RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00573-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00573-00

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00573-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Freddy Alfonso Molina Quintero, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Cesar. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00573-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

11 de abril de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: FREDDY ALFONSO MOLINA QUINTERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por privación injusta de la libertad. Defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Freddy Alfonso Molina Quintero, quien actúa por conducto
de apoderado judicial, en la que pide el amparo constitucional de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 10 de agosto de 2023, mediante
la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo que había accedido a las
pretensiones de la demanda de reparación directa que promovió contra la Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables por la presunta privación injusta
de la libertad que soportó.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante manifestó que, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, solicitó la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de la
Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados
por la privación de la libertad de la que fue objeto, la que consideró injusta y que
ocurrió en el contexto del proceso penal que afrontó como sindicado del delito de
homicidio en persona protegida, en hechos ocurridos mientras se desempeñaba
como soldado profesional, en los que en medio de una operación contra miembros
de grupos insurgentes en el municipio de San José de Oriente, Cesar, resultaron
dadas de baja dos personas, hecho que fue catalogado como un falso positivo.

Sostuvo que del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Valledupar, que en sentencia de 1° de diciembre de
2017 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó a las demandadas al
pago de los perjuicios reclamados.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

Por último, adujo que luego de que las demandadas apelaran la precitada
sentencia, el Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia de 10 de agosto de
2023, revocó el fallo favorable y negó las pretensiones de la demanda, tras
considerar que el comportamiento de la víctima en el caso penal dio lugar a que la
autoridad judicial tomara la decisión de vincularlo a la investigación penal y privarlo
de su libertad, en específico porque “omitió colaborar con la justicia penal,
incumpliendo con el deber legal de comparecer ante la justicia, y que solo
compareció al proceso cuando fue capturado”.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional
proteja los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 10 de
agosto de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar revocó el
fallo que había accedido a las pretensiones de la demanda, para en su lugar
negarlas, en el marco del medio de control de reparación directa que promovió
contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les
declarara administrativa y patrimonialmente responsables por la presunta privación
injusta de la libertad que soportó.

Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, adujo que, a su juicio, la sentencia
objetada incurre en i) defecto fáctico, “teniendo en cuenta que el Tribunal
Contencioso Administrativo de Valledupar - Cesar, al valorar las pruebas
arrimadas al proceso actuó de manera arbitraria, irracional y caprichosa, omitiendo
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
objeto del litigio, y sin razón valedera revoca en su integridad la sentencia de
primera instancia”.

Específicamente, indicó que el tribunal accionado realizó una interpretación
desproporcionada e irracional de las pruebas allegadas del proceso penal, por lo
que “omitió el acervo probatorio del proceso contencioso, en las cuales debía
fundar su decisión”, lo que determinó que “llegara a una conclusión distinta, muy a
pesar de que el señor Molina Quintero fue privado injustamente de la libertad y de
que las pruebas demuestran que mi prohijado no cometió el ilícito enrostrado
dentro de la investigación penal, lo cual se evidenció en la sentencia absolutoria”.
Agregó que no se puede concebir la idea de que el Tribunal Administrativo del
Cesar se convierta en otra instancia penal, “haciendo juicios de valoración
probatoria en contra de mi defendido, cuando están más que claras y
evidenciadas las pruebas dentro del proceso contencioso a las cuales debió
ceñirse”.

Añadió que en el caso se dejaron de lado pruebas relevantes existentes dentro del
proceso penal, “desviando la atención hacia el “supuesto” mal comportamiento de
mi prohijado por ausentarse del municipio donde se cometió el delito”, lo que,
considera, “fue una reacción normal de una persona que se encuentra
atemorizada y con miedo, por el daño que pueda sufrir en su integridad personal,
con base en las amenazas recibidas y los señalamientos hechos en su contra”,
por el delito de homicidio en persona protegida por el que fue investigado.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

