Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00514-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00514-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00514-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
25 de julio de 2024
Demandante: Martha Elena Parra Viasus
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00514-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00514-01
Demandante: MARTHA ELENA PARRA VIASUS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B, SALA DE CONJUECES
Temas: Tutela de fondo. Presunta mora en el trámite de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Confirma negativa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 8 de abril de 2024, por medio de la cual la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de
tutela de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Martha Elena Parra Viasus, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el «Consejo de Estado – Sección Segunda – Conjuez Héctor
Santaella Quintero» con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por la tardanza
de la autoridad judicial accionada en resolver el recurso de apelación que se
interpuso contra la sentencia de 31 de mayo de 2019, proferida en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
25000-23-42-000-2012-00757/02.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó lo siguiente:
1.- Se declare procedente la acción de tutela invocada y, como consecuencia, se
disponga la protección inmediata a mis garantías fundamentales del debido proceso
y el acceso a la administración de justicia vulnerada por la mora judicial injustificada
tal y como ha quedado evidenciado.
1Mediante escrito radicado el 5 de febrero de 2024 en la Secretaría General del Consejo de
Estado.
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Demandante: Martha Elena Parra Viasus
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2.- Se ordene a los accionados, en particular y concreto al Conjuez a cargo del
asunto, proceder, con la celeridad que la situación aconseja, a decidir de fondo el
recurso de apelación del que da cuenta el radicado de la referencia.2
1.3. Hechos
La accionante fundó su escrito de tutela, en síntesis, así:
Indicó que radicó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, bajo el radicado 25000-23-42-000-2012-
00757/00.
Explicó que el 31 de mayo de 2019, la mencionada Corporación profirió el fallo de
primera instancia contra el cual se interpuso el correspondiente recurso de
apelación.
Manifestó que el 26 de febrero de 2020, el expediente fue radicado ante la
Sección Segunda del Consejo de Estado y asignado inicialmente al magistrado
Javier Alfonso Argote Royero, autoridad judicial que fue «relevado para que en su
lugar el asunto fuera decidido por el [c]onjuez Héctor Santaella Quintero».
Alegó que a la fecha de interposición de esta acción constitucional no se ha
resuelto el recurso de apelación que fue presentado contra la sentencia de 31 de
mayo de 2019.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus garantías
constitucionales, con ocasión de la demora injustificada en tramitar el recurso de
apelación presentado contra la sentencia de 31 de mayo de 2019, proferida en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 25000-23-42-000-2012-00757/02.
Explicó que ha estado a la espera por más de 3 años de que se profiera el fallo de
segunda instancia, lo cual supera ampliamente el término procesal previsto para
resolver de fondo.
Comentó que la acción de tutela se convierte en el único mecanismo eficaz para la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia que actualmente se encuentran vulnerados con la
omisión de la autoridad judicial accionada. Para tal efecto, citó las sentencias T-
341 de 2022 y SU-179 de 2021 de la Corte Constitucional.
Expuso que la naturaleza del asunto puesto en conocimiento del Consejo de
Estado en segundo grado no corresponde a un tema jurídico novedoso o complejo
que requiera de un término de 3 años para ser estudiado y que se decida de
fondo.
2 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
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Así mismo, agregó:
No está demás reseñar que la naturaleza de los hechos fundamento del proceso
ordinario, por comunes y reiterados en casos similares dieron pábulo para que en
sentencia de unificación se estableciera que para su resolución bastaría remitir al
precedente judicial, condición que permite reforzar aún más el carácter injustificado
de la mora consolidada, en detrimento de los derechos contusiónales (sic)
fundamentales invocados.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 7 de febrero de 2024, la magistrada ponente de la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la tutela de la referencia y
ordenó la notificación de los conjueces Héctor Santaella Quintero, Jorge Iván
Acuña Arrieta y Gilberto Rondón González, integrantes de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
Posteriormente, con auto de 11 de marzo de 2024 se les requirió nuevamente
para que se pronunciaran sobre la solicitud de amparo presentada por la señora
Martha Elena Parra Viasus.
1.6. Contestación
Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentó el
siguiente pronunciamiento:
1.6.1. Conjuez de la Sección Segunda del Consejo de Estado
El doctor Héctor Santaella Quintero, quien fue designado ponente dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2012-00757-
02, solicitó que se deniegue la solicitud de amparo elevada por la accionante, al
señalar que no se configura la mora judicial injustificada que alega en su escrito de
tutela.
Sobre el trámite adelantado al interior del mencionado proceso, refirió lo siguiente:
• Que mediante auto de 24 de junio de 2021 los magistrados de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado aceptaron la manifestación de
impedimento realizada por los integrantes de la Subsección B de esa misma
Sección para conocer del referido proceso y ordenaron el sorteo de conjueces.
• Que el 18 de agosto de 2021 se realizó la designación de conjueces donde él
quedó como ponente.
