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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00587-01

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00587-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00587-01 Actor: CÉSAR ARBEY GUERRERO BURBANO DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00587-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

13 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00587-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: CÉSAR ARBEY GUERRERO BURBANO

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ
LAS PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR
PRETENDE DEBATIR UNA DIVERGENCIA QUE RECAE SOBRE UN
ASUNTO QUE YA FUE OBJETO DE ANÁLISIS DE FORMA RAZONABLE
EN SEDE ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor

contra la sentencia de 15 de abril de 2024, mediante la cual la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 denegó la solicitud de amparo.

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00587-01
Actor: CÉSAR ARBEY GUERRERO BURBANO

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor CÉSAR ARBEY GUERRERO BURBANO, actuando a través

de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso

a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE

ESTADO2 al proferir la sentencia de 13 de julio de 2023, dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 76001-23-33-000-

2018-01305-01.

I.2.- Hechos

Señaló que es ingeniero químico, tecnólogo en aseguramiento

metrológico industrial y especialista en gestión de laboratorios de

ensayo, calibración y otros cursos de interés forense por

cromatografía.

2
En adelante la Sección Segunda.

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Actor: CÉSAR ARBEY GUERRERO BURBANO

Aseguró que el 12 de diciembre de 2011 ingresó a laborar al servicio

de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en el cargo de

investigador criminalístico grado I en provisionalidad, de la Dirección

Seccional del CTI de Cali, con funciones de nivel técnico.

Agregó que desde el 7 de febrero de 2012 fue adscrito al Grupo de

Química de la Sección Criminalística del CTI de Cali, desarrollando

funciones y responsabilidades especificas en el área de química y

realizando actividades de índole profesional, pues desempeñó roles

de perito y facilitador de calidad en el laboratorio.

Manifestó que por disposición del Decreto Ley núm.017 de 20143 fue

reclasificado en el cargo de técnico investigador grado II, sin

embargo, indicó que los requisitos para el desempeño de dicho cargo

establecen menos tiempo de experiencia profesional que para

desempeñar el de investigador criminalístico grado I.

Recalcó que al ejercer funciones de índole profesional como perito en

química y facilitador en calidad y, al cumplir los requisitos de estudio

y experiencia propias del cargo de profesional investigador grado II,

3
“Por el cual se definen tos niveles jerárquicos, se modifica la nomenclatura, se establecen las
equivalencias y los requisitos generales para los empleos de la Fiscalía General de la Nación”.

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le asistía el derecho de percibir la remuneración definida para dicho

cargo.

Manifestó que el 17 de octubre de 2017 presentó ante la FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN reclamación administrativa con el fin de

solicitar el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y

prestacional entre el cargo de profesional investigador II y el de

técnico investigador II, petición que no fue atendida por la entidad

configurándose el silencio administrativo negativo.

Aseguró que, debido a lo anterior, presentó demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho contra la FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN con el fin obtener el reconocimiento y pago de la diferencia

salarial y prestacional entre el cargo de profesional investigador II y

el de técnico investigador II.

Indicó que el mencionado proceso fue identificado con el número

único de radicación 76001-23-33-000-2018-01305-00 y atribuido

para su trámite en primera instancia al TRIBUNAL

ADMINISTRAIVO DEL VALLE DEL CAUCA4 que, mediante

sentencia de 20 de mayo de 2022, declaró la nulidad del acto ficto

4
En adelante el Tribunal.

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derivado de la reclamación presentada el 17 de octubre de 2017 y,

en consecuencia, ordenó a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

reconocer y pagar a su favor la diferencia salarial y prestacional

existente entre el cargo de técnico investigador grado II y el cargo

de profesional investigador grado II, por el período comprendido

entre el 17 de abril de 2014 hasta la fecha en que desempeñé las

funciones del cargo profesional.

