RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00607-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00607-00

Fecha
7 de marzo de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00607-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de las demandadas, conforme con lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: Deniégase la acción de tutela promovida la señora Arlenys Santos Córdoba, en calidad de representante legal de la Asociación Comunal Rural de La Unión del municipio de Nuevo Belén de Bajirá (Chocó). TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00607-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

7 de marzo de 2024

Demandante: Asociación Comunal Rural de La Unión
Demandados: Presidente de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-00607-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00607-00
Demandante: ASOCIACIÓN COMUNAL RURAL DE LA UNIÓN
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la parte
actora, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

La señora Arlenys Santos Córdoba, en calidad de representante legal de la
Asociación Comunal Rural de La Unión del municipio de Nuevo Belén de Bajirá
(Chocó)1 presentó acción de tutela en contra del presidente de la República y la
Nación, Ministerio del Interior, con la finalidad de que se protejan sus derechos
fundamentales de petición, a la vivienda digna, así como las garantías de auxilio
de transporte, la alimentación, la protección a través de la Unidad Nacional de
Protección (UNP), entre otros.

La parte actora consideró vulnerados sus derechos constitucionales ante la falta
de respuesta frente a la petición que presentó junto a otras personas ante las
autoridades demandadas, para que se tengan en cuenta sus solicitudes como
líderes sociales en Colombia y se protejan sus garantías como tal.

1 Para lo cual aportó copia del certificado de existencia y representación legal con fecha de

expedición del 10/08/2023.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Comunal Rural de La Unión
Demandados: Presidente de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-00607-00

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

De manera respetuosa le solicitamos al señor presidente y al ministro del interior que
nos tenga en cuenta en las siguientes peticiones a los líderes sociales en Colombia.
Que podamos acceder algún tipo de programa que diseñe el estado para que
podamos tener algunos beneficios para seguir desempeñando nuestra labor que es la
más riesgosa que puede existir en Colombia, como son: auxilio de transporte,
alimentación, protección a través de la U.N.P. a los verdaderos líderes que tanto lo
necesitamos para seguir desempeñando nuestra labor de defensa de derechos y
deberes, que se nos afilie a los servicios de salud, pensión y riesgos profesionales a
los líderes y su núcleo familiar, también que podamos acceder por derecho propio a
las siguientes curules, al senado, cámara de representante, asamblea y consejos
municipales de acuerdo a la región donde pertenezca, así como se le ha brindado la
posibilidad a los ex combatientes a los diferentes grupos al margen de la ley a tener
curules directas y diferentes programas, también a una vivienda digna a él y su grupo
familiar con derecho a pensionarse por su labor que tengan 18 o 20 años de prestar
esta difícil labor y estos líderes sociales los puede certificar las alcaldías, los consejos
comunitarios, las asociaciones comunales que se compongan de varias comunidades
como en el caso de la asociación la Unión y expedirán una certificación al líder social
por su labor prestada durante su tiempo de servicio del líder social.2

La solicitud de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Hizo referencia a la funcionalidad y a las condiciones de inseguridad de los
líderes sociales en Colombia; destacó que el Gobierno muy poco les presta
atención.

Indicó que, los líderes en mención han pedido auxilio y que, pese a la
protección constitucional, carecen de las garantías necesarias para ejercer su
labor social.

Refirió que presentó una petición (sin detallar la fecha) ante el presidente de la
República y el ministro del Interior con la que solicitó que: i) se les tuviera en
cuenta a los líderes sociales para que puedan tener beneficios de protección a
través de la UNP; ii) se les afilie a los servicios de salud, pensión y riesgos
profesionales tanto al líder como a su núcleo familiar; iii) para que puedan
acceder a una curul en cada uno de los concejos municipales, en la asamblea
departamental, en la Cámara de Representantes y en el Senado y; para que iv)
se les garantice una vivienda digna sin necesidad de cumplir “58 años de edad”,
ni los “15 años …como líder social”.

3. Sustento de la vulneración

La parte accionante manifestó que no ha obtenido una respuesta completa, ni
clara, precisa, ni congruente con lo solicitado.

2 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Comunal Rural de La Unión
Demandados: Presidente de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-00607-00

Expuso que es necesario que se les brinde la debida protección como líderes
sociales, en razón a la labor que desempeñan y que, además, se les garanticen
los derechos a los que hizo mención en su petición.

4. Trámite de la solicitud de amparo

Por auto del 14 de febrero de 2024 se admitió la solicitud de tutela presentada
por la Asociación Comunal Rural de La Unión del municipio de Nuevo Belén de
Bajirá (Chocó), a través de su representante legal, la señora Arlenys Santos
Córdoba.

