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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00631-00

Fecha
13 de marzo de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00631-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

13 de marzo de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00631-00
Demandante: Alexander Sánchez Cubides

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00631-00
Demandante: Alexander Sánchez Cubides
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Tema: Derecho de petición. Presunción de veracidad. Amparo del derecho
fundamental

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela instaurada por el señor Alexander Sánchez Cubides
contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, en orden a obtener la protección del derecho fundamental de petición.

1. Antecedentes

1.1. La acción de tutela

El señor Alexander Sánchez Cubides instauró acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y
acceso a la administración de justicia.

1.2. Las pretensiones

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00631-00
Demandante: Alexander Sánchez Cubides

El actor eleva las siguientes pretensiones:

«1. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, PETICIÓN y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, vulnerados por la parte del
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – INGENIEROS DE SISTEMAS SOPORTE
GRABACIÓN AUDIENCIAS.

2. ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – INGENIEROS DE SISTEMAS
SOPORTE GRABACIÓN AUDIENCIAS que emita respuesta clara, completa y de
fondo a la solicitud elevada en sede de petición el cinco (05) de enero de dos mil
veinticuatro (2024)

3. ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – INGENIEROS DE SISTEMAS
SOPORTE GRABACIÓN AUDIENCIAS que recupere la grabación de la audiencia
celebrada el quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) ante el
JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE LÉRIDA, TOLIMA bajo el Rad. No.
73408-31-84-001-2019-00011-00, la cual tuvo lugar entre las 2:00 pm y 4:30 pm a
través de la plataforma TEAMS.

4. ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – INGENIEROS DE SISTEMAS
SOPORTE GRABACIÓN AUDIENCIAS allegar al suscrito y al JUZGADO
PROMISCUO DE FAMILIA DE LÉRIDA, TOLIMA copia de la grabación de la
audiencia celebrada el quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) ante
el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE LÉRIDA, TOLIMA bajo el Rad. No.
73408-31-84-001-2019-00011-00

5. En la eventualidad de no acceder a lo pretendido, ORDENAR al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – INGENIEROS DE SISTEMAS SOPORTE
GRABACIÓN AUDIENCIAS que informe las razones por las cuales no es posible
recuperar la grabación de la audiencia celebrada el quince (15) de diciembre de
dos mil veintitrés (2023) ante el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE
LÉRIDA, TOLIMA bajo el Rad. No. 73408-31-84-001-2019-00011-00.

6. En el evento que la accionada no de cumplimiento efectivo y completo de lo
ordenado por su Honorable despacho en el fallo de tutela que se profiera en amparo
de los derechos alegados como transgredidos a mi representada, PROCEDER de
conformidad con lo ordenado en el artículo 52 y siguientes del Decreto 2591 de
1991».(sic)

1.3. Fundamentos fácticos

El accionante, en síntesis, narró los siguientes:

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Demandante: Alexander Sánchez Cubides

i) Con ocasión al fallecimiento de los señores Luís Enrique Osorio Rojas (Q.E.P.D) y
María Neyla Galindo de Osorio (Q.E.P.D), en el Juzgado Promiscuo de Familia de
Lérida, Tolima, se encuentra en curso un proceso de sucesión doble intestada bajo el
radicado 73408-31-84-001-2019-00011-00, en el cual el accionante actúa como
apoderado especial de los herederos de la señora María Neyla Galindo de Osorio
(Q.E.P.D).

ii) El día 15 de diciembre de 2023, tuvo lugar la continuación de la audiencia de
inventarios y avalúos que se realizó en dos jornadas. La primera inició a las 10:40 a.
m. y finalizó cerca de la 1:00 p. m. para que las partes tomaran la hora del almuerzo.
De esta parte de la audiencia, el Juzgado tiene la respectiva grabación. Con respecto
a la segunda parte indicó que inició cerca de las 2:00 p. m. y finalizó aproximadamente
a las 4:30 p. m.

iii) En proveído de fecha 5 de enero de 2024, el Juzgado Promiscuo de Familia de
Lérida, Tolima, informó que no se halló el audio de la segunda parte de la audiencia,
por cuanto se produjo una falla en el internet debido al corte de energía que no permitió
la recuperación de la grabación.

iv) Conforme a lo manifestado por el Juzgado el día 5 de enero de 2024, presentó
derecho de petición a través de los correos electrónicos
soportegrabaciones@deaj.ramajudicial.gov.co,
coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co ,
amontena@cendoj.ramajudicial.gov.co y
atencion_usuario@cendoj.ramajudicial.gov.co, solicitando que se recuperara la
grabación de la audiencia realizada el día 15 de diciembre de 2023.

