Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00520-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00520-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00520-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2024-00520-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ ARLEY CRUZ SIERRA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,
PUES LO PRETENDIDO POR EL ACTOR ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO
DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA
TERCERA INSTANCIA. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE ASPECTOS
QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA. PRESCRIPCIÓN TRIENAL. SUBSIDIO FAMILIAR DE
SOLDADOS PROFESIONALES PREVISTO EN EL DECRETO 1794 DE 2000.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ1.
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En adelante el TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 110010315000-2024-00520-00
Actor: JOSÉ ARLEY CRUZ SIERRA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JOSÉ ARLEY CRUZ SIERRA, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al respeto de los derechos adquiridos y al
principio de confianza jurídica, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 25
de agosto de 2023, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 150013333005-2021-00071-01.
I.2.- Hechos
Refirió que el Decreto 1794 de 14 de septiembre de 2000, “Por el
cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal
de soldados profesionales de las Fuerzas Militares”, en su artículo 11
estableció el subsidio familiar para el soldado profesional casado o
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Número único de radicación: 110010315000-2024-00520-00
Actor: JOSÉ ARLEY CRUZ SIERRA
con unión marital de hecho vigente y la obligación de reportar el
cambio de estado civil con el fin de obtener tal reconocimiento.
Sostuvo que, posteriormente, mediante Decreto 3770 de 30 de
septiembre de 2009, el Gobierno Nacional derogó el artículo antes
mencionado, por lo que ya los soldados profesionales no tenían la
obligación expresa de reportar el cambio de estado civil, en la medida
en que el reporte no generaría ningún efecto.
Indicó que a través del Decreto 1161 de 24 de junio de 2014, se
reactivó el reconocimiento del subsidio familiar para los soldados
profesionales, pero en una cuantía inferior a la anterior.
Relató que el Consejo de Estado mediante sentencia de 8 de junio de
2017, declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, con efectos ex
tunc.
Mencionó que al considerar que le era aplicable la mencionada
providencia debido a la fecha de consolidación de su derecho, esto
es, 29 de junio de 2013, momento en el que contrajo matrimonio, el
4 de septiembre de 2019 solicitó ante el Ejército Nacional el
reconocimiento del subsidio familiar de conformidad con el artículo
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11 del Decreto 1794 de 2000, petición que no fue resuelta por lo que
se generó acto ficto o presunto, negándosele así su solicitud.
Adujo que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en
ejercicio del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a la cual
le fue asignado el número único de radicación 2021-00071-00 y le
correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito de Tunja2 que, en sentencia de 20 de septiembre de 2022,
denegó las pretensiones de la demanda.
Manifestó que, inconforme con ello, interpuso recurso de apelación,
el cual fue conocido por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de
25 de agosto de 2023, revocó la decisión del a quo y accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, toda vez que declaró
la nulidad del acto ficto o presunto demandado y ordenó a las
demandadas reconocer y pagar el subsidio familiar de conformidad
con el Decreto 1794 de 2000, pero únicamente a partir del 4 de
septiembre de 2016 por prescripción trienal.
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En adelante el Juzgado.
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Aseveró que, a juicio del TRIBUNAL, para analizar la prescripción el
cómputo debía efectuarse desde que la obligación se hizo exigible,
esto es, desde que contrajo matrimonio, de tal forma que al haber
presentado la petición únicamente hasta el 4 de septiembre de 2019,
las mesadas anteriores al 4 de septiembre de 2016 se encontraban
prescritas.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada pasó por alto que el
derecho solo fue exigible con la ejecutoria de la sentencia de 8 de
junio de 2017, de tal forma que entre la fecha de exigibilidad del
derecho y la presentación de la petición no transcurrieron más de 3
años y por ello no era posible declarar la prescripción trienal en el
asunto.
Afirmó que el TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo, toda vez
que dio una interpretación equivocada a la norma que conllevó a
asemejar la exigibilidad del derecho con la consolidación de este, lo
cual no resulta de tal validez, pues al momento que contrajo
matrimonio, esto es, 29 de junio de 2013, no resultaba exigible pues
estaba derogado el Decreto 1794 de 2000.
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En ese orden de ideas, añadió que entre el 30 de septiembre de 2009
y el 8 de septiembre de 2017, el derecho a consolidar el
reconocimiento del subsidio familiar bajo las disposiciones contenidas
en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 no era exigible, lo cual se
habilitó una vez se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, la
cual, por demás, se dio con efectos ex tunc.
