Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00636-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Acción de tutela contra actos de trámite: por regla general, no procede
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00636-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00636-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
8 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00636-00
Demandante: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO
CIVIL
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS DE TRÁMITE – Por regla general, no procede,
salvo que se acrediten los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional /
CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS – La naturaleza de la decisión que
lo resuelve es la de un acto de trámite, por consiguiente, se encuentra sujeto a las reglas
de procedencia de la tutela para tales casos / SUBSIDIARIEDAD – No existe una
desproporcionada y evidente vulneración de derechos fundamentales, ni razones que den
cuenta de un perjuicio irremediable.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la Superintendencia de
Sociedades contra la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
I. ANTECE DENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 12 de febrero de la presente anualidad 1, la Superintendencia de Sociedades
interpuso acción de tutela contra la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia 2, con ocasión de la decisión proferida el
25 de octubre de 2023, en el trámite del conflicto de competencias administrativas
con radicado 11001-03-06-000-2023-00284-00. Formuló la siguiente pretensión (se
transcribe textualmente):
1 Se advierte que, el 18 de marzo de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También alega el desconocimiento de los principios del juez natural y de independencia judicial.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00636-00
Demandante Superintendencia de Sociedades
Demandado: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Solicito que se declare que la decisión de 25 de octubre de 2023, emitida por
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el trámite
administrativo de radicado 11001-03-06-000-2023-00284-00, vulneró los
artículos 6, 29, 228 y 229 de la Constitución Nacional, i.e. vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, al juez natural, al acceso a la administración
de justicia y al principio constitucional de independencia judicial. En
consecuencia, solicito que se revoque la decisión objeto de tutela.
1.2. Hechos
De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
El Municipio de Fusagasugá formuló conflicto positivo de competencias
administrativas con la Superintendencia de Sociedades, para que la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinara cuál de las autoridades
debía conocer el proceso de toma de posesión de bienes de la sociedad Makro
Vivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S.
Dicho trámite tuvo como antecedentes y fundamentos que la sociedad Makro
Vivienda constructora inmobiliaria S.A.S. elevó una solicitud de reorganización
empresarial que dio lugar a un conflicto negativo de competencias entre la
Superintendencia de Sociedades y el Municipio de Fusagasugá (Cundinamarca),
definido el 4 de mayo de 2022 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, autoridad que asignó la competencia al ente territorial.
En atención de ello, la Secretaría de Planeación del Municipio de Fusagasugá, a
través de la Resolución 123 del 22 de julio de 2022, tomó posesión inmediata de los
negocios, bienes y haberes de la sociedad Makro Vivienda 3 . En ese sentido,
designó como agente especial al señor Andrés Marín Guaqueta.
Luego, la Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y Supervisión
de Asuntos Financieros Especiales de la Superintendencia de Sociedades expidió
la Resolución 2022-01-788571, en la que ordenó a la referida empresa de
construcción la suspensión inmediata de las operaciones de captación no
autorizada de dineros del público. Seguidamente, remitió el expediente
administrativo a la Dirección de Intervención Judicial, para proveer.
3 De acuerdo con
las facultades que le otorgó el Concejo Municipal de Fusagasugá, mediante
Acuerdo 47 de 2001.
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Demandante Superintendencia de Sociedades
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En consecuencia, la directora de Intervención Judicial de la Superintendencia de
Sociedades, en proveído 2022-01-842158 del 29 de noviembre de 2022, tomó
posesión de los bienes, haberes y el patrimonio de la sociedad Makro vivienda y del
señor Jorge Peña Piñeros, como persona natural. Así mismo, se designó a la señora
Emilgen Gil Barbosa como interventora.
Por lo anterior, el agente especial Marín Guaqueta, designado por la Alcaldía
Municipal de Fusagasugá, le solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación que resolviera el conflicto de competencia positivo suscitado entre el
referido municipio y la Superintendencia de Sociedades, con el objeto de que se
definiera cuál de estas autoridades era la competente para continuar con la
ejecución de la medida de toma de posesión de los bienes, haberes y patrimonio de
la sociedad Makro Vivienda.
Mediante pronunciamiento del 25 de octubre de 2023, la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado decidió que la competente para continuar ejecutando
dicha medida preventiva era la Secretaría de Planeación Municipal de Fusagasugá.
Contra esa decisión se presentó solicitud de nulidad que fue rechazada por
improcedente mediante auto del 25 de enero de 2024.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora expuso los siguientes cargos en contra de la decisión objeto de
tutela:
1.3.1. Falta de competencia de la Sala de Consulta y de Servicio Civil para dar
órdenes al juez de la intervención, por cuanto la decisión cuestionada desconoció
el principio de separación de poderes, pues, en lugar de declararse inhibida para
decidir un asunto que involucraba a una autoridad administrativa y otra judicial,
«arrebató de jurisdicción a la Dirección de Intervención Judicial y, de facto, entregó
a la Alcaldía de Fusagasugá la competencia para adelantar las funciones judiciales
establecidas en el Decreto Legislativo 4334 de 2008».