• Que el 10 de septiembre de 2021 el expediente ingresó al despacho para
proveer y que el 25 de octubre de ese mismo año se admitió el recurso de
apelación, el cual quedó fijado por estado de 26 de noviembre siguiente.
• Que el proceso ingresó nuevamente al despacho para proveer el 10 de
diciembre de 2021 y que el 25 de febrero de 2022 se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión, el cual se fijó por estado de 25 de marzo de 2022.
• Que el expediente ingresó para fallo el 18 de mayo de 2022.
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De otro lado, explicó que a la fecha tiene en trámite 78 procesos que se
encuentran surtiendo diferentes etapas y que pese a que la accionante alega que
su caso no tiene ninguna complejidad, la demora en la resolución no obedece a
ello, sino a «una situación estructural que se afronta por causa del alud de
reclamaciones de los funcionarios de la justicia y de la Procuraduría General de la
Nación».
Puso de presente que como conjuez de la Sección Segunda del Consejo de
Estado le asisten los mismos deberes y atribuciones que a los magistrados de la
Corporación, por lo que está sujeto a las mismas responsabilidades de estos,
conforme a los artículos 115 de la Ley 1437 de 2011 y 61 de la Ley 270 de 1996.
Explicó que no cuenta con una planta de funcionarios de apoyo que le permita
atender en tiempos abreviados la pesada carga de trabajo y que además debe
participar en Salas de Decisión de Conjueces, tomar parte en Salas de Decisión
de las Subsecciones de la Sección Segunda y sustanciar acciones de tutela.
Por lo tanto, concluyó:
Así, desprovistos como estamos de un equipo de trabajo robusto, que posibilite
resolver estas demandas en tiempos cortos, dada la magnitud de la carga que se
debe afrontar, la situación no puede ser vista como un atentado a los derechos
fundamentales invocados.
En este orden de ideas, encuentro que la valoración que corresponde al juez de
tutela en torno a si en el sub lite hay o no mora judicial constitutiva de una
vulneración de los derechos alegados, no puede sino tener en cuenta tanto la carga
de trabajo de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda en general, como la que
recae sobre mí en particular. Ello constituye, en cierta forma, una situación
estructural de la justicia, ajena enteramente a mi voluntad de contribuir y servir ad
honorem a la administración de justicia desde el papel de conjuez.
1.7. Sentencia de primera instancia
En providencia de 8 de abril de 2024, la Subsección A Sección Tercera del
Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que
la Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado no ha incurrido en una tardanza injustificada en el proceso 25000-23-42-
000-2012-00757-02.
Como fundamento de la decisión, hizo un recuento de las diferentes actuaciones
realizadas durante el trámite de la segunda instancia y concluyó que estas se han
surtido con agilidad, en un tiempo razonable y sin dilación alguna.
Explicó que si bien era cierto que el 18 de mayo de 2023 el expediente ingresó al
despacho para fallo, también lo era que la tardanza en proferir la sentencia de
segunda instancia estaba justificada, principalmente, en que la actualidad tiene
asignados 78 procesos que están en diferentes etapas, más las demás funciones
que debe ejercer sin la colaboración de un equipo de trabajo. Por ello, concluyó
que no podría reprochársele negligencia a la autoridad judicial accionada.
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Finalmente, agregó:
La Sala no desconoce que los trámites y las decisiones que se adoptan en los
procesos judiciales deben observar los plazos legalmente previstos; sin embargo,
tampoco puede pasar por alto las condiciones estructurales de congestión que se
presentan en la Rama Judicial y, específicamente, en el interior de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, las cuales, de cierto modo, impiden que se le dé
el alcance de mora judicial injustificada a casos como el que aquí se analiza.
1.8. Impugnación
El 13 de abril de 20243, la tutelante impugnó el fallo de 8 de abril de 2024 con el fin
de que se revoque y, en su lugar, se declare la vulneración de sus derechos
fundamentales.
Para tal efecto, realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y concluyó que si el expediente
fue radicado en el Consejo de Estado el 14 de enero de 2020 han pasado más de
4 años sin que se profiera el fallo de segunda instancia.
Luego, citó la sentencia T-309 de 2023 del 11 de agosto de 2023 y agregó:
Las precisiones conceptuales que preceden no puede menos que conducir a la
obligada conclusión de que una dilación de más de cuatro (4) arios en la toma de
una decisión judicial se segunda instancia que, adicionalmente no acusa ninguna
complejidad judicial derivada de la naturaleza del asunto o de la pluralidad de
partes en el proceso, no puede menos que adjetivarse como mora judicial
injustificada que, por tal„ representa afrenta manifiesta a las garantías fundamentes
del debido proceso y el acceso a la administración de justicia, en condiciones que
aconsejan e imponen la procedencia del amparo solicitado y, por tanto, la
revocatoria del fallo impugnado cuya consideración y examen ponderado aspiro
habrá de sucederse.
