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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00525-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00525-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por John Jairo Gordillo Munar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00525-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

21 de marzo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00525-00
Demandante: John Jairo Gordillo Munar

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00525-00
Demandante: JOHN JAIRO GORDILLO MUNAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Temas: Contra sentencia que declaró la prescripción cuatrienal de las
prestaciones económicas derivadas de la reliquidación del subsidio
familiar

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por John Jairo Gordillo Munar contra el
Tribunal Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 6 de febrero de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado
judicial, John Jairo Gordillo Munar pidió la protección del derecho fundamental al
debido proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del
13 de octubre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, que, en
segunda instancia, declaró la prescripción cuatrienal de las prestaciones económicas
derivadas de la reliquidación del subsidio familiar.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. PRIMER GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS: RELACIONADAS CON LA
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN.
1.1. Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO,
se estructura la causal especifica de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales,
denomina VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, específicamente la VIOLACION DEL
DERECHO FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD.
1.2. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al señor JOHN
JAIRO MAYORGA VALBUENA.
1.3. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al señor
JARLEDY MORENO SERMA.
1.4. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al señor
ÁLVARO CASTILLO MATEUS.
1.5. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual

1 Mediante correo electrónico dirigido a la secretaría general del Consejo de Estado. Ver índice 1 de Samai

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00525-00
Demandante: John Jairo Gordillo Munar

sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al señor JOSÉ
CASTRO PEÑA. 1.6. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al señor
DURABIO ANTONIO SOTO TORRES. 1.7. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al señor
ROBIN MEZA FLOREZ. 1.8. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al señor JHON
ARLEY TRUJILLO NOGUERA. 1.9. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al señor
WILSON ANTONIO VILLADA. 1.10. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al señor
MARIO ANDRÉS GUTIÉRREZ ARAGÓN. 1.11. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al señor
YAMIL ENRIQUE YANES ORTEGA. 1.12. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al señor
JONATHAN RUIZ ZOLANO. 1.13. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al señor
ERNESTO GUTIERREZ. 1.14. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al señor
GUSTAVO HERNÁN MORENO LANCHERO. 1.15. Que, como consecuencia de lo anterior, declare que el trato dado a mi poderdante, por
parte del tutelado, es trato discriminatorio, y que el mismo está proscrito por el artículo 13 de la
Constitución Política, lo que conlleva a que es estructure la causal especifica de procedibilidad
de tutela contra providencias judiciales, denomina VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN, en la sentencia aquí cuestionada. 1.16. Como consecuencia de lo anterior, se declare que Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, con la expedición de la sentencia aquí cuestionada vulneró el DERECHO
FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD de mi poderdante. 2. SEGUNDO GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS, CONSECUTIVAS DE LAS
ANTERIORES: 2.1.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, le ruego encarecidamente al Honorable
Despacho, que proceda a dejar, PARCIALMENTE (únicamente lo relacionado con la prescripción
del reajuste del subsidio de familia) sin efectos, LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Pasto, trece (13) de octubre de dos
mil veintitrés (2023) Restablecimiento del derecho 2020 - 00075 (12909) John Jairo Gordillo
Munar Vs. Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Mocoa APELACION SENTENCIA Magistrada Ponente: Beatriz Isabel
Melodelgado Pabón. 2.2. Como consecuencia de lo anterior, le ruego al Honorable Despacho que ordene al Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia en la cual se abstenga de aplicar la
prescripción del derecho, como quiera que “existía un impedimento legal que no permitía exigir
el reconocimiento” y “el derecho a devengarlos surgió a partir de los efectos ex tunc de la
sentencia que declaró la nulidad” del decreto 3770 de 2009. 2.3. Se ordene a la entidad que se haga el reconocimiento y pago del subsidio de familia desde
el 16 DE DICIEMBRE DE 2011, fecha en la que se celebró el matrimonio.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00525-00
Demandante: John Jairo Gordillo Munar

3.1. Actuación administrativa

El señor John Jairo Gordillo Munar ingresó al Ejército Nacional como soldado
profesional el 19 de septiembre de 2001 luego de prestar servicio militar obligatorio.
El 16 de diciembre de 2011, contrajo matrimonio.

Mediante Orden Administrativa de Personal No. 2097 del 30 de octubre de 2014, el
Ejército Nacional reconoció el 23 % del salario como subsidio familiar, 20 % por
matrimonio y 3 % por un hijo menor de edad, con efectos fiscales a partir del 2 de
septiembre de 2014. Lo anterior en aplicación del Decreto 1161 de 2014.

