Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00516-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00516-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00516-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00516-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
6 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento y pago del incremento de la
prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada. No
se configuran los defectos fáctico sustantivo, decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución alegados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
La señora Luisa Fernanda Ballén Martínez interpone acción de tutela contra la
providencia del 25 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, que confirmó el fallo del 30 de septiembre de 2021 dictado por el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona.
1.2. Pretensiones
La accionante formula las siguientes súplicas:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
TUTELE; los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia
establecidos en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia.
DECLARE, que la sentencia de fecha 25 de enero de 2024 aprobada en la sala de
decisión número. 2 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER – SALA
ORAL- integrada por los [m]agistrados Enrique Bernal Jauregui; Carlos Peña Díaz
y Robiel Vargas González, violó los artículos 29 y 229 de la Constitución Política
de Colombia.
ORDENE, la revisión de la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER –SALA ORAL – integrada por los [m]agistrados Enrique Bernal
Jauregui; Carlos Peña Díaz y Robiel Vargas González, el día veinticinco de enero
de 2024, a fin de que se garantice el debido proceso y el acceso a la [j]usticia.
DECRETE, AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER – SALA ORAL –
integrada por los [m]agistrados Enrique Bernal Jauregui; Carlos Peña Díaz y Robiel
Vargas González, el derecho de incremento en un 9 % de la prima técnica a que
tiene derecho la accionante dentro del referido proceso.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la accionante señala los siguientes:
i) En uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho inició
proceso en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro para se le
reconociera y pagara la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente
calificada en un 50 % y su incremento en un 9 %, a partir de la fecha de la petición que
radicó el 1.º de julio de 2015.
ii) Al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona le correspondió
el estudio del asunto, que mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021 accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda; en consecuencia, declaró la nulidad
parcial de las resoluciones 9758 del 2 de septiembre de 2015 y 13036 del 20 de
noviembre de 2015, mediante las cuales se le concedió la prima técnica, no así su
acrecentamiento en el porcentaje aludido, decisión que fue apelada por las partes.
iii) Los recursos interpuestos fueron resueltos a través de providencia del 25 de enero
de 2024, notificada el 2 de febrero de esta anualidad, por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander que confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.
3
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
1.4. Fundamentos jurídicos
La accionante alega que con la sentencia objeto de censura se vulneran sus derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y, se configuran los
defectos fáctico sustantivo, decisión sin motivación y violación directa de la
Constitución, por los siguientes motivos:
i) Se configura un yerro sustantivo, porque no obstante en la alzada se puso de
presente la violación evidente al derecho de defensa y contradicción, los operadores
judicial pretermitieron en el fallo cuestionado la aplicación del Decreto Ley 1661 de
1991 y sus modificatorios, que establecen el procedimiento para la asignación e
incremento de la prima técnica y radica en cabeza del empleador la verificación de la
solicitud y su cumplimiento; por consiguiente, la aprobación o negación debe ser
plasmada en una resolución, según lo dispuesto en el artículo 9.º del Decreto 2164 de
1991.
ii) El procedimiento para el reconocimiento de esa prestación es el siguiente: a)
petición escrita del funcionario con los documentos que acrediten el cumplimiento de
requisitos. Títulos de estudio; b) el jefe de personal verifica sí el solicitante acredita
requisitos; c) si los cumple, el jefe de organismo asigna la prima o incremento mediante
resolución motivada; y d) de no ser así, niega la prima o incremento mediante acto
motivado.
iii) El Tribunal Administrativo omite la obligación establecida en el artículo precitado y
le traslada, sin razón legal alguna, esa carga probatoria. Aunado a ello, descarta el
contenido de los actos administrativos, ya que en ellos no se menciona ni fundamenta
la negación del incremento de la prima porque los títulos presentados no tenían
relación directa con las funciones del cargo, que, según la norma, era obligación de la
entidad plasmarlos en las decisiones denegatorias del derecho, si a esa conclusión se
arribara.
iv) Igualmente, es una decisión sin motivación, por cuanto el juez inaplicó normas que
debía tener en cuenta para decidir y creó una obligación a la actora cuando está
4
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
legalmente asignada a la parte demandada.
v) Así mismo, se violaron directamente los artículos 29 y 229 de la Constitución
Política, en el sentido de que como accionante debía tener la certidumbre de que, ante
los estrados judiciales, se surtirían los procesos a la luz del orden jurídico aplicable,
con la objetividad y suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado
conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión.