Explicó que la Supersociedades ejerce funciones jurisdiccionales por autorización
expresa del artículo 116 de la Constitución y de la ley, por lo que no es procedente
que quien ejerce funciones administrativas le imparta órdenes o la desplace de sus
competencias jurisdiccionales.
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1.3.2. Falta de competencia por inexistencia de conflicto de competencias
entre la Superintendencia de Sociedades y el Municipio de Fusagasugá,
circunstancia que llevó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
a separarse de las funciones que la Ley 1437 de 2011 le otorgó para decidir los
conflictos de competencia administrativa, debido a que se requiere la presencia de
dos entidades en disputa del ejercicio de funciones administrativas, condición que
no se cumplió, por lo cual la autoridad debió declararse inhibida en lugar de decidir
el asunto de manera incorrecta.
Estimó que la accionada desconoció la naturaleza jurisdiccional del proceso de
intervención regulado por el Decreto Legislativo 4334 de 2008, al tenerla como una
función «parcialmente judicial», además omitió que los procesos tienen objeto y
naturaleza distintas, pues la Supersociedades no pretende tramitar la situación de
insolvencia o cesación de pagos de la constructora ni la alcaldía la de tramitar el
proceso de intervención judicial derivado de la captación no autorizada de dineros
del público, por lo que, al tratarse de procedimientos distintos, no puede tener lugar
un conflicto de competencias que amerite la intervención de la autoridad accionada.
Expuso que la Sala no determinó si el asunto involucraba un conflicto sobre un
determinado asunto de naturaleza administrativa y, en cambio, «por fuera de su
competencia, definió que el proceso de la Alcaldía de Fusagasugá prevalecía por
existir contradicciones entre los efectos de dos procesos distintos ».
Agregó que «la decisión del presunto conflicto de competencias no se basó en la
determinación de que el asunto objeto de litigio es de naturaleza administrativa ni
en la determinación de cuál era la autoridad competente para ello. En realidad, la
Sala de Consulta y Servicio Civil fundamentó su decisión en (i) la supuesta
existencia de una contradicción entre los efectos de dos procesos distintos y (ii) en
un criterio de prevalencia (i.e. el primero de los procesos) que es arbitrario al no
tener fundamento ni motivación alguna».
1.3.3. Desconocimiento y falta de motivación de las disposiciones relevantes
para decidir el conflicto, concretamente, de las disposiciones del Decreto
Legislativo 4334 de 2008 y el Decreto 1910 de 2009 sobre la prevalencia del
proceso de intervención sobre cualquier otro de naturaleza administrativa o judicial.
Indicó que la accionada desconoció que en el proceso de intervención judicial
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Demandante Superintendencia de Sociedades
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
regulado el Decreto Legislativo 4335 de 2008 existen mecanismos eficaces para la
protección de los derechos de los promitentes compradores de vivienda o de
compradores de viviendas cuyas escrituras públicas no han sido inscritas en el
registro de instrumentos públicos
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 19 de febrero de 2024, se admitió la solicitud de amparo y
se ordenó notificar a los magistrados que integran la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, como parte demandada, y a los señores Andrés Marín
Guaqueta, Emilgen Gil Barbosa, Jorge Peña Piñeros, quienes son, en su orden,
agente especial, interventora y representante legal de la sociedad Makro Vivienda
Constructora Inmobiliaria S.A.S., así como al alcalde y al secretario de planeación
del municipio de Fusagasugá, como terceros con interés.
Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. Finalmente, se denegó la medida provisional solicitada de suspensión de
los efectos de la decisión enjuiciada.
2.2. Posteriormente, en auto del 5 de marzo de 2024, se ordenó vincular en calidad
de terceros con interés a los magistrados que integran la Sala Civil – Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, a la superintendente de
Industria y de Comercio; al alcalde, a la secretaria distrital del Hábitat y al presidente
de la Cámara de Comercio de Bogotá; al presidente del Concejo y al personero
municipal de Fusagasugá (Cundinamarca), y a todas las demás personas que
fueron vinculadas como terceros interesados en el trámite del conflicto de
competencias administrativas.
2.3. El apoderado judicial del agente liquidador de la sociedad Makro Vivienda
Constructora Inmobiliaria S.A.S. sostuvo que la tutela no cumple el requisito de
subsidiariedad, por tratarse de un acto administrativo susceptible de ser
demandado ante la jurisdicción contencioso administrativo a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso en el que se pueden
solicitar medidas cautelares. Además, negó la existencia de un perjuicio
irremediable.
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Por último, pidió que se ordenara investigar disciplinariamente a los funcionarios de
la Supersociedades por incumplimiento de lo ordenado en la definición del conflicto
de competencias.
2.4. El presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
solicitó declarar improcedente la tutela por incumplimiento de los requisitos
generales de procedencia, concretamente porque se interpuso contra una decisión
no susceptible de recurso alguno, lo cual excluye la tutela, puesto que su
procedencia es excepcional, derivada de la existencia de una actuación
manifiestamente incompatible con la Constitución o violatoria de los derechos
fundamentales, que no es el caso.
En subsidio, esto es, que en el evento de considerarse procedente el examen de
fondo pidió que se negara el amparo, toda vez que la decisión se ajustó a las
competencias de la autoridad para resolver el conflicto entre una autoridad
administrativa y otra administrativa con funciones jurisdiccionales, bajo
consideraciones razonables.
