Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00579-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00579-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00579-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
18 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación número: 110010315000202400579 00
Accionante: GILBARDO ANTONIO TORRES CASTELLANOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN F Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Improcedencia / INMEDIATEZ – No se presentó la
demanda en un término razonable.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Gilbardo Antonio Torres Castellanos, de conformidad con
el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 8 de febrero de 2024, el señor Gilbardo Antonio Torres Castellanos, por
conducto de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, el Juzgado
1
Que ingresó para fallo el 27 de febrero de 2024.
Radicación número: 110010315000202400585 00
Accionante: Gilbardo Antonio Torres Castellanos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Segundo Administrativo de Zipaquirá y el Juzgado Civil del Circuito de Ubaté, con
el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
2. Hechos relevantes
En señor Torres Castellanos presentó demanda ordinaria laboral contra el
municipio de Simijaca, con el fin de que se declare que no tuvo vinculación
-laboral- legal y reglamentaria como empleado público, sino que su vinculación fue
contractual como trabajador oficial, entre otras pretensiones de carácter
declarativo y de condena.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Civil del Circuito de Ubaté, el que,
por medio de providencia del 2 de octubre de 2020, rechazó la demanda por falta
de competencia y dispuso su remisión ante los Juzgados Administrativos de
Zipaquirá.
Contra la anterior decisión, se interpuso el recurso de apelación; sin embargo, por
medio de proveído del 4 de diciembre de 2020, el Juzgado Civil del Circuito de
Ubaté no lo concedió, en observancia del artículo 139 del CGP, aplicable por
remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo.
Frente a esa providencia, se interpusieron los recursos de reposición y queja. El
primer recurso lo negó el Juzgado Civil del Circuito de Ubaté por auto del 12 de
febrero de 2021 y, el segundo, lo negó la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cundinamarca, razón por la que, por medio de proveído del 22 de octubre de
2021, se dispuso dar cumplimiento a la providencia del 2 de octubre de 2020.
2
Radicación número: 110010315000202400585 00
Accionante: Gilbardo Antonio Torres Castellanos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Una vez efectuado el respectivo reparto ante los jueces administrativos, el
Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá, por auto del 25 de abril de 2022,
inadmitió la demanda y le ordenó al señor Torres Castellanos adecuarla según las
previsiones del CPACA2.
Contra esa decisión, se interpuso el recurso de reposición, bajo el fundamento de
que ese despacho judicial “carece de competencia para conocer del presente
negocio, en la medida que lo pretendido es la declaratoria de una relación de
trabajo bajo la calidad de trabajador oficial”. Por medio de proveído del 28 de julio
de 2022, se negó dicho recurso.
Una vez subsanada la demanda, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá,
mediante auto del 27 de octubre de 2022, la rechazó por haberse configurado la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
El señor Torres Castellanos interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, el de
apelación, contra la referida decisión.
2
Puntualmente se le ordenó:
1. Allegue poder debidamente conferido, indicando el medio de control a llevar mediante el presente
proceso y dirigido a este Estrado Judicial.
2. Presente el Escrito de demanda dirigido a este Juzgado.
3. Presente la demanda dentro de alguno de los medios de control consagrados en el CPACA.
4. Presente sus pretensiones con precisión y claridad, indicando la medida de restablecimiento del
derecho que corresponda, así como su quantum.
5. Indique que actos administrativos demandados y allegue copia de los mismos.
6. Presente los cargos correspondientes en contra de los actos administrativos demandados.
7. Allegue las constancias de notificación de los actos administrativos demandados.
8. En atención al numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por la Ley 2080 de
2021, acredite el envío simultaneo de la demanda y sus anexos a la entidad demandada.
9. Aclare en los hechos si interpuso el recurso de apelación obligatorio para acudir ante la jurisdicción.
En caso afirmativo allegue copia del acto administrativo que resolvió la segunda instancia, su
constancia de notificación y reformule las pretensiones.
10.En caso de presentar solicitud de condena dineraria contra la administración, presente el juramento
estimatorio.
11.Indique correo electrónico de notificaciones del demandante.