1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 9 de febrero de 2024, que ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, como
demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a la Superintendencia de Notariado
y Registro demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicación 54518 33 33 001 2016 00079 00 [02], como tercero interesado en las
resultas de este proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su
derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. El magistrado Édgar
Enrique Bernal Jauregui alega que las apreciaciones efectuadas por la accionante no
tienen vocación de prosperidad, porque no atienden a los criterios constitucionales y
legales que imperan en el ordenamiento jurídico para resolver este tipo de asuntos.
Además, no se advierte vulneración al debido proceso, a la buena fe ni al acceso a la
administración de justicia, al equilibrio procesal o principio de legalidad, ante la
inexistencia de los defectos aducidos en la demanda de tutela, ya que el trámite del
medio de control se realizó con observancia de los preceptos normativos y
jurisprudenciales tanto sustanciales como procesales, aplicables al caso concreto.
1.6.2. De la Superintendencia de Notariado y Registro. La señora Iliani Rengifo
Ortiz, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, solicita declarar improcedente la solicitud de
amparo, por las siguientes razones:
5
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
i) Del estudio tanto de la argumentación fáctica como jurídica del libelo se avizora
que la accionante pretende que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia,
con fundamento en que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander se equivocó
al desconocer el contenido de los actos demandados, pues alega que no señala la
motivación legal para no tenerlos en cuenta en su favor, aspecto que resulta por lo
menos contradictorio, ya que la accionante promovió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho precisamente contra las resoluciones a las que ahora
pretende defender y aducir que no se valoraron para incrementar el porcentaje de su
prima técnica.
ii) Así las cosas, es fácil determinar que la finalidad perseguida por la accionante es
controvertir la apreciación judicial del accionado, es decir, persigue reabrir el debate
jurídico que ya se desarrolló en las etapas correspondientes, situación que no es
admisible, pues la tercera instancia no existe en el ordenamiento jurídico colombiano
y bien es sabido que la tutela no puede ser el escenario para ello.
iii) Por lo anterior se concluye que la presente acción carece de uno de los requisitos
generales de procedencia cuando se impetra contra providencias judiciales, este es,
el de relevancia constitucional.
iv) Ahora, no obstante ser notoria la improcedencia de la solicitud de amparo, es
necesario señalar que en la Resolución 13036 del 20 de noviembre de 2015, mediante
la que finalizó la actuación administrativa promovida por la señora Ballén Martínez con
el fin de obtener el reconocimiento de la prima técnica, no validó de ninguna manera
que las especializaciones aducidas estuvieran relacionadas con el cargo de
registradora de instrumentos públicos, por el contrario, con absoluta contundencia se
negó el aumento de esa prestación al «no reponer en cuanto hace al incremento de la
prima técnica en un 3 % por cada una de los [posgrados] aportados».
