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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00564-00

En otro proceso de tutela

Fecha
18 de marzo de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00564-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Negar la solicitud de amparo presentada por la señora Janeth Peñaranda Canosa, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00564-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

18 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00564-00
Demandante: JANETH PEÑARANDA CANOSA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA, DISTINTA A LA SENTENCIA, DICTADA
EN OTRO PROCESO DE TUTELA / EXCESO RITUAL MANIFIESTO - No se configuró;
las decisiones judiciales cuestionadas fueron razonables y no merecen reproche alguno
desde el punto de vista constitucional.

La Sala decide 1 la acción de tutela instaurada por la señora Janeth Peñaranda
Canosa contra el Consejo de Estado, Sección Primera.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 8 de febrero de 2024, la señora Janeth Peñaranda Canosa interpuso acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, y de acceso a la administración
de justicia, con ocasión de las providencias del 29 de agosto de 2023, que rechazó
por extemporánea la impugnación, y del 4 de octubre de 2023, por medio de la
cual confirmó en reposición la decisión, en el proceso de tutela con radicado
11001-03-15-000-2023-03745-00. Formuló las siguientes pretensiones (se
transcriben textualmente):

1.Solicito respetuosamente se amparen y tutelen los derechos fundamentales del
accionante Janeth Peñaranda Canosa el derecho a la igualdad, al debido
proceso en conexidad con el acceso a la administración de justicia, desconocidos
por la providencia objeto de tutela entre otros derechos fundamentales.

2.Que, como consecuencia de la anterior decisión se ordene al Consejo de
Estado Sección Primera, proferir una nueva providencia en reemplazo de las del
1 Se advierte que, el 22 de febrero de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00564-00
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

29 de agosto de 2023 y 4 de octubre del mismo año, donde se ordene la
concesión de la impugnación de la tutela bajo el radicado 11001-03-15-000-2023-
03745-00 accionante Janeth Peñaranda Canosa Accionado: Consejo de Estado
Sección Segunda Subsección A.

Peticiones subsidiarias

1.Solicito respetuosamente se amparen y tutelen los derechos fundamentales del
accionante Janeth Peñaranda Canosa el derecho a la igualdad, al debido
proceso en conexidad con el acceso a la administración de justicia, desconocidos
por la providencia objeto de tutela entre otros derechos fundamentales.

2.Se declare la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la notificación del
fallo de tutela del Consejo de Estado Sección Primera bajo el radicado 11001-03-
15-000-2023-03745-00 Accionante: Janeth Peñaranda Canosa Accionado:
Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A, como consecuencia de lo
anterior se notifique en debida forma el fallo de tutela del 31 de julio de 2023 al
correo cabezasabogadosjudiciales@outlook.es, el cual es el que se suministró en
el escrito de tutela.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

La señora Janeth Peñaranda Canosa presentó demanda de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para cuestionar la
providencia del 9 de marzo de 2023 en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 11001-33-35-015-2018-00324-00.

El 31 de julio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió fallo en
primera instancia, en el que declaró improcedente la solicitud de amparo. Dicha
decisión fue notificada mediante correo electrónico el 10 de agosto de 2023.

El 14 de agosto de 2023, la parte actora radicó memorial de impugnación «a las
16:52:24 como consta en la certificación de recibido enviada por el Consejo de
Estado la cual adjunto, manifestando que se impugnaba la sentencia de la Sección
Primera del 31 de julio de 2023, pero el cuerpo del escrito de impugnación por un
lapsus calami correspondía a la impugnación de otra acción de tutela».

El 22 de agosto de 2023, radicó el escrito que correspondía a la impugnación de la
acción constitucional impetrada.

En providencia del 29 de agosto de 2023, la Sección Primera del Consejo de
Estado rechazó por extemporánea la impugnación, al considerar que la
providencia de primera instancia fue notificada el 10 de agosto de 2023 y el escrito
de impugnación se radicó sólo hasta el 22 de agosto.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00564-00
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante la impugnó y argumentó
que no se requiere ninguna formalidad para impugnar la sentencia de tutela, sino
que basta con simplemente manifestarlo. En providencia del 4 de octubre de 2023,
la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó el rechazo de impugnación.

