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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00514-00

Acción de tutela por mora judicial: no se configura la mora porque el

Fecha
8 de abril de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00514-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Negar las pretensiones de la tutela interpuesta por la señora Martha Elena Parra Viasus, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00514-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

8 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00514-00
Demandante: MARTHA ELENA PARRA VIASUS
Demandado: SALA DE CONJUECES DE LA SUBSECCIÓN B DE LA
SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – No se configura la mora porque el
proceso se ha tramitado dentro de términos razonables; tampoco se avizora que la
autoridad accionada haya retardado injustificadamente las actuaciones.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Martha Elena Parra
Viasus contra la Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 5 de febrero de 2014 1, la señora Martha Elena Parra Viasus, en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra la Sala de Conjueces de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el objeto de
que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, a su juicio, vulnerados porque la autoridad judicial

1Se advierte que, el 20 de marzo de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00514-00
Demandante: Martha Elena Parra Viasus
Demandado: Sala de Conjueces de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

accionada incurrió en mora judicial, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42- 000-2012-00757-02.
Formuló la siguiente pretensión:

1.- Se declare procedente la acción de tutela invocada y, como
consecuencia, se disponga la protección inmediata a mis garantías
fundamentales del debido proceso y el acceso a la administración de
justicia vulnerada por la mora judicial injustificada tal y como ha
quedado evidenciado,

2.- Se ordene a los accionados, en particular y concreto al Conjuez a
cargo del asunto, proceder, con la celeridad que la situación aconseja,
a decidir de fondo el recurso de apelación del que da cuenta el
radicado de la referencia.

1.2. Hechos y argumentos de la tutela

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

La accionante ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, proceso al que se le asignó el radicado 25000-23-42-000-2012-
00757-00/01/02. Luego del trámite de rigor, el 31 de mayo de 2019, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió la sentencia de primera instancia.

Contra la decisión se interpuso recurso de apelación. Una vez concedido, las
diligencias se radicaron en el Consejo de Estado el 26 de febrero de 2020, lo
que significa que el asunto lleva más de tres años al despacho sin que se
profiera la sentencia de segunda instancia.

Sostuvo que es evidente la dilación injustificada, más aún si se considera que
la controversia no responde en términos de complejidad a un tema jurídico
novedoso, inusitado o relevante desde el punto de vista argumentativo,
doctrinal y jurisprudencial, de modo que se complique abordarlo y darle pronta
solución.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00514-00
Demandante: Martha Elena Parra Viasus
Demandado: Sala de Conjueces de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 7 de febrero de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que aquel se notificara a los conjueces Héctor Santaella Quintero,
Jorge Iván Acuña Arrieta y Gilberto Rondón González, integrantes de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que tiene a
cargo el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000-23-42- 000-2012-00757-02, como autoridades demandadas. Así mismo,
se ordenó la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Posteriormente, por auto del 11 de marzo de los corrientes se requirió, bajo los
apremios legales, a los conjueces accionados para que se pronunciaran sobre
la solicitud de amparo presentada por la señora Martha Elena Parra Viasus.

2.2. El conjuez ponente de la Sección Segunda, Subsección B, de esta
Corporación informó sobre las actuaciones surtidas en el proceso con radicado
2012-00757-02, así:

1. Mediante auto de fecha 24 de junio de 2021 los Magistrados de la
Subsección A aceptaron el impedimento de los integrantes de la
Subsección B, para conocer el proceso de la referencia y ordenaron
sorteo de conjueces.

2. El 18 de agosto de 2021 se realizó el sorteo de conjueces quedando
yo sorteado como ponente.

3. El 10 de septiembre de 2021 el expediente ingresó al despacho para
proveer.

4. Mediante auto de fecha 25 de octubre de 2021 se admitió el recurso
de apelación presentado, quedando fijado por estado 26 de noviembre
del mismo año.

5. Volvió a ingresar al despacho para proveer el 10 de diciembre de
2021.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00514-00
Demandante: Martha Elena Parra Viasus
Demandado: Sala de Conjueces de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

6. Por auto de 25 de febrero de 2022 se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión, el cual se fijó por estado del 25 de marzo de
2022.

