Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00584-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00584-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00584-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
4 de abril de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-00584-00
Demandante: LUIS ALBEIRO GOYENECHE LEMUS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA.
BONIFICACIÓN JUDICIAL. CREACIÓN DE SALA
TRANSITORIA EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
META. MORA JUDICIAL. LA ACCIÓN DE TUTELA ES
IMPROCEDENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD.
Síntesis del caso: el demandante consideró vulnerados sus derechos fundamentales como
consecuencia de la desigualdad en la creación de Salas Transitorias en el Tribunal Administrativo
del Meta con relación a los demás distritos judiciales del país, lo cual ha generado un retardo
injustificado en el trámite de los procesos relacionados con las reclamaciones laborales de los
empleados de la Rama Judicial, por lo cual, a su juicio, es procedente que se ordene a las
demandadas tomar las medidas pertinentes para crear una Sala Transitoria en dicha Corporación.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentada por el señor Luis
Albeiro Goyeneche Lemus en contra del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente
de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para la protección de sus derechos fundamentales de igualdad, debido proceso y
acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 13, 29 y 229 de la Carta
Política.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción1 la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1 Demanda que se presentó el 8 de febrero de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00584-00
Demandante: Luis Albeiro Goyeneche Lemus
Acción de tutela
1) El 23 de marzo de 2018, el señor Luis Albeiro Goyeneche Lemus presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación-Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración judicial, con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se le negó su
derecho a percibir la bonificación judicial como remuneración mensual con carácter
salarial2.
2) El proceso fue asignado al Juzgado Transitorio Administrativo del Circuito Judicial de
Villavicencio, quien el 18 de mayo de 2021 profirió sentencia favorable a las pretensiones
del demandante3, decisión contra la cual la autoridad demandada interpuso recurso de
apelación.
3) El 8 de junio de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Villavicencio concedió la apelación ante el Tribunal Administrativo del Meta.
4) El 15 de junio de 2021, los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta
manifestaron su impedimento para conocer el asunto, el cual se declaró fundado el 18 de
octubre de 2022.
5) El 30 de enero de 2023 se llevó a cabo el sorteo de conjueces y el 14 de febrero del
mismo año se comunicó la designación como conjuez ponente a la señora Sandra Patricia
Montejo Gómez.
6) El 16 de febrero de 2024, la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Meta
admitió el recurso de apelación.
2. El fundamento de la vulneración
El demandante señaló que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos
constitucionales fundamentales como consecuencia de la desigualdad en la creación de
Salas Transitorias en el Tribunal Administrativo del Meta con relación con los demás
distritos judiciales del país, lo cual ha generado un retardo injustificado en el trámite de los
procesos relacionados con las reclamaciones laborales de los empleados de la Rama
2 Proceso con radicación 50001-33-33-001-2018-00089-00.
3 En virtud de la terminación de la medida transitoria, el proceso se remitió al Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Villavicencio quien notificó la sentencia el 19 de mayo de 2021.
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Demandante: Luis Albeiro Goyeneche Lemus
Acción de tutela
Judicial, por lo cual, a su juicio, es procedente que se tomen las medidas pertinentes para
crear una Sala Transitoria en dicha Corporación.
Se discriminó a la población judicial que por jurisdicción depende del Tribunal
Administrativo del Meta (Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés y Guainía), pues solo se creó
una Sala Transitoria para Bogotá, Cali y Medellín.
Lo anterior trajo como consecuencia la demora en el trámite de su proceso ordinario por
cuanto, a pesar de que desde hace más de 2 años se concedió el recurso de apelación
interpuesto por la demandada, a la fecha no se ha proferido una decisión de fondo, lo cual
ha obedecido en gran parte a la inexistencia de una Sala Transitoria en el Tribunal
Administrativo del Meta.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se accediera a las
siguientes súplicas:
“PRIMERO: Que se Tutelen mis derechos fundamentales vulnerados de acceso
real a la administración de justicia, debido proceso, igualdad, y demás que su
señoría encuentre transgredidos.
