Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00634-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00634-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00634-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00634-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
7 de marzo de 2024
Demandante: José Enrique Molina Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00634-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., siete (07) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00634-00
Demandante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Tema: Tutela de fondo – mora judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor José Enrique Molina Rojas, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado2. Con la
solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudicó a la presunta
mora judicial en la que ha incurrido la autoridad accionada en el trámite de una
solicitud de aclaración presentada contra la sentencia del 15 de diciembre de
2023, proferida en el marco del proceso de pérdida de investidura identificado
con el radicado 50001-23-33-000-2023-00006-01, promovido contra el concejal
Orlando Granados Acevedo.
1.2. Pretensión constitucional
3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales
referidos y que, en consecuencia, se ordene lo siguiente:
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 La demanda fue radicada al correo electrónico de recepción de tutelas y hábeas corpus el 12
de febrero de 2024.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Enrique Molina Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00634-00
PRIMERO: Que ampare nuestro derecho ciudadano del acceso real a la justicia
en tiempo, que por competencia y dadas las circunstancias, dentro de su misión
le corresponde como Juez constitucional está, la de dilucidar de manera pronta
y cumplida lo relativo a que, por el amparo, conmine al señor Magistrado de
conocimiento a que se profiera la respectiva aclaración de la sentencia en el
sentido que el estricto derecho le oriente, para la efectividad de los derechos
impetrados por el suscrito en ejercicio del control de tutela jurídica, como de los
ciudadanos que en nuestra condición de Veedores y defensores de derechos
Humanos invocamos por el interés público y general que resulta de estas
acciones, donde además se ventilan son hechos de corrupción, al punto que a la
fecha la comunidad de Acacias Meta sigue perjudicándose y cuestionándose por
la presencia del señor ORLANDO GRANADOS ACEVEDO en el concejo, desde
donde ha participado en la obstrucción que llevo a revocarse el proceso de
personería, a incurrirse en desacato al jue de tutela que ordeno rehacer lo
actuado y donde participo en la elección de unas comisione y mesa directiva de
la corporación viciadas, como de la viciada elección de la secretaria del concejo,
donde este ciudadano ejerce la mayor incidencia desafortunadamente para mal
de la democracia.
SEGUNDO: Que evite que no se sacrifique el derecho sustancial del accionante
en este proceso referenciado incoado ahora por la vía de la Acción de Tutela
para buscar que su ejecutoria no sufra más dilaciones injustificadas, y que
teniendo en cuenta la dimensión temporal de ya estar surtida la etapa probatoria
y la inmediatez de cambio de administraciones municipales, proceda el Despacho
a satisfacer el requerimiento de fondo que permita si es del caso activar otros
medios de control jurisdiccional para que se proceda a ordenarse que se emita
la aclaración de la sentencia y con ello se de fin a esta incertidumbre jurídica para
el concejo municipal de acacias meta, la misma admiración que no ha podido
presentar proyectos de acuerdo para su trámite, por la posible ocurrencia de
vicios con el actuar de este concejal que ha perdido ya su investidura. (Sic a toda
la cita).
1.3. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:
4. El señor José Enrique Molina Rojas solicitó que se decretara la pérdida de
investidura del concejal del municipio de Acacías 2020-2023, Orlando Granados
Acevedo, por considerar que incurrió en la causal de conflicto de intereses
prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994. A su juicio, el
accionado tenía el deber de declarase impedido en la sesión del 23 de noviembre
de 2022 cuando se votó el Acuerdo 592 de 2022 y no lo hizo.
5. El asunto correspondió en primera instancia a la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Meta, autoridad judicial que, mediante providencia del 13 de
marzo de 2023, negó las pretensiones. Esto, tras encontrar que el elemento
objetivo de la causal invocada, no fue acreditado.
6. Dicha decisión fue objeto de recurso de apelación por la parte actora. En
consecuencia, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de
diciembre de 2023, revocó la decisión de primer grado, para en su lugar decretar
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Enrique Molina Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00634-00
la pérdida de investidura del demandado3.
7. Como fundamento de su decisión, expuso que el concejal acusado no obró
con diligencia al participar en la deliberación y votación del Acuerdo 592 de 2022,
mediante la cual, se autorizó al alcalde municipal de Acacías desde el 1 de enero,
hasta el 30 de junio de 2023, para la asignación de subsidios de vivienda y para
que hiciera los correspondientes actos de transferencia.
8. Esto, porque a la fecha en la que se discutió y votó dicho acuerdo, ya se
habían publicado los hogares que se postularon para ser beneficiados de los
subsidios, entre los que figuraba su sobrina y el hijo de su esposa. De manera
que, al conocer que sus familiares estaban participando en el proceso de
convocatoria para acceder al beneficio, tenía el deber declararse impedido y
apartarse de la discusión y no lo hizo.
