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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00558-01

Fecha
4 de agosto de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00558-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 17 de septiembre de 2024, proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado por José Mauricio Giraldo Montoya, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18. TERCERO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00558-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

4 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 4 de agosto de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00558-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Desconocimiento del
precedente - Confirma - niega

Síntesis del caso: La parte accionante enjuició la providencia que modificó la decisión de
primera instancia para declarar la prescripción trienal, en el marco de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se reclamó la inclusión de la prima de
servicio como factor salarial.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación contra la Sentencia de 17 de septiembre de 2024, por medio
de la cual la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado negó la solicitud de amparo2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación. 1.3. Trámite relevante en segunda instancia.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 8 de febrero de 2024, José Mauricio Giraldo Montoya, en nombre
propio, presentó una acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo
de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, seguridad jurídica, buena fe y acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la Sentencia de 30 de octubre de
2023, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
05001-33-33-003-2016-00951-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“PRIMERO. Amparar los derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la buena fe y el acceso a la
administración de justicia, vulnerados por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Antioquia, MP Eva del Pilar Plata Sarmiento, cuando profirió

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo

80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero. Denegar el amparo solicitado por el señor José Mauricio Giraldo Montoya, de acuerdo con lo expuesto

en este proveído.
(…)”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00558-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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la sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, cuyo demandante fue José Mauricio Giraldo Montoya contra la
Nación, la Rama Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, calendado el
día 30 de Octubre del 2023, radicado 05001333300320160095100.

SEGUNDO. Ordenar a la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia,
MP Eva del Pilar Plata Sarmiento, que dentro del término improrrogable de las
cuarenta y ocho horas siguientes a 7 la notificación de la providencia, que
resuelva esta solicitud de tutela, se sirvan dejar sin efecto, la sentencia
calendada, el día 30 de Octubre del 2023.

TERCERO. Ordenar a la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia,
MP Eva del Pilar Plata Sarmiento, que en el término que disponga su Despacho,
se profiera una nueva decisión atendiendo los argumentos, que su Despacho
a bien tenga para resolver esta solicitud de tutela, atendiendo que debe
confirmar en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Medellín, el día 4 de Septiembre del 2019, conforme lo expuso
el citado Despacho y porque en este asunto, no es aplicable el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado, posterior al día 8 de Noviembre del 2016.
REQUISITOS DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROV.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) José Mauricio Giraldo Montoya estuvo vinculado a la Rama
Judicial, en el cargo de juez civil del Circuito, entre el 15 de noviembre de
2001y el 26 de marzo de 2022.

5. 2) El 16 de abril de 2015, el señor Giraldo Montoya radicó una solicitud
ante el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín, con el objetivo de que se incluyera la
prima especial de servicios3 como factor salarial y, en consecuencia, se
reliquidaran sus prestaciones sociales. Dicha petición fue negada mediante
Resolución No. DESAJM15-2482 de 27 de abril de 20154.

6. 3) El 20 de mayo de 2015, el accionante presentó recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución No.
DESAJM15-2482 de 27 de abril de 2015. Mediante la Resolución No. DESAJMR
15-4788 de 27 de mayo de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín decidió no
reponer el acto administrativo y concedió el recurso de apelación5.

7. 4) El 8 de noviembre de 2016, José Mauricio Giraldo Montoya, por
medio de apoderado judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, con el objetivo
de que se declarara la nulidad de la Resolución No. DESAJM15-2482 de 27
de abril de 2015, se reconociera la inclusión de la prima especial de servicio
como factor salarial y, a título de restablecimiento del derecho, reliquidaran

3 Prevista en artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 57 de 1993, la cual, equivale al 30% del salario básico.
4 “ARTÍCULO 1°.- NEGAR. La petición formulada por el Doctor(a) José Mauricio Giraldo Montoya, (…), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.”
5 El recurso de apelación fue resuelto de manera negativa mediante Resolución No. 3717 de 3 de abril de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00558-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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y pagaran los valores correspondientes a las prestaciones sociales con
ocasión de la inclusión de la prima especial de servicios. El proceso le
correspondió, para su conocimiento en primera instancia, al Juzgado
Administrativo Transitorio de Medellín bajo el radicado No. 05001-33-33-003-
2016-00951-006.