SEGUNDO: Que se ordene al señor Presidente de la Republica (sic) de Colombia
• Gustavo Petro Urrego, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Consejo
Superior de la Judicatura que disponga cada uno de lo de su competencia para
que cese la vulneración de mis derechos y se me garantice el acceso real de
administración de justicia, disponiendo como mínimo lo siguiente:
1. Que se cree la sala Transitoria en el Tribunal Administrativo del Meta que
conozca de los procesos de segunda instancia de las demandas por el
reconocimiento del factor salarial de bonificación judicial dentro de la competencia
territorial de dicho tribunal.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI, mayúsculas y negrillas del original).
4. Actuación procesal
Mediante auto del 14 de febrero de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar
al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al presidente de la República y a los
ministros de Justicia y del Derecho y de Hacienda y Crédito Público, así como, al titular del
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio, a los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo del Meta y al Procurador General de la Nación, con
el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Con ocasión de la respuesta brindada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
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Demandante: Luis Albeiro Goyeneche Lemus
Acción de tutela
Judicial de Villavicencio, el 7 de marzo de 2024, se vinculó a la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo del Meta y a la Secretaría del mismo tribunal.
5. Coadyuvancia a la acción de tutela
El representante legal de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama
Judicial -ASONAL JUDICIAL- presentó escrito de coadyuvancia en el que se solicitó que
se accediera a las pretensiones del demandante.
Para el tercero interesado los servidores judiciales han sufrido un trato discriminatorio por
parte del Consejo Superior de la Judicatura, pues los únicos procesos que no atienden con
eficacia son aquellos en los que este actúa como demandado en calidad de empleador.
Es evidente que los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral,
en los cuales el demandado es el Consejo Superior de la Judicatura, no gozan del mismo
trámite que aquellos contra otras autoridades.
Agregó que el Consejo Superior de la Judicatura, en su doble condición de empleador
demandado y administrador del servicio de administración de justicia en Colombia, está
coartando el verdadero acceso a la administración de justicia, por no disponer de los
juzgados y despachos de tribunal necesarios para que se tramiten sus procesos en igual
de condiciones que el resto de los ciudadanos.
6. Actuación de las autoridades demandadas
El Consejo Superior de la Judicatura puso de presente que, durante la vigencia 2024,
expidió el Acuerdo PCSJA24-12140 de 2024, con el cual se adoptaron unas medidas
transitorias en tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional y se crearon, a partir
del 5 de febrero y hasta el 13 de diciembre de 2024, tres (3) Salas Transitorias en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, una en la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, una en el Tribunal Administrativo de Antioquia y una en
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
De igual manera, advirtió que en el numeral 16 del artículo 3 del citado acuerdo se creó el
Juzgado 404 Transitorio Administrativo de Villavicencio, para que continuara conociendo
de los procesos en trámite generados en las reclamaciones salariales y prestacionales
contra la Rama Judicial y entidades con régimen similar.
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Demandante: Luis Albeiro Goyeneche Lemus
Acción de tutela
Así mismo, explicó que en el numeral 3 del parágrafo tercero del artículo primero se dispuso
que la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca conocería en primera
y segunda instancia de los procesos en trámite, según el sistema procesal aplicable,
originados en las reclamaciones salariales y prestacionales promovidas por servidores
judiciales y otros servidores públicos con régimen similar, provenientes de los distritos
judiciales administrativos de Caldas, Caquetá, Cauca, Huila, La Guajira, Meta, Nariño,
Risaralda y Valle del Cauca, los cuales se deberían resolver, por distrito administrativo, en
estricto orden de inventario, a partir de aquel que tuviera el menor número de procesos.
Por otra parte, afirmó que la acción de tutela era improcedente para disponer la creación
de despachos judiciales y cargos en la Rama Judicial, tal como lo había dispuesto la Corte
Suprema de Justicia en “la sentencia de 24 de noviembre de 2011, radicación 02065- 01;
reiterada en CSJ STC, 31 oct. 2013, rad. 2013- 00400-01; CSJ STC14603- 2014, 24 oct.
2014, rad. 2014-00541-01; CSJ STC6609- 2017, 12 May. 2017, rad. 2017- 00206-01.”.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que no tiene injerencia alguna en el
proceso judicial, pues no es parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y tampoco puede intervenir en las decisiones que en virtud de sus competencias
adopten los despachos judiciales, por lo cual solicitó su desvinculación.
