RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00557-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00557-01

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00557-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 21 de marzo de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo del Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 31 Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01 Actora: Andrea Rincón Carrillo

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00557-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

6 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo
Demandada: Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

Temas: Defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas/alcance

Defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) acceso a la administración de
justicia, iii) debido proceso y iv) libertad de información

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 21 de marzo de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo del
Estado, por medio de la cual negó las pretensiones de la acción de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, al proferir, la providencia de 17 de enero de 2024, en el proceso de insistencia

2

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

identificado con el número único de radicación 250002341000202300955-001,
vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, el 17 de mayo de 2023, solicitó información respecto de los
gastos reservados de los que trata la Ley 1097 de 2 de noviembre de 20062. En
particular, solicitó: “[…] 1. Señale cuál es el costo anual en pesos colombianos
discriminado para cada una de las operaciones mencionadas anteriormente durante
los años 2019 a 2023; 2. Señale cuál es el costo en pesos colombianos que se
realiza en cada operación en la ley 1097 de 2006 durante los años 2019 a 2023
[…]”.

4. Señaló que, el 18 de mayo de 2023, presentó una nueva petición, mediante
la cual solicitó En particular, solicitó “[…] 1. Señale cuál fue el costo anual en pesos
colombianos discriminado para cada una de las operaciones mencionadas
anteriormente desde 1998 a 2003; 2. Señale cuál fue el costo en pesos colombianos
con que se realizó cada operación señalada en la ley 1097 de 2006 desde 1998 a
2003 […]”.

5. Advirtió que, el Director del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia
del Ejército Nacional resolvió la primera petición mediante Oficio núm. 2023-206-
0020660-3 de 25 de mayo de 2023, en el sentido de indicar que la información sobre
gastos reservados goza de reserva legal por un lapso de 20 años sin perjuicio de
procesos penales, disciplinarios o fiscales, razón por la cual no era posible brindarle
esa información.

6. Afirmó que, mediante memorial de 31 de mayo de 2023, interpuso recurso de
insistencia para obtener la información requerida.

1 Acumulado con los procesos identificados con los números únicos de radicación 250002341000202301083-00

y 250002341000202301100-00.
2 “por la cual se regulan los gastos reservados”.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

7. Indicó que, el Director del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia
del Ejército Nacional resolvió la segunda petición mediante Oficio núm. 2023-206-
0021165-3 de 29 de mayo de 2023, en el sentido de indicar que publicar la
información requerida podía poner en riesgo la seguridad y defensa nacional, por lo
que debía permanecer en poder de la autoridad que la originó, razón por la cual
sostuvo que la reserva de la información prevalece sobre el derecho de petición en
el caso particular.

8. Manifestó que, mediante memorial de 1.° de agosto de 2023, presentó
recurso de insistencia.

9. Adujo que, mediante Oficio núm. 2023-206-002991-3 de 2 de agosto de 2023,
el Ejército Nacional negó la insistencia, razón por la cual los recursos de insistencia
se remitieron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, correspondiéndoles los
siguientes números únicos de radicación: 250002341000202300955-00,
250002341000202301083-00 y 250002341000202301100-00, los cuales fueron
acumulados mediante auto de 24 de agosto de 2023.

10. Manifestó que, la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia de 17 de enero de 2024,
resolvió:

“[…] PRIMERO.- ESTIMAR MAL DENEGADO el acceso a la información solicitada
por la peticionaria frente a los gastos reservados indicados en el contenido de su
solicitud de 17 de mayo de 2023 relativos al costo anual en pesos colombianos,
discriminado para cada una de las operaciones mencionadas en el artículo 1º de la
Ley 1097 de 2006 para el período comprendido entre los años 1998 a 2003 (agosto
31), por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- ORDENAR al EJÉRCITO NACIONAL que, en el término de cinco (5)
días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia,
suministre a la peticionaria los gastos reservados indicados en el contenido de su
solicitud de 17 de mayo de 2023 relativos al costo anual en pesos colombianos,
discriminado para cada una de las operaciones mencionadas en el artículo primero
de la Ley 1097 de 2006 para el período comprendido entre los años 1998 a 2003 (a
31 de agosto). La entidad requerida deberá observar sumo cuidado al momento de
suministrar a la peticionaria la información indicada, a efectos de no violar la reserva
legal de que trata el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, por lo que la información a
suministrar sólo deberá estar relacionada con el monto total anual discriminado para
las operaciones y actividades de: i) inteligencia, ii) contrainteligencia, iii) investigación
criminal, iv) protección de testigos e informantes, v) expedición de nuevos
documentos de identificación para garantizar la identidad de cobertura de los
servidores públicos que ejecuten actividades de inteligencia y contrainteligencia y vi)

4

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

protección de estos servidores públicos, sin brindar información sobre cada una de
tales operaciones y actividades.

TERCERO.- ESTIMAR BIEN DENEGADO el acceso a la información solicitada por la
peticionaria frente a los gastos reservados indicados en el contenido de su solicitud
de 17 de mayo de 2023 relativos al costo anual en pesos colombianos, discriminado
para cada una de las operaciones mencionadas durante los años 2019 a 2023 y al
costo en pesos colombianos de la realización de cada operación en la Ley 1097 de
2006 durante los años 2019 a 2023, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia […]”.

10.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Por lo anterior, el Despacho encuentra que el fundamento normativo expuesto
por la entidad requerida para negar el suministro de la información solicitada por la
peticionaria en cada uno de sus pedimentos resultó inadecuado, por cuanto, la
naturaleza jurídica de la información requerida por aquella corresponde a la de gastos
reservados del Estado (Ley 1097), en tanto que, el argumento para negar el
suministro de tal información se fundamentó en justificar que la información solicitada
por la peticionaria estaba amparada por la reserva legal dispuesta para la información
de inteligencia y contrainteligencia del Estado (Ley 1621).

46.- Así las cosas, el término aplicable a la reserva de la información solicitada por la
peticionaria ha de corresponder al previsto en el artículo 5 de la Ley 1097 de 2006,
que, como ya se ha indicado, corresponde a 20 años y no a los 30 años argüidos por
la entidad requerida.