2.5. El Municipio de Fusagasugá solicitó declarar improcedente la tutela, dado que
«no contiene elementos suficientes desde el punto de vista jurídico para desvirtuar
el planteamiento del Alto Tribunal».
2.6. La Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá alegó que dicha entidad no vulneró
ninguno de los derechos reclamados, puesto que la decisión cuestionada fue
emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, razón por la
cual pidió ser desvinculada del trámite de la tutela.
2.7. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema jurídico
La Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de
procedencia de tutela contra actos administrativos de trámite, especialmente, el de
subsidiariedad. De superarse, se abordará el estudio de fondo con el fin de
establecer si se configuraron los defectos atribuidos a la decisión proferida el 25 de
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
octubre de 2023, por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y
si, como consecuencia de ello, se deben amparar los derechos fundamentales
invocados por la Superintendencia de Sociedades.
2. Análisis de la Sala
2.1. Naturaleza de la decisión que define el conflicto de competencia en
materia administrativa
El trámite de decisión o definición de competencias administrativas es una actuación
o procedimiento administrativo, regulado expresamente en la Ley 1437 de 2011, y
específicamente desarrollado en el artículo 39 4 que hace parte del capítulo I,
disposiciones reglas generales, del Título III denominado procedimiento
administrativo general, disposición que, a su vez, se integra a la primera parte
denominada procedimiento administrativo.
Como lo ha reconocido en diferentes oportunidades esta Corporación, cuando
involucra por lo menos a una autoridad del orden nacional su definición corresponde
a la Sala de Consulta y de Servicio Civil del Consejo de Estado, la cual carece de
funciones de naturaleza jurisdiccional, por consiguiente, los actos que profiere no
pertenecen a la categoría de providencia judicial, sino a la de acto expedido en un
procedimiento administrativo. De allí que, por su naturaleza y por el momento en
que se define dentro de una actuación administrativa, constituye un acto de trámite,
4 ARTÍCULO 39. CONFLICTOS DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los conflictos de
competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La
autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta
también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal
Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o
municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades
territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado.
De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes
para conocer y definir un asunto determinado.
<Inciso modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En los
dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: recibida la actuación en Secretaría
se comunicará por el medio más eficaz a las autoridades involucradas y a los particulares interesados
y se fijará un edicto por el término de cinco (5) días, plazo en el que estas podrán presentar alegatos
o consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado o el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes: Contra esta
decisión no procederá recurso alguno.
Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán.
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puesto que no define el fondo del asunto, sino que es una actuación previa y
necesaria para la continuación y posterior definición del procedimiento.
Esta tesis ha sido abordada de manera consistente por la misma Sala de Consulta
y Servicio Civil. De hecho, en pronunciamiento del 25 de enero de 2024, al resolver
una solicitud de nulidad contra la decisión que es objeto de tutela insistió en ese
criterio:
En múltiples ocasiones5 la Sala se ha pronunciado sobre la naturaleza de la
función que le fue asignada por la ley para resolver conflictos de competencia
administrativa, y sobre la naturaleza de las decisiones que emite en desarrollo
de esta atribución, precisando que dicha función y tales decisiones no tienen
carácter judicial.
(…)
En adición a lo anterior, es pertinente mencionar que las decisiones de la Sala
de Consulta y Servicio Civil que resuelven conflictos administrativos de
competencia se han definido generalmente como actos administrativos de
trámite. De hecho, esta Sala ha sostenido6 que esa es, en principio, su
naturaleza, por cuanto, en:
[D]ichos pronunciamientos no se pone término a una actuación
administrativa, pues son actos de mero trámite, esto es, definen el
presupuesto procesal de la competencia para posibilitar la continuación de
una actuación administrativa principal, a cuya conclusión sobrevendrá el
acto definitivo7.
Así, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado 8 , los actos de
trámite se expiden como parte del procedimiento administrativo, con el fin de
darle curso a éste, por ser decisiones instrumentales que sirven de impulso en
la adecuada continuidad de la actuación de la administración.
(…)
En ese sentido, como el procedimiento mediante el cual se resuelven los
conflictos de competencias administrativas no constituye un proceso judicial y,
por lo tanto, la decisión que en estos asuntos se adopta no corresponde a una
sentencia u a otra clase de providencia de esa naturaleza, no le resultan
aplicables tampoco, las reglas sobre nulidades procesales previstas en el
artículo 207 y siguientes de CPACA, ni del artículo 294 del mismo estatuto,
relacionadas con la nulidad procesal o la originada en la sentencia9.
5 Cita original de la Sala de Consulta: «Entre otras, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil, Decisión del 20 de noviembre de 2014, radicación 11001030600020140014200. Decisión del
18 de julio de 2013, radicación 110010306000201300006; Decisión del 26 de noviembre de 2008,
radicación 110010306000200800064».
6 Cita original de la Sala de Consulta: «Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 26 de
noviembre de 2008, radicación 11001030600020080006400».
7Cita original de la decisión: «Ley 1437 de 2011, artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos
los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación».
