Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00615-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00615-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00615-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
14 de marzo de 2024
Demandantes: Carolina Tangarife Ospina y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00615-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00615-00
Demandantes: CAROLINA TANGARIFE OSPINA Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA,
SUBSECCIÓN C
Tema: Tutela contra providencia judicial – ampara.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por la
señora Carolina Tangarife Ospina y otros contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la
Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 12 de febrero de 2024 la señora Carolina Tangarife
Ospina y otros1, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C con el fin de
que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.
La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 28 de junio de 2023, mediante la cual se modificó la
providencia del 6 de agosto de 2020 del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, para en su lugar «inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo frente
a las pretensiones formuladas por Jhon Freddy López Cruz, Carolina Tangarife
Ospina, Aura María Quinchía, Flor María Cruz Benítez, Yamileth Vélez Ospina y
Maricel Vélez Ospina, por no haber agotado el requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial».
Lo anterior, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 76001-
1 Jhon Freddy López Cruz, Yamileth Vélez Ospina, Maricel Vélez Ospina, Carolina Tangarife
Ospina, Aura María Quinchía de Ospina, representada por la señora Myriam Ospina Quinchía en
su calidad de heredera, y Flor María Cruz Benítez.
1
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Demandante: Carolina Tangarife Ospina y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00615-00
23-31- 000-2011-00091-01, instaurado contra el Hospital Universitario del Valle
Evaristo García y el Hospital Carlos Holmes Trujillo de la E.S.E Red de Salud del
Oriente.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
dejar sin efecto el numeral primero de la sentencia para en su lugar ordenar a la
Subsección C del Consejo de Estado que emita una nueva sentencia en la que se
indique que los demandantes Jhon Freddy López Cruz, Carolina Tangarife Ospina,
Aura María Quinchía, Flor María Cruz Benítez, Yamileth Vélez Ospina y Maricel
Vélez Ospina, s[í] agotaron el requisitos de conciliación y por lo tanto proceda a dictar
sentencia de fondo para cada uno de ellos, en el sentido de condenar a la Red Salud
del Oriente a resarcir los perjuicios por negligencia médica, tal como lo hizo para la
Señora Myriam Ospina Quinchía al encontrar configurada la negligencia médica de
la entidad demandada.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El 25 de enero de 2011 la señora Carolina Tangarife Ospina, en compañía de su
grupo familiar2, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra el Hospital Universitario del Valle Evaristo García y el Hospital
Carlos Holmes Trujillo de la E.S.E Red de Salud del Oriente, para que se les
declarara patrimonialmente responsables i) por la muerte de Viviana López
Ospina y ii) por la pérdida de oportunidad de sobrevivencia, debido a la «falta de
oportunidad en la atención medica al momento de acceder a UCI y falta de
equipos para la administración de medicamentos en el HUV».
Mediante sentencia del 6 de agosto de 2020 el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar
que dichos hospitales incurrieron en fallas en el servicio, pues fueron negligentes
y le brindaron una atención inadecuada a la señora Viviana López Ospina, Io cual
ocasionó su muerte.
En la parte resolutiva, el a quo las condenó a pagar, por perjuicios morales: 100
SMLMV a Myriam Ospina Quinchía y Jhon Freddy López Cruz y 50 SMLMV a
Yamileth Vélez Ospina, Maricel Vélez Ospina, Carolina Tangarife Ospina, Aura
María Quinchia de Ospina y Flor María Cruz Benítez. Asimismo, condenó a La
Previsora S.A. a «reembolsar a favor del Hospital Universitario del Valle, las
2 Jhon Freddy López Cruz, Yamileth Vélez Ospina, Maricel Vélez Ospina, Carolina Tangarife
Ospina, Aura María Quinchía de Ospina, representada por la señora Myriam Ospina Quinchía en
su calidad de heredera, y Flor María Cruz Benítez.
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Demandante: Carolina Tangarife Ospina y otros
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sumas que este debe cancelar como consecuencia de la condena que le es
impuesta en esta sentencia, hasta el límite del valor asegurado».
El 23 de agosto de 2020, La Previsora S.A. interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 4 de marzo de 2021 y admitido el 10 de septiembre de
2021. A su turno, el 24 de septiembre de 2021, la E.S.E. Red de Salud del Oriente
presentó apelación adhesiva al recurso presentado, la cual fue admitida el 21 de
enero de 2022.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C con sentencia del 28 de
junio de 2023 modificó la decisión del a quo, para en su lugar declarar la ineptitud
sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales y, como consecuencia
de lo anterior, dispuso:
PRIMERO: Inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo frente a
las pretensiones formuladas por Jhon Freddy López Cruz, Carolina
Tangarife Ospina, Aura María Quinchía, Flor María Cruz Benítez,
Yamileth Vélez Ospina y Maricel Vélez Ospina, por no haber agotado el
requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. (Negritas
propias)
SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la E.S.E. Red de
Salud del Oriente por la muerte de Viviana López Ospina.
