Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00530-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00530-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00530-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de marzo de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00530-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00530-00
Accionante: María Isabel Mantilla Ramírez
Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, otro
Temas: Acción de Tutela contra providencia que no concedió recurso de
apelación, en contra de la decisión que rechazó la acción de
cumplimiento, por no satisfacer el requisito de procedibilidad de
constituir la renuencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora María Isabel Mantilla
Ramírez, en contra de la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de
Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
ANTECEDENTES
La señora María Isabel Mantilla Ramírez presentó escrito encabezado como “acción
de cumplimiento con nulidad anticipada” en el cual señaló como accionados a la
Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
Dicho escrito con sus anexos fue radicado como acción de tutela y repartido al
despacho de quien funge como ponente; por lo que mediante auto del 8 de febrero
de 2024 se requirió a la accionante, para que aclarara la petición, en el sentido de
informar cuáles son los hechos que por parte de la Fiscalía le generan vulneración;
no obstante, esta guardó silencio.
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Admitida la acción de tutela y una vez revisado el informe que rindió el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander se logró establecer que, a este le
correspondió el conocimiento de una acción de cumplimiento presentada por la
señora María Isabel Matilla en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía
1° Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta, con radicado 54001-23-33-000-
2023-00161-00.
Que dicha solicitud de cumplimiento fue rechazada de plano mediante auto del 12
de septiembre de 2023, por no satisfacer el requisito de procedibilidad de
constitución la renuencia; que la accionante presentó apelación contra esa decisión
y que a través de la providencia del 20 del mismo mes y año se rechazó por
improcedente el recurso.
HECHOS
La accionante manifiesta que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y su derecho a la defensa,
al rechazar el recurso de apelación en contra del auto que rechazó de plano la
acción de cumplimiento con radicado 54001-23-33-000-2023-00161-00
PRETENSIONES
Solicita que se declare la nulidad de la actuación que rechazó por improcedente el
recurso de apelación y, en consecuencia, se le ordene al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander conceder el mismo.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente y
el 21 de febrero de 2024 se dispuso su admisión y se ordenó la notificación de las
accionadas.
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POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander rindió informe donde realizó un
recuento procesal e indicó que la accionante interpuso recurso de reposición y en
subsidio de queja, en contra del auto que negó la apelación, que mediante
providencia del 27 de septiembre de 2023 no se repuso la decisión y se ordenó
remitir el proceso al Consejo de Estado; autoridad judicial que resolvió rechazar la
queja presentada.
Adicionalmente, expuso que el Tribunal no ha vulnerado derecho alguno, pues las
decisiones adoptadas han estado conforme a derecho.
El 27 de febrero de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó la
acción de tutela a la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de
Cúcuta; sin embargo, esta guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Sea lo primero advertir que interpretado el escrito de demanda y la contestación del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, así como los anexos de la demanda;
se logra establecer que la inconformidad de la actora es con el auto proferido por
dicho Tribunal, pues ninguna mención hizo de la providencia mediante la cual fue
resuelta la queja por parte del Consejo de Estado Sección Quinta; de tal manera
que no se hace necesaria su vinculación en este trámite.
De igual manera, se advierte que el examen de la Sala se circunscribirá a la
providencia en mención, frente a la cual ninguna relación se observa de las demás
entidades relacionadas por la actora. Al efecto, se abordará I) la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y II) el caso concreto.
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I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias
cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga
de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional,
por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero,
de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave
lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera
independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la
anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa
humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
II) Caso concreto
La inconformidad de la accionante está dirigida en contra del auto del 20 de
septiembre de 2023, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el rechazo de la
acción de cumplimiento.
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Se tienen por cumplidos los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
dicha providencia, pues a) la relevancia constitucional está dada por el derecho
fundamental invocado como vulnerado por la providencia cuestionada; b) la
accionante no cuenta con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c)
se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción se presentó dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia; d) no se invoca una
irregularidad procesal y e) la tutela no se dirige contra un fallo de tutela.
Así, se observa que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en la decisión
objeto de cuestionamiento trajo a colación el artículo 16 de la Ley 393 de 19973 que
establece que contra las providencias que se profieran en la acción de cumplimiento
no cabe recurso alguno, excepto, contra la sentencia y el auto que niegue el decreto
de pruebas.
Aunado a lo anterior, expuso que la norma antes mencionada fue declarada
exequible por la Corte Constitucional4, al considerar que, el auto que rechaza la
acción no es susceptible del recurso de apelación, entre otros, posición reiterada
por esta corporación en la providencia del 7 de abril de 20165.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal rechazó por improcedente el recurso de
apelación presentado por la accionante, en contra de la providencia que rechazó la
acción de cumplimiento, por no satisfacer el requisito de procedibilidad de constituir
la renuencia.
Por otro lado, esta Subsección observa que la accionante no señaló ningún defecto
concreto o una causal específica en la que hubiera incurrido la providencia que aquí
se pretende dejar sin efectos.
Tampoco advierte que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander transgreda
el derecho de defensa y contradicción de la accionante al rechazar el recurso de
apelación, pues esa decisión no obedeció a un capricho o arbitrariedad, sino al
análisis detallado de los presupuestos fácticos y jurídicos, a partir del cual concluyó
3 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”
4 Corte Constitucional, sentencia C 319 de 2013
5 La Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Sección Quinta, con consejera ponente: Roció
Araujo Oñate, de fecha siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016) y radicación número: 25000-23-
41-000-2015-02429-01(ACU)
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que el medio de impugnación no era procedente al no discutirse la sentencia, ni el
auto que negó el decreto de pruebas, en los términos del artículo 16 de la Ley 393
de 1997. Por lo anterior, se negará el amparo invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Negar el amparo invocado por la señora María Isabel Mantilla Ramírez,
por los motivos expuestos en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
HAPC
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