47.- Por lo anterior, el Despacho concluye que la entidad requerida denegó
injustificadamente el acceso a la información pedida por la solicitante en lo que refiere
a los gastos reservados correspondientes al período 1998 – 2003, pues con respecto
de aquellos, se ha superado el término de 20 años de reserva legal, sin que ocurra lo
mismo en lo relacionado con la información del período 2019 – 2023, por razones que
resultan obvias a la interpretación hasta aquí desarrollada […]”.

[…]

“[…] Por último, en lo referido a la información del período 2019 – 2023, la peticionaria
justificó que a la misma no es aplicable la reserva legal aludida por la entidad por
cuanto a la misma no son aplicables las excepciones de suministro de información
pública previstas en la Ley 1712 de 2014 por tratarse de información relacionada con
Derechos Humanos y, al mismo tiempo, por ser información relacionada con la
apropiación y disposición de recursos públicos, argumentos que es necesario analizar
por separado […] Con respecto de este argumento, es necesario indicar que el inciso
tercero del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispuso lo siguiente […].

56.- La disposición indicada encuentra una doble finalidad a la luz de los parámetros
interpretativos dispuestos por la Corte Constitucional, a saber: por un lado, implica un
compromiso de las autoridades de permitir la investigación de casos de violaciones a
derechos humanos y delitos de lesa humanidad con el fin de brindar garantía efectiva
a los derechos que se vean involucrados en los casos respectivos y, con ello,
asegurar el cumplimiento de los fines y cometidos estatales relacionados con la
garantía, promoción y protección de los derechos humanos; pero, por el otro, también
implica una protección especial a los derechos de las víctimas de estos casos que,
en todo caso, deben gozar de plena protección razón por la cual debe salvaguardarse
su identidad e integridad a fin de que no se vean revictimizadas con la inadecuada
intervención de agentes externos.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

57.- Desde esta perspectiva, el Despacho considera que, si bien no se puede oponer
la reserva a la información cuando se trate de casos de violación de derechos
humanos o delitos de lesa humanidad, también lo es que la entidad que custodia tal
información, así como el solicitante, deben actuar en función de la garantía efectiva
de los derechos de las víctimas a fin de que estos sean protegidos de manera
adecuada y que, con el acceso a la información, no terminen siendo doblemente
fragmentados.

58.- Todo lo anterior lleva a entender que en este tipo de casos el deber de protección
de los derechos humanos en general y de los de las víctimas en particular, implica la
concreción de una serie de obligaciones, no solo para la entidad que custodia la
información que en principio estaba sujeta a reserva, sino también para el solicitante
que pretende oponer la disposición del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 como
argumento de levantamiento de la reserva de la información solicitada.

59.- Para la entidad requerida, la obligación resulta clara, pues, en este tipo de casos
le corresponde suministrar la información solicitada a fin de que se logre una
adecuada investigación de los hechos que constituyen la violación alegada, sin
oponer justificaciones que vayan más allá de las legal y constitucionalmente
permitidas.

60. Por su parte, para el solicitante, la obligación se resume en la determinación de
los motivos concretos que establecen, no solo la identificación de la violación a
derechos humanos alegada, sino la utilidad que la publicación de tal información tiene
para el cumplimiento de la finalidad de protección de los derechos humanos y de los
derechos de las víctimas, pues, en todo caso, se advierte, le corresponde, en todo
caso, garantizar la adecuada protección de la identidad e integridad de éstas.

61. Desde esta perspectiva, el Despacho considera que cuando un solicitante de
información alega la inoponibilidad de la excepción de suministro de información
pública cuando se trata de casos de violaciones a derechos humanos y delitos de lesa
humanidad, su solicitud debe estar precedida por unos requisitos mínimos que están
dirigidos precisamente a la protección objetiva de los derechos humanos que se
alegan y, concretamente, a la protección de los derechos de las víctimas que, como
ya se anotó, no solo deben ser protegidos por las entidades estatales sino que
también corresponden a un deber de protección de todos los miembros de la
sociedad.

62.- Así las cosas, a juicio del Despacho, en tratándose de casos de violaciones a
derechos humanos y delitos de lesa humanidad, no solo basta con que el solicitante
alegue la inoponibilidad de la excepción de suministro de la información pública
indicando de manera abstracta que la información está relacionada con un caso de
derechos humanos, sino que, además, en virtud del deber de protección de los
mismos derechos que se pretenden proteger con la solicitud, a este le corresponde,
cuanto menos, indicar la situación concreta que genera la violación alegada,
establecer los motivos o consideraciones que determinan que en el caso concreto se
trata de una violación a tales derechos e indicar sucintamente el por qué la
información requerida se hace indispensable para la protección de tales derechos y
para la protección de los derechos de las víctimas, argumentos conforme a los cuales
se muestre necesario el levantamiento de la reserva legal.

63.- Esta exigencia resulta proporcional a los fines de la norma indicada para que el
Juez evalúe el alcance de la inaplicación de la excepción de suministro de información
pública y del levantamiento de la reserva de la información. De no ser así, solamente
bastaría con argüir en abstracto una violación de derechos humanos o afirmar que la
misma es de público conocimiento so pretexto de acceder a información legal o
constitucionalmente reservada, por lo que corresponde a la parte asumir una carga

6

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

argumentativa que demuestre el por qué la información solicitada está relacionada
con una violación a estos derechos y al Juez, en similar sentido, desarrollar un control
exhaustivo sobre dicha circunstancia a fin de que no se pongan en riesgo los intereses
constitucional o legalmente protegidos con la reserva.

64.- En tal sentido, considera el Despacho que la simple manifestación de la
solicitante conforme a la cual la necesidad de la información reservada se fundamenta
en hechos violatorios de Derechos Humanos que son de público conocimiento, no es
suficiente para que la entidad deba acceder a sus pedimentos y, por lo mismo,
levantar la reserva de que gozan los gastos reservados para el período comprendido
entre los años 2019 a 2023, pues la argumentación de la solicitante resulta escasa a
fin de identificar los hechos y los casos de violación de los derechos humanos que se
pretenden proteger con el levantamiento de la reserva, así como los derechos de las
víctimas que pretenden preservarse con el mismo, por lo que, con respecto a esta
situación, la Corporación estimará bien denegada la solicitud de levantamiento de la
reserva de que trata el artículo 5 de la Ley 1097 de 2006 […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

11. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales de petición (artículo 23 de la
Constitución Política), debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política), de
acceso a la información (artículo 74 de la Constitución Política), y a la libertad de
información (artículo 20 de la Constitución Política).