Indicó que dicha sentencia fue apelada por la FISCALÍA GENERAL

DE LA NACIÓN ante la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante

sentencia de 13 de julio de 2023, revocó la decisión del a quo y, en

su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en el

defecto fáctico, pues, a su juicio, la decisión de revocar la sentencia

de primera instancia careció del apoyo probatorio.

Manifestó que el defecto fáctico se configuró, por cuanto la SECCIÓN

SEGUNDA no tuvo en cuenta la disparidad de cargos entre quienes

ejercen la labor de peritos, pues la autoridad judicial accionada no

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Actor: CÉSAR ARBEY GUERRERO BURBANO

valoró el testimonio de la señora Mónica Eliana Niño Porras, quien es

titular del cargo de profesional investigador II y ejerce las mismas

funciones responsabilidades que él desempeñó como perito en el

grupo de química del CTI de Cali.

Agregó que la SECCIÓN SEGUNDA “[…] incurrió en un error fáctico

por indebida valoración probatoria, cuando no tuvo en cuenta que el

rol de facilitador de calidad del grupo de química desarrollado por el

actor de manera accesoria a las funciones como perito, también le

exigió un nivel de preparación académica específica, bien sea como

profesional en química, ingeniería química o química farmacéutica

[…]”.

Finalmente, indicó que la autoridad judicial accionada no tuvo en

cuenta que el cargo de profesional investigador II sí tiene estipuladas

funciones de perito y facilitadores de calidad, en tanto “[…] las

anteriores funciones específicas de emitir, y revisar conceptos

técnicos y realizar y presentar informes técnicos propias del cargo de

profesional investigador II, no pertenecen a la órbita del cargo de

técnico investigador II que ostentaba el actor al momento de la

demanda […]”.

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Actor: CÉSAR ARBEY GUERRERO BURBANO

I.4.- Pretensiones

El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia y/o
cualquier otro que se considere vulnerado, por la vía de hecho en
que habría incurrido el honorable operador judicial colegiado al
tipificar con su decisión el defecto fáctico.

2. Como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales
de mi representado, se ordene dejar sin efectos la providencia
judicial de segunda instancia del 13 de julio de 2023 proferida por
la honorable Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del proceso adelantado a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 76001-
23-33-000-2018-01305-01 (4235-2022).

3. Se ordene a la honorable Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado, que en un término perentorio profiera una
nueva providencia que tenga en cuenta los parámetros de la
sentencia emitida por el juez constitucional […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA realizó un recuento de las

actuaciones impartidas dentro de la actuación judicial cuestionada y

señaló que las razones que llevaron a revocar la decisión de primera

instancia, subyacen en el hecho de que el actor no acreditó de

manera suficiente la tesis planteada en la demanda.

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Aseguró que para poder acceder a las pretensiones de nivelación

salarial respecto del cargo de profesional investigador II, el actor

debió demostrar con amplia suficiencia que en el desempeño de su

labor se le había asignado el mismo nivel de responsabilidad, además

de otros elementos de juicio como: “[…] a) que ejecutan la misma

labor, b) que tienen la misma categoría, c) que cuentan con la misma

preparación, d) que coinciden en el horario, v) que las

responsabilidades son iguales […]”.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, se limitó a remitir el expediente

digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo

del asunto.

I.6.2.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN advirtió que la

acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito general

de la subsidiariedad para su procedencia, toda vez que el actor debió

agotar los mecanismos judiciales que tenía a su alcance para debatir

las pretensiones de amparo y no demostró la existencia de una

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amenaza o un perjuicio irremediable que haga necesaria la

intervención del juez constitucional.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 15 de abril de 2024, la SECCIÓN TERCERA

denegó el amparo solicitado, al considerar que la autoridad judicial

accionada sí valoró las pruebas documentales y testimoniales

aportadas al expediente y, a partir del análisis de los hechos

probados, concluyó que el actor desarrolló actividades como perito y

facilitador de calidad, funciones que podrían asignarse al cargo de

técnico investigador grado II.