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
6
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada» y conforme al
inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 que dispone que «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora
Luisa Fernanda Ballén Martínez contra la providencia del 25 de enero de 2024, que
profirió el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 54518 33 33 001 2016 00079
02.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
7
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
8
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 8 de abril de 2016, la señora Luisa Fernanda Ballén Martínez interpuso
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Superintendencia de Notariado y Registro para que se declararan nulas parcialmente
las resoluciones 9758 del 2 de septiembre de 2015 y 13036 del 20 de noviembre de
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
2015, mediante las cuales se le reconoció y ordenó el pago de la prima técnica por
criterio de formación avanzada y experiencia altamente calificada, a partir de la fecha
de expedición de esos actos y le negó el incremento del 3 % de esa prestación por
cada título de especialización aportado.6
2.4.2. El 30 de septiembre de 2021, el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Pamplona dictó sentencia dentro del proceso con radicación 54518 33 33
001 2016 00079 00, en la que dispuso lo siguiente:7
PRIMERO. – DECLARAR la nulidad PARCIAL de las […] Resoluciones Nos. 9758 del 2
de septiembre de 2015 y 13036 del 20 de noviembre de 2015, mediante el cual
(sic) se reconoció a favor de la señora Luisa Fernanda Ballén Martínez, la prima
técnica, a partir de la fecha de su expedición, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO.– ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO a título de
restablecimiento del derecho PAGAR el retroactivo a que tiene derecho la señora
Luisa Fernanda Ballén Martínez, correspondiente a la prima técnica desde el 01
de julio de 2015 (fecha de posesión y petición inicial) hasta el 19 de noviembre de
2015 (día anterior a la fecha de expedición de la resolución de reconocimiento).
La sumatoria de esta condena se actualizará en los términos del artículo 187 del
C.P.A.C.A. y aplicando la fórmula anunciada en la parte considerativa. De acuerdo
a lo antedicho.
[…]
TERCERO. – LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO deberá DESCONTAR de
la anterior suma, los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social
Integral; siempre y cuando, sobre este no se haya efectuado la deducción legal, y
en la proporción que corresponda pagar al accionante.
CUATRO. – NEGAR las demás súplicas de la demanda, conforme lo ya expresado.
QUINTO. – SIN condena en costas de acuerdo a lo precedente.
SEXTO. – DEVOLVER a la parte actora el valor consignado como gastos ordinarios
del proceso o su remanente si lo hubiere, y una vez terminado el proceso,
ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones secretariales de rigor.
2.4.3. El 25 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al
desatar los recursos de apelación formulados por las partes contra la decisión anterior,
6 Índice 8, del expediente electrónico.
7 Índice 8, del expediente electrónico.
10
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
resolvió lo siguiente:8
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el día 30 de
septiembre de 2021 por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE PAMPLONA,
conforme lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: ABSTENERSE de efectuar condena en costas en la segunda instancia, de
conformidad con lo expuesto. Corregido[.]
[…]
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.5.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia
2.5.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez
que el debate planteado por la accionante gira en torno a la presunta vulneración de
sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
2.5.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en
cuanto se censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión
propuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
54518 33 33 001 2016 00079 00 [02].
2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», porque la decisión objeto de
reproche constitucional data del 25 de enero de 2024 y la presente acción de tutela se
radicó ante la Secretaría General de esta corporación el 5 de febrero de 2024,9 es
decir, dentro del término de los seis meses que señaló el Consejo de Estado como
prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».
2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los
hechos y argumentos frente a los que se alega vulneración».
8 Índice 8, del expediente electrónico.
9 Índice 1, del expediente electrónico.
11
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión
que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la sentencia del 25 de enero de 2024,
que emitió el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto fáctico
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005, establece que se está en
presencia de un defecto fáctico cuando al examinarse la providencia judicial objeto de
la tutela «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».10
En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa —omisiva— de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera, comprende estimaciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la apreciación de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
una acción de tutela en este cuando se observa que es manifiestamente arbitraria. En
palabras de la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
la evaluación probatoria del juez de conocimiento.11 [Negrillas fuera del texto]
En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese
10 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005.
12
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica
de manera tan evidente que su decisión se muestra forzada y contradictoria con la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.
2.5.2.2. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo
La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.12
2.5.2.3. Criterios para determinar la existencia de un defecto por decisión sin
motivación
Ha referido la Corte Constitucional que la «ausencia de motivación» no se estructura
ante cualquier divergencia con el razonamiento del juez, sino, únicamente, «cuando
su argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o
12 Corte Constitucional.
Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
13
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
inexistente». Ello, porque el respeto del principio de autonomía judicial impide al juez
de tutela inmiscuirse en controversias interpretativas.