v) El 10 de enero de 2024, la Mesa Especializada de Atención al Ciudadano, con que
cuenta el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, dio respuesta a la petición del inciso anterior, indicando que dicho canal era
de orientación en el uso de los aplicativos del portal web dispuesto por la Rama Judicial
y no tenían facultad para tramitar dicha petición. Adicionalmente, manifestó que era el
Juzgado o Despacho donde se presentó la situación quien debía elevar la solicitud al
área de soporte de grabaciones.

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Demandante: Alexander Sánchez Cubides

vi) Si la Mesa Especializada de Atención al Ciudadano observó que este no era el
canal de orientación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de
2015, tenía el deber legal de remitir la petición al competente.

vii) El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Ingenieros de Sistemas Soporte de Grabación de Audiencias, a la fecha no
han dado respuesta a la petición del 5 de enero de 2024.

viii) El 15 de enero de 2024, mediante solicitud remitida por mensaje de texto al
Juzgado Promiscuo de Familia de Lérida, Tolima, deprecó i)copia del soporte de la
solicitud realizada a la Mesa de Ayuda con que cuenta la Rama Judicial, para la
recuperación del audio de la audiencia del 15 de diciembre de 2023, ii)copia del reporte
emitido por el ingeniero Juan Gabriel Millán, acerca de la imposibilidad de recuperar el
audio y iii) solicitó que se dirigiera a la Mesa de Ayuda de la Rama Judicial, con la
finalidad de que esta proceda a la recuperación del audio de la audiencia del 15 de
diciembre de 2023.

ix) Mediante auto del 5 de febrero de 2024, el Juzgado dio respuesta a la anterior
solicitud, manifestando que el requerimiento al ingeniero de la Rama Judicial se hizo
de manera verbal y de la misma forma se recibió la respuesta, en la cual manifestó
que, después de realizar las pruebas técnicas respectivas, no era posible la
recuperación del audio, debido a que la audiencia fue realizada por la plataforma teams
y no había soporte para su verificación por la Mesa de Ayuda de la Rama Judicial.

x) Con todo lo anterior, el accionante encontró transgredidos los derechos de
petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia, toda vez que el
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Ingenieros de Sistemas Soporte de Grabación de Audiencias, no ha dado respuesta a
la petición del 5 de enero de 2024.

1.4. Fundamentos de la acción

El accionante expuso en sustento los siguientes argumentos:

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Demandante: Alexander Sánchez Cubides

i) Es importante resaltar que, mediante diferentes mecanismos de protección de
derechos humanos internacionales suscritos por Colombia, se han protegido los
derechos fundamentales al debido proceso, así como la igualdad, por hacer parte de
los derechos personalísimos de los ciudadanos, por ejemplo, fueron protegidos por la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que entre sus disposiciones
establece las siguientes:

«(…) Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

(…)

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación
contra ella en materia penal».

ii) Igualmente, estos derechos se encuentran taxativamente dispuestos para su
protección, en la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por el
Estado Colombiano mediante la Ley 16 de 1972, que dispone:

«(…) Artículo 8 Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (…)

(…)

Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin
discriminación, a igual protección de la ley».

iii) Adicionalmente también se encuentran protegidos por el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 14 establece:

«(…) Artículo 14.

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Demandante: Alexander Sánchez Cubides

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para
la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el
público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones
de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando
lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente
necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la
publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en
materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de
menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos
matrimoniales o a la tutela de menores (…)».

iv) Finalmente, es importante establecer la forma de acceder a estos derechos, la cual
ha sido estudiada por la Corte Constitucional en sentencia C-154 de 2004, en la cual
explico:

«(…) Entre las garantías mínimas objeto de protección, en el artículo 29 de la
Constitución Política consagra, entre otras, (i) el derecho de acceso a la
administración de justicia ante el juez natural de la causa; (ii) el derecho a ser
informado de las actuaciones que conduzcan a la creación, modificación o extinción
de un derecho o a la imposición de una obligación o sanción; (iii) el derecho de
expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir
las pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se
desarrollen en término razonable y sin dilaciones injustificadas y, por supuesto, (vi)
el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra (…)».