1.9. Trámite en segunda instancia
El 29 de mayo de 2024, los magistrados Gloría María Gómez Montoya y Luis
Alberto Álvarez Parra se declararon impedidos para conocer del presente asunto,
al considerar que se encontraban incursos en la causal establecida en el numeral
1.° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
Mediante auto de 12 de junio de 2024, el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez
ordenó el nombramiento de un conjuez, lo cual se surtió el 17 de junio de 2024 y
allí se designó al doctor Álvaro Andrés Motta Navas.
Finalmente, a través de auto de 4 de julio de 2024 se declararon infundados los
mencionados impedimentos.
3 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591
de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 12 de abril de 2024 y el
recurso se interpuso al día siguiente.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 8 de abril de 2024, proferido por la Subsección A Sección
Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del Decreto
2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 8 de abril de 2024, dictada por la Subsección A Sección Tercera
del Consejo de Estado, a través de la cual se negó las pretensiones de la acción
de tutela de la referencia.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) las generalidades de los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, (iii) la mora judicial justificada,
y (iv) el caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.
2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución5, del derecho fundamental al
debido proceso6 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter
de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia7.
4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
5 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
6 «Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. // Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio. // En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. // Toda persona se presume inocente mientras no se
la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
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El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la
ley […]»8.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión […]»9.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías”10, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades
judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para
que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo
cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se
entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad
de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las
personas […]»11.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia12 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales
de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que
se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por
el mismo hecho. // Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso».
7 Sentencia T-006 de 1992.
8 Sentencia T-476 de 1998.
9 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
10 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
11 Ibídem.
12 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.
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judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través
de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la
obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]»13.
2.5. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes14.
Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»15. En esa línea
esa corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al
actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la
misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial16, según la cual solo se predica si
hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del
juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso de las partes.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.
14 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
15 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
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2.6. Caso concreto
En el sub examine, la señora Martha Elena Parra Viasus alegó que el conjuez de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, doctor Héctor Santaella Quintero,
vulneró sus garantías constitucionales por presuntamente haber incurrido en una
tardanza injustificada en proferir el fallo de segunda instancia en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que ella interpuso y que está identificado
con el radicado 25000-23-42-000-2012-00757/02.
Por su parte, la autoridad judicial accionada en su escrito de contestación informó
que a la fecha tiene en trámite 78 procesos que se encuentran surtiendo diferentes
etapas y que la demora en la resolución del caso no obedece a un tema de
complejidad, sino a «una situación estructural que se afronta por causa del alud de
reclamaciones de los funcionarios de la justicia y de la Procuraduría General de la
Nación».
Además, puso de presente que no cuenta con una planta de funcionarios de
apoyo que le permita atender en tiempos abreviados la pesada carga de trabajo y
que además debe participar en Salas de Decisión de Conjueces, tomar parte en
Salas de Decisión de las Subsecciones de la Sección Segunda y sustanciar
acciones de tutela.
Ahora bien, teniendo en cuenta la contestación de tutela, se advierte que en el
presente caso no hay una dilación injustificada, con fundamento en que el conjuez
Héctor Santaella Quintero, quien tiene a su cargo el proceso del cual la parte
actora predica la presunta mora judicial, expuso de manera clara y detallada las
razones por las cuales a la fecha de radicación de la solicitud de amparo no se ha
emitido la sentencia de segunda instancia.
Es importante recordar que la Corte Constitucional ha indicado que, la dilación
injustificada que configura la violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, se caracteriza por: (i) el
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación por parte del funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento
de las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y
(iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a
circunstancias que no se pueden contrarrestar.
Al respecto, se advierte que en el subjudice ésta última circunstancia, esto es, la
falta de motivo razonable sobre la demora, no se presenta, pues la tardanza del
conjuez de la Sección Segunda del Consejo de Estado está justificada y
plenamente motivada y no es atribuible a su negligencia u omisión en el ejercicio
de sus funciones, comoquiera que la autoridad judicial accionada adujo que ello
obedece a la carga de procesos que se encuentran a su cargo, que requieren de
un gran análisis.
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Demandante: Martha Elena Parra Viasus
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00514-01
En ese orden de ideas, esta Sección encuentra que el incumplimiento del término
procesal para dictar la providencia que resuelve el recurso de apelación en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se entiende justificado,
pues se demostró que esto se debe a la congestión laboral del señor conjuez
Héctor Santaella Quintero.
Por lo tanto, se confirmará la sentencia de 8 de abril de 2024, por medio de la cual
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la acción de tutela presentada por Martha Elena Parra Viasus
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sala de
Conjueces.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de abril de 2024, por medio de la cual
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la acción de tutela presentada por Martha Elena Parra Viasus.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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