TERCERO: CONDENAR a la E.S.E. Red de Salud del Oriente a pagar por
concepto de perjuicios morales derivados de la muerte de Viviana López
Ospina 100 SMLMV a Myriam Ospina Quinchía.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
Así, en cuanto a la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad
advirtió que la señora Myriam Ospina Quinchía sí lo cumplió porque presentó
solicitud de conciliación extrajudicial el 11 de octubre de 2010, la cual se declaró
fallida el 23 de noviembre de 2010.
Sin embargo, evidenció que los señores Jhon Freddy López Cruz, Carolina
Tangarife Ospina, Aura María Quinchía, Flor María Cruz Benítez, Yamileth Vélez
Ospina y Maricel Vélez Ospina no solicitaron ni hicieron parte de dicha
conciliación extrajudicial, «por Io cual se advierte que no agotaron el requisito de
procedibilidad referido».
Acotó que la constancia de la conciliación prejudicial indicaba Io siguiente:
«mediante apoderado judicial, ante esta Procuraduría el (la) convocante Myriam
Ospina Quinchía, presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 11 de octubre
de 2010».
A su turno, adujo que el acta de conciliación prejudicial señaló «solicitud
presentada el día once (11) de octubre de 2010, las siguientes personas:
Doctor(a) Jorge Andrés Marín Godoy, [...] abogado(a) titulado(a) con tarjeta No.
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[...]del Consejo superior de la judicatura, según sustitución de poder otorgado por
el Doctor(a) Juan Manuel Duque Zúñiga, [...] quien actúa en nombre y
representación de Miriam Ospina Quinchía».
Concluyó que dicha subsección ha reconocido que para el agotamiento del
requisito de procedibilidad de conciliación, se deben reunir los siguientes
presupuestos: «(i) identidad entre las partes que asisten al trámite de conciliación
y luego concurren al proceso en calidad de partes, (ii) correspondencia entre la
causa o los hechos que se sirven de fundamento a la pretensión de conciliación
y que, con posterioridad, se proponen en la demanda y (iii) equivalencia entre el
objeto de la conciliación y el de la demanda o su reforma».3
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora adujo que la sentencia del 28 de junio de 2023 vulneró sus
garantías constitucionales debido a que modificó la sentencia de primera
instancia que imponía una condena solidaria a los demandados por los perjuicios
derivados de la negligencia médica, que condujo al fallecimiento de la menor de
edad.
Agregó que, en su lugar, la subsección se inhibió de pronunciarse respecto a seis
de los siete demandantes, aduciendo erróneamente que no se había cumplido el
requisito de conciliación prejudicial. Como consecuencia, únicamente condenó a
una de las entidades demandadas a resarcir los perjuicios, limitándose a la
señora Myriam Ospina Quinchía, al considerar que en su caso sí se había
agotado el mencionado requisito.
Defecto fáctico: puso de presente que la autoridad judicial accionada interpretó
en forma indebida y alejada a la realidad tanto el Acta de Conciliación Judicial
660-2010, como la Constancia de no Conciliación del 23 de noviembre de 2010
elaboradas por la Procuraduría 59 Judicial I Para Asuntos Administrativos.
Esto, toda vez que no estudió en forma completa dichos documentos y ello lo
llevó a tomar una conclusión violatoria del derecho al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso para los demandantes que llevaban 12 años
esperando justicia, verdad y reparación.
Reiteró que la Subsección C entendió que solamente la señora Myriam Ospina
Quinchía había agotado el requisito de conciliación prejudicial, pero no los demás
6 demandantes, apoyada en una lectura parcial de dichos documentos.
Aclaró que si bien en el acta de conciliación fallida se precisó que la señora
Myriam Ospina Quinchía presentó la solicitud de conciliación del 11 de octubre
de 2010 y que el apoderado obraba en representación de la misma señora, ello
3 «Consejo de Estado. Sentencia del 5 de septiembre de 2017. Rad. 57992».
4
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no quería decir que ella solamente hubiese presentado y agotado la conciliación,
pues claramente de la lectura de los documentos se podía concluir que los demás
demandantes también habían agotado el requisito, «pues cada uno de ellos
quedó relacionado en los documentos como convocantes y sobre cada uno de
ellos se relacionó el valor que como perjuicios pretendían».