Mediante Orden Administrativa de Personal No. 2030 del 10 de agosto de 2017, el
Ejército Nacional aumentó el subsidio familiar en un 2 % por un segundo hijo menor
con efectos fiscales a partir del 10 de agosto de 2017.

El 2 de noviembre de 2018, el actor pidió al Ejército Nacional que (i) reconociera y
pagara la diferencia salarial del 20 %, (ii) pagara el subsidio familiar en aplicación del
Decreto 1794 de 2000 y, (iii) reconociera y pagara la prima de actividad.

A través del Oficio No. 20183136571933 del 16 de noviembre de 2018, la sección
jurídica del Ejército Nacional remitió parcialmente la petición a la sección de ejecución
presupuestal para que se pronunciara únicamente respecto del ajuste del subsidio
familiar.

En Oficio No. 20183112403171 del 7 de diciembre de 2018, la sección de ejecución
presupuestal del Ejército Nacional denegó la reliquidación con aplicación del artículo
11 del Decreto 1794 de 2000.

3.2. Actuación judicial

John Jairo Gordillo Munar presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra del Ejército Nacional para que se declarara la nulidad del Oficio No.
20183112403171 del 7 de diciembre de 2018 y del acto ficto derivado del silencio
administrativo originado con la petición del 2 de noviembre de 2018. A título de
restablecimiento del derecho pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de la
diferencia salarial del 20 % adeudada, del subsidio familiar con aplicación del Decreto
1794 del 2000 y se pagara la prima de actividad.

La demanda se adelantó bajo el radicado 86001-3333-002-2020-00075-00 y
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, que, por sentencia del 30
de junio de 2022, denegó las pretensiones de la demanda.

Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló y el Tribunal Administrativo de
Nariño, en sentencia del 13 de octubre de 20232, la revocó parcialmente. Declaró la
nulidad de los actos demandados y ordenó al Ejército Nacional reconocer y pagar el
subsidio familiar a favor del demandante, en los términos del Decreto 1794 de 2000,
artículo 11, desde la fecha en que consolidó el derecho (16 de diciembre de 2011),
pero declaró la prescripción cuatrienal de las diferencias salariales y prestacionales
causadas con antelación al 16 de noviembre de 2014, en aplicación del artículo 174
del Decreto 1211 de 1990.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en
los siguientes vicios de fondo:

2 Notificada por correo electrónico del 14 de noviembre de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00525-00
Demandante: John Jairo Gordillo Munar

En violación directa de la Constitución, porque la decisión de declarar la
prescripción cuatrienal de las prestaciones económicas derivadas del reajuste del
subsidio familiar desconocía el derecho a la igualdad del señor Gordillo Munar.

Dijo que en casos similares el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no declaró la
prescripción, porque la petición de reajuste de la prestación se presentó dentro de los
cuatro años siguientes a la ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos
ex tunc y devolvió a la vida jurídica el Decreto 1794 del 2000.

Explicó que se desconoció el precedente horizontal de las sentencias del 18 de
octubre de 20223, 25 de noviembre de 20224,10 de marzo de 20235, 25 de agosto de
20236, 24 de marzo de 20247, dictadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, del 5 de octubre de 20228, el 24 de
agosto de 20229 y 28 de junio de 202310, dictadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, del 19 de enero de 202311 y 13 de
julio de 202312 dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, del 9 de febrero de 2023 13 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 24 de agosto
de 202314 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B y del 29 de agosto de 202315 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, reconoció el reajuste del subsidio
familiar sin declarar prescripción.

Propuso que se aplicara un test de igualdad de los casos resueltos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, con el estudiado por el Tribunal
Administrativo de Nariño (su caso). Dijo que los hechos estudiados en esas
providencias y los supuestos fácticos del señor Gordillo Munar eran comparables y se
había dado un trato diferenciado, porque presentaron reclamación administrativa entre
junio de 2017 y agosto de 2021 para el ajuste del subsidio familiar en aplicación del
Decreto 1794 de 2000 con el objetivo de evitar que operara el fenómeno de la
prescripción teniendo en cuenta la ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado
del 8 de junio de 2017, que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009.