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Radicación número: 110010315000202400585 00
Accionante: Gilbardo Antonio Torres Castellanos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Por medio de proveído de 23 de febrero de 2023, el Juzgado Segundo
Administrativo de Zipaquirá no repuso el auto del 27 de octubre de 2022 y
concedió el recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, el que, mediante providencia del 6 de junio de
2023, confirmó la decisión de rechazar la demanda.
3. Fundamentos de la demanda
En primer lugar, el accionante señaló que se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Puntualmente,
respecto del requisito de la inmediatez, dijo que este se encuentra satisfecho
porque la última actuación “se efectuó por el Juzgado 2 Administrativo de
Zipaquirá mediante providencia en que señaló ‘Obedézcase y cúmplase lo
resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, en providencia del 6 de junio de 2022, que rechazó la demanda por
caducidad’, proferido el día 24 de agosto de 2023, cerrando todas las alternativas
en la vía ordinaria en las dos jurisdicciones, y dejando como fecha final para la
presente acción el 24 de febrero de 2024”.
De otra parte, expuso que el tribunal accionado incurrió en una irregularidad,
porque se fundamentó en una providencia de la Corte Constitucional del 11 de
agosto de 2021 -sin radicado- que no era aplicable al caso, toda vez que en ella
“se evaluaba si unos contratos administrativos de prestación de servicios
constituían vínculo o relación laboral de hecho, y no si existiendo una vinculación
ya, aquella es de un empleado público o de un trabajador oficial como en el caso
de mi mandante”.
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Radicación número: 110010315000202400585 00
Accionante: Gilbardo Antonio Torres Castellanos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Dijo que las autoridades judiciales accionadas pasaron por alto que, en casos
similares, la jurisdicción ordinaria ha reconocido su competencia para determinar
si una persona estuvo vinculada como trabajador oficial o empleado público,
independientemente de si se accede o no a las pretensiones.
Insistió en que (trascripción literal con posibles errores incluidos):
… si la falsa clasificación del cargo de un trabajador oficial como empleado público, es
un asunto que se ha tramitado preponderantemente en la jurisdicción ordinaria laboral
y es escasa o casi inexistente en la contencioso administrativa, partiendo en cada
caso de que los hechos y pretensiones así lo ameritan invocando la perspectiva de la
realidad sobre la formalidad laboral el demandante, es en la sentencia a proferir en la
jurisdicción escogida por el actor, que se debe definir si le asiste o no el derecho, y no
con el errado criterio formalista con el cual se excluyó el conocimiento en la
jurisdicción laboral.
En ese sentido, refirió el tutelante que se configuró un defecto orgánico, en la
medida en que el Juzgado Civil de Circuito de Ubaté declaró carecer de
competencia, mientras que el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, pese a
que carecían de competencia, decidieron asumirla y rechazaron la demanda.
Agregó que la anterior situación también conllevó a que se incurriera en un defecto
procedimental absoluto y en un defecto sustantivo por desconocimiento de las
normas de competencia.
Finalmente, expuso que se configuró un defecto fáctico, dado que “las decisiones
sobre la competencia adoptadas sin análisis de prueba alguna son una
extralimitación que excluye de facto el trámite previo…”.
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Radicación número: 110010315000202400585 00
Accionante: Gilbardo Antonio Torres Castellanos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante providencia de 13 de febrero de 2024, se admitió la demanda de
tutela; se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas. Así mismo, se
dispuso la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá informó que las actuaciones
que realizó en el proceso fundamento de la presente actuación fueron las
siguientes:
● El 25 de abril de 2022 inadmitió la demanda.
● El 28 de julio de 2022 resolvió recurso de reposición en contra de la admisión.
● El 27 de octubre de 2022 rechazó la demanda por caducidad.
● El 23 de febrero de 2023 dispuso no reponer la anterior decisión y se concedió
la apelación.
● El 24 de agosto de 2023 ordenó obedecer y cumplir la decisión del superior.
● El proceso se archivó el 25 de agosto de 2023.
