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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00563-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00563-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por la señora Milena Barraza Canedo como agente oficioso del señor Óscar Rafael Hurtado Palomino, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa que antecede. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 11001-03-15-000-2024-00563-00 Demandante: Milena Barraza Canedo como agente oficioso de Óscar Rafael Hurtado Palomino Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00563-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

21 de marzo de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00563-00
Demandante: Milena Barraza Canedo como agente oficioso de
Óscar Rafael Hurtado Palomino

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00563-00
Demandante: Milena Barraza Canedo como agente oficioso de Óscar Rafael
Hurtado Palomino
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

Temas: Tutela contra providencia judicial. Incumplimiento de requisito de
procedibilidad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Milena Barraza Canedo
como agente oficioso del señor Óscar Rafael Hurtado Palomino en contra del
Tribunal Administrativo del Cesar.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora Milena Barraza Canedo actuando como agente oficioso de Óscar
Rafael Hurtado Palomino, por intermedio de apoderada, promovió demanda en orden
a que se tutelen sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

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Demandante: Milena Barraza Canedo como agente oficioso de
Óscar Rafael Hurtado Palomino

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del
19 de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 20001-33-31-
005-2005-02303-01 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal proferir una nueva
decisión en la que se acojan las pretensiones de la demanda.

1.1.2. Los hechos

La apoderada de la parte actora narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El señor Óscar Rafael Hurtado Palomino interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, en orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo que, en
aplicación de la facultad discrecional, dispuso su retiro del servicio y que, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara su reintegro y el pago de los salarios
dejados de percibir.

ii) Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2008, el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar acogió las pretensiones de la
demanda, al valorar de manera adecuada, eficiente y oportuna los elementos
probatorios aportados, pues a partir de estos determinó que el retiro del exagente por
la facultad discrecional se produjo como consecuencia de una burda y caprichosa
actuación por parte del comandante del Departamento de Policía Cesar.

iii) A través de sentencia del 19 de noviembre de 2009, el Tribunal Administrativo del
Cesar revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

1.1.3. Los Fundamentos jurídicos

La apoderada de la parte accionante presentó como fundamentos jurídicos de la
acción de tutela los siguientes:

1.1.3.1. Respecto de la procedibilidad de la acción

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i) Los motivos de la inactividad procesal de la parte actora con respecto al requisito
de inmediatez para la interposición de la acción de tutela tiene su explicación lógica
en el siguiente contexto:

En fecha 29 de agosto de 1996, guerrilleros del frente 41 de las FARC, se tomaron la
estación de policía El Paso, jurisdicción del municipio de Bosconia, Departamento del
Cesar, presentándose la muerte de un policial, además de varios heridos, la
destrucción de la estación de policía por medio de artefactos explosivos, el
apoderamiento por parte de los violentos del material de dotación de los policiales,
tales como: armamento, equipos de comunicaciones y demás elementos de guerra; tal
situación generó en varios policiales, con participación activa en el evento vivido, un
cuadro clínico compatible con trastorno de estrés postraumático, siendo el caso del ex
agente ÓSCAR RAFAEL HURTADO PALOMINO, lo cual hizo que para el año 2007 intentara
quitarse la vida, ingiriendo una sustancia venenosa, siendo hospitalizado, estabilizado
y enviado para atención médica de urgencias por la especialidad de psiquiatría, a lo
cual se opuso debido a su estado de excitación emocional, no obstante sus constantes
recaídas emocionales que condujeron al recibimiento de atención ambulatoria,
farmacológica de control e intrahospitalaria, derivados de las vivencias traumáticas
sufridas en el evento ocurrido en el año 1996, circunstancias que han impedido una
actuación constitucional oportuna por parte del actor. […]

ii) A lo manifestado anteriormente, cabe destacar que, en el año 2011, el señor Óscar
Rafael Hurtado Palomino interpuso una acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Cesar, como consecuencia de la decisión adoptada en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, pero esta fue declarada improcedente por
incumplimiento del requisito de inmediatez, entre otras observaciones realizadas por
el despacho constitucional de conocimiento.

iii) En el caso, se configura la procedencia de la acción de tutela, sin incurrir en
temeridad y/o inobservancia del requisito de inmediatez, dado que la sentencia del
Tribunal generó la vulneración de sus derechos fundamentales, la cual es
permanente en el tiempo, y porque su estado de salud lo convierte en un sujeto de
especial protección constitucional.