Adicionalmente, en el mencionado proveído se indicó lo siguiente:

Al respecto, se observa que en el escrito de tutela se reseñó como parte
actora a otras personas y consejos comunitarios, de los cuales se indicó
que se identificaban al pie de la respectiva firma3; pero quien suscribió la
demanda constitucional solo fue la señora Santos Córdoba; por tanto, se
dispondrá la admisión de esta acción solo frente a dicha accionante
comoquiera que ella no acreditó ser la representante judicial o legal de los
mismos.

En consecuencia, se dispuso la notificación del presidente de la República de
Colombia, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y
del ministro del Interior.

A su vez, se ordenó la vinculación en calidad de tercero con interés al
representante de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De igual manera, se ordenó la comunicación de quienes presentaron la petición

3 A saber: “La asociación comunal Rural de la Unión con resolución 29-504498-28 NIT:
901741001-5
El consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla con resolución número 2804 del 22 del 11 del
200D M.I. N°180-19908 NIT:818001918-8
Algunos miembros del consejo comunitario de Curvarado con resolución número 1228 del 13 de
diciembre del 2019.
Consejo comunitario por la identidad cultural mande del municipio de Urrao —
Antioquia y el Cabildo Indígena de Cruces del Municipio de Urrao — Antioquia.
Y el señor Hermes de Jesús Días Cuesta y obispo y canciller diocesano del Chocó y Antioquia.
Y la señora Rubiela Julio delegada municipal de la mesa de víctimas del municipio de Belén de
Bajirá.
Otros líderes sociales del Municipio
Identificados con la cédula de ciudadanía como aparece a pie de la respectiva firma ante usted
respetuosamente acudimos para promover en nuestros nombres propios acción de tutela de
conformidad con el artículo 23 y 86 de la constitución política y el decreto reglamentario 2591
del 91 con el objeto de que se nos amparen nuestros derechos constitucionales y
fundamentales que consideramos amenazados y/o vulnerados por la omisión que incurre
algunos funcionarios del estado nacional representada legalmente por el doctor Gustavo Petro,
presidente de la república.”

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Comunal Rural de La Unión
Demandados: Presidente de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-00607-00

que es objeto de la demanda constitucional: i) Los consejos comunitarios de
Pedeguita y Mancilla del municipio de Riosucio (Chocó); del Río Curbaradó del
municipio del Carmen del Darién y, por la nueva identidad cultural Mande del
municipio de Urrao (Antioquia); ii) el cabildo indígena de Cruces del municipio
de Urrao; iii) la Asociación Asomapas (sic) del suroeste antioqueño; así como a
los líderes firmantes de dicha solicitud; además de iv) los referidos en el escrito
de tutela: el señor “Hermes de Jesús Días Cuesta y obispo y canciller
diocesano del Chocó y Antioquia” y, la señora “Rubiela Julio delegada municipal
de la mesa de víctimas del municipio de Belén de Bajirá”.

Para tal efecto, se ordenó que por Secretaría General se publicara un aviso
sobre la existencia de la presente acción, para que intervinieran los interesados.

5. Argumentos de defensa e intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes:

5.1. Presidente de la República

Esta autoridad se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al considerar
que, es improcedente y que, no ha vulnerado los derechos de la parte actora.
Explicó que no tiene relación y/o influencia ni puede intervenir en el proceso de
concederles de subsidios y demás solicitudes, por lo que solicitó su
desvinculación.

Señaló que, el trámite de las solicitudes de la demandante sobre la creación de
subsidios que ayuden a su labor de líderes sociales, es de competencia del
Departamento de la Prosperidad Social (DPS), pero no de la demandada.

Agregó que, respecto a la petición de protección tal asignación es competencia
de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Añadió que, no posee la autoridad
ni la competencia necesaria para evaluar y atender los reclamos presentados
por los accionantes respecto a la protección que alega la actora.

Informó que, la afiliación al sistema de salud se hace por medio del SISBEN.

Refirió que, frente a la petición de las curules, su creación responde a una
modificación propia de la Constitución Política que debe ser adelantada por el
Congreso de la República el cual tiene la facultad de crear dichas curules y no
el presidente de la República.