El Ministerio de Justicia y del Derecho señaló que se configuraba la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto los hechos y pretensiones de la parte
demandante no guardan relación alguna con las funciones y competencias
constitucionales, legales y reglamentarias asignadas a esa cartera.
El presidente de la República solicitó su desvinculación de la acción de tutela, en atención
a que, como jefe del poder ejecutivo, tiene la responsabilidad de administrar y ejecutar las
leyes y políticas públicas, pero no tiene la autoridad para interferir en el funcionamiento de
la Rama Judicial.
El titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio manifestó
que desde el 30 de abril de 2018 ese despacho judicial no tiene relación alguna con el
proceso, en virtud de que el asunto fue remitido a un juzgado transitorio para su
conocimiento.
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Acción de tutela
El Tribunal Administrativo del Meta guardó silencio en esta oportunidad a pesar de haberse
notificado en debida forma.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) sobre la solicitud de
coadyuvancia y 3) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o revivir términos precluidos o acciones
caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
Sobre la solicitud de coadyuvancia
En los precisos términos de la jurisprudencia constitucional el coadyuvante: “es un tercero
que tiene con una de las partes una relación sustancial que, indirectamente, puede verse
afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable”. En este orden de
ideas, la misma jurisprudencia ha indicado que:
“[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le
son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia
de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda
instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias.”
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En consecuencia, es claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela
como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que comparte
las reclamaciones y argumentos expuestos, bien sea por el demandante o por la parte
accionada, sin que ello suponga que este pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las elevadas por aquellos, pues en esa eventualidad
se estaría realmente ante una nueva tutela, lo cual desvirtuaría la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia.
Así las cosas, en el presente asunto se dispondrá la aceptación de la solicitud de
coadyuvancia presentada por la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la
Rama Judicial -ASONAL JUDICIAL- frente al escrito de tutela, como tercero con interés en
el resultado del proceso.
Sin embargo, tal como lo indicó la Corte en aquella oportunidad, bajo esa calidad se
entenderá que su participación en el trámite de esta tutela se limitará a apoyar y compartir
las reclamaciones de la parte actora, razón por la cual, el pronunciamiento que se emita
por parte de esta Sala se atendrá a los presupuestos fácticos contenidos en la demanda
de tutela y no respecto de aquellos que difieran o no hagan parte de esta.
El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Consejo Superior de la Judicatura, al presidente de la República, al Ministerio de Justicia
y del Derecho y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de que se protejan
los derechos constitucionales fundamentales de igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia presuntamente vulnerados como consecuencia de la desigualdad
en la creación de Salas Transitorias en el Tribunal Administrativo del Meta con relación a
los demás distritos judiciales del país, lo cual ha generado un retardo injustificado en el
trámite de los procesos relacionados con las reclamaciones laborales de los empleados de
la Rama Judicial.
En sus informes el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Justicia y del
Derecho y el presidente de la República solicitaron que se les desvinculara de la acción de
tutela, por cuanto no vulneraron los derechos fundamentales del demandante, en
consideración a que las pretensiones de la demanda no guardan relación alguna con las
funciones y competencias constitucionales, legales y reglamentarias asignadas.
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Acción de tutela
Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a las solicitudes de
desvinculación en consideración a que dichas autoridades son representantes de la Rama
Judicial para los efectos que aquí se discuten, por lo que les asiste interés en las resultas
del proceso.
En esa medida se negarán las solicitudes de desvinculación que presentaron esas
autoridades y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, frente a la
pretensión relacionada con la creación de una Sala Transitoria en el Tribunal Administrativo
del Meta, y amparará los derechos invocados, respecto de la mora judicial en el trámite del
recurso de apelación, por las razones que procederán a exponerse:
2.1 Sobre la creación de una Sala Transitoria en el Tribunal Administrativo del Meta
2.1.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del texto
del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas hagan
uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la situación
que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja el uso
indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o
instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para
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Acción de tutela
proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y residual
de este mecanismo constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican su
procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,
(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.
En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo para evitar
la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un amparo transitorio
para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
2.2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto
1) El demandante sostuvo que la desigualdad en la creación de Salas Transitorias en el
Tribunal Administrativo del Meta con relación a los demás distritos judiciales del país ha
generado un retardo injustificado en el trámite de los procesos relacionados con las
reclamaciones laborales de los empleados de la Rama Judicial, por lo cual, a su juicio, es
procedente que se tomen las medidas pertinentes para crear una Sala Transitoria en dicha
Corporación.