8 Cita original de la decisión: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez, decisión del trece de agosto de 2020,
Radicación número: 25000-23-42-000-2014-00109-01(1997-16)».
9 Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 25 de enero de 2024, Radicación: 11001-03-06-000-
2023-00284-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00636-00
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Demandado: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Así pues, dada la reafirmación de la naturaleza de las decisiones por medio de las
cuales se definen los conflictos de competencia de que trata el artículo 39 de la Ley
1437 de 2011, esta Sala procede al estudio de la tutela frente a los actos de trámite.
2.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos de trámite
La jurisprudencia constitucional ha trazado una línea en la que ha afirmado que, a
pesar de que por regla general los actos de trámite no son enjuiciables, no por ello
existe un criterio amplio de acceso a su control por vía de tutela. Excepcionalmente
se permite su estudio por el juez constitucional si se cumplen unos requisitos
específicos compilados en la sentencia SU-077 de 2018, en la que se dijo:
[P]ara que excepcionalmente sea procedente el mecanismo de amparo para
cuestionar la legitimidad de tales actos [los preparatorios o de trámite], deben
concurrir los siguientes requisitos: (i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; (ii) que el acto acusado defina una
situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final; y (iii) que
ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental.10
En el mismo sentido, de forma reciente la Corte ha considerado que contra los
actos de trámite procede excepcionalmente la acción de tutela cuando el
respectivo acto tiene la potencialidad de definir una situación sustancial dentro
de la actuación administrativa y ha sido fruto de una actuación “abiertamente
irrazonable o desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las
garantías establecidas en la Constitución.”1112
Este criterio fue reiterado en la sentencia T-405 de 2018, en la que la Corte
Constitucional reconoció que «en pocas ocasiones ha admitido la procedencia de la
acción de tutela en contra de actos de trámite»; circunstancia limitada a los
supuestos señalados: (i) que la actuación no haya culminado, (ii) que el asunto sea
de naturaleza especial y pueda proyectarse o afectar la decisión final y (iii) que se
trate de una actuación arbitraria o desproporcionada contenida en el acto.
Para la Corte, cuando se cumplen dichas condiciones la acción de tutela «actúa
como mecanismo definitivo sobre el acto de trámite, para encauzar el
procedimiento administrativo en curso y permitir al afectado el ejercicio de las
garantías del debido proceso 13 , pero sin interferir en el sentido de la decisión
definitiva que deba adoptar la Administración y sin sustituir, por tanto, el control
10 Original de la cita: «Auto 172A de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil».
11 Original de la cita: «Sentencia SU-617 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, reiterada en sentencia
T-030 de 2015, M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez».
12 Corte Constitucional, sentencia SU-077 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13 Cita original de la Corte: «Pueden verse las sentencias SU-201 y SU-202 de 1994».
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00636-00
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Demandado: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
posterior de legalidad que corresponde ejercer a la jurisdicción contenciosa
administrativa. 1415».
Lo anterior se sustenta en el hecho de que por la naturaleza de las decisiones de
los actos de trámite su contenido puede ser discutible a través del control del acto
definitivo, es decir, no existe una suerte de inmunidad o ausencia de control en
relación con lo que ellos disponen. Es en esa línea de pensamiento que la Corte
Constitucional ha aclarado que «“es necesario esperar a que se produzca la
resolución final del procedimiento para poder plantear la invalidez del procedimiento
por haberse presentado anomalías en los actos de trámite.” 16 »17.
De modo que, «es incorrecto afirmar que contra los actos de trámite no existen
mecanismos de defensa judicial y que por esa vía surge una regla general de
procedibilidad de la acción de tutela para su control,18 pues ello desdibujaría la
función de la jurisdicción contencioso administrativa y convertiría al juez
constitucional en un examinador permanente de los procedimientos administrativos
de los actos intermedios que sirven para su adelantamiento. 19 » 20 (Resalta la
Subsección).
14 Cita original de la Corte: «Sentencia T-418 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell».
15
Corte Constitucional, sentencia T-123 de 2007, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
16
Cita original de la Corte: «Sentencia C-557 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa».
