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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00606-00

Fecha
18 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00606-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00606-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

18 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00606-00
Accionante: María del Carmen Valbuena de Arenas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia
/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – falta de carga argumentativa

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por María del Carmen Valbuena de
Arenas contra la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 9 de febrero de 2024, María del Carmen Valbuena de Arenas, a través de
apoderado judicial, presentó demanda de tutela con el fin de que se deje sin efectos
la sentencia del 13 de julio de 20232, a través de la cual la autoridad accionada
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión3 que promovió el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones4, contra el fallo dictado el 4 de
mayo de 2017, por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho5
instaurado por la aquí actora en contra del aludido fondo.

2.- Dicho proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la nulidad del
acto administrativo mediante el cual el Foncep negó la solicitud de reliquidación de
la pensión de vejez que fue reconocida a favor de la demandante, luego de haber
prestado sus servicios en la Contraloría Distrital de Bogotá alrededor de 30 años. El

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificada el 28 de agosto de 2023.
3 Identificado con número de radicado: 11001-03-25-000-2020-00841-00.
4 En Adelante Foncep.
5
Identificado con número de radicado: 11001-33-35-712-2014-0025-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00606-00
Accionante: María del Carmen Valbuena de Arenas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

conocimiento de ese asunto le correspondió, en primera instancia, al Juzgado Doce
Administrativo de Descongestión de Bogotá, que mediante sentencia del 15 de julio
de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

3.- A través de fallo del 4 de mayo de 2017, la Sección Segunda, Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó parcialmente la decisión de
primera instancia, en el sentido de ordenar a la entidad demandada la reliquidación
de la pensión de jubilación de la actora, pero con el 75% del promedio de los factores
salariales devengados en el último semestre de prestación del servicio, conforme al
régimen especial del que es beneficiara la demandante, contenido en el Decreto 929
de 19766.

4.- Contra la providencia anterior, la entidad interpuso recurso extraordinario de
revisión, invocando las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 207 de
la Ley 797 de 2003 8 , que fue declarado infundado por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado en sentencia del 13 de julio de 2023. Por un
lado, la autoridad judicial consideró que los argumentos tendientes a demostrar la
configuración de la primera causal, en lugar de estar orientados a poner en evidencia
una vulneración al derecho fundamental al debido proceso, se dirigen a cuestionar
el periodo y las factores tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación. En
lo que respecta a la segunda causal, señaló que el recurrente fundamentó sus
alegatos a partir de unas normas jurídicas distintas a las que fueron aplicadas en la
sentencia objeto del recurso, omitiendo hacer referencia alguna a las disposiciones
que sustentaron la decisión recurrida.

5.- Por su parte, indicó que aunque la señora Valbuena de Arenas, en la
contestación allegada a ese trámite, invocó la causal contenida en el numeral 5º del
artículo 250 del CPACA, bajo el argumento de que el Tribunal aplicó erróneamente
el Decreto 929 de 1976, cuando en realidad la norma que resultaba aplicable era la
Ley 33 de 1985, lo cierto es que el recurso de revisión no se promovió con
fundamento en esa causal, sino en las disposiciones contenidas en la Ley 797 de
2003, por lo que no había lugar a efectuar un análisis a la luz de esa normatividad.

6 “Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría

General de la República y sus familiares.”
7 “Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o

a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia (…) La revisión se
tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá
solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables.”
8
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00606-00
Accionante: María del Carmen Valbuena de Arenas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

6.- En el escrito de tutela, la actora sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, vida digna, mínimo vital,
seguridad social, “derechos adquiridos, expectativas legítimas y seguridad jurídica”
al incurrir en los siguientes yerros:

7.- Defecto procedimental absoluto, por aplicar rigurosamente el derecho
procesal para no realizar un estudio sobre los cuestionamientos que formuló en el
trámite extraordinario de revisión, pese a que la providencia objeto del recurso
comportaba una transgresión a sus derechos fundamentales, toda vez que a su caso
se aplicó una norma que no correspondía.