Relató que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo establece
que para el computo de la prescripción se contará desde que la
obligación se hizo exigible, por lo que la autoridad judicial accionada
cometió un error al considerar que el derecho se hizo exigible desde
la fecha en que contrajo matrimonio, pues esto ocurrió una vez quedó
ejecutoriada la sentencia de 8 de junio de 2017 que anuló el Decreto
3770 de 2009, comoquiera que fue con esta que el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 revivió y, por ende, fue posible solicitar su
aplicación.
Aseveró que la autoridad judicial accionada también incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues la posición del
Consejo de Estado respecto a la forma como opera la aplicación
extintiva de la prescripción cuando se declara la nulidad de un acto
con efectos ex tunc, ha sido reiterativa y pacífica en el sentido de
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indicar que este término inicia su conteo a partir de que se hizo
exigible la reclamación del derecho, esto es, con la decisión
anulatoria que habilita al peticionario perseguir el reconocimiento de
este.
Así las cosas, adujo que en sentencia de 21 de junio de 20013 el
Consejo de Estado al debatir la inclusión de la prima de actualización
en la asignación de retiro de los miembros de la Policía Nacional en
virtud de la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc de algunos
apartes normativos, indicó que no era posible imponer término de
prescripción cuatrienal sobre los derechos reclamados por dos
factores, el primero porque antes de la sentencia de nulidad el acto
declarado nulo gozaba de plena presunción y ello impedía su
exigibilidad y, por otro lado, porque fue sólo con la decisión
anulatoria que se habilitó al demandante para acudir a la jurisdicción
contenciosa administrativa en procura de obtener el reconocimiento
del derecho consolidado.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”,
radicación número 250002325000-1998-03184-00, C.P. Tarcisio Caceres Toro. Posición ratificada en
fallo de 4 de octubre de 2007 con ponencia del C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación
250002325000-2005-04230-01, posteriormente en sentencia de 21 de abril de 2016 por el C.P. William
Hernández Gómez, radicación 050012331000-2003-01220-01, en sentencia de 27 de julio de 2017 C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez con radicación 080012333000-2013-00561-01 y en sentencia de 19 de abril
de 2018, C.P. William Hernández Gómez, radicado 250002342000-2013-03880-01.
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Por último, comentó que el reconocimiento ordenado relativo al
subsidio familiar en la cuantía indicada en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 debe operar desde el 29 de junio de 2013 – fecha en
la que contrajo matrimonio.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende la protección de
sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en
consecuencia:
“[…] 2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos
fundamentales invocados se declare la NULIDAD PARCIAL de la
sentencia en mención, y le ordene a la autoridad judicial
accionada, Tribunal Administrativo de Boyacá, a que profiera
nueva sentencia en la cual se declare que sobre el caso en
concreto no ha operado el fenómeno de la prescripción.
3. Con base en lo anterior, se le ordene al Tribunal
Administrativo de Boyacá a que disponga que el reconocimiento
y reajuste del subsidio familiar bajo los términos del artículo 11
del decreto 1794 de 2000 debe operar desde el 29 de junio de
2013 hasta la fecha en que se efectúe el retiro de la institución
del accionante […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL afirmó que la solicitud de amparo de la
referencia resulta improcedente por incumplimiento del requisito
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general de la relevancia constitucional, dado que el asunto tiene por
objeto debatir a manera de tercera instancia una controversia
relacionada con la extinción, por el paso del tiempo y la inactividad
del interesado, de unos derechos laborales reconocidos en sentencia
de 25 de agosto de 2023.
Resaltó que el asunto tiene trascendencia económica, pues atañe al
pago de unas sumas de dinero, pero en modo alguno ius
fundamental.
Refirió que, contrario a lo advertido por el actor, no se incurrió en
defecto sustantivo, pues la configuración del derecho coincide con la
exigibilidad de este, por lo que, con la nulidad del Decreto 3770 de
2009, se consideró que el 1794 de 2000 se mantenía vigente y, por
lo mismo, era plausible reclamar el derecho.
En cuanto al desconocimiento del precedente jurisprudencial
alegado, sostuvo que si bien existen decisiones que dan cuenta de la
posición del tutelante, también hay otras que se refieren a la
esgrimida en el fallo cuestionado y, además, las que se citaron como
desconocidas partieron de una premisa inexacta de que la pretensión
de nulidad es constitutiva y, por lo mismo, el derecho se hace exigible
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desde la ejecutoria de la sentencia que infirma el acto general,
cuando realmente es declarativa.
Así las cosas, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en
su defecto, denegar las pretensiones de amparo.