Así, ha determinado que no corresponde al juez constitucional establecer a qué
conclusión debió llegar la autoridad judicial accionada, sino señalar que la providencia
atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitima como tal,13 y que,
por tanto, su competencia «se activa únicamente en los casos específicos en que la
falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad
del juez, es decir, en una arbitrariedad».14
De esta forma, al examinar un cargo por ausencia de motivación de una decisión
judicial, el juez de tutela debe tener presente que el deber de presentar las razones
fácticas y jurídicas que sustentan un fallo es un principio de la función judicial que, de
transgredirse, supone una clara vulneración del debido proceso.15
2.5.2.4. De la violación directa de la Constitución Política
La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por la violación directa de la
Constitución se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4.º de la
Constitución Política: «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».
La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa a la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo.
Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-1722 de 2000,16 en la que se estudiaron acciones
de tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a los apelantes únicos argumentando que
13 Sentencia T-247 de 2006
14 Sentencia T-709 de 2010.
15 Sentencia T-041 de 2018.
16 Sentencia de 12 de diciembre de 2000.
14
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
concurrían el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación, la Corte
Constitucional señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente
prohíbe al superior funcional «agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único», suponía la materialización del defecto sustantivo. 17 Al respecto la
Corte manifestó:
[…] En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable.
En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades
demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución […].
Con posterioridad, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte incluyó la violación directa
de la Constitución como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónomo. En esa oportunidad se pronunció así:
«[…] todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir,
una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico
o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución […].
Finalmente, la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en
la que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, incluyó definitivamente a la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
« […] la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución […].
17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicación 2014 00861 00
magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.
15
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional18 ha estimado que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (i) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
En conclusión, es factible que una providencia judicial sea susceptible de cuestionarse
por medio de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente los postulados previstos por la Constitución, pues a las autoridades
judiciales no les es dable en su labor apartarse de las disposiciones previstas en ella,
dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce un valor normativo
superior a los preceptos contenidos en la Carta Política.19
2.5.3. Los defectos alegados
La señora Luisa Fernanda Ballén Martínez somete a juicio lo resuelto en sede
ordinaria, pues alega que, en el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, se incurrió en defecto fáctico, toda vez que le trasladó, sin razón
legal alguna, la carga de probar que cumplía los requisitos para tener derecho al
incremento de la prima técnica. Aunado a ello, descartó el contenido de los actos
administrativos en los que se le reconoció esa prestación, que no mencionan ni
fundamenta la negación de lo reclamado, porque los títulos presentados no tenían
relación directa con las funciones del cargo, que, de acuerdo con la norma, era
obligación de la entidad plasmarlos en las resoluciones nugatorias.
Igualmente, aduce que se configura un defecto sustantivo, porque no obstante en la
alzada se puso de presente la violación evidente al derecho de defensa y
contradicción, se pretermitió en el fallo cuestionado la aplicación del Decreto Ley 1661
de 1991 y sus modificatorios, que establecen el procedimiento para la asignación e
18 Sentencias T-809 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-747 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.
19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de l 31 de julio de 2014, radicado 2014 00861 00
magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso
16
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
incremento de la prima técnica y radica en cabeza del empleador la verificación de la
solicitud y su cumplimiento; por consiguiente, la aprobación o negación debe ser
plasmada en una resolución, según lo dispuesto en el artículo 9.º del Decreto 2164 de
1991.
Así mismo, señala que es una decisión sin motivación, ya que el juez inaplicó normas
que debía tener en cuenta para resolver, por el contrario, le atribuyó una obligación
que no está legalmente asignada a la parte demandante. Además, se violaron
directamente los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, en el sentido de que
como accionante tiene derecho a tener la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales se surtirá el juicio según el orden jurídico vigente, con la objetividad y la
suficiencia probatoria que le aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador
acerca de los hechos materia de su fallo.
