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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00567-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00567-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante. Segundo: Dejar sin efectos la providencia del 9 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. En consecuencia, ordenar a dicha autoridad judicial que en un plazo no superior a veinte (20) días contados a partir de la www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2024-00567-00 Accionante: Fiscalía General de la Nación ejecutoria de esta providencia, dicte una decisión de remplazo en la que tenga en cuenta los lineamientos a que ha hecho referencia la parte motiva de este fallo. Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00567-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

21 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00567-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial, proferida en el medio de
control de reparación directa por haber desconocido la sentencia de unificación del
29 de noviembre de 2021 del Consejo de Estado.
Decisión: Se ampara el derecho fundamental al debido proceso de la parte
accionante.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ANTECEDENTS

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la Fiscalía General
de la Nación, quien actúa a través de apoderado judicial, en contra del Tribunal
Administrativo de Boyacá por la expedición de la sentencia del 9 de agosto de 2023
proferida dentro del medio de control de reparación directa con radicado núm.
15001-33-33-012-2014-00213-01.

1. HECHOS

El 22 de abril de 2013, la Fiscalía General de la Nación – FGN - impartió ordenes
de registro, allanamiento y captura del señor Luis Carlos Ladino Acevedo, la cual se

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Accionante: Fiscalía General de la Nación

materializó el 23 del mismo mes y año, mientras que el aprehendido recibía clases
de culinaria en las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Al momento de la captura, los agentes de la Policía Judicial le incautaron al señor
Ladino Acevedo una nevera en la que contenía sesenta y nueve (69) chocolates, a
los que les practicaron prueba preliminar homologada para identificar si contenían
alcaloides, los cuales, según la Policía Judicial, resultaron con la presencia de
marihuana y otras sustancias no identificadas.

Posteriormente a dicha retención, la Policía Judicial allanó la residencia del señor
Ladino Acevedo, donde incautaron una gramera y unas cucharas de medición que
el investigado usaba para sus estudios de cocina.

El 23 de abril de 2013, el Juzgado Primero Penal Municipal de Tunja impartió
legalidad al allanamiento y a la captura, formuló imputación por el presunto delito de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes e impuso medida de aseguramiento
en establecimiento carcelario que, por petición de la defensa, fue sustituida por
detención domiciliaria.

El 13 de junio de 2013, la FGN radicó solicitud de preclusión de la investigación
penal por atipicidad de la conducta, por lo que el 24 de junio siguiente, el Juzgado
Segundo Penal Municipal de Tunja decretó la preclusión, toda vez que los
resultados de laboratorio de los chocolates incautados no arrojaron la presencia de
estupefacientes.

Por lo anterior, el señor Luis Carlos Ladino Acevedo y otros1 instauraron el medio
de control de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, con el fin de que se les declarara patrimonialmente
responsables por los perjuicios que sufrieron por la privación de la libertad que se
le impuso al primero de los demandantes.

1
Los señores Luis Alberto Ladino, Judith Acevedo Montañez, Nancy Beatriz, Hugo Alberto, Magda
Judith, Doris Cecilia, Edgar Ricardo y Gloria Mireya Ladino Acevedo.

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En primera instancia, el Juzgado Doce Administrativo de Tunja mediante sentencia
del 26 de julio de 2018 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
condenó a las entidades al pago de los perjuicios morales y materiales reclamados.

Inconforme con la decisión, las autoridades demandadas presentaron recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Boyacá a través de
sentencia del 9 de agosto de 2023, en la que confirmó la decisión proferida por el a
quo.

La entidad accionante considera que con la sentencia del 9 de agosto de 2023
proferida por la autoridad judicial accionada se vulneró su derecho fundamental al
debido proceso, por lo que señaló que la providencia acusada adolece de un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, dado que no tuvo en
cuenta las reglas fijadas en la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021
proferida por el Consejo de Estado con respecto a la forma de calcular el
reconocimiento de perjuicios de las víctimas directas e indirectas en los asuntos que
involucren la privación injusta de la libertad en detención domiciliaria.

En ese sentido, sostiene que la providencia atacada reconoció una indemnización
por concepto de perjuicios morales superior a los topes fijados en la sentencia de
unificación, puesto que los perjuicios morales sufridos por la víctima directa se
disminuyeron en un 30 % y no en un 50 % tal y como lo establece la providencia del
29 de noviembre de 2021.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«(…) TUTELAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, de LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACIÓN vulnerados con la actuación de la autoridad judicial accionada.

DEJAR sin efecto la sentencia del 09 de Agosto de 2023 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACA- Sala de Decisión Primera.