1.1.3.2. Respecto de los defectos invocados

i) Defecto fáctico. Consistente en la valoración contraevidente de la hoja de vida del
exagente, a partir de la cual se demostró la eficiencia, eficacia, decoro,

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compañerismo y demás elementos del buen servicio, específicamente, las
anotaciones documentadas en los meses de noviembre y diciembre de 2004, que
desdibujaron el concepto emitido por el Comité de Evaluación y Calificación, como de
la desaparición de las copias del proceso disciplinario DECES 2004-72, cuya apertura
se dio el 13 de septiembre de 2004 y, su archivo el 6 de septiembre de 2005, esto es,
2 meses y 22 días después del retiro, circunstancias que sí fueron observadas por el
fallador de primera instancia.

ii) Defecto orgánico. El Tribunal carecía de competencia para proferir sentencia
porque tuvo conocimiento del asunto antes de entrar en funcionamiento los juzgados
administrativos, lo cual ocurrió a partir del 1° de agosto de 2006, ya que, incluso, el
27 de octubre de 2005 admitió la demanda.

iii) Defecto procedimental. Para el momento de presentación de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, el proceso se constituía como de única
instancia, de acuerdo a la cuantía establecida, y aunque al entrar en vigencia el
funcionamiento de los juzgados administrativos se convirtió en un proceso de dos
instancias, el Tribunal perdió competencia para conocer del recurso de alzada
porque, se insiste, ya había tenido conocimiento del proceso.

iv) Violación directa de la Constitución. Por inobservar los lineamientos de las
sentencias C-525 de 1995, C-179 de 2006 y SU- 053 de 2015 que enmarcan los
estándares de motivación de los actos de retiro por facultad discrecional.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 15 de febrero de 2024, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez
Vargas admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído
al Tribunal Administrativo del Cesar, como demandado, y a la Nación-Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional, en calidad de tercero con interés; requirió al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar para que enviara
copia digital del expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que se tramitó con el radicado 20001-33-31-005-2005-02303-00 [01], y al

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Consejo de Estado, Sección Primera, para que remitiera copia digital del expediente
de la acción de tutela tramitada con la radicación 11001-03-15-000-2011-00635-00
[01]; reconoció personería jurídica para actuar dentro del proceso a la abogada
Melina Margarita Escorcia Fernández, de acuerdo con el poder otorgado por la
señora Milena Barraza Canedo; y ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a la
parte demandada y al tercero interesado para que, dentro de los tres días siguientes
a la notificación de la providencia, ejercieran su derecho de defensa, si a bien lo
tenían, y rindieran el respectivo informe.

1.2.2. El 21 de febrero de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído a la apoderada de la parte actora, al Tribunal Administrativo del Cesar,
al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, a la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional.

1.2.3. El 21 de febrero de 2024, la Oficina de Archivo del Consejo de Estado remitió
el expediente digital de tutela con radicado 11001-03-15-000-2011-00635-00 [01]; y
el 6 de marzo de 2024, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar envió el expediente digital de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 20001-33-31-005-2005-02303-00.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo del Cesar. El 23 de febrero de 2024, el presidente
de la corporación, magistrado Manuel Fernando Guerrero Bracho, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, en atención a los siguientes argumentos:

i) Al consultar el aplicativo Samai se constató que contra la providencia objeto de
censura ya se interpuso una acción de tutela que se tramitó con el radicado 11001-
03-15-000-2011-00635-00, la cual fue declarada improcedente por no atender el
requisito de procedibilidad relacionado con la inmediatez en su interposición.

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ii) Sumado a lo dicho, en el caso no se advierte la ocurrencia de hechos nuevos que
hagan necesaria la protección de los derechos fundamentales invocados, por lo que
en el asunto se configura la cosa juzgada.

1.3.2. La Policía Nacional. El 26 de febrero de 2024, la jefe del Área Jurídica de la
Secretaría General de la entidad, Luisa Fernanda Aguirre Cardona, solicitó declarar
improcedente la acción o, en su defecto, denegar las súplicas de la demanda, en
atención a lo siguiente:

i) No se requiere mayor esfuerzo para identificar que la apoderada judicial de la parte
actora acudió nuevamente en sede de tutela para cuestionar una decisión res
iudicata, hecho que no puede validarse, por cuanto ello afectaría el principio de
seguridad jurídica, en tanto ya han pasado más de 14 de años desde que la decisión
adquirió ejecutoria; y aunque la parte accionante señala hechos y circunstancias que,
en su juicio, explican el prolongado paso del tiempo para hacer uso del mecanismo
de amparo, esto es, el estado de salud del ciudadano a quien se le están agenciando
derechos, ello no deja de ser una apreciación subjetiva que no puede ser asociada
como consecuencia de la decisión enjuiciada.