Pues bien, en la providencia objeto de censura, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander tuvo como elementos demostrativos relevantes para resolver los problemas
planteados en esa instancia, entre otros, los siguientes:
➢ Así mismo, se demostró que la accionante solicitó el día 01 de julio de 2015, el
otorgamiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente
calificada a la Superintendencia de Notariado y Registro, petición resuelta a través
de la Resolución No. 9758 02 de septiembre de 2015 […] se le reconoció la prima
técnica […] por título de formación avanzada un 20 %, y por experiencia
relacionada con las funciones propias del cargo otro 20 %, para un total del 40 %,
sobre la asignación básica mensual, que se cancelaría por nómina a partir de la
fecha de expedición de esta resolución. Tal y como se lee en la copia de la petición
inicial de la copia del acto atacado […]
➢ La demandante interpuso recurso de reposición contra el anterior acto
administrativo, el que fue resuelto por la Resolución No. 13036 de 20 de noviembre
de 2015 […] en la cual se repuso la anterior resolución y se le reconoció y ordenó
el pago de la prima técnica a la demandante, incrementándole un 10 % más a lo
ya reconocido por el título de magister, para un total del 50 %, y no repuso en lo
tocante al incremento de la rima (sic) técnica en un 3 % por cada una de las
especializaciones aportadas ni el pago retroactivo de la misma. Tal y como se
aprecia de la copia del recurso […] y del acto administrativo […]
➢ Igualmente se acreditaron los títulos de (i) «Abogada» otorgado por la Universidad
Nacional de Colombia […] el 12 de noviembre de 1998, (ii) «Especialista en
Derecho Privado Económico» otorgado por la Universidad Nacional de Colombia
el 14 de septiembre de 2000, (iii) «Especialista en Derecho administrativo y
Constitucional» […] otorgado por la Universidad Católica de Colombia el 01 de
octubre de 2003, (iv) «Magister en Administración de Empresas» otorgado por la
17
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
Universidad Internacional de la Rioja (España) el 29 de junio de 2015, según
Certificación Supletoria Provisional emitido por el Rector de la Universidad
mencionada […] y la Resolución 17937 del 29 de octubre de 2015 […] por medio
de la cual se realiza la Convalidación de dicho título para todos los efectos legales
y académicos en Colombia, y (v) «Especialista en Gestión Pública» […] otorgado
por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia el 30 de septiembre de 2016.
Con base en el aludido acervo, el Tribunal explicó que, como lo señaló el juez de
primera instancia, la accionante no aportó prueba para demostrar el elemento subjetivo
exigido por la norma para la concesión del incremento del 9 % sobre la prima técnica
que le fue reconocida, esto es, la relación de sus especializaciones con las funciones
del cargo que desempeñaba. Sobre el particular efectuó el siguiente análisis:
De acuerdo con el marco legal y fáctico que se presentó en el debate judicial es
claro que el actor (sic) presentó ante la Superintendencia de Notariado y Registro
solicitud para el incremento de la prima técnica en un 9% con fundamento en haber
adelantado estudios en 3 especializaciones adicionales a los requisitos del cargo,
y a los presentados para el otorgamiento de la prima técnica en un 50 %, por lo
que afirma que el a quo omitió integrar las normas precitadas en su estudio para
tomar la decisión, con ello incurrió en el error judicial al endilgar a la accionante la
carga de probar el cumplimiento de requisitos para acceder al incremento de la
prima técnica en esta sede.