8.- En ese sentido, aseveró que ante la evidente vulneración a sus derechos
fundamentales, la autoridad demandada debió haber hecho prevalecer los mismos
ante los aspectos netamente procesales, a fin de realizar el análisis correspondiente
frente a los reparos que esgrimió en el marco de la acción especial de revisión. Sin
embargo, decidió no tenerlos en cuenta bajo argumentos de mera formalidad,
olvidando la función que le fue asignada como juez constitucional, sin importar su
especialidad o la jurisdicción a la que pertenece.

9.- Sustantivo, porque en la providencia censurada la Subsección Segunda -
Subsección A del Consejo de Estado no tuvo en cuenta que la Sección Segunda -
Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia del 4 de
mayo de 2017, resolvió con fundamento en una norma que no era aplicable a su
caso, para efectos de ordenar la reliquidación de su pensión. Lo anterior, teniendo
en cuenta que no es beneficiaria del régimen especial contemplado para los
servidores de la Contraloría General de la República, ya que nunca laboró en la
Contraloría General, sino en una distrital, por lo que la reliquidación de su pensión
debió haberse ordenado con inclusión del promedio de todos los factores salariales
devengados durante el último año laborado y no sobre el promedio de los factores
percibidos en el último semestre que prestó sus servicios. Ello, de conformidad con
lo previsto en la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por el
Consejo de Estado, que se encontraba vigente para el momento en que se adoptó
esa decisión.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

10.- Mediante auto de 13 de febrero de 2024, se dispuso: (i) admitir la acción de
tutela; (ii) notificar de su presentación a la autoridad demandada; (iii) vincular al
Foncep, así como a la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en calidad de terceros con interés; (iv) comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y (v) requerir a la Sección
Segunda de esta Corporación para que remitiera, en medio magnético, copia del
expediente identificado con el radicado número 11001-03-25-000-2020-00841-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00606-00
Accionante: María del Carmen Valbuena de Arenas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A9

11.- La autoridad judicial se remitió a las consideraciones expuestas en la
providencia acusada y, con fundamento en ello, manifestó que no incurrió en los
defectos que le fueron endilgados, pues la decisión que adoptó se encuentra
conforme a derecho.

(ii) Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -Foncep- 10

12.- Solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, por cuanto: (i) si
bien fungió como demandante en el asunto cuestionado, los reparos expuestos por
la accionante en el escrito de tutela no evidencian que la entidad haya incurrido en
vulneración alguna de derechos fundamentales que se invocan; (ii) la parte actora
no acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención del
juez constitucional, como remplazo del juez natural; (iii) la sentencia enjuiciada se
ajusta a la ley; (iv) la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para solicitar
el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y; (v) la Resolución No.
SPE-GDP No. 1179 del 6 de septiembre de 2018 es un acto administrativo de
ejecución que se expidió en cumplimiento a una decisión judicial.

(iii) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B11

13.- Esgrimió que las razones que sirvieron de sustento a la sentencia que profirió
el 4 de mayo de 2017 se encuentran consignadas en la misma providencia y que se
atenía a lo que se probara en el presente trámite de tutela.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

14.- El Consejo de Estado ha indicado de manera reiterada como uno de los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal de la acción de tutela
interpuesta en contra de una providencia judicial12, que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional. Para verificar ello, es necesario
examinar13 que el actor motive con suficiencia argumentativa las razones por las que
la decisión judicial objetada se presenta como una afectación a un derecho

9 Intervención digital contenida en 6 folios.
10 Intervención digital contenida en 10 folios.
11 Intervención digital contenida en 2 folios.
12 Proferida al interior del proceso con radicado número 52001-23-33-000-2012-00143-01.
13
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00606-00
Accionante: María del Carmen Valbuena de Arenas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

fundamental, pues de la rigurosidad en ese ejercicio dependerá que la crítica
planteada a la providencia sea admitida como un verdadero reproche constitucional,
y no simplemente como la pretensión de generar una suerte de instancia adicional al
proceso judicial en el cual fue proferida la providencia que se acusa.

15.- Revisado el escrito de tutela y el expediente contentivo del proceso
cuestionado, la Sala no encuentra que los argumentos que presenta la accionante
se proyecten como transgresión de los derechos fundamentales que invoca. Por el
contrario, la revisión de los mismos permite advertir que carecen de relevancia
constitucional ante la falta de suficiencia en cuanto a su carga argumentativa.