1.3. Argumentos de la tutela

En criterio de la señora Janeth Peñaranda Canosa, la autoridad judicial accionada
vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en exceso ritual manifiesto ya que
concibió los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial.

Expuso que sí se manifestó la voluntad de impugnar el fallo que negó el amparo
de los derechos fundamentales de la señora Peñaranda Canosa, pues en el
escrito se manifestó que se impugnaba y se radicó el 14 de agosto de 2023, por
un error que se subsanó con posterioridad el 22 de agosto de 2023.

Adujo que la falencia fue subsanada a pedido del mismo Consejo de Estado el 22
de agosto de 2023 cuando solicitaron el escrito, situación «que lo manifiesto bajo
la gravedad de juramento».

Señaló que en la plataforma SAMAI se puede observar que la impugnación fue
radicada en término el 10 de agosto de 2023

Dijo que, a pesar de que el escrito no correspondiera al caso en concreto, con la
simple manifestación de impugnación que obra en SAMAI era procedente su
concesión, aunado al hecho de que dicha situación fue subsanada el 22 de agosto
de 2023.

Precisó que, según la sentencia T-459 de 1992 de la Corte Constitucional, sólo se
requiere la simple manifestación de impugnar, sin que se exija algún tipo de
sustentación.

Asimismo, sostuvo que se notificó indebidamente por cuanto el mensaje de datos
se envió al correo cabezasabosadosjudiciales@outlook.es, cuando lo cierto es que
el correo suministrado era cabezasabogadosjudiciales@outlook.es

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 22 de febrero de 2024, se admitió la solicitud de amparo y se
ordenó notificar a los magistrados que integran la Sección Primera del Consejo de

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00564-00
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Estado como parte demandada, y a los magistrados que integran la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y al director del Instituto de
Desarrollo Urbano, como terceros con interés. Asimismo, se ordenó notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El Consejo de Estado, Sección Primera manifestó que el escrito del 22 de
agosto de 2023 presentado por la señora Peñaranda Canosa se interpuso por
fuera del término señalado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Asimismo, señaló que el memorial del 14 de agosto de 2023, presentado por el
señor Rosemberg Gutiérrez Bravo no se dirigía a impugnar la sentencia del 31 de
julio de 2023 y no fue suscrito por la señora Janeth Peñaranda Canosa, ni por su
apoderado.

Por lo anterior, indicó que los autos cuestionados no inc urrieron en los defectos
alegados.

2.2. El Instituto de Desarrollo Urbano pidió que se declarara la falta de legitimación
en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. Sólo en caso de que se cumplan,
se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer si las providencias del 29
de agosto de 2023 y del 4 octubre de 2023, por medio de las cuales, en su orden,
se rechazó por extemporánea una impugnación al fallo de tutela y se confirmó la
decisión recurrida en sede de reposición contra dicha decisión, proferidas por el
Consejo de Estado, Sección Primera en el proceso de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2023-03745-00, vulneraron los derechos fundamentales de la señora
Janeth Peñaranda Canosa y si, como consecuencia de ello, se debe conceder el
amparo solicitado.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que
contra la decisión que rechazó la impugnación por extemporánea proferida el 29

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00564-00
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

de agosto de 2023, se interpuso recurso de reposición que la autoridad judicial
demandada estudió y negó en auto del 4 de octubre de 2023, 17 de junio de 2022,
notificado el 6 de octubre de 2023, mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 8 de febrero de 2024. Así pues, se advierte que la tutela fue radicada
dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la última decisión
relacionada con la providencia que rechazó la impugnación. Este término resulta
razonable.

3.1.2. Relevancia constitucional: la Sala considera que se encuentra satisfecho
este requisito, toda vez que los cargos alegados se encuentran suficientemente
argumentados, y la accionante explicó, con suficiente claridad, las razones por las
cuales considera que la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, y de acceso a la administración de
justicia, prerrogativas tradicionalmente relevantes en la institución de la acción de
tutela.