Precisó que, como la accionante menciona en los hechos de su escrito de tutela
haber radicado solicitudes ante varias entidades, se procedió a verificar con el
área de correspondencia de la entidad y por medio del certificado CERT24-
000846 / GFPU 13081012 del 15 de febrero de 2024 se pudo comprobar que
hasta la fecha no se ha recibido petición por parte de la accionante.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Comunal Rural de La Unión
Demandados: Presidente de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-00607-00

Indicó que, como señaló la mencionada dependencia, ni desde la dirección
electrónica de los accionantes, ni de manera física, se ha recibido alguna
solicitud, incluso se pudo verificar que el sello que refleja la comunicación
allegada como anexo no corresponde a la Presidencia de la República.

5.2. Ministerio del Interior

Esta cartera se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al considerar
que, en la petición anexada por la accionante no se logró visualizar con claridad
ante cuál entidad fue interpuesta.

Precisó que, después de un trabajo exhaustivo de búsqueda en los respectivos
correos institucionales y el sistema de información ControlDoc no se encontró la
petición radicada por parte de la accionante ante el Ministerio del Interior.

Hizo referencia a la competencia de la UNP en la protección solicitada.

Solicitó que se declare la excepción de la falta de legitimación en la causa por
pasiva.

Refirió que, es inexistente la lesión o amenaza a los derechos fundamentales y
la ausencia de hechos o responsabilidades atribuibles a esta entidad pública.

5.3. Los demás vinculados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19914 y el numeral 2°
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 20155, modificado por el Decreto
333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

2.2.1. Solicitudes de desvinculación

La Presidencia de la República y el Ministerio del Interior solicitaron sus

4 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.
5 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del

Derecho.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Comunal Rural de La Unión
Demandados: Presidente de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-00607-00

desvinculaciones, por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

Al respecto, se negarán tales peticiones, puesto que el sustento fáctico
expuesto por el demandante conlleva a que se les integre en el extremo pasivo
de la acción de tutela.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las autoridades demandadas vulneraron el
derecho fundamental de petición de la parte accionante ante la falta de
respuesta frente a la petición que presentó junto a otras personas ante el
presidente de la República con la finalidad de que se tengan en cuenta sus
peticiones como líderes sociales en Colombia.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) la procedencia de las acciones de tutela
frente al derecho fundamental de petición y su ejercicio respecto de autoridades
administrativas y; (iii) el caso concreto.

2.4. De la naturaleza de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19916, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).

2.4.1. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho
fundamental de petición. Ejercicio de dicha garantía respecto de
autoridades administrativas.

La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo 23
de la Constitución Política, así: “Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su

6 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Comunal Rural de La Unión
Demandados: Presidente de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-00607-00

ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.”

La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada7.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e
incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo8.

De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración
no está en capacidad de responder por las características del caso concreto,
como, por ejemplo, al pedir información acerca de un documento que ha
desaparecido.

Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.

En lo atinente, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial
compila en la sentencia T-377 de 20009 como parámetros para su protección
los siguientes:

i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa;

ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;

iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo pedido;

iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser
lo más corto posible;

v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta
siempre en una respuesta escrita;

7 Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001, entre

otras.
8 Sentencia T – 1075 de 2003.
9 Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Comunal Rural de La Unión
Demandados: Presidente de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-00607-00

vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares;

vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa10 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa garantía
fundamental;

viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;

ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del
deber de responder;

x) ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta al
interesado.

A partir de lo antes expuesto, se procederá al análisis de caso concreto, así:

2.5. Caso concreto

La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales de petición,
por la falta de respuesta frente a la petición, a la vivienda digna, así como las
garantías de auxilio de transporte, la alimentación, la protección a través de la
Unidad Nacional de Protección (UNP), entre otros, que presentó junto a otras
personas ante el presidente de la República y el ministerio del Interior, con la
finalidad de que se tengan en cuenta sus solicitudes como líder social en
Colombia.

Para tal efecto, allegó con el escrito de la demanda una petición dirigida al
presidente de la República y al ministro del Interior con la finalidad de que: i)
se les tuviera en cuenta a los líderes sociales para que puedan tener
beneficios de protección a través de la UNP; ii) se les afilie a los servicios de
salud, pensión y riesgos profesionales tanto al líder como a su núcleo familiar;
iii) para que puedan acceder a una curul en cada uno de los concejos
municipales, en la asamblea departamental, en la Cámara de Representantes
y en el Senado y; para que iv) se les garantice una vivienda digna sin
necesidad de cumplir “58 años de edad”, ni los “15 años …como líder social”.