9. Según la parte actora, el 2 de enero de 2024 el señor Orlando Granados
Acevedo se posesionó como concejal de Acacías Metas y se instaló el 1 de
febrero siguiente, pese a que se declaró la pérdida de su investidura.
10. El 17 de enero de 2024, el señor Orlando Granados Acevedo presentó
solicitud de aclaración de la sentencia de segunda del 15 de diciembre de 2023,
de conformidad con lo establecido en el artículo 290 de la Ley 1437 de 2011.
1.4. Sustento de la vulneración
11. A juicio de la parte actora, la mora de la Sección Primera de la corporación
en desatar la solicitud de aclaración de sentencia de segunda instancia vulnera
su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
12. Señaló que, una de las razones por las que el señor Granados Acevedo
tomó posesión del cargo de concejal, obedece al hecho que la decisión del 15 de
diciembre de 2023 proferida por la Sección Primera de la corporación no está
ejecutoriada. Esto, debido a que la autoridad judicial no se ha pronunciado sobre
la solicitud de aclaración interpuesta por el demandado dentro de dicho proceso.
13. Puso de presente que, como «veedor social del Meta» , ha acudido ante
la Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio – Meta, el Concejo
Municipal de Acacías Meta, la Registraduría Nacional y local e incluso al CNE,
para poner de presente que el señor Granados Acevedo puede esta en curso del
tipo penal denominado usurpación de funciones de servidor público.
14. Trajo a colación los artículos 29, 91, 228 y 229 de la Constitución Política,
para señalar que los funcionarios judiciales deben actuar con celeridad en los
asuntos que le competen, so pena de ocasionar graves perjuicios que implican
una afectación al acceso a la administración de justicia.
3 Dicha providencia fue notificada por estado fijado el 17 de enero de 2024. Cfr. Índice 35 Samai.
Exp: 50001-23-33-000-2023-00006-01.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Enrique Molina Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00634-00
15. Indicó que en sentencias como la «T-502 de 1997 […], T 578A-95, T-546-
95, T-450-98 y T-577-98» la Corte Constitucional ha expresado de manera
tajante que la mora judicial conlleva a una violación clara y ostensible al derecho
fundamental al debido proceso.
16. En esos términos, expuso que lo pretendido es que la autoridad judicial
garantice los términos fijados por el legislador en cada procedimiento, de suerte
que las personas tengan de manera oportuna acceso a la administración de
justicia y se garantice el debido proceso.
1.5. Trámite de la acción
17. Por auto de 13 de febrero de 2024, se admitió la acción constitucional de
la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como accionado a la Sección
Primera del Consejo de Estado. Asimismo, se dispuso vincular como terceros con
interés al señor Orlando Granados Acevedo, al Tribunal Administrativo del Meta
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Sección Primera del Consejo de Estado.
18. El magistrado sustanciador del proceso ordinario rindió informe en el que
señaló que ha tramitado adecuadamente el correspondiente proceso y, por lo
tanto, considera que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por
el tutelante. Por ello, solicitó que se negara la acción de tutela.
19. Para el efecto, hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas a
la fecha. Mencionó que se han promovido varias solicitudes y a todas se le ha
dado un trámite expedito.
20. En ese sentido, puso de presente que, el 17 de enero de 2023 el señor
Orlando Granados Acevedo presentó solicitud de aclaración del fallo y, el 24
siguiente radicó un escrito con asunto «recurso y aplicabilidad el principio de
doble conformidad artículo 149 A del CPACA».
21. Por ello, expuso que el 29 de enero de 2023 el proceso ingresó al
despacho. Agregó que la solicitud del 24 de febrero ya fue decidida.
22. De otro lado, señaló que el 6 de febrero de 2024 el accionante presentó
solicitud de información sobre la notificación y ejecutoria de la sentencia del 15
de diciembre de 2023, la cual fue resuelta por intermedio de la Secretaría de la
Sección Primera a través de oficios del 8 y 9 de febrero de 2023.
23. También, indicó que el 13 de febrero de 2023 el señor Jasson Gregorio
Rincón Toro presentó solicitud para que se realizaran los trámites
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Enrique Molina Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00634-00
correspondientes a efectos de darle cumplimiento a la sentencia de 15 de
diciembre de 2023, entre otras. Por lo que, mediante oficio del 14 de febrero de
2023 la Secretaría de la Sección proporcionó la respuesta correspondiente.