17 Corte Constitucional, sentencia T-123 de 2007, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
18. Cita original de la Corte: «De esta manera, la norma demandada no impide el acceso a la justicia
para demandar los actos preparatorios o de trámite, simplemente lo condiciona: primero, el
interesado debe esperar a que termine el proceso de responsabilidad fiscal; y, segundo, debe
demandar el acto que le puso fin al proceso para mostrar la relevancia de la irregularidad previa para
la decisión final18. Ambas condiciones son adecuadas para asegurar que la administración de justicia
no sea perturbada ni sobrecargada.” (se subraya)». Sentencia C-557 de 2001, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
19Cita original de la Corte: «Al respecto, la Corte ha señalado que el posible quebrantamiento de
las reglas aplicables a un determinado procedimiento administrativo “puede ser restablecido
plenamente por el juez que controla la legalidad de los actos de la administración”, de manera que
el interesado no está expuesto a una total indefensión y a la inexistencia de mecanismos idóneos
para la protección de su posición jurídica como administrado. (Sentencia T-743 de 2002, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández). Al referirse a las investigaciones disciplinarias, esta Corporación señaló en
la Sentencia T-961 de 2004 que la regla general aceptada por la jurisprudencia constitucional es la
improcedencia de la acción de tutela contra los actos de trámite, al existir otro mecanismo de defensa
judicial que resulta idóneo para la protección de los derechos del administrado, “por cuanto si bien
los actos de trámite no son susceptibles de recursos ante la jurisdicción contencioso administrativa,
los errores en que posiblemente pudiera haberse incurrido, pueden ser subsanados dentro del
trámite del proceso disciplinario y en caso de no ocurrir así, podrán ser alegados cuando el afectado
decida hacer uso de la acción contencioso administrativa contra el acto que imponga la sanción
disciplinaria. (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). En esta oportunidad la Corte se apoyó en la
Sentencia T-418 de 2003, en la cual se indicó que la acción de tutela resulta improcedente cuando
se trata de atacar actuaciones administrativas, disciplinarias o fiscales que se encuentran en trámite,
pues, las irregularidades en los actos preparatorios “no sólo pueden ser alegadas dentro del propio
proceso, sino que, además, cuentan con la posibilidad de que una vez culminada esta actuación, el
afectado puede interponer las acciones correspondientes ante la jurisdicción contenciosa
administrativa». (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
20 Corte Constitucional, sentencia T-123 de 2007, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Al verificar el cumplimiento de las condiciones señaladas por la Corte Constitucional,
se observa que se cumplen los dos primeros requisitos de (i) que la actuación
administrativa no haya culminado y (ii) que el acto se ocupe de una situación
especial que se proyecte en la decisión final, toda vez que la definición de
competencias no comporta la culminación de la actuación administrativa y en
cambio sí resulta ser un aspecto sustancial que se proyecta en la decisión de fondo
como parte del elemento competencial, es decir, una de las condiciones de validez
del acto administrativo definitivo que ha de proferir la autoridad correspondiente. No
en vano el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 consagra como causal de nulidad
de los actos administrativos el de haberse proferido «sin competencia». De allí que
su determinación es un asunto de importancia capital en el trámite de la actuación.
Sin embargo, no se avizora el tercer presupuesto atinente a que la decisión sea
«abiertamente irrazonable o desproporcionada» y que «vulnere las garantías
establecidas en la Constitución», esto es, que se trata de una «amenaza real de un
derecho constitucional fundamental», pues, sin perjuicio del análisis que
eventualmente realice el juez contencioso administrativo en ejercicio de su
autonomía, en caso de que el acto definitivo sea sometido a su control —dado que,
como ya se dijo, la competencia es un aspecto de legalidad que se puede discutir
en el contencioso objetivo o subjetivo de validez—, la Sala desde el punto de vista
constitucional no encuentra que la decisión relativa a la competencia que definió la
autoridad accionada sea irrazonable o atente contra alguna de las garantías
constitucionales.
Dicho aserto se sustenta en que las discrepancias de la Supersociedades se
contraen a debatir la competencia que tenía la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado para definir la autoridad que debía encargarse de la continuación
de la medida de toma y posesión de los bienes, negocios y haberes de la sociedad
Makro Vivienda Construcciones S.A.S.
A pesar de ello, la decisión enjuiciada contiene un análisis integral de ese aspecto
que se sustenta con fundamento en la normativa y la jurisprudencia que estimó
aplicables y que respaldan la tesis de que dicha autoridad sí tiene la facultad de
definir el asunto cuestionado, y de que, en efecto, la competencia debía permanecer
en el ente territorial.
En relación con este punto, se dijo en el acto demandado:
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Demandado: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En el caso de los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple
funciones administrativas y otra que cumple funciones jurisdiccionales, la Sala
de Consulta y Servicio Civil ha puesto de presente varias consideraciones
importantes21, que vale la pena reseñar, en este caso.
De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto
entre jurisdicciones, ni un conflicto de competencias entre autoridades que
ejerzan (todas) la función judicial. En el primer caso, la Corte Constitucional
sería la autoridad competente para dirimir el asunto, en ejercicio de la función
prevista en el artículo 241, numeral 11, de la Constitución Política22, modificado
por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015, y, en el segundo caso, sería
la autoridad judicial que establezca el respectivo código de procedimiento
(generalmente, el superior funcional de las dos autoridades involucradas).
De otra parte, dado que, en el presente caso, una de las entidades involucradas
cumple una función netamente administrativa (la Alcaldía de Fusagasugá), y la
otra, una función parcialmente judicial (la Superintendencia de Sociedades) -
como se explicará más adelante- la Sala de Consulta ha considerado que es
un imperativo constitucional y legal resolver los conflictos de
competencias planteados en tales circunstancias, en atención al expreso
mandato de los artículos 29, 236 y 237, numeral 6, de la Carta Política, así
como de los artículos 3, 39 y 112 del Cpaca23, en ejercicio de la función legal
que a ella le corresponde. En particular, porque el efecto de la indefinición
respecto de la autoridad competente, o la duda sobre la misma, puede afectar
el debido proceso y otros derechos fundamentales de los involucrados 24.
