Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00588-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00588-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00588-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00588-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.
TESIS: DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD, TODA
VEZ QUE LA ACTORA CUENTA CON EL RECURSO EXTRAORDINARIO
DE REVISIÓN.
DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00588-00
Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL2, actuando a través de apoderada especial,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia y al principio de sostenibilidad financiera, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la
providencia de 21 de septiembre de 2023, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 2018-00389- 01.
I.2 Hechos
Afirmó que la señora BLANCA CECILIA DURÁN GARCÍA contrajo
matrimonio por el rito católico con el señor ESAÚ FLÓREZ LOZANO
el 3 de agosto de 1975.
2
En adelante la UGPP.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00588-00
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CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.
Sostuvo que el deceso del señor ESAÚ FLÓREZ LOZANO tuvo lugar
el 17 de diciembre de 1995.
Señaló que mediante la Resolución núm. 018145 de 31 de diciembre
de 1996, CAJANAL le denegó al señor ESAÚ FLÓREZ LOZANO
Q.E.P.D el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, toda
vez que tan solo acreditó un total de 6789 días laborados
correspondientes a 969,69 semanas y, en consecuencia, no cumplía
con el requisito de los 20 años de servicio exigidos por el régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993 3, para
el reconocimiento pensional.
Indicó que el 15 de diciembre de 2017 la señora BLANCA CECILIA
DURÁN GARCÍA solicitó ante COLPENSIONES el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes en su favor, con ocasión del
fallecimiento de su esposo.
Aseveró que a través de la Resolución núm. SUB321369 de 10 de
diciembre de 2018, COLPENSIONES declaró la falta de competencia
para resolver la solicitud de reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes y ordenó su remisión a la UGPP.
3
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
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CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.
Adujo que mediante la Resolución núm. RDP 012027 de 10 de abril
de 2019, denegó el reconocimiento y pago de la pensión postmortem
en favor de la señora DURÁN GARCÍA, decisión contra la que
aquella interpuso recurso de apelación que fue rechazado con la
Resolución núm. ADP007109 de 7 de noviembre de 2019.
Comentó que a través de la Resolución núm. RDP 000818 de 14 de
enero de 2020, denegó un recurso de queja interpuesto contra el
acto administrativo que negó el reconocimiento pensional a la señora
BLANCA CECILIA DURÁN GARCÍA.
Manifestó que ante la negativa del reconocimiento pensional la
señora DURÁN GARCÍA promovió la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho identificada con número único de
radicación 11001-33-35-017-2019-00389-00, con la finalidad de que
se le ordenara la sustitución pensional en su favor.
Adujo que el proceso referido le correspondió en primera instancia al
JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ4 que, a través de sentencia de 15 de noviembre de 2022,
denegó las pretensiones de la demanda.
4
En adelante el Juzgado
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CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.
Indicó que dicha decisión fue objeto de apelación que fue desatada
por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 21 de septiembre
de 2023, revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, accedió
a las súplicas de la demanda, bajo el argumento de que se reunían
los presupuestos para dar aplicación a la condición más beneficiosa
y, en consecuencia, el asunto debía ser resuelto de conformidad con
las disposiciones previstas en el Decreto 758 de 11 de abril de 19905,
conforme al cual el causante ESAÚ FLÓREZ LOZANO cumplía con
el requisito de semanas cotizadas para garantizar la pensión de
sobrevivientes a su cónyuge.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
un abuso flagrante del derecho, toda vez que favoreció de forma
desproporcionada a la señora BLANCA CECILIA DURÁN GARCÍA,
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del señor ESAÚ FLÓREZ
LOZANO, con un reconocimiento de un emolumento para el cual no
se acreditaron los requisitos necesarios exigidos en las leyes 33 de
31 de diciembre de 19736, 12 de 16 de enero de 19757 y 33 de 29
5
“Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional
de Seguros Sociales Obligatorios”.
6
“Por el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas”.
7
“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación”
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de enero de 19858 y, en su lugar, dio aplicación al Acuerdo 049 de
1o. de febrero de 19909 que prevé asuntos relacionados con
prestaciones pensionales y requisitos diferentes, sin tener en cuenta
que el fondo pensional para el cual esa legislación es destinataria es
el Instituto de Seguros Sociales -actualmente Colpensiones-, por lo
cual su aplicabilidad era procedente para sus afiliados, mas no así
para los afiliados de la extinta CAJANAL.
Adujo que existe un perjuicio irremediable debido a que las
decisiones controvertidas obligan a pagar erróneamente a la señora
DURÁN GARCÍA una mesada pensional vitalicia de $1.300.000,
para el año 2024 y un retroactivo de $125.749.407, lo que generaría
una grave afectación al erario.