2) Ahora bien, revisada la solicitud de tutela objeto de examen la Sala advierte que la
misma es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991, en razón a que si el demandante estaba inconforme con el Acuerdo
PCSJA24-12140 de 2024, a través del cual el Consejo Superior de la Judicatura creó una
Sala Transitoria en la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, una
Sala Transitoria en el Tribunal Administrativo de Antioquia y una Sala Transitoria en el
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Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, debió atacar ese acto administrativo general
en sede de nulidad, con el fin de que se incluyera una Sala Transitoria en el Tribunal
Administrativo del Meta que atendiera de manera inmediata las demandas presentadas
para obtener el reconocimiento del factor salarial de bonificación judicial.
3) Sin embargo, como la parte demandante no agotó todos los medios de defensa judicial
que tenía a su alcance y tampoco demostró la existencia de un perjuicio irremediable que
imponga la imperiosa necesidad de que el juez constitucional intervenga y adopte medidas
urgentes, improrrogables y suficientes en aras de evitar su inminente materialización o
mitigarlo, la acción de tutela se torna improcedente.
4) Aunado a lo anterior, la Sala estima que la creación de las plantas de personal está
mediada o presidida por decisiones administrativas complejas que requieren un estudio
presupuestal y de planeación detallado, el cual no puede ser ordenado por el juez
constitucional en el marco de un proceso de tutela, pues ello no solo no involucra la
presunta vulneración de garantías ius fundamentales, razón suficiente para declarar
improcedente el amparo, sino que también afectaría la libre configuración de la política
pública y la autonomía del Consejo Superior de la Judicatura en su diseño, teniendo en
cuenta que según los artículos 254, 255 y 256 de la Constitución Política le corresponde a
dicha corporación la gestión de la Rama Judicial con el fin de afianzar la autonomía
administrativa de la función pública de impartir justicia, para lo cual se le atribuyó funciones
de división del territorio para efectos judiciales, redistribución de los despachos, la
competencia para la creación, supresión y fusión de cargos, así como la potestad
reglamentaria concerniente a los trámites judiciales no previstos por el legislador y la
iniciativa legislativa relativa a la administración de justicia, entre otros.
5) Así pues, si bien el demandante alegó la vulneración del derecho de igualdad en
relación con la inexistencia de una Sala Transitoria en el distrito judicial del Meta que
conozca, en segunda instancia, de las demandas presentadas para obtener el
reconocimiento del factor salarial de bonificación judicial, para la Sala resulta claro que a
través de la acción de tutela no puede disponerse la creación de despachos judiciales o
cargos en el Tribunal Administrativo del Meta, pues ello supondría una invasión de las
competencias administrativas y generaría un gasto no planeado en el respectivo
presupuesto de la Rama Judicial.
6) En ese orden, la pretensión de creación de una Sala Transitoria en el Tribunal
Administrativo del Meta será declarada improcedente porque el demandante no presentó
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la demanda de nulidad que constituía el medio de defensa idóneo y eficaz para controvertir
el acto general a través del cual se crearon las otras salas transitorias en los distritos
judiciales del Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca.
7) En el mismo sentido, se tiene que esta Subsección, en sentencia del 6 de junio de
2019, radicación 11001-03-15-000-2018-04628-01(AC) y la Sección Primera de esta
Corporación, en sentencia de 18 de marzo de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-
00765-00(AC), se han pronunciado al respecto y declararon improcedente la acción de
tutela en unos casos con similares contornos fácticos al de la referencia, por cuanto
consideraron que la creación de nuevos cargos era una función administrativa del resorte
exclusivo del Consejo Superior de la Judicatura, que escapaba de la órbita competencial
del juez constitucional.
8) En gracia de discusión, aunque se tuviera por superado ese requisito de procedibilidad
lo cierto es que el amparo estaría condenado al fracaso por ausencia de hecho vulnerador,
puesto que la parte actora no demostró haber elevado solicitud o petición en ese sentido
ante la autoridad accionada ni esta tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ello en sede
administrativa, previamente a la interposición de la acción de tutela, razón que conllevaría
a negar las súplicas de la demanda.