Afirmaron que lo anterior cobra mayor relevancia cuando en el Acta de
Conciliación Prejudicial No. 660 – 2010 del 23 de noviembre de 2010, se señala
expresamente que el extremo convocante se encuentra integrado por «MYRIAM
OSPINA QUINCHIA Y OTROS». Además de que se establece cuál es el perjuicio
que se pretende que se reconozca respecto de cada uno de los convocantes así:
los convocantes solicitan la siguiente indemnización de perjuicios 1)
PERJUICIOS MORALES: 100 SMMV para JHON FREDDY LOPEZ CRUZ
(padre); 100 SMLMV para MYRIAM OSPINA QUINCHIA (madre); 100
SMLMV para YAMILETH VELEZ OSPINA (hermana); 100 SMLMV para
MARICEL VELEZ OSPINA (Hermana); 100 SMLMV para CAROLINA
TANGARIFE OSPINA (Hermana); 100 SMLMV para AURA MARIA
QUINCHIA DE OSPINA (Abuela); 100 SMLMV para FLOR MARIA CRUZ
BENITEZ (Abuela): 2) PERJUICIO A LA VIDA DE RELACIÓN: 100 SMMV
para JHON FREDDY LOPEZ CRUZ (padre); 100 SMLMV para MYRIAM
OSPINA QUINCHIA (madre); 100 SMLMV para YAMILETH VELEZ OSPINA
(hermana); 100 SMLMV para MARICEL VELEZ OSPINA (Hermana); 100
SMLMV para CAROLINA TANGARIFE OSPINA (Hermana); 100 SMLMV
para AURA MARIA QUINCHIA DE OSPINA (Abuela); 100 SMLMV para
FLOR MARIA CRUZ BENITEZ (Abuela). (Negritas propias)
Destacó que dicha determinación de «convocantes», también se dejó
consignada en constancia de conciliación fallida así:
La Constancia de no conciliación del 23 de noviembre de 2011 señala: “1.
Que mediate apoderado judicial, ante esta Procuraduría el (la) convocante
MYRIAM OSPINA QUINCHIA, presento solicitud de conciliación extrajudicial
el 11 de octubre de 2010. “2. Lo que se pretende es: Por el fallecimiento de
la niña imputable a las entidades convocadas los convocantes solicitan la
siguiente indemnización de perjuicios 1) PERJUICIOS MORALES: 100
SMMV para JHON FREDDY LOPEZ CRUZ (padre); 100 SMLMV para
MYRIAM OSPINA QUINCHIA (madre); 100 SMLMV para YAMILETH VELEZ
OSPINA (hermana); 100 SMLMV para MARICEL VELEZ OSPINA
(Hermana); 100 SMLMV para CAROLINA TANGARIFE OSPINA (Hermana);
100 SMLMV para AURA MARIA QUINCHIA DE OSPINA (Abuela); 100
SMLMV para FLOR MARIA CRUZ BENITEZ (Abuela): 2) PERJUICIO A LA
VIDA DE RELACIÓN: 100 SMMV para JHON FREDDY LOPEZ CRUZ
(padre); 100 SMLMV para MYRIAM OSPINA QUINCHIA (madre); 100
SMLMV para YAMILETH VELEZ OSPINA (hermana); 100 SMLMV para
MARICEL VELEZ OSPINA (Hermana); 100 SMLMV para CAROLINA
TANGARIFE OSPINA (Hermana); 100 SMLMV para AURA MARIA
QUINCHIA DE OSPINA (Abuela); 100 SMLMV para FLOR MARIA CRUZ
BENITEZ (Abuela)” […] (Negritas propias)
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Por lo anterior, consideró que la autoridad judicial accionada realizó una lectura
parcial de dichos documentos, dejando de lado el hecho de que en las
mencionadas pruebas también se precisó que habían «convocantes» y se
desestimó el supuesto de que hasta inclusive se discriminó el monto de las
pretensiones frente a cada uno de ellos.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: ya que la autoridad
judicial accionada al evaluar tanto el Acta de Conciliación como la Constancia de
no conciliación lo hizo de manera fragmentada y no integral, aunado a que aplicó
un formalismo riguroso al concluir que únicamente la señora Myriam Ospina
Quinchía había presentado la conciliación.
Estimó que lo anterior, «impidió en forma injusta el acceso a la administración de
justicia de 6 de los 7 demandantes, así como vulneró la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, negándoles su derecho a la verdad, justicia y
reparación».
Concluyó que, si la autoridad judicial accionada tenía alguna duda, debió ordenar
una prueba de oficio con la finalidad de lograr una decisión justa, y de esta forma
verificar si la conciliación prejudicial se agotó o no para todos los demandantes.