SEGUNDO. REVOCAR el numeral tercero del fallo del recurso de insistencia
proferido el día 17 de enero de 2024 que correspondió a la Sección 001 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca bajo el radicado No. 2500023410002023-00955-00,
la cual fue notificada el 19 de enero de 2024.

TERCERO. ORDENAR al Ejército Nacional que proporcione TODOS Y CADA UNO
de los elementos enlistados en la petición referida al costo anual en pesos
colombianos, discriminando para cada una de las operaciones mencionadas durante
los años 2019 a 2023 y al costo en pesos colombianos de la realización de cada
operación en la Ley 1097 de 2006 durante los años 2019 a 2023, en el formato
solicitado […]”.

11.1. La actora hizo énfasis en que requirió la información invocando su profesión
de periodista a quienes les aplica un fuero especial otorgado por el artículo 73 de la
Constitución Política. Asimismo, destacó la importancia del derecho de petición
preferencial como herramienta del ejercicio periodístico, dada la función social de
esa profesión, para lo cual citó el artículo 20 de la Ley 1755 de 30 de junio de 20153.

3 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

7

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

11.2. La actora advirtió que la autoridad judicial accionada no consideró en su
análisis las conocidas violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes
de las fuerzas armadas que tienen relación con la disposición de los recursos sobre
los que se busca información, escenarios en los que, a su juicio, no aplica la reserva
de la información según el artículo 21 de la Ley 1712 de 6 de marzo 20144. Para tal
efecto, referenció, por un lado, varios eventos nacionales e internacionales donde
los recursos de inteligencia y contrainteligencia fueron utilizados en acciones que
vulneran los derechos humanos y, por otra parte, las sentencias T-1025 de 2007 y
T-511 de 2010, en las cuales la Corte Constitucional se refirió a la negación de
información en casos que involucran vulneraciones a los derechos humanos.

11.3. La actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en lo que a su juicio constituye un “[…] defecto procedimental absoluto […]”,
en la medida que:

“[…] se resalta que la ley 1712 de 2014 establece en su artículo 28 una carga
probatoria sobre las entidades que buscan denegar el acceso a la información
pública. El cumplimiento de este requisito no se limita a la respuesta de la entidad,
sino al examen que haga el funcionario judicial competente. Tal carga probatoria
consiste en: “aportar las razones y pruebas que fundamenten y evidencien que la
información solicitada debe permanecer reservada o confidencial. En particular, el
sujeto obligado debe demostrar que la información debe relacionarse con un objetivo
legítimo establecido legal o constitucionalmente. Además, deberá establecer si se
trata de una excepción contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación
de la información causaría un daño presente, probable y específico que excede el
interés público que representa el acceso a la información.”

El Ejército Nacional incumplió con su carga probatoria como requisito para
establecer excepciones que revoquen la presunción de publicidad y preeminencia
del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas, e
igualmente el Tribunal en su decisión no observó dichas cargas en su decisión […]
El defecto procedimental absoluto se configura en este caso, toda vez que la
decisión del Tribunal no analiza el cumplimiento de la carga probatoria frente a la
existencia de un daño presente, probable y específico que excede el interés público
que representa el acceso a la información […]”.

11.4. Asimismo, señaló que el Tribunal accionado incurrió en la causal de decisión
sin motivación, por las siguientes razones:

“[…] la sentencia cuestionada falla en hacer un análisis que surta al menos un
mínimo argumentativo para dar la razón al Ejército en negarse a entregar la
información. Por esta razón, la Corte ha dicho que “la motivación constituye una
premisa de singular importancia en aras de garantizar que dicha restricción sea

4 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

Nacional y se dictan otras disposiciones.

8

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

adecuada y proporcionada al fin que se busca con la misma”21. La aceptación de
una mínima enunciación a la norma que consagra la reserva de las (sic) información
relacionada con los gastos para la financiación de actividades de inteligencia y
contrainteligencia por parte del Ejército omite la debida consideración argumentativa
para legitimar su decisión de negarse a entregar la información para el período
comprendido entre 2019 y 2023. Así, si bien el fallo menciona las implicaciones de
solicitar información que podría estar sujeta a reserva y hace un detallado recorrido
por la normativa aplicable, no se detiene en el incumplimiento de la carga probatoria
del artículo 28 de la Ley 1712 de 2014 por parte de la entidad obligada […]”.

11.5. Agregó que, la autoridad judicial incurrió en i) un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, desconoció “[…] las sub-
reglas jurisprudenciales establecidas para la aplicación de excepciones sobre el
derecho de acceso a la información pública […]”, contenidas en la sentencia C-274
de 20135; y en ii) la causal de violación directa de la constitución por vulnerar los
derechos fundamentales de acceso a la información pública, a la libertad de
expresión y de petición.

Actuación

12. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 13 de febrero de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; y iii) vinculó al Ejército Nacional, en calidad de tercero con interés
legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre
el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

13. La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca allegó copia digital del expediente de insistencia identificado con el
número único de radicación 250002341000202300955-00.

14. El Ejército Nacional guardó silencio en esta oportunidad procesal.

5 Corte Constitucional. Sentencia C-274 de 9 de mayo de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

La sentencia impugnada

15. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera
instancia, el 21 de marzo de 2024, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela incoada por Andrea Rincón
Carrillo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

15.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Esta Sala estima que el análisis de la accionada frente al alcance, interpretación
y aplicación del inciso tercero del artículo 21 de la Ley 1712 al caso concreto fue
razonable. En efecto, para lograr la inaplicación de una reserva legal no es suficiente
que se invoque el contenido de la disposición normativa y se manifieste de forma
general, como lo hizo la accionante, que es sabido que los gastos reservados, en
algunos eventos, han sido utilizados para materializar escenarios de violaciones a los
derechos humanos o delitos de lesa humanidad. El análisis sobre la oponibilidad de
escenarios de violación de derechos fundamentales frente a la información reservada
debe ser riguroso y motivado, pues los eventos de reserva legal no son fruto del
capricho del Legislador, sino excepciones al derecho de acceso a la información que
atiende a fines legítimos del Estado.