En efecto, este cuerpo colegiado ha considerado 25 que mantiene su
competencia en estos casos, para dirimir la controversia, debido a que,
primero, por disposición del artículo 3.º de la Ley 1437 de 2011, «las
autoridades [deben buscar] que los procedimientos logren su finalidad y,
para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]»; y, en segundo
lugar, porque, para identificar la autoridad competente, debe agotarse primero
el respectivo análisis de fondo sobre las competencias de las autoridades
concernidas. A este respecto, la Sala ha señalado que, en tales
circunstancias:
[…] no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es
administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al
cual le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir
primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada
21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisiones del 16 de mayo de 2018, rad.
núm. 017-00200; el 25 de enero de 2023, rad. núm. 2022-211, el 20 de septiembre de 2022, rad.
núm. 2022-00130, entre otras.
22
Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes
funciones:
[…]
11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
[…] [Resalta la Sala]
23 Ver, pronunciamiento del 9 de marzo de 2022. Conflicto entre la Oficina Asesora de Control Interno
Disciplinario del municipio de Soacha y la Procuraduría Provincial de Fusagasugá.
24 Ver otros pronunciamientos similares adoptados por la Sala: Decisiones del 22 de junio de 2006
(rad. 2006-00059); el 18 de septiembre de 2014 (rad. 2014-00168), y el 6 de julio de 2022 (rad. 2022-
000033).
25 Decisiones del 22 de junio de 2006 (rad. 2006-00059); el 18 de septiembre de 2014 (rad. 2014-
00168); el 16 de mayo de 2018 (rad. 2017-00200), y el 18 de junio de 2019 (rad. 2019-00063), entre
otras.
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Demandado: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de
acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer 26.
En el mismo sentido, ha sostenido que:
No es posible establecer, de forma anticipada (a priori) la naturaleza de la
actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende,
justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada
competente, [por lo que] es necesario que la Sala de Consulta y Servicio
Civil resuelva el conflicto […]27.
Ahora bien, el elemento definitorio de la función y la competencia atribuidas
legalmente a la Sala parte de que se trate de un conflicto de competencias
administrativas, y, lo cierto es que las disposiciones citadas no han definido,
de manera expresa, qué se entiende por tales conflictos. Por ende, la Sala de
Consulta y Servicio Civil ha interpretado doctrinariamente las
condiciones o elementos esenciales que tipifican esta clase de disputas,
y las razones que la facultan para resolverlas.
Así, de los dos criterios posibles que podrían utilizarse para caracterizar un
conflicto de competencias, a saber, el orgánico -referido a la naturaleza de las
entidades o autoridades involucradas- o el funcional -que atañe a la naturaleza
de la función ejercida por las entidades en conflicto-, la Sala ha privilegiado el
último, es decir, el funcional. En particular, teniendo en cuenta que, conforme
al diseño constitucional del Estado colombiano y su desarrollo legal (Ley 489
de 1998, entre otras), no solamente las entidades y organismos que forman
parte de la Rama Ejecutiva ejercen la función administrativa, sino que
también aquellos que integran las Ramas Legislativa y Judicial, los organismos
de control y los órganos autónomos del Estado, pueden ejercer dicha función.
Por esta razón, la Sala ha conocido y resuelto conflictos de competencia
administrativa entre el Congreso de la República (Rama Legislativa) y la
Procuraduría General de la Nación (órgano de control); entre un funcionario u
organismo de la Rama Judicial y una entidad de la Rama Ejecutiva, o la misma
Procuraduría. Incluso, entre dos autoridades judiciales, cuando ambas o alguna
de ellas se encuentra cumpliendo la función administrativa. También, entre
una autoridad administrativa y un particular investido de funciones públicas,
entre otros casos.
En la hipótesis específica de los conflictos de competencia surgidos entre dos
autoridades (cualquiera que sea su naturaleza), en los que la respectiva función
pública es judicial, para una de ellas, y administrativa, para la otra, la Sala de
Consulta ha considerado28 que es la competente para resolverlos, bajo el
entendido de que puede tratarse, igualmente, de conflictos en los cuales la
autoridad competente sea aquella que ejerce la función administrativa,
conclusión a la que solo podría llegarse una vez agotado el estudio de fondo
que permita constatar esa situación.
Esta opinión ha sido compartida por la Corte Constitucional, en múltiples
providencias. Así, por ejemplo, en el Auto 1691 del 9 de noviembre de 2022,
en un conflicto suscitado entre la Procuraduría Regional del Valle del Cauca y
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, resolvió la
inquietud original sobre quién debe dirimir los conflictos entre una autoridad
26 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 16 de mayo de 2018 (rad. 2017-
00200).
27 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 20 de mayo de 2021.
28 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisiones del 18 de septiembre de 2014,
rad. 11001-03-06-000-2014-00168-00; 16 de mayo del 2018, rad. 11001-03-06-000-2017-00200-00;
18 de junio de 2019, rad. 11001-03-06-000-2019-00063-00; 20 de mayo del 2021, rad. 11001-03-06-
000-2021-00024-00.