Por último, adjuntó la solicitud de conciliación que fue radicada ante Procuraduría
Judicial, en la cual aparecen los nombres de todos los demandantes:
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Refirió que a folio 50 de dicha solicitud se enlistaron uno por uno los poderes
conferidos por los convocantes otorgados al abogado para presentar la solicitud
de conciliación:
Acotó que en los folios 48 y 49 del mentado escrito están relacionados los
perjuicios que se pretendía conciliar para cada uno de los convocantes, tanto por
perjuicios morales como por perjuicios a la vida de relación:
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1.5. Admisión de la demanda
Mediante auto de 15 de febrero de 2023 se: i) admitió la demanda; ii) ordenó
notificar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; iii) vinculó, en
calidad de terceros con interés, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (a
quo del proceso ordinario), Hospital Universitario del Valle Evaristo García,
Hospital Carlos Holmes Trujillo de la E.S.E Red de Salud del Oriente, La
Previsora S.A. Compañía de Seguros (parte pasiva del proceso ordinario).; y iv)
ofició a las autoridades judiciales para que allegara copia íntegra del expediente
de reparación directa.
1.6. Intervenciones
1.6.1. La Previsora S.A.
Solicitó negar las pretensiones de la demanda al considerar que no se incurrió
en un defecto fáctico, pues la autoridad judicial valoró las pruebas de carácter
documental allegadas al proceso por la parte actora, en relación con la
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad y acción, concluyendo
que la única demandante que cumplió con el requisito de procedibilidad fue la
señora Myriam Ospina Quinchía.
Adujo que la corporación tutelada fundamentó su decisión en las pruebas
documentales obrantes en el proceso y el apoderado judicial no puede alegar su
propia culpa, en este estadio procesal, pues ha debido leer bien el acta y la
constancia de conciliación prejudicial, y en caso de error haber hecho la solicitud
de corrección a la Procuraduría 59 judicial I para asuntos administrativos, antes
de incoar la respectiva demanda de reparación directa
1.6.2. Hospital Carlos Holmes Trujillo de la E.S.E Red de Salud del Oriente
Explicó que en el acta de conciliación prejudicial 660-2010 del 23 de noviembre
de 2010 solo se hace referencia a la señora Myriam Ospina Quinchía.
Indicó que era respetuosa de las normas y autoridades competentes, por lo que
si la Procuraduría 59 Judicial I para asuntos Administrativos de Cali aclaraba
quienes fueron los convocantes en dicho trámite extra judicial, «el problema
constitucional habrá quedado resuelto».
1.6.3. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Requirió negar las pretensiones de la demanda porque la providencia acusada
no incurrió en los alegados defectos, toda vez que las pruebas documentales
aportadas con la demanda permitieron constatar que solo Myriam Ospina
Quinchía cumplió con el requisito de procedibilidad porque presentó solicitud de
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conciliación extrajudicial el 11 de octubre de 2010, la cual se declaró fallida el 23
de noviembre de 2010.
Se refirió al acta de la diligencia de conciliación prejudicial llevada a cabo el 23
de noviembre de 2010 ante la Procuraduría 59 Judicial I y la constancia de
conciliación prejudicial No. 660-2010 del 23 noviembre de 2010 y adujo que la
valoración de estas no fue indebida o caprichosa como lo pretenden hacer valer
los tutelantes, sino que, por el contrario, «su apreciación objetiva y en conjunto
con los demás medios de prueba permitió acreditar que la única persona en
agotar el requisito de procedibilidad había sido Myriam Ospina Quinchía».
Agregó que si bien en los documentos señalados se hizo referencia a las
pretensiones de resarcimiento de perjuicios para una pluralidad de personas
(entre ellas los demás demandantes), lo cual a juicio de los tutelantes debía
haberse interpretado como acreditación de que ellos eran también convocantes
y con ello agotaban la conciliación como requisito de procedibilidad, lo cierto es
que «es absurdo suponer que la Sala debía haber realizado aquella disquisición,
en tanto no había forma de verificar que las personas para las que se pedían
perjuicios también eran parte del referido trámite preprocesal o que quien obraba
como apoderado de la parte».
Explicó que aunque los tutelantes allegaron con la acción de amparo un
documento adicional que, a su juicio, permite dar cuenta que la solicitud de
conciliación radicada ante la Procuraduría General de la Nación fue presentada
por Myriam Ospina Quinchía, Jhon Fredy López Cruz, Yamileth Vélez Ospina,
Maricel Vélez Ospina, Carolina Tangarife Ospina, Aura María Quinchía de
Ospina y Flor María Cruz Benítez, lo cierto es que dicha prueba documental no
fue aportada junto al escrito de la demanda al proceso ni en una etapa posterior,
«resultando así imposible y/o vano para el Despacho pronunciarse sobre un
asunto que desconocía».