Así pues, el ejercicio de ponderación que en estos eventos corresponde hacer a la
autoridad administrativa o al juez exige analizar las circunstancias específicas que
podrían justificar levantar la reserva legal en garantía de los derechos humanos de
los que son titulares determinadas personas. No se trata de un ejercicio de mera
discrecionalidad ni intuición, sino que debe justificarse con rigor por qué en el caso
particular se deben hacer prevalecer los derechos invocados por el peticionario frente
a la reserva legal que, para el caso concreto, se justifica en la seguridad nacional.

Lo anterior no significa que se exija una carga argumentativa técnica en relación con
la aplicación con la disposición normativa en comento, lo que se requiere es que
explique el escenario fáctico específico de violación de derechos que se opone a la
reserva de la información en el caso particular para determinar razonablemente si hay
lugar a levantarla. Empero, en el sub examine esa argumentación no se cumplió […]”.

[…]

“[…] En este punto, es pertinente hacer referencia a las sentencias T-1025 de 2007 y
T-511 de 2010 de la Corte Constitucional que fueron invocadas por la hoy accionante
como parámetro de eventos en los que se ha superado la reserva de Ley para hacer
prevalecer el derecho a la información en supuestos de violaciones a los derechos
humanos.

Lo primero es aclarar que los anteriores casos tienen importantes diferencias con el
que en esta oportunidad se analiza. La primera es que en estos escenarios fácticos
la información que se solicitó no estaba amparada por una reserva constitucional o
legalmente consagrada6, sino que la autoridad estimó inconveniente aportarla por

6 En la sentencia T-511 de 2010, al respecto se indicó: «cabe señalar que la acción de tutela es procedente

para la protección de este derecho, pues de conformidad con la regla sentada en la sentencia T-1025 de 2007
en el caso concreto la Policía Nacional no invoca una reserva legal o constitucional o motivos de seguridad
nacional para denegar la información solicitada, razón por la cual el mecanismo constitucional desplaza el

10

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

razones de seguridad personal de los agentes implicados y de sus familiares y por
posibles violaciones de su derecho fundamental al debido proceso […]”.
[…]

“[…] También debe considerarse que se trató de decisiones emitidas antes de que se
profiriera la Ley Estatutaria del Derecho de Petición (Ley 1755 de 2015) y la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712
de 2014) que traen regulaciones relevantes sobre el alcance del derecho de acceso
a la información y sobre sus excepciones.

Así pues, no son escenarios necesariamente equiparables dado que en las
sentencias citadas se parte de la calidad pública de la información solicitada, pero en
el asunto que ocupa la atención de la Sala se tiene como premisa que la información
solicitada está sujeta a reserva por una Ley de la República, por lo que el análisis es
diferente […]”.

[…]

“[…] Como se observa, lo solicitado por la accionante se refiere en su totalidad al
monto de los gastos reservados para el periodo 2019 a 2023, diferenciado según
categorías. Esa información está afectada por la reserva legal, sin que se haya
expuesto algún escenario que justifique levantarla por acreditarse alguno de los
escenarios establecidos por la Ley o analizados por la jurisprudencia pertinente. En
consecuencia, no se advierte que la autoridad accionada haya incurrido en un error
al no exigir una versión pública de la información, escenario posible cuando solo una
parte de la información solicitada es reservada […]”.

[…]

“[…] Conforme a lo anterior, esta Sala no observa que la providencia acusada incurra
en defecto procedimental o de decisión sin motivación, pues la determinación relativa
a declarar bien denegada la información sobre datos reservados en el periodo 2019
a 2023 se analizó al amparo del marco jurídico aplicable y se apoya en una
interpretación razonable de las disposiciones normativas invocadas.

6.8. Frente al desconocimiento del precedente judicial porque la providencia acusada
desconoce la sentencia C-247 de 2013 en relación con la argumentación suficiente
para negar el acceso a documentos o información reservada, contenida en los
artículos 21 y 28 de la Ley 1712, esta Sala no observa que se haya materializado el
mencionado defecto.

Debe advertirse que el aparte la sentencia de constitucionalidad fue mencionado y
citado por el Tribunal accionado a efectos de determinar el alcance del inciso tercero
del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 y abordar el cargo expuesto por la peticionaria
para que se permitiera el acceso a la información, pero el argumento fue declarado
impróspero tal como se analizó en los numerales 7.3. y 7.4. de este fallo […]”.

[…]

“[…] Finalmente, también se descarta la prosperidad del cargo por violación directa a
la Constitución comoquiera que se fundamentó en la vulneración de los derechos de

recurso de insistencia previsto en la Ley 57 de 1985. (…) Además, en este caso concreto no son aplicables las
restricciones señaladas en la sentencia T-1025 de 2007, relacionadas con la reserva de la información que
pueda poner en riesgo la seguridad personal de los miembros de la Policía Nacional, pues se trata de hechos
acaecidos en la ciudad de Bogotá y de miembros de esta Corporación que laboran y residen en esta ciudad y
no en una zona con graves problemas de orden público.»

11

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

acceso a la información pública, al debido proceso y de petición con ocasión a los
argumentos de disenso previamente estudiados y descartados en este fallo […]”.

La impugnación

16. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado por las siguientes razones7:

“[…] Que de acuerdo a lo expuesto tanto en la petición como en la insistencia, no se
solicita información que revele detalles sobre operaciones en específico, sino,
únicamente aquellos gastos públicos y los valores en pesos colombianos
correspondientes al rubro general de cada categoría, sin que fuere necesario revelar
información reservada.

Es de aclarar en que la entidad no presentó siquiera una versión libre en la que se
entregara aquella información que no estuviera sujeta a reserva ni en la que se
justificara, como lo exige el artículo 28 de la Ley 1712 de 2024, la existencia de
clasificación o reserva sobre la información […]”.

[…]

“[…] Realizar de fondo el análisis sobre el carácter de periodista, como bien se había
manifestado en la insistencia. Como se ha dado a conocer desde la presentación del
primer derecho de petición, la solicitud se realiza bajo el carácter de periodistas, a
quienes les cobija un fuero especial, otorgado tanto por la H. Corte Constitucional
como la Constitución Política de Colombia […]”.

[…]

“[…] Sin embargo, el juzgado que analizó la presente tutela en primera instancia
manifiesta que no concede la protección a mis derechos fundamentales porque
considera que no existe la violación a mis derechos fundamentales cuando manifesté
que así era y no existía otro medio para proteger mis derechos y los hechos de
violación de derechos humanos manifestados en la solicitud y en la acción de tutela
[…]”.