De otra parte, sostuvo que la sentencia objetada incurre en ii) desconocimiento
del precedente judicial aplicable de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
cuando la absolución se da por aplicación del principio in dubio pro reo, emanado
de la sentencia de 28 de agosto de 20141 y el fallo de unificación de 17 de octubre
de 20132, en los que, afirma, se sostuvo que era posible declarar la
responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos
ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se
causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación,
dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Sobre el particular, sostuvo que “no importa que la privación de la libertad se
hubiese producido como resultado de la actividad investigativa correctamente
adelantada, que para este caso no sucedió así, tal como obra dentro del proceso y
además así lo manifiesta la misma magistrado del tribunal de la sentencia
revocada, o que la medida de aseguramiento cumpliera con todas las exigencias
legales, ya que si el imputado no resultaba condenado, era procedente el
reconocimiento de la indemnización de los perjuicios causados, siempre y cuando
el particular no se encontrara en el deber jurídico de soportar dicha carga, como
por ejemplo, cuando la detención se produce debido a un hecho exclusivo de la
víctima”.

Adujo que desde el año 20063, hasta la fecha, la Sección Tercera del Consejo de
Estado ha mantenido una posición inequívoca frente al tema en cuestión, en la
que se reconoce que, en principio, el título de imputación es objetivo cuando la
absolución del imputado se produce por la ocurrencia de alguna de las tres
hipótesis del artículo 414 del derogado Decreto 2700 de 1991 o por aplicación del
principio in dubio pro reo, a menos que el juez de conocimiento advierta la
ocurrencia de una falla del servicio, caso en el cual, será necesario declararla.

Finalmente, sostuvo que las notificaciones de las actuaciones de segunda
instancia no le fueron realizadas debidamente.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. Que se tutelen los derechos fundamentales de mis representados al debido
proceso, igualdad en conexidad con el principio de seguridad jurídica y acceso
a la administración de justicia (art. 29 y 229 de la C. P.), vulnerados por el
Tribunal Contencioso de la Valledupar, al proferir la sentencia calendada el 10
de agosto de 2023, expediente No. 20-001-33-33-002-2017-00283-01,
Magistrado Ponente doctor MANUEL F. GUERRERO BRACHO.

2. Que se invalide el fallo proferido por el Tribunal Contencioso de Valledupar,
al proferir la sentencia calendada el 10 de agosto de 2023, expediente No. 20-
001-33-33-002-2017-00283-01, y en su lugar se disponga dejar en firme la
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito

1
Expediente 2002-02548-01 (36.149). Magistrado Ponente Hernán Andrade Rincón (E). Actor José Delgado
Sanguino y otros.
2
Expediente 23.354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
3
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 4 de diciembre de 2006. Expediente 1994-09817-01.
Radicado interno 13168. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

Judicial de Valledupar, de calenda 29 de julio de 2020. Líbrense las
comunicaciones correspondientes”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital del expediente contentivo del medio de control de
reparación directa con radicado Nº 2017-00283-01, actor: Freddy Alonso Molina y
otros.

5. Trámite procesal

Por auto de 20 de febrero de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al accionante y a la autoridad
judicial accionada. Igualmente, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Valledupar, a la Fiscalía General de la Nación, a la Rama Judicial, a los demás
demandantes en el proceso de reparación directa y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del
proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios No. 167606 a 167612,
todos de 21 de febrero de 2022, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión4.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Cesar

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se
denegaran las pretensiones de la acción por cuanto, adujo, en el caso no existió
vulneración de derechos fundamentales en la decisión tomada por esa
corporación a través de la sentencia de 10 de agosto de 2023, cuestionada por la
parte accionante.

Sostuvo que la decisión se adoptó con base en la jurisprudencia vigente del
Consejo de Estado sobre la materia y el acervo probatorio arrimado al proceso, del
que se concluyó que la decisión que en su momento dio lugar a la restricción de la
libertad del señor Molina Quintero fue proferida con la observancia de las normas
procesales vigentes para la época de su expedición y no vulneró el debido
proceso del actor, por lo que se estimó que no había lugar a la declaración de
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación al no encontrar yerro alguno
en sus actuaciones al restringir la libertad del actor.

En cuanto al reproche relacionado con las notificaciones de las actuaciones de
segunda instancia, afirmó que en el expediente digital se puede constatar que
todas las providencias proferidas fueron debidamente notificadas por estado y
comunicadas oportunamente.