Adicionalmente, es claro que una decisión de rechazo de la impugnación
interpuesta contra un fallo de tutela, vista en clave de arbitrariedad, capricho o
irrazonabilidad, cercenaría la garantía superior de la doble instancia, lo cual
refuerza la idea de que esta controversia tiene relevancia constitucional.

3.1.3. De la procedencia de tutela contra providencias proferidas en otro proceso
de tutela.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, unificó el criterio en
relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o
actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo siguiente:

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00564-00
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su
revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.

De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción de
tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela:

1. Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión
adoptada fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

2. Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros
que serían afectados con la decisión.

3. Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato o de la impugnación al fallo de tutela 2.

Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En este caso, la señora Janeth Peñaranda Canosa no pretende atacar el fallo de
tutela proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso con
radicado 11001-03-15-000-2023-03745-00, sino la decisión por medio de la cual
se rechazó la impugnación interpuesta en contra de aquella providencia. A su

2 Esta última hipótesis es aceptada en la sentencia T-162 de 1997, y reiterada en diferentes
ocasiones, entre otras, en la SU-627 de 2015 y en la SU-387 de 2022.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00564-00
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

juicio, la decisión cuestionada vulneró sus derechos fundamentales dado que se
incurrió en exceso ritual manifiesto al no tener en cuenta que el 14 de agosto de
2023, estando en la oportunidad para hacerlo, manifestó la voluntad de impugnar
el fallo de tutela de primera instancia, pero remitió equivocadamente un memorial
que no correspondía con el proceso. Sin embargo, advirtió que dicha situación fue
subsanada mediante memorial del 22 de agosto siguiente.

Quiere decir lo anterior, que el debate se centra en una actuación posterior a la
sentencia de tutela y relacionada con el trámite de la impugnación, a la que se
enrostra la afectación constitucional, por consiguiente, estamos en uno de los
eventos de procedencia excepcional de tutela contra decisión proferida en sede de
tutela, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia constitucional, es
decir, se encuentra superado este requisito adjetivo.

Entonces, de acuerdo con el problema jurídico planteado, como se cumplen los
requisitos generales de procedencia, pasa la Sala a examinar si las providencias
atacadas vulneraron los derechos fundamentales cuya protección reclama la parte
actora.

En sentencia del 31 de julio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo solicitado por la señora Janeth Peñaranda
Canosa por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en el
proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-03745-00.

La anterior decisión fue notificada por correo electrónico enviado el 10 de agosto
de 2023, por lo que, en virtud de la sentencia SU-387 de 2022, la notificación se
surtió el 14 de agosto siguiente, esto es, transcurridos 2 días hábiles siguientes al
envío del mensaje de datos.

Así las cosas, el término para impugnar la providencia de primera instancia, en los
términos del artículo 31 3 del Decreto 2591 de 1991 transcurrió del 15 al 17 de
agosto de 2023.
Luego de revisar las pruebas que obran en el expediente, y las actuaciones que
constan en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado del proceso de tutela en el
que se profirieron las providencias censuradas, la Sala observa lo siguiente:

3 «Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defe nsor

del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin
perjuicio de su cumplimiento inmediato.

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para
su revisión».

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00564-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En el índice 18 de SAMAI obra una actuación del 14 de agosto de 2023, en la que,
según la anotación registrada «el señor Jhon Jairo Cabezas Gutiérrez a través de
la ventanilla virtual, radicó la solicitud 177970 (…) donde solicitó: IMPUGNACIÓN
DE TUTELA», tal como se puede observar en la siguiente captura de pantalla:

En el mismo índice, obra un documento en formato .docx con certificado
8A780C60633F93E7EA8F50CA2B2524F2704811D8DA04FCDDA27E40075FE66
7DA, en el cual se observa un memorial de impugnación presentado por el
abogado Rosemberg Gutiérrez Bravo, quien representa a la señora Laura Reyes
Vargas, y en el cual estaba recurriendo el fallo de tutela del 8 de octubre de 2015,
que resolvió la tutela que se presentó en contra de la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como se puede
observar:

Posteriormente, el 22 de agosto de 2023, el señor Jhon Jairo Cabezas Gutiérrez
radicó memorial de impugnación, tal y como se puede observar en el índice 19 de
SAMAI y en el documento con certificado
2FE584BEA2FF239E506A15F577A62B15DECF7D8F630DF3A4621B8B3C0E63C
910. En el correo el señor Cabezas Gutiérrez indicó que por error involuntario el
14 de agosto de 2023, por la ventanilla virtual cargó otro archivo, por lo que

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

«agradecía se tuviera en cuenta este archivo que se está anexando que es el que
corresponde a la accionante Janeth Peñaranda Canosa». En esa oportunidad, el
referido documento sí estaba dirigido a cuestionar los argumentos del fallo de
tutela del 31 de julio de 2023, proferido por la Sección Primera del Consejo de
Estado, tal como se puede observar en la siguiente imagen:

Mediante auto del 29 de agosto de 2023, la Sección Primera del Consejo de
Estado rechazó por extemporánea la impugnación presentada el 22 de agosto de
2023, pues se hizo por fuera del término establecido en el Decreto 2591 de 1991.
Consideró que la notificación del fallo de tutela de primera instancia se surtió el 10
de agosto de 2023, de manera que el término para impugnar corrió del 15 al 17 de
agosto de la misma anualidad. Contra la anterior decisión, la parte actora la
recurrió en reposición y argumentó que para impugnar una tutela s ólo se necesita
manifestar que se impugna dentro de los 3 días siguientes a su notificación sin
ninguna formalidad, por lo que, en su criterio, la concesión de la impugnac ión era
totalmente procedente.

En providencia del 4 de octubre de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado sostuvo que el memorial radicado el 14 de agosto de 2023 estaba suscrito
por el abogado Rosemberg Gutiérrez Bravo, quien afirmó actuar en nombre de la
señora Laura Reyes Vargas, en el cual se impugnaba un fallo proferido en otra
acción constitucional, pero el mismo no fue suscrito ni por la parte actora ni por su
apoderado (Jhon Jairo Cabezas Gutiérrez) y tampoco se controvirtió la sentencia
del 31 de julio de 2023.

Que, de hecho, el contenido de dicho escrito hace referencia a una acción
constitucional diferente, por lo que «no puede pretender la actora que dicho escrito
sea tenido en cuenta para tener como oportuna la impugnación presentada en el
presente expediente». En esos términos, como la impugnación sólo fue allegada
hasta el 22 de agosto de 2023, para ese momento ya había precluido la
oportunidad para recurrir la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

que la notificación se realizó el 10 de agosto de 2023, por lo que el término vencía
el 17 de agosto siguiente. Por lo anterior, confirmó el rechazo de la impugnación.

Visto lo anterior, la Sala advierte que las providencias cuestionadas no incurrieron
en exceso ritual manifiesto, ni mucho menos vulneraron o desconocieron los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la señora Janeth Peñaranda Canosa.

Según la Corte Constitucional en la Sentencia SU-061 de 2018, cuando se
cuestionan providencias judiciales en sede de tutela, el exceso ritual manifiesto
puede configurarse cuando la autoridad judicial se apega estrictamente a las
reglas procesales que obstaculizan la materialización de los derechos
sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de decisiones judiciales
justas. También cuando el funcionario judicial abandona su rol como garante de la
normatividad sustancial, para adoptar decisiones desproporcionadas y
manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jurídico. Es decir que la
validez de la decisión no sólo se determina por el cumplimiento estricto de las
reglas procesales, sino que además depende de la protección de los derechos
sustanciales, por lo que, el sistema procesal moderno «no puede utilizarse como
una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas, en la medida
que la existencia de las reglas procesales se justifica a partir del contenido
material que propenden».