8. 5) El Juzgado Transitorio Administrativo de Medellín, mediante
Sentencia de 30 de agosto de 2019, accedió a las pretensiones de la
demanda. Con fundamento en sentencias del Consejo de Estado7, declaró
la nulidad parcial de las Resoluciones DESAJM15-2482 de 27 de abril de 2015
y No. 3717 de 3 de abril de 2015, y consideró que el accionante tenía
derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión de la
prima especial de servicios como factor salarial.

9. Adicional a ello, dispuso que, (se trascribe) “en aplicación del artículo
4 de la Constitución Nacional se ordenará la inaplicación por
Inconstitucional de los Decretos que regularon el régimen salarial de la Rama
Judicial, concretamente los artículos que excluyen la prima especial como
factor salarial, esto es, el artículo 6 del Decreto 658 de 2008 y artículo 8 de
los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de
2013, 194 de 2014, y en adelante, hasta la fecha en que el demandante
haya percibido la referida prima, teniendo en cuenta que desmejoraron
laboralmente sus derechos prestaciones”. En consecuencia, a título de
restablecimiento, ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales del
accionante, desde el 2001 y mientras la demandante continuara
desempeñándose como juez.

10. 6) Inconforme con la anterior decisión, la Nación – Consejo Superior
de la Judicatura presentó recurso de apelación8, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en Sentencia de 30 de octubre de 2023,
mediante la cual modificó la decisión del juez de primera instancia, en el
sentido de incluir la prima de servicios, como factor salarial, en la
reliquidación de sus prestaciones sociales. Sin embargo, declaró la
prescripción trienal, respecto de los derechos laborales reclamados con

6 Es preciso poner de presente que, mediante Auto de 14 de marzo de 2017, el Juzgado Transitorio de Medellín

inadmitió la demanda por no haberse adjuntado la resolución que resolvió el recurso de apelación presentado en
contra de la resolución demandada, con ocasión del numeral 2 de artículo 161 del CPACA “2. Cuando se
pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de
acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar
directamente el acto presunto”.
Al adjuntar la Resolución No. 3717 de 3 de abril de 2017, que resolvió el recurso de apelación en contra de la
Resolución No. DESAJM15-2482 de 27 de abril de 2015, subsanó lo reprochado en dicho auto y se admitió la
demanda mediante Auto de 25 de septiembre de 2017.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 4 de agosto de 2010. Rad. Interno No. 230-08. Consejo de

Estado, Sala de Conjueces, Sentencia de 29 de abril de 2014 Rad. No. 11001-03-25-000- 2007-00087-00, No. Interno
39738. Precedente en el que la corporación indicó que la rama ejecutiva sobrepasó los límites de su potestad
reguladora al establecer que el 30% del salario básico mensual debía considerarse como una prima especial de
servicios.
8 Solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, en la medida en que la Sentencia - 279 de 1996 la Corte

Constitucional declaró exequible la expresión “sin carácter salarial” de la prima especial de servicios, contenida
en el artículo 14 y 15 de la Ley 4 de 1992. En esa medida, aclaró que las prestaciones sociales del accionante
fueron liquidadas de acuerdo con dicha ley y agregó que, en todo caso, operó el fenómeno de la prescripción
trienal.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00558-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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anterioridad al 16 de abril de 2012, con ocasión de la Sentencia SUJ-016 CE-
S2-2019 proferida por el Consejo de Estado el 2 de septiembre de 2019,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No.
41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).

11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que la
autoridad judicial accionada, al proferir la Sentencia de 30 de octubre de
2023, incurrió en un desconocimiento del precedente del Consejo de
Estado9, un error inducido, así como también adujo que profirió una
“decisión sin motivación”, al haber utilizado como respaldo de su decisión
las Sentencias SUJ-016 CE-S2-201910 y SUJ-023-CE-S2-202011, proferidas con
posterioridad a la fecha en la que presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, toda vez que, a su juicio, las sentencias de
unificación no tienen carácter retroactivo y, en esa medida, no debió
declararse la prescripción trienal con fundamento en aquellas.