Esgrimió que junto con la demanda solo se arrimó la «1.11. Constancia original
de no conciliación dentro de la Conciliación Prejudicial de la Procuraduría 59
Judicial I para Asuntos Administrativos, del 23 de noviembre de 2010; y 1.12.
Original del acta de conciliación prejudicial de la Procuraduría Judicial I para
Asuntos Administrativos, del 23 de noviembre de 2010»; documentos que,
aunque invocan pretensiones para una pluralidad de personas, como ya se
indicó, refieren en su contenido como única convocante a la señora Myriam
Ospina Quinchía.
Concluyó que frente al reparo consistente en que se debió decretar y practicar
pruebas de oficio, de conformidad con el artículo 213 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que
no se reunieron los presupuestos de que trata la precitada disposición, en tanto
lo probado en el proceso permitía establecer con suficiente claridad que dichas
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personas no habían agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación
prejudicial, por cuanto no hacían parte del trámite prejudicial.
Los demás sujetos pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron
informe de fondo del asunto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer de la demanda presentada por la señora
Carolina Tangarife Ospina y otros, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7. ° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1. ° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela
se dirige contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
2.2. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de
la acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia con ocasión de la sentencia del 28 de junio
de 2023, que modificó la decisión del a quo, para en su lugar, declarar
la ineptitud de la demanda e inhibirse de realizar un pronunciamiento
de fondo frente a las pretensiones formuladas por Jhon Freddy López
Cruz, Carolina Tangarife Ospina, Aura María Quinchía, Flor María
Cruz Benítez, Yamileth Vélez Ospina y Maricel Vélez Ospina, por no
haber agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial; iii) análisis del caso en
concreto.
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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5 y declaró
su procedencia.6
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere
la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad de tutela
contra providencia judicial
2.4.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022,
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de frente a este requisito,
así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Sobre el particular, para la Sala es necesario precisar que este requisito 7 se
encuentra superado, por cuanto la parte actora adujo que se le vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia ante la posible configuración de los defectos fáctico y un exceso ritual
manifiesto, ya que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C se
inhibió de fallar frente al resto de los demandantes al considerar que no se agotó
el requisito de conciliación, sin tener en cuenta que en las pruebas obrantes en
el proceso se precisó que habían «convocantes». Indicaron que lo anterior, les
impidió acceder al aparato jurisdiccional para ser resarcidos por la muerte de una
menor de edad.
En consonancia con lo anterior, la parte actora cumplió con el deber de evidenciar
suficientemente una tensión entre la providencia censurada y el núcleo esencial
de las garantías constitucionales alegadas. Esto, al exponer los motivos por los
cuales considera que sus derechos se han vulnerado ante la configuración de un
defecto fáctico y un exceso ritual manifiesto, los cuales se sintetizan en que se
valoraron de manera parcializada las pruebas que daban cuenta que sí hicieron
parte de dicho trámite prejudicial.
Así, se puede concluir que no se trata de un asunto de mera legalidad ni tampoco
que se limite a cuestiones económicas, se trata de una duda legítima sobre la
posible vulneración de principios constitucionales como el debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, este último garantía de raigambre
constitucional (artículo 229), que establece el derecho de toda persona a acceder
7 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia
30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
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a la administración de justicia para solicitar a los jueces competentes la
protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución
y la ley.
Además de que este caso involucra la discusión sobre la posible vulneración del
derecho fundamental al debido proceso derivado de los defectos endilgados a la
accionada y de la negativa al acceso a la administración de justicia que conllevó
al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C a inhibirse a fallar respecto
de los tutelantes, lo cual tiene implicaciones constitucionales en la garantía de
sus derechos fundamentales y que, por ende, no puede considerarse como una
discusión meramente legal ni tampoco se pretende utilizar la acción de tutela
para reabrir un debate jurídico cerrado por el juez contencioso administrativo.
Por todo lo anterior se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito
de relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una
posible trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, cuya
controversia no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico,
sino que se justificó en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la
decisión judicial objeto de reproche.
Bajo esta línea argumentativa, en resumen, esta sala considera que el asunto sí
reviste de relevancia constitucional, pues se advierte que los reparos contra la
providencia bajo cuestionamiento pretenden advertir las irregularidades en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada, que además
comprometen una serie de garantías de orden superior. Esto, más allá del debate
legal surtido en las instancias del caso, por lo que es evidente la tensión entre
los derechos fundamentales invocados y la decisión judicial que controvierte.
