Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00591-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00591-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00591-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
26 de junio de 2024
Radicado 11001-03-15-000-2024-00591-00
Demandante: Gloria Yenny Muñoz Castaño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00591-00
Demandante: GLORIA YENNY MUÑOZ CASTAÑO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTRO
Temas: Derecho a la igualdad – cumplimiento orden judicial.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
En cumplimiento del auto de 15 de mayo de 2024, proferido por la Sección Tercera,
Subsección A, despacho del consejero José Roberto Sáchica Méndez, la Sala
procede a resolver, nuevamente, la acción de tutela presentada por la señora Gloria
Yenny Muñoz Castaño contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La actora interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Nación – Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, por estimar vulnerado el derecho fundamental a la igualdad. En
consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
«Solicito de manera respetuosa tutelar a mi favor el DERECHO A LA IGUALDAD, el cual
está siendo violado y vulnerado por los accionados MINISTERIO DE HACIENDA,
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ, con la omisión de reajuste salarial a que tengo
derecho como oficial mayor en propiedad del JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE
ARMENIA, por cuanto incurrieron en un trato discriminatorio, cancelando el reajuste a
algunos servidores y a la suscrita NO, y como consecuencia ACTUALIZAR Y REAJUSTAR
MI SALARIO Y DEMAS PRESTACIONES SOCIALES con los mismos derechos que a los
demás.».
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Demandante: Gloria Yenny Muñoz Castaño
2. Hechos
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
La señora Gloria Yenny Muñoz Castaño indicó que interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, en la que solicitó la nulidad de los actos
administrativos que negaron la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial,
a título de restablecimiento del derecho solicitó que: i) se ordenara el reconocimiento
y pago de la bonificación judicial como factor salarial y, en consecuencia, reliquidar y
pagar las diferencias prestacionales percibidas desde el año 2013 y hasta la fecha de
la sentencia, con connotación salarial a la bonificación judicial y; ii) que, con
posterioridad al fallo, la demandada liquidara las prestaciones sociales y económicas
devengadas, también con carácter salarial a la bonificación judicial.
El 27 de abril de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Armenia profirió
sentencia de primera instancia en la que accedió a las pretensiones de la demanda.
Por ello, a título de restablecimiento, en el numeral quinto de la parte resolutiva
condenó a la demandada a “reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales (…) con la
integración de las diferencias en los valores recibidos por prima de servicios, prima de navidad, prima
de vacaciones, prima de productividad, cesantías, intereses a las cesantías, bonificación por servicios
prestados y demás emolumentos percibidos, con la inclusión de la bonificación judicial como factor
salarial, atendiendo los cargos desempeñados, a partir del 20 de abril de 2015, por la prescripción
trienal”. Esa decisión fue apelada por la parte demandada.
El 1 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío profirió fallo de
segunda instancia en el que modificó el numeral segundo de la sentencia de primera
instancia, en cuanto a la identificación del acto administrativo demandado y, de igual
forma, modificó el numeral quinto, en el sentido de precisar el límite temporal de la
reliquidación ordenada, esto es, que la bonificación judicial debía considerarse salario
para la liquidación de todos los emolumentos que sean percibidos por la demandante,
mientras permanezca al servicio de la Rama Judicial, siempre que el cargo que
ejerciera sea de aquellos que devenguen tal asignación.
En lo que interesa al presente asunto, el numeral quinto fue modificado de la siguiente
forma:
«QUINTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales
de la señora GLORIA YENNY MUÑOZ CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía
No. 41.914.009, con la integración de las diferencias en los valores recibidos por prima de
servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de productividad, cesantías,
intereses a las cesantías, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos
percibidos, con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, atendiendo los
cargos desempeñados, a partir del 20 de abril de 2015, por la prescripción trienal y
mientras preste sus servicios a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA
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Demandante: Gloria Yenny Muñoz Castaño
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL en uno de los cargos que devengue la referida
bonificación.
La NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, efectuar los descuentos por concepto de aportes para pensión y salud sobre
los factores que se incluyan a la demandante al momento de realizar la reliquidación y
pago ordenada».