En ese contexto, solicitó que se declare la improcedencia del amparo reclamado,
dado que se cuestiona una decisión “que se encuentra ejecutoriada, tiene cosa
juzgada y que no tiene ningún elemento que permita tutelarla, entre ellos el
requisito de inmediatez y la falta de relevancia constitucional”.
Dijo que de considerarse que debe realizar un estudio de fondo, se deben negar
las pretensiones al no haberse vulnerado los derechos fundamentales del
tutelante.
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Radicación número: 110010315000202400585 00
Accionante: Gilbardo Antonio Torres Castellanos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
4.3. El Juzgado Civil del Circuito de Ubaté adujo que no vulneró los derechos
fundamentales del tutelante y que en la providencia cuestionada se expusieron, de
manera clara y precisa, las razones por las que se consideró que no tenía
competencia para conocer del asunto, fundamentos que, a su vez, fueron
compartidos por el juez de lo contencioso administrativo, porque de no haber sido
así, hubiese tenido lugar un conflicto de “competencia”.
4.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
guardó silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de
procedibilidad de inmediatez.
La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la
que se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela3.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que para efectos de establecer si la acción de tutela contra
providencia judicial se ejerció oportunamente, es decir, que se cumple con el
requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro de
3
Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Radicación número: 110010315000202400585 00
Accionante: Gilbardo Antonio Torres Castellanos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada,
según sea el caso4.
Por otra parte, esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6
meses se debe contabilizar desde la notificación de la providencia que se
cuestiona, por cuanto es a partir de que se conoce la decisión que se puede
advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de
uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra
providencia judicial.
En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses
desde la ejecutoria de la decisión en los casos se hubiese realizado un trámite
adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de
corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por
cuanto los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes
podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por
tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento5.
En el presente asunto, el señor Gilbardo Antonio Torres Castellanos pretende que
se deje sin efectos la decisión adoptada por el Juzgado Civil de Circuito de Ubaté,
mediante la cual declaró su falta de competencia para conocer de la demanda
ordinaria y “las decisiones adoptadas por el Juzgado Segundo Administrativo de
Zipaquirá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, mediante la cual declaró ser competente para conocer de la
demanda de mi prohijado y rechazar la demanda”; como consecuencia, se le
ordene al Juzgado Civil del Circuito de Ubaté que dicte una nueva decisión en la
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
5
En sentencia de 11 de abril de 2019, radicado número: 110010315000201803905-01.
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Radicación número: 110010315000202400585 00
Accionante: Gilbardo Antonio Torres Castellanos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
que tenga en cuenta “las sentencias aquí esgrimidas como precedente judicial
invocado como desconocido y se prosiga con el trámite judicial dentro del proceso
ordinario laboral”.
La Sala estima que el plazo de 6 meses –considerado como razonable para
presentar la demanda de tutela– empezó a correr a partir de la fecha en que se
notificó la providencia del 6 de junio de 2023, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, confirmó el
auto del 27 de octubre de 2022 -que rechazó la demanda-.
Lo anterior, bajo el entendido de que esa decisión fue el último pronunciamiento en
el que se ratificó la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo para conocer de la demanda laboral promovida contra el municipio
de Simijaca y, a su vez, la rechazó al haber operado el fenómeno de la caducidad
-lo que a juicio del tutelante constituye la vulneración de los derechos
fundamentales que plantea en sede de tutela-, bajo los siguientes argumentos
(trascripción literal):
En el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar si confirma o
revoca la decisión de primera instancia, a través de la cual se rechazó por
caducidad la demanda presentada por el señor GILBARDO ANTONIO
TORRES CASTELLANOS, al considerar que el acto administrativo definitivo
que debía demandarse era el acto de desvinculación del servicio que prestaba
en el Municipio de Simijaca y verificar que frente a este había operado la
caducidad.
Es claro para la Sala que el demandante no manifestó inconformidad alguna
sobre la forma como se contabilizó la caducidad por parte del A quo, sino que
insiste en que no le son exigibles los requisitos contemplados en el CPACA,
entre ellos el de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, teniendo en cuenta que la demanda que interpuso tiene la
naturaleza de una demanda ordinaria laboral.