2.4.2. Inmediatez
También se acredita el cumplimiento del requisito de la inmediatez. Lo anterior,
por cuanto la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
que se acusa como vulneradora fue proferida el 28 de junio de 2023, notificada
por edicto electrónico del 17 de agosto de 2023.
Así, sin que sea necesario establecer su fecha de de ejecutoria, se advierte que
la acción de tutela se radicó dentro del término razonable de 6 meses señalado
por la jurisprudencia8 (12 de febrero de 2024).
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.4.3. Tutela contra tutela
La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior
del proceso de reparación directa identificada con radicado 76001-23-31-000-
2011-00091-01.
2.4.4. Subsidiariedad
En consideración a dicho requisito, por tratarse de una providencia que resolvió
en segunda instancia el proceso de reparación directa, es evidente el
agotamiento de los recursos ordinarios. Asimismo, no proceden los recursos
extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia, comoquiera que la
inconformidad señalada por la parte actora no se adecúa a las causales
establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437 de 2011.
2.5. Defecto fáctico9
50. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201510 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en
la presente decisión:
51. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
para resolver el problema jurídico sometido a
consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la
facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e
idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no
Omisión de toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad
decreto y práctica a la configuración del defecto, ya que éste procederá
9
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de enero de 2020, Exp: 11001-03-15-000-2019-04664-00, M.P.
Rocío Araújo Oñate; sentencia del 30 de enero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2019-04374-01, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2020-00137-00,
M.P. Rocío Araújo Oñate.
10
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación
No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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de pruebas cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que,
indispensables solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros
para fallar el arriba señalados.
asunto
De esta manera, se requiere:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción
en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los
hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en
Desconocimiento cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere
del acervo que de forma específica, se concrete en el escrito de
probatorio amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y
determinante para legalmente, fueron desconocidas por el juez.
identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre que:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no
valorados por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Valoración requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cual o cuales de las pruebas
pruebas aportadas fueron objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
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El segundo de los elementos señalados resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede
ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide
Dictar sentencia el asunto con base en pruebas que no observaron los
con fundamento requisitos legales para su producción o introducción al
en pruebas proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se
obtenidas con equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido
violación del en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
debido proceso planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el
debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.
Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida
en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de
tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba,
como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al
fallador.
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2.6. Caso concreto
Los argumentos de la parte actora apuntan a probar la presunta lesión de sus
derechos fundamentales debido a que, a su juicio, la autoridad judicial accionada
efectuó una indebida valoración probatoria, llegando inclusive a configurarse un
exceso de ritual manifiesto, puesto que se dio por incumplido el requisito de
conciliación prejudicial respecto a seis de los siete demandantes.
Adujo que, si se hubiese hecho un estudio integral de las pruebas obrantes en el
expediente, se podía concluir que los demás demandantes: Jhon Freddy López
Cruz, Carolina Tangarife Ospina, Aura María Quinchía, Flor María Cruz Benítez,
Yamileth Vélez Ospina y Maricel Vélez Ospina también habían agotado el
requisito, «pues en cada uno de ellos quedó relacionado en los documentos
como convocantes y sobre cada uno de ellos se relacionó el valor que como
perjuicios pretendían».
Esta sección recuerda que la solicitud de tutela se enmarcó en dos defectos, a
saber, fáctico y por exceso ritual manifiesto, pero ambos se sustentaron en que
la autoridad judicial accionada realizó una lectura parcializada del acta de
conciliación fallida y de su constancia, dejando de lado el hecho de que en las
mencionadas pruebas también se precisó que habían «convocantes» y se
desestimó el supuesto de que hasta inclusive se discriminó el monto de las
pretensiones frente a cada uno de ellos.
Así, los tutelantes explicaron que dicha ambigüedad se pudo resolver mediante
la práctica de una prueba de oficio, con la finalidad de lograr una decisión justa,
y de esta forma verificar si la conciliación prejudicial se agotó o no respecto de
todos los demandantes.
Ahora bien, previo a abordar el fondo de este asunto, a esta sala le resulta
pertinente precisar que, frente al documento que los tutelantes aportan en sede
judicial, a saber, la solicitud de conciliación prejudicial, donde a su juicio constan
todos los nombres de los convocantes, no se hará mayor alusión al respecto,
debido a que revisado el expediente contencioso, dicha documental no se
encuentra en el mismo.