Expuso que el fallo quedó ejecutoriado el 10 de noviembre de 2023 y fue notificado a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Ministerio de Hacienda, entre
otras entidades, con el fin de lograr el cumplimiento de lo ordenado.
3. Argumentos de la acción de tutela
Señaló que, en diciembre de 2023 y enero de 2024, a ciertos servidores judiciales
que, al igual que ella, contaban con sentencia ejecutoriada a su favor – de los cuales
aportó listado en el que consta el nombre y la cédula de aquellos-, les fue reajustada y
actualizada la nómina, con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial,
en cumplimiento de lo ordenado en sentencias con los mismos supuestos fácticos y
jurídicos al de su caso.
No obstante, sostuvo que, en su situación particular no le fue reajustada ni actualizada
alguna prestación, por lo que considera que las entidades demandadas vulneraron el
derecho a la igualdad.
Mediante memorial de 26 de febrero de 2024, la actora solicitó que se vincule a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia – Talento Humano.
4. Trámite previo
Mediante auto de 13 de febrero de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela, ordenó notificar a la parte demandante y a los demandados. Además, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 610 del Código General del Proceso.
El 14 de marzo de 2024, esta Sección profirió sentencia de primera instancia, sin
embargo, mediante auto de 15 de mayo de 2023, el despacho del consejero José
Roberto Sáchica Méndez, declaró la nulidad de la sentencia y de todas las actuaciones
surtidas con posterioridad de a la misma.
Al efecto, señaló que, a pesar del interés legítimo que le asiste, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Armenia no fue vinculada como tercero con
interés al trámite de tutela. Al respecto, explicó que: i) en el escrito inicial la parte
actora solicitó que se requiriera a esa entidad para que certificara si a los servidores
relacionados por la actora se les había actualizado su nómina desde el mes de
diciembre de 2023; ii) en la contestación de la tutela, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial solicitó la vinculación de dicha entidad; iii) la actora allegó oficio
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en la que solicitó la vinculación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Armenia.
El 4 de junio de 2024, en atención a lo ordenado en el auto de 15 de mayo de 2024,
el despacho del ponente admitió la acción de tutela, ordenó que se notificara el auto
a la demandante y a los demandados. Adicionalmente, a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Armenia, como tercero interesado.
De igual forma, negó la solicitud presentada por la actora, atinente a que se libre oficio
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia, « con el fin que se
certifique como es cierto sí o no que a la (sic) personas que aparecen en el listado anexo a la
presente acción tutelar, les fue actualizado sus salario, bonificaciones, primas y demás
emolumentos de ley en el mes de diciembre de 2023, como también en el mes de Enero de
2024 y a la suscrita se la ha dado un trata desigual, ya que mi nomina NO ha sido actualizada ».
5. Oposiciones
La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura allegó informe en el que
solicitó se desvincule del presente trámite de tutela por configurarse la falta de
legitimación en la causa por pasiva. Sobre el particular, expresó que la competente
para pronunciarse respecto de las pretensiones es la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal, de
conformidad con el artículo 2 del Acuerdo PCSJA20-11603 de 2020 expedido por esa
Corporación.
La División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial solicitó negar el amparo requerido por la
actora y que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Expresó que la obligación a cargo de la entidad presenta una limitación, porque
enfrenta un pasivo que supera su capacidad presupuestal, lo que la hace incapaz de
cumplir con la obligación de pago de manera inmediata o en los términos establecidos
por el CPACA. Aseguró que, reconocería los intereses y, de ser aplicable, la
indexación, conforme con la legislación vigente. De modo que, acceder a las
pretensiones conllevaría a que se desconozca el principio de planeación.
Aunado a lo anterior, expuso que la Ley 962 de 2005 establece el derecho de turno,
esto es, la obligación de todas las entidades del Estado a respetar el orden de
presentación de peticiones, quejas o reclamos, sin distinción de su naturaleza, a
menos que exista una prelación legal. De modo que, no puede proceder al pago
inmediato de las obligaciones contenidas en el fallo, pues debe velar por el principio
de igualdad entre todos los solicitantes.