4
La notificación fue enviada a los correos electrónicos marlon198409@gmail.com,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j02admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin02vup@notificacionesrj.gov.co;
j02admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co, juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co;
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co, info@cendoj.ramajudicial.gov.co;
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

6.2. Los demás vinculados al trámite constitucional, aun cuando fueron
debidamente vinculados al trámite constitucional, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 10 de agosto de 2023,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar revocó el fallo que había
accedido a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas, en el
marco del medio de control de reparación directa que el actor promovió contra la
Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, incurre en i) defecto fáctico, por
cuanto realizó una interpretación desproporcionada e irracional de las pruebas
allegadas del proceso penal, por lo que “omitió el acervo probatorio del proceso
contencioso, en las cuales debía fundar su decisión”, lo que determinó que “llegara
a una conclusión distinta, muy a pesar de que el señor Molina Quintero fue privado
injustamente de la libertad y de que las pruebas demuestran que mi prohijado no
cometió el ilícito enrostrado dentro de la investigación penal, lo cual se evidenció
en la sentencia absolutoria”, y en ii) desconocimiento del precedente judicial de
la Sección Tercera del Consejo de Estado para los casos de privación injusta de la
libertad cuando la absolución se da por aplicación del principio in dubio pro reo,
contenido en las sentencias de 28 de agosto de 20145 y de 17 de octubre de
20136, en los que, afirmó, se sostuvo que era posible declarar la responsabilidad
del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por
autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo
un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación del principio in
dubio pro reo.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos7 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos8, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud

5
Expediente 2002-02548-01 (36.149). Magistrado Ponente H ernán Andrade Rincón (E). Actor José Delgado
Sanguino y otros.
6
Expediente 23.354. Magistrado Ponente Mauricio Fajardo Gómez.
7
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
8
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20129, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
201410, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico12; (ii) Defecto procedimental absoluto13; (iii)
Defecto fáctico14; (iv) Defecto material o sustantivo15; (v) Error inducido16; (vi)
Decisión sin motivación17; (vii) Desconocimiento del precedente18 y (viii) Violación

9
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
10
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
13
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
14
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
15
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
16
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
17
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
18
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

directa de la Constitución19.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo20 y de la Corte
Constitucional21.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela cumple el presupuesto de la
relevancia constitucional, pues debe definirse si se vulneraron al accionante los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia con la sentencia de 10 de agosto de 2023, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Cesar revocó el fallo que había accedido a las pretensiones de
la demanda, para en su lugar negarlas, en el marco del medio de control de
reparación directa que promovió contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de
la Nación. De allí que no se proponga un debate de estricta legalidad, sino que la
discusión se orienta a determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial, lo que conllevaría, de
encontrarse acreditados, la vulneración de garantías iusfundamentales.

(ii) El accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues en el caso se
agotó el recurso de apelación contra la sentencia de 1° de diciembre de 2017,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar, y se
observa que no se configura ninguna de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión, (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez
que la providencia objetada fue notificada mediante correo electrónico enviado el
14 de agosto de 2023 y la acción de tutela se presentó el 9 de febrero de 2024,
esto es, cinco (5) meses y veintitrés (23) días después, dentro del término
prudencial precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional22; (iv) se

19
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
20
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
21
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
22
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

identificó de manera razonable los hechos que generó la supuesta vulneración de
los derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.

Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la
Sala entrará a efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.

4.2. La providencia objetada proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar no incurrió en los defectos alegados

4.2.1. El accionante considera que la sentencia de 10 de agosto de 2023,
mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo que había accedido
a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas, en el marco del
medio de control de reparación directa que promovió contra la Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación con el fin de que se accediera a la condena
administrativa y patrimonial por la privación injusta de la libertad de la que
presuntamente fue objeto, incurre en i) defecto fáctico, por cuanto realizó una
interpretación desproporcionada e irracional de las pruebas allegadas del proceso
penal, por lo que “omitió el acervo probatorio del proceso contencioso, en las
cuales debía fundar su decisión”, lo que determinó que “llegara a una conclusión
distinta, muy a pesar de que el señor Molina Quintero fue privado injustamente de
la libertad y de que las pruebas demuestran que mi prohijado no cometió el ilícito
enrostrado dentro de la investigación penal, lo cual se evidenció en la sentencia
absolutoria”.

4.2.2. En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas
al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos
casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal
trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos
supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no
satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de
situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un
defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez; 2) Una dimensión positiva, que se presenta
generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador
desconoce la Constitución23, o cuando da por establecidas circunstancias sin que
exista material probatorio que respalde su decisión24.