7. El expediente ingresa al despacho para fallo el 18 de mayo de 2022.

8. A la fecha tengo asignado 78 procesos, los cuales se encuentran en
trámite surtiendo diferentes etapas.

9. Como conjuez de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
conforme a lo reglado por las Leyes 1437 de 2011 (art. 115) y 270 de
1996 (art. 61), me asisten los mismos “deberes y atribuciones que los
magistrados” y me encuentro “sujeto a las mismas responsabilidades
de estos”. Sin embargo, infortunadamente, no cuento con una planta
de funcionarios de apoyo que me permita atender en tiempos
abreviados la pesada carga de trabajo que supone el tener que asumir
decenas de reclamaciones de los funcionarios de la Rama Judicial y la
Procuraduría General de la Nación, participar en Salas de Decisión de
Conjueces donde se deciden decenas de procesos, tomar parte en
Salas de Decisión de las Subsecciones de la Sección Segunda para
las que se me convoca y sustanciar frecuentes acciones de tutela
producto de los impedimentos manifestados por los magistrados
titulares de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Agregó que no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos
fundamentales de una persona y, por ende, el juez de tutela debe verificar en
cada caso la existencia de motivos que justifiquen la tardanza, como ocurre en
este caso, en el que, pese a no tratarse de un asunto de suma complejidad,
existe una situación estructural que se afronta por causa del alud de
reclamaciones de los servidores de la justicia y de la Procuraduría General de
la Nación, que, por razones coyunturales, deben ser resueltos por conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Adujo que los tiempos prolongados para resolver la controversia obedecen al
cúmulo de asuntos asignados (alta carga laboral) y a la falta de un equipo de
trabajo robusto que permita resolver los asuntos en el término adecuado.

Resaltó que los conjueces de la Sección Segunda no solo actúan para dirimir
empates o para completar mayorías, sino que tienen a su cargo decenas de
casos, que deben revisar, proyectar y fallar.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00514-00
Demandante: Martha Elena Parra Viasus
Demandado: Sala de Conjueces de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Por lo anterior, solicitó que se deniegue el amparo, dado que la eventual
tardanza en proferir la sentencia de segunda instancia se encuentra justificada
no sólo por la alta carga laboral de la Sala de conjueces de la sección Segunda
en general, sino también por su propio cúmulo de trabajo, a lo cual se suma la
carencia de un equipo de trabajo que contribuya con el trámite y decisión de los
asuntos.

2.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Teniendo en cuenta lo expuesto en los antecedentes, la Sala deberá examinar
si se vulneraron los derechos fundamentales de la señora Martha Elena Parra
Viasus por la supuesta mora judicial en que incurrió la Sala de Conjueces de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al no haber
tramitado diligentemente el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 25000234200020120075702.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la vulneración de los derechos fundamentales por la mora judicial

Frente al tema, esta Sala reitera las consideraciones expuestas por la Sección
Cuarta de esta Corporación, la cual ha sido categórica en advertir que, dadas
las condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los
despachos judiciales, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la
llamada mora judicial, ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas
imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los
jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Hay,

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00514-00
Demandante: Martha Elena Parra Viasus
Demandado: Sala de Conjueces de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

por ejemplo, condiciones estructurales como la excesiva carga laboral o la falta
de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas 2.
Textualmente, así lo ha expresado la Sección Cuarta 3:

La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en
el proceso, la demora obedece a circunstancias ajenas al juez,
relacionadas con la congestión judicial. Circunstancia que no puede ser
atribuible a los funcionarios judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas
cortes, como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ha reconocido
que la razón principal por la que se incumplen los términos judiciales no
obedece al actuar de los funcionarios, sino a las dificultades prácticas que
debe afrontar la Rama Judicial.

Por lo tanto, en el evento en que haya una justificación que explique la
tardanza o cuando esta no sea imputable al actuar del juez no existirá
mora judicial injustificada. Y en consecuencia, no se habrán vulnerado los
derechos fundamentales de quien acudió a la justicia4.

En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación
del proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el
asunto, sin que exista motivación para justificar la demora.

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que, para determinar si la autoridad
judicial demandada ha incurrido en una mora judicial injustificada, se debe
verificar i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii)
la conducta de la autoridad judicial competente; iv) el análisis global de
procedimiento; y iv) el turno en el que el expediente pasó al despacho, de
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 5.

2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado:
11001-03-15-000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicado: 11001-

03-15-000-2014-01444-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez.
4 Original de la cita: «Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013».
5 «Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que

hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse,
salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal».
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00514-00
Demandante: Martha Elena Parra Viasus
Demandado: Sala de Conjueces de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en sentencia SU-333 de 2020 6,
precisó que se presenta una mora judicial injustificada, si (i) es fruto de un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha
demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por
parte de una autoridad judicial.

2.2. Caso concreto y solución del problema jurídico

A juicio de la Sala, en los casos en que se ejerce la acción de tutela para
reclamar la protección de los derechos fundamentales supuestamente
vulnerados por la mora judicial, más allá de establecer si para adoptar una
decisión se ha observado cierto plazo previsto en la ley, lo realmente
importante es determinar si la tardanza alegada se encuentra o no
objetivamente justificada.

De modo que para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial
injustificada se debe realizar una valoración objetiva de los aspectos que
rodean la tardanza, tales como: la existencia de motivos razonables que
justifiquen la demora, la complejidad del asunto a resolver, la actitud de los
interesados y la conducta de los funcionarios judiciales dentro del proceso. Así,
el simple hecho de sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no
configura per se la mora judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias
particulares.