I.5.2.- El Ministerio de Defensa, vinculado en calidad de tercero
con interés directo en el proceso, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela de la referencia, teniendo en cuenta que la decisión
cuestionada es garante de los derechos fundamentales de la parte
actora, quien además cuenta con otro medio de defensa para ventilar
las inconformidades aquí expuestas como lo es el recurso
extraordinario de revisión, máxime cuando no se evidencia la
configuración de un perjuicio irremediable en el asunto.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
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marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
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proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
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de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la
providencia de 25 de agosto de 2023, proferida por el
TRIBUNAL, por medio de la cual revocó la decisión del a quo y, en
su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2021-00071-01.
La controversia tiene origen en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el actor contra la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL,
por medio del cual pretendía que se dejara sin efectos el acto
administrativo presunto o ficto y se ordenara el reconocimiento del
subsidio familiar de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000.
El proceso fue conocido en segunda instancia por el TRIBUNAL quien
pese a ordenar el reconocimiento y pago del subsidio familiar
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conforme a los parámetros del Decreto 1794 de 2000, lo hizo
únicamente a partir del 4 de septiembre de 2016, pues consideró que
antes de ello operó la prescripción trienal.
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al respecto de los derechos adquiridos y
al principio de seguridad jurídica, toda vez que incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, comoquiera
que el derecho solo fue exigible con la ejecutoria de la sentencia de
8 de junio de 2017, de tal forma que entre la fecha de exigibilidad
del derecho y la presentación de la petición no transcurrieron más de
3 años y, por ello, no era posible declarar la prescripción trienal en
el asunto.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el
TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente
jurisprudencial, al haber proferido la providencia de 25 de
agosto de 2023, dentro del medio de control de nulidad y
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restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2021-00071-01.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Número único de radicación: 110010315000-2024-00520-00
Actor: JOSÉ ARLEY CRUZ SIERRA
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».5
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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Actor: JOSÉ ARLEY CRUZ SIERRA
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
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circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
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Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por el señor CRUZ
SIERRA es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a
consideración del juez natural, como si este mecanismo
constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario.
Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte
actora como fundamento de la presunta vulneración de los derechos
deprecados, son los mismos que fueron puestos a consideración ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y se evidencia que lo
pretendido es crear una instancia adicional trayendo argumentos que
ya fueron suficientemente debatidos por los jueces naturales del
litigio.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto económico y de mera
legalidad, porque los motivos que fundamentan la inconformidad de
la parte actora se sustentan, básicamente, en que, la autoridad
judicial accionada no debió decretar la prescripción trienal antes del
4 de septiembre de 2016 del subsidio familiar reconocido, toda vez
que, entre el 30 de septiembre de 2009 y el 8 de septiembre de 2017,
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el derecho a consolidar el reconocimiento del subsidio familiar bajo
las disposiciones contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000 no era exigible, lo cual se habilitó una vez se declaró la nulidad
del Decreto 3770 de 2009, la cual, por demás, se dio con efectos ex
tunc.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión meramente económica y
legal, que gira en torno a la inconformidad con la decisión adoptada
por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL
de forma admisible, así:
“[…] 4. Prescripción
38. De acuerdo con la jurisprudencia14, la norma que regula la
prescripción para estos asuntos es el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo, debido a que el Decreto 1794 de 2000 no
desarrolla la materia, el Decreto 4433 de 2004 se refiere
únicamente a este fenómeno respecto de las asignaciones de
retiro y pensiones y el Decreto 1211 de 1990, trata el régimen
de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.
14
Ver, por ejemplo: C.E., Sec. Tercera, Sent. 2022-01166, may. 25/2022. M.P. Martín Bermúdez
Muñoz: “(…) 12.1.- La Sala observa que si bien el Decreto 1794 de 2000 no estableció un término de
prescripción para el subsidio familiar y que el Decreto 4433 de 2004 no se refirió a ese asunto, lo cierto
es que el reparo elevado por el accionante no es determinante para la decisión y no altera de forma
alguna la conclusión a la que llegó el tribunal. // 12.2.- Cabe señalar que el accionante no indicó la
norma que, en su concepto, debió aplicarse en lugar del Decreto 4433 de 2004. De todas formas, ante
la falta de una norma especial, debe aplicarse la regla general en materia de derechos laborales,
prevista en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, en virtud del cual el término de prescripción
es de tres años, que se interrumpen ante la solicitud del derecho. Por lo tanto, dado que en este caso
la prescripción es trienal, en nada afecta a la decisión el hecho de que el tribunal se valiera de lo previsto
en el Decreto 4433 de 2004 para declararla, pues esta también dispone de un término de tres años de
prescripción. (…)”
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39. Por su parte, la legislación laboral establece que el cómputo
debe efectuarse desde que la obligación se hace exigible y se
interrumpe por una sola vez con el reclamo del trabajador. En
ese sentido, los efectos retroactivos de la sentencia que
anuló el Decreto derogatorio se traducen en que el
derecho se hizo exigible desde la fecha en la que el actor
contrajo matrimonio (29 de junio de 2013), pues implican
que jurídicamente el Decreto 1794 de 2000 nunca fue
retirado del ordenamiento.