[…]
Para la Sala, la exigencia probatoria determinada por el a quo es procedente
porque la normatividad establece que el funcionario solicitante de la prima técnica
deba demostrar taxativamente que las funciones de su cargo están directamente
relacionas (sic) con los títulos de postgrado que haya adquirido, dado que es
necesario la acreditación de los respectivos postgrados para que el optante pueda
acceder a dicha prestación y la demandante si bien cumplió con la carga de
acreditar que contaba con los títulos de Especialista en Derecho Privado
Económico -obtenido el 14 de septiembre del año 2000-, Especialista en Derecho
Administrativo y Constitucional otorgado el 02 de octubre del año 2003-, denotando
en forma evidente que la demandante cumplió con los requisitos descritos en la
Ley para el reconocimiento y pago de la prima técnica y su incremento desde el 01
de julio de 2015, no es solo necesario acreditar un título de posgrado, sino que el
mismo est[é] enfocado y sea en «áreas directamente relacionadas con sus
funciones».
[…]
En ese orden de ideas, considera la Sala que la motivación expuesta por la autoridad
demandada para dar solución a la litis no es arbitraria, pues trajo a colación el acervo
probatorio encontrado en el plenario, procedió a su efectiva valoración y explicó las
razones por las cuales estimaba que la accionante no cumplió con la carga de acreditar
que los títulos de especialización obtenidos estén directamente relacionados con las
18
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
funciones que desarrolla en el empleo en propiedad que ocupa en la Superintendencia
de Notariado y Registro, esto es, registradora seccional, código 192, grado 10, de
Instrumentos Públicos del Círculo de Chinácota (Norte de Santander), requisito
necesario para ser beneficiario del incremento del 3 % sobre la prima técnica por
formación avanzada y experiencia altamente calificada que le fue reconocida en un
monto del 50 %, mediante las resoluciones 9758 del 2 de septiembre y 13036 del 20
de noviembre de 2015.
En tal sentido, no se configura un defecto fáctico, en tanto es justamente en el ámbito
valorativo donde el juez, a partir de los cánones de la sana crítica, cuenta con una
mayor libertad de análisis para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al caso.
El no estar de acuerdo con las apreciaciones que efectúa el operador judicial, como
ocurre en el sub examine, no justifica el uso de la acción de tutela para su contradicción
como si se tratara de una tercera instancia.
Lo que advierte la Sala, en el asunto, es la inconformidad del accionante con la lógica
y el análisis que efectuó el Tribunal Administrativo de Norte de Santander al resolver
la apelaciones que se interpusieron contra la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, esto es, declarando nulos los
actos por medio de los cuales se le reconoció y ordenó el pago de la prima técnica por
el criterio de formación avanzada y experiencia altamente calificada, a partir de la fecha
de su expedición y, no como corresponde, es decir, desde el 1.º de julio de 2015, data
en la que ocurrió su posesión y en la que se formuló la petición inicial de reclamación,
pero denegó su acrecimiento en un 9 %, porque no acreditó que los títulos de posgrado
que allegó estén enfocados en áreas afines con las funciones del cargo que
desempeña.
Así, utiliza la acción de tutela para plantear un examen de las probanzas, que, a su
juicio, es el que debe darse, lo cual no puede avalarse por el juez constitucional no
solo porque no es de su competencia realizar este tipo de valoraciones, sino porque el
defecto fáctico está estructurado en específicas causales referenciadas por la Corte
Constitucional y en ninguno de los eventos previstos se encuentra la posibilidad de
19
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
estudiar la prueba bajo consideraciones propias del juez de tutela, so pretexto de
desconocimiento de las pautas de la sana crítica, como lo pretende la parte actora.
Al respecto, la Sala ha sido constante en sostener que la tarea de decidir ante distintos
medios probatorios cuál o cuáles de ellos, y con qué concreto alcance, deben ser
utilizados para la resolución de un determinado supuesto litigioso es una materia de
mera interpretación y valoración, conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica
de la prueba, que en virtud del artículo 176 del Código General del Proceso constituye
una función exclusiva de los órganos judiciales ordinarios.