23
Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
24
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

Es decir, que dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

4.2.3. Como primera medida, la Sala aclara que si bien la solicitud no hace
referencia a los hechos que originaron la controversia, del estudio de la sentencia
objetada se observa que el señor Freddy Alfonso Molina Quintero se
desempeñaba como soldado profesional, calidad en la que fue vinculado a una
investigación penal militar y privado de la libertad, con ocasión a los hechos
ocurridos en el corregimiento de San José de Oriente, en jurisdicción del municipio
de La Paz, donde las tropas del Batallón La Popa realizaron la operación
denominada “Esplendor”, contra miembros “de las FARC, autodefensas y
delincuencia común”, en el desarrollo de la cual dos personas murieron, “uno
vestido de verde policía y el otro de civil a quienes se les encontró material de
guerra”, hechos por los cuales el señor Molina Quintero fue acusado del delito de
homicidio en persona protegida.

Ahora bien, de los fundamentos de la acción, se extrae que el accionante
considera que el defecto fáctico que alega se configura como consecuencia de no
tener en cuenta lo decidido al interior del proceso penal que afrontó, en el que fue
absuelto tras encontrarse dudas sobre la comisión del delito por el que fue
investigado.

Para la Sala, el defecto alegado por esta causal no se configura, en tanto, como
25
ya lo ha expresado reiteradamente esta Sala , las valoraciones que se efectúan
en el proceso penal son distintas a aquellas que se hacen en el contencioso
administrativo, pues en el primero van encaminadas a determinar si la conducta es
típica, antijurídica y culpable, mientras que en el contencioso en los casos de
privación injusta de la libertad, se realiza un análisis con elementos de juicio
propios del dolo y la culpa civil, a tal punto que el hecho de que no se declare la
responsabilidad penal, no establece per se la responsabilidad del Estado.

Sobre el particular, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado ha
precisado que al juez de la responsabilidad no le corresponde desvirtuar la
presunción de inocencia sino analizar la culpa civil, de modo que existe una
“separación entre la investigación penal y la absolución y la indemnización que
debe ordenar el juez de la responsabilidad del Estado, esto último siguiendo los
parámetros del artículo 90 Constitucional bajo los lineamientos de los artículos 2,
83 y 95 del mismo ordenamiento”26.

En ese mismo sentido, la Subsección “C” de la Sección Tercera de esta
Corporación27, indicó que:

25
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de mayo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-
04479-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. N º 11001-03-
15-000-2019-05114-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” sentencia de 10 de mayo de 2018, exp. Nº 27001-23-
31-000-2009-00163-01, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. Nº 66001-23-
31-000-2006-00083-01 (36.295) C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

“El Juez Administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la sentencia penal, o
su equivalente, ya que no tiene incidencia ni efectos de cosa juzgada en el
proceso de reparación directa que se adelanta ante esta jurisdicción por cuanto
“…(i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a
través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la
sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del
mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de
reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los
perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii)
los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia,
diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas
probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la
responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la
presunción de inocencia que por mandato constitucional ampara a todas las
personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente
soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la
responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la
responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño
antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al
servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos
que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el
daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en
cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio
lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio. Adicionalmente, se
observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto
civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con
los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria
que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la
responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la
Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño
antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño
hubiera sido causado con una conducta regular o irregular”28.

Esta Sala ha reiterado que “la parte demandante no puede suponer que la
absolución de responsabilidad penal del investigado constituya per se un veredicto
automático de responsabilidad extracontractual del Estado, y que, en sede
contencioso administrativa, se deba declarar que existió un daño atribuible a la
administración, por la privación de su libertad. Al decidir esta clase de asuntos, el
juez administrativo no puede prescindir del análisis de los hechos que rodeó la
decisión de la privación de la libertad, se insiste, sin incidir en su ya declarada
ausencia de responsabilidad penal”29.

Por las razones anteriores, la Sala negará las pretensiones de la acción, en lo
relativo al defecto fáctico alegado.