1.5. Fundamentos de derecho

Se exponen como fundamentos de derecho el artículo 86 de la Constitución Política, y
los decretos reglamentarios 2591 de 1991 y 306 de 1992. Igualmente, los artículos 7,
8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

1.6. Trámite

1.6.1. Por auto del 19 de febrero de 2024, se admitió la acción de tutela de la referencia
y se ordenó lo siguiente:

i) Notificar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Soporte de Grabación de Audiencias, como accionados.

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ii) Requerir al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Soporte de Grabación de Audiencias, para que, dentro de los
dos (2) días siguientes a la notificación del proveído, indicara si ya había dado
contestación congruente y de fondo a la solicitud presentada, en relación a la solicitud
presentada el día 5 de enero de 2024. En caso de no haber dado respuesta, deberá
señalar las razones.

iii) Vincular como tercero con interés en las resultas de este proceso al Juzgado
Promiscuo de Familia de Lérida, Tolima, que adelantó el proceso con radicado 73408
3184 001 2019 0001 00, en el cual se realizó la aparente grabación de audiencia, cuya
copia es solicitada por el accionante.

iv) Finalmente, dispuso remitir copia de la solicitud de tutela a la parte accionada y
al tercero interés, para que proceda a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tiene,
y a rendir el respectivo informe dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación
de la presente providencia.

1.7. Intervenciones

1.7.1. Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura

Por conducto de su magistrada auxiliar, la Oficina del Despacho de la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura, dio respuesta a la acción de tutela de acuerdo a las
facultades conferidas por el Acuerdo PCSJA22-11960 de 2022, en los siguientes
términos:

i) Uno de los rasgos característicos de la acción de tutela es la informalidad, la Corte
Constitucional en sentencia T-760 de 2008 señaló que «el juez tiene el deber de
corroborar los hechos que dan cuenta de la violación de un derecho fundamental, para
lo cual ha de ejercer las facultades que le permiten constatar la veracidad de las
afirmaciones, cuando sea el caso». En el mismo sentido, en providencia T-702 de 2000
manifestó que «el juez no puede conceder una tutela si en el respectivo proceso no
existe prueba, al menos sumaria, de la violación concreta de un derecho fundamental,
pues el objetivo de la acción constitucional es garantizar la efectividad de los derechos

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fundamentales, cuya trasgresión o amenaza opone la intervención del juez dentro de
un procedimiento preferente y sumario».

ii) Quiere decir que los hechos afirmados por el accionante en el trámite de una acción
de tutela, deben ser probados siquiera sumariamente, a fin de que el juez pueda inferir
con plena certeza la verdad material del asunto y amparar el derecho fundamental.
Conforme con lo anterior, trajo al plenario la sentencia T-131 de 2007 de la misma
corporación, en la cual afirmo el principio de onus probandi incumbit actori en sede de
tutela, según el cual la carga de la prueba recae sobre el actor.

iii) Asimismo, menciono la providencia STC424-2003 del 25 de enero de 2023 proferida
en el radicado 11001 02 30 000 2023 00040 00, de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, y la sentencia del 16 de noviembre de 2023 con radicado
11001 03 15 000 2023 05747 00 del Consejo de Estado, en las cuales se señala la
importancia de acreditar la radicación de la petición a la autoridad con el fin de poder
definir si se emitió o no una contestación y que esa respectiva carga probatoria recae
en quien reclama el agravio.

iv) En ese contexto, no es viable endilgar ninguna responsabilidad al Consejo Superior
de la Judicatura, toda vez que la petición fue radicada el 5 de enero de 2024 a través
de los correos soportegrabaciones@deaj.ramajudicial.gov.co,
coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co ,
amontena@cendoj.ramajudicial.gov.co y
atencionalusuario@cendoj.ramajudicial.gov.co, los cuales pertenecen su dominio a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Dirección Seccional de
Administración Judicial del Ibagué, a excepción del último que no es una dirección
electrónica válida.(sic)

v) Finalmente, teniendo en cuenta que la vinculación del Consejo Superior de la
Judicatura, surge por el solo hecho de que la parte actora la mencionó en la demanda,
es importante mencionar que dicha situación es conocida como vinculación aparente,
concepto que la Corte Constitucional la ha desarrollado en auto 340 de 2019.

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vi) Así las cosas, al haber dirigido la petición a las direcciones de correo electrónico
mencionadas anteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura no tuvo
conocimiento de la referida petición, por lo que no debe atribuírsele conculcación de
garantías fundamentales.