El juzgador de la causa es el que puede apreciar y valorar de la manera más certera
el material probatorio que obra dentro de un proceso, sin que al juez de tutela le esté
permitido «convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto» o para cubrir las falencias
en que hayan incurrido las partes en un proceso, como lo plantea la accionante en esta
oportunidad.
Así mismo, el Tribunal en relación con la normativa que rige el reconocimiento de la
prima reclamada por la accionante, indicó que los límites y porcentajes para su
asignación están previstos en los Decretos Ley 1661 de 1991, 2164 de 1991 y el
Acuerdo 36 del 31 de octubre de 1991. Al efecto hizo las siguientes consideraciones:
Sentado lo expuesto, itera la Sala que, en materia de reconocimiento de la Prima
Técnica, el Consejo Directivo de la Superintendencia de Notariado y Registro, en
ejercicio de las facultades consagradas en los artículos 9 del Decreto Ley 1661 de
1991 y 7 del Decreto 2164 de 1991, expidió el Acuerdo No. 036 del 31 de octubre
de 1991, en el que se establecieron como criterios para el otorgamiento de la prima
técnica, la formación avanzada y la experiencia altamente calificada que
excedieran los requisitos mínimos establecidos para el cargo, y se determinaron
además los límites y porcentajes para su asignación.
[…]
Aunado a lo anterior, el Acuerdo 06 de 2018, estableció que la prima técnica por
formación avanzada, experiencia altamente calificada y por evaluación del
desempeño se otorgara como un porcentaje de asignación básica mensual que
corresponda al empleo del cual es titular el beneficiario, porcentaje que no podrá
ser superior al cincuenta por ciento […] del valor de la misma. Téngase en cuenta
que, hasta esta fecha, no existía normativa que regulara el incremento de la prima
técnica por formación avanzada […] para los funcionarios de la Superintendencia
de Notariado y Registro.
20
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
Luego el Consejo Directivo de la Superintendencia de Notariado y Registro expide
el Acuerdo No. 04 del 23 de diciembre de 2021, con el que derogó el Acuerdo No.
06 del 2018, y reglamentó el reconocimiento de la técnica alterativamente por […]
El artículo 2 del citado acuerdo se reiteró que los empleos susceptibles de
reconocimiento de la prima técnica corresponden a quienes estén nombrados con
carácter permanente en el cargo de nivel directivo, jefe de oficina asesora o asesor
[…] Asimismo, en el artículo 5 del Acuerdo 04 de 2021, se establece el incremento
de la prima técnica […]
[…]
a. Un tres por ciento (3 %) por el título de especialización en áreas directamente
relacionadas con sus funciones.
[…]
Con base en ese examen, señaló el Tribunal que para ser acreedor del aumento no
solo se debía demostrar un grado de especialización, sino que este tenía que ser en
áreas directamente relacionadas con las funciones desempeñadas, por tanto, había
lugar a confirmar la sentencia del a quo, en cuanto resolvió que los títulos traídos al
proceso no daban cuenta de que cumplieran con esas condiciones. Al respecto señaló
lo siguiente:
Es claro que para efectos del incremento no solo es necesario acreditar un título
de posgrado, sino que el mismo est[é] enfocado y sea en «áreas directamente
relacionadas con sus funciones». Revisado el plenario íntegramente, encuentra la
Sala que le asiste razón al a quo en la decisión adoptada, en cuanto a que «la
demandante cumpliría el requisito exigido, sin embargo, ello lo es formalmente,
toda vez que sustancialmente no lo acreditó, pues el hecho que tenga los títulos
de posgrado no por ello se genera automáticamente el derecho, ya que la norma
es igualmente diáfana en señalar que los posgrados deben girar en torno a áreas
directamente relacionadas con sus funciones, y, en el caso de marras se observan
(sic) total huerfanidad probatoria al respecto, ya que no se demostraron las
funciones que cumple la demandante en su cargo, así como el p[é]nsum
académico de los estudios de postgrado que haga exigible el derecho al
incremento pretendido […]
Inclusive ni en la demanda ni en el recurso de apelación tampoco se indica
[siquiera] si el perfil de egresado de los posgrados cursados irradia y/o se
encuentra directamente relacionado con las funciones ejercidas por la
demandante. No es cierto, como lo afirma el apoderado de la parte demandante,