4.2.4. De otra parte, el actor considera que la sentencia objetada incurrió en ii)
desconocimiento del precedente judicial aplicable de la Sección Tercera del
Consejo de Estado para los casos de privación injusta de la libertad cuando la
absolución se da por aplicación del principio de in dubio pro reo, contenido en las

28
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2011, expediente 19123. En similar
sentido se encuentran las sentencias del 30 de julio de 2008, expediente 16572 y del 24 de marzo de 2011,
expediente 17993.
29
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-
05114-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

sentencias de 28 de agosto de 201430 y de 17 de octubre de 201331, en los que,
afirmó, se sostuvo que era posible declarar la responsabilidad del Estado por el
hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad
competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño
antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal
respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica
que32: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente
de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del
pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha
sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación».

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto
por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial,
de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una
facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el
derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la
regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.

En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben
observar las siguientes reglas33:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció34.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría
dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya
decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de
aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias
entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para

30
Expediente 2002-02548-01 (36.149). Magistrado Ponente Hernán Andrade Rincón (E). Actor José Delgado
Sanguino y otros.
31
Expediente 23.354. Magistrado Ponente Mauricio Fajardo Gómez.
32
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
33
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
34
La Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es
necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se
aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar
que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio
decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del
precedente, por vía analógica” (se destaca).
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del
precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento
del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de
la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que
el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto35.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.

4.2.5. Conforme con los alegatos que sustentan el defecto por desconocimiento
del precedente judicial alegado, conforme con el cual este se configura por no
tener en cuenta lo establecido en las sentencias de 28 de agosto de 201436 y de
17 de octubre de 201337, la Sala aclara que para la época en que se profirió la
sentencia censurada -10 de agosto de 2023-, el precedente constitucional
aplicable era el contenido en la sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018, proferida
por la Corte Constitucional y acogida por la mayoría de las subsecciones de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, misma que fue tenida en cuenta por la
autoridad judicial accionada en la resolución de la controversia, por lo que el
defecto alegado no se configura.

En efecto, como se indicó en precedencia, para el momento en que se profirió la
decisión objeto de tutela, el precedente judicial vigente estaba contenido en la
regla jurisprudencial precisada en la mencionada sentencia SU-072 de 2018, en
donde no se afirmó que hubiese una formula automática conforme con la cual los
casos de privación de la libertad en los que se desvirtuaran las circunstancias que
inicialmente dio paso a la aplicación de la medida de aseguramiento debieran ser
estudiados con base en el régimen objetivo de responsabilidad, sino que, al
contrario, se dejó abierta la posibilidad para que fuera el juez administrativo el que,
en virtud del principio iura novit curia, definiera en cada caso el título de
imputación que se adaptara mejor según sus particularidades como, en efecto, se
resolvió el caso bajo análisis.

Dicho fallo constituyó un cambio de posición frente a la condena automática en los
casos en los que no se lograba demostrar que el acusado fuera responsable de la
conducta punible, al desarrollar la aplicación del principio iura novit curia.

Del análisis de la sentencia objetada, la Sala observa que la regla jurisprudencial
contenida en el precedente judicial obligatorio, esto es, que fuese el juez el que
definiera en cada caso el título de imputación que se adaptara mejor según sus
particularidades sí fue observada, pues la solución se adoptó con base en la
consideración de que el título aplicable era el de falla probada del servicio, en la
medida en que la absolución devino de la aplicación del principio del in dubio pro
reo, el cual no se encontró configurado, “puesto que en el expediente que recogía
la investigación penal, existían -al momento en que se profirió la resolución de

35
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial
específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la
sentencia T-443 de 2010.
36
Expediente 2002-02548-01 (36.149). Magistrado Ponente Hernán Andrade Rincón (E). Actor José Delgado
Sanguino y otros.
37
Expediente 23.354. M.P Mauricio Fajardo Gómez.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

acusación y se reactivó la medida de detención-, suficientes indicios de la posible
responsabilidad de los integrantes de las fuerzas militares, entre los que se
encontraba el señor Freddy Molina Quintero”.