12. Frente al desconocimiento del precedente, agregó que la sentencia
aplicable a su caso concreto, para efectos de la prescripción trienal, era (se
trascribe) “la sentencia de unificación vigente al momento de presentar la
demanda, esto es, el día 8 de Noviembre del 2016, es la que fue
pronunciada el día 29 de Abril del 2014, por la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso Administrativo Consejera ponente: MARIA CAROLINA
RODRIGUEZ RUIZ, radicado 11001032500020070008700” y no las SUJ-016 CE-
S2-2019 y SUJ-023-CE-S2-2020.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

13. Mediante Sentencia de 17 de septiembre de 2024, la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo
solicitado. Consideró que la autoridad judicial accionada efectuó una
interpretación coherente de las normas aplicables a su caso concreto, pues,
(se trascribe): “tuvo como elementos demostrativos relevantes para resolver
el problema planteado en esa instancia, la sentencia de unificación del 2
de septiembre de 2019, conjuez ponente: Carmen Anaya de Castellanos.
Expuso que esta interpretación resultaba acorde con la fecha en que, en su
sentir, surgió la certeza del derecho reclamado ante la administración y por
tanto, a partir de esa fecha debía aplicarse la prescripción contenida en el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968”.

14. Agregó que el tema de la prescripción extintiva de sumas dinerarias
en casos similares al del accionante, ya había sido objeto de
pronunciamiento por parte de la autoridad judicial accionada y, en esa

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 30 de abril de 2021, radicado No. 11001-03-15-

000-2020-04068-01
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 9 de septiembre de 2019. Radicado No. 41001-23-33-000-

2016-00041-02.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 15 de diciembre de 2020. Radicado No. 73001-23-33-000-

2017-00568-01 (5472-18)

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00558-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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medida, a su juicio, el accionante pretendía reabrir una discusión ya resuelta
por el juez del proceso ordinario.

15. Inconforme con la decisión anterior, el accionante presentó escrito de
impugnación, en el que indicó que el juez de tutela de primera instancia no
se pronunció frente a todos los reparos expuestos en la solicitud de amparo,
pues, a su juicio, no estudió de fondo los reparos relacionados con un
presunto error inducido ni el desconocimiento del precedente. Aunado a lo
anterior, reiteró los argumentos referentes a la irretroactividad de las
sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, así como el
hecho de que se desconoció el precedente de la misma corporación y que
se le aplicaron sentencias de 2019 y 2020 que no debían aplicarse por haber
sido proferidas en fechas posteriores a la presentación de la demanda (8 de
noviembre de 2016). Además, puso de presente que, contrario a las
consideraciones de la sentencia impugnada, en el escrito de tutela no se
alegó que la autoridad judicial accionada hubiera incurrido en un defecto
fáctico por una indebida valoración del material probatorio.

1.3. Trámite relevante de segunda instancia

16. El expediente de tutela de la referencia ingresó al despacho por
reparto el 16 de junio de 2025, sin embargo, el 17 de junio de 2025 se presentó
una manifestación conjunta de impedimento, toda vez que, el amparo
solicitado tenía relación directa con el régimen salarial y prestacional de los
funcionarios y empleados de esta Corporación. Dicho impedimento fue
declarado infundado, mediante Auto de 16 de julio de 2025, y, en
consecuencia, el expediente volvió a ingresar al despacho ponente para
proferir fallo de segunda instancia el 23 de julio de 2025.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de derechos y defectos. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de
defectos alegada y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.

2.1. Identificación de derechos y defectos

17. Pese a que la parte accionante señaló en su solicitud de amparo
como vulnerados varios derechos fundamentales, esta Sala centrará su
análisis en la violación del derecho al debido proceso, pues ante una
presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de una
actuación judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado
durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. Asimismo, la vulneración
de los demás derechos invocados surge como consecuencia de la misma
afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de encontrar
lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder el amparo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00558-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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18. En relación con los defectos, la Sala constató que, en efecto, el
accionante no alegó el fáctico, y frente a los demás (error inducido y
decisión sin motivación), se considera que su sustento confluye en el posible
desconocimiento del precedente, pues, se advierte que en estos el
accionante reprochó la aplicación que realizó la autoridad judicial
accionada de las Sentencias SUJ-016 CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019
y SUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre de 2020 por haber declarado la
prescripción trienal con sustento en estas, por eso el análisis se hará de cara
a este último defecto.