que resulta ser una cuestión de conocimiento público y por lo tanto resulta ser una
cuestión a verificar, era necesario acreditar y argumentar, dar cuenta, de la relación
entre el perfil egresado y el estudio del mismo, irradiaría y tiene que ver
directamente con las áreas y funciones desarrolladas por la demandante, porque,
como lo ordena el propio legislador, es una carga exclusiva del extremo
21
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
demandante probar «el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen» […]
En ese sentido, estima la Sala que la providencia que profirió el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, se encuentra debidamente justificada, según lo dispuesto en
las normas legales y administrativas en relación con el otorgamiento del incremento
de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, lo cual,
en modo alguno, constituye transgresión de sus garantías fundamentales, sino que
corresponde a las atribuciones de autonomía e independencia de las que está
investido el juez de la causa y que en forma precisa lo habilitan para aplicar la ley
sustancial y fijarle su verdadero sentido y alcance frente al caso concreto.
Y es que el fallador constitucional no puede tomar posición en juicios de interpretación,
pues ello compete estrictamente al juez natural. El oficio del juez de tutela, cuando se
trata de providencias judiciales, es revisar que la decisión no sea manifiestamente
arbitraria y desproporcionada.
Ahora, en lo referente a la configuración del defecto por «ausencia de motivación o
decisión sin motivación» advierte la Sala que no se estructura ante cualquier
discrepancia con el razonamiento del juez, sino, únicamente, «cuando su
argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o
inexistente», evento que no se advierte en el asunto.
En el caso, bien puede evidenciarse que la inconformidad de la accionante se justifica
sobre una exclusiva «divergencia con el razonamiento del juzgador», pues el Tribunal
se encargó de presentar las razones fácticas y jurídicas con las cuales sustentó porque
se debía confirmar el fallo denegatorio de las súplicas atinentes al incremento de la
prima técnica formuladas por la accionante.
Así, el alegato de la parte actora lo que persigue es llevar al juez de tutela a efectos
de que se reabra la discusión planteada en torno al asunto, de aquí que la Sala no
evidencie la existencia de un defecto por ausencia de motivación, sino un argumento
distractor para que por esta vía se surta la discusión planteada en el asunto, de manera
que no se advierte superado el cargo.
22
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
Igualmente, la Sala encuentra que en la providencia enjuiciada no se incurrió en
violación directa de la Constitución como lo alega la parte actora, pues se repite,
precisamente en obedecimiento a las normas legales expedidas para la concesión del
aumento sobre la prima técnica, se resolvió el litigio, lo que por ningún motivo
desconoce los artículos 29 y 229 de la Constitución; además, la providencia se profirió
por el juez competente, el trámite se surtió mediante el procedimiento establecido en
el ordenamiento jurídico y en el que pudo hacer uso del recurso de apelación para
discutir lo resuelto por el a quo.
En virtud de lo expuesto, la Sala estima que en la providencia emitida por la autoridad
accionada no se avizora una actuación constitutiva de vía de hecho que vulnere los
derechos fundamentales de la parte accionante, en tal virtud, se denegará el amparo
deprecado por la señora Ballén Martínez.
3. Conclusión
La Sala concluye que en la providencia del 25 de enero de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que confirmó el fallo del 30 de
septiembre de 2021 dictado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Pamplona, no se incurrió en los defectos aducidos por la accionante.
En tal sentido, la Sala procederá a denegar el amparo que solicita la señora Luisa
Fernanda Ballén Martínez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Denegar el amparo que solicita la señora Luisa Fernanda Ballén Martínez,
conforme a la parte considerativa que antecede.
23
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00516 00
Demandante: Luisa Fernanda Ballén Martínez
Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.