1.7.2. Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Lérida, Tolima

El juez Orlando Rozo Duarte dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes
términos:

i) En los procesos que recibió al llegar al Juzgado, se encontraba el de sucesión doble
intestada de los causantes Luís Enrique Osorio Rojas y María Neyla Galindo de Osorio
con radicado 73408-31-84-001-2019-00011-00, en el cual se encontraba pendiente
continuar con la audiencia de inventarios y avalúos por objeción de las partes.

ii) Realizado el estudio del estado del proceso, en auto del 5 de octubre de 2023,
resolvió varias peticiones pendientes y fijó como fecha y hora el día 8 de noviembre
del mismo año a las 9:00 a. m., para continuar con la audiencia de inventarios y
avalúos.

iii) En la fecha mencionada en el inciso anterior, se continuó con la respectiva
audiencia, una vez instalada, al encontrarse que todas las actas de inventarios y
avalúos presentados por las partes fueron objetadas, el despacho le dio el trámite
correspondiente y procedió a decretar las pruebas solicitadas, y adicional a esto, fijó
como fecha y hora el día 15 de diciembre de 2023 a las 9:30 a. m., para continuar con
la audiencia.

iv) El día 15 de diciembre de 2023 se continuó con la audiencia, en la cual inicialmente
se practicó la prueba testimonial solicitada por el apoderado de la compañera
permanente y sobre las 12:30 p.m. se hizo un receso para el almuerzo. Siendo
aproximadamente las 2:30 p.m. del mismo día, se continuó con la diligencia en la cual
se recaudó inicialmente el testimonio de la señora Diana Carolina Sánchez Galindo, y
posteriormente el del señor Gregorio Sánchez Hurtado, solicitados por el accionante.

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v) Mientras se recibía el testimonio del señor Gregorio Sánchez Hurtado, siendo
aproximadamente las 4:09 p. m. se presentó un corte de energía en el sector donde
se encuentra ubicado el palacio de justicia, motivo por el cual debió suspenderse la
audiencia. Conforme con lo anterior, manifestó que el palacio de justicia no cuenta con
planta eléctrica y tampoco con dispositivos UPC, que permitan guardar la información
al presentarse este tipo de situaciones.

vi) El día hábil siguiente, el juzgado se dispuso a incorporar al proceso digital la
grabación de la audiencia, percatándose de que solo se encontraba el audio de las
horas de la mañana. Al no encontrar el audio de las horas de la tarde, acudió al
ingeniero Juan Gabriel Millán adscrito al circuito judicial, el cual manifestó que el corte
en la energía produjo una falla en el internet que no permitió recuperar dicho audio y
que, como fue realizada en la plataforma teams, no había soporte para su verificación
por parte de la Mesa de Apoyo, razón por la cual debía repetirse la audiencia.

vii) Finalmente, mediante auto del 5 de enero de 2024, el juzgado fijó como fecha y
hora el día 29 de enero de 2024 a las 9:30 a. m., para continuar con la audiencia de
inventarios y avalúos y adicionalmente ordenó a la parte representada por el
accionante hacer comparecer nuevamente a los testigos Diana Carolina Sánchez
Galindo y Gregorio Sánchez Hurtado para tomar nuevamente sus declaraciones.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el

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reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4», esta Sala es competente para
conocer de la presente acción de tutela.

2.2. Cuestión Previa

Aunque la acción de tutela se dirigió únicamente en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Ingenieros de Sistema,
Soporte de Grabaciones, debe precisarse que, en el auto admisorio del 19 de febrero
de 2024, se ordenó la vinculación como tercero con interés del Juzgado Promiscuo de
Familia de Lérida, Tolima.

El citado órgano fue requerido para que, dentro de los dos (2) días siguientes a la
notificación de esta providencia, indicaran si dio respuesta congruente y de fondo a la
solicitud presentada por el accionante el día 5 de enero de 2024 y, en caso contrario,
señalara las razones. Igualmente, dispuso remitirles copia de la solicitud de tutela, al
órgano requerido y al vinculado, para que procedieran a ejercer su derecho de defensa,
si a bien lo tuviesen, y rindieran el respectivo informe dentro de los dos (2) días
siguientes a la notificación de dicha providencia.

2.3. Problema jurídico

El presente asunto se contrae a establecer si, el Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Ingenieros de Sistema, Soporte de
Grabaciones le vulneró al señor Alexander Sánchez Cubides, su derecho fundamental
de petición.