[…]

“[…] Se indicó la importancia de tener en cuenta que dentro de la solicitud la
información que se pidió se encuentra enmarcada dentro de la excepción del artículo
21 de la ley 1712 de 2014, la cual señala el tratamiento especial de aquellos hechos
en los que se involucrada la violación de derechos humanos. Por lo tanto, indiqué
como uno de los argumentos que el “Honorable Despacho desconoció que dentro de
la solicitud de remisión y en los documentos previos a este recurso, sí se dieron a
conocer los argumentos por los cuales no habría lugar a la omisión si es aplicable del
artículo 21 de la ley 1712 de 2014, ya que se señaló que el carácter fundamental e
inmune, frente al cual se enfrentan este tipo de Derecho es fundamental que sea
analizado puesto que todo lo que vaya en su contra es nulo de pleno derecho. Por lo
tanto y para el caso concreto, el debate deberá ser superado a todas luces a su
protección, en el sentido de que inicialmente la información debe ser entregada
parcialmente; lo anterior debido a que se tuvo conocimiento de algunos eventos de
esta entidad que se pueden considerar como violatorios de derechos humanos […]”.

7 Transcripción literal del texto.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

[…]

“[…] En este sentido, dentro del trámite se brindó un contexto en el que se informó
que, en los últimos años, han sido reconocidas las denuncias por vulneración de
derechos a partir de recursos de inteligencia militar. La Oficina de la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos de la ONU reseñó en su informe de 2021 lo siguiente:

El ACNUDH recibió denuncias —publicadas en los medios nacionales— sobre el
empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar contra 130 personas, entre
quienes se incluían personalidades políticas, jueces, periodistas y personas
defensoras de derechos humanos […]”.

17. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
mediante auto de 16 de abril de 2024, requirió a la actora para que identificará de
manera clara y precisa la providencia judicial impugnada; frente a lo cual, la actora
manifestó que “[…] la sentencia que se pretende impugnar fue proferida el 21 de
marzo de 2024 y notificada el 2 de abril de la misma anualidad bajo el mismo
radicado de la referencia: 11001-03-15-000-2024-00557-00, proferida por la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso, Administrativo del Consejo de Estado
y los magistrados que la componen […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19918, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20219 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 10, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades

8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
9 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

20. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al proferir la providencia de 17 de enero de 2024, en el proceso de insistencia
identificado con el número único de radicación 250002341000202300955-00, incurrió
en un defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica11 y en un
defecto sustantivo por aplicación indebida de una norma jurídica (reparos que la
actora reiteró en el escrito de impugnación), lo que trajo como consecuencia que se
estimara bien denegado el acceso a la información solicitada por la peticionaria
frente a los gastos reservados indicados en su solicitud de 17 de mayo de 2023.

21. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los
requisitos de procedencia en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por falta de
aplicación de una norma jurídica; v) el defecto sustantivo por aplicación indebida de
una norma jurídica; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; vii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; viii) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de petición; ix) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la libertad de

11 Frente a este último defecto la Sala precisa que, si bien la actora lo denominó “[…] defecto procedimental

absoluto […]”, de conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de tutela se advierte que la actora
no propuso cuestionamiento alguno en relación con el trámite del recurso de insistencia, es decir, no señaló,
por ejemplo, que se haya pretermitido alguna etapa procesal o que el Tribunal se haya apartado arbitrariamente
del procedimiento. Por el contrario, de los argumentos de la actora, la Sala observa que cuestiona la falta de
aplicación del artículo 28 de la Ley 1712 de 6 de marzo 2014 por parte del Tribunal al momento de resolver el
recurso de insistencia, norma que, a su juicio, se debió tener en cuenta para determinar que el Ejército Nacional
no cumplió con la carga probatoria para justificar la reserva de la información requerida. En ese sentido, dicho
reparo se abordará como defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

información; x) análisis del caso concreto, y finalmente xi) las conclusiones de la
Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello12, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

23. Esta Sección13 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

15

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

25. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedencia, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado
como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de
tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”14.

26. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

27. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”15 que encaje en dichos
parámetros.

28. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

29. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416.

14Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

16

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela en el caso concreto

30. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.

31. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedencia, así:

31.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de
la actora de petición, de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y
a la libertad de información.

31.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la
posible afectación de los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii)
la actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas
por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por
falta de aplicación de una norma jurídica y en un defecto sustantivo por aplicación
indebida de una norma jurídica.

31.3. Para la Sala exigirle a la actora una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal
de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales17, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la

17 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”

17

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

argumentación jurídica de la actora, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

31.4. Cumplió con el requisito general de procedencia de inmediatez18.

31.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales la actora pueda lograr la protección de los derechos
invocados.

31.6. La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

31.7. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica

32. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el
defecto sustantivo:

“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial
emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma
adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad
jurídica19.

En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:

a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente20 o porque ha sido derogada21, es inexistente22,
inexequible23 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador24.

b. No se hace una interpretación razonable de la norma25.

18 Puesto que la providencia cuestionada se profirió el 17 de enero de 2024, mientras que la tutela se interpuso

el 8 de febrero de 2024, es decir que, sin que sea necesario determinar la fecha de notificación de dicha
providencia, se advierte que se presentó antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la
providencia cuestionada.
19 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de

24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero
de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra,
Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con ponencia
del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
20Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
21Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
22Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
23Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
24Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
25Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101

de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes26.

d. La disposición aplicada es regresiva27 o contraria a la Constitución28.

e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición29.

f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma30.

g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente […]”. (Resaltado por la Sala)

33. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto
sustantivo por no haber aplicado la norma jurídica que servía como fundamento
para el sentido de la decisión judicial.

34. Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional31, ha precisado que
este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”
(Resaltado de la Sala)32.

Defecto sustantivo por aplicación indebida de una norma jurídica

35. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el
defecto sustantivo:

“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial
emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma

26Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 9

de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera Carbonell.
27Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
28Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
29Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
30Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
31 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
32 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27

de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto
de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-
033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, entre otras.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad
jurídica33.

En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:

h. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente34 o porque ha sido derogada35, es inexistente36,
inexequible37 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador38.
i. No se hace una interpretación razonable de la norma39.

j. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga
omnes40.

k. La disposición aplicada es regresiva41 o contraria a la Constitución42.

l. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en
la disposición43.

m. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma44.

n. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente […]”. (Resaltado por la Sala)

36. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto
sustantivo por haber aplicado indebidamente una norma jurídica, que terminó
siendo relevante para resolver el caso concreto.