Refirió que la autoridad judicial accionada incurrió en vía de hecho,
habida cuenta que se le atribuyó una carga prestacional sin ser
competente para ello, amparándose en una norma que no le era
aplicable al causante, pues el Decreto 758 de 1990, fue expedido por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la regulación
exclusiva de las prestaciones reconocidas por el ISS -hoy
8
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Público”.
9
“Por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y
Muerte”.
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COLPENSIONES-, por lo cual dicha reglamentación únicamente se
hacía exigible ante dicha entidad.
Alegó que en el presente asunto se cumplen los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
en especial los requisitos de subsidiariedad, relevancia constitucional
e inmediatez, comoquiera que el asunto que se debate es el abuso
del derecho con detrimento al erario de forma permanente y
continua, toda vez que el asunto que se encuentra en discusión es
una prestación económica periódica y de tracto sucesivo, que podría
generar un perjuicio irremediable.
Sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en defecto
material o sustantivo, en razón a que le impone una carga
prestacional basándose en una norma de la cual la UGPP no es
destinataria, esto es, el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el
Decreto 758 de 1990, que regula expresamente los trámites en
materia pensional al interior de Colpensiones.
Adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental absoluto debido a la falta de integración del
litisconsorcio necesario, habida cuenta que omitió vincular al proceso
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a Colpensiones, lo cual habría permitido determinar con certeza la
entidad competente para reconocer la prestación pensional.
Manifestó que la accionada incurrió en desconocimiento del
precedente jurisprudencial que ha ratificado que el Acuerdo 049
de 1990 es una disposición que es aplicable únicamente al Instituto
de Seguros Sociales, lo cual evidenciaba que no debió ser condenada
a pagar una prestación en virtud de ese régimen.
Puso de presente que se configuró una violación directa a la
Constitución Política, debido a que se vulneró el principio de
legalidad, estructural del derecho fundamental al debido proceso,
toda vez que la decisión acusada dio un alcance ilegitimo e ilegal al
Acuerdo 049 de 1990, al desbordar su ámbito subjetivo de aplicación
y ser tenido como base normativa para el reconocimiento pensional
que se controvierte.
I.4. Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende lo
siguiente:
“[…] • PRINCIPALES
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Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la
UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B” por el
evidente detrimento del erario que se genera con el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes ordenada e imponer dicha carga a la
UGPP quien no tiene competencia para aplicar el Acuerdo 049 de 1990
para el reconocimiento pensional a favor de la señora BLANCA
CECILIA DURÁN GARCÍA.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior:
a.- DEJAR sin efectos el fallo del 21 de septiembre de 2023, emitido
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN B, en el proceso de Nulidad y
Restablecimiento No. 11 001-33-35-017-2018-00389-00, que ordenó
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la
señora Blanca Cecilia Durán García con fundamento en el Acuerdo
049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, acuerdo que no
regula la situación prestacional del causante ni de la solicitante, ni le
es posible que la UGPP los aplique en los términos suficientemente
expuestos en esta demanda.
b.- Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN B, dictar nueva sentencia ajustada
a derecho, esto es, confirmando el fallo del 15 de noviembre de 2022
dictado por el JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ que negó las pretensiones pensionales.
SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón
a no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:
• SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón
al no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos
fundamentales deprecados por la UGPP y vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “B” en la sentencia del 21 de septiembre de 2023.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera
transitoria el fallo del 21 de septiembre de 2023 emitido dentro del
proceso contencioso administrativo No. 11 001-33-35-0 17-2018-
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00389-00, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de
revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó denegar las pretensiones de la solicitud
de amparo de la referencia, toda vez que la decisión controvertida se
encuentra ajustada a derecho.
Alegó que el argumento referente a que el Acuerdo 049 de 1990
únicamente le resulta aplicable a Colpensiones respecto de sus
afiliados, por tratarse de un reglamento interno de uso exclusivo de
esta última entidad, no tiene asidero legal, toda vez que el
reconocimiento pensional cuando se acumulan tiempos de servicios
públicos y privados recae en cabeza de la entidad en la que esté
afiliado el causante, tal y como lo reconoció la Corte Constitucional
en la sentencia T-938 de 2013.
Manifestó que conforme al Decreto 758 de 1990, la señora BLANCA
CECILIA DURÁN GARCÍA tiene derecho al reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes en calidad de beneficiaria del señor
ESAÚ FLÓREZ LOZANO, al ostentar la condición de cónyuge
supérstite, pues, conforme a las pruebas documentales que obran en
el plenario el causante acreditó haber cotizado 300 semanas, en
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cualquier época, con anterioridad a la causación del derecho,
cumpliendo así las condiciones previstas en los artículos 6°, 25 y 26
de la norma en mención.