En el proceso obran los siguientes documentos:
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Radicación número: 110010315000202400585 00
Accionante: Gilbardo Antonio Torres Castellanos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
• Decreto 075 del 28 de diciembre de 2005 “POR MEDIO DEL CUAL SE
ADECÚA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, en
la que se observa que la planta de personal del municipio fue modificada
conforme lo ordenó el Acuerdo No. 18 del 22 de noviembre de 2005 y se creó
el cargo de Celador, código 477, grado 12.
• Acta de posesión del señor GILBARDO ANTONIO TORRES CASTELLANOS
en la que consta que ejerció sus labores como Celador, código 477, grado 12
del Municipio de Simijaca, desde el 2 de enero de 2006.
• Acuerdo No. CNSC – 2018221000556 del 12 de enero de 2018, por medio
del cual se establecieron las reglas para proveer los empleos pertenecientes
al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del
Municipio de Simijaca, entre los cuales se encuentra el cargo de Celador.
• Constancia de trabajo expedida por la Alcaldía de Simijaca en la que consta
que, para el 4 de abril de 2018 (fecha de elaboración del documento), el
demandante venía laborando en forma ininterrumpida como Celador código
477, grado 12 de dicho municipio.
• A través de la Resolución No. CNSC – 20192210012288 del 2 de mayo de
2019 la Comisión Nacional del Servicio Civil conformó la lista de elegibles del
cargo de Celador código 477, grado 12, del Municipio de Simijaca.
• Resolución No. 119 del 10 de junio de 2019, por medio de la cual se efectúa
un nombramiento en periodo de prueba del señor WILSON DARÍO RUBIANO
BALLESTEROS en el cargo del Celador, código 477, grado 12, quien hacía
parte de la lista de elegibles a la que se hizo alusión en el ítem anterior. Así
mismo, terminó el nombramiento del señor GILBARDO ANTONIO TORRES
CASTELLANOS, quien venía ocupando el referido cargo en provisionalidad.
De conformidad con los documentos mencionados, la Sala no advierte la falta
de competencia de esta jurisdicción para conocer de la demanda promovida
por el señor GILBARDO ANTONIO TORRES CASTELLANOS contra el
Municipio de Simijaca, comoquiera que el demandante tuvo una vinculación
legal y reglamentaria con dicho municipio desde el momento en que tomó
posesión del cargo de Celador código 477, grado 12 (2 de enero de 2006),
razón por la cual le resultan aplicables las normas contenidas en el CPACA.
Lo anterior también fue advertido por la jurisdicción ordinaria en el momento
en el que decidió remitir por competencia el presente asunto para
conocimiento de esta jurisdicción y, tal como quedó claro en el curso del
proceso, contra esa decisión no procedía recurso alguno.
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Radicación número: 110010315000202400585 00
Accionante: Gilbardo Antonio Torres Castellanos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Aunque el demandante pretende que no se asuma el conocimiento de la
presente demanda y, en su lugar, se proponga la falta de competencia para
que sea la H. Corte Constitucional la que asigne el proceso a una de las
jurisdicciones, lo cierto es que esto ocurre cuando las dos jurisdicciones
afirman no tener competencia, es allí donde se genera el conflicto. Sin
embargo, en esta ocasión, para la Sala resulta claro que existe una relación
legal y reglamentaria que rige las situaciones que se susciten entre el señor
TORRES CASTELLANOS y el Municipio de Simijaca, razón por la cual no hay
lugar a proponer conflicto alguno.
Lo anterior, sumado a que fue precisamente la H. Corte Constitucional la que
estableció como regla de competencia que le corresponde a esta jurisdicción
asumir los procesos en los que se busque desnaturalizar el tipo de
vinculación, explícitamente para el caso de los celadores, comoquiera que sus
funciones no están relacionadas con la construcción y sostenimiento de obras
públicas.
En ese sentido, esto es, que el conocimiento de la demanda es de esta
jurisdicción, debe establecerse cuál es el acto administrativo definitivo
susceptible de ser demandado.