Respecto de la jurisprudencia vigente sobre la materia, el Tribunal Administrativo
del Cesar manifestó lo siguiente en la sentencia objeto de tutela:

“El criterio jurisprudencial que venía sosteniendo el máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, fue modificado recientemente en la Sentencia de
Unificación de fecha 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta
Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la
libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el
daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del
artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica establecer: i) si el privado
de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a
reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el
título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con
el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la
decisión. La Sala señaló en la mencionada sentencia: (…)

El anterior argumento, está en consonancia con las conclusiones de la
sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU- 072/18, sobre el
régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de
privación injusta de la libertad. Al respecto, la Corte precisó que, ni el artículo
90 de la Constitución Política, como tampoco el artículo 68 de la Ley 270 de
1996, que establece la privación injusta de la libertad como un evento
resarcible, así como la sentencia C-037 de 1996, que determinó la
exequibilidad condicionada del ese artículo, determinan un régimen específico
de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la
libertad. (…)

En suma, luego de la expedición de la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional, el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación de fecha 15 de agosto de 2018. Allí dispuso modificar
el criterio contenido en sentencia del año 2013, en el sentido de determinar
que: i) el derecho a la libertad no es absoluto, ii) la presunción de inocencia
permanece intacta en tanto no se haya proferido sentencia condenatoria, y iii)
la conservación de la presunción de inocencia impide la configuración de un
daño antijurídico, a menos que dicha privación se efectúe en el marco de una
actuación arbitraria e ilegal. Dispuso que, para efectos de la declaratoria de
responsabilidad estatal por privación de la libertad, debería determinarse si el
daño devino en antijurídico a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 Superior, y
no simplemente por haberse acreditado la privación de la libertad y la posterior
absolución o preclusión”. (Resaltado de la Sala).

Posteriormente, al momento de estudiar el caso concreto, aplicó la regla
jurisprudencial vigente, así:

“Conforme a lo expuesto, la Fiscalía General de la Nación, concluyó, que, del
análisis efectuado al material probatorio en su conjunto, se encontró que la
conducta lesiva a la vida de los dos ciudadanos de Valledupar, ocurrida en el
corregimiento de San José de Oriente, no podía entenderse en relación
directa con el servicio militar, pues -se señala en la resolución de acusación-
dicha conducta, no se realizó en cumplimiento de una labor militar del servicio

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

que haya sido asignada a los militares en defensa de la soberanía del
territorio nacional.

También indicó el ente acusador, que las conductas desplegadas por los
militares a cargo del Estado, dentro de los que se encontraba el señor Molina
Quintero, constituyeron delitos de lesa humanidad manifiestamente contrarios a
la dignidad humana; y que, no podían desconocer los militares que dichas
conductas causarían la violación de un derecho fundamental intangible de una
persona, y que así hubieran recibido tal orden de sus superiores, en ese caso,
les correspondía a los militares, desobedecer la misma. (…)

En tales condiciones, contrario a lo afirmado por la parte demandante y por
el fallador de primera instancia del proceso contencioso administrativo,
en el expediente que recogía la investigación penal, existían -al momento
en que se profirió la resolución de acusación y se reactivó la medida de
detención-, suficientes indicios de la posible responsabilidad de los
integrantes de las fuerzas militares, entre los que se encontraba el señor
Freddy Molina Quintero, debido a que:

i.) El hoy demandante -Freddy Molina Quintero- en la diligencia de indagatoria
manifestó haber disparado su arma contra las personas fallecidas, señaladas
como supuestos integrantes de un grupo subversivo en el marco del
“enfrentamiento” que sostuvo la tropa del Ejército a la que él pertenecía.

ii.) La FGN indicó que el contraste realizado entre la narración de los militares
procesados y los informes de necropsia y de balística realizados a los cuerpos
de las víctimas, arrojaron serias inconsistencias que ponían en tela de juicio lo
dicho por los militares, pues, al parecer, -según lo indicado en la resolución de
acusación- las víctimas mortales se encontraban en posiciones distintas a las
señaladas por los procesados.

iii.) Según las pruebas recaudadas por el ente acusador, los profesionales de
criminalística, señalaron que el lugar donde aparecieron los occisos había sido
alterado; y,

iv.) Los informes de criminalística a los que hizo alusión la fiscalía, indicaron
que la trayectoria de las heridas encontradas en los occisos, no coincidían con
las posiciones en las que manifestaron estar los militares, al momento de
atacar al supuesto grupo guerrillero. (…)