2.4. Del derecho fundamental de petición

La Corte Constitucional, en sentencia T-230 de 2020, reiteró la caracterización del
derecho de petición y señaló que su condición de derecho fundamental implica una
garantía que promueve un canal de diálogo entre los administrados y la administración.
Su fluidez y eficacia, constituyen una exigencia impostergable para los ordenamientos
organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho.

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En ese sentido, el mentado derecho tiene dos componentes esenciales: i) La
posibilidad de formular peticiones respetuosas ante las autoridades y como correlativo
a ello, y ii) la garantía de que se otorgue respuesta de fondo, eficaz, oportuna y
congruente con lo solicitado. Con fundamento en lo anterior, su núcleo esencial se
circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a la existencia de
una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario.

El legislador reguló su ejercicio mediante la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que
sustituyó el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, (CPACA), la que en el artículo 14 señaló como término general para
resolver las peticiones el de quince días siguientes a su recepción y sometió a término
especial i) las peticiones de documentos y de información, que deben ser resueltas
dentro de los diez días siguientes a su recibo, y ii) las peticiones mediante las cuales
se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo, que
deben decidirse dentro de los treinta días siguientes a su recepción.

a) Respecto de la formulación de la petición

Sobre este aspecto se indicó que, en virtud del derecho de petición, cualquier persona
podrá dirigir solicitudes respetuosas a las autoridades, ya sea verbalmente, por escrito
o por cualquier otro medio idóneo —artículo 23 de la Constitución Política y 13 del
CPACA—. En otras palabras, la petición puede, por regla general, formularse ante
autoridades públicas, siendo, en muchas ocasiones, una de las formas de iniciar o
impulsar procedimientos administrativos. Además, se adujo que estas últimas tienen
la obligación de recibirlas, tramitarlas y responderlas de forma clara, oportuna,
suficiente y congruente con lo pedido, de acuerdo con los estándares establecidos por
la ley. No obstante, las solicitudes también se pueden promover ante particulares que
ejerzan funciones públicas.

b) Pronta resolución

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Se mencionó que otro de los componentes del núcleo esencial del derecho de petición
consiste en que las solicitudes formuladas ante las autoridades o los particulares
deben ser resueltas en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado
por la ley para tal efecto.

La medida se orienta a satisfacer un bien constitucional (buen funcionamiento del
Estado) y, si bien afecta el ejercicio de un derecho constitucional (de petición), lo hace
en el ámbito de su regulación legal y reglamentaria y con el objetivo de permitir su más
adecuada realización, razón por la cual la limitación temporal que se impone satisface
el juicio de proporcionalidad.

c) Respuesta de fondo

En la citada Sentencia T-230 de 2020, se reiteró que el componente del núcleo
esencial supone que la contestación a los derechos de petición debe observar ciertas
condiciones para que sea constitucionalmente válida.

Es decir, la respuesta de la autoridad debe ser: i) clara, esto es, inteligible y contentiva
de argumentos de fácil comprensión; ii) precisa, de manera que atienda directamente
lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o
elusivas; iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y además iv) consecuente con el trámite que se ha surtido,
de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición
formulado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el
interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se
tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta
o no procedente.

d) Notificación de la decisión

En la sentencia T-230 de 2020, se mencionó que para materializar la decisión es
imperativo que el solicitante conozca el contenido de la contestación realizada. Para

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ello, la autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad
con los estándares contenidos en el CPACA.

2.5. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.5.1. En el Juzgado Promiscuo de Familia de Lérida, Tolima, se surte un proceso
de sucesión doble intestada con radicado 73408-31-84-001-2019-00011-00, en el cual
el accionante es apoderado de los herederos interesados de la señora María Neyla
Galindo de Osorio (Q.E.P.D).

2.5.2. El día 15 de diciembre de 2023, se llevó a cabo la continuación de la audiencia
de inventarios y avalúos.

2.5.3. De dicha diligencia, el Juzgado cuenta con el audio de la primera parte, que
se llevó a cabo en horas de la mañana, pero, no cuenta con el audio de la segunda
parte, la cual dio inicio aproximadamente a las 2:00 p. m. y fue suspendida cerca de
las 4:30 p. m.