16.- En lo que respecta al defecto procedimental, la Corte Constitucional ha
sostenido que este vicio tiene lugar cuando el operador judicial se aparta de forma
arbitraria del procedimiento que correspondía para tramitar el asunto sometido a su
consideración. No obstante, también ha precisado que este no se configura por
cualquier defecto que afecte las formas propias de cada juicio, “sino uno que tenga
la entidad suficiente para negar la materialización de los derechos fundamentales.”14

17.- Según la jurisprudencia constitucional, la ocurrencia de una falla de tipo
procedimental se puede presentar en dos modalidades, a saber: (i) defecto
procedimental absoluto y; (ii) por exceso ritual manifiesto. El primero de ellos ocurre
cuando el juez competente actúa al margen del trámite legalmente establecido sin
alguna justificación válida, ocasionando con ello la afectación de las prerrogativas
contenidas en la Carta y la normatividad vigente; mientras que, este último, se
configura en el evento en que, pese a que el funcionario respeta el procedimiento
previsto por el legislador, éste se aparta de su rol de garante de la normatividad
sustancial en estricto apego a las reglas procesales, para adoptar decisiones
abiertamente desproporcionadas e incompatibles con el ordenamiento jurídico,
obstaculizando con ello la materialización del derecho sustancial, la búsqueda de la
verdad y la adopción de decisiones justas.

18.- De acuerdo con lo anterior, se advierte que aunque la demandante estructuró
el yerro endilgado como un defecto procedimental absoluto, lo cierto es que los
reproches planteados se encuadran en una deficiencia de tipo procedimental pero
por un exceso ritual manifiesto, pues la parte actora alegó que la autoridad
enjuiciada, bajo una aplicación “rigurosa” del derecho procesal, decidió no
pronunciarse sobre los cuestionamientos que esgrimió en el trámite extraordinario
de revisión, pese a que los mismos estaban orientados a demostrar que la
providencia recurrida era vulneratoria de sus derechos fundamentales.

19.- No obstante, tal como se anticipó, dichos reparos no revisten una carga
argumentativa suficiente que permita evidenciar la existencia de un real defecto del

14 Corte Constitucional, Sentencia SU-061 de 2018.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

cual se pueda predicar una transgresión a los derechos fundamentales que invoca,
en tanto no acreditan una verdadera deficiencia procesal que amerite el
pronunciamiento del juez constitucional.

20.- En la decisión acusada, la autoridad judicial precisó que si bien la aquí actora -
en la contestación a la acción especial de revisión- invocó la causal contenida en el
numeral 5° del artículo 250 del CPACA, lo cierto es que la entidad que presentó el
recurso lo hizo con fundamento en lo dispuesto en la Ley 797 de 2003 y no con base
en las causales consagradas en el artículo 250 del Cpaca, mecanismos que a pesar
de tener una finalidad similar, difieren en su desarrollo, términos y fundamentación
jurídica, razón por la cual debía ceñirse a aquel que fue impetrado por el Foncep.

21.- Al respecto, explicó que la Ley 797 de 2003 estableció una acción sui generis
para la revisión de sumas periódicas otorgadas de manera irregular, cuyo ejercicio
está restringido a los siguientes supuestos: (i) una parte activa cualificada, solo unas
entidades están llamadas a instaurarla; (ii) procede únicamente por dos causales
específicas que tienen por finalidad, la protección y recuperación del patrimonio
público; (iii) en su trámite se aplica el procedimiento previsto por el CPACA de
manera general para las causales contenida en dicha normatividad; y, (iv) su objeto
es delimitado y su análisis se dirige a establecer la legalidad de las sumas periódicas
que han sido reconocidas.