Siendo así, de entrada, se observa que la presente solicitud de amparo no
tiene vocación de prosperidad, toda vez que la autoridad judicial accionada,
esto es, la Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, no ha incurrido en tardanza injustificada alguna en el

6 Sentencia del 20 de agosto de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00514-00
Demandante: Martha Elena Parra Viasus
Demandado: Sala de Conjueces de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

trámite del proceso 25000-23-42- 000-2012-00757-02, contrario a lo
reprochado por la accionante.

En efecto, consultado el sistema de información judicial, se verifica que venía
siendo tramitado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad
judicial que profirió sentencia de primera instancia el 31 de mayo de 2019. Tras
su apelación, el recurso se concedió en audiencia del 20 de noviembre de
2019, de modo que el 14 de enero de 2020, el expediente fue enviado al
Consejo de Estado para lo de su competencia.

A continuación, se hace un breve recuento de las actuaciones surtidas en
segunda instancia:

1.- El 26 de febrero de 2020, el expediente fue asignado por reparto al
consejero Javier Alfonso Argote Royero.

2.- Por auto del 25 de febrero de 2021, los magistrados integrantes de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se declararon
impedidos para tramitar y decidir el presente asunto.

3.- Mediante auto del 24 de junio de 2021, los magistrados de la Subsección A
de la Sección Segunda aceptaron el impedimento de los integrantes de la
Subsección B, para conocer el proceso de la referencia y ordenaron sorteo de
conjueces.

4.- El 18 de agosto de 2021, se realizó el sorteo de conjueces y se designó
como ponente al doctor Héctor Santaella Quintero.

5.- El 10 de septiembre de 2021, el expediente ingresó al despacho para
proveer y con auto de fecha 25 de octubre de 2021 se admitió el recurso de
apelación presentado contra la sentencia del 31 de mayo de 2019.

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Demandante: Martha Elena Parra Viasus
Demandado: Sala de Conjueces de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

6.- El 10 de diciembre de 2021, el expediente volvió a ingresar al despacho
para proveer y, por auto del 25 de febrero de 2022, se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión.

7. El 18 de mayo de 2023, el expediente ingresó al despacho para fallo.

De conformidad con lo anterior, considera la Sala que, en el caso particular, no
se evidencia la mora judicial alegada, pues, como se observa, el 10 de
septiembre de 2021, la autoridad accionada recibió en su despacho el
expediente 25000-23-42- 000-2012-00757-02, para adelantar el trámite
respectivo de segunda instancia, el 25 de octubre siguiente admitió el recurso
de apelación y el 25 de febrero de 2022 corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión. Lo anterior evidencia que se surtieron las actuaciones con
agilidad, en un tiempo razonable y sin que se advierta dilación alguna por parte
del despacho sustanciador.

Ahora bien, es cierto que el 18 de mayo de 2023 el expediente ingresó al
despacho para fallo, es decir que lleva casi un año esperando la providencia
que resuelve la apelación, pero también lo es que la tardanza en proferir la
decisión está claramente justificada, pues, como lo sostiene el conjuez
ponente, en la actualidad tiene asignados 78 procesos, que se encuentran en
trámite surtiendo las diferentes etapas; además, debe cumplir con otras
funciones de ley, como tomar parte en Salas de Decisión de las Subsecciones
de la Sección Segunda, para las que se le convoca, así como sustanciar
acciones de tutela producto de los impedimentos manifestados por los
magistrados titulares de la Sección Segunda del Consejo de Estado. A todo
esto se suma que el conjuez no cuenta con un equipo de trabajo que lo apoye
en su labor.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00514-00
Demandante: Martha Elena Parra Viasus
Demandado: Sala de Conjueces de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Se insiste en que la mora judicial injustificada no surge con el simple paso del
tiempo, sino que debe obedecer a una negligencia probada de la autoridad
judicial accionada que retarde la toma de decisiones al interior de cada
proceso, circunstancia que en este caso no se presenta.

La Sala no desconoce que los trámites y las decisiones que se adoptan en los
procesos judiciales deben observar los plazos legalmente previstos; sin
embargo, tampoco puede pasar por alto las condiciones estructurales de
congestión que se presentan en la Rama Judicial y, específicamente, en el
interior de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las cuales, de cierto
modo, impiden que se le dé el alcance de mora judicial injustificada a casos
como el que aquí se analiza.

En suma, si es que pudiera predicarse alguna mora en el trámite del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la tutelante, esta no
es atribuible a la autoridad accionada.

Bajo este contexto, esta Subsección considera que, si bien la autoridad judicial
accionada tiene pendiente proferir la sentencia de segunda instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-
000-2012-00757-02, lo cierto es que no se evidencia la configuración de una
mora judicial injustificada, así como tampoco, hasta el momento, puede
reprochársele negligencia alguna a la autoridad demandada en su trámite.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00514-00
Demandante: Martha Elena Parra Viasus
Demandado: Sala de Conjueces de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

FALLA:

PRIMERO. Negar las pretensiones de la tutela interpuesta por la señora
Martha Elena Parra Viasus, de conformidad con lo razonado en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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dor.aspx.

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