33 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de

24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero
de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra,
Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con ponencia
del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
34Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
35Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
36Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
37Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
38Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
39Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101

de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
40Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 9

de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera Carbonell.
41Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
42Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
43Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
44Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

37. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

38. Atendiendo a que, la Corte Constitucional45 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

39. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

45 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

40. Atendiendo a que, la Corte Constitucional46 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
petición

41. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales. […]”.

42. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional47 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii)
la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo;
(iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación
de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de
su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados

46 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
47 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
libertad de información

43. Visto el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir
su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y
la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura […]”.

44. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional48 ha
precisado que “[…] la libertad de información, como especie concebida dentro de la
libertad de expresión, se constituye, pues, en un derecho fundamental cuyo ejercicio
goza de protección jurídica y a la vez implica obligaciones y responsabilidades, que
se sustentan en los principios de veracidad e imparcialidad, y en el derecho de
rectificación. Así, ante la colisión de derechos fundamentales como la libertad de
expresión e información y los derechos a la intimidad, al buen nombre o a la honra,
respecto de los cuales la Constitución no establece ningún orden jerárquico que
sirva de directriz para resolver tales conflictos, al juez le corresponde hacer una
cuidadosa ponderación de los intereses en juego teniendo en cuenta las
circunstancias concretas […]”.

Análisis del caso en concreto

45. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, al proferir, la providencia de 17 de enero de 2024, en el proceso de insistencia
identificado con el número único de radicación 250002341000202300955-00, vulneró
sus derechos fundamentales invocados supra.

48 Corte Constitucional, Sentencia T-040 de 28 de enero de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

46. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

47. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

48. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

48.1. Copia digital del expediente del proceso de insistencia identificado con el
número único de radicación 250002341000202300955-00.

Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma
jurídica

49. La actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en lo que a su juicio constituye un “[…] defecto procedimental absoluto […]”,
en la medida que:

“[…] se resalta que la ley 1712 de 2014 establece en su artículo 28 una carga
probatoria sobre las entidades que buscan denegar el acceso a la información
pública. El cumplimiento de este requisito no se limita a la respuesta de la entidad,
sino al examen que haga el funcionario judicial competente. Tal carga probatoria
consiste en: “aportar las razones y pruebas que fundamenten y evidencien que la
información solicitada debe permanecer reservada o confidencial. En particular, el
sujeto obligado debe demostrar que la información debe relacionarse con un objetivo
legítimo establecido legal o constitucionalmente. Además, deberá establecer si se
trata de una excepción contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación
de la información causaría un daño presente, probable y específico que excede el
interés público que representa el acceso a la información.”

24

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

El Ejército Nacional incumplió con su carga probatoria como requisito para
establecer excepciones que revoquen la presunción de publicidad y preeminencia
del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas, e
igualmente el Tribunal en su decisión no observó dichas cargas en su decisión
[…] El defecto procedimental absoluto se configura en este caso, toda vez que la
decisión del Tribunal no analiza el cumplimiento de la carga probatoria frente
a la existencia de un daño presente, probable y específico que excede el
interés público que representa el acceso a la información […]”.

50. Al respecto, la Sala reitera la precisión realizada al abordar el problema
jurídico en este providencia, a saber, que frente al defecto mencionado supra, si
bien la actora lo denominó “[…] defecto procedimental absoluto […]”, de
conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de tutela se advierte que
la actora no propuso cuestionamiento alguno en relación con el trámite del recurso
de insistencia, es decir, no señaló, por ejemplo, que se haya pretermitido alguna
etapa procesal o que el Tribunal se haya apartado arbitrariamente del
procedimiento. Por el contrario, de los argumentos de la actora, la Sala observa que
cuestiona la falta de aplicación del artículo 28 de la Ley 1712 de 6 de marzo 2014
por parte del Tribunal al momento de resolver el recurso de insistencia, norma que,
a su juicio, se debió tener en cuenta para determinar que el Ejército Nacional no
cumplió con la carga probatoria para justificar la reserva de la información requerida;
razón por la cual, la Sala abordará dicho reparo como defecto sustantivo por falta
de aplicación de una norma jurídica.

51. Al respecto, la Sala observa que el artículo 28 de la Ley 1712 de 202449,
prevé lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 28. CARGA DE LA PRUEBA. Le corresponde al sujeto obligado
aportar las razones y pruebas que fundamenten y evidencien que la información
solicitada debe permanecer reservada o confidencial. En particular, el sujeto obligado
debe demostrar que la información debe relacionarse con un objetivo legítimo
establecido legal o constitucionalmente. Además, deberá establecer si se trata de una
excepción contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación de la
información causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés
público que representa el acceso a la información […]”.

52. La Sala advierte que la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en la providencia de 17 de enero de 2024,
consideró que:

49 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

Nacional y se dictan otras disposiciones.

25

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

“[…] Sin embargo, no ocurrirá lo mismo en lo relacionado con la misma información
para el período comprendido entre 2019 y 2023, como quiera que sobre los mismos
existe reserva legal y sobre ellos resulta aplicable la excepción de suministro
de información pública de que trata el artículo 19 de la Ley 1712 de 2017, al ser
esta información de defensa y seguridad nacional cuya reserva fue habilitada
por el artículo 5 de la Ley 1097 de 2006 por el término de 20 años […]”.

[…]

“[…] Por lo anterior, el Despacho encuentra que el fundamento normativo
expuesto por la entidad requerida para negar el suministro de la información
solicitada por la peticionaria en cada uno de sus pedimentos resultó
inadecuado, por cuanto, la naturaleza jurídica de la información requerida por
aquella corresponde a la de gastos reservados del Estado (Ley 1097), en tanto
que, el argumento para negar el suministro de tal información se fundamentó
en justificar que la información solicitada por la peticionaria estaba amparada
por la reserva legal dispuesta para la información de inteligencia y
contrainteligencia del Estado (Ley 1621).

46.- Así las cosas, el término aplicable a la reserva de la información solicitada por la
peticionaria ha de corresponder al previsto en el artículo 5 de la Ley 1097 de 2006,
que, como ya se ha indicado, corresponde a 20 años y no a los 30 años argüidos por
la entidad requerida.