Comentó que la señora BLANCA CECILIA DURÁN GARCÍA acreditó
los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
en calidad de cónyuge supérstite del señor ESAÚ FLÓREZ LOZANO,
tiene derecho a que la UGPP reconozca y pague en su favor la
prestación, desde la fecha en que este último falleció, con aplicación
de la prescripción a que haya lugar.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- COLPENSIONES, vinculada como tercero con interés directo
en las resultas del proceso, solicitó declarar improcedente la acción
de tutela de la referencia, por cuanto no se ha materializado ningún
vicio, defecto o vulneración de derechos fundamentales por parte de
la autoridad judicial accionada.
Afirmó que se debía resaltar la abierta improcedencia de la tutela
contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta que nuestra
legislación ha dispuesto mecanismos tales como los recursos
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judiciales para debatir lo allí determinado, sin que esta pueda
constituirse en una tercera instancia.
Manifestó que el trámite alegado en la presente solicitud de amparo
constitucional ya fue objeto de estudio por parte del juez natural, que
no accedió a las pretensiones solicitadas por el accionante, por lo que
se configura la existencia de la cosa juzgada.
I.6.2.- El JUZGADO vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, se limitó a remitir copia digital del
expediente origen de la controversia, sin emitir pronunciamiento
alguno sobre el fondo del asunto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años
después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
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actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación
del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin
que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es
menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se
tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En
este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una
tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que
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presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efectos la providencia de 21 de septiembre de
2023, proferida por el TRIBUNAL, a través de la cual se accedió a
las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2018-00389- 01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia y al principio de sostenibilidad financiera, habida cuenta que,
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a juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
los defectos material o sustantivo, procedimental absoluto,
desconocimiento del precedente y violación directa a la Constitución.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de superarse tal estudio, ii) determinar
si el TRIBUNAL vulneró los derechos fundamentales invocados.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
subsidiariedad.
La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los
artículos 86 superior y 6º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre
de 199110, sostiene que la solicitud de tutela es un medio de defensa
de carácter subsidiario para obtener la protección inmediata y
10
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política"
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efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista
otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
Asimismo, esta Sección11 respecto de este requisito de
subsidiariedad ha señalado:
“[…] La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado
que la acción de tutela contra una providencia judicial es improcedente
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto
está en trámite12; (ii) no se han agotado los medios de defensa
judicial ordinarios y extraordinarios13; y (iii) se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”14”.15
Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien
debe corregir las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso
del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar
una sentencia que materialice el derecho a la tutela judicial efectiva y
sea el resultado de una actuación conforme a las garantías procesales
[…]”.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
15 de diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600
12 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de
2001, T-212 de 2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
13 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos
los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo
de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional
todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-
590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente
fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
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De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez
de tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo
que no exista otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia
para lograr que cese inmediatamente la vulneración. Al respecto la
Corte Constitucional ha considerado16:
“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de
protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios
establecidos en el ordenamiento jurídico de forma que los suplante o
que se actúe como una instancia adicional para debatir lo que ya se
ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que
esta regla general conduce a que, en los procedimientos
administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una
autoridad administrativa, pues para ello se han previsto otros
instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional
esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la
existencia de un perjuicio irremediable […]”.
Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela
resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que
desplaza los medios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal
regla general encuentra la excepción si el juez constitucional logra
determinar que los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no
son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección
de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados y se
requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
16
Sentencia T-030 26 de enero de 2015
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Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual
y las medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes;
no basta cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que
equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o
moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad
determinan que la acción de tutela sea impostergable, debido a que
tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda
su integridad.
Ahora, frente al cumplimiento del requisito general de la
subsidiariedad respecto del recurso extraordinario de revisión
señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 17, si bien la
citada norma señaló que las autoridades que se encuentran
legitimadas en la causa por activa para presentarlo: “[…] el Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación […]”, lo cierto es que
la Corte Constitucional en la sentencia SU – 427 del 201618, consideró
17
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto
en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-426 de 11 de agosto de 2016, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
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que con base en el numeral 619 del artículo 6º del Decreto 5021 de
200920 se le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar acciones
de tal naturaleza e indicó que además de los sujetos señalados en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las administradoras de pensiones
se encuentran legitimadas para interponer el citado recurso.
En la referida sentencia, la Corte Constitucional textualmente señaló:
“[…] 7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso
de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera
que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe
entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley
797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones
encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de
manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro
del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero21
[…]”.