3 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, sentencia del 18 de octubre de 2022,

Exp. 11001333501520200018301, Demandante: Jairo Mayorga Valbuena, M.P. Patricia Victoria Manjarrés Bravo.
4 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, sentencia del 25 de noviembre de

2022, Exp. 11001334205120200028401, Demandante: Wilson Antonio Villada Soto, M.P. Patricia Victoria
Manjarrés Bravo.
5 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, sentencia del 24 de marzo de 2023,

Exp. 110013335000820200026501, Demandante: Robin Meza Florez, M.P. Patricia Victoria Manjarrés Bravo.
6 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, sentencia del 25 de agosto de 2023,

Exp. 11001334205120200028101, Demandante: Ernesto Gutiérrez, M.P. Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon
7 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, sentencia del 10 de marzo de 2023,

Exp. 11001333501520200004401, Demandante: Jhon Arley Trujillo Niguera, M.P. Jaime Alberto Galeano Garzón.
8 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, sentencia del 5 de octubre de 2022,

Exp. 11001333502820200002101, Demandante: Jarledy Moreno Serna, M.P. Amparo Oviedo Pinto.
9 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, sentencia del 24 de agosto de 2022,

Exp. 11001334205620190040901, Demandante: Alvaro Castillo Mateus.
10 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, sentencia del 28 de junio de 2023,

Exp. 11001333501120200018901, Demandante: Mario Andrés Gutiérrez Aragón, M.P. Samuel José Ramírez
Poveda.
11 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, sentencia del 19 de enero de 2023,

Exp. 11001334205120200029601, Demandante: José Castro Peña, M.P. Cerveleón Padilla Linares.
12 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, sentencia del 13 de julio de 2023,

Exp. 11001334205120200021401, Demandante: Yamil Enrique Yanes Ortega, M.P. Israel Soler Pedroza.
13 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de febrero de 2023,

Exp. 25307333300120210004201 demandante: Darubio Antonio Soto Torres, M.P. Carmen Alicia Rengifo
Sanguino
14 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de agosto de 2023,

Exp. 11001333501720200032701, Demandante: Jonathan Ruíz Zolano, M.P. Luis Gilberto Ortegón Ortegón
15 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, sentencia del 29 de agosto de 2023,

Exp. 25307333300220210015401, Demandante: Gustavo Hernán Moreno Lanchero, M.P. Patricia Salamanca
Gallo
4

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Demandante: John Jairo Gordillo Munar

Que el trato diferenciado no estaba constitucionalmente justificado dado que no existía
un criterio objetivo que lo justificara y que el Tribunal Administrativo de Nariño no
presentó ningún razonamiento para justificar el trato diferente al dado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

En concreto, explicó que la decisión diferenciada que adoptó el tribunal no cumplía los
requisitos de idoneidad ni necesidad. En cuanto a la idoneidad, explicó que el fin
constitucional de la prescripción del derecho es sancionar a quienes no reclaman en
tiempo sus derechos, que el subsidio familiar tenía como fin ayudar a los sectores más
pobres de la población, que, por lo tanto, la actividad judicial le debió dar un trato igual
a todos los demandantes y concluir que el derecho a reclamar solo había tenido lugar
una vez dictada la sentencia del 8 de junio de 2017, que declaró la nulidad del Decreto
3770 de 2009 y que el término de prescripción solo puede ser contabilizado a partir
de esa fecha. Que por esa misma razón tampoco se cumplía el criterio de necesidad
de adopción de una decisión en idéntico sentido en todos los casos.

5. Trámite procesal

Por auto del 9 de febrero de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de parte demandada, a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Nariño y vinculó en calidad de terceros con interés, al
juez segundo administrativo de Mocoa, al ministro de defensa y al comandante del
Ejército Nacional.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 12 y 21 de
febrero de 202416.

6. Intervenciones

La magistrada del Tribunal Administrativo de Nariño, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se denegara la solicitud de amparo. Explicó que las sentencias
dictadas por otro tribunal a las que se refiere la parte actora no son jurisprudencia
vinculante ni constituyen precedente.

La apoderada del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de amparo y explicó que la prescripción era una figura de
orden público que tenía como fin la protección del erario en los procesos que se
adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que por esa razón el
fenómeno podía ser declarado de oficio.

Que no puede pretenderse que el conteo del término prescriptivo inicie a partir de la
sentencia que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, cuando debe hacerse a
partir de las peticiones particulares y concretas.

El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa remitió copia digital del expediente
de nulidad y restablecimiento del derecho, pero nada dijo sobre el fondo del asunto.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por John
Jairo Gordillo Munar para que se deje sin efectos la sentencia del 13 de octubre de
2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, que, en segunda instancia,
declaró la prescripción cuatrienal de las prestaciones económicas derivadas de la

16 Índices 7 y 11 de Samai.