47.- Por lo anterior, el Despacho concluye que la entidad requerida denegó
injustificadamente el acceso a la información pedida por la solicitante en lo que refiere
a los gastos reservados correspondientes al período 1998 – 2003, pues con
respecto de aquellos, se ha superado el término de 20 años de reserva legal, sin
que ocurra lo mismo en lo relacionado con la información del período 2019 –
2023, por razones que resultan obvias a la interpretación hasta aquí
desarrollada […]”.

[…]

“[…] Por último, en lo referido a la información del período 2019 – 2023, la peticionaria
justificó que a la misma no es aplicable la reserva legal aludida por la entidad por
cuanto a la misma no son aplicables las excepciones de suministro de información
pública previstas en la Ley 1712 de 2014 por tratarse de información relacionada con
Derechos Humanos y, al mismo tiempo, por ser información relacionada con la
apropiación y disposición de recursos públicos, argumentos que es necesario analizar
por separado […] Con respecto de este argumento, es necesario indicar que el inciso
tercero del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispuso lo siguiente […].

[…]

“[…] 64.- En tal sentido, considera el Despacho que la simple manifestación de
la solicitante conforme a la cual la necesidad de la información reservada se
fundamenta en hechos violatorios de Derechos Humanos que son de público
conocimiento, no es suficiente para que la entidad deba acceder a sus
pedimentos y, por lo mismo, levantar la reserva de que gozan los gastos
reservados para el período comprendido entre los años 2019 a 2023, pues la
argumentación de la solicitante resulta escasa a fin de identificar los hechos y
los casos de violación de los derechos humanos que se pretenden proteger con
el levantamiento de la reserva, así como los derechos de las víctimas que
pretenden preservarse con el mismo, por lo que, con respecto a esta situación, la
Corporación estimará bien denegada la solicitud de levantamiento de la reserva de
que trata el artículo 5 de la Ley 1097 de 2006 […]”. (Resaltado por la Sala)

26

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

53. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que no se configuró
el defecto objeto de estudio, en la medida en que el Tribunal accionado, contrario a
lo expuesto por la actora, si bien expresamente no mencionó el artículo 28 de la Ley
1712 de 2024, sí analizó la respuesta dada por el Ejército Nacional para negar la
entrega de la información requerida, es decir, aquellas razones que el sujeto
obligado adujo como fundamento de la reserva de la información solicitada, en
particular, por un lado, la existencia de un término especial previsto para mantener
la reserva legal, el cual no había sido superado, y, por otra parte, tratarse de
información de defensa y seguridad nacional.

54. En ese sentido, la Sala considera que el Tribunal accionado analizó tanto
los argumentos expuestos por la solicitante como el Ejército Nacional, sin que se
advierta vulneración de los derechos fundamentales de la actora.

Análisis del presunto defecto sustantivo por indebida aplicación de una
norma jurídica

55. La actora advirtió que la autoridad judicial accionada no consideró en su
análisis las conocidas violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes
de las fuerzas armadas que tienen relación con la disposición de los recursos sobre
los que se busca información, escenarios en los que, a su juicio, no aplica la reserva
de la información según el artículo 21 de la Ley 1712 de 6 de marzo 201450.

56. Al respecto, la Sala observa que el artículo 21 de la Ley 1712, prevé lo
siguiente:

“[…] ARTÍCULO 21. DIVULGACIÓN PARCIAL Y OTRAS REGLAS. <Artículo
corregido por el artículo 3 del Decreto 1494 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:>
En aquellas circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un
documento no esté protegida por una excepción contenida en la presente ley, debe
hacerse una versión pública que mantenga la reserva únicamente de la parte
indispensable. La información pública que no cae en ningún supuesto de excepción
deberá ser entregada a la parte solicitante, así como ser de conocimiento público. La
reserva de acceso a la información opera respecto del contenido de un documento
público pero no de su existencia.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Ninguna autoridad pública
puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación

50 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

Nacional y se dictan otras disposiciones.

27

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

de un documento, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés
público de obtener acceso a la información.

Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican
en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo
caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas violaciones […]”.

57. La Sala advierte que la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en la providencia de 17 de enero de 2024,
consideró que:

“[…] Por último, en lo referido a la información del período 2019 – 2023, la peticionaria
justificó que a la misma no es aplicable la reserva legal aludida por la entidad por
cuanto a la misma no son aplicables las excepciones de suministro de información
pública previstas en la Ley 1712 de 2014 por tratarse de información relacionada con
Derechos Humanos y, al mismo tiempo, por ser información relacionada con la
apropiación y disposición de recursos públicos, argumentos que es necesario analizar
por separado […] Con respecto de este argumento, es necesario indicar que el inciso
tercero del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispuso lo siguiente […].

56.- La disposición indicada encuentra una doble finalidad a la luz de los
parámetros interpretativos dispuestos por la Corte Constitucional, a saber: por
un lado, implica un compromiso de las autoridades de permitir la investigación de
casos de violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad con el fin de
brindar garantía efectiva a los derechos que se vean involucrados en los casos
respectivos y, con ello, asegurar el cumplimiento de los fines y cometidos estatales
relacionados con la garantía, promoción y protección de los derechos humanos; pero,
por el otro, también implica una protección especial a los derechos de las víctimas de
estos casos que, en todo caso, deben gozar de plena protección razón por la cual
debe salvaguardarse su identidad e integridad a fin de que no se vean revictimizadas
con la inadecuada intervención de agentes externos.

57.- Desde esta perspectiva, el Despacho considera que, si bien no se puede oponer
la reserva a la información cuando se trate de casos de violación de derechos
humanos o delitos de lesa humanidad, también lo es que la entidad que custodia tal
información, así como el solicitante, deben actuar en función de la garantía efectiva
de los derechos de las víctimas a fin de que estos sean protegidos de manera
adecuada y que, con el acceso a la información, no terminen siendo doblemente
fragmentados.

58.- Todo lo anterior lleva a entender que en este tipo de casos el deber de protección
de los derechos humanos en general y de los de las víctimas en particular, implica la
concreción de una serie de obligaciones, no solo para la entidad que custodia la
información que en principio estaba sujeta a reserva, sino también para el solicitante
que pretende oponer la disposición del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 como
argumento de levantamiento de la reserva de la información solicitada.