Dilucidado lo anterior, esta sección recuerda cuales fueron los fundamentos de
la autoridad judicial accionada para inhibirse de realizar un pronunciamiento de
fondo frente a las pretensiones formuladas por Jhon Freddy López Cruz, Carolina
Tangarife Ospina, Aura María Quinchía, Flor María Cruz Benítez, Yamileth Vélez
Ospina y Maricel Vélez Ospina, por no haber agotado el requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial:
Precisamente, la constancia de la conciliación prejudicial indica lo siguiente:
“mediante apoderado judicial, ante esta Procuraduría el (la) convocante
Myriam Ospina Quinchia, presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 11
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de octubre de 2010”. A su turno, el Acta de Conciliación Prejudicial señala
“solicitud presentada el día once (11) de octubre de 2010, las siguientes
personas: Doctor(a) Jorge Andrés Marín Godoy, [...] abogado(a) titulado(a)
con tarjeta No. [...] del Consejo superior de la judicatura, según sustitución
de poder otorgado por el Doctor(a) Juan Manuel Duque Zúñiga, [...] quien
actúa en nombre y representación de Miriam Ospina Quinchia".
• De lo expuesto se tiene que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C en la sentencia del 28 de junio de 2023 explicó que la señora Myriam Ospina
Quinchía sí cumplió con el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial,
porque presentó la referida solicitud el 11 de octubre de 2010, la cual se declaró
fallida el 23 de noviembre de 2010. Sin embargo, evidenció que los demás
sujetos no solicitaron ni hicieron parte de dicha conciliación extrajudicial, «por Io
cual se advierte que no agotaron el requisito de procedibilidad referido.»
-A esta conclusión arribó dicha sala luego de indicar que ello constaba en el acta
de la diligencia de conciliación prejudicial llevada a cabo el 23 de noviembre de
2010 ante la Procuraduría 59 Judicial I para Asuntos Administrativos.11
-Aunado a lo anterior, la autoridad judicial accionada precisó que la constancia
de conciliación prejudicial No. 660-2010 del 23 noviembre de 2010, suscrita por
la Procuradora 59 Judicial I para Asuntos Administrativos, se indicó lo mismo,
esto es, que la única persona que había presentado la solicitud para el
agotamiento del requisito de procedibilidad era Myriam Ospina Quinchía.
-Así, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C determinó que la
única persona que obraba en ellas como convocante y que había agotado el
requisito de procedibilidad era la señora Myriam Ospina Quinchía.
Sin embargo, esta sección advierte que en el análisis en mención no se tuvo en
cuenta apartes contenidos tanto en el acta de conciliación y en la constancia de
ésta, en los cuales se consignó que eran «convocantes» y que inclusive se
establecían los montos de los perjuicios frente a cada uno de ellos, como se
corrobora de las siguientes capturas de pantalla:
-Acta de conciliación:
11 La cual señaló lo siguiente: «En Santiago de Cali, a los veintitrés (23) días del mes de
noviembre del año dos mil diez (2010), siendo las 8:30 AM, comparecieron al Despacho de la
Procuraduría Judicial 59 ante los Jueces Administrativos de Cali, con el objeto de celebrar
Audiencia de Conciliación Extrajudicial, solicitud presentada por las siguientes personas: Doctor
(a) JORGE ANDRÉS MARÍN GODOY, identificado con CC No. 94.533.208, abogado titulado con
tarjeta profesional No. 180.609 del Consejo Superior de la Judicatura, según sustitución de poder
otorgado por el doctor JUAN MANUEL DUQUE ZÚÑIGA, identificado con CC 94.510.083,
abogado titulado con tarjeta profesional No. 109.928 del Consejo Superior de la Judicatura,
quien actúa en nombre y representación de MYRYAM OSPINA QUINCHIA»
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-Constancia de acta de conciliación:
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De lo anterior se concluye que la autoridad incurrió en un defecto fáctico por una
indebida valoración de las pruebas, en atención a que no se refirió frente a todos
los apartes de las pruebas documentales, máxime si se tiene en cuenta que, de
la lectura integral de las mismas, también se podría inferir razonablemente que
no solo fue la señora Myrian quien actuó como convocante, lo que cercenó la
posibilidad de dichos sujetos de ser parte en el proceso y eventualmente, ser
indemnizados.
Al respecto, también resulta relevante precisar que los apartes que se
suprimieron en la cita textual por parte de la autoridad judicial accionada son lo
que precisamente se extrañan que fueran objeto de análisis, sobre todo cuando
en ellos se encuentran afirmaciones que podrían llegar a incidir en la decisión
aquí controvertida, como por ejemplo que eran varios «convocantes» y que ello
sería afín con la discriminación de los montos de los perjuicios precisados en el
acta y en la constancia de conciliación fallida, máxime cuando, por su parte,
carecería de sentido que el extremo convocante estuviera integrado por una sola
persona, pero se pidiera una condena a favor de varios sujetos.