Explicó que la sentencia establece dos obligaciones, así: por un lado, el pago de lo
adeudado desde la fecha de reconocimiento del derecho hasta su inclusión efectiva
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en la nómina como factor salarial y, por otro lado, la inclusión de la misma en nómina
para el pago futuro de la bonificación.
Sobre la última obligación, explicó que, de conformidad con el artículo 103 de la Ley
270 de 1996, el deber de cumplirla recae en la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Armenia, quien, una vez efectuada la liquidación, debe solicitar a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la respectiva parametrización en el
aplicativo EFINOMINA. Al efecto, anexó la Circular DEAJ23-23 de 1 de junio de 2023.
Advirtió que el juez constitucional no puede emitir una orden que implique la
apropiación y ejecución del presupuesto de las entidades públicas, de conformidad
con la jurisprudencia proferida por la Corte Suprema de Justicia.
En escrito de 11 de junio de 2024, solicitó que se declaré hecho superado sobre el
«derecho fundamental de petición», porque, mediante correo electrónico remitido a la
actora el 7 de junio de 2024, le informó que «desde el nivel central se hizo el registro
de la sentencia allegada para cobro con lo cual podría proceder en este caso la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia a incluirla en nómina».
En cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva, explicó que las funciones
de dicha entidad no estaban relacionadas con lo solicitado en la tutela, pues la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia es la responsable funcional
de la inclusión en nómina de la accionante al fungir como su ente pagador.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirmó que no es la entidad responsable
de atender las solicitudes presentadas, porque corresponde a la Dirección Seccional
Administrativa Judicial de Armenia gestionar los trámites para la ejecución de sus
recursos, conforme con sus necesidades de nómina. Por lo tanto, pidió que se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva.
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia, a pesar de ser
vinculada al presente trámite, guardó silencio.
6. Memorial de 20 de junio de 2024 presentado por la actora
El 20 de junio de 2024 1 la actora radicó escrito en el que solicitó la aplicación del
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, relativo a la aplicación de la presunción de
veracidad en los casos en que la entidad accionada no haya presentado el informe
solicitado en el trámite de la acción de tutela.
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El cual pasó a despacho el 24 de junio de 2024.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Como se anticipó, en las sentencias del 27 de abril de 2023 y del 1 de noviembre de
2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Armenia y el Tribunal Administrativo del
Quindío, respectivamente, ordenaron a favor de la actora el pago de la bonificación
judicial como factor salarial, desde la fecha de reconocimiento hasta su inclusión
efectiva en la nómina y, a su vez, la inclusión de la bonificación judicial como factor
salarial en nómina para el pago futuro de la bonificación.
En ese contexto, le corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela
para solicitar el cumplimiento de una orden judicial, consistente en la inclusión de la
bonificación judicial como factor salarial en nómina para el pago futuro de la
bonificación.
Sin embargo, de manera previa, resolverá sobre la falta de legitimación en la causa
que adujo la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de
Hacienda y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en sus intervenciones.
De la legitimación en la causa por pasiva
La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Ministerio de Hacienda solicitaron que se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que sus actuaciones no
ocasionaron la vulneración el derecho fundamental invocado por la actora.
Sobre el particular y teniendo en cuenta los hechos que suscitan el presente asunto,
se encuentra que, el artículo 27 2 del del Acuerdo PCSJA20-11603 expedido por el
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«Artículo 27. Grupo de Sentencias. Son funciones del Grupo de Sentencias:
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Consejo Superior de la Judicatura, establece las funciones que le corresponden a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Asistencia Legal - Grupo
de Sentencia, entre las cuales se encuentra realizar la liquidación de las sentencias
proferidas contra esa entidad.
Entonces, como el presente asunto deriva del presunto incumplimiento de las órdenes
proferidas en una decisión judicial, debe negarse la solicitud de declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, toda vez que, de acuerdo con las funciones establecidas en la norma, sería
la llamada a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales.