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ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA, proferir nuevamente
sentencia dentro del medio de control de reparación directa No. 15-001-3333-012-2014-00213-
01 – Demandante LUIS CARLOS LADINO ACEVEDO Y OTROS- Demandados
NACIÓN- RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN teniendo en
cuenta las pretensiones y hechos de la demanda y la sentencia de unificación de perjuicios
morales por privación de la libertad del Consejo de Estado de fecha 29 de noviembre de 2021.
Considerando el periodo de privación preventiva 61 días en domicilio.»

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 12 de febrero de 2023 se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá como
accionado y a los señores Luis Carlos Ladino Acevedo, Luis Alberto Ladino, Edgar
Ricardo Ladino Acevedo, Hugo Alberto Ladino Acevedo, Judith Acevedo Montañez,
Nancy Beatriz Ladino Acevedo, Magda Judith Ladino Acevedo, Doris Cecilia Ladino
Acevedo y Gloria Mireya Ladino Acevedo, como terceros interesados en las resultas
del proceso.

4.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá2, a través del magistrado ponente de
la decisión atacada, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia por cuanto no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, ya que considera que la controversia se limita a una discusión de
contenido estrictamente económico, que no es otro que reducir el pago parcial de
los perjuicios reconocidos en la sentencia.

Asimismo, sostuvo que la providencia acusada no desconoció la sentencia de
unificación del 29 de noviembre de 2021, toda vez que de acuerdo con el precedente
invocado las reglas referentes a la liquidación del perjuicio moral se aplicarían de
forma inmediata a demandas radicadas a partir de i) su ejecutoria, y ii) antes del 28
de agosto de 2014.

En ese sentido, señaló que la decisión censurada identificó y sustentó las razones
por las cuales no eran aplicables las reglas impartidas en la sentencia de unificación,
ya que la demanda fue radicada 13 de octubre de 2014.

2
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4.2. El señor Luis Carlos Ladino Acevedo3, por intermedio de apoderada judicial,
solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela, dado que i) no
tiene relevancia constitucional al discutir un asunto meramente económico; ii) las
autoridades no agotaron los recursos ordinarios de adición, aclaración o corrección
en contra de la sentencia discutida hoy en sede de tutela; iii) no cumple con el
requisito de inmediatez al presentarse 4 meses después de haber sido notificada la
providencia acusada; iv) no se trata de una irregularidad procesal y v)no hay hechos
generadores de vulneración al derecho fundamental al debido proceso de la
autoridad accionante.

4.3. Las demás partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección estima que el problema
jurídico se circunscribe a establecer si el Tribunal Administrativo de Boyacá, con la
expedición de la sentencia del 9 de agosto de 2023, incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente y, por consiguiente, en la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de

3
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Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000 y fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados por
parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados
en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de
defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que
aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando
no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible
de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los
límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro
de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí
que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

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Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que
el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii)
Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

Igualmente, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales,
indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los
cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno
de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii)
defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa
de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.2. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

3.3 Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio
en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia acusada fue

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proferida el 9 de agosto de 2023 y la acción de tutela se presentó el 8 de febrero de
2024, por lo que no han transcurrido más de 6 meses desde la expedición de la
providencia cuestionada.

3.5. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia
del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente en que presuntamente
incurrió la autoridad judicial demandada.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

4. Caso concreto

La causa de inconformidad de la parte accionante consiste, en síntesis, en que el
Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia del 9 de agosto de 2023 proferida
dentro del medio de control de reparación directa debió aplicar la regla sobre los
topes máximos por perjuicios morales y la forma de calcularlos en los casos de
privación injusta de la libertad, establecida en la sentencia de unificación del 29 de
noviembre de 2021 dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Así las cosas, se observa que el Tribunal Administrativo de Boyacá consideró que
las reglas de la sentencia de unificación precitada no eran aplicables al caso en
concreto, por las siguientes razones:

«Así, en sentencia de 29 de noviembre de 2021, el Pleno de la Sección Tercera4 modificó los
parámetros para liquidar el perjuicio moral en esta clase de eventos. Y en casos de restricción
de la libertad en el domicilio del procesado decantó que, el perjuicio moral habría de reducirse
en un 50%.

Así, la decisión unificada “(...) mantuvo la presunción de la afectación moral respecto de la
víctima directa y estableció los topes máximos para ser observados en la tasación de su
indemnización. Esto último, en función del tiempo de la detención (cuyo incremento es
progresivo) y en consideración a la proporcionalidad respecto de los topes fijados para otro
tipo de daños (v.gr. en caso de muerte)”5 y según el grado de parentesco acreditado. De acuerdo
con la sentencia, las reglas referentes a la liquidación del perjuicio moral se aplicarían de forma

4
Exp: 46681.
5
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de 28 de octubre de 2022.
Exp: 76001-23-31-000-2011-01344-01(55130). C.P. Alberto Montaña Plata.