2.5.4. Consecuencia de lo anterior, el accionante elevó petición el día 9 de enero de
2024, a los correos electrónicos soportegrabaciones@deaj.ramajudicial.gov.co,
coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co ,
amontena@cendoj.ramajudicial.gov.co y
atencion_usuario@cendoj.ramajudicial.gov.co, dirigida a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Ingenieros de Sistema, Soporte de Grabación de Audiencias,
con el fin de que i) se recuperara el audio de la audiencia celebrada el 15 de diciembre
de 2023, ii) se le enviara copia del respectivo audio y, iii) si eventualmente lo anterior
no era posible, le informaran las razones.

2.5.5. La Mesa Especializada de Atención al Ciudadano, a la cual pertenece el
dominio del correo atencion_usuario@cendoj.ramajudicial.gov.co, el 10 de enero de

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2024 respondió la petición, informando que no tenía competencia para tramitar dicha
solicitud y que era el Juzgado quien debía elevarla.

2.5.6. El día 15 de enero de 2024, el accionante presentó derecho de petición al
Juzgado Promiscuo de Familia de Lérida, Tolima, solicitando i) copia de la solicitud del
Juzgado dirigida a la Mesa de Apoyo para la recuperación del audio, ii) copia del
reporte emitido por el ingeniero Juan Gabriel Millán acerca de la imposibilidad de
recuperar el audio de la audiencia y, por último, iii) realizar la solicitud a la Mesa de
Apoyo a través de los correos soportegrabaciones@deaj.ramajudicial.gov.co,
coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co y
amontena@cendoj.ramajudicial.gov.co con el objetivo de que se recupere la audiencia
celebrada el día 15 de diciembre de 2023.

2.5.7. El Juzgado Promiscuo de Familia de Lérida, Tolima, dio respuesta a la anterior
petición el día 5 de febrero de 2024, informando que, i) las partes intervinientes en el
proceso debían atenerse a lo decidido en auto de fecha 5 de enero de 2024 y ii) la
solicitud que se realizó al ingeniero de sistema de la Rama Judicial fue verbal y este
respondió de la misma forma.

2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto

El señor Alexander Sánchez Cubides instauró acción de tutela, con el fin de obtener la
protección de su derecho fundamental de petición, el cual consideró vulnerado por el
Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
al no resolver de fondo la solicitud elevada el 9 de enero de 2024.

Pues bien, del recuento probatorio efectuado en el anterior acápite, se tiene que, en
efecto, el accionante, solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en la
fecha mencionada, información sobre la recuperación y copia del audio de la audiencia
realizada el día 15 de diciembre de 2023, dentro del proceso de sucesión doble
intestada con radicado 73408 31 84 001 2019 00011 00 que se surte en el Juzgado
Promiscuo de Familia de Lérida, Tolima.

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Sin embargo, se advierte que en el expediente no obra prueba que acredite que la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial resolvió de forma clara, precisa,
oportuna y de fondo el anterior pedimento.

En ese orden de ideas, se evidencia con nitidez, en primer lugar, que es la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el órgano al cual el accionante elevó la solicitud
el 9 de enero de 2024 y, en segundo lugar, que no rindió el informe solicitado en esta
actuación, a pesar de ser notificada el 21 de febrero de 2024, por tanto, ante la
ausencia de pruebas que desvirtúen lo afirmado por el accionante, se darán por ciertos
los hechos narrados en el escrito de tutela, en aplicación de la presunción de veracidad
consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que implica tener por cierta la
presentación del derecho de petición y la no respuesta al interesado.

Con fundamento en lo expuesto, debe procederse a la protección del derecho
fundamental de petición, en orden a que esta última autoridad responda de fondo y en
forma precisa, la solicitud formulada por el accionante el 9 de enero de 2024, tendiente
a obtener la recuperación y copia del audio de la audiencia realizada el día 15 de
diciembre de 2023, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lérida, Tolima bajo el
radicado 73408 31 84 001 2019 00011 00, para lo cual se concederá el término
máximo e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta decisión.

3. Conclusión

A partir de las consideraciones que preceden, la Sala concluye que al actor se le
vulneró su derecho fundamental de petición y, en consecuencia, se ordenará a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dar respuesta de fondo y en forma clara
y concreta a la solicitud que formuló el día 9 de enero de 2024, en el término máximo
e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
decisión.

En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por la autoridad que la ley le confiere

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Falla:

Primero: Amparar al señor Alexander Sánchez Cubides el derecho fundamental de
petición, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que, en el
término máximo e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta decisión, de respuesta de fondo y en forma clara y concreta a la
solicitud formulada por el accionante el 9 de enero de 2024.

Tercero: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

ACVF

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