Por otro lado, se concluye que está llamada a prosperar la solicitud respecto de la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y del Ministerio de Hacienda,
porque a esas entidades no les correspondería realizar un pronunciamiento respeto
de los supuestos fácticos alegados en el presente asunto.
Del hecho superado
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se declare hecho
superado, porque no vulneró el derecho de petición de la actora, pues resolvió la
solicitud presentada por la señora Muñoz Castaño.
Sobre el particular, se encuentra que en la presente acción de tutela no se expuso la
vulneración del derecho de petición, sino la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la señora Muñoz Castaño ante el incumplimiento de las
entidades accionadas de no reajustar su nómina, con la inclusión de la bonificación
judicial como factor salarial y el trato desigual frente a otras personas en su misma
situación.
En consecuencia, se niega la solicitud presentada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de que se declare hecho superado en el presente asunto.
1. Mantener actualizado el saldo estimado de las solicitudes de sentencias y conciliaciones recibidas en la Entidad, conforme a las
directrices dadas por el Director de la Unidad en cumplimiento a los parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, y en relación a la Ley de presupuesto.
2. Revisar las liquidaciones de sentencias, conciliaciones, procesos ejecutivos y actos administrativos que ordenan el pago , validando los
valores de las variables tomadas en cuenta.
3. Revisar las sentencias y conciliaciones y definir si se requiere un trámite previo, y adelantar las gestiones correspondie ntes de manera
oportuna.
4. Proponer al director de la Unidad, directrices y lineamientos para la liquidación y el proyecto de acto administrativo de las sentencias y
conciliaciones, de acuerdo con el procedimiento y la normatividad vigente.
5. Asesorar a las Seccionales en los temas de pagos de las sentencias, cuando requieran ejercer defensa a la Entidad.
6. Presentar las liquidaciones solicitadas por la División de procesos y Direcciones Seccionales para el trámite de las conci liaciones
extrajudiciales y judiciales.
7. Presentar los informes técnicos y administrativos correspondientes al trámite y pago de sentencias en contra de la Rama Judicial.
8. Revisar y aprobar la respuesta a los derechos de petición y recursos de reposición relacionados con el pago de sentencias y
conciliaciones.
9. Proponer al director de la Unidad, lineamientos respecto de los trámites a seguir para las actuaciones relacionadas con los asuntos
propios de sentencias y conciliaciones.
10. Suministrar los insumos necesarios a la División de Procesos, para efectos de que se ejerza la respectiva defensa en las tutelas que
atañen a la oficina.
(…)»
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De requisito general de subsidiariedad 3 para solicitar el cumplimiento de
decisiones judiciales en el caso concreto
En este punto, es necesario resaltar que esta Sala ha señalado que se torna en
improcedente la acción de tutela porque la discusión acerca del cumplimiento de las
decisiones judiciales es un asunto que, por regla general, deber se exigido mediante
el ejercicio de la acción ejecutiva. Sin embargo, existen casos en los que el proceso
ejecutivo no resulta ser idóneo y eficaz para perseguir el cumplimiento de obligaciones
de hacer 4.
Al respecto, esta Sección 5 ha señalado que la Corte Constitucional, en la sentencia T
– 735 de 2006, reiteró que el proceso ejecutivo es eficaz para el cumplimiento de
obligaciones de dar, pero que no sucede lo mismo con las obligaciones de hacer, en
los siguientes términos.
«En particular, tratándose de la ejecución de providencias judiciales, en diversas
oportunidades la Corte ha señalado que, en general, ‘(…) cuando se trata del
cumplimiento de obligaciones de dar, la ley ha previsto un mecanismo idóneo para lograr
su cumplimiento, como es el proceso ejecutivo, cuya adecuada utilización garantiza el
forzoso cumplimiento de la obligación que se pretende eludir, ya que pueden pedirse
medidas cautelares, como el embargo y secuestro de los bienes del deudor y su posterior
remate, para asegurar así el pago que se pretende evadir 6, pero que cuando lo que se
pretende ejecutar es una obligación de hacer, ‘(…) los mecanismos consagrados en el
ordenamiento jurídico no siempre tienen la idoneidad suficiente para proteger los
derechos fundamentales que puedan verse afectados con el incumplimiento de una
providencia.’