2.2. Fijación de la controversia

19. Determinar, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo
de Antioquia, como juez de segunda instancia, incurrió en desconocimiento
del precedente del Consejo de Estado, al haber proferido la Sentencia de
30 de octubre de 2023, y si, con ello, vulneró el derecho fundamental al
debido proceso de la parte actora, al declarar la prescripción trienal
respecto de los derechos laborales reclamados con anterioridad al 16 de
abril de 2012. En consecuencia, se procederá a revocar, modificar o
confirmar la decisión de primera instancia.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

20. La Sala advierte que, en el presente caso, se cumplieron los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque: (1) no existe
recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar los
reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados. (2) Hubo un plazo razonable entre la fecha de
notificación de la providencia enjuiciada (31/10/2023)12 y la interposición de
la presente acción de tutela (08/02/2024)13. (3) No se enjuició un fallo de
tutela, pues la controversia se relacionó con una Sentencia de segunda
instancia dictada en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible
los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (5) Por último, se
advierte que la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de
la presunta afectación del derecho fundamental al debido proceso de la
parte demandante, con ocasión de una providencia judicial respecto de la
cual se alegaron varios defectos porque como modificó la decisión de
primera instancia para declarar la prescripción trienal, la parte accionante
no pudo reprochar tal aspecto en el recurso de apelación, de manera que
no se advierte que los argumentos planteados sean una reiteración de
aquellos presentados en el proceso ordinario.

12 Ver índice No. 22 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-003-2016-

00951-01.
13 Según acta Individual de reparto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00558-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

21. La Sala confirmará la decisión de negar el amparo solicitado, por las
razones que se exponen a continuación:

22. En el caso bajo estudio, la parte actora alegó que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en la Sentencia de 30 de octubre de 2023,
incurrió en un desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, al
haber declarado la prescripción trienal de los derechos laborales
reclamados antes de 16 de abril de 2012, con respaldo de las Sentencias
SUJ-016 CE-S2-2019 y SUJ-023-CE-S2-2020, las cuales fueron proferidas con
posterioridad a la fecha en la que presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. A su juicio, las sentencias de unificación no
tienen carácter retroactivo y, en esa medida, no debió declararse la
prescripción trienal con fundamento en dichas sentencias de unificación.

23. Agregó que, la sentencia “aplicable” a su caso concreto, para
efectos de la prescripción trienal, era (se trascribe) “la sentencia de
unificación vigente al momento de presentar la demanda, esto es, el día 8
de Noviembre del 2016, es la que fue pronunciada el día 29 de Abril del 2014,
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo
Consejera ponente: MARIA CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ, radicado
11001032500020070008700” y no las Sentencias SUJ-016 CE-S2-2019 y SUJ-023-
CE-S2-2020.

24. El accionante indicó que se debió observar lo dispuesto en la
Sentencia de 29 de abril de 2014, toda vez que en esta no se había previsto
la prescripción trienal para efectos de la reliquidación con ocasión de la
inclusión de la prima especial de servicios como factor salarial. Frente a ello,
debe ponerse de presente que, en el trascurso del proceso de nulidad y
restablecimiento No. 05001-33-33-003-2016-00951-00/01, se profirieron las
Sentencias SUJ-016 CE-S2-2019 y SUJ-023-CE-S2-2020, mediante las cuales se
unificó postura respecto de la prescripción trienal14, tras concluirse que, para
efectos de contabilizar la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios como factor salarial, debía tener en cuenta la fecha
de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se
reconocería, hasta tres años atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de
1998 y 1848 de 1969.