5

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reliquidación del subsidio familiar.

La Sala anticipa que denegará la solicitud de amparo, porque el Tribunal
Administrativo de Nariño, en virtud del principio de autonomía judicial, adoptó un
criterio diferente al de las sentencias invocadas por la parte actora y lo sustentó con
una carga argumentativa razonable y suficiente.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, finalmente, y (iii) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales17 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos18 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se
analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por John Jairo Gordillo
Munar cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

3.1. La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, pues en caso
de que hubiere un error en la determinación del fenómeno prescriptivo en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho estarían comprometidos el derecho al
debido proceso y a la igualdad del demandante.

3.2. La demanda de tutela también cumple con el requisito de inmediatez, porque la
sentencia del 13 de octubre de 2023 fue comunicada por correo electrónico a las
partes el 14 de noviembre 2023, es decir, fue efectivamente notificada el 16 de
noviembre de 2023. Siendo así, entre esa fecha y la presentación de la acción de
tutela (6 de febrero de 2024) transcurrieron 2 meses y 20 días, término que no supera
el plazo de seis meses establecido por la Sala Plena esta Corporación19.

3.3. El demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
dado que una vez promovió el medio de control procedente para que se declarara la
nulidad de los actos administrativos que denegaron la reliquidación del subsidio
familiar, en aplicación del Decreto 1794 de 2000, agotó el recurso de apelación en
contra la decisión de primera instancia.

Tampoco era viable que el demandante presentara recurso extraordinario de revisión
en contra la sentencia del 13 de octubre de 2023, porque los argumentos que plantea
en la demanda de tutela no encajan en ninguna de las causales de que trata el artículo

17 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
18 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
19 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: John Jairo Gordillo Munar

25020 del CPACA.

3.4. Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable
los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto
es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene, en esencia, de la vulneración al derecho a la igualdad porque en
casos de supuestos fácticos similares otro tribunal administrativo no aplicó el término
de prescripción.

3.5. Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, el demandante
cuestiona la decisión de segunda instancia adoptada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de la solicitud de amparo, la Sala advierte que el demandante alegó que
la sentencia objeto de tutela incurrió en violación directa de la Constitución, por
desconocimiento del derecho a la igualdad. Concretamente, esa vulneración la deriva
del hecho de que el Tribunal Administrativo de Nariño declarara la prescripción
cuatrienal, mientras que, en casos similares, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, se abstuvo de declararla. A juicio del actor, no
existe un criterio objetivo que justificara el trato desigual.

Siendo así, la Sala estima que, tratándose de acción de tutela contra providencias
judiciales, el derecho a la igualdad debe analizarse a partir del desconocimiento del
precedente judicial.

Ahora, para analizar si en este caso se configura el desconocimiento del precedente,
la Sala empezará por precisar cuál fue el análisis realizado por el Tribunal
Administrativo de Nariño sobre el fenómeno de la prescripción extintiva.

En la providencia acusada se explicó que, mediante sentencia judicial del 8 de junio
de 2017, el Consejo de Estado, Sección Segunda, declaró́ la nulidad, con efectos ex
tunc, del Decreto 3770 del 2009. A juicio del tribunal, esa circunstancia generó que
jurídicamente reviviera la norma que había sido derogada, esto es el Decreto 1794 de
2000, desde el momento de su derogatoria. Que es a partir de esa sentencia que el
demandante tuvo una expectativa real respecto del reconocimiento y pago del
subsidio familiar conforme con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, porque solo a
partir de ese momento esa norma cobró nuevamente vigencia, luego de haber sido
derogada. Con fundamento en lo anterior, el tribunal concluyó:
Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que, en tanto se configuran los
supuestos de hecho previstos en el Decreto 1794 de 2000, previo a la entrada en vigencia del
Decreto 1161 de 2014, por cuanto, se itera, se acreditó que el matrimonio civil ocurrió́ el 16 de
diciembre de 2011, existe fundamento legal para ordenar el reajuste del subsidio familiar que

20 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,

son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos
en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella
fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada.
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Demandante: John Jairo Gordillo Munar

percibe el demandante, en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por lo cual que
se impone revocar la decisión de primera instancia para acceder a las pretensiones de la
demanda, en este punto específico.