1.6.2. José Enrique Molina Rojas
24. En sendos memoriales arribados al expediente de la referencia4, el actor
puso de presente la solicitud de impulso procesal dirigida a la Sección Primera
del Consejo de Estado respecto a la aclaración de la sentencia de segunda
instancia, la copia de la citación de la Fiscalía General de la Nación para que
ampliara su denuncia por el delito de prevaricato por acción. Y, finalmente, escrito
en el que indicó que no ha sido notificado el auto que resolvió la solicitud de
aclaración de la sentencia, hecho que sigue vulnerando los derechos «de los
ciudadanos de Acacías al acceso a la administración de justicia [..]».
25. El Tribunal Administrativo del Meta se limitó a remitir copia digital del
expediente 50001-23-33-000-2023-00006-00 y a proporcionar la dirección de
notificaciones del señor Orlando Granados Acevedo, quien, pese a ser
debidamente notificado, guardó silencio5.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
26. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra la Sección Primera de esta
corporación. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto1069 de 2015 modificado por el Decreto
333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
27. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
28. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que el señor José Enrique
Molina Rojas conforma el extremo accionante del proceso de pérdida de
investidura identificado con el radicado 50001-23-33-000-2023-00006-00, cuya
mora judicial se predica por esta vía. Por ende, goza de legitimación en la causa
por activa.
4 Cfr. Índices 12, 13 y 16 Samai.
5 Cfr. Índice 14 y 15 Samai.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Enrique Molina Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00634-00
29. De otro lado, la Sala evidencia que la Sección Primera del Consejo de
Estado se encuentra legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la
autoridad que actualmente tiene bajo su conocimiento el proceso objeto de la litis.
2.3. Problema jurídico
30. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:
● ¿La Sección Primera del Consejo de Estado vulneró el derecho
fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del
señor Molina Rojas por incurrir en mora judicial injustificada al interior del proceso
de pérdida de investidura identificado con el radicado 50001-23-33-000-2023-
00006-00?
31. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) mora judicial, y (iii) el caso
concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
32. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
33. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
2.5. La mora judicial como causal de acción de tutela
34. La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una
interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución6, del derecho
fundamental al debido proceso7 y de los principios de la Carta Política, se ha
6 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado.”
7 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él,
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Enrique Molina Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00634-00
otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de
justicia8.
35. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía:
(…) no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal
de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión9.
36. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y
230 de la Constitución Política y del desarrollo de la jurisprudencia constitucional
se desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías»10, y de otro lado, «la obligación correlativa de las
autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean
necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo»11.
37. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de
1996 - Estatuaria de la Administración de Justicia-12 y con sustento en los
principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función
judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del
caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso
para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los
derechos fundamentales de las partes.
38. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple
en el Estado Social de Derecho, en el que «ha dejado de ser el frio funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a
través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i)
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”.
8 Sentencia T-006 de 1992.
9 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002.
10 Corte Constitucional C-796 de 2006.
11 Ibídem.
12 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Enrique Molina Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00634-00
la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material»13.
39. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos14.
40. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que
«atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento
de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios
judiciales»15.
41. De conformidad con la sentencia SU-453 de 2020 de la Corte
Constitucional, se entiende justificada la mora cuando: (i) se está ante asuntos
de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia
razonable del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas
estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
42. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene
que:
… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable
al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo,
no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se
acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución
de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos
de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento
es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones16.
43. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de la mora judicial, según la cual
únicamente se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014.
14 Corte Constitucional. T-1019 de 2010.
15 Corte Constitucional. T-230 de 2013.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Enrique Molina Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00634-00
sometidos a la competencia del juez17. En este evento, debe acreditarse que la
conducta omisiva materializa la violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.
2.6. La posible configuración de la mora judicial en el caso concreto
44. Como se expuso en el acápite de antecedentes, a juicio de la parte actora
la vulneración de los derechos sobre los que solicita protección proviene de la
falta de trámite en el proceso identificado con el radicado 50001-23-33-000-2023-
00006-01.
45. Al consultar las actuaciones surtidas al interior de dicho medio de control,
la Sala advierte lo siguiente:
• Mediante sentencia del 15 de diciembre de 2023, la autoridad judicial
enjuiciada resolvió el asunto sometido a su conocimiento en segunda
instancia.
• El 19 de diciembre de 2023, el señor José Enrique Molina Rojas radicó
memorial expresando su gratitud con el despacho ponente, luego de
conocer el sentido de la decisión.
• El 12 de enero de 2024, el demandante solicitó que se cumpliera con la
decisión proferida, se notificara la decisión y, en consecuencia, se retirara
del cargo al concejal.
• El 15 de enero de 2023, el señor Molina Rojas reiteró solicitud del 12 de
enero de 2024.
• En la misma fecha la Secretaría de la Sección Primera, mediante oficio
0019 dio respuesta a la solicitud anterior. En consecuencia, le informó al
actor que la providencia sería notificada por estado del 17 de enero de
2024.