14 -SUJ-016 CE-S2-2019 (se trascribe): “Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima

especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el
Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
(…)
-SUJ-023-CE-S2-2020 (se trascribe): “(…) respecto de la prima especial, aun cuando se genera dentro de la
relación laboral, cabe señalar una diferenciación que se desprende de lo hasta ahora desarrollado: el
reconocimiento del derecho puede pedirse en cualquier tiempo, cosa distinta es el efecto económico de este
derecho, es decir, el valor mensual del mismo, que si está sometido al término de prescripción trienal.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00558-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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25. Acorde con el material probatorio obrante en el expediente, se debe
tener en cuenta que: (1) la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho se presentó el 8 de noviembre de 2016, (2) la Sentencia de primera
instancia fue emitida el 30 de agosto de 2019, (3) las sentencias de
unificación se profirieron, una, el de 2 de septiembre del 2019 y, la otra, el 15
de diciembre de 2020 y, por último, (4) la sentencia de segunda instancia
aquí enjuiciada fue proferida el 30 de octubre de 2023.

26. Adicionalmente, aunque las Sentencias No. SUJ-016 CE-S2-2019 y SUJ-
023-CE-S2-2020 no indicaron, explícitamente, qué efectos tendrían para su
observancia, debe entenderse que las mismas tienen efectos retrospectivos,
es decir, que debían aplicarse de forma inmediata desde su publicación.

27. Aunado a ello, la Corte Constitucional15 ha explicado los efectos de
las sentencias de unificación proferidas por los órganos de cierre16, cuando
no se precisan los efectos que tendrán las mismas (se trascribe):

“el fallo de unificación tiene efectos retrospectivos, (…) Primero, porque darle
efectos retroactivos a las sentencias de unificación es una práctica que está
prima facie proscrita; segundo, porque, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la regla general es que los cambios en el precedente judicial
tienen efectos generales e inmediatos; tercero, debido a que, según la práctica
jurisprudencial del Consejo de Estado, los efectos prospectivos del cambio en el
precedente judicial deben ser declarados explícitamente en la respectiva
providencia judicial.
(…)
esta Corporación señaló que los nuevos precedentes deben aplicarse de
forma “general e inmediata”; en otras palabras, retrospectivamente.
(…)
Se trata, entonces, de una regla, en virtud de la cual el cambio de precedente
debe aplicarse de forma inmediata –retrospectivamente–, que impone a los
jueces el deber de valorar las circunstancias particulares de cada caso en el
que pretenden aplicar el cambio jurisprudencial, sobre todo cuando la
modificación supone imponer nuevas cargas procesales, argumentativas o
probatorias, así como también cuando esta tiene incidencia directa en los
términos procesales, notificaciones que se están surtiendo o términos que ya
habrían empezado a correr, entre otros eventos en los que se ha creado para
las partes y terceros una expectativa de actuar de una determinada manera o
de no hacerlo”

28. De la misma manera, en la Sentencia SU - 167 de 18 de mayo de 202317
la Corte aclaró que, las reglas jurisprudenciales unificadas por las altas cortes
tienen efectos generales e inmediatos frente a los procesos que se
encuentran en curso de la siguiente forma (se trascribe):

“(…) la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, por regla general, los
precedentes judiciales de las altas cortes tienen efectos inmediatos y son de
obligatorio obedecimiento por los operadores jurídicos y las partes involucradas
en un proceso en curso, aun si incorporan cambios importantes en la
compresión de un determinado problema jurídico.”

15 Sentencia T- 44 de 14 de febrero de 2022.
16 Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado.
17 Reiterada en la Sentencia T – 24 de 6 de febrero de 2024

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00558-01
Demandante: José Mauricio Giraldo Montoya
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
_____________________________________________________________________________________________________________

29. De lo anterior es dable señalar que, para el momento en que se
profirieron las sentencias de unificación (2 de septiembre del 2019 y 15 de
diciembre de 2020), el proceso se encontraba en curso, es decir, no existía
una situación consolidada respecto de este, en la medida en que, aún no
se había dictado sentencia de segunda instancia de la cual se pudiera
predicar ejecutoriedad alguna. En consecuencia, la autoridad judicial
accionada observó el precedente vigente, por lo que no incurrió en los
reparos alegados por el accionante.

2.5. Conclusión

30. Al no evidenciarse la configuración del desconocimiento del
precedente judicial alegado ni la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso, la Sala confirmará la decisión impugnada.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 17 de septiembre de 2024,
proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que negó el amparo solicitado por José Mauricio Giraldo Montoya,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18.

TERCERO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

18 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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