Estos razonamientos sirven de base para declarar la nulidad parcial del acto enjuiciado, cuyo
restablecimiento incluirá́ la orden de que la prestación se liquide conforme al artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, desde la fecha en la que se configuró el derecho, es decir, a partir del 16
de diciembre de 2011 (fecha en la que se estableció́ el matrimonio civil), con el pago de las
diferencias entre lo reconocido por la entidad como subsidio familiar y lo que se debía pagar,
debidamente actualizado.

Sin embargo, en relación con este caso es necesario aplicar el fenómeno de la prescripción
previsto en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.

Por esta razón, la Sala tomará la fecha de radicación de la segunda petición para contabilizar el
término de prescripción cuatrienal previsto en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, lo que
significa que las diferencias que resultan del reconocimiento del subsidio familiar en los términos
de esta providencia, causadas con anterioridad al 16 de noviembre de 2014 se encuentran
prescritas, según la norma que antes se citó.

De acuerdo con lo anterior, la autoridad judicial demandada declaró la prescripción
cuatrienal de las prestaciones derivadas del reajuste del subsidio familiar en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 17421 del Decreto 1211 de 1990 y para eso tuvo en
cuenta la petición con la que el demandante solicitó el ajuste del subsidio familiar como
fecha de interrupción de la prescripción.

En contraste a esa decisión, se encuentran las sentencias que aportó el demandante
de las subsecciones A, B, C, D, E y F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que, al resolver casos de supuestos fácticos
análogos, no declararon la prescripción de las prestaciones derivadas del reajuste del
subsidio familiar.

Al respecto, la Sala22 en línea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha
precisado que en lo que tiene que ver con el precedente horizontal (que es el que se
invoca en este caso), la observancia no es tan rigurosa como la que se predica del
precedente vertical, pues resulta apenas comprensible que, en virtud de la autonomía
judicial, entre jueces de igual nivel funcional existan criterios de interpretación y
decisión distintos frente a casos análogos.

En otras palabras, cuando el precedente invocado no fue dictado por el superior
funcional (precedente vertical) ni por el propio funcionario (precedente horizontal
propio), la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme a su criterio,
que, en todo caso, debe enmarcarse en los límites de la razonabilidad.

En este caso, el actor cita sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, es decir, se trata de un precedente horizontal que no vincula al
Tribunal Administrativo de Nariño. Si bien se trata de dos providencias que, frente a
situaciones fácticas análogas, emitieron decisiones diferentes, eso no implica una
vulneración al derecho a la igualdad, pues se trata de jueces distintos, aunque con la
misma jerarquía.

La propia Corte Constitucional23 ha precisado que «cuando el término de comparación
no está dado por los propios precedentes del juez sino por el de otros despachos judiciales,
el principio de independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad. El juez,

21 ARTÍCULO 174. Prescripción. Los derechos consagrados en este Estatuto prescriben en cuatro (4) años, que
se contarán desde la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad competente sobre
un derecho interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
22 Entre otras, sentencias del 6 de abril de 2017, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Rad.

11001031500020170019100 y del 5 de febrero de 2019, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, Rad.
11001031500020180386600.
23 T-123 de 1995.

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vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e independiente de
obrar de conformidad con su criterio».

Justamente por lo anterior, no es posible realizar el test de igualdad que propone el
demandante, pues está previsto para analizar si una norma o actuación
gubernamental respeta el principio de igualdad ante la ley24, mientras que, como se
dijo, cuando se cuestionan providencias judiciales, el análisis se hace a partir del
desconocimiento del precedente, en los términos desarrollados por la Corte
Constitucional.

En el análisis del desconocimiento del precedente judicial horizontal, puede ocurrir
que dos tribunales tengan decisiones diferentes, pero eso no significa una afectación
al derecho a la igualdad, como lo alega el actor. En virtud del principio de autonomía
judicial, dos jueces de igual jerarquía pueden tener criterios diferentes al momento de
dictar sentencia, siempre que se trate de decisiones con una carga argumentativa
razonable y suficiente.

Por lo anterior, la Sala insiste en que en el caso del demandante primaba la autonomía
judicial del tribunal encargado del análisis de nulidad y restablecimiento del derecho
que, como ya se explicó, fue razonable pues se adoptó en aplicación de la regla de
prescripción prevista en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.

Siendo así, la sentencia del 13 de octubre de 2023 no incurrió en el defecto alegado
y, por ende, se denegarán las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por John Jairo Gordillo
Munar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

24 Sentencia-084 de 2020.
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