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Civil
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
administrativa y una judicial, en favor de la Sala de Consulta, al sostener lo
siguiente:
1.4. En consecuencia, resulta claro que escapa de las facultades de la Corte
la resolución de una controversia en la que no están inmiscuidas dos
autoridades en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Sin embargo, “en aras
de garantizar el efectivo acceso al poder público y salvaguardar el principio
de celeridad, resulta importante remitir el presente asunto a la autoridad
competente para resolver el presente conflictos [sic] de competencia”
1.5. Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 202116, señaló
que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre
una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un
superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112 de
la Ley 1437 de 2011, según los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de
competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades
territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese
orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal
administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii)
versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la
aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a
falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta
Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de
naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la
autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay,
por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente
para ejercer sus funciones administrativas” 29. [Se resalta]
En la misma decisión que sirve de antecedente inmediato a este proveído, esto
es, la adoptada por la Sala el 4 de mayo de 2022, dentro del conflicto negativo
de competencias núm. 2022-00034, entre la Superintendencia de Sociedades
y el municipio de Fusagasugá, la Sala tuvo la oportunidad de referirse a este
mismo problema jurídico, en los siguientes términos:
Ahora bien, en los alegatos presentados en el curso de este trámite, la
Superintendencia de Sociedades señala [como también lo hace en este
conflicto] que la Sala de Consulta y Servicio Civil no tiene competencia para
conocer y definir este conflicto, pues sus funciones están circunscritas a la
definición de competencias administrativas entre autoridades, mientras
que en este caso el conflicto recae sobre las funciones jurisdiccionales que
ejerce la Superintendencia de Sociedades en los procesos de insolvencia
empresarial.
Al respecto, es importante precisar, como lo ha hecho la Sala en reiteradas
oportunidades, que en aquellos casos en los que se discute si una decisión
debe ser tomada por una autoridad administrativa, mediante acto de la
misma naturaleza, o por autoridad jurisdiccional, en ejercicio de funciones
judiciales, se debe verificar previamente si el asunto es de naturaleza
administrativa y si le corresponde al funcionario administrativo30, caso en el
cual la Sala tendría competencia para conocer y decidir el asunto.
29 «[15] Auto 859 de 2021. CJU-361. M.P. Alberto Rojas Ríos. La cita 16 corresponde al CJU-609
sustanciado por la M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera. Esta posición también ha sido defendida
por la Corte en el Auto 859 de 2021, entre otros. Y la última referencia corresponde al Auto del
Consejo Superior de la Judicatura. Auto del 28 de mayo de 2014. Rad. 110010102000201302213-
00, reiterado en el auto del 4 de febrero de 2016, rad. 110010306000201500176-00».
30 «[31] Ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 22 de junio de 2021.
Radicación número: 11001-03-06-000-2021-00025-00
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Demandante Superintendencia de Sociedades
Demandado: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Por lo tanto, en el presente caso es necesario definir si el asunto es de
naturaleza administrativa y, por consiguiente, le correspondería a la
autoridad administrativa conocer del mismo, o si se trata de un trámite que
implique actuaciones de naturaleza judicial que deba ser resuelto por una
autoridad jurisdiccional. [Negrillas en el original].
Como puede verse, la determinación de asumir la competencia para definir el asunto
no fue un asunto arbitrario o desprovisto de razones. Todo lo contrario, la autoridad
accionada hizo una lectura sistemática y constitucional de diferentes disposiciones,
amén de los principios de la función administrativa con claro raigambre
constitucional, para concluir que estos asuntos no están sujetos a indefinición o que
deba declararse inhibida para resolverlos. Además, la misma Corte Constitucional
ha avalado su atribución para resolver conflictos de competencia en los que se
encuentre una autoridad administrativa y otra jurisdiccional o con funciones de esta
naturaleza.
Ello también se encuentra prevalido de un examen del fondo de la controversia, no
para definir cómo debe resolver el asunto la respectiva autoridad, sino para
identificar si se trata o compromete por lo menos a una autoridad administrativa.
La necesidad de resolver esos aspectos se encuentra plenamente justificada, al
punto que la Sala de Consulta y Servicio Civil insiste en el carácter definitivo de sus
decisiones, al menos para procurar una decisión de fondo de la autoridad
competente, bajo el entendido de que es una garantía para las partes, terceros e
interesados que la competencia está clara, al menos preliminarmente, y evitar
disputas en la que se arroguen o rehúsen de manera permanente la competencia.
De ese modo, al rechazar la nulidad propuesta contra el acto objeto de tutela, la
Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación enfatizó que:
Una vez definida formalmente, por parte de la Sala de Consulta, la competencia
para iniciar o continuar la actuación o el procedimiento de que se trate, la
autoridad declarada competente debe iniciar o continuar tal actuación y
concluirla, para resolver de fondo el asunto respectivo, dentro de los términos
señalados por la ley.
Lo anterior implica que, a partir de ese momento, ninguna de las autoridades
que estuvieron involucradas en el conflicto, u otras autoridades (sean judiciales
o administrativas) o, particulares interesados, pueda desconocer la asignación
de competencia que haya efectuado la Sala, en el caso concreto, y seguir
sosteniendo o alegando su falta de competencia (en el caso de un conflicto
negativo), o, por el contrario, reclamando competencia (si el conflicto es
positivo). Esta conducta comprometería la responsabilidad disciplinaria y penal
de la autoridad que incurra en ella, y permitiría a la otra parte, o a la persona
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
afectada, acudir a las acciones legales o constitucionales que considere
procedentes.