• El 15 de enero de 2024 se efectuaron las respectivas comunicaciones
sobre la notificación de la sentencia de segunda instancia. Y, mediante
estado del 17 de enero de 2024, se notificó la respectiva decisión.
• El 17 de enero de 2024, el señor Orlando Granados Acevedo instauró
solicitud de aclaración de la sentencia de 15 de diciembre de 2023, con
fundamento en el artículo 290 de la Ley 1427 de 2011.
17 Entre otras, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 18 de agosto de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03905-00. C.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Enrique Molina Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00634-00
• El 18 de enero de 2024, el señor Molina Rojas presentó memorial
solicitando la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del Meta.
Aspecto que reiteró en escrito radicado el 23 de enero.
• El 24 de enero de 2024, el señor Orlando Granados Acevedo radicó
recurso de «aplicación del principio de doble conformidad».
• El 29 de enero de 2024, el expediente ingresó al despacho ponente.
• El 30 de enero de 2024, el señor Molina Rojas allegó copia del correo
remitido a la Procuraduría Provincial de Villavicencio y el 6 de febrero
siguiente, del escrito radicado ante la Registraduría municipal de Acacías
Meta, junto con un derecho de petición.
• Obra constancia secretarial del 8 de febrero de 2024 en la que Secretaría
informa que le proporcionó respuesta al señor Molina Rojas a su petición.
• De igual manera, se tienen otros memoriales radicados por el señor Molina
ante el despacho ponente, en el que pone de presente distintas
actuaciones surtidas ante diferentes autoridades nacionales.
• Obra anotación del 23 de febrero de 2024, en el que consta auto de Sala
del 22 de febrero de 2024 que resuelve la solicitud de aclaración de
providencia, sin que se logré ver su contenido y su notificación.
• También obra anotación de la misma fecha, que da cuenta del auto del 22
de febrero de 2023 proferido por el despacho ponente, mediante el cual
se decidió la solicitud de «aplicación del principio de doble conformidad»
interpuesta por el demandado. Providencia que fue notificada por correo
electrónico a las partes el 27 de febrero de 2024.
46. De la anterior exposición se advierte que, la decisión que resolvió la
solicitud de aclaración de la sentencia del 15 de diciembre de 2023 fue discutida
y aprobada en Sala del 22 de febrero de 2024. No obstante, como lo afirmó el
actor, la misma no ha sido notificada a la fecha.
47. Pese a lo anterior, es importante destacar que no ha transcurrido un lapso
irrazonable o arbitrario desde que se presentó la solicitud, o incluso, desde que
el respectivo magistrado tiene en su despacho el proceso. Nótese, que la parte
actora ha presentado múltiples memoriales desde que se dictó la sentencia de
segunda instancia, sumado al hecho que la parte demandada hizo lo propio y
radicó dos peticiones distintas que requerían un análisis por parte de la autoridad
judicial.
48. Así, entre el hecho que el proceso ha estado en Secretaría para el trámite
de las peticiones realizadas por el señor Molina Rojas y, al despacho para
resolver las solicitudes del señor Orlando Granados Acevedo, no ha transcurrido
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Enrique Molina Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00634-00
un término superior a dos meses.
49. Sobre la figura de la mora judicial, la Corte Constitucional ha precisado
que se trata de «un “fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide
el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se
presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que
superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos”»18. Se considera justificada en algunos casos, como,
por ejemplo, cuando es producto de la complejidad del asunto, pero el juez
demuestra debida diligencia en el curso del proceso19.
50. Así las cosas, no se puede predicar que la Sección Primera del Consejo
de Estado ha incurrido en una mora judicial injustificada. Esto, porque, como se
expuso, el cuerpo colegiado ha tenido que darle trámite a diversas solicitudes
interpuestas por los extremos procesales, al tiempo que atiende los demás
asuntos judiciales.
51. Se resalta que, en todo caso, lo que resta, es un trámite secretarial que
consiste en la notificación de la decisión que resolvió la solicitud de aclaración,
carga que les resulta a penas esperable a las partes como usuarios del sistema
de la administración de justicia.
52. En vista de lo anterior, para esta Sala de Decisión no se configuró la mora
judicial que predicó el tutelante. Ello es así, porque se observó una debida
diligencia por parte de los funcionarios judiciales que tienen el proceso a su cargo,
aunado al hecho que han tenido que resolver múltiples peticiones instauradas por
las partes al interior de la controversia.
2.7. Conclusión
53. Se niega la protección de los derechos de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso del señor José Enrique Molina Rojas porque no se
demostró que la Sección Primera del Consejo de Estado hubiese incurrido en
una mora judicial injustificada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor José Enrique
Molina Rojas contra la Sección Primera del Consejo de Estado.
18 Cursiva del texto original.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-179 de 2021.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Enrique Molina Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00634-00
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.