22.- En tales condiciones, la Sala no encuentra que el operador judicial se hubiere
apartado de su rol de garante de la normatividad sustancial, para adoptar decisiones
desproporcionadas o abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico que supongan
una denegación de justicia, si se tiene en cuenta que desde la presentación del
recurso su competencia se habilitó precisamente sobre aquellos alegatos que
sirvieron de sustento al mismo, pues dada su naturaleza especial, ese mecanismo
sólo puede ser impetrado por ciertas entidades, bajo unas causales específicas que
son las únicas que permiten la revisión de una sentencia por la vía de ese recurso,
sin que la labor del juez pueda extenderse más allá de los motivos de inconformidad
que fundamentaron el mismo.

23.- De esta manera, la actora no puede valerse de la interposición de un recurso
extraordinario presentado por otra parte, para que a partir del mismo se estudien
unos reparos que no guardan relación alguna con los alegatos que lo sustentaron y,
con fundamento en ello, pretender estructurar un vicio de tipo procedimental bajo el
argumento de que la autoridad judicial no efectuó un análisis de fondo sobre dichos
reparos en una supuesta denegación de justicia cuando ni siquiera fue la promotora
del recurso.

24.- Así las cosas, la parte actora no expuso ningún argumento real, serio y
coherente para evidenciar que las razones que esbozó la autoridad judicial para no

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realizar un análisis sobre los reproches que esgrimió en el marco de la acción
especial de revisión, se proyectan como una mera formalidad que carece de
justificación válida alguna y que se impongan como un obstáculo para materializar
derechos sustanciales.

25.- La falta de carga argumentativa también se hace evidente en los reproches
esgrimidos para sustentar la ocurrencia del defecto sustantivo, pues aunque la
accionante le atribuyó ese yerro a la decisión adoptada por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 13 de julio de 2023
en el marco del aludido recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que los mismos
no se orientan propiamente a cuestionar esa providencia, sino que, en realidad, se
dirigen a refutar el fallo dictado el 4 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que fue objeto de ese recurso.

26.- Ciertamente, las razones de disenso de la accionante radican en la aplicación
normativa efectuada por el Tribunal para determinar la manera en que debía
reliquidarse su pensión de jubilación, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho ya referido, sin que se haya expresado un verdadero
motivo de inconformidad frente a las consideraciones que sustentaron la sentencia
proferida en el recurso extraordinario de revisión, que pretende dejarse sin efectos
en la presente acción.

27.- De manera que la parte actora no puede pretender sustentar la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales atacando una providencia judicial a
partir de reproches que tienen como sustento las consideraciones de otra decisión,
más aun teniendo en cuenta que ambas sentencias versaron sobre una controversia
diferente, por lo que los argumentos expuestos en el escrito de tutela no guardan
correspondencia con la ratio decidendi de la providencia acusada, lo que pone en
evidencia que los mismos adolecen de la carga argumentativa mínima exigida para
estos efectos.

28.- De acuerdo con lo anterior, los cuestionamientos planteados por la accionante
no son susceptibles de admitirse como una causal específica de procedibilidad de la
acción de tutela que habilite la intervención del juez constitucional, pues, en realidad,
lo que busca la parte actora es utilizar el recurso extraordinario de revisión, para que
en sede de tutela, se estudien los reparos que tiene frente a la decisión adoptada en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que fue objeto de ese recurso
y, con esto, extender el término que tenía para ejercer la defensa respectiva contra
la decisión que considera vulneratoria de sus derechos fundamentales, ya que la
misma no fue ejercida oportunamente.

29.- En efecto, la Sala observa que el 14 de enero de 2019, la demandante instauró
una acción de tutela contra el fallo proferido el 4 de mayo de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que fue declarada improcedente por la Sección
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Accionante: María del Carmen Valbuena de Arenas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de marzo
de 2019, por no acreditar el cumplimiento del requisito de la inmediatez, decisión que
fue confirmada el 18 de julio siguiente por la Sección Primera de esta Corporación.

30.- Así, lo que se evidencia es que la parte actora acude 7 años después de
haberse proferido la decisión que en realidad considera transgresora de sus
derechos fundamentales, valiéndose de la sentencia que revisó la misma, con el
único propósito de revivir los términos de las acciones que no fueron ejercidas
oportunamente, lo que ciertamente impide la intervención del juez constitucional.

31.- Por lo reseñado anteriormente, la Sala habrá de declarar improcedente la
solicitud de amparo.

32.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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