En sentido contrario, cuando se resuelve sobre la competencia de una
autoridad para tramitar una determinada actuación, surge en esta el deber de
pronunciarse de fondo (resolver la actuación), sin que se requiera una nueva
solicitud del interesado, siendo la omisión mucho más grave cuando la entidad
no se allana a la decisión de la Sala de Consulta.
En ese orden de ideas, tanto la Sala de Consulta y Servicio Civil como otras
autoridades judiciales han considerado que las decisiones mediante las cuáles
la Sala resuelve los conflictos de competencia administrativa no obstante no
ser sentencias ni providencias judiciales, sí son decisiones vinculantes,
obligatorias y definitivas, que exigen a las partes involucradas y a los terceros,
el claro deber de respetarlas y a acatarlas.
Así pues, desde el punto de vista constitucional, no luce arbitrario o caprichoso que
la autoridad accionada asumiera la competencia para resolver el conflicto
administrativo de competencias, ni las razones con las que resolvió el asunto. Dicha
actuación se ajustó a una interpretación que cumple las reglas de juridicidad y
razonabilidad y, por tanto, obliga a su cumplimiento a fin de evitar la parálisis de la
actuación administrativa o que se presente un bucle discursivo sobre estos temas.
De lo expuesto se concluye que no se cumple el tercer requisito concurrente para
la procedencia de la tutela contra un acto de trámite. De manera que, una vez
culmine la actuación administrativa, y de considerar que el acto contiene vicios que
afecten su validez, la entidad demandante puede ejercer los medios de control de
nulidad o nulidad y restablecimiento de derecho, según corresponda. En esa
oportunidad podrá alegar sus inconformidades con el acto definitivo y las
irregularidades que considere se hayan presentado en su formación hasta afectar
la decisión final, para el control posterior de legalidad que corresponde al juez
contencioso administrativo.
Todo lo dicho, sin perjuicio del análisis que pueda hacer el juez natural, en caso de
que el asunto sea sometido al control judicial de la jurisdicción contencioso
administrativa.
Ahora bien, visto el asunto en clave de relevancia constitucional, no se demuestra
que se encuentren comprometidas las garantías del debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, pues la decisión cuestionada al delimitar el problema
jurídico fue clara en expresar «que el conflicto recae única y exclusivamente sobre
la medida de toma de posesión de los bienes, dineros y haberes de la sociedad
Makro Vivienda, y no sobre otros procesos o actuaciones, administrativas o
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
judiciales que estén realizando o pretendan iniciar la Alcaldía de Fusagasugá, la
Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio o
cualquier otra autoridad, en relación con la misma compañía».
En ese sentido, en el ordinal quinto exhortó a las autoridades implicadas para que
actuaran en desarrollo de los principio de coordinación y colaboración
interinstitucional respecto de las actuaciones de cada una de ellas «de tal manera
que, en la ejecución de la toma de posesión de Makro Vivienda Constructora
Inmobiliaria S.A.S., y su eventual liquidación forzosa administrativa, se protejan los
derechos tanto de los perjudicados con los presuntos incumplimientos de dicha
sociedad, en los contratos celebrados para la venta de inmuebles destinados a
vivienda, como de los afectados con las presuntas operaciones de captación masiva
y no autorizada de recursos del público»
De otra parte, esta Sala considera que, en el fondo, lo que pretende la
Supersociedades es convertir la tutela en una suerte de recurso y control judicial del
acto emitido por la autoridad accionada, a pesar de que el artículo 39 de la Ley 1437
de 2011 es claro en señalar que «contra [esa] decisión no procederá recurso
alguno», luego la tutela no puede ser las veces de control posterior del acto si para
ello existe la posibilidad del control judicial ulterior del acto administrativo definitivo
a través de los contenciosos de validez previstos en el CPACA, de así estimarlo el
juez natural de la causa.
Ciertamente, no se puede permitir que haga carrera la práctica de que quien no
resulta favorecido por una decisión carente de recursos, ejerza la acción de tutela
con el manido argumento de la vulneración de sus derechos fundamentales y la
intención velada de reabrir un debate jurídico que ha sido razonablemente resuelto,
provocando finalmente una revisión que el legislador no ha previsto.
En definitiva, la Subsección declarará improcedente la tutela, por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.
Finalmente, la Sala no accederá a lo solicitado por agente liquidador de la sociedad
Makro Vivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S. de que se ordene investigar
disciplinariamente a los funcionarios de la Supersociedades, toda vez que dicha
situación es ajena al trámite de la tutela; amén de que el propio agente aportó
constancia de haber radicado una queja por el incumplimiento de la decisión de la
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Demandante Superintendencia de Sociedades
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Civil
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, autoridad ante la cual
también se pueden presentar la correspondiente petición.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la
Superintendencia de Sociedades, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha del encabezado y
firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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