Sobre el particular, en la Sentencia T-329 de 1994 se puso de presente que cuando las
prestaciones cuya ejecución se pretendía obtener consisten en obligaciones de hacer a
cargo de un funcionario o dependencia de la administración pública, ‘(…) lo que se decida
por el juez de ejecución está limitado a impartir la orden de que se cumpla el fallo hasta ahora no
cumplido, sin que exista medida alguna aplicable coercitivamente para que, aun contra la voluntad
del funcionario o dependencia, se lleve a cabo lo mandado. En términos, fuera de las sanciones
que puedan ser aplicables al remiso, todo consiste en añadir otra decisión judicial no menos
expuesta al incumplimiento que la ya desobedecida’».
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Dentro de los requisitos generales de procedencia se encuentra el de subsidiariedad, consistente en « (…) (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (…)».
En cuanto al requisito de subsidiariedad, se tiene que dicho requisito consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como
desconocer que la Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneo s para garantizar el
ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia
de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que la acción
de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que
tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra la interposición
de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de junio de 2020, Exp. 2020-00114-01(AC), C.P. Milton Chaves García.
5 Ver providencia del 2 de julio de 2015, expediente con radicado número 25000-23-41-000-2015-00356-01, pronunciamiento reiterado
en sentencia del 2 de febrero de 2017, en el proceso con radicado número: 19001-23-33-000-2016-00420-01.
6 Sentencia T-403 de 1996.
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De modo que, la acción de tutela resulta improcedente cuando se trata del
cumplimiento de obligaciones de dar, por cuanto la ley ha previsto un mecanismo
ordinario para ello, como es el proceso ejecutivo. Además, la finalidad del recurso
de amparo se enmarca en su carácter subsidiario, por lo tanto, no puede entrar a
sustituir los medios ordinarios para lograr la efectiva protección de un derecho
fundamental 7.
En el presente caso, la parte actora no solicita el pago de la sentencia judicial de
manera retroactiva, concretamente, no solicita los valores que se le adeudan desde la
fecha de reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial hasta la fecha
de inclusión en nómina, pero, del escrito de tutela sí se desprende que su pretensión
va dirigida a obtener la inclusión en nómina de la bonificación judicial en los pagos que
están por venir, mientras duré la vinculación con la Rama Judicial y en el cargo en que
devenga la referida bonificación, tal como ocurrió con algunos compañeros en
igualdad de situaciones fácticas y jurídicas en las nóminas de diciembre de 2023 y
enero de 2024.
De lo cual podría considerarse que la solicitud de la parte actora es de aquellas
denominadas de hacer, pues, se trata de la inclusión en nómina de la bonificación
judicial. No obstante, las implicaciones de dicha actuación conllevan una carga
económica, prestacional y presupuestal que afectaría las apropiaciones de la
demandada, por lo tanto, una decisión en ese sentido tiene inmersa una obligación de
dar, que, impide la procedencia de la presente acción de tutela.
Dicho de otro modo, la Sala encuentra que la orden impartida en el numeral quinto de
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 1 de noviembre de
2023, frente a la cual la actora solicita su cumplimiento, es una obligación de dar, toda
vez que la consecuencia de la inclusión en la nómina de la bonificación por servicio
judicial como factor salarial no es otra que el pago de esta.
Así las cosas, la actora cuenta con otro medio de defensa para solicitar el
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, en este caso, corresponde al proceso
ejecutivo, mecanismo idóneo y eficaz para tal fin. Al respecto, es pertinente señalar
que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 297 del CPACA las sentencias
debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en las que se condene a una entidad pública al pago de sumas
dinerarias constituyen un título ejecutivo.
Así mismo, se trae a colación lo previsto en los artículos 305, 306 y 307 del Código
General del Proceso, que reglamentan la ejecución de sentencias de condena a
continuación del proceso 8.
7 Sentencia T – 134 de 2012, Corte Constitucional.
8 «Artículo 305. Procedencia. Podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente al de la
notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y cuando contra ellas se haya concedido apelación
en el efecto devolutivo.