Para el efecto, vale la pena resaltar que, de acuerdo con los argumentos
expuestos en la demanda, la razón por la cual el demandante pretende que se
declare que no fue servidor público sino trabajador oficial, es porque como
consecuencia de esa declaración pretende que se declare que su cargo no
podía ser sometido al concurso de méritos convocado a través del Acuerdo
No. CNSC – 2018221000556 del 12 de enero de 2018, de tal suerte que no
fuera posible su desvinculación.
Así las cosas, se tiene que la inconformidad del demandante radica en su
retiro del servicio del Municipio de Simijaca, porque considera que no era
viable en la medida de que no cumplía funciones de empleado público sino de
trabajador oficial, razón por la cual su cargo no podía ser provisto mediante
concurso de méritos.
La Sala observa que el demandante laboró desde el año 2006 en el municipio
demandado y no había presentado inconformidad alguna con la forma como
fue vinculado, ni con las labores que ejercía, de ahí que todas las peticiones
que ha presentado y que obran en el proceso tienen fecha posterior a la
elaboración de la lista de elegibles. En consecuencia, la Resolución No. 119
del 10 de junio de 2019, por medio de la cual se terminó su nombramiento en
provisionalidad, constituye el acto administrativo susceptible de ser
remandado, comoquiera que cumple los requisitos que establece la
jurisprudencia, en el entendido de que fue el que modificó su situación jurídica
particular y le creó efectos jurídicos.
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Radicación número: 110010315000202400585 00
Accionante: Gilbardo Antonio Torres Castellanos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Lo anterior, sin perjuicio de que hubiera podido demandar el Acuerdo No.
CNSC – 2018221000556 del 12 de enero de 2018, por medio del cual se
cargo fue sometido a concurso de méritos, atendiendo a que pretendía que se
declarara que su cargo no era de empleado público sino de trabajador oficial.
Por lo anterior, se confirma la decisión de primera instancia que rechazó la
demanda por caducidad, al no haberse demandado la Resolución No. 119
del10 de junio de 2019 dentro de los 4 meses siguientes a la fecha en que fue
desvinculado, comoquiera que la demanda fue radicada el 8 de julio de 2020.
Lo anterior no se traduce en denegación de justicia, comoquiera que el
demandante tenía la posibilidad de demandar el acto administrativo que lo
desvinculó, siempre y cuando hubiera hecho uso de los medios de control en
el término establecido por la Ley.
Así las cosas, dado que la notificación del auto del 6 de junio de 2023 se surtió por
estado del 22 del mismo mes y año, es evidente que la acción de tutela de la
referencia no se interpuso dentro de un término razonable, toda vez que se
presentó el 8 de febrero de 2024.
Conviene precisar que en la demanda de tutela se afirmó que el término de
inmediatez debía contabilizarse desde el 24 de agosto de 2023 –fecha en la que
se dictó el auto de obedézcase y cúmplase a lo resuelto por el tribunal accionado
en la providencia del 6 de junio de 2023–, por ser la última actuación del proceso
ordinario.
Para la Subsección, este argumento no es de recibo, pues, como ya lo ha
sostenido esta Sala, “… desde el mismo momento en que se conocieron las
motivaciones de la providencia cuestionada, se podía advertir la configuración de
los supuestos defectos que ahora se le atribuyen a la autoridad judicial accionada
y, en ese sentido, no era necesario que se dictara un auto de trámite6, sino que, tal
6
Original de la cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 20 de
febrero de 2020, radicado número: 110010315000201904205 01.
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Radicación número: 110010315000202400585 00
Accionante: Gilbardo Antonio Torres Castellanos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
como lo ha establecido el Consejo de Estado ‘lo propio era que presentaran la
acción de tutela tan pronto tuvo conocimiento de esa providencia’ ”7.
De conformidad con lo anterior, la Subsección declarará improcedente la petición
de amparo, por el incumplimiento del requisito de la inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
7
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de septiembre de 2020, radicado número:
110010315000202003496 00, criterio acogido y reiterado por esta Subsección, en sentencia de 5
de febrero de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-07477-00, entre muchas otras decisiones de la
Sala.
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Radicación número: 110010315000202400585 00
Accionante: Gilbardo Antonio Torres Castellanos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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