Igualmente, consideró que “[…] en los testimonios de Mónica Eliana

Niño Porras y Cindy Melisa Ortiz Gil se indicó que daban cuenta de

que el demandante se desempeñó como técnico investigador grado

2, en el grupo de química de la seccional Cali de la Fiscalía General

de la Nación y desarrolló los roles de perito y facilitador de calidad,

pero la demandada consideró que ello no resultaba suficiente para

demostrar que las actividades ejercidas se podían equiparar a las de

un cargo profesional […]”.

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Asimismo, sostuvo que la autoridad judicial accionada no incurrió en

el defecto fáctico, pues a partir de la valoración de los hechos

materiales, la SECCIÓN SEGUNDA expuso de manera razonada los

fundamentos para revocar la decisión y, el hecho de que las

conclusiones probatorias fueran distintas a las esperadas por el actor,

no vulnera los derechos fundamentales invocados.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en

el escrito introductorio.

Insistió en que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

fáctico, en tanto no se tuvo en cuenta los requisitos para el

desempeño del cargo y las funciones del nivel técnico, como aquellas

a las que le corresponde el desarrollo de procesos y procedimientos

técnicos misionales en la entidad.

Arguyó que “[…] es cierto que el actor desarrolló actividades como

perito y facilitador de calidad, que son de nivel profesional, cómo es

posible que dichas funciones puedan asignarse a otros cargos como

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el de técnico investigador grado 2 que no son de nivel profesional,

sin que ello impacte sus salarios y prestaciones sociales […]”.

Finamente, indicó que la entidad ha usufructuado sus conocimientos

profesionales exigiéndole la expedición de peritazgos de manera

idéntica a la que se le ordena a un profesional investigador II; sin

embargo, devengó menos salario que sus compañeros a pesar de

desarrollar la misma labor.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las Secciones.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la |, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años
después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada

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en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o

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que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la sentencia de 13 de julio de 2023, proferida por

la SECCIÓN SEGUNDA que revocó la decisión del a quo y, en su

lugar, denegó las pretensiones formuladas dentro del proceso de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 76001-23-33-000-2018-01305-01.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,

la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico, por

cuanto no tuvo en cuenta la disparidad de cargos entre quienes

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ejercen la labor de peritos, pues no valoró el testimonio de la señora

Mónica Eliana Niño Porras, quien es titular del cargo de profesional

investigador II y ejerce las mismas funciones que él desempeñó

como perito en el grupo de química del CTI de Cali.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante fallo de 15 de abril de 2024,

denegó la solicitud de amparo al establecer que la autoridad judicial

accionada no incurrió en el defecto fáctico alegado, al considerar que

la decisión cuestionada sí valoró las pruebas documentales y

testimoniales aportadas al expediente y, a partir del análisis de los

hechos probados, concluyó que la autoridad judicial accionada coligió

que el actor desarrolló actividades como perito y facilitador de

calidad, funciones que podrían asignarse al cargo de técnico

investigador grado II.

Igualmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada no incurrió

en el defecto fáctico, pues a partir de la valoración de los hechos

materiales, la SECCIÓN SEGUNDA expuso de manera razonada los

fundamentos para revocar la decisión y, el hecho de que las

conclusiones probatorias fueran distintas a las esperadas por el actor,

no vulnera los derechos fundamentales invocados.

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Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en

primera instancia e insistió en que la autoridad judicial accionada

incurrió en el defecto fáctico, en tanto no se tuvo en cuenta los

requisitos para el desempeño del cargo y las funciones del nivel

técnico, como aquellas a las que le corresponde el desarrollo de

procesos y procedimientos técnicos misionales en la entidad.

Finalmente, indicó que la entidad ha usufructuado sus conocimientos

profesionales, exigiéndole la expedición de peritazgos de manera

idéntica a la que se le ordena a un profesional investigador II, sin

embargo, devengó menos salario que sus compañeros a pesar de

desarrollar la misma labor.