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Por ello, la Sala concluye que no se cumplió con uno de los requisitos de procedencia
de la tutela, esto es, que se agote en debida forma el medio de defensa con el que
cuenta la actora para que se le protegieran los derechos fundamentales que considera
le fueron vulnerados, adicionalmente, no se evidencia un perjuicio irremediable que
haga procedente la intervención del juez de tutela.
Finalmente, la actora afirma que, a otros compañeros, en iguales condiciones a las
suyas -sentencia ejecutoriada y vínculo laboral activo, cuya asignación mensual
incluye la bonificación judicial-, se le incluyó en la nómina de los meses de diciembre
de 2023 y enero de 2024, la bonificación judicial como factor salarial, en cumplimiento
de las sentencias judiciales que declararon tal reconocimiento a favor de aquellos.
Sin embargo, la Sala no evidencia prueba alguna que dé cuenta de la vulneración al
derecho fundamental a la igualdad de la señora Gloria Yenny Muñoz por parte de las
demandadas, en la medida en que, no acredita con suficiencia que existió un trato
desigual frente a personas con idéntica situación fáctica y jurídica de la accionante.
La Sala considera relevante resaltar que el listado aportado como anexo, solamente
contiene un listado de personas identificadas por el nombre, la cédula y el cargo que
ocupan la Rama Judicial, así:
Beneficiario Cédula Cargo actual
Como se dijo, dicha prueba no resulta idónea ni suficiente para realizar un análisis de
fondo respecto a la presunta vulneración del derecho a la igualdad, alegado por la
actora, pues los datos brindados no permiten adelantar un comparativo entre su
situación y la de las personas relacionadas en la lista.
Por lo tanto, tampoco es posible dar aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de
1991, relativo a la aplicación de la presunción de veracidad en materia de acción de
Si en la providencia se fija un plazo para su cumplimiento o para hacer uso de una opción, este solo empezará a correr a part ir de la
ejecutoria de aquella o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso. La condena total o
parcial que se haya subordinado a una condición solo podrá ejecutarse una vez demostrado el cumplimiento de esta.
Artículo 306. Ejecución. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan
sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda,
deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a
continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo
con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la
ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.
Si la solicitud de la ejecución se formula dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del
auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, el mandamiento ejecutivo se notificará por estado. De ser
formulada con posterioridad, la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado deberá realizarse personalmente.
Cuando la ley autorice imponer en la sentencia condena en abstracto, una vez ejecutoriada la providencia que la concrete, se aplicarán
las reglas de los incisos anteriores.
Lo previsto en este artículo se aplicará para obtener, ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de las sumas que
hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones reconocidas mediante conciliación o transacción aprobadas en el mismo.
La jurisdicción competente para conocer de la ejecución del laudo arbitral es la misma que conoce del recurso de anulación, de acuerdo
con las normas generales de competencia y trámite de cada jurisdicción.
Artículo 307. Ejecución contra entidades de derecho público. Cuando la Nación o una entidad territorial sea condenada al pago de
una suma de dinero, podrá ser ejecutada pasados diez (10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva
sobre su complementación o aclaración.».
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Demandante: Gloria Yenny Muñoz Castaño
tutela, porque cada una de las personas mencionadas en el listado anexo presenta
unas circunstancias particulares, de las cuales no se tiene conocimiento en el presente
asunto, pues no existe certeza de las fechas en que fueron proferidas las sentencias
favorables, los términos en que se ordenó el restablecimiento del derecho o el turno
en el que se encuentran para el cumplimiento de lo ordenado, incluso el tiempo de
antelación con el que solicitaron el turno para cumplimiento de la sentencia.
De manera que, en el presente asunto, no se encuentra acreditada la vulneración del
derecho fundamental a la igualdad.
En suma, en el presente caso no se cumple con el requisito general de subsidiariedad
y, en esa medida, se impone declarar improcedente el amparo que ejerció la parte
actora contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura y del Ministerio de Hacienda.
2. Declarar improcedente el amparo, que ejerció la parte actora contra el Consejo
Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Nación
– Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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