Conforme a ello, para la Sala no existe duda, que los testimonios en favor de
los militares, así como los testimonios que soportaron la tesis de la fiscalía,
permiten concluir que en el proceso penal existieron inconsistencias de peso
que impidieron determinar con precisión lo ocurrido el 14 de mayo de 2005,
donde fallecieron los señores MARTINEZ CAVIEDES y CLAUDINO MANUEL
OLMEDO. No obstante, para la Sala, el ente acusador en el ejercicio del Ius
Puniendi del Estado, se encontraba en la obligación de adelantar las
actuaciones necesarias tendientes a esclarecer los hechos, máxime, cuando
del análisis de los mismos se desprendían graves indicios de que las personas
fallecidas, fueron víctimas de un delito de lesa humanidad, por ser personas
ajenas al conflicto armado interno. (…)

Así, para la Sala, las pruebas allegadas al proceso evidencian que, la
decisión que en su momento dio lugar a la restricción de la libertad del
señor Molina Quintero, fue proferida con la observancia de las normas
procesales vigentes para la época de su expedición y no vulneraron el

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

debido proceso del actor; y, en ese sentido, esta Corporación estima que
no hay lugar a la declaración de responsabilidad de la Fiscalía General de
la Nación al no encontrar yerro alguno en las actuaciones surtidas por tal
entidad para que se restringiera la libertad del demandante.

Tampoco se avizora prueba alguna que demuestre que en las etapas
posteriores el ente acusador hubiera incurrido en falla alguna, pues el proceso
penal se adelantó de conformidad con lo establecido en la ley, con plena
observancia de las garantías que le asistían al procesado en el desarrollo del
proceso penal, tanto así que el juicio se adelantó mientras el procesado se
encontraba en libertad.

Para este Tribunal, la demandada -Fiscalía General de la Nación, actuó
conforme al deber que le asiste de indagar sobre la presunta comisión de un
punible, máxime cuando se trataba de un presunto delito de lesa humanidad,
por lo que, el demandante se encontraba en el deber jurídico de soportar dicha
carga, contrario a lo manifestado por el a quo, pues - se recuerda - el principio
de presunción de inocencia no es incompatible con la privación de la libertad,
más aún cuando existe certeza de que, de una u otra manera, el hoy
demandante estuvo involucrado en los hechos objeto de investigación.

Por los argumentos expuestos, para esta Colegiatura la demandada Fiscalía
General de la Nación, observó los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad en el momento de imponer la medida de
aseguramiento al demandante, pues, como ya se dijo, i). el delito
comprendía una pena privativa de la libertad superior a 4 años, ii).
existían más de dos indicios graves en contra del demandante para
interponer la medida restrictiva de la libertad y, iii). se trataba de la
supuesta comisión de un delito de lesa humanidad, razón por la cual se
revocará el fallo de primera instancia y; en su lugar, se negarán las
pretensiones de la demanda”.

Conforme con lo anterior, en la sentencia objetada la autoridad judicial accionada
aplicó el régimen subjetivo de responsabilidad, del que concluyó que la privación
de la libertad soportada por el señor Molina Quintero no fue injusta, en tanto la
decisión que en su momento dio lugar a la restricción de la libertad que soportó
fue proferida con observancia de las normas procesales vigentes para la época de
su expedición y no vulneró el debido proceso, por lo que no había lugar a la
declaración de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.

Es decir, la autoridad judicial accionada efectuó el estudio de la medida de
aseguramiento en los términos de la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional, precedente judicial aplicable, y la regla jurisprudencial allí
establecida respecto de la coexistencia de títulos de imputación de carácter
objetivo y subjetivo en el análisis de los casos de privación injusta de la libertad, y
su relación con el principio iura novit curia, sí fue observada en la sentencia
censurada, en la que el juez de conocimiento aplicó el régimen subjetivo de
responsabilidad en el marco de autonomía que le otorga el mencionado principio,
por lo que el defecto endilgado por desconocimiento del precedente judicial no se
configura.

Por las razones expuestas, la Sala denegará las pretensiones de la acción de la
acción de tutela interpuesta por el señor Freddy Alfonso Molina Quintero, quien

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00573-00
Demandante: Freddy Alfonso Molina Quintero

actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del
Cesar.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el
señor Freddy Alfonso Molina Quintero, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.