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inmediata a demandas radicadas a partir de i) su ejecutoria, y ii) antes del 28 de agosto de 2014.

En el caso concreto, la demanda se radicó el 13 de octubre de 2014. Luego, no se aplicará la
mentada sentencia y, por ende, la condena de los perjuicios morales debe atender a las subreglas
y parámetros establecidos en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, tal como lo
hizo el a quo. La actualización de tales sumas se surtirá teniendo en cuenta el salario mínimo
legal vigente a la ejecutoria de esta sentencia. (…)»6

Ahora bien, sobre la aplicación en el tiempo de las reglas que se fijaron en la
sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, la Sección Tercera del
Consejo de Estado precisó lo siguiente:

«(…)67.- En esta sentencia de unificación se adoptan dos reglas jurisprudenciales respecto de
las cuales es necesario pronunciarse sobre sus efectos en el tiempo: (i) los perjuicios morales
solo se presumen para la víctima directa, los cónyuges, compañeros permanentes y los parientes
en el primer grado de consanguinidad; (ii) se modifican los topes máximos sobre perjuicios
morales derivados de la privación de la libertad para las víctimas directas e indirectas.

(…)

69.- En relación con la determinación de los topes máximos por perjuicios morales y la
forma de calcularlos, la sentencia será aplicada de inmediato. Aunque como quedó
explicado anteriormente no es posible dar un valor pecuniario a los perjuicios morales, es
entonces necesario que, mediante sentencia de unificación con carácter vinculante, se
determinen sus topes máximos, con base en criterios generales de proporcionalidad.

70.- El hecho de que los demandantes no conocieran estos topes en el momento en que
interpusieron sus demandas no afecta la <<confianza legítima>>. El derecho a la reparación de
perjuicios sufridos como consecuencia de la privación de la libertad no es un derecho
patrimonial que nazca de un acto jurídico (unilateral o bilateral) en el cual la parte se acoge a
determinada regla que no puede ser modificada posteriormente. Tampoco puede considerarse
que la demanda fue presentada pensando en obtener determinado monto de perjuicios y que la
confianza en ese resultado se alteró al establecerse otro monto.

71.- El derecho a la igualdad en este caso se garantiza aplicando la sentencia de manera similar
a todos los casos que se fallen luego de su ejecutoria. Suponer que tal derecho solo se garantiza
si se le otorga el mismo monto de perjuicios morales a todas las personas que presentaron la
demanda durante determinado periodo de tiempo carece de fundamento; la fecha en la cual se
presentó la demanda no tiene en este caso ningún tipo de relevancia para estructurar tal
derecho, como sí puede tenerla frente a quienes en ese momento consideraban que podían
acogerse a la presunción jurisprudencial de perjuicios morales para los hermanos.»7 (Resaltado
en negrilla por fuera del texto original)

6
Visible a índice 2 dentro del documento identificado como: “8_DemandaWeb_Anexos(.pdf)
NroActua 2” en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
7
Sentencia de Unificación del 29 de noviembre de 2021, Consejo de Estado, Sección Tercera,
C.P. Martín Bermúdez Muñoz.

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Es claro entonces que las reglas fijadas en la sentencia de unificación del 29 de
noviembre de 2021 sobre los topes máximos por perjuicios morales y la forma de
calcularlos en los casos relativos a la privación injusta de la libertad son de
aplicación inmediata, por lo que para la fecha en la que el Tribunal Administrativo
de Boyacá profirió la sentencia objeto de tutela (9 de agosto de 2023), el nuevo
precedente ya estaba vigente y, por lo tanto, era vinculante.

Así las cosas, la Sala observa que en la providencia objeto de reproche incurrió en
el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial vigente
para el año 2023 sobre los topes máximos por perjuicios morales y la forma de
calcularlos en los casos relativos a la privación injusta de la libertad, razón por la
cual se concederá el amparo al derecho fundamental al debido proceso y se dejará
sin efectos la providencia del 9 de agosto de 2023.

Como consecuencia de lo anterior, se ordenará al Tribunal Administrativo del
Boyacá que, en un término no superior a veinte (20) días contados a partir de la
ejecutoria de esta sentencia, dicte una providencia de reemplazo, en la que tenga
en cuenta las consideraciones aquí señaladas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la parte
accionante.

Segundo: Dejar sin efectos la providencia del 9 de agosto de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá. En consecuencia, ordenar a dicha autoridad
judicial que en un plazo no superior a veinte (20) días contados a partir de la

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ejecutoria de esta providencia, dicte una decisión de remplazo en la que tenga en
cuenta los lineamientos a que ha hecho referencia la parte motiva de este fallo.

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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