59.- Para la entidad requerida, la obligación resulta clara, pues, en este tipo de casos
le corresponde suministrar la información solicitada a fin de que se logre una
adecuada investigación de los hechos que constituyen la violación alegada, sin
oponer justificaciones que vayan más allá de las legal y constitucionalmente
permitidas.

28

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

60. Por su parte, para el solicitante, la obligación se resume en la determinación de
los motivos concretos que establecen, no solo la identificación de la violación a
derechos humanos alegada, sino la utilidad que la publicación de tal información tiene
para el cumplimiento de la finalidad de protección de los derechos humanos y de los
derechos de las víctimas, pues, en todo caso, se advierte, le corresponde, en todo
caso, garantizar la adecuada protección de la identidad e integridad de éstas.

61. Desde esta perspectiva, el Despacho considera que cuando un solicitante de
información alega la inoponibilidad de la excepción de suministro de
información pública cuando se trata de casos de violaciones a derechos
humanos y delitos de lesa humanidad, su solicitud debe estar precedida por
unos requisitos mínimos que están dirigidos precisamente a la protección
objetiva de los derechos humanos que se alegan y, concretamente, a la
protección de los derechos de las víctimas que, como ya se anotó, no solo
deben ser protegidos por las entidades estatales sino que también
corresponden a un deber de protección de todos los miembros de la sociedad.

62.- Así las cosas, a juicio del Despacho, en tratándose de casos de violaciones a
derechos humanos y delitos de lesa humanidad, no solo basta con que el
solicitante alegue la inoponibilidad de la excepción de suministro de la
información pública indicando de manera abstracta que la información está
relacionada con un caso de derechos humanos, sino que, además, en virtud del
deber de protección de los mismos derechos que se pretenden proteger con la
solicitud, a este le corresponde, cuanto menos, indicar la situación concreta
que genera la violación alegada, establecer los motivos o consideraciones que
determinan que en el caso concreto se trata de una violación a tales derechos
e indicar sucintamente el por qué la información requerida se hace
indispensable para la protección de tales derechos y para la protección de los
derechos de las víctimas, argumentos conforme a los cuales se muestre
necesario el levantamiento de la reserva legal.

63.- Esta exigencia resulta proporcional a los fines de la norma indicada para
que el Juez evalúe el alcance de la inaplicación de la excepción de suministro
de información pública y del levantamiento de la reserva de la información. De
no ser así, solamente bastaría con argüir en abstracto una violación de derechos
humanos o afirmar que la misma es de público conocimiento so pretexto de acceder
a información legal o constitucionalmente reservada, por lo que corresponde a la
parte asumir una carga argumentativa que demuestre el por qué la información
solicitada está relacionada con una violación a estos derechos y al Juez, en
similar sentido, desarrollar un control exhaustivo sobre dicha circunstancia a
fin de que no se pongan en riesgo los intereses constitucional o legalmente
protegidos con la reserva.

64.- En tal sentido, considera el Despacho que la simple manifestación de la
solicitante conforme a la cual la necesidad de la información reservada se
fundamenta en hechos violatorios de Derechos Humanos que son de público
conocimiento, no es suficiente para que la entidad deba acceder a sus
pedimentos y, por lo mismo, levantar la reserva de que gozan los gastos
reservados para el período comprendido entre los años 2019 a 2023, pues la
argumentación de la solicitante resulta escasa a fin de identificar los hechos y
los casos de violación de los derechos humanos que se pretenden proteger con
el levantamiento de la reserva, así como los derechos de las víctimas que
pretenden preservarse con el mismo, por lo que, con respecto a esta situación, la
Corporación estimará bien denegada la solicitud de levantamiento de la reserva de
que trata el artículo 5 de la Ley 1097 de 2006 […]”. (Resaltado por la Sala)

29

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

58. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala considera que la autoridad
judicial accionada no incurrió en el defecto objeto de estudio, toda vez que, visto el
artículo 21 de la Ley 1712, se advierte una aplicación razonable de la norma
jurídica, teniendo en cuenta que, como lo advirtió el A quo, para la inaplicación de
una reserva legal no es suficiente que se invoque de maneral general el contenido
de dicho artículo, sino que, por tratarse de escenarios de violación de derechos
humanos, es necesario que de manera rigurosa y motivada, el solicitante explique
el escenario específico que se opone a la reserva, argumentación que el Tribunal
advirtió no se cumplió en el caso de la actora.

59. De lo transcrito supra, la Sala observa que el Tribunal no aplicó de forma
indebida el artículo 21 de la Ley 1712, en la medida en que, del contenido de dicha
disposición, advirtió una doble finalidad de la norma, lo cual interpretó de
conformidad con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, en el
entendido que, si bien, por un lado, existe un compromiso de las autoridades de
permitir la investigación de casos de violaciones de derechos humanos y crímenes
de lesa humanidad, también, por otro lado, hay una especial protección a los
derechos de las víctimas de estos casos; lo cual para esta Sala resulta razonable.

60. En ese sentido, la Sala considera que el Tribunal accionado no incurrió en
un defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 21 de la Ley 1712 y, en
consecuencia, no se advierte vulneración de los derechos fundamentales de la
actora.

61. Finalmente, frente al reparo propuesto por la actora relacionado con que su
solicitud la presentó en calidad de periodista, por lo cual la “[…] cobija un fuero
especial, otorgado tanto por la H. Corte Constitucional como la Constitución Política
de Colombia […]”, la Sala advierte que, si bien el artículo 73 de la Constitución
Política establece una protección reforzada para el ejercicio del derecho a la
información en favor de los periodistas en garantía de su libertad e independencia
profesional y el artículo 20 de la Ley 1755 de 30 de junio de 201551 reconoce un
trámite preferencial para las peticiones realizadas por periodistas; la Corte
Constitucional52 ha considerado que el derecho a la información no es absoluto,

51 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
52 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-594 de 25 de septiembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

30

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

incluso cuando quien alega su vulneración es un periodista, por lo cual, so pretexto
de su oficio, los periodistas no pueden acceder de manera ilimitada y automática a
cualquier tipo de información, como ocurre en el caso de la actora, en el que la Ley
prevé que se trata de una información con reserva.

Conclusiones de la Sala

62. De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
21 de marzo de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo del Estado, por
medio de la cual negó las pretensiones de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 21 de marzo de 2024 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo del Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

31

Núm. único de radicación: 110010315000202400557-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.