40. Es del caso señalar que, el actor presentó su reclamación el
4 de septiembre de 2019 y no podría asumirse que,
hipotéticamente, de no haberse expedido el Decreto 3770 de
2009, el interesado hubiera pedido el reconocimiento del
derecho anticipadamente o siquiera en una fecha concreta.
41. Entonces es claro que, el momento en el que el accionante
interrumpió el fenómeno de la prescripción es el 4 de septiembre
de 2019 y luego formuló la demanda el 28 de abril de 2021, de
modo que no permitió su reanudación. En consecuencia, los
efectos fiscales de la reliquidación que se ordenará judicialmente
cobijan los 3 años anteriores a la solicitud en comento, es decir,
corren desde el 4 de septiembre de 2016.
42. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la Sala revocará la
sentencia proferida por la primera instancia de fecha 30 de
septiembre de 2022, y en su lugar, declarará la nulidad del acto
administrativo ficto o presunto configurado por el silencio
administrativo relacionado con el derecho de petición presentado
el 4 de septiembre de 2019, por medio del cual el demandante,
solicitó el reajuste del subsidio familiar con fundamento en el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. En consecuencia y a título
de restablecimiento del derecho ordenará el reajuste y el
respectivo pago de las diferencias causadas entre lo sufragado y
lo que debió pagarse por concepto de subsidio familiar del
demandante en los términos del Decreto 1794 del 2000, con
efectos fiscales a partir del 4 de septiembre de 2016, dado que
operó el fenómeno prescriptivo. La entidad demandada deberá
descontar las cotizaciones que correspondan al afiliado con
destino al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional de conformidad con el artículo 36 del Decreto
1795 de 2000.
[…]”. (Destacado fuera de texto)
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De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
el TRIBUNAL realizó un análisis de la situación fáctica y jurídica del
asunto, de lo cual concluyó que, comoquiera que la reclamación el
actor la realizó el 4 de septiembre de 2019 y los efectos fiscales de
la reliquidación cobijan los 3 años anteriores a la solicitud del subsidio
familiar, ordenó el reajuste y pago respectivo de las diferencias
causadas a partir del 4 de septiembre de 2016.
Lo anterior teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo
151 del Código Procesal del Trabajo, el cómputo de la prescripción
debe efectuarse desde que la obligación se hace exigible y se
interrumpe al momento de realizarse el reclamo, de tal forma que,
en el caso concreto, los efectos retroactivos de la sentencia que anuló
el Decreto 3770 de 2009, conllevan concluir que el derecho se hizo
exigible desde la fecha en que el actor contrajo matrimonio, esto es,
el 29 de junio de 2013, toda vez que ello implica que jurídicamente
el Decreto 1794 de 2000 nunca fue retirado del ordenamiento.
En este punto es del caso destacar que la Sala en asuntos similares
al presente, ha decidido que la solicitud de amparo carece del
requisito general de la relevancia constitucional, este es el caso del
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fallo de tutela de 23 de noviembre de 202315, comoquiera que el
problema jurídico a debatir no es la interpretación armónica y
sistemática de los efectos ex tunc de la sentencia de 8 de junio de
2017 en cuanto al reconocimiento del subsidio familiar conforme el
Decreto 1794 de 2000, sino un debate de mera legalidad en cuanto
a la prescripción de que trata el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encuentra que la acción de
tutela de la referencia es improcedente por falta del requisito
general de relevancia constitucional, porque a través de esta el
actor lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si este
mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso
ordinario, sin que en todo caso se vislumbre que la autoridad judicial
accionada pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o
desbordado los límites del principio de la autonomía judicial, pues,
por el contrario, se advierte que el TRIBUNAL se pronunció frente a
los aspectos que alude el actor.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes, sentencia de 23 de noviembre de 2023 identificada con el número único de radicación
110010315000-2023-06607-00.
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Situación distinta es que el accionante no comparta la tesis allí
dispuesta al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la
decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía
judicial de la que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió
el asunto sometido a su consideración.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
el caso de la providencia de 9 de febrero de 201716, en la que se
sostuvo:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201817 se indicó:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por carecer del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
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justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de febrero de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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Actor: JOSÉ ARLEY CRUZ SIERRA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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