Precisado lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio al escrito de

impugnación y considera que el problema jurídico que debe resolver

consiste en establecer si en el presente caso se debe confirmar,

modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo cual, en

primer lugar, se debe determinar si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN

SEGUNDA vulneró los derechos deprecados e incurrió en el defecto

fáctico alegado.

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Por lo precedente, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]” (Destacado fuera de texto).

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]” (Destacado fuera de texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

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como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, frente a las inconformidades del

actor relacionadas con que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en el

defecto fáctico, la Sala advierte que la presente acción de tutela no

cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que la controversia objeto de

estudio recae sobre aspectos que ya fueron resueltos por el juez

natural del asunto, sin que se observe que su actuar haya sido

arbitrario.

En efecto, la divergencia planteada por el actor subyace en que la

autoridad judicial incurrió en el defecto fáctico, por cuanto no se

valoró debidamente el material probatorio aportado al expediente, a

partir del cual se lograba comprobar el desempeño de funciones

como perito y facilitador de calidad, actividades que son acreedoras

de la nivelación salarial de acuerdo con el cargo de profesional

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investigador II, circunstancia que fue solventada de forma admisible

y razonable por la SECCIÓN SEGUNDA, de la siguiente manera:

“[…] 2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Contra la sentencia del 20 de mayo de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, se formuló el recurso de apelación
objeto de análisis para insistir en que de conformidad con lo
probado en el proceso resulta claro que el actor fue designado en
el empleo de técnico investigador, grado II, y por ende,
desarrollaba las labores propias del cargo; en ese orden, aunque el
señor Guerrero Burbano ejerció algunos roles o actividades
adicionales, estas no corresponden exclusivamente a las que tiene
asignadas en el manual de funciones el empleo de profesional
investigador II, respecto del cual pretende se le nivele
salarialmente.

Teniendo en cuenta los hechos probados, en consonancia con el
marco normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores,
la Sala revocará la decisión del a quo que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda. Esta conclusión se funda en los
siguientes razonamientos.

Del estudio de los medios de prueba aportados al dosier es posible
inferir que el señor Guerrero Burbano no acreditó de manera
suficiente los supuestos de hecho con los cuales soportaba la tesis
jurídica de sus pretensiones. Lo anterior por cuanto las exigencias
para ocupar los cargos de técnico investigador, grado II y de
profesional investigador II, respectivamente, varían en atención a
que se encuentran en diferentes niveles jerárquicos, por cuanto,
resulta evidente que uno pertenece al nivel técnico y el otro, al
profesional, siendo que es el mismo manual específico de funciones
y requisitos de la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación el que trae una distinción particular dentro de estos perfiles.
Así las cosas, al pretender nivelarse salarialmente y equiparar sus
funciones y roles a los desarrollados en un cargo de nivel jerárquico
superior, para el caso, el de profesional investigador II, el señor
Guerrero Burbano tenía que demostrar con suficiencia, en armonía
con los elementos a los que se hizo referencia en el marco
normativo de esta providencia, que en efecto le había sido asignado
el mismo nivel de responsabilidad de quien funge en el referido
empleo y que en gracia de discusión desempeñaba en igualdad de
condiciones labores que se consideran esenciales o principales
dentro del manual de funciones.

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No se puede perder de vista que el nivel jerárquico de los cargos
es el que define la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño.

Así las cosas, revisado el expediente se observa que el despliegue
probatorio del demandante se centró en demostrar que aquel como
miembro del laboratorio criminal del CTI desarrolló actividades
como perito y facilitador de calidad, las cuales, a su juicio, son
propias o exclusivas de los profesionales en química; sin embargo,
al analizar el manual específico de funciones de la entidad se
advierte que en este se describen de manera genérica las labores
atribuidas a cada uno de los empleos a los que se vienen haciendo
referencia, sin que de ellas se pueda determinar que, en efecto, el
servidor que se desempeñe como profesional investigador II tenga
asignados los referidos roles.

