33-33-007-2021-00122-00 fue repartido al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira el 20 de mayo de 2021.
ii) Mediante auto de 9 de agosto de 2021 se admitió la demanda.
iii) El 10 de septiembre de 2021 se notificó y corrió traslado a la entidad
demandada del auto admisorio, de la demanda y sus anexos.
iv) El 31 de enero de 2022 se dictó el auto interlocutorio que decidió sobre las
excepciones previas, las pruebas, la fijación del litigio y ordenó correr traslado
para alegar de conclusión.
v) El 1.° de febrero de 2022 se notificó por estado el auto anterior.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 22 de marzo 2007. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00512-00
Accionante: María Lucelly Galvis Castro
vi) Del 9 al 22 de febrero de 2022 corrió el término para que las partes
presentaran alegatos de conclusión.
vii) El 30 de marzo de 2022 el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Pereira profirió la decisión de primera instancia.
viii) El 4 de abril de 2022 se notificó personalmente el fallo de primera
instancia.
ix) El 6 de abril de 2022 la señora Galvis Castro presentó recurso de
apelación contra la decisión de 30 de marzo de ese mismo año.
x) El 12 de mayo de 2022 el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Pereira concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación.
xi) El 2 de junio de 2022 el Juzgado mencionado remitió el expediente núm.
66001-33-33-007-2021-00122-00 al Tribunal Administrativo de Risaralda.
xii) El 10 de junio de 2022 el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió el
recurso de apelación contra la sentencia de 30 de marzo de 2022.
xiii) El 13 de junio de 2022 se notificó por estado el auto admisorio del recurso
de apelación.
xiv) Del 16 al 21 de junio de 2022 corrió el término de ejecutoria del auto de 10
de junio de ese mismo año.
xv) El 26 de agosto de 2022 el expediente ingresó al despacho judicial
accionado.
xvi) El 2 de marzo de 2023 la accionante radicó solicitud de impulso procesal,
con el fin de obtener una pronta decisión de fondo.
20. Verificadas las distintas actuaciones que se han adelantado en el interior del
medio de control, para esta Sección es dable concluir que, efectivamente, ha
transcurrido un año y cinco meses desde que el asunto ingresó al despacho
accionado. Sin embargo, se considera que el tiempo que ha transcurrido se ha
debido a la cantidad de asuntos que tiene asignado el tribunal accionado, y a los
turnos internos para resolver cada proceso de acuerdo con el orden de
antigüedad.
21. Asimismo, la Sala destaca, de acuerdo con el informe rendido por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que: (i) en el año 2023 tramitaron de enero a
septiembre 297 procesos, (ii) el proceso de la accionante se encuentra en el turno
14 para dictar sentencia, por lo que existen 13 procesos que deben ser fallados
previamente, y (iii) la autoridad judicial accionada tiene 19 procesos en turno para
proferir sentencia en asuntos constitucionales.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00512-00
Accionante: María Lucelly Galvis Castro
22. Conforme a lo expuesto, la Sala considera que en el caso sub examine no se
observa que la entidad accionada hubiese sido negligente en la resolución del
recurso de apelación; sino que existe una justificación válida por la que no se ha
dictado sentencia15.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
15
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2023.
Exp. N° 05001-23-33-000-2023-00943-01.
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