No obstante, se observa que, en dicha solicitud se refirió como destinatario lo
siguiente:

10 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Comunal Rural de La Unión
Demandados: Presidente de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-00607-00

Señor
Presidente de la república de Colombia
Gustavo Petro y al señor ministro del interior Luis Fernando Velasco

Además, se encuentra que, el sello de “recibido” de dicha petición se
encuentra de forma ilegible, tal como se observa en la siguiente imagen:

A su vez, se precisa que, la Presidencia de la República informó que se
procedió a verificar con el área de correspondencia de la entidad y por medio
del certificado CERT24-000846 / GFPU 13081012 del 15 de febrero de 2024
se pudo comprobar que hasta la fecha no se ha recibido petición por parte de
la accionante.

En efecto, se advierte que en dicha certificación se indica lo siguiente:

CERTIFICACIÓN

CERT24-000846 / GFPU 13081012
Bogotá D.C., 15 de febrero de 2024

El Grupo de Correspondencia de la Presidencia de la República, certifica que una vez
consultada la base de datos de radicación de documentos de origen externo
“ESCRIBE”, base datos en el Outlook contacto@presidencia.gov.co, forma
presencial, a la fecha, no se encontró registrada comunicación alguna remitida por de
la ASOCIACIÓN COMUNAL RURAL DE LA UNIÓN, identificada con Nit. 901741001-
5, verificado el documento presentado por la Oficina Jurídica de la Presidencia de la
Republica se evidencia que el sello de radicado no corresponde al de la entidad.

Se expide la presente, a los quince (15) días del mes de febrero de 2024.

@Firma_2956586
FlagSigned_2956586
CESAR ADRIAN VARGAS TABARES
Coordinador Grupo de Correspondencia
GRUPO DE CORRESPONDENCIA

En igual sentido, se observa que el ministerio demandado señaló en su
informe que, además de que la petición anexada por la accionante no se logró
visualizar con claridad ante cuál entidad fue interpuesta, después de un
trabajo exhaustivo de búsqueda en los respectivos correos institucionales y el

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Comunal Rural de La Unión
Demandados: Presidente de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-00607-00

sistema de información ControlDoc no se encontró la petición radicada por
parte de la accionante ante dicha cartera.

Así pues, sería del caso entrar a definir si la parte demandada en mención
vulneró el núcleo esencial del derecho fundamental de petición por la falta de
respuesta; no obstante, tal como se indicó en la certificación citada en
precedencia no se probó el hecho de la presentación de la solicitud objeto de
demanda, lo cual cobra relevancia puesto que, el sello de radicación de la
solicitud se encuentra ilegible.

De modo que, no es posible determinar si en efecto la parte actora radicó
adecuadamente la solicitud objeto de demanda ante los canales dispuestos
por la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior.

Al respecto, debe precisarse que, en sentencia T-329 de 2011, la Corte
Constitucional explicó lo siguiente:

Por lo anterior, es pertinente agregar que si bien toda persona tiene derecho a elevar
solicitudes respetuosas ante la administración o contra particulares, es requisito
indispensable para obtener el fin perseguido con la acción de tutela, demostrar así
sea de forma sumaria, que se presentó la petición.

En este sentido, la Sentencia T - 997 de 2005, resaltó:

La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las partes
enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la petición y
de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, debe probar que respondió
oportunamente. La prueba de la petición y de su fecha traslada a la entidad
demandada la carga procesal de demostrar, para defenderse, que, al contrario de lo
afirmado por el actor, la petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y
oportunamente. Pero si ante el juez no ha sido probada la presentación de la
solicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria de la misma, pues
procesalmente no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento,
estaba en la obligación constitucional de responder.

En este orden, no basta por tanto que el accionante afirme que su derecho de
petición se vulneró por no obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha afirmación
con elementos que permitan comprobar lo dicho, de modo que quien dice haber
presentado una solicitud y no haber obtenido respuesta deberá presentar copia de la
misma recibida por la autoridad o particular demandado o suministrar alguna
información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acompañaron la
petición, a fin de que el juez pueda ordenar la verificación.11

Por consiguiente, como no es posible endilgarle a la parte demandada el
conocimiento de esta solicitud y la vulneración de los derechos fundamentales
deprecados, se negará la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

11 Sentencia T- 767 del 12 de agosto de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Comunal Rural de La Unión
Demandados: Presidente de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-00607-00

Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de las demandadas,
conforme con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Deniégase la acción de tutela promovida la señora Arlenys Santos
Córdoba, en calidad de representante legal de la Asociación Comunal Rural de
La Unión del municipio de Nuevo Belén de Bajirá (Chocó).

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes
a la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.