En ese sentido, las funciones certificadas como efectivamente
realizadas por el actor en el oficio descrito en el acápite de hechos
probados de esta providencia, concretamente los roles de perito y
facilitador de calidad pueden ubicarse o asignase en cualquiera de
los cargos, esto es, tanto al de técnico investigador II y profesional
investigador II.

La anterior afirmación se sustenta en lo dispuesto en la Guía de
Responsabilidades FGN-26.2-G07 del Proceso de Investigación y
judicialización de la Fiscalía General de la Nación en la que se indica
que según el artículo 408 de la Ley 906 de 2004, son peritos las
personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia,
técnica o arte. En ese orden, teniendo en cuenta que el señor
Guerrero Burbano es ingeniero químico, y que dentro de las labores
establecidas en el manual de funciones para el empleo que ocupa
en provisionalidad se indicó que tendría que desempeñar, además
de las actividades enlistadas, aquellas asignadas por el jefe
inmediato e «inherentes a las que desarrolla la dependencia y a la
formación del titular del cargo», se puede concluir que el rol
estipulado correspondió con sus calidades profesionales, sin que
por ello se pueda afirmar que le fueron endilgadas las
responsabilidades del empleo de profesional investigador II.

Ahora, revisadas las funciones descritas para el rol de facilitador de
calidad del grupo de química, de conformidad con el oficio por
medio del cual se le designó al accionante para esa labor, aquellas
corresponden al proceso de aplicación de la Norma Técnica de
Calidad NTC-ISOIEC17025:2005 al interior de la Fiscalía General
de la Nación, por ende, concretamente dicha labor consiste en
apoyar al director técnico en el cumplimiento de las
responsabilidades del sistema de gestión de calidad, luego dicha

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actividad no exige un nivel de preparación académica específica,
más allá del conocimiento de la norma de calidad aludida. Así pues,
el rol de facilitador de calidad hace referencia a una labor de
carácter administrativo que tiene como propósito optimizar y llevar
a estándares de calidad los procesos y servicios que se adelantan
en la Fiscalía.

De suerte que no pueda aseverarse que las actividades que
comportan el seguimiento a la aplicación del sistema de gestión de
calidad pertenezcan a un empleo en particular, pues el rol puede
ser asignado por el superior jerárquico a quien se estime pueda
contribuir con ese tipo de labor adicional. No obstante, hace énfasis
la Sala que dentro de las funciones esenciales del cargo de técnico
investigador II se encuentra la de aplicar las directrices y
lineamientos de la arquitectura institucional y del Sistema de
Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación, luego es dable
inferir que tenía el deber de colaborar con el proceso de
consecución de los estándares de calidad que apunta a conseguir
el ente investigativo.

En ese orden, se insiste, no se puede desconocer que por
necesidades del servicio el jefe de la dependencia a la que
pertenece el actor podía asignarle roles adicionales a los enlistados
en el referido manual, teniendo en cuenta su formación académica
para el caso del rol de perito, sin que por ello se pueda afirmar que
se le asignaron funciones exclusivas del nivel jerárquico profesional
de la entidad, pues el empleo de profesional investigador II no tiene
estipuladas, directa o exclusivamente, las funciones o roles de
perito o facilitador de calidad.

De acuerdo con todo lo anterior las funciones de perito en este caso
requieren conocimientos específicos propios de la ingeniería
química y debieron ser desarrolladas por el demandante a pesar de
encontrarse nombrado en un cargo de nivel técnico. Si bien, las
entidades públicas teniendo en cuenta las necesidades del servicio
pueden ordenar a los empleados que realicen funciones que
puedan no corresponder a las que normalmente desarrollan, estas
deben estar acordes con su perfil y las calidades que se requieren
para cumplirlas, como ocurrió en este caso.