ii) Ahora bien, en la providencia objeto de censura se pueden encontrar sólidos
argumentos que fundamentaron la decisión, la cual se dio con total apego de la
normativa aplicable y valorando bajo la sana crítica el acervo probatorio incorporado
al expediente. La causal de retiro aplicada al actor fue la denominada voluntad de la
Dirección General de la Policía Nacional, delegada en el comandante de
Departamento de Policía Cesar, aspecto que fue valorado por los togados, quienes
encontraron que la decisión estuvo alineada a los preceptos constitucionales, legales
y jurisprudenciales.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

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De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 19 de noviembre de
2009, emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-31-005-2005-02303-01. En
caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la

1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

2.4.1. Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
20001-33-31-005-2005-02303-01, la Sala establece lo siguiente:

i) El 13 de octubre de 2005, el señor Oscar Rafael Hurtado Palomino, por intermedio
de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en orden a que se
declarara la nulidad de la Resolución 048 del 14 de junio de 2005, mediante la cual
fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional y, a título de restablecimiento
del derecho, que se ordenara el reintegro al cargo que ocupaba o a otro de igual o
mayor jerarquía, así como al pago de todos los emolumentos dejados de percibir
entre el retiro y el efectivo reintegro.

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ii) El 24 de noviembre de 2008, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial
de Valledupar concedió las pretensiones de la demanda.

iii) El 19 de noviembre de 2009, el Tribunal Administrativo del Cesar revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda. La
decisión fue notificada por edicto fijado entre el 26 y el 30 de noviembre de 2009 en
lugar público de la Secretaría de la corporación.

2.4.2. De la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2011-00635-01, la Sala
establece lo siguiente:

i) El 16 de mayo de 2011, el señor Oscar Rafael Hurtado Palomino, por intermedio de
la apoderada Natalia Becerra Salazar, promovió acción de tutela en contra del
Tribunal Administrativo del Cesar, por sentir vulnerados sus derechos fundamentales
al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso con la adopción de la
sentencia del 19 de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
20001-33-31-005-2005-02303-01, por configuración de los defectos desconocimiento
de precedente jurisprudencial y fáctico.

ii) El 30 de junio de 2011, el Consejo de Estado, Sección Primera, denegó por
improcedente la acción de tutela.

iii) El 13 de octubre de 2011, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
confirmó la sentencia de primera instancia, al no encontrar cumplido el requisito de
inmediatez en el caso.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

Se advierte prima facie que la presente acción de tutela dirigida a controvertir la
sentencia del 19 de noviembre de 2009, emitida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, ya fue objeto de demanda ante el juez constitucional, siendo declarada

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improcedente por incumplimiento del requisito general de inmediatez, tal como se
dejó sentado en el acápite que antecede.

Así las cosas, corresponde entonces a la Sala determinar si en el caso se configura
la cosa juzgada constitucional y/o temeridad de la acción de tutela.

En torno a la simultaneidad de dichas figuras jurídicas, la Corte Constitucional ha
señalado lo siguiente:

La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto
presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las siguientes
situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias
en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido previamente en otro
proceso de igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud;
ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico,
cuando de buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada
que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de
una expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de
amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una muestra
de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de
tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya
hecho tránsito a cosa juzgada.3

Tal como se advierte, existen situaciones que dan lugar a la posible configuración de
la cosa juzgada y/o temeridad de la acción, a saber, cuando se presenta una idéntica
solicitud de amparo frente a otra que ya fue decidida o se radica una misma acción
ante varios jueces simultáneamente.

Pues bien, sobre la actuación temeraria, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991
establece que: «[…] El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la
gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y
derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del
falso testimonio». Asimismo, el artículo 38 ibídem señala que «Cuando sin motivo
expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».

3 Sentencia T-053 de 2012 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la omisión del legislador
de establecer expresamente lo que constituye un motivo justificado para presentar
una acción de tutela más de una vez implica que el juez debe determinar el carácter
del motivo.4 Dicho motivo debe ser expreso, es decir que el accionante tiene la
obligación de manifestar que ya ha interpuesto otra acción y de expresar las razones
por las cuales lo hace nuevamente. Ello, por cuanto la declaratoria de temeridad en
materia constitucional está supeditada a una comprobada mala fe por parte del
accionante, es decir, que debe estar acreditado que el interesado acudió al juez
constitucional con la intención de hacerlo incurrir en error.

Sobre el particular, la Sala no advierte dentro del expediente que la parte accionante
haya ejercido la presente acción de tutela con otras intenciones más que las de
procurar el amparo de los derechos que considera conculcados, por lo que, a juicio
de esta Subsección, el caso bajo estudio no puede ser estudiado bajo la lupa de la
temeridad, sino que, en realidad, las pretensiones hacen parte de la figura
denominada cosa juzgada, en tanto ya fueron puestas en consideración ante el juez
de tutela, quien, en su momento, advirtió que la acción de tutela se encontraba
afectada por falta de inmediatez.