En esos términos, la Sala considera que contrario a lo considerado por la parte
actora, lo cierto es que la autoridad judicial accionada, en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 determinó razonablemente
que el escrito de impugnación presentado por la señora Janeth Peñaranda
Canosa era extemporáneo.

En efecto, de las actuaciones que se pueden observar en la plataforma SAMAI y
que quedaron debidamente reseñadas con anterioridad, resulta posible concluir
que el memorial del 14 de agosto de 2023, suscrito por el señor Rosemberg
Gutiérrez Bravo no tiene ninguna relación con la sentencia que se pretendía
impugnar, esto es, la proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 31
de julio de 2023. Circunstancia que fue reconocida por el mismo apoderado de la
señora Peñaranda Canosa, al presentar el memorial del 22 de agosto de 2023, en
la que manifestó que, por un error involuntario, cargó a la ventanilla virtual un
archivo diferente.

Lo cierto es que la parte actora tuvo la oportunidad de remediar esa situación
hasta el 17 de agosto de 2023, pues hasta ese momento tenía la posibilidad de

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impugnar el fallo de tutela de primera instancia, sin embargo, s ólo hasta el 22 de
agosto de 2023 corrigió tal irregularidad.

Para la Sala tampoco es de recibo el argumento de la accionante según el cual
con la anotación que obra en SAMAI del 14 de agosto de 2023, se materializó la
voluntad de impugnar el fallo de primera instancia, por cuanto, como quedó
establecido, el referido documento no está suscrito por la señora Peñaranda
Canosa, ni mucho menos por el señor Jhon Jairo Cabezas Gutiérrez, de manera
que no resulta posible arribar a tal conclusión.

En esas condiciones, la Sala observa que las decisiones adoptadas por la Sección
Primera del Consejo de Estado resultan razonables y no merecen reproche alguno
desde el punto de vista constitucional. El hecho de que la parte actora no las
comparta, no significa que el juez de tutela deba intervenir, aunado al hecho de
que no se observa arbitrariedad, desproporcionalidad o que se esté
obstaculizando la materialización de los derechos sustanciales de la accionante.

Para la Sala no es posible concluir que las decisiones censuradas desconozcan
los derechos de la parte actora. Por el contrario, lo que se advierte es que la
accionante incumplió con la carga procesal que tenía de impugnar el fallo de tutela
de primera instancia en la oportunidad prevista por el legislador.

No puede perderse de vista que se controvierte una decisión de una alta corte,
evento en el cual se exige una argumentación cualificada para derruir el juicio
plasmado en la providencia atacada, al punto que sea indiscutible la flagrante
afectación de un postulado constitucional o la recta interpretación de la carta
política, circunstancias que, en el caso particular, no se encuentran acreditadas.

De otra parte, en relación con la supuesta indebida notificación del fallo de tutela
de primera instancia, y las pretensiones subsidiarias propuestas en el escrito de
tutela, la Sala considera que, para tal efecto, la accionante cuenta con otro
mecanismo ordinario de defensa, el cual se encuentra en curso, esto es, la
solicitud de nulidad en ese proceso de tutela, toda vez que, según la plataforma
SAMAI, el 24 de noviembre de 2023, la parte actora solicitó la nulidad por indebida
notificación del fallo de tutela del 31 de agosto de 2023 4.

Asimismo, se advierte que dicha solicitud aún no ha sido resuelta por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que es la autoridad judicial competente para
determinar si las circunstancias alegadas se configuraron o no. Se recuerda que la

4 Mediante auto del 30 de enero de 2024, proferido por la Sala de Selección No. 1 de la Corte

Constitucional, se dispuso que se devolviera el expediente de tutela al Consejo de Estado para que
«resuelva la solicitud de nulidad presentada por Janeth Peñaranda Canosa».

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00564-00
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

tutela sólo es procedente de manera supletiva, esto es, cuando no existan otros
medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Por todo lo anterior, la Sala negará el amparo solicitado por la señora Janeth
Peñaranda Canosa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Negar la solicitud de amparo presentada por la señora Janeth
Peñaranda Canosa, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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