Aunado a lo anterior, las declaraciones recaudadas dan cuenta de
las funciones que desempeñó el actor como técnico investigador II
en el grupo de química de la seccional Cali de la Fiscalía General de
la Nación, cuando fungió los roles de perito y facilitador de calidad,
empero, ello no resulta suficiente para tener por acreditada la
diferencia laboral que se pretende hacer valer. Lo anterior por
cuanto quien alega una discriminación laboral en ese sentido se
encuentra obligado a comprobar su dicho, ello bajo el entendido de

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que debió estar en una situación de paridad en todos los aspectos
frente a la plaza con la que se compara.

En conclusión, en los asuntos en los que se pretende la nivelación
salarial o el pago de la diferencia salarial y prestacional respecto
de dos empleos no basta con asegurar y demostrar el cumplimiento
de hecho de funciones equivalentes a las del cargo contrastado,
sino que además deben comprobarse otros elementos de juicio
objetivos como i) que ejecutan la misma labor, ii) que tienen la
misma categoría, iii) que cuentan con la misma preparación, iv)
que coinciden en el horario, v) que las responsabilidades son
iguales, entre otras cosas.27

De suerte que, debido a que como en este caso no se demostró el
aparente ejercicio, de facto, de una plaza diferente a aquella en la
que fue nombrado el actor, deberá revocarse la decisión de primera
instancia […]” (Negrilla pertenece al texto).

En el caso bajo examen, la Sala observa que la autoridad judicial

accionada elaboró un recuento de las pruebas aportadas al proceso

y, a partir de dicho análisis, concluyó que el actor como miembro del

laboratorio del CTI desarrolló actividades como perito y facilitador de

calidad, labores que de acuerdo al manual específico de funciones de

la entidad pueden ser asignadas tanto al cargo de técnico

investigador II como al cargo de profesional investigador II.

Asimismo, la autoridad judicial señaló que no podría desconocerse el

hecho que por necesidades del servicio el jefe de la dependencia

podía asignarle el rol de perito dada su formación académica. En ese

sentido, concluyó que no podría determinarse que le fueron

asignadas funciones exclusivas del nivel profesional, pues dicho

empleo no tiene definidas funciones específicas de perito o facilitador

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de calidad, pues, como se dijo, con antelación dichas funciones

pueden ser asignadas sin ninguna clase de distinción.

En ese sentido, para la SECCIÓN SEGUNDA el actor no logró

acreditar los supuestos de hecho que le permitirían acceder a la

nivelación salarial y prestacional respecto del cargo de profesional

investigador II, habida cuenta que no bastaba con asegurar el

cumplimiento de funciones equivalentes sino que se debió comprobar

otros elementos de juicio que permitieran inferir: i) la ejecución la

misma labor; ii) la misma categoría del cargo; iii) la misma

preparación; iv) la coincidencia en los horarios; y, v) las mismas

responsabilidades, circunstancias que no fueron acreditadas durante

el curso de la actuación.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN SEGUNDA

se pronunció frente a los aspectos que alude el actor, sin que se

vislumbre que pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria

o desbordado los límites del principio de la autonomía judicial, por lo

que el asunto carece del requisito general de la relevancia

constitucional.

Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,

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lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de

conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, la SECCIÓN SEGUNDA decidió el asunto sometido a

su consideración.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 9 de febrero de 201715, en la que se

indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201816, se sostuvo

15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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lo siguiente:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

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competencia y la independencia del juez ordinario.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto lo pretendido por el actor era que se volviera a decidir sobre

la controversia resuelta por el juez natural, sin que se observara que

este actuó de forma arbitraria, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de relevancia

constitucional.

Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión de

primera instancia que denegó el amparo solicitado y, en su lugar,

declarará improcedente la acción de tutela de la referencia por no

cumplir el requisito general de la relevancia constitucional, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

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Actor: CÉSAR ARBEY GUERRERO BURBANO

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del

requisito general de la relevancia constitucional, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de junio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
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posterior consulta, de conformidad con la ley.

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