Asimismo, esta Corporación22 ha señalado que las administradoras
de pensiones deben tomar las medidas necesarias para aplicar el
artículo 20 de la Ley 797 y, entre otras, pueden solicitar autorización
o aval, a las entidades legitimadas para que se surta el recurso
19 6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen.
20 “Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP– y las funciones de sus dependencias».
21
Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinte Especial de
Decisión, sentencia de 26 de octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número
único de radicación 11001 03 15 000 2014 01658 00
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22
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extraordinario señalado supra23, conforme con lo dispuesto en el
artículo 20 ibidem, en armonía con lo señalado en el artículo 25124
de la Ley 1437 de 18 de enero de 201125.
De lo anterior se colige que a las administradoras de pensiones les
asiste legitimación por activa para la interposición del recurso
extraordinario de revisión, cuando se invoca el artículo 20 de la Ley
797. Esta circunstancia, hace que en principio la acción de tutela sea
improcedente, salvo que se evidencie de manera palmaria la
ocurrencia del abuso del derecho alegado26, caso en el cual,
como lo ha señalado esta Sección27, es necesaria la intervención del
juez constitucional para el restablecimiento de los derechos
fundamentales involucrados, a través de medidas inmediatas de
protección como mecanismo transitorio mientras el juez competente
decide de fondo las acciones correspondientes.
23
La Corte Constitucional en sentencia C-258 de 2013 le ordenó a las entidades que tienen a su cargo
el reconocimiento y pago de pensiones, como lo es FONPRECON, que tomaran las medidas necesarias
para aplicar el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
24
“ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá interponerse dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el
recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los
motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de
los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se
requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio.”
25
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
26
Corte Constitucional, sentencia SU- 068 de 21 de junio de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de
octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000
2018 03457 00.
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En ese sentido, la Sala resalta que la misma Corte Constitucional en
las sentencias SU-631 de 12 de octubre de 201728 y T-034 de 13 de
febrero de 201829, estableció una serie de criterios o elementos que
pueden ser aplicados para evitar la concesión de derechos
pensionales fundamentados en situaciones contrarias a la ley por
fraude o abuso del derecho. El primero, -el elemento objetivo-,
relacionado con el aumento o incremento significativo de los ingresos
de una persona en el último año de servicios o en el período que sirve
de base para calcular el IBL de la pensión; y, el segundo, -el
elemento subjetivo-, relacionado con que ese aumento se haya
obtenido: i) con un ánimo de defraudar el sistema pensional; ii)
mediante una “vinculación precaria” o iii) que se desvirtúe la
presunción de buena fe30 que rige las actuaciones de los particulares.
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que la UGPP cuenta con
otro medio de defensa judicial idóneo para la protección de sus
derechos fundamentales, toda vez que tiene la posibilidad de
interponer el recurso extraordinario de revisión establecido en el
28
Corte Constitucional, sentencia SU 631 de 12 de octubre de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
29
Corte Constitucional, sentencia T-034 de 13 de febrero de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
30
El principio de la buena fe ha sido definido por la Corte Constitucional como aquel que
exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una
“persona correcta.
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artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con lo señalado
en el artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo31, con lo cual puede controvertir lo
decidido en la sentencia cuestionada, comoquiera que conforme a las
reglas anteriormente establecidas por parte de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, le asiste legitimación en la
causa por activa, para tal efecto.
Asimismo, al revisar el caso sub examine, la Sala considera que no
se enmarca dentro de los supuestos de procedencia excepcional de
la acción de tutela por abuso palmario del derecho, en la medida en
que: i) se acreditó que el señor ESAÚ FLÓREZ LOZANO prestó sus
servicios al Estado durante 6789 días, equivalentes a 18,85 años,
comprendidos entre el 10 de noviembre de 1953 y el 12 de junio de
1973 en el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Inpec; ii) la parte
actora no demostró que existe reconocimiento excesivo del pago de
la mesada pensional derivada del cumplimiento de las sentencias
judiciales; y, iii) no se ha desvirtuado la presunción de buena fe del
beneficiario de la pensión de vejez.
31
El citado artículo señala: “[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria
de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término
contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]”.
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Así las cosas, como lo ha señalado esta Sección32 al resolver
problemas jurídicos similares, la situación que se presenta no es
irremediable, dado que el perjuicio alegado está en posibilidad de
desaparecer, para lo cual la entidad accionante está obligada a hacer
uso del recurso extraordinario de revisión, por lo que no resulta lógico
considerarlo como insuperable, inminente o impostergable.
Conforme con lo anterior y comoquiera que la acción de tutela no
cumple con el requisito general de subsidiariedad establecido en la
sentencia C-590 de 2005, la Sala declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo,
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
29 de octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001 03 15 000 2018 03457 00.
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por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de abril de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente con permiso
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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