En este punto conviene recordar que, ante ambigüedades el juez natural de la
causa siempre cuenta con el uso de las facultades oficiosas que le concede el
artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que establece, «en cualquiera de las instancias el Juez o
Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere
necesarias para el esclarecimiento de la verdad».
Esta corporación considera que lo anterior, no solo es una facultad que tiene el
juez sino que también es un deber, mucho más si se tiene en cuenta que hay
algunos casos en que es obligatorio ordenarlas y practicarlas con el fin de
aclarar los puntos oscuros o confusos que interesan al proceso y garantizar
el acceso efectivo a la administración de justicia de los demandantes.
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional se reitera que el
derecho de acceso a la administración de justicia «constituye la posibilidad
reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en
condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar
por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento
de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos
previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales
y procedimentales previstas en las leyes».12
El derecho de acceso a la administración de justicia tiene una intrínseca relación
con el debido proceso, pues solo si se garantiza que el ciudadano pueda impulsar
pretensiones a la jurisdicción, será posible garantizar un proceso recto y
garantista que decida de manera justa sobre los derechos objetos de la
12 Sentencia T-799/11.
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controversia. Frente a este punto el máximo órgano constitucional ha sostenido
de manera pacífica que «el acceso a la justicia se integra al núcleo esencial del
debido proceso, por la circunstancia de que su garantía supone necesariamente
la vigencia de aquél, si se tiene en cuenta que no es posible asegurar el
cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales
establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho
acceso».13
En conclusión, el derecho de acceso a la administración de justicia como parte
integral del debido proceso, en el caso concreto, se traduce en la facultad que
tienen los actores de reclamar una decisión que resuelva la controversia
planteada atendiendo al material probatorio allegado con el fin de obtener la
protección o el restablecimiento de los derechos que consagra la ley y la
Constitución, la cual debe ser garantizada al interior de cualquier actuación
judicial.
Se reitera, que en relación con las pruebas de oficio, la Corte Constitucional ha
avalado su legitimidad e incluso sostenido su necesidad, partiendo de la idea de
que la búsqueda de la verdad es un imperativo para el juez y un presupuesto
para la obtención de decisiones justas.
Dicho tribunal constitucional ha establecido que tal potestad no debe entenderse
como una inclinación indebida de la balanza de la justicia para con alguna de las
partes, sino como «un compromiso del juez con la verdad, ergo con el derecho
sustancial». Igualmente ha indicado que «el decreto oficioso de pruebas no es
una mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal» y el funcionario
deberá decretar pruebas oficiosamente: «(i) cuando a partir de los hechos
narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan
hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios
oscuros de la controversia (…)». (Negritas propias)
En este orden de ideas, esta Sala amparará los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los accionantes
para que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C se pronuncie
frente a cada uno de los apartes contenidos tanto en el acta de conciliación como
en la constancia de esta, puntualmente lo referente a que en esos documentos
se afirma que hay «convocantes» en el trámite de solicitud de conciliación
prejudicial , se discrimina el monto de la indemnización frente a cada uno de ellos
y se especifica que, además de la señora Myriam Ospina Quinchía, el extremo
activo del trámite prejudicial se encuentra integrado por «otros […] convocantes».
Ahora, en este punto resulta pertinente resaltar que esta decisión en sede
constitucional no implica que la autoridad judicial accionada expedirá una
decisión favorable al interior del proceso contencioso, ya que el amparo se
13 Corte Constitucional, Sentencias T-522 de 1994; C-037 de 1996; y C-071 de 1999, entre otras.
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
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encuentra dirigido a que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
emita un pronunciamiento en el que valore íntegramente las pruebas que aquí se
han detallado.
En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada podrá hacer uso, si lo
estima pertinente, de las facultades oficiosas que le concede el artículo 213 del
CPACA, con el fin de dilucidar cualquier ambigüedad o «para el esclarecimiento
de la verdad», como ya se explicó.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales del debido proceso y de
acceso a la administración de justicia deprecado por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el
numeral primero de la sentencia del 28 de junio de 2023 dictada en el marco del
proceso de reparación directa con radiado 76001-23-31- 000-2011-00091-01 y
ORDENARLE al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que en el
término de 30 días contados a partir de la notificación de la presente providencia,
profiera una nueva providencia en la cual se estudie de manera detallada y de
fondo el material probatorio, específicamente el acta de conciliacion y su
constancia.
Lo anterior, en aras de dilucidar las ambigüedades que estos documentos
presentan y determinar si hubo más convocantes en el trámite prejudicial. De
considerarlo necesario, podrá hacer uso de las facultades oficiosas que le
permite el artículo 213 del CPACA.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00615-00
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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