2.2 Sobre la presunta mora judicial
1) El demandante indicó que, a pesar de que desde hace más de 2 años se concedió el
recurso de apelación que presentó la demandada en contra de la sentencia de primera
instancia, a la fecha el Tribunal Administrativo del Meta no ha proferido una decisión de
fondo en el asunto.
2) Ahora bien, a afectos de verificar la presunta mora judicial, la Sala hizo una revisión de
los medios de prueba aportados al expediente y del proceso de nulidad y restablecimiento
con radicación 50001-33-33-001-2018-00089-00/01 en el Sistema de Gestión Judicial
(SAMAI), a partir de la cual constató las siguientes actuaciones que se surtieron con
posterioridad a la presentación del recurso de apelación:
• El 8 de junio de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Villavicencio concedió la apelación ante el Tribunal Administrativo del Meta.
• El proceso fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta el 22 de junio de 2021.
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• El 15 de junio de 2021, los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta
manifestaron su impedimento para conocer el asunto.
• El 18 de octubre de 2022 se declaró fundado el impedimento.
• El 30 de enero de 2023 se llevó a cabo el sorteo de conjueces.
• El 14 de febrero de 2023 se comunicó la designación de conjuez ponente a la señora
Sandra Patricia Montejo Gómez
• El 16 de febrero de 2024, la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Meta
admitió el recurso de apelación.
3) En esa medida, la Sala concluye que, si bien es claro que se han presentado
inconvenientes administrativos para asignar los asuntos relacionados con el
reconocimiento del factor salarial de bonificación judicial, el tiempo desde que se declaró
el impedimento por parte de los magistrados del tribunal y se llevó a cabo el sorteo de
conjueces no es razonable y no se encuentra justificado, por lo cual se ampararán los
derechos fundamentales invocados por el demandante.
4) Así las cosas, como el tribunal no rindió informe y no hay pruebas adicionales a partir
de las cuales se pueda tener por justificado dicho retardo, la Sala no tiene otra salida que
aplicar la presunción de veracidad contenida en el artículo del Decreto-Ley 2591 de 1991
y tener como ciertos los hechos de la demanda, pues no se justificaron las razones del
retardo.
5) En consideración a lo antes expuesto, se accederá al amparo deprecado por cuanto, a
la fecha, no se advierte que se haya impartido el trámite correspondiente al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y ni siquiera se justificaron los motivos por los
cuales no se ha resuelto el recurso de apelación.
6) Por lo anterior, se ordenará a la Sala de Conjueces de dicha autoridad judicial
demandada para que profiera la sentencia y notifique dicha decisión a la parte interesada.
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7) De igual manera, se exhortará a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta para
que en lo sucesivo imparta con mayor celeridad el trámite correspondiente a los sorteos
de conjueces a fin de no vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
8) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, frente a la pretensión relacionada con la
creación de una Sala Transitoria en el Tribunal Administrativo del Meta, y amparará los
derechos invocados, respecto de la mora judicial en el trámite del recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
1°) Declárase improcedente el amparo invocado por el demandante por el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, frente a la pretensión relacionada con la creación de una
Sala Transitoria en el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia
2º) Concédese el amparo de los derechos constitucionales fundamentales invocados por
el demandante, respecto de la mora judicial en el trámite del recurso de apelación, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3º) Ordénase a la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Meta que en el término
de diez (10) días contados a partir de la notificación de este fallo, profiera la sentencia en
el proceso de nulidad y restablecimiento con radicación no. 50001-33-33-001-2018-00089-
01 y adelante las gestiones necesarias para notificar a la parte actora de dicha decisión.
4º) Exhórtase a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta para que, en lo sucesivo,
imparta con mayor celeridad el trámite correspondiente a los sorteos de conjueces a fin de
no vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
5º) Acéptase la solicitud de coadyuvancia presentada por la Asociación Nacional de
Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial -ASONAL JUDICIAL-, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00584-00
Demandante: Luis Albeiro Goyeneche Lemus
Acción de tutela
6º) Niégase las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el presidente de la República, por
las razones expuestas en la presente providencia.
7º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
8º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una
vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Salva voto parcial
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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