Sobre la cosa juzgada en materia de tutela, la Corte Constitucional ha precisado que
es esta una institución que pretende prevenir las múltiples presentaciones de
acciones de tutela que versen sobre un mismo asunto y bajo iguales presupuestos
fácticos y jurídicos.5 De esta forma, señaló como requisitos para declarar su
ocurrencia: i) la identidad fáctica y de derechos invocados en relación con otra acción
de tutela; ii) la identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela que se
presenta por parte de la misma persona o su representante; y iii) la identidad del
sujeto accionado.6

De igual forma, precisó que la cosa juzgada opera frente a los efectos jurídicos de las
sentencias, en virtud de los cuales aquellas adquieren carácter de inmutables,

4

Sentencia T-053 de 1994, Magistrado Ponente: Fabio Morón.
5 Sentencia T-001 de 2016.
6 Sentencia T-089 de 2019 M. P. Alberto Rojas Ríos.

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vinculantes y definitivas, de tal manera que sobre los asuntos tratados y decididos en
ellas no resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento.
Lo anterior, a efectos de proteger la coherencia de las decisiones, evitar el desgaste
innecesario del aparato judicial y garantizar la seguridad jurídica que brinda este
principio de cierre del sistema jurídico.7

Sobre el particular, ha sostenido esta corporación que, aunque los presupuestos de
la cosa juzgada se evidencien en el caso, el juez constitucional debe hacer un
análisis material entre las acciones de tutela presentadas, con el fin de identificar si
existen nuevos elementos que llevaron al accionante a presentar la solicitud de
amparo y que habiliten al juez para realizar un nuevo pronunciamiento, el que ha de
remitirse únicamente a esa situación fáctica.

En el caso, la motivación presentada para pretermitir la existencia de la cosa juzgada
se dirigió a que sobre el asunto no se realizó un análisis de fondo, en tanto la primera
acción de tutela se declaró improcedente ante el incumplimiento de uno de los
requisitos formales para su análisis, esto es, ante la falta de inmediatez en su
interposición, y además, porque se cumple con uno de los presupuestos para
pretermitir dicho requisito, dado que la sentencia del Tribunal generó la vulneración
de sus derechos fundamentales, la cual es permanente en el tiempo, y porque su
estado de salud lo convierte en un sujeto de especial protección constitucional.

A juicio de la Sala, tales eventos no comportan una justificación razonable para la
interposición de una nueva acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones.
Es necesario precisar que, el requisito de inmediatez no responde a motivaciones
caprichosas sino al amparo del orden judicial y social, partiendo del presupuesto de
que cuando una persona realmente encuentre afectados sus derechos
fundamentales de forma grave, acudirá inmediata y diligentemente al juez
constitucional para solicitar su restablecimiento.

Tales circunstancias no se cumplen en el caso, pues han pasado más de catorce
años desde que se profirió la sentencia que ahora se discute, y doce años desde que

7 Sentencia T-001 de 2016 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00563-00
Demandante: Milena Barraza Canedo como agente oficioso de
Óscar Rafael Hurtado Palomino

se emitió sentencia en la primera acción de tutela, aunado a que actualmente se
encuentra disfrutando de su asignación de retiro, lo cual da a entender que no se
evidencia afectado su mínimo vital, y, sin desconocer las condiciones de salud del
accionante, es de indicar que estas no lo eximen del deber de cumplir con los
requerimientos legales y las oportunidades procesales para invocar la protección de
los derechos que considerara conculcados.

A su turno, aunque la jurisprudencia constitucional ha permitido la interposición de
múltiples acciones constitucionales cuando existan nuevos hechos relacionados con
el asunto sometido a consideración, la situación de salud de quien se agencian
derechos no es un hecho nuevo en el asunto que justifique la interposición de otra
acción constitucional

De esta forma, se encuentra que la conducta del actor es contraria al principio de
economía procesal, pues es dable apreciar que un mismo asunto que comparte
identidad de partes, objeto y causa fue puesto en consideración en dos
oportunidades, sin que la situación de salud sea causa que justifique la interposición
del nuevo mecanismo de amparo, por lo que en el caso se impone el rechazo de la
acción de tutela.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el presente caso se configura
la cosa juzgada constitucional y, en tal sentido, rechazará la acción de tutela por
resultar improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por la señora Milena Barraza
Canedo como agente oficioso del señor Óscar Rafael Hurtado Palomino, de acuerdo
con lo expuesto en la parte considerativa que antecede.